Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario de los niños y niñas y jóvenes del Alto Atrato, departamento del Chocó

Agosto de 2006

Introducción

En el año 2004, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y la Mesa por Arauca, realizaron una misión de verificación sobre la situación de los derechos humanos de los niños y niñas en esta región. En dicha misión se encontró que las escuelas están siendo utilizadas como alojamiento o trincheras por los grupos armados que participan en las hostilidades, desconociendo su condición de bien protegido por el derecho internacional humanitario y poniendo en grave riesgo a niños, niñas y maestros, quienes se convierten en objetivo militar. Además, se pudo determinar que los niños y niñas continúan siendo reclutados por los grupos armados ilegales y utilizados en labores de inteligencia a través de actividades de integración, por la fuerza pública. La Coalición ha continuado impulsando acciones con el objeto de visibilizar esta problemática y que se adopten los correctivos necesarios para proteger a los niños y niñas afectados por el conflicto armado. Así, durante 2006 la Coalición se ha propuesto realizar un conjunto de misiones a Cauca, Putumayo, Chocó, Antioquia y la Costa Caribe, con el objeto de verificar la situación de los niños y niñas ubicados en estas zonas, documentar la situación y emprender acciones de incidencia que contribuyan al mejoramiento de dicha situación. En mayo de 2006 la Coalición realizó la primera misión al departamento del Chocó encontrando situaciones preocupantes. La misión recorrió durante una semana las comunidades del Alto Atrato en compañía de organizaciones locales, el ACNUR, la UNICEF, la Diócesis y miembros de la Comunidad. En el marco de dicha misión se realizaron actividades y entrevistas con maestros y maestras, madres comunitarias, representantes de ONG locales, líderes comunitarios, miembros de la policía, niños, niñas y jóvenes. Además, se realizaron reuniones con las autoridades locales con el objeto de ponerlas al tanto de la situación observada durante el recorrido y conocer las acciones del

Estado para atender y contrarrestar las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en contra de la niñez en el Alto Atrato. A partir del recorrido en terreno y de las reuniones y entrevistas pudimos constatar la grave situación de derechos sociales de los niños y las niñas de la zona y las deficientes condiciones en las que se encuentran. Además, pudimos verificar el grave impacto del conflicto armado en su vida cotidiana, su imaginario y su salud emocional. El presente informe recoge un análisis de los temas de principal preocupación observados en la misión y propone un conjunto de recomendaciones elaboradas a partir del dialogo con las comunidades durante nuestro recorrido. El primer capítulo aborda la situación de deficiente garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades, en especial de los niños, niñas y adolescentes; el segundo, trata sobre la militarización de la vida civil y el impacto que esta ha tenido en la niñez; el tercero sobre la ocupación de escuelas y otros bienes civiles por parte de los grupos armados que participan en las hostilidades; el cuarto contiene un acercamiento a la situación de violencia de género de las niñas y jóvenes, y el quinto plantea la afectación sicosocial de los niños y niñas.

Capítulo I

¿Y de los derechos qué? Una aproximación a la realidad de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos de las comunidades del Alto Atrato en el Chocó

Chocó, zona inhóspita y de difícil acceso. Cuando nos adentramos en sus confines, nos encontramos con mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes de carne y hueso, seres humanos sujetos de derecho, que reclaman un reconocimiento real y efectivo que vaya más allá de las normas, las leyes y la Constitución misma. Una vez ubicados en el Alto Atrato, nos encontramos con la otra realidad, aquella que no aparece en los medios de comunicación y que se convierte en una cifra más de los datos oficiales del Censo o de las estadísticas de resultados del Estado. No se puede desconocer que el gobierno y el aparato estatal en general, han hecho esfuerzos para avanzar en la garantía de los Derechos Humanos de los y las colombianas. No obstante cuando vamos un poquito más allá de las grandes ciudades, nos vemos enfrente de la otra cara de Colombia, la reflejada en los rostros tristes y asustados de los niños, la sonrisa aparente de las niñas y la esperanza, a veces pérdida de los y las jóvenes, que enfrentan y asumen directamente las consecuencias del conflicto armado. Dicha realidad, a pesar de ser negada reiteradamente por el poder Ejecutivo, cuando estamos allí es evidente, no es posible cerrar los ojos y no reconocer lo que la gente está viviendo, aquellas situaciones que vulneran y violan flagrantemente sus derechos de forma constante, las cuales trataremos de reflejar en los párrafos subsiguientes. En palabras del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia:

“Las políticas oficiales siguen casi sin afectar la situación económica y social de los afrocolombianos. Los representantes de esas comunidades consideran que ha habido un retroceso con respecto a lo que los gobiernos anteriores hicieron por ellos. En su comunicación, el Gobierno reconoce que el 82% de ellos todavía vive sin que se subvenga a las necesidades básicas (abastecimiento de agua, luz eléctrica, saneamiento, etc.); la tasa de analfabetismo de esta población es tres veces superior a la del resto del país (43% en el campo y 20% en la ciudad, en comparación con el 23,4 y el 7,3% para el resto de la población) y de cada 100 jóvenes afrocolombianos apenas 2 tienen acceso a estudios superiores; la tasa de mortalidad infantil es del 151% mientras que el promedio nacional es del 39%; el 76% vive en condiciones de extrema pobreza y el 42% está sin empleo. El departamento del Chocó, cuya ciudad más importante, Quibdó, visitó el Relator Especial, es emblemático en este sentido. Como allí se concentra toda la gama de problemas que enfrentan las comunidades afrocolombianas, parece que hubiera quedado olvidado”1.

En zonas como el Alto Atrato, no se deben hacer grandes esfuerzos para constatar la permanente violación de los derechos humanos de sus habitantes, desde el mismo momento del ingreso por parte de los grupos amados que toman parte en las hostilidades y el mismo Estado, las personas viven en constante presión y la situación de riesgo se percibe en el ambiente. Aunque no se diga, las armas están presentes y junto a ellas, sus representantes o ostentadores, el control de la fuerza legítima o no, es el pan de cada día para los y las habitantes de la región. La presencia del Estado queda reducida a la de las Fuerzas Militares y con ellas, todas las consecuencias que traen para estas comunidades su permanencia. Esta situación se valida no por la aceptación consciente y voluntaria de las personas residentes, sino por la resignación frente al permanente abandono al que han sido sometidas históricamente. La situación de derechos en general, se ve agravada en el caso particular de los niños, niñas y jóvenes, cuando a los primeros sus derechos no les son reconocidos como derechos sino como “derechitos” (en palabras de miembros de las comunidades). En otros términos, si la situación de los y las adultas es difícil, el de la población más pequeña, se hace aún más invisible y

1

Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su visita a Colombia, documento de Naciones Unidas E/CN.4/2004/18/Add.3, del 23 de febrero de 2004, párr. 34.

desconocida, atendida desde la mirada del adulto, sin tomar en cuenta ningún tipo de opinión de la población directamente afectada. En la región objeto de la visita, se reflejan los resultados de la militarización de la vida civil, marco en el cual, niños, niñas y jóvenes, terminan siendo vinculados, quieran o no a las dinámicas de la guerra. Esto se materializa en la solicitud de favores por parte de la policía, militares u otros, tales como el traslado de morrales, materiales, comida e informaciones; en la promoción del uso de prendas militares en la población; el lenguaje que se maneja; las formas de relacionamiento interpersonal transversalizado por la violencia y la imposición de códigos de conducta y la adopción de prácticas degradantes de la dignidad humana como la prostitución, especialmente en el caso de las niñas y las mujeres jóvenes. De acuerdo con los testimonios recogidos a lo largo de la misión en diversas comunidades de la zona, cuando se presentan relaciones sentimentales entre niñas y miembros de la Fuerza Pública o la Policía, si algún miembro de la comunidad se opone, entonces se presume que están en su contra y en esas circunstancias surge la pregunta ¿cómo actuar?, ¿será posible defender sus derechos sin que por ello se vuelvan blancos de cuestionamientos o represalias?. En este sentido, llama la atención la creciente represión que tiene la Fuerza Pública sobre la población civil, hecho que ha podido constatar la Defensoría del Pueblo regional2. Se han convertido en hechos recurrentes la ocupación de espacios escolares, de salud y de recreación. Un grupo de niñas entrevistadas por la misión reportó que parte de las actividades lúdicas de la escuela son adelantadas por uniformados, están en fiestas del colegio y forman parte de las actividades culturales. Esto se ve agravado por situaciones que producen enfrentamiento entre las comunidades y que son generadas por el mismo Estado. El señalamiento de ciertas poblaciones como colaboradoras de la insurgencia ha suscitado el enfrentamiento de comunidades que históricamente eran muy cercanas como las de San marino y Piedra Honda. Además, los programas asistenciales de entidades del Estado como la Acción Social, han generado confrontaciones entre quienes son beneficiarios de ellos y quienes no lo son ya que surge la pregunta: si todos somos igual de pobres, por que a unos los ayudan y a otros no. Dichos programas más allá de aportar a la superación integral de las precarias condiciones en que están sumidas las comunidades y que se han agravado por causa del conflicto armado, social y político, abren aún más la brecha y alejan la posibilidad de salidas efectivas y sostenibles. A continuación, se hará un recorrido por la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos de la población del Alto Atrato, haciendo especial énfasis en la vivencia, goce y garantía de éstos por niños, niñas y jóvenes.

2

Entrevista Defensoría Regional, Quibdo, mayo de 2006, en archivo de la Coalición.

1.

Educarnos: ¿posibilidad de desarrollo o exposición permanente al peligro y los efectos de la guerra?

El ambiente escolar se ve gravemente afectado por causa del conflicto armado, siendo víctimas principales los niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras que diariamente conviven en dicho espacio. Al establecer un diálogo con docentes de la zona, logramos evidenciar que en cuanto al cumplimiento y vivencia efectiva del derecho a la educación, los niños, niñas y jóvenes se ven enfrentados a una deficiente formación y capacitación para el mundo del trabajo; no se cuenta con condiciones mínimas que les garanticen el acceso a la educación superior o al menos ofertas labores que mejoren sus condiciones de vida. Es así como las alternativas se reducen a actividades de ocio, trabajos mal remunerados en oficios que exigen un fuerte esfuerzo físico, la prestación del servicio militar ó la vinculación a los grupos armados que tienen presencia en la región. En el recorrido de la misión se logró establecer que para los niños y niñas de una comunidad indígena ubicada a dos horas de camino del Corregimiento de Piedra Honda, es imposible acceder a la escuela por las distancias y peligros que deben enfrentar entre otras situaciones que se lo impiden, lo cual aumenta los niveles de analfabetismo. Otra dificultad para el acceso a la educación son los elevados costos escolares como la matrícula que puede oscilar de acuerdo a la zona, entre $52.000 y $80.000, además de la canasta educativa. En un contexto como el descrito, los costos de la educación se convierten en una inversión que las familias no están en capacidad de asumir y en consecuencia sus hijos e hijas permanecen desescolarizados, volviéndose blancos fáciles para ser vinculados a actividades delincuenciales y con mayor predisposición para ser cooptados por los grupos armados. Por otra parte, se observó que en la mayoría de las comunidades visitadas que se encuentran bastante alejadas de las cabeceras municipales el número de docentes es muy bajo e insuficiente para responder a las necesidades de los niños y niñas y además, que en muchos de los casos estos son contratados por la Diócesis de Quibdo la cual entra a suplir la ausencia de Estado en las zonas más necesitadas del Alto Atrato. Con relación a los y las docentes estatales, durante el recorrido se constató que muchos de estos incumplen permanente sus responsabilidades como maestros. Por lo general encuentran excusas para no cubrir las plazas para las cuales fueron designados en las comunidades mas necesitadas y alejadas de la zona, ya que prefieren permanecer en las cabeceras municipales donde tienen mayores comodidades y “seguridad”. Además, promueven constantemente ceses de actividades ya sea por el simple hecho de que tienen que trasladarse al casco urbano para reclamar el pago de

sus erogaciones laborales o porque el municipio está en mora de hacer los pagos, entonces, ¿cuándo hay clase?. En el Alto Atrato es común encontrar instituciones educativas en las cuales no se dicta clase por la ausencia del personal docente. Según un miembro de la comunidad:

“la situación de las escuelas es crítica ya que por falta de pago los profesores están en constante inactividad, ellos trabajan una vez a la semana y alegan que no trabajan porque se les debe la prima de diciembre de 2005 y el día que trabajan se la pasan en actividades lúdicas”.

Si bien es cierto, en algunas escuelas se reconoce que sus dificultades en términos de calidad no corresponden a la deficiencia en número de la planta docente, pero si se evidencia que la barrera puede ser la falta de especificidad de saberes de los y las profesoras, “a veces uno dicta de todo, hay una sala de cómputo y el profesor no sabe (…) una de las formas de surgir en este Departamento es ser maestro y por eso muchos se meten, el maestro no es por vocación”. En cuanto a la dotación y los materiales didácticos de las escuelas, los y las docentes reconocen un déficit absoluto. Un docente comentaba que: “los tableros tienen más de treinta años de uso, ni siquiera contamos con el mapa del departamento y los niveles de analfabetismo de las familias es alto (…) la escuela hay que proveerla de todo”. En Piedra Honda los niños no cuentan con materiales suficientes, “no tienen ni siquiera un balón para jugar fútbol” y el centro de atención infantil no tiene los medios necesarios ni adecuados para atender a los niños y niñas. Además, las instituciones no cuentan con personal ni material médico que les permita atender algún tipo de emergencia. En cuanto a las plantas físicas de las escuelas de la región, se verificó la difícil situación de las estructuras, en la mayoría de los casos, los espacios adecuados para adelantar las labores educativas son insuficientes en su capacidad de albergue y en consecuencia se presenta insuficiencia para atender el número de niños y niñas en edad escolar, al igual que en algunas partes se identificó el nivel de hacinamiento. Algunas escuelas no tienen ventilación ni luz, circunstancias que no favorecen la comprensión y aprendizaje de los y las estudiantes, limitando aún más las actividades pedagógicas. Al momento de la visita se encontraron varias instituciones escolares cerradas por graves insuficiencias de las unidades sanitarias, ya sea por inexistencia o mal estado, situación que al no ser resuelta por parte de las autoridades competentes, generó el cierre temporal e indefinido de éstas. Frente a este hecho los y las estudiantes han protestado y posiblemente la única forma de hacerse oír sería ir a paro. En una de las comunidades el inspector de salud fusionó dos escuelas por la falta de servicios sanitarios lo cual ha generado que tengan que hacer una doble jornada.

En cuanto a las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de los planteles educativos, señalaron los maestros en varias de las reuniones que usualmente estas no son desembolsadas a tiempo y por consiguiente, no pueden hacerse las inversiones requeridas para superar este tipo de necesidades. Además, al momento de la misión las cuentas que reciben los recursos destinados para la educación se encuentran embargadas, según señalaron varios líderes de la comunidad, debido a la corrupción y a que los dineros que son girados por la Nación son utilizados para el pago de créditos pendientes y de esta manera no alcanzan a llegar al nivel local. Una alternativa que ha surgido frente a esta problemática es la posibilidad que el gobierno trabaje y maneje sus recursos a través de convenios con la iglesia católica, situación inadmisible teniendo en cuenta que este tipo de decisiones desnaturalizarían aun más las instituciones civiles del Estado, las cuales por disposición constitucional deben ser las que asuman el manejo de los recursos públicos. En algunas comunidades encontramos que otra dificultad para hacer efectivo el derecho a la educación de los niños y las niñas, es la salida forzada de sus lugares de origen, donde medianamente contaban con pequeñas infraestructuras. Debido al desplazamiento tienen mayores dificultades para enviar a los y las pequeñas a los centros educativos en sus nuevos lugares de residencia, ya sea por la distancia, la falta de recursos económicos o cupos escolares. Aquellas instalaciones que han quedado vacías ahora son ocupadas por los militares. Ejemplo de ello es el caso de la población desplazada de La Canal la cual contaba con una escuela donde daban clases a los niños pero con el desplazamiento muchos niños se han quedado sin educación. En cuanto al impacto del conflicto armado en las escuelas se identificaron diversas situaciones que afectan el derecho a la educación. Durante el recorrido en varias de las comunidades la comunidad identificó como uno de los factores de riesgo la presencia de grupos armados en las escuelas y lugares aledaños. En algunas poblaciones se identificó a la guerrilla y en otras a la policía y el ejército como los actores causantes de toma u ocupación de espacios escolares. En palabras de un miembro de la comunidad “los niños y las niñas no comparten espacios con el Ejército, pero de todas formas si ocupan su escuela”. En la mayoría de los sitios recorridos por la misión, se verificó la falta de señalización o identificación de los establecimientos educativos lo cual dificulta la identificación de estos lugares como bienes protegidos por el DIH y aumenta el riesgo de la población que asiste a los mismos. Además, se constató la deficiencia en espacios de reunión de la comunidad y de espacios recreativos para los niños, niñas y jóvenes, en muchos de los casos las iglesias cumplen esta función adicional a la destinación para el culto religioso. Si bien es cierto, los hostigamientos constantes de los grupos armados que se presentan en el entorno no están dirigidos directamente contra los establecimientos educativos, si terminan por afectar las escuelas y los espacios de recreación de los niños y jóvenes. En varias de las comunidades la

población relató casos de balas perdidas en las escuelas e incluso cuando la misión se encontraba en la plaza central de San Marino a un policía se le disparó el arma cerca de la delegada del ACNUR. Por otro lado, se identificaron varias situaciones en las cuales la fuerza pública intenta intervenir en conflictos escolares o interferir las actividades de la escuela. En Bagadó uno de los docentes comentó al respecto que en un comienzo, los uniformados intentaron inmiscuirse en las actividades de la escuela, pero esa situación según los maestros ha sido superada. Un caso particular que llamó la atención de la misión fue la situación de la escuela y el centro de atención infantil de Cuajando, los cuales, durante la última toma guerrillera al corregimiento de San Marino, durante el mes de diciembre de 2005, fueron gravemente afectadas debido a que los helicópteros de la Fuerza Área al momento de sobrevolar la zona dañaron los techos de ambas instituciones, afectando de tal manera las estructuras que era imposible dar clases. La escuela estuvo cerrada cinco meses y al momento de la misión aun no se habían hecha las reparaciones necesarias. Una de las situaciones encontradas por la misión y que generan mayor preocupación es la tendencia a que el servicio social que deben prestar los y las estudiantes de los grados décimo y once, está adscrito a los programas de policía cívica o comunitaria, que abiertamente se convierten en una forma de vinculación de los y las jóvenes al conflicto armado. En este sentido, se han dado algunos avances en la ciudad de Quibdo gracias a la gestión de las parroquias que han logrado que algunos niños presten su servicio social en programas civiles de estas instituciones. La Fundación Dos Mundos ha logrado establecer que en algunos eventos cuando los padres son convocados para hablar de sus hijos, se excusan en sus obligaciones laborales, sin embargo, en algunas ocasiones sus funcionarias los han ido a buscar casa por casa y allí los encuentran. Entonces, en algunos momentos es falta de interés por parte de éstos en ser parte activa del tratamiento de los conflictos que aquejan a la juventud de la zona. Aún así, es importante que se siga trabajando en iniciativas que busquen el auspicio del diálogo familiar, en los cuales los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de expresar cosas que tienen reprimidas. De todas maneras es claro para los y las habitantes de la zona que el trabajo está por hacerse y en éste deben participar todos, padres, madres, docentes y la población juvenil e infantil. A este panorama desalentador del derecho a la educación en la región se suma el constante temor en el que permanecen los niños y las niñas por causa de las situaciones que se desarrollan en el marco del conflicto armado; ellos dicen que se han dado cuenta del miedo que tienen los adultos y eso los asusta más, frente a cualquier ruido fuera de lo común salen corriendo a sus casas y se esconden.

2.

El Derecho a la Participación de los niños, niñas y jóvenes en el ambiente escolar

A lo largo de la misión, quedó corroborado que el derecho a la participación de niños, niñas y jóvenes, especialmente en el ambiente escolar, es desconocido, la voz de éstos no es tomada en cuenta, se convierten en objeto de las decisiones de las y los adultos, ya sean docentes, padres o madres de familia. Uno de los estudiantes entrevistados comentaba que cuando hay reuniones del consejo directivo del colegio ni el personero ni el representante de los estudiantes son convocados a las reuniones; así la representación de los estudiantes para la construcción del PEI fue nula, a tal punto que la mayoría de estudiantes desconocen de qué se trata el asunto. En el marco de la resolución de conflictos ya sea en el ámbito familiar o escolar, se pudo constatar que la policía constantemente interviene, incluso en algunos casos, por encima de las autoridades escolares o civiles. En Bagadó el sargento de policía juega un papel determinante en la resolución y tratamiento de diversos conflictos, situación que es preocupante en la medida en que las partes involucradas no tienen ingerencia directa en la búsqueda de alternativas. Las iniciativas juveniles en la zona, están mediadas por la intervención directa de la Iglesia, es así como los grupos de jóvenes que se conforman tienen que ver directamente con actividades patrocinadas por las parroquias, no existe otro tipo de organización juvenil que tome la vocería de las problemáticas de este sector poblacional y adelante acciones tendientes a la reivindicación de sus derechos y posicionamiento de sus puntos de vista e intereses.

3.

Derecho a la Salud

La situación del Derecho a la Salud no es mejor. La zona registra un alto nivel de necesidades insatisfechas sobre el particular. En algunas comunidades cuentan con un lugar destinado al funcionamiento del Centro de Salud, sin embargo, no cuentan con la dotación mínima para atender enfermedades comunes o emergencias médicas, ni siquiera con el mobiliario o los medicamentos básicos. En Piedra Honda, se construyó un lugar para el centro de salud, sin embargo este no fue dotado con los implementos médicos requeridos y tampoco cuenta con un médico o promotora de salud. En otros corregimientos tampoco hay el personal médico necesario para la atención en salud. Al respecto una comunidad señaló que el gobierno local mandó una promotora de salud, la cual permaneció tres meses y después se fue. En repetidas ocasiones las comunidades han solicitado la capacitación de algunos de sus miembros como promotores de salud para garantizar algún tipo de atención pero esto no es suficiente. En los casos graves este personal no puede atender adecuadamente a los enfermos y la comunidad debe

trasladarlos a las cabeceras municipales con muchas dificultades en términos de distancia, tiempo y transporte. El centro de salud de San Marino cuenta con una promotora de salud y un médico, pero ese personal es insuficiente para atender la demanda de la población, teniendo en cuenta que dicho centro debe atender a varias comunidades, incluyendo las desplazadas, entre las que se encuentran La Canal y Samper. En algunas ocasiones, las promotoras de salud de las comunidades han sido acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla, situación que les ha puesto en riesgo y ha afectado el desarrollo de sus tareas y la posibilidad de llegar hasta las comunidades mas alejadas. Las comunidades reportaron que un número importante de personas adultas no se encuentran inscritos en el SISBEN, situación que ha sido constatada por el ACNUR en sus visitas a terreno, esto limita aún más su acceso a los servicios de salud. Frente a esta situación, los y las habitantes plantean que sería útil hacer un censo de población, pero hecho por la misma comunidad para saber quienes no están registrados, al igual que determinar quienes no tienen registro civil y/o documento de identidad. Sin embargo, es de anotar que en el caso de las personas que acceden a los servicios de salud, deben ser remitidos a Quibdó y esperar entre 15 a 20 días para que les puedan practicar los exámenes que les prescriben. Otra dificultad es el acceso efectivo a los medicamentos, que en la mayoría de las ocasiones no son suministrados ya sea porque no los cubre el carné o no están disponibles por el agotamiento de los mismos. La respuesta del Estado en materia de salud para estas comunidades ha sido adelantar brigadas móviles, entregar botiquines, pero no se han tomado medidas de fondo que tiendan a la superación de la falta de atención y acceso a la salud de forma masiva y constante. Una queja recurrente del personal médico de la cabecera municipal del Alto Atrato es la poca probabilidad de dar respuesta a las problemáticas encontradas; es así como deben conformarse con el diagnóstico de las enfermedades y no dar continuidad a los tratamientos requeridos o tomar las medidas para contrarrestar sus efectos. La mayoría de las consultas son para personas de la tercera edad o niños y niñas menores de cinco años, pero ni siquiera en estos casos se pueden proveer los medicamentos. El saneamiento básico se convierte en otra dificultad, ni siquiera la cabecera municipal cuenta con el servicio de alcantarillado; el servicio de agua potable es escaso, y los niveles de contaminación del rió va en aumento, sin que frente a este problema existan planes de contingencia o de minimización del impacto ambiental.

El ICBF reconoce que en materia del Derecho a la salud, falta cohesión del sistema de protección y habla de la imposibilidad de avances significativos por problemas de presupuesto.

4. Derecho a la Alimentación

El Derecho a la Alimentación ha sido uno de los más vulnerados por causa del conflicto armado, hoy por hoy las comunidades se ven en serios apuros para garantizar su sustento. A pesar de vivir en una zona que hasta hace poco les proveía de lo necesario para sobrevivir, gracias a la riqueza natural que la caracteriza, en la actualidad la presencia de los actores armados ha menguado la posibilidad de desarrollar actividades tradicionales como la pesca y los cultivos de pancoger. En el caso específico de la pesca, que fue la principal fuente de provisión de alimentos de las comunidades, se ha visto disminuida por la presencia de la guerrilla ya que no les es permitido pescar de noche, hora propicia para dicha labor. En algunas comunidades ya no es posible circular ni permanecer por fuera de las casas más tarde de las 8 de la noche. De igual forma, el sobrevuelo de helicópteros de la fuerza pública y la presencia constante de la misma en las riveras de los ríos ha generado que las comunidades hayan limitado sus actividades de pesca a ciertos horarios y con algunas precauciones. Las áreas de cultivos de las comunidades cada vez son más pequeñas y cercanas al lugar de residencia ya que los campos han sido sembrados con minas antipersonales, afortunadamente hasta la fecha las comunidades visitadas señalaron que no se han presentado hechos que lamentar por causa de la detonación accidental de alguna de ellas. Según un grupo de niñas, las fumigaciones de los cultivos ilícitos también se han convertido en un problema que afecta sus viviendas y los productos que allí cultivaban. La gente comenta que para conseguir la comida, muchos han muerto en los socavones. No hay proyectos, nada para madres cabeza de hogar ni créditos de fácil acceso y financiación. En palabras de un padre de familia: “Hay desesperanza, se acuesta uno y no sabe qué le va a dar de comida a sus hijos”. Si bien es cierto Acción Social hizo presencia en las comunidades que se vieron afectadas por la última toma guerrillera, entregó semillas y algunos paquetes agropecuarios, sin embargo estas medidas no son otra cosa que paliativos que no permiten que los y las habitantes de la zona tengan acceso a oportunidades sostenibles a largo plazo que les garanticen su subsistencia; como ellos mismas manifiestan: “(…) antes teníamos ganado, maíz, yuca, todo lo bajaban de acá, ahora se ha creado una comunidad dependiente de un

mercadito. Uno quiere que las instituciones se comprometan para la seguridad de volver a salir”, es decir, la alternativa se debe plantear de forma integral y pensada en proyectos que tiendan a la atención integral, cuyo impacto sea sostenible, beneficie a la totalidad de las personas afectadas y sea considerada como una verdadera oportunidad de desarrollo, que garantice el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaría.

5. Derecho al Trabajo

Debido a la dinámica del conflicto en la zona y la ausencia histórica del Estado, el derecho al trabajo en condiciones dignas se convierte en un privilegio de pocos. Siendo una zona rica en recursos naturales que en principio, garantizaría fuentes de empleo, esto se ve menguado por el juego de intereses de los capitales que invierten en el Departamento. La percepción que tienen las comunidades es que desde la ley, todo está determinado para proteger los grandes capitales privados y a la gente que se queda allí no le queda otra opción que vender al menor costo su fuerza de trabajo. Teniendo en cuenta que no hay fuentes de empleo con remuneraciones dignas, las condiciones económicas de la mayoría de las familias es muy bajo, y para garantizar el sustento, todos los miembros deben trabajar y aportar. Los padres son gladiadores que se juegan la vida en las minas, es una forma infrahumana de sacar el grano de oro, se sienten humillados en su propia casa. En las minas también trabajan los niños, que en algunas épocas superan en número a los adultos. Aunque frente a este punto se debe tener en cuenta un elemento cultural con respecto a la concepción frente al trabajo infantil, que se concibe como una forma de educar a los infantes, no se puede desconocer el nivel de riesgo que implica que los niños desarrollen este tipo de actividades. Por falta de políticas sociales del Estado hay muchas necesidades, hambre, y en consecuencia la gente debe acceder a cualquier oportunidad que les ofrezca un mínimo ingreso. Al respecto, un hombre comenta: “Yo me gano el mínimo. Hay noticias que dicen que el mínimo es el máximo, pero con eso no me alcanza, por eso me toca también ir a la mina. Si es que el mínimo lo rebajan en vez de aumentarlo”. Cabe preguntar: ¿en qué momento puede compartir con su familia y estar pendiente de lo que sucede con sus hijos?. “Antes que entrara la guerrilla, la gente iba a su monte3. Cuando entró, la gente se desbandó a Quibdó, Medellín, Pereira, se dio la desestabilización social, aquí se perdió una de las oportunidades de hacer algo”.

3

Hace referencia a las fincas o a los sitios de trabajo de agricultura.

La falta de oportunidades de empleo, se ha convertido en caldo de cultivo que propicia y acentúa los problemas que aquejan a la juventud de la zona, como la drogadicción y la prostitución. El tiempo libre se convierte en otro factor de riesgo para los y las jóvenes, no hay opciones, no encuentran ningún tipo de propuesta económica o educativa que les ofrezca un mejor futuro. Entonces ¿qué hacer?. Un docente comenta: “Los muchachos terminan el bachillerato y van a la mina o les toca quedarse para arriba y para abajo, no veo el progreso a nivel intelectual. La situación tiende a empeorar”.

6. Respuesta estatal

Vemos con preocupación como la respuesta estatal frente a las problemáticas de la niñez y la juventud en el alto Atrato es insuficiente. No se cuentan con programas específicos, focalizados para estas poblaciones. De manera general las entidades públicas descargan su responsabilidad en el ICBF el cual tampoco tiene la capacidad para llegar hasta las poblaciones mas alejadas y afectadas por el conflicto. En reunión realizada por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Beté, el 23 de septiembre de 2005, se dio a conocer públicamente la intención de cambiar la modalidad de los Hogares Infantiles del Medio Atrato por Hogares de Bienestar. Estos hogares han atendido a más de 400 niños y niñas, han contribuido a la capacitación del personal que los atiende y a la comunidad en general y han aportado al fortalecimiento organizativo de las comunidades. Frente a esta situación las comunidades y organizaciones del Alto Atrato manifestaron su preocupación y señalaron “siendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el encargado de apoyar y fortalecer los programas de atención a la niñez, menosprecien y desvaloricen el trabajo comunitario que desde hace 25 años se viene realizando a través de los Hogares Infantiles”4. Como se mostrará en este informe, son muchos los aspectos de la política pública desconocidos en las comunidades del Alto Atrato y las respuestas estatales frente a las problemáticas enunciadas insuficientes para contrarrestar y atender dichas problemáticas.

4

Comunicado público, 10 de octubre de 2005, en: http://www.forointeretnicochoco.org/index.php?id=11, fecha de consulta, octubre 25 de 2006.

Capítulo II

Militarización en la vida Cotidiana de la población civil

Las comunidades ubicadas en la zona del alto atrato están permanentemente expuestas a abusos por parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades. Según lo señaló el relator especial “Las comunidades indígenas y afrocolombianas son el objetivo principal de esa violencia a causa de su vulnerabilidad política, económica y social de resultas de discriminaciones pasadas y arraigadas y de su presencia, en un hábitat antiguo y a menudo tribal, en zonas geográficas tenidas por estratégicas por los distintos autores de la violencia en Colombia”5. La constante presencia de la Policía Nacional, FARC y ELN en las cabeceras municipales de Bagadó y Yuto, del corregimiento de San Marino y de los caminos terrestres y fluviales de la zona del Alto Atrato, ha hecho que la población civil viva una trasformación de las dinámicas sociales en donde estas pierden cada vez más su carácter de civiles. Las actividades de las comunidades se integran a las actividades de la Fuerza Pública, se desarrollan concejos de seguridad en espacios públicos de interacción de niños y jóvenes como parques y colegios; así mismo se desarrollan actividades cívico militares como el servicio social de los colegios de municipios y corregimientos. En relación con los grupos de la Fuerza Pública los niños, niñas y adultos han empezado a sentirse parte de ellos. Esto ha hecho que el límite entre población civil y combatientes sea cada vez menos claro en la zona, dificultando aún más mantener el principio de distinción para los no combatientes. 5

Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su visita a Colombia, párr. 46.

La histórica dinámica de conflicto armado en el departamento del Chocó ha hecho que, con la convivencia de grupos armados legales e ilegales, la vida cotidiana de las comunidades se vea permeada por actividades y símbolos militares, fenómeno que ha transformado los imaginarios de niños y adultos con relación de lo militar. Probablemente esto sea una de las situaciones más críticas ya que pareciera ser que la población civil de la zona del Alto Atrato percibe a los miembros de las fuerzas públicas no como actores armados o combatientes y los han incluido a sus dinámicas comunitarias, el imaginario de lo grupos armados pareciera relacionarse únicamente con los grupos ilegales.

“Ahora que está la Policía Nacional uno se siente un poco más tranquilo pero de todos modos esos también son abusivos”

1.

Del control territorial militar del Alto Atrato6

El río Andágueda, de donde las comunidades del Alto Atrato extraen y transportan alimentos, y que es además un lugar fundamental para la interacción social y la movilidad, actualmente es fuertemente custodiado por los grupos armados que operan en la zona. La Policía Nacional hace retenes en donde ejerce control de la movilidad de la población y de los alimentos, “Si no fuera por el conflicto armado podríamos andar por el río, pero la gente no anda por ahí…”. En comunidades de la zona se ha observado el decomiso de alimentos y combustible a miembros de comunidades estigmatizadas de colaboradoras de la guerrilla lo que representa un bloqueo económico sutil ya que frecuentemente a los miembros de las comunidades indígenas “les quitan la comida porque supuestamente es para los guerrilleros”. Según una organización social que trabaja en la zona, en los caminos ancestrales de Engrivadó-Bagadó a Mumbú-Tadó, de San Marino-Bagadó a Marmolejo-Tadó y del resguardo indígena Tamí - Alto Andágueda-Bagadó a Guarato-Tadó, el Ejercito ha colocado retenes que impiden el paso de alimentos y medicinas, como también la libre movilización de las personas y el transporte de enfermos. Desde Quibdó el Ejército y la Policía Nacional restringen el transporte de alimentos por los ríos Capá, Tumutumbudó y Andágueda. Estos ríos y caminos son las rutas de abastecimiento tradicionales para 8.800 afrodescendientes y para 9.300 indígenas que todavía resisten en su territorio7.

6

El control militar del territorio del Alto Atrato tiene estrecha relación con el dominio de los terrenos en donde se encuentran recursos minerales y de los corredores de los grupos armados ilegales. 7 En: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/atrato1.html, consultado junio 18 de 2006.

El tema del control de la movilidad fluvial de los pueblos indígenas por parte de la Fuerza Pública es delicado. Se registró que una vez llegaron a Bagadó para acceder a servicios de salud en donde la Policía Nacional los amenazó y les dijo que tenían 48 horas para irse, incluso les dijeron que les han prohibido acercarse a los cascos urbanos. La movilidad terrestre también se ha trasformado ya que los grupos circulan por los caminos a cualquier hora del día sin dar aviso a las comunidades, “Nosotros no sabemos donde están los soldados… hay gente amenazada…que están en riesgo, hoy me fui en la tarde y ahí estaban, en la mañana no estaban”. Esto hace que los traslados de una comunidad a otra se vean restringidos “los recorridos de los caminos los hacemos juntos…”. Uno de los miembros de las comunidades del Alto Atrato dice con respecto al riesgo de la movilidad de los jóvenes “En el paraíso había un muchacho muy educado, muy querido, en el camino un agente le pidió plátano y él no lo hizo… en el camino de vuelta se dejo coger del ejercito, el muchacho no volvía y los hermanitos empezaron a buscarlo… hasta que les dije porque en hospital habían 2 guerrilleros…. Se habían cogido al bobito del pueblo y al muchacho y los mataron en el basurero”. El corregimiento de San Marino municipio de Bagadó, fue objeto de la toma armada por parte del Frente 57 de las FARC, en la noche del 17 de diciembre de 20058. “En la toma la guerrilla vino con la vestidura de los soldados, no podemos distinguirlos… ellos no nos pueden decir a donde van porque dicen que la comunidad va a avisar”. Un miembro de una de las comunidades del Alto Atrato dice: “Lo que se pide es que la Fuerza Pública avise cuando vamos a estar en la comunidad… que van a estar en la zona, no necesariamente”. Posterior a la toma de San Marino se encontraron minas antipersonales en el norte del corregimiento e incluso al interior de las casas. Un miembro de la comunidad dice: “Existen amenazas de minas antipersonales en los caminos”, las comunidades no están seguras de la veracidad de esas amenazas, no tienen conocimiento de la cantidad y ubicación de las minas. Esta situación ha hecho que las comunidades circulen únicamente en horas del día y por los caminos veredales. Un miembro de la comunidad dijo: “Se necesita hacer algo con los campos minados para saber si se sabe”. La movilidad de la población civil y las acciones de sostenibilidad alimentaria se han visto cada vez más afectadas. El trabajo en los cultivos privados y comunitarios de pancoger representa un grave riesgo en relación con las minas, el control armado del Andágueda ha diezmado las actividades de pesca ya que no es posible navegar ni pescar en la noche, “Antes uno salía a pescar a cualquier hora, ya no, antes lo hacíamos hasta las 3:00 PM ahora no”. En el territorio de la comunidad de Piedrahonda ya no es posible permanecer por fuera de las casas ni el río más tarde allá de 8 de la noche. 8

Caracol Noticias, EFE "Guerrilla liberó a los 29 policías secuestrados en Chocó". Caracol Televisión, 21 de diciembre de 2005; "29 policías secuestrados en el Chocó el sábado y liberados ayer iban a ser entregados a la Cruz Roja". El Tiempo (Colombia), 21 de diciembre de 2005; Comunicado de Prensa. Ministerio de Defensa (Colombia), 20 de diciembre de 2005.

La situación de movilidad de los jóvenes es crítica ya que, según una habitante del municipio de Bagadó, la Policía Nacional lleva registro de las personas que entran y salen de los cascos urbanos, obligando a los jóvenes a reportar su salida a la Fuerza Pública. Actualmente, la Policía Nacional está instalada en el medio del territorio del corregimiento de San Marino. Un joven señala al respecto que “ahora que está la Policía Nacional uno se siente un poco más tranquilo pero de todos modos esos también son abusivos”. Otro joven dice con respecto a la Policía Nacional que “…eso es mejor no pasar por allá porque esos manes son preguntones y montadores”.

2.

De la militarización de prácticas comunitarias

En cuanto a la afectación de la militarización en procesos culturales la Comisión Justicia y Vida en su trabajo de “Miles de años”, ha identificado un proceso de “aculturación” dado por una rápida ruptura del tejido social producto del contexto de pobreza y conflicto armado. La entrada de personas a los grupos armados ya sea por un contexto de legitimidad de lo militar y de escasas posibilidades laborales, ha hecho que las comunidades de las zonas tenga relaciones familiares de varias generaciones con combatientes. El miedo a la muerte de los familiares y el conflicto ante la denuncia en el caso de los grupos ilegales, ha repercutido en conflictos familiares que dan origen a la ruptura del tejido social. Las acciones de los grupos combatientes involucran cada vez más a la población civil e irrumpen cada vez más en actividades comunitarias cotidianas. Según los niños de la escuela del corregimiento de Piedra Honda los miembros del Ejercito no siempre irrumpen en las zonas de las viviendas sino que “Se suben a la loma para ver lo que hace la gente”. Para el caso del corregimiento de San Marino se registró que la gestión con la Policía Nacional ha hecho que esta se haya convertido, junto con la Diócesis, en la principal financiadora de las fiestas patronales. En años de ocupación de la guerrilla se hacían reuniones en las cuales se les decía que la comunidad tendría que estar con ellos o en caso contrario sería contra ellos. En esos años la demanda de las comunidades para este grupo armado era que transitaran por el territorio pero que no cometieran atropellos contra la comunidad. Actualmente, las dinámicas comunitarias se han convertido en acciones encaminadas a la autoprotección. En el municipio de Bagadó las reuniones de las comunidades han sido convocadas por la Policía Nacional en forma de concejos comunitarios de seguridad, los cuales son desarrollados mensualmente en escenarios comunitarios como las escuelas, la iglesia, los parques públicos y hasta la Alcaldía. A estos concejos en donde la población civil puede hacer públicas las denuncias, asisten cada vez mayor número de habitantes de los 13 corregimientos de Bagadó, en el último previo a la misión asistieron 50 personas.

Según los habitantes de la zona rural del municipio cada vez es más común que haya testigos que declaran en contra de la gente, como es el caso de tres jóvenes que fueron judicializados con base en la información suministrada por testigos9. A pesar de esto, y con el interés de mantener la neutralidad en el conflicto, los concejos comunitarios no participan. Un miembro de uno de los concejos anota: “Nosotros no participamos porque no podemos favorecer a unos y poner en desventaja a los otros”. El teniente de policía de Bagadó resaltó ante la comisión la importancia de la cooperación de la comunidad con la Fuerza Pública. Según él, ha tenido que impulsar a la administración municipal para adelantar acciones comunitarias. Además, dijo que la gente lo busca para darle quejas de los vecinos y pedirle que los uniformados intervengan en situaciones cotidianas tales como accidentes en el río de adultos y niños que suelen estar ahí. En cuanto al comportamiento de los uniformados con la población civil, el teniente dijo que es importante que los miembros de las comunidades denuncien los comportamientos en las patrullas, “yo no sé lo que hacen mis muchachos, yo necesito que vengan y me informen”. Pareciera pues que las actividades comunitarias mediadas por los grupos combatientes no aportan a la cohesión de los distintos actores de las comunidades. Es una constante en la zona del Alto Atrato que el tema de la juventud y la niñez sea tenido en cuenta al interior de las discusiones comunitarias, pero ellos no participan en estos espacios. Los niños, no son convocados a los consejos comunitarios, ni son consultados por estos lo que impide la participación activa de las decisiones que inciden en la transformación de su entorno y obstaculiza procesos públicos de formación política. Un niño del corregimiento de San Marino dijo a la Comisión: “Nosotros vivimos al margen”. Antes del 2003 era muy frecuente que los jóvenes fueran “atropellados” por las tropas del Ejercito cuando llegaban a los territorios de las comunidades, en ese entonces los separaban de sus familiares y “…amedrentaban con patadas y empujones…”. Uno de los jóvenes de esta misma comunidad dice “Cada 15 o 20 días viene el Ejercito. La relación con ellos ha mejorado y la población ha dejado de ser considerada guerrilleros y auxiliares, porque eso ha generado atropellos contra la población de esta zona”. Una explicación que los mismos jóvenes plantean frente a este fenómeno es que ahora “no los atropellan porque el Ejercito sabe que vino la defensoría del pueblo y les capacitó en la posibilidad de hacer denuncias”. Los jóvenes de Bagadó se manifestaron muy “inconformes” con que los Policía Nacional se hayan tomado las instalaciones hace tres años. Los niños de esta misma comunidad recordaron que para las recientes elecciones presidenciales los miembros de la Fuerza Pública se hicieron presentes en la comunidad y se asentaron en la escuela en donde se desarrollaron las votaciones. En las zonas rurales del municipio de Bagadó los grupos de la Fuerza Pública llegan a las comunidades a ejercer presión sobre la población civil para conseguir información de estrategia militar. “Cuajandó es estratégico, es un 9

Entrevista con líder de la comunidad, mayo de 2006, en archivo de la Coalición.

corredor del ejercito y la guerrilla, luego de la toma la Policía Nacional se fue a Cuajandó para buscar a esas gentes…. entraron a las casas como le digo en forma de allanamiento”. Un adulto de la comunidad de La Playa dice: “El ejercito llega forzando a la población a que hable, que diga, si no, son guerrilleros… uno del miedo hasta habla”. Un miembro de las comunidades mostró a la comisión cómo está inserta la dinámica de conflicto armado en las comunidades de la zona: “yo no he visto el ejercito o la Policía Nacional se haya llevado a los jóvenes a pagar servicio o por lo menos de haberlos tomado a la fuerza, en la zona hay muchachos pagando el servicio pero porque voluntariamente lo han querido hacer”, (…) lo que si pienso que puede haber es que hay informantes de lado y lado, o sea ambos actores armados tienen sus informantes en las comunidades, uno no se atreve a señalar quienes son, pero que los hay los hay”.

3.

Del Militarismo y los Niños, niñas y Jóvenes del Alto Atrato

Un reconocido líder comunitario reconoce que los jóvenes están viviendo en un contexto complejizado, entre otros factores, por la pobreza y el conflicto armado. Aunque la pobreza histórica del departamento del Chocó trasciende la relación con el contexto del actual conflicto armado, la vida cotidiana de la población infantil y juvenil se ha ido trasformando tanto en las zonas urbanas como rurales; dice “yo lo que puedo ver es que la juventud anda en una angustia de algo diferente de lo que la sociedad les esta aportando”. En el presente apartado se documenta cómo el contexto de conflicto armado por control territorial y la subsecuente militarización incluso en las esferas de la vida cotidiana de las comunidades de la zona del Alto Atrato, afecta el ejercicio de los derechos de la población infantil y juvenil, y cómo se da el fenómeno de la vinculación al conflicto armado de esta población. A partir de la visita a la zona y de entrevistas con funcionarios públicos es posible evidenciar cómo la población infantil y juvenil de la zona del Alto Atrato es concebida y tratada desde la situación irregular tanto en municipios como en corregimientos. Actualmente, las principales problemáticas de la juventud de Quibdó se relacionan con la explotación sexual, niños y niñas trabajadores, pandillas juveniles. “Hay una fuerte presencia de pandillas en Quibdo, el año pasado se identificaron 26 pandillas, con machete por ejemplo, le bajaban la cabeza a la gente”10. Las zonas de mayor afectación por control de pandillas en Quibdó, son los barrios Minuto, Aurora y Rosales, cuya característica es el aumento de la capacidad de adquisición de armas. Una circunstancia que también está afectando a la población juvenil, es la aparición y aumento de la drogadicción desde muy temprana edad; para el caso de Quibdó se logró establecer que en ocasiones ha sido auspiciado y patrocinado por miembros del personal uniformado que opera en la zona. 10

Entrevista con la Personería Regional, Quibdó, mayo 11 de 2006, en archivo de la Coalición.

El fenómeno de la iniciación sexual temprana y el consumo de alcohol tiene un fuerte componente cultural, sin embargo, estos últimos con la presencia de los grupos armados en las comunidades del departamento del Chocó, ha derivado en abuso y explotación sexual infantil con fines comerciales y del consumo de psicoactivos de tipo ilegal. Las rumbas de fin de semana que son una antigua costumbre, a las cuales asisten todas las y los miembros de la familia, son el espacio en donde se da inicio al consumo de alcohol. Al respecto anota el personero regional: “La drogadicción y el explotación sexual infantil con fines comerciales han aumentado no solo aquí en Quibdo sino en todo el Chocó. Se ve más fuerte cuando llega la Fuerza Pública. El alcoholismo es también muy grave en niños y jóvenes eso conlleva al vandalismo y la prostitución”11. En la zona del Medio Baudó12 específicamente en Río Quito, pasó igual que en el municipio de Bagadó, en cuanto al aumento del consumo de psicoactivos por la llegada de la Fuerza Pública. Hace alrededor de dos años en el municipio de Bagadó los niños empezaron a marchar y con el Ejercito y a cantar arengas militares en donde decían frases como “tengo sed de sangre”. Frente a esta situación se le dijo a la comisión que las mujeres hablaron con la Fuerza Pública para que esta parara las invitaciones a los niños y jóvenes a marchar. La utilización de juguetes bélicos se ha hecho cada vez más frecuente en la población infantil de la zona. Los mismos padres de los niños les arman fusiles y cascos de madera, con los cuales, según algunos adultos, los juegos de los niños reproducen el tipo de relaciones interpersonales propias de la milicia, reproducen confrontaciones armadas y en ellos se encuentra la lógica del heroísmo. Las jóvenes y niñas de la zona del Alto Atrato se han visto cada vez más relacionadas con los miembros de los grupos combatientes. Por ejemplo en el municipio de Bagadó la comunidad ha detectado que junto con el consumo de marihuana de jóvenes que pasaron por la prestación del servicio militar, se ha dado también la llegada de enfermedades de transmisión sexual en niñas. Además, a partir de las relaciones sentimentales que las niñas y jóvenes entablan con los miembros de los grupos armados se evidencia cada vez más clara y frecuentemente embarazos tempranos. Por otro lado, los jóvenes de comunidades estigmatizados como colaboradores de los grupos armados al margen de la ley son objeto de detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública. Dos días después de la toma de San Marino miembros de la fuerza pública motilaron a los jóvenes de la comunidad de Piedrahonda, les tomaron los datos de la cédula y algunos días después volvieron y, los jóvenes antes interrogados, fueron detenidos y llevados al monte arrodillados sin que fuera claro el por qué de tal detención. En ese momento fue cuando un reconocido miembro de la comunidad entró en defensa. A los jóvenes los insultaban y empujaban; él también fue obligado a arrodillarse junto con los jóvenes, dijo: “si nos iban a matar que lo hicieran pronto... no nos mataron porque tuvimos suerte”. 11 12

Ibíd. La cual es zona de influencia de grupos paramilitares.

Después de esto ocho jóvenes fueron montados a un helicóptero del ejército para ser trasladados a Quibdó. Para el traslado los descalzaron, los amarraron, los sentaron con los pies por fuera del helicóptero obligándolos a mantener la cabeza abajo. Debido a que uno de los retenidos usaba unos zapatos de uso privativo que había recibido de algún familiar de la policía, le acusaron del delito de porte de prendas privativas de la fuerza pública. Mientras tanto les pidieron que se quitaran toda la ropa y que la pusieran sobre una mesa. En ese momento la persona que estaba siendo inculpada vio como un miembro del ejército le “achacaba” el porte de una insignia que no pudo reconocer. Él hizo saber que esa insignia no era suya y señaló al militar que estaba cometiendo tal abuso. Estos jóvenes fueron dejados en libertad y aunque reportaron esta situación a la Defensoría del Pueblo, un líder comunitario anota: “esos muchachos no pueden salir de la comunidad porque en cualquier momento los pueden tomar, quedaron estigmatizados con miedo y desconfianza”13. En relación directa con la pérdida de la civilidad de la población auspiciada por el mismo gobierno, se destaca un hecho que se hace recurrente que la Fuerza Pública “(...) en Bagadó y en San Marino se impuso que cuando hay amenaza tienen siempre unos jóvenes listos para vestirlos de militares, son para dar la apariencia del aumento del pie de fuerza”. Anota un miembro de una de las comunidades. En los centros y zonas comerciales de la ciudad de Quibdo y de Bagadó, y es la venta indiscriminada de prendas militares camufladas, que deja como resultado la confusión de la comunidad entre los actores armados, situación que se ve marcadamente en el caso de la ropa y accesorios para niños y niñas. “hay mucha ropa de niños y niñas de camuflados. Esa ropa se presta para confusión, la gente adulta no lo ve normal”. En cuanto a la utilización de prendas militares miembros de las comunidades manifestaron que hay una educación para que “la gente le coja amor a esas prendas”. Algo que se debe tener en cuenta cuando se habla del uso de las prendas militares, es que los niños y niñas no mantienen en su memoria permanentemente los hechos violentos de los que han sido víctimas o testigos. Cuando los adultos les recuerdan ciertos eventos, se les ha podido persuadir para que no continúen con su uso.

4.

Vinculación de niños y niñas a los grupos armados que toman parte en las hostilidades

En cuanto a la vinculación de niños, niñas y jóvenes a actividades de los grupos armados, el análisis de las condiciones que lo propician para los miembros de las comunidades pasa por las condiciones del contexto de pobreza y la falta de alternativas educativas y laborales. “A los niños a veces les llama la atención el servicio militar, a otros les llama la atención jornalear. En el caso de las jóvenes estas se van al servicio domestico”. 13

Reconstruido a partir de testimonios de la comunidad.

Aunque es sobresaliente el componente cultural de la no guerra, algunos habitantes de la zona hablan de un gusto de las armas por parte de los niños que es un importante factor de influencia en la vinculación. Otro factor que incide en la entrada al Ejército de niños y jóvenes es la protección de la guerrilla ya que los miembros de esta, por la permanencia histórica en la región, conocen a la población juvenil de la zona. Una habitante de una de las comunidades del Alto Atrato dice:

“Sea de izquierda o de derecha, a los niños les fascina eso y nosotros podemos ver que hay muchachos y no podemos esconder que ha habido muchachos en la zona que han ingresado a estos grupos, unos contra su voluntad, porque han sido tomados a la fuerza y con engaños, porque usted sabe que los niños son amantes a manejar las cosas y a tener su plata y todas esas cosa y esto les parece a ellos que es un medio de ellos tomar y manejar sus cosas, pero caen en un engaño por que allá no los satisfacen mucho, y se dan cuenta que eso no era lo que ellos esperaban, … entonces a veces caen en ese dilema y no hay unos medios alternativos que les este proporcionando a los muchachos otra opción diferente a tomar las armas, bien sea el ejercito, la Policía Nacional ellos no encuentran otra alternativa, para ellos es una fuente de ingreso por que no encuentran que más hacer, entonces es una situación muy preocupante, en cuanto a la falta de oportunidades para los jóvenes, un joven que termina un bachillerato y no tiene otra opción ¿Para donde se tiene que ir? Para la Policía Nacional, para el ejercito o terminar metiéndose en un grupo de izquierda, porque es la única alternativa que ve en el medio”. 14

Frente al Servicio Militar Obligatorio (SMO) en los jóvenes del municipio de Bagadó mostraron una confusión frente a la obligatoriedad de este. Mientras algunos de los jóvenes manifestaban que creían que este era obligatorio, otros dijeron que este es “un servicio a la patria voluntario”. Aunque estos mismos jóvenes reportaron el caso de un muchacho que fue llevado al Ejército sin haber terminado la secundaria. Sin embargo parece ser un consenso, al menos en los jóvenes que en la práctica la prestación del servicio militar en la zona no es obligatorio. Las formas de atraer a los jóvenes a las filas de la Fuerza Pública pasan por la garantía de estabilidad laboral lo que representa beneficios a las familias de los jóvenes. Además, debido a que el control de la movilidad de los jóvenes en la zona del Alto Atrato está mediado por los miembros de la Fuerza Pública, la salida de sus lugares de origen y el conocimiento de nuevos territorios por parte de los jóvenes se ha convertido en un factor que esta misma usa como factor motivador para jóvenes a enfilarse. Muchos de los jóvenes prefieren ir a Risaralda a prestar el SMO porque allí se reúnen con algunos familiares y 14

En entrevista con líder comunitario, Alto Atrato, mayo de 2006, en archivo de la Coalición.

conocidos de la zona. Un joven del municipio de Bagadó dijo que esto hace posible “conocer nuevas tierras”. Otro joven dijo a uno de los miembros de la comisión que lo que más lo motivó para la prestación del SMO fue la oportunidad de salir del pueblo, la oportunidad de “darse mundo”. Aparte del deseo de vinculación como alternativa económica, el gusto por las dinámicas militares y por las armas también tiene una fuerte incidencia en términos de vinculación. El poder que se adquiere por el uso de las armas y por el estatus social que representa la entrada a los grupos, juega actualmente un papel importante en la toma de decisión de niños, niñas y jóvenes de la zona. Un adulto habitante comentó: “Los niños son adictos a las armas, no tienen otra forma de jugar. Se buscan palos para jugar al escondite con las armas. A veces se les pregunta que quieren hacer cuando grandes y dicen “yo quiero irme con los paras o la Policía. Si los niños no tienen una opción de irse a las vías legales del Ejercito o la Policía Nacional y les gustan las armas, terminan en los otros grupos y a veces los padres toleran esas cosas”. La vinculación de niños, niñas y jóvenes en la zona también tiene matices con relación al reclutamiento formal como combatientes. Aunque muchos de ellos y ellas no entren a las filas a portar armas y a participar en las acciones militares de estos grupos, son utilizados para labores que los involucran indirectamente. “Los niños se acercan más fácil a la Policía Nacional y al Ejercito, les hacen, les buscan el lado, es decir les hacen unas actividades que les llame la atención, o les dan comida”. Estos espacios de interacción de niños, niñas y jóvenes son los que propician, tal como se dijo arriba, que los niños y jóvenes marchen con los solidados, sean persuadidos para ser uniformados en momentos de amenaza de confrontación armada en los corregimientos y municipios, sean también usados para labores de apoyo tales como mandados, portadores de mensajes y como informantes. Por eso se puede fácilmente deducir que los jóvenes viven en una situación en donde “o me les pierdo o me les uno”. Uno de los niños del corregimiento de Piedrahonda expresó que “ninguno de los grupos nos gusta”. La respuesta institucional frente a la compleja problemática expuesta es insuficiente e inadecuada. La oficina regional del ICBF y la Policía de Menores para el caso de sectores rurales han detectado como prioridad la atención a las problemáticas de embarazo temprano y de reclutamiento de niños y jóvenes. Frente a esto se han adelantado campañas educativas en las escuelas con la participación de padres y madres, en la cuales se ha trabajado el tema de consumo de psicoactivos y salud sexual. En el contexto urbano de la ciudad de Quibdó el Centro Zonal del ICBF de Quibdó junto con la Policía de menores trabajan en la identificación de niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo y vulneración de sus derechos. En cuanto al tema de menores desvinculados de los grupos paramilitares, específicamente del frente San Juan, el ICBF no cuenta con la infraestructura

para la recepción de estos, por lo cual son remitidos a otras regionales de esta institución.

5.

Conclusión

La situación de vulneración de derechos de los niños, niñas y jóvenes en la zona del Alto Atrato es crítica. La influencia de la dinámica del conflicto armado en la zona ha generado un contexto que imposibilita el ejercicio del derecho a la participación política en espacios comunitarios. Las niñas no reportan la existencia de grupos o organizaciones juveniles con un carácter social o político. En las zonas de los corregimientos de los municipios de Yuto y Bagadó, la relación de la población infantil y juvenil con la Fuerza Pública es de estrecha cercanía e influencia. La cultura militar ha permeado las prácticas comunitarias lo que ha tenido grave incidencia en los procesos de socialización de niños, niñas y jóvenes. Estos son vinculados directa e indirectamente por los distintos grupos armados que ejercen influencia en la zona. Las acciones del sistema de protección, las cuales se enfocan en niños en situación de vulnerabilidad, revelan que a los niños y niñas se conciben aún desde la perspectiva de la situación irregular.

Capítulo III

Ocupación de Escuelas y otros bienes civiles

Introducción

En caso de conflicto armado, las normas del derecho internacional humanitario protegen ciertos bienes, como los "bienes culturales" y todos los demás bienes civiles como las instalaciones médicas y las ambulancias15. Tal es el caso de las escuelas, centros educativos y lugares donde se concentran niños y niñas. Estos bienes están directamente ligados a la protección de la población civil y en la medida que su afectación pueda generar un daño a las personas, estos deben ser protegidos de cualquier ataque u ocupación por parte de los grupos que toman parte en las hostilidades. Las escuelas, guarderías y centros educativos son lugares destinados para que los niños, niñas y jóvenes reciban educación y cuidados, y son por su naturaleza lugares que agrupan mayoritariamente a la población infantil. Así, cualquier acción encaminada a atacar las escuelas, ocuparlas o utilizarlas en el marco del conflicto armado pone en grave riesgo la integridad de los niños, niñas y maestros que permanecen en estos lugares. En Colombia, todos los grupos armados que toman parte en las hostilidades han realizado acciones en contra de bienes civiles afectando gravemente a las comunidades y poniéndolas en riesgo. Es una práctica usual que los combatientes ocupen o ataquen lugares de reunión de las comunidades, tales 15

Comité Internacional de la Cruz Roja, Personas y bienes protegidos y derecho internacional humanitario, en: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_protected_persons_and_property?OpenDocument, fecha de consulta: septiembre 11 de 2006.

como iglesias, viviendas, hospitales y escuelas, o bienes que son indispensables para la supervivencia de las mismas como torres eléctricas o fuentes de agua. Uno de los ejemplos más dolorosos de esta dinámica en el marco del conflicto, fue protagonizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 2 de mayo de 2002, cuando miembros de ese grupo, en medio de combates contra paramilitares, lanzaron un artefacto explosivo que cayó en una iglesia, en donde se refugiaban los pobladores, en la localidad de Bellavista, Bojayá, departamento del Chocó. Esta masacre cobró la vida de 119 personas y produjo heridas a 114, entre ellos más de 40 niños16. Como este, muchos actos de los grupos armados que toman parte en las hostilidades se repite diariamente a lo largo del territorio nacional sin que se adopten medidas adecuadas y efectivas para prevenirlos o contrarrestarlos.

1.

La ocupación de escuelas es una dinámica usual en el Alto Atrato, practicada por los grupos armados que tienen presencia en la zona, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los niños y niñas en términos del ejercicio de sus derechos

La ocupación de escuelas por parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades es una práctica recurrente que ponen en riesgo a la población civil y en especial a los niños, niñas, maestros y maestras que acuden a ellas. Esta es una práctica contraria a las normas del derecho internacional humanitario ya que se pone en riesgo la integridad personal de los civiles que concurren en estos lugares. Los grupos armados de influencia en la zona circulan irregularmente en las poblaciones del Alto Atrato. Su arribo y partida de las comunidades es esporádico lo cual mantiene en un estado permanente de zozobra a las comunidades pues no se sienten seguras. Algunas veces su paso y estadía en las escuelas es también esporádico pero otras veces utilizan los bienes civiles de manera permanente. “Hay una creciente represión de la fuerza pública con la población civil, hay ocupación de los espacios escolares y de recreación”17. Sobre el particular, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas señaló en sus observaciones sobre Colombia que:

“[e]l uso recurrente de escuelas por las fuerzas armadas del Estado y el establecimiento de bases militares en las cercanías de escuelas hacen de éstas objetivos militares para los grupos armados ilegales, lo que hace imposible que los niños reciban 16

Actualidad étnica, Cuatro años después de la masacre de Bojayá, mayo 4 de 2006, en: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=3481, fecha de consulta: septiembre 11 de 2006. 17 Reunión con la Defensoría del Pueblo, Quibdó, mayo de 2006, en archivo de la Coalición.

educación”18. Además, “la utilización de escuelas y viviendas, o de lugares cercanos a éstas u otros espacios de concurrencia de población civil como base de operaciones por parte de los actores armados, ha provocado no solamente un grave riesgo para la integridad de los niños y las niñas sino también ha tenido un impacto el derecho a la educación de la población infantil. Esta misma situación fue resaltada por el Comité de Derechos del Niño en su más reciente informe sobre Colombia”19.

La OACNUDH en su informe sobre Colombia de 2005 señaló al respecto que “los grupos armados al margen de la ley continuaron cometiendo ataques contra la población civil que afectaron a la población infantil, incluyendo ataques indiscriminados, vulnerando así la inmunidad de las personas y bienes civiles”20. En el Alto Atrato los miembros de las fuerzas armadas ocupan las instalaciones de las escuelas, tienen ingerencia en contenidos educativos y desarrollan acciones comunitarias conjuntas entre estudiantes y fuerza pública, ejemplo de ello son las campañas de aseo y las actividades ecológicas promovidas y desarrolladas con la comunidad. En el corregimiento de Piedra Honda los grupos armados arriban a la zona sin que la comunidad pueda percatarse de ello. Tanto guerrilla como ejército se hacen presentes sin aviso previo. La comunidad informa que el ejército se ubica tanto en puesto de salud como en la única escuela. Los niños y las niñas comentaron que miembros del ejército y policía cuando están en el corregimiento se quedan en el puesto de salud y en la escuela. A pesar de que están alojados en la escuela, un profesor anotó que hay que “reconocer” que los militares y policías desocupan los salones con el propósito de no impedir el desarrollo de las clases. No obstante, el simple hecho de permanecer en el plantel educativo genera que los grupos contrarios identifiquen estos lugares como estratégicos convirtiéndolos en objetivo militar. La escuela, además de ser el espacio en donde el ejército se establece para efectos de alojamiento, también es un punto de encuentro con los miembros de la comunidad. Un niño anota: “A veces vienen a la escuela y hacen reunión. Nos dicen que no podemos salir de noche”. La escuela del corregimiento de Tutunendo, municipio de Chocó, Quibdó, fue ocupada dos veces por la Brigada Movil del Batallón Manosalva Florez en abril y mayo de 2006, por aproximadamente 30 uniformados que permanecieron una semana la primera vez y tres días en la segunda ocasión. Al respecto los niños manifestaron: "estamos de acuerdo con que ellos estén en el pueblo porque es su deber, pero deben estar mas retirados es que si llega otro grupo, uno 18

Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, documento de Naciones Unidas, párr. 76.i. Comité de los Derechos del Niño. 20 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento de Naciones Unidas E/CN.4/2006/9. 19

enemigo nos matan a todos juntos, ellos se pueden cuidar pero nosotros no (…) es que los soldados tiene con que defenderse, nosotros no"21. En Cuajandó, la guerrilla se ha quedado en la comunidad “(…) se quedaban en las casas que quedaron solas, desde que ubicaron los puestos de policía en San Marino y Bagadó no se quedan. El ejército antes se metía en la escuela cuando no tenían llave para proteger la escuela. El ejército hace un año no va para allá. La policía si vino luego de la toma”22. A este respecto, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a las fuerzas armadas del Estado que: “Cese inmediatamente la ocupación y utilización de escuelas o el establecimiento en las cercanías de bases militares por las fuerzas armadas del Estado y aumente la capacitación sobre el principio de distinción y sobre la protección de la población civil en la formación de la policía y las fuerzas armadas”23. La dinámica de conflicto armado genera también daños en ciertos bienes protegidos que en la mayoría de los casos han sido edificados y suministrados con gran esfuerzo, afectando derechos como el derecho a la educación y el derecho de reunión. En Cuajandó por ejemplo, luego de la toma de diciembre de 2005, el centro de atención infantil y la escuela quedaron inhabilitados para recibir y atender a los niños. Cuando llegaron los helicópteros que recogieron a la policía, se levantaron los techos de ambos establecimientos y las clases tuvieron que ser suspendidas porque las aulas quedaron seriamente afectadas. Si bien a principio del año fue una comisión estatal que tomó los datos de los estragos que causaros los helicópteros, al momento de la visita de la misión, cinco meses después, no se habían reparado las edificaciones y los niños y niñas continuaban sin recibir clases. Además de la ocupación, los grupos armados que participan en las hostilidades interactúan con los niños en sus espacios vitales y realizan actividades de integración con ellos, comprometiendo el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y exponiéndolos al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales24. En la cabecera municipal del Alto Atrato, durante la reunión con niñas de la comunidad, estas señalaron que “los uniformados hacen actividades lúdicas, están en fiestas del colegio y acompañan actividades culturales”. Sobre el particular el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado colombiano:

“Se abstenga de fomentar la participación de niños en actividades militares, entre otras cosas poniendo fin a las visitas escolares de estudio a bases militares o a la celebración de actos militares en 21

Fundación Dos Mundos, verificación de la situación en Tutunendo. Entrevista con miembro de la comunidad, mayo de 2006. ob.cit. Comité de los Derechos del Niño, párr. 77.i. 24 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones sobre Colombia 2005, párr. 76.j. 22 23

escuelas, ya que esa utilización, habida cuenta del actual conflicto interno, compromete el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y pone a la infancia en peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales”25.

La respuesta Estatal para impedir la ocupación de escuelas y la participación de niños en actividades de integración con la fuerza pública ha sido insuficiente. A pesar de que las autoridades conocen esta situación no se han realizado acciones concretas para proteger a la población infantil del ataque y ocupación de escuelas. La Comunidad en diferentes zonas del Alto Atrato ha hablado con la Fuerza pública para que cese la ocupación de los bienes civiles pero no se han adoptado medidas para ello. La ocupación del centro de salud en la cabecera municipal es conocida por las autoridades civiles pero aun así el cuerpo de tareas conjuntas permanece dentro de las casas y el centro de salud. Sobre el particular la Directora Regional del ICBF en Quibdó señaló que hay una falta de acciones concretas por parte del concejo departamental de política social para contrarrestar la problemática. Al hablar con niños, niñas y jóvenes acerca del Derecho Internacional Humanitario se pudo notar que, a pesar de que conocen los fines de este, lo confunden como una organización internacional de derechos humanos que trabaja para sensibilizar y hacer conocer que “meter a la población civil al conflicto es un delito”.

2.

En el marco del desarrollo de la política de seguridad democrática, la fuerza pública ha ocupado otros bienes civiles de la comunidad, de manera permanente, poniendo en riesgo a la población civil

El aumento del pie de fuerza del ejército y la policía en la zona del Alto Atrato ha conllevado la instalación de nuevos puntos de control y estaciones de policía. Algunos de estos puntos de control han sido ubicados muy cerca de las viviendas de los pobladores e incluso en lugares destinados para atender a la población civil como centros de salud. Durante el recorrido de la misión por la Cabecera municipal del Alto Atrato, se pudo constar que la estación de policía está ubicada en la parte alta del pueblo. La estación funciona en el lugar destinado para el centro de salud, al lado de varias casas de la comunidad, en la calle del frente fue construida una especie de trinchera. La misión pudo entrevistarse con el teniente de policía y durante la conversación se observó algunos policías en la casa contigua hablando con varios niños. 25

Ibíd. párr. 77.j.

La policía informó a la misión que ubicaron la estación en el centro de salud ya que no ha sido terminado el puesto de policía y necesitan un lugar para funcionar y señaló que tan pronto finalice la obra desalojarán el centro de salud. El problema está en que el dinero destinado para esa obra se lo robaron y la obra no podrá ser terminada lo cual extenderá la ocupación del centro de saludo indefinidamente. Así, el Consejo comunitario se vio forzado a pedirle a los miembros de la policía que desalojaran el centro de salud, frente a lo cual les respondieron con una carta manifestando que no se van a retirar del sitio hasta que no construyan la estación de policía26.

“A la gente no le parece bien la presencia de la policía. Se opusieron a que el comando estuviera allí porque está en medio de las casas de la comunidad. La gente no está de acuerdo con la policía. Inclusive, ayer un soldado hizo una ráfaga que le causó miedo a la gente”27.

La gente que vive en las casas aledañas a la estación de policía no se siente segura y es por esto que han tenido que desplazarse a la parte baja del corregimiento. “Esa presencia genera miedo y hace que la gente se baje de ahí a la parte baja. Mucha gente permanece allí de día y se baja de noche”. Además, muchas de esas casas han sido abandonas. Por otro lado, durante el recorrido por el asentamiento de la comunidad desplazada de Cuchadocito, ahora La Canal, pudo observarse la vulnerabilidad en que se encuentran los pobladores debido a la ubicación geográfica del poblado. Este se encuentra en un valle en medio de dos montañas que han sido corredor de los grupos armados que tienen presencia en la zona. Según explicaron los pobladores, la guerrilla durante la toma de diciembre, llegó por el lado de la montaña que da a San Marino, por ello la policía construyó una garita o punto de observación en la parte alta de la otra montaña. Así, la comunidad está asentada en una zona estratégica que los pone en una alta vulnerabilidad por la posibilidad de fuego cruzado. “Cuando hubo la toma, la guerrilla se tomó primero la canal y por ahí pasaron y luego llegaron a San Marino”.

3.

La presencia de la fuerza pública en cercanía de las viviendas y asentamientos de la comunidad y el porte de armas en estos espacios pone en riesgo su integridad personal.

El porte de armas de largo alcance o granadas, en cercanías a parques, escuelas, comedores escolares y otros lugares donde confluyen muchos niños, niñas y jóvenes, constituye un riesgo que puede poner en peligro a los pobladores, por las características de las armas que emplean y la posibilidad 26 27

Entrevista con miembro del Consejo comunitario en la cabecera municipal del Alto Atrato, mayo de 2006. Ibíd.

de accidentes. Mientras personas de la misión esperaban en el parque de San Marino, a un miembro de la fuerza pública se le disparó el arma muy cerca de un compañero y en presencia de miembros del ACNUR. Accidentes como estos fueron señalados por los pobladores como usuales. Igualmente, personas que han trabajado en la zona con el sistema de Naciones Unidas informaron que en varias ocasiones han tenido que comer en los comedores escolares al lado de miembros del ejército o la policía, estando las armas reclinadas contra la pared cerca de los niños que se cuidan en ese lugar, lo cual aumenta el riesgo de accidentes. Además, durante el recorrido de la misión las comunidades del Alto Atrato coincidieron en señalar que el hecho de que el ejército permanezca escondido a los alrededores y que arriben a la comunidad de improviso, les genera preocupación, temor y tensión. De manera general señalaron que les da miedo ir solos o solas al monte porque no saben quien esté por ahí escondido. Al respecto manifestaron:

“Hay que mirar lo que pasa con la seguridad, que la fuerza publica tengan su propio lugar, ahora están en medio de las casas, están dentro de la población civil. Nosotros no sabemos donde están los soldados… hay gente amenazada…que están en riesgo (…) hoy me fui en la tarde y ahí estaban pero en la mañana ya no estaban”28. “Los militares se ocultan en el monte y no se sabe bien cuando llegan o cuando se van. Ya no pueden ir tranquilos al monte a cortar leña o a las minas porque es peligroso. Los que van en grupos y regresan temprano (…) Tengo miedo de ir al monte a cortar leña, Por quebrada Honda un día iba caminando con mi pelaito porque lo llevaba al médico y nos empezaron a tirar piedras para asustarnos… lo que más me preocupa es eso”.

Una habitante del corregimiento anota: “En la toma, la guerrilla vino con la vestidura de los soldados, no podemos distinguirlos, ellos no nos pueden decir a donde van porque dicen que la comunidad va a avisar”. Al respecto, los pobladores de las comunidades visitadas señalaron a la misión: “Lo que se pide es que los militares avisen cuando van a estar en la comunidad, que van a estar en la zona, no necesariamente el lugar exacto porque sabemos que no lo pueden decir”, con el objeto de tener la tranquilidad para recorrer nuestro espacio.

28

Reunión con miembros de la comunidad en La Canal, mayo de 2006, en archivo de la Coalición.

Capítulo IV

Impacto del conflicto en la vida de las niñas y jóvenes en el Alto Atrato

1.

El conflicto armado ha incrementado el riesgo para las niñas y adolescentes de ser víctimas de diferentes formas de violencia de género por parte de los grupos armados que toman parte en las hostilidades

El departamento del Chocó ha sido uno de los más afectados durante los últimos treinta años por el conflicto armado. En medio del contexto de guerra, las niñas y jóvenes han tenido que crecer bajo la presión y ataques de los grupos armados que toman parte en las hostilidades, siendo víctimas frecuentes de discriminación y actos de violencia sexual. Las niñas no solo tienen que padecer el acoso por parte de los combatientes que ejercen el control de la zona sino que, desde muy pequeñas entran en una dinámica de abuso sexual que pone en riesgo su vida e integridad personal. Debido a que los hechos de violencia se registran constantemente muchas comunidades ven esta situación como algo habitual, algo con lo que se han acostumbrado a vivir. Durante su visita a Colombia en 2002, la Relatora Especial de la violencia contra la mujer, pudo constatar la gravedad de la situación. En su informe la relatora manifestó:

“la violencia contra la mujer (...) en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha vuelto habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario. Algunas veces se cometen esos actos violentos al mismo tiempo que se perpetran matanzas o como manera de aterrorizar a las mujeres y a las comunidades”29.

Hoy, cuatro años después de su visita, la situación no ha variado y por el contrario se ha recrudecido. La Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH, en si visita a Colombia en 2005 concluyó que “el conflicto armado ha profundizado la discriminación y violencia que históricamente han sufrido las mujeres. Las necesidades específicas de éstas todavía no reciben una atención integral de parte del estado colombiano y sus voces no son efectivamente incorporadas en el diseño de políticas públicas para remediar el impacto especial del conflicto armado en ellas”30. La violencia sexual contra las jóvenes y las niñas es una práctica recurrente por parte de todos los grupos armados que toman parte en las hostilidades en el Chocó. Guerrillas, grupos paramilitares y fuerza pública continúan realizando acciones que atentan contra la integridad personal de las niñas y las jóvenes afectando gravemente sus derechos sexuales y reproductivos y haciendo cada vez menos factible que estas puedan gozar del derecho a tener una vida libre de violencia. Durante 2005 y lo transcurrido de 2006, dicha situación no varió y por el contrario, continúa siendo un aspecto de gran preocupación.

“De las formas de violencia registradas por la Oficina en el transcurso de 2005, la violencia sexual y los homicidios contra mujeres fueron los más recurrentes. Las más afectadas por estas formas de violencia fueron mujeres y niñas campesinas, indígenas, afrocolombianas, desplazadas, que han retornado a su lugar de origen o que viven en comunidades bloqueadas”31. “Los atentados contra la dignidad personal y otros atentados contra el pudor contra mujeres y niñas por parte de los grupos armados al margen de la ley continuaron registrándose en distintas zonas del país, generalmente acompañados de toma de rehenes, torturas, desplazamientos, desnudez forzada y otras formas de agresión física, sexual y psicológica”32.

29

OACNUDH, Informe sobre los Derechos de la Mujer, Bogotá, diciembre de 2002, pp. 123 y ss.

30

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de prensa.

31

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2005. Documento, E/CN.4/2006/9, 20 de enero de 2006. 32 Ibíd.

A partir de las entrevistas que llevó a cabo la misión al Alto Atrato con mujeres, niñas, madres comunitarias y miembros de la comunidad, se pudo verificar el grave impacto que ha tenido la militarización del territorio en la vida de las niñas, y los abusos de que son víctimas por parte de la Policía y el Ejército. Durante el recorrido por las comunidades del Alto Atrato se observó un alto número de miembros de la fuerza pública apostados en los espacios vitales de estas comunidades, como parques, centros de salud e incluso en algunas casas. Soldados y policías, que hacen parte del grupo de tarea conjunta, transitan por los asentamientos portando armas que ponen en riesgo la integridad de los habitantes en clara contravención a las normas del DIH. En palabras del teniente a cargo de las tropas establecidas en la cabecera municipal, la mayoría los policías son jóvenes bachilleres, provenientes de otras regiones del país, que llegan a la zona para prestar el servicio militar de un año y que luego regresan a sus ciudades de origen o son trasladados. Como lo describió el teniente a cargo de las fuerzas que permanecen en la cabecera municipal, es muy difícil ejercer un control permanente sobre las tropas, “yo no sé lo que hacen mis muchachos, yo necesito que la gente venga y me informe”. Dicha movilidad de las tropas ha traído como consecuencia que las jóvenes tengan que asumir la maternidad solas, ya que los padres biológicos de sus hijos evaden su responsabilidad y las abandonan. De acuerdo con el relato de uno de los líderes que tiene un permanente trabajo con las comunidades del Alto Atrato, “lo que se nota recientemente es que se establecen relaciones afectivas con soldados que se mueven y no asumen su paternidad (…) Lo que pasa es que tienen hijos y los trasladan y por eso no se hacen cargo”33.

2.

El conflicto armado exacerba la violencia de género dentro de las mismas comunidades, en especial la violencia intrafamiliar

Según los dictámenes sexológicos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal de 2002 a 2004, la violencia sexual contra las mujeres en el Chocó se ha incrementado año a año. En el 2003 el incremento fue del 22,5% con respecto al año anterior y en el 2004 de 57,7% con respecto al 2003. Las cifras absolutas son preocupantes, con respecto a la violencia sexual contra las niñas, que presenta un incremento de 31 casos denunciado de un año a otro, para un total de 92 casos registrados en Quibdo34. Es importante tener en cuenta que estas cifras parten del número de casos denunciados y que el número de mujeres y niñas víctima de violencia en el Chocó puede ser mayor. Esto puede explicarse debido a la baja denuncia ya sea por temor o por desconfianza en el aparato judicial.

33 34

Entrevista con un representante de la Diócesis, mayo de 2006, en archivo de la Coalición. op.citp. Violencias Cruzadas, p. 25.

El mayor número de víctimas de la violencia en el ámbito familiar, en el Chocó como en el resto del país, son mujeres. De las denuncias realizadas en Quibdó ante el Instituto Nacional de Medicina Legal correspondientes a lesiones de maltrato infantil, violencia conyugal o entre otros miembros de la familia en los años 2001, 2002 y 2004 las mujeres son el 83,1% de las víctimas35. Entre las víctimas mujeres la mayor proporción de denuncias corresponden a menores de edad, teniendo en cuenta el acumulado del trienio el 73,1% de las denuncias formuladas por mujeres corresponden a niñas. La mayor proporción de niñas se presenta en el 2002, año en que alcanzaron a representar el 78,9% de las denuncias, esta proporción baja a 70,1% en el 2003 y en el 2004 sube un poquito (llega a 71,9%)36. Uno de los factores de mayor preocupación identificado durante las conversaciones con la comunidad e incluso con las autoridades públicas, y los recorridos en terreno en el Alto Atrato es la creciente violencia sexual contra las niñas y las adolescentes. En los seis lugares visitados por la misión se recibieron testimonios acerca de los abusos cometidos por los diversos actores que interactúan con la comunidad. En la zona del Alto Atrato, algunas niñas y jóvenes de la comunidad con quienes nos reunimos, identificaron como factor de riesgo los hombres maduros del municipio37 y los maestros, quienes son los que reciben mejores salarios. Hay otro componente que afecta a las mujeres y son los hombres de la mina, los que están haciendo excavaciones38. La entrada de las retroexcavadoras ha aumentado el riesgo de explotación sexual y otros abusos por parte de los trabajadores en perjuicio de las niñas y jóvenes del municipio39. Según lo informó a la misión la comunidad, los trabajadores buscan a las niñas y jóvenes usualmente para tener relaciones sexuales a cambio de prevendas. La percepción de la comunidad al respecto es la siguiente: “No es usual, ese nivel ha aumentado, esas niñitas no son ya niñas de hogar; salen con esos señores a bailaderos; eso no era costumbre (…) son los trabajadores de las máquinas, de pronto, porque les ofrecen plata, buscando sacarlas del seno de los padres”40. Además, según informaron miembros de las comunidades la llegada de estos trabajadores ha traído problemas de seguridad para las comunidades. “Esta semana hubo problemas en una mina con esa gente, es gente que anda armada. La policía lo sabe y no adopta ninguna medida”41. Según pudo constatar la misión a partir de las entrevistas con las comunidades, “ha habido un aumento en el municipio de la prostitución de niñas y jóvenes, que sostienen relaciones sexuales hasta por 2.000 o 5.000 pesos”42. Fueron varios los testimonios que hicieron referencia a la proliferación de relaciones 35

Información obtenida de las estadísticas de lesiones no fatales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses. En: Violencias Cruzadas, p. 24. 36 Red Nacional de Mujeres, Violencias Cruzadas, Informe Derechos de las Mujeres, Colombia 2005, p 25. 37 Reunión con maestros, maestra y autoridades locales en la cabecera municipal, Alto Atrato, en archivo de la Coalición 38 Ibíd. 39 Entrevista con un representante del Consejo Comunitario, Bagadó, mayo 7 de 2006. 40 Ibíd. 41 Entrevista con un representante del Consejo Comunitario, mayo 7 de 2006. 42 Reunión con maestros, maestra y autoridades locales en la cabecera municipal, Alto Atrato, mayo de 2006.

sexuales de hombres con niñas a cambio de dinero, comida o ropa entre otras cosas. La directora de una de las escuelas señaló que “[h]ay 2 casos conocidos de abuso sexual, son 2 amiguitas, el agresor era acudiente de ellas, tuvo relaciones sexuales con ellas luego de que les ofreció $200 a cada una; lo están juzgando y están a punto de condenarlo, aquí no se denuncia casi; cuando denuncian los papás les pegan (…) aquí las niñas ya son jovencitas a los 13 años”43. Frente a dicha problemática informan que en la cabecera municipal “Se han hecho jornadas de educación sexual y salud, pero los jóvenes no están en conciencia, aquí es de una en la cama, no se ven parejas en los parques o tomando una gaseosa”44. En cuanto al maltrato infantil entre 2003 y 2005 medicina legal concluyó que las niñas son el 56,3% de las víctimas (los porcentajes son muy similares durante los tres años analizados)45. “Las mamás son violentas en la educación de sus hijos, el maltrato físico con los niños es terrible, y también con las mujeres (…). No hay una formación para ser madre, tener hijos” 46. El análisis que hace una de las líderes que ha trabajado con estas comunidades de dicho fenómeno es el siguiente:

“La mujer en el campo ejerce las labores cotidianas al igual que el hombre, la agricultura, la pesca (…) y también las labores de la casa se le suman y es bastante pesado, esto a veces conlleva también al maltrato intrafamiliar, pues esta encadenado a esta situación, una madre que se valla todo el día a la mina, de 6 a 6 y llegue de trabajar en la tarde, se da cuenta que lo que hizo en la mina no le alcanza para abastecer el consumo de los alimentos de la familia, llega como amargada, angustiada a la casa, a ver los niños aguantando hambre y que le ponen quejas (..) es una situación que tiene muchos matices, muy importante la condición en que nos encontramos las mujeres y sobre todo las mujeres del campo”47.

De manera general los miembros de la comunidad manifestaron la importancia de que esta problemática fuera analizada teniendo en cuenta el entorno social y cultural de las comunidades, el contexto de vulneración de derechos en que se encuentran y el grado de abandono estatal de la región. “En esto es importante analizar el contexto socio-cultural ya que las mujeres tienen que trabajar y dejan a las niñas solas, esto también genera maltrato intrafamiliar. 43

Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. Ibíd. 45 Las cifras nacionales (años 2001, 2002 y 2003) reportan proporciones muy similares, entre el 51% y el 55% de las víctimas de maltrato infantil son niñas. En: Violencias Cruzadas, p. 24. 46 Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. 47 Entrevista con una líder comunitaria de la zona del Alto Atrato, mayo de 2006. 44

Hay mucha agresividad de parte de los niños, eso lo hemos podido ver en el trabajo con ellos en la escuela”48. Preocupa a los educadores y educadoras y a quienes trabajan en sensibilización de las comunidades la poca receptividad de algunos padres y algunas madres y que existen prácticas culturales que están muy arraigadas en la comunidad y que pueden llegar a poner en riesgo a las niñas y jóvenes. Además, “el nivel de la comunicación es muy bajo entre las familias y las instituciones, no hay espacios de dialogo colectivo”49, lo cual dificulta la posibilidad de que las familias puedan apoyar a sus hijas e hijos en la solución de sus problemas y que exista un verdadero espacio de comunicación que propicie la denuncia de abusos sexuales.

3.

El aumento de pie de fuerza ha generado incremento de abuso sexual, embarazos a temprana edad, contagio de enfermedades de transmisión sexual y abandono de las jóvenes y niñas en estado de embarazo

En Quibdo y en otras zonas donde se acantonan las fuerzas militares como Bagadó, la Canal y San Marino las comunidades y las organizaciones sociales afirman que se ha aumentado la prostitución infantil, la drogadicción y el alcoholismo. Esto ha acarreado el resquebrajamiento de las relaciones familiares50.

“La drogadicción y la prostitución infantil han aumentado no solo aquí en Quibdo sino en todo el Chocó. Se ve mas fuerte cuando llega la fuerza pública. El alcoholismo es también muy grave en niños y jóvenes, eso conlleva al vandalismo y la prostitución”51. “¿Aquí en qué se divierte un muchacho? Aquí hubo droga, dicen que llegó con el ejército (…) de los muchachos que están prestando servicio”52.

Aunque el Gobierno Nacional señala que, gracias a la política de seguridad democrática, las condiciones de seguridad en el país han mejorado, se observa que las violencias, incluyendo la violencia sexual contra niñas, son más frecuentes donde la presencia militar es más fuerte53. Si bien esta violencia ha estado presente en el conflicto armado interno mucho antes del actual

48

Reunión con maestros y maestras y autoridades locales en la cabecera municipal, mayo de 2006. Ibíd.. Reunión con representantes de instituciones sociales, Quibdo, mayo de 2006. 51 Ibíd. 52 Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo 2006. 49 50

53

Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia: Enero 2003 - junio 2004, Bogotá,

Colombia, octubre de 2004, p. 6.

gobierno54, la militarización de la vida civil que, como consecuencia de la política de seguridad, han sufrido un sinnúmero de poblaciones, ha llevado a que las violencias se incrementen55. El camuflado, el celular, las motos y las armas son símbolos de poder que captan fuertemente la atención de los niños y niñas creando un imaginario de guerra. En el caso particular de las niñas y jóvenes resulta muy atractivo el hecho de que los miembros de la fuerza pública que permanecen en la zona son jóvenes, provenientes de otras regiones del país y con capacidad para darles algo que para ellas es limitado: recursos económicos y la posibilidad de salir hacia la ciudad. “Tengo varias jóvenes que tienen hijos de policías (…). El militar es el poder, a el si le pagan y el puede gastar; él compra el discman y tienen como sacarlas del hambre (…)”56, manifestó una de las religiosas que tiene trabajo con madres jóvenes.

“Las muchachas tienen relaciones cercanas con los combatientes (legales e ilegales), les gusta la protección y el uniforme, a las muchachas les gustan los regalos y la gaseosa que les dan los soldados. La problemática de embarazos tempranos tiene un fuerte componente cultural, es normal (…)”57.

En una de las reuniones con niños y niñas estas hablaron sobre las actividades lúdicas en las que participan los uniformados, “están en fiestas del colegio y acompañan actividades culturales”. Para ellas es común que las niñas se hagan novias de los soldados y los policías, y saben que hay casos de embarazos en los cuales los padres no responden y que estos luego son trasladados. Además, manifestaron que esto ha sucedido principalmente en niñas entre los 14 y 15 años58. De acuerdo con los testimonios de personas de la comunidad: “Hay mucha relación entre policía y población civil. Embarazan niñas de 12 a 14 años; hay niños pequeños sin padres; las niñas van a las guarniciones militares”59. “A veces en los bailaderos se ven a los uniformados con las jovencitas, pero yo si les digo que yo no bailo con ellos con armas o camuflado” 60. En la cabecera municipal las niñas se la pasan dentro de las garitas y por $ 2.500 y $5.000 tienen relaciones sexuales con los policías o los militares. Las formas de conquista, van desde el ofrecimiento de dinero hasta la compra de bienes como ropa, accesorios y celulares, entre otros61.

54 55

Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 2001: párr. 36. Coalición Colombia, Informe Comisión de verificación sobre la situación de niñas y niños en Arauca. Bogotá,

septiembre de 2004, p. 34. 56 Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. 57 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Misión al Alto Atrato Chocó, entrevista con un representante de la Diócesis, mayo de 2006. 58 Taller con niños y niñas de sexto grado, Alto Atrato, mayo de 2006. 59 Entrevista con un representante del Consejo Comunitario, mayo 7 de 2006. 60 Entrevista con madres comunitarias, Alto Atrato, mayo 9 de 2006. 61 Taller con niños y niñas de sexto grado en la cabecera municipal del Alto Atrato, mayo de 2006.

Al respecto, una de las religiosas que trabaja con niñas en la cabecera municipal del Alto Atrato señaló: “Las niñas llegan con cosas nuevas a las casas y habría que tener más control, más concientización por parte de los padres porque eso significa, por lo general, que se las han dado a cambio de relaciones sexuales. Aquí se realizan reuniones con los padres de familia, pero no se ven los resultados, no hay apoyo”62. Sobre el particular la Personería señaló que en San Pablo, donde hay una fuerte presencia guerrillera, se ve como las niñas quedan embarazadas a muy temprana edad o se prostituyen. En algunas zonas de Bagadó por ejemplo, los soldados empezaron a adaptar sus prendas para regalárselas a las jovencitas lo cual está prohibido por tratarse de prendas de uso privativo de la fuerza pública y las pone en riesgo63. También pudimos constatar que las niñas y jóvenes más bonitas son las que sufren mayor acoso y presión por parte de los miembros de los grupos armados. Según manifestó una de las trabajadoras sociales que trabaja en la zona “las mujeres se han ido enamoradas por los guerrilleros. Al interior de este grupo se encuentra que surgen problemas por tener las “mejores mujeres”, de las cuales quieren tener control los comandantes. En esos casos han matado guerrilleros para quitarles sus mujeres”64. La Personería regional manifestó preocupación por el aumento de la violencia sexual y los crímenes contra la libertad sexual, por el desplazamiento y también la crisis social65. Hay un alto número de embarazos en adolescentes por desintegración de la familia, algunas son madres cabeza de hogar66. Los abusos sexuales en contra de jóvenes y niñas afectan gravemente su salud física y mental, autoestima e integridad personal, y aumentan el número de embarazos a temprana edad y la proliferación de enfermedades de transmisión sexual. En otros casos, se presentan abortos mal practicados que generan secuelas de por vida en la salud de las adolescentes y las niñas. “Hay mucha práctica del aborto con hierbas naturales o las mandan a abortar a Pereira, las que pueden”67. Según nos contó una de las mujeres de la zona que conoce estás prácticas de aborto tradicionales, algunas de las tomas que hacen las jóvenes embarazadas genera infertilidad permanente.

4.

La crisis socioeconómica de las comunidades y el abandono estatal son unas de las principales causas de esta problemática

La pobreza tiene una relación estrecha con las diversas problemáticas de las comunidades del Alto Atrato y en especial con la violencia de género que 62

Reunión con maestros, maestra y autoridades locales en la cabecera municipal, Alto Atrato, mayo de 2006. Reunión con la Personería Regional, Quibdó, mayo 11 de 2006. 64 Entrevista con una trabajadora social del Alto Atrato, mayo 10 de 2006. 65 Reunión con la Personería Regional, Quibdó, mayo 11 de 2006. 66 Reunión con maestros, maestras y autoridades locales en la cabecera municipal, Alto Atrato, mayo de 2006. 67 Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. 63

enfrentan las niñas y jóvenes de la zona. De manera general los jóvenes encuentran muy limitadas sus posibilidades de estudio, trabajo y diversión. No encuentran opciones diferentes a prestar el servicio militar, vincularse a los grupos armados o, en el caso de las jóvenes, desplazarse a ciudades como Cali y Medellín para trabajar en servicio doméstico y en los casos más graves irse a “trabajar a España para buscar un mejor futuro”. “Aquí los jóvenes no tienen alternativas para nada, hay niñas que se están yendo a España y les dicen que para ser modelos, hay más niñas que están en lo de la prostitución y les mandan dinero a las familias” 68.

“Lo que está sucediendo con las jóvenes va en aumento y ha tenido como una de sus causas el conflicto armado ya que la gente no puede salir a sembrar sus cultivos de pancoger, es decir, se está en una línea permanente de empobrecimiento. En el caso de Bagadó, las niñas permanecen solas, porque sus madres deben estar trabajando en las minas, pero otro factor que influye es la moda”69.

El testimonio de una líder que desde hace más de 20 años trabaja por las comunidades del Alto Atrato, ilustra de manera clara dicha situación:

“Es aconsejable también mirar (…) la marginalidad y el abandono estatal en el que hemos estado sometidas las comunidades de esta zona y pues también mirar que la situación de resignamiento que hemos tenido se ve mas agravada con la situación de conflicto que se ha agudizado pues eso nos hace más vulnerables frente a la situación que tenemos. Necesita conocerse un poco más cuál es la verdadera problemática que tenemos las mujeres chocoanas y más las mujeres chocoanas negras empobrecidas” 70.

Las precarias condiciones socioeconómicas obligan a las jóvenes a buscar otras alternativas con el objeto de garantizar su sustento diario y el de sus familias. En otros casos, la carencia de posibilidades de proveerse de ropa, enceres u otros bienes que para ellas representan culturalmente elementos importantes, las lleva a aceptar regalos a cambio de relaciones sexuales. Durante el recorrido por el Alto Atrato observamos como los y las jóvenes encuentran en el aspecto físico un elemento importante que define cierto estatus dentro de su grupo social. Para muchos de ellos es muy importante poder vestirse y verse bien, y tener objetos que dentro de cierto contexto social representan poder, tales como los discman y los celulares.

68

Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. Reunión con representantes de instituciones sociales, Quibdo, mayo de 2006. 70 Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006. 69

En muchos casos las jóvenes se ennovian con los miembros de los grupos armados que participan en las hostilidades o con los trabajadores de las retroexcavadoras con el objeto de tener cierto estatus social, como medio de obtener un respaldo económico o por presión o amenazas. En todas las situaciones descritas muchas veces las jóvenes actúan presionadas por su situación de empobrecimiento o porque no tienen otras alternativas. Todo lo anterior genera en el imaginario social aceptación de dichas situaciones y una percepción de normalidad que paulatinamente “legaliza” dichos actos de discriminación y violencia de género en perjuicio de las niñas y las adolescentes. Así, el control territorial de los actores armados que toman parte en las hostilidades se extiende al terreno de lo corporal, del control de los cuerpos y las vidas de las jóvenes y niñas arraigando la dinámica de guerra en las comunidades.

5.

La violencia de género contra las niñas y las jóvenes constituye un fenómeno complejo que debe analizarse más allá del campo penal

De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional existen conductas que pueden catalogarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad y que tienen una connotación sexual. Tal es el caso de la violación, la desnudez y los embarazos forzados, la explotación sexual y la trata de personas entre otros crímenes. Algunas de las conductas descritas anteriormente están tipificadas como delitos en la legislación penal colombiana y afectan gravemente a las niñas y jóvenes víctimas de estas conductas, independientemente de su edad o condición social. Tal es el caso de la violación, el abuso y la explotación sexuales y la trata de personas entre otros delitos, las cuales pueden tener como sujeto pasivo a mujeres y niñas sin distinción de edad. Otras, requieren de un sujeto pasivo calificado como por ejemplo ser menor de 14 años, como sucede en el caso del estupro. Si bien algunas de las situaciones de preocupación descritas en este capítulo podrían a simple vista parecer no constitutivas de delito, pueden tratarse de situaciones de abuso encubiertas por una apariencia de legalidad. Situaciones de violencia de género pueden aparecer como noviazgos socialmente aceptados o prostitución, ambas conductas que quedarían por fuera de la legislación penal. Es importante enfatizar que en ambos casos, en el de las conductas que no requieren de un sujeto pasivo calificado y en el de aquellas que se cometen contra menores de 14 años, cometidas en contra de jóvenes y niñas en el Alto Atrato, la situación socio económica y de pobreza es la misma. Los actores armados que toman parte en las hostilidades se valen de dicha situación de precariedad económica y empobrecimiento para obtener un beneficio sexual sin importarles la suerte de la adolescente que queda embarazada o infectada

de VIH y las consecuencias que dichas relaciones sexuales tienen para su entorno familiar y sicosocial. Así, es importante salir del ámbito penal e ir más allá para lograra establecer una protección amplia para las niñas y jóvenes afectadas por causa de situaciones de marginalidad y cuya vulnerabilidad aumenta considerablemente en razón del conflicto armado. Es necesario pararse en el contexto socio cultural de estas adolescentes y niñas para poder establecer la múltiple afectación de sus derechos humanos y de su estado emocional y así comprender el efecto que esta violencia tácita tienen en su proyecto de vida.

5.

La respuesta estatal es insuficiente

La situación de las jóvenes y las niñas del Alto Atrato es preocupante así como también el hecho de que esto está sucediendo de manera sistemática y generalizada bajo las miradas de las autoridades públicas e incluso, en algunas oportunidades, con su aquiescencia o participación. La situación se ha convertido en un círculo vicioso que cobra cada vez más víctimas, y no se vislumbran soluciones claras al respecto. Las autoridades estatales con las que nos entrevistamos durante la misión, Defensoría Regional, Personería y Alcaldía de la cabecera municipal, manifestaron preocupación por la situación de las niñas y jóvenes tanto en Quibdo como a lo largo de las comunidades de la región. Sin embargo, al hablar de las acciones, programas y recursos para contrarrestar dicha problemática las respuestas fueron coincidentes: se ha tratado de hablar en varias oportunidades con la fuerza pública para detener la toma de escuelas o el abuso sexual pero las denuncias persisten; se estaba desarrollando un programa de manera conjunta con la defensoría del pueblo con mujeres dedicadas a la prostitución y “en medicina legal les venían haciendo exámenes pero les dijeron que se necesitaba autorización de las defensorías de familia y eso se ha vuelto un problema, un obstáculo que ha dificultado el trabajo71; hemos tratado de realizar actividades con jóvenes pero nuestro presupuesto anual es demasiado bajo para hacerlo; no hay centros adecuados para la recepción de menores infractores y nos toca enviarlos fuera de Quibdo72. En nuestra reunión con el Director Zonal del ICBF este manifestó:

“Las principales problemáticas se relacionan con la explotación sexual, niños y niñas trabajadores, pandillas juveniles. En esta materia la coordinación de acciones para contrarrestar el impacto de estas problemáticas ha carecido de liderazgo, situación que ha acentuado la respuesta incipiente de las entidades estatales responsables de dichas situaciones. En el caso de la explotación 71 72

Reunión con la Defensoría regional, Quibdó, mayo 11 de 2006. Reunión con la Personería, Quibdó, mayo 11 de 2006.

sexual (…) En estos casos la intervención se traduce en trabajos psicosociales y exámenes médicos legistas (…) En el caso de las niñas, se adelantan programas dirigidos a niñas embarazadas a temprana edad y madres sustitutas”73.

Según lo señalado por algunos líderes que trabajan en la zona, las intervenciones estatales se caracterizan por un desconocimiento cultural ya que las medidas se construyen aisladamente y no hay respuesta concertadora frente a las observaciones de las comunidades. “Es la región en donde más se desconoce la perspectiva étnica, siendo un departamento por excelencia étnico”74. A partir de que las unidades móviles han detectado una clara problemática de embarazo temprano y de reclutamiento de jóvenes, se han adelantado campañas educativas en las escuelas con la participación de padres y madres. En estas campañas se ha trabajado el consumo de psicoactivos y salud sexual. Esta falta de programas de prevención y atención de la violencia contra las niñas y las jóvenes podría comprometer la responsabilidad del Estado por violación y desconocimiento de la obligación de prevención y la de garantizar recursos adecuados y efectivos para prevenir las violaciones de los derechos humanos. Un importante desarrollo en este sentido se encuentra en la jurisprudencia de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha aceptado como fundamento de responsabilidad internacional, la falta de diligencia de los Estados en la prevención de la violencia de género con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana75 y la Convención de Belem Do Para.

7.

Conclusiones

La violencia y discriminación contra las niñas y adolescentes tiene un impacto dramático en su mundo emocional, individual, relacional y social. Además, ponen en riesgo su derecho a la vida, a la integridad personal y limitan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos así como a gozar de una vida libre de violencia. La violencia de género ha sufrido un aumento considerable por causa del conflicto armado en el Chocó. En el Alto Atrato las jóvenes y las niñas continúan siendo víctimas principales de violación y otros abusos sexuales.

73

Entrevista con el Director Zonal del ICBF en Quibdo, 12 de mayo de 2006. Entrevista con una organización que trabaja en la zona del Alto Atrato, mayo de 2006. 75 Red Nacional de Mujeres, Violencias Cruzadas, Informe Derechos de las Mujeres, Colombia 2005, p 25. 74

La militarización del territorio ha traído como consecuencia para las comunidades el incremento de explotación sexual y violencia de género. Además, ha sido uno de los factores que ha permitido el ingreso de sustancias sicoactivas y ha propiciado el consumo de las mismas entre los niños y niñas. Las jóvenes y niñas que entablan relaciones con policías o militares en la mayoría de los casos quedan embarazadas y son abandonadas, generándose un aumento del número de hogares compuestos por mujeres cabeza de hogar o la proliferación de la práctica de abortos. Por todo lo anterior es necesario un esfuerzo decidido para comprender las especificidades que en el conflicto aumentan la vulnerabilidad de las niñas, para evitar un empeoramiento de condiciones históricas de desventaja relativas al género, avanzar en el ejercicio de realizar los derechos de las niñas y prevenir el daño psicosocial que entraña la violación de los mismos76.

76

Fundación Dos Mundos, Editorial de la revista “Razones y Emociones” No. 13, Julio – Agosto de 2004.

Capítulo IV

Recomendaciones

Al Estado Colombiano:

1.

Retomando las recomendaciones del Relator Especial se recomienda al estado “adoptar medidas urgentes y prioritarias, con los recursos presupuestarios correspondientes, para atenuar y acabar con la precariedad económica y social de las comunidades más vulnerables a la violencia política, por ejemplo en las esferas de la vivienda, la salud, la educación y el empleo”77.

2.

Que el estado conmine a las autoridades locales a permanecer en su jurisdicción y a garantizar los servicios básicos a las comunidades, especialmente la salud, la educación y la alimentación, y garantizar la pronta atención a los desplazados.

3.

De manera general, el Gobierno debería asociar a las comunidades correspondientes en la elaboración de proyectos de desarrollo y la adopción de las decisiones que los afecten. Se ha de asegurar su efectiva

77

Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su visita a Colombia, párr. 51.b.

participación en las instituciones responsables de las cuestiones de las comunidades como la Comisión Consultiva sobre la población afrocolombiana y la Comisión interinstitucional sobre los derechos humanos de los Indígenas78. 4.

Se requiere educación de las familias y los niños en: salud sexual y reproductiva; riesgos por la presencia de los grupos combatientes, que haya trabajo permanente con los niños y niñas79.

5.

Que los miembros de la Fuerza Pública y los funcionarios del Estado se abstengan de hacer señalamientos indiscriminados a campesinos afrodescendientes e indígenas de ser colaboradores de la guerrilla sólo por el hecho de vivir en territorios donde los grupos insurgentes hacen presencia. Que no utilicen los bienes de las comunidades ni los medios de transporte de los civiles y no obliguen o insistan a la población a prestarles alguna clase de servicios80.

6.

Que la fuerza pública se abstenga de ocupar y atacar bienes civiles indispensables para la protección y estabilidad de las comunidades en especial las escuelas y centros de atención infantil donde confluyen diariamente un alto número de niños, niñas y jóvenes.

7.

Se abstenga de fomentar la participación de niños en actividades militares, entre otras cosas poniendo fin a las visitas escolares de estudio a bases militares o a la celebración de actos militares en escuelas, ya que esa utilización, habida cuenta del actual conflicto interno, compromete el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y pone a la infancia en peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales81.

8.

Crear alternativas para incentivar a los y las jóvenes, espacios artísticos y lúdicos que les permitan aumentar su creatividad.

9.

Garantizar un mayor control sobre las tropas apostadas dentro de las comunidades y aquellas que transitan en la zona para prevenir la violencia sexual.

10. Investigar los hechos de violencia sexual y sancionar a los responsables. 11. Garantizar la atención psicosocial necesaria a las víctimas del conflicto armado en especial a los niños, niñas y jóvenes. “Como nosotros muchas veces tenemos el miedo, sería bueno que personas de fuera vinieran a darles esos aportes a la gente. Al no haber otra persona que haga eso y los profesores oculten el miedo, pueden hacer charlas, juegos. No es fácil llegar al momento”. 78

Ibíd., párr. 51.h. Reunión con maestros, maestras y autoridades locales en la cabecera municipal, Alto Atrato. 80 Informe misión humanitaria al Alto Atrato, del 27 al 30 de mayo http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/atrato1.html, fecha de consulta octubre 25 de 2006. 81 ob.cit. Comité de los Derechos del Niño, párr. 77.j. 79

de

2003,

en:

A los grupos armados que toman parte en las hostilidades:

12. Que respete las normas del Derecho Internacional Humanitario que protegen a la población civil y no acampen en cercanías a las comunidades, poniendo en riesgo a las comunidades. 13. Que se abstengan de hacer señalamientos indiscriminados a campesinos afrodescendientes e indígenas como colaboradores del Ejército y/o de los paramilitares. Que no utilicen los bienes de las comunidades ni los medios de transporte de los civiles y no obliguen o insistan a la población a prestarles alguna clase de servicios. 14. Se abstengan de ocupar y atacar escuelas, centros de atención infatil y otros bienes civiles necesarios para la protección y subsistencia de las comunidades. 15. Se abstengan de vincular niños, niñas y jóvenes menores de 18 años a sus filas y de utilizarlos en labores de acarreo, inteligencia y similares que pongan en riesgo su integridad personal. 16. Se abstengan de cometer actos de violencia sexual en contra de las niñas y jóvenes y de vincularlas al conflicto armado.

A las organizaciones de la sociedad civil:

17. Sensibilizar a la población infantil y juvenil frente a su papel en las problemáticas del conflicto armado: la construcción de la metodología de trabajo deben ser mancomunada con los miembros de las comunidades. 18. Sensibilizar en DDHH y DIH a las y los jóvenes líderes y a las organizaciones juveniles. 19. Motivar a los jóvenes para que tengan otras opciones, hablar con los mismos jóvenes para que propongan sus propios proyectos, esto requiere asesoría82. “Es importante incidir para que en Bagadó se hable de ciertos temas periódicamente, hacer charlas sobre diferentes temas, que se hable de los derechos humanos y las violaciones, la corrupción … La gente va a decir

82

Entrevista con la Directora de una institución educativa en el Alto Atrato, mayo de 2006.

que no le han violado los derechos y si ha pasado, la gente no sostiene esas cosas”. 20. Se preste asesoría a las organizaciones étnicas territoriales, con miras a promover el desarrollo comunitario y la incidencia política.