Institucionalidad paralela y cambio económico: las rondas campesinas en Carabaya, Puno, frente a los retos de la inauguración de la carretera interoceánica.

Jorge Morel Salman Instituto de Estudios Peruanos Resumen Esta ponencia busca comprender las alternativas de desarrollo de la provincia de Carabaya, en la región altiplánico-amazónica de Puno, ante la reciente aparición de potencialidades económicas asociadas a la inauguración de la carretera interoceánica. La concesión de dicha carretera expone a la provincia a un proceso de modernización que, pese a su eventual gran intensidad, no garantiza superar el aislamiento económico de Carabaya dada la ausencia de capacidades endógenas para insertarse en el mercado. Para ello se presta atención a las rondas campesinas de Carabaya, protagónicas por ser el principal referente de la acción colectiva en dicha provincia, supliendo funciones que el Estado cumplía deficitariamente en un contexto de pobreza, ruralidad y desigualdad respecto a otras provincias de la región. El texto sugiere un acercamiento a la geografía tanto del territorio como del movimiento social que conforman las rondas campesinas. Tras ello, identificamos a las rondas como una organización con formas de gobernanza interna cerradas y de crecientes tintes indigenistas. Se propone un abordaje de desarrollo territorial local que prime la articulación vial como principal estrategia para subvertir la falta de capacidades endógenas de desarrollo en la provincia. El contexto del debate sobre el crecimiento en el Perú contemporáneo El Perú viene experimentando, desde hace algunos años, un crecimiento económico constante que ha dinamizado la economía de muchas zonas del país. Tras la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori en 2000 y el fin de la crisis económica de fines de la década de los noventa en 2003, el país ha tenido tasas notables de crecimiento económico sobre la base de una economía de libre mercado basada, principalmente, en la atracción a la inversión extranjera. Esta dinamización, no obstante, se ha dado en aquellos distritos del país que tradicionalmente siempre han contado con ventajas comparativas para aprovechar oleadas de crecimiento e inversión extranjera (Barrantes, Cuenca, Morel: 2012). En líneas generales, un proceso de modernización constante ha ocurrido en las principales ciudades de la zona costera del país (tradicionalmente más desarrollados) así como en las ciudades andinas mas importantes (Arequipa y Cusco, principalmente). Es así como, desde mediados de la década pasada, los problemas asociados a las crisis institucionales y económicas (recurrentes en la historia 1

peruana) empiezan a ser asumidos como superados por las elites nacionales; las cuales asumen como prioritario un nuevo problema: los efectos del crecimiento económico en la profundización de la inequidad. Este fenómeno tuvo un correlato dramático en la elección presidencial de 2006 en donde el país se polarizó en torno a la propuesta “rupturista” del entonces candidato Ollanta Humala, quien abogaba por una reformulación del modelo económico a favor de posturas nacionalistas basadas en un mayor protagonismo del Estado en la economía nacional. El apoyo electoral de Humala descansó principalmente en las zonas andinas y amazónicas del país, donde ganó con contundencia frente a la propuesta “continuista” del candidato Alan García. En los últimos años se detecta un creciente interés –tanto político como académico- por estudiar territorios rezagados, con dificultades para insertarse dentro de la dinámica de crecimiento económico del país. Particular atención han cobrado aquellos territorios y poblaciones que combinan aislamiento geográfico –medido principalmente por su falta de articulación al sistema vial del país- con presencia de recursos naturales explotables (como minas o petróleo). Asimismo, se presencia un importante interés por conocer las dinámicas sociales de poblaciones indígenas (particularmente amazónicas) tradicionalmente las más aisladas y con los menores índices de desarrollo humano. Si bien casos de uno u otro tipo abundan, existen pocas regiones que combinen todos estos factores. Una de ellas es la región Puno, al sur del Perú, y en concreto la provincia de Carabaya, al norte de la misma.

La región Puno La región Puno se ubica en el extremo sur del Perú, coincidente en su totalidad con la frontera con Bolivia. Tiene una población ligeramente superior a 1’350,000 habitantes, de los cuales casi un cuarto vive en las dos mayores ciudades (Puno, capital política, y Juliaca, centro económico). Dada su ubicación, la región es centro de convivencia de poblaciones de origen quechua y aymara (siendo la única región peruana con presencia aymara importante), así como mestiza. Su geografía combina algunos de los centros poblados de mayor altura del país, así como una extensa zona de selva en las provincias del norte. Si bien la región Puno, tal cual hoy la conocemos, siempre combinó zonas altiplánicas y selváticas, sólo es a fines del siglo XX cuando su “naturaleza amazónica” es redescubierta, como veremos más adelante. En las ciencias sociales peruanas, la región Puno despertó inicialmente el interés académico en torno a la movilización y los conflictos por la tierra desde fines del siglo XIX (disputa que enfrentó a hacendados y comunidades campesinas). Más recientemente las disputas entre diversas facciones de la izquierda política en los años ochenta por la preminencia en la región, la estrategia fallida del movimiento maoísta Sendero Luminoso de internarse en Puno durante el conflicto armado interno (1980-2000) y el papel protagónico del sector izquierdista de la Iglesia Católica han dado luces sobre cierta “tradición radical” que convirtió a la región en un gran bolsón político para los diversos proyectos políticos de la izquierda peruana (Rodríguez 2

1992, Rénique 2004). Más recientemente, los casos de ajusticiamiento contra una autoridad local en la provincia de Ilave en 2004 abrieron una nueva agenda de debate sobre los límites de la institucionalidad formal y la justicia ordinaria (Vilas 2007, Pajuelo 2009). Estos estudios, sin embargo, han prestado interés básicamente a las zonas centro y sur de la región. Ello se debe, en parte, a que el aislamiento vial de las provincias del norte de la región llevó a que los principales procesos sociales y políticos ocurran en el “heartland” regional alrededor de Puno y Juliaca.

Mapa 1: Ubicación de la región Puno, la provincia de Carabaya y sus distritos

Elaboración: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2007)

En términos económicos, también se detecta un notorio aislamiento de las provincias del norte. Puno ha tenido generalmente tres corredores de importancia: uno hacia la frontera con Bolivia (ciudad de Desaguadero), otro hacia la costa peruana (Ilo y Arequipa) y otro, muy estudiado, hacia la ciudad de Cusco1. Estos tres corredores han imbricado principalmente las relaciones sociales y económicas de las provincias del centro y sur de la región (Pajuelo, 2009), profundizando así la imagen andino-altiplánica de Puno, que bien dibujaba su sistema vial hasta fines de los noventa. La economía regional es mixta, primando las relaciones 1

El corredor Puno-Cusco ha sido protagónico de una experiencia de desarrollo territorial muy conocida, implementada por el Ministerio de Agricultura con apoyo de FIDA desde 2001 a 2007. Resultados tangibles – como la mejora de la productividad de las unidades familiares-empresariales, así como un aumento de los ahorros de estas familias- han llevado a reconocer unánimemente la buena metodología en que se basó el Programa.

3

comerciales (en muchos casos informales) en los centros urbanos mayores, y la economía de subsistencia – principalmente ganadera- en las zonas rurales. La minería informal también tiene presencia en la región: el caso más conocido es el de la minería en torno al centro poblado “La Rinconada” en la provincia de Putina, cercana a la frontera con Bolivia. Las condiciones precarias en las que se lleva a cabo la explotación aurífera han conllevado a la contaminación con mercurio de varios ríos aledaños, entre ellos el río Ramis que recorre varios distritos de la región.

La carretera interocéanica, Carabaya y las rondas campesinas El reciente asfaltado (y construcción por tramos) de la carretera interocéanica –que une la red de carreteras de Brasil con las principales ciudades del sur peruano- ha alterado radicalmente la imagen de Puno como región principalmente altiplánica. Es así como en los últimos años los líderes regionales puneños han empezado a ver a la “selva” como una gran alternativa de desarrollo, capaz de proveer de recursos –principalmente alimentos- al resto de la región. Este quizás sea el caso más reciente de “reconstrucción identitaria” de un territorio regional en el Perú: hasta hace muy pocos años, la selva de Puno era vista como un territorio agreste y sin mayores posibilidades de explotación, visión compartida tanto por sus elites políticas como por sus pobladores. Hoy por hoy, se le considera un potencial nuevo corredor económico, esta vez en las provincias del norte, que une en pocas horas a los principales centros urbanos regionales (Juliaca y Puno) con la selva peruana y brasileña. En ese sentido, La Interocéanica – como suele llamársele- se ha convertido en uno de los bienes públicos más valorado entre la población de Puno. La carretera interoceánica fue construida sobre la base del modelo de asociación públicaprivada, sobre el que desde hace unos años descansa la construcción de infraestructura en el país. En concreto, el tramo Azángaro-Puente Inambari (graficado en el mapa 2) corresponde al tramo 4 de dicha carretera, cofinanciado por el Estado y concesionado en 2005 por 25 años a la empresa brasileña Intersur. El mismo transcurre por las provincias de Azángaro y Carabaya y requería de un asfaltado total de 305 kilómetros. (Urrunaga y Bonifaz, 2008) La Interoceánica ha sido históricamente un proyecto de conexión interregional que ha tenido entre sus principales promotores a líderes regionales puneños (Llosa: 2002) El reclamo por la misma escaló violentamente en 2001 cuando el gobierno de Alejandro Toledo convocó a una licitación para la construcción de la carretera cuyo tramo pasaba por Cusco y no por Puno. Finalmente, por presión de ambas regiones, el gobierno apostó por ambos tramos, graficados en el mapa 2.

Mapa 2. Carretera Interoceánica (variantes por Puno y Cusco)

4

Elaborado por: LABOR (2008)

La provincia de Carabaya, por cuyo territorio transcurre buena parte de la carretera dentro de Puno, destaca entre las provincias de la región por su bajo nivel de “densidad estatal”. En buena medida ello se explica por su geografía montañosa, muy diferenciada de la meseta que recorre el centro de la región. La provincia, la más grande de Puno, cuenta con un territorio dividido en una zona sur altiplánica, fundamentalmente dedicada a la ganadería de alpaca, y una zona norte de selva con una economía centrada en la minería aurífera informal (Glave y Pinedo: 1997), la tala maderera y el cultivo de la coca. Su capital, Macusani, es una ciudad de más de diez mil habitantes que mantiene fuertes vínculos (tanto comerciales como de identidad territorial) con los distritos rurales que conforman la provincia. Macusani es el gran centro de acopio de la producción alpaquera de la provincia, a tal punto de llevar el ostentoso título de “Capital alpaquera del mundo”. Su conexión vial interna y respecto al resto de la región fue tradicionalmente muy pobre (hasta hace pocos años, sólo algunas empresas de transporte brindaban el trayecto entre Macusani –capital provincial- y Juliaca). Ello explica que la presencia estatal haya sido también tradicionalmente mínima: generalmente constaba del gobierno local, la policía, el juez de paz y algún funcionario del Ministerio de Agricultura (este último como rezago de la burocracia formada por la reforma agraria en los setenta). Según atestigua Arenas (2010), en 2008 sólo se encontraban policías en la capital distrital Macusani y sus miembros no excedía la veintena (para una población de más de diez mil habitantes). En términos políticos también se denota 5

un vacío de la política local, con poco protagonismo tanto de partidos como de organizaciones sociales o asociaciones campesinas. Esta situación de aislamiento se condice bien con el nivel de desarrollo humano de la provincia: Carabaya es la segunda más pobre de la región con un 76.6% de pobreza (INEI-UNFPA: 2010)2. No obstante, dentro de este panorama de ausencias, una “institucionalidad paralela” se fue gestando en la provincia desde los noventa: la aparición de “rondas campesinas”, agrupaciones de campesinos que proveían de seguridad a los ciudadanos ante la ausencia de cuerpos policiales. Iniciadas en el distrito de Corani, al oeste de la provincia, y a imitación de las rondas en la provincia de Quispicanchis en Cusco, el modelo fue rápidamente asumido en el distrito capital Macusani y en el distrito este de Crucero. Actualmente, todos los distritos de la provincia cuentan con un cuerpo propio de rondas campesinas; el último en incorporarlos fue el distrito amazónico de San Gabán. Su contribución para el desarrollo en la provincia es unánimemente reconocida por la población, dados sus éxitos en la reducción del abigeato y la delincuencia común (Arenas: 2010, p 59). Asimismo, en la década de los noventa, las rondas campesinas fueron convocadas por el Estado para formar “comités de autodefensa” contra la amenaza de Sendero Luminoso, para lo cual fueron armadas por el Ejército. Una vez que Sendero es derrotado sustancialmente a mediados de los noventa, las rondas deciden retornar a su naturaleza civil y abandonar el rol de comités. Es en ese contexto, a comienzos de la década del 2000, que el rol de las rondas trascendió su objetivo inicial en torno a la seguridad para convertirse en el principal “grupo de choque” de las demandas de la provincia. Así, sin descuidar su rol en la seguridad provincial, han sido protagónicos en una serie de temas de interés para los campesinos carabaynos, temas que han aparecido como producto de una incipiente modernización ocurrida en los últimos años. En primer lugar, han sido protagonistas principales en la demanda por réditos a la empresa brasilera Intersur que construyó -y ahora administra- la carretera. El 14 de abril de 2008, las rondas campesinas de Macusani invadieron el local de la empresa INTERSUR y exigieron ser beneficiarios exclusivos en la contratación de trabajadores para la construcción de la carretera, pedido que fue eventualmente aceptado. Más recientemente, en agosto de 2011, ronderos asaltaron el puesto de cobro de peaje en Macusani y reclamaron por un supuesto costo excesivo del peaje para los carabaynos, protesta que se repitió a fines de 2011. La relación rentista que vienen desarrollando las rondas respecto a la empresa Intersur habla de una vieja forma de relacionamiento con actores privados y estatales, común en muchas localidades de los Andes Peruanos. En segundo lugar, las rondas han sido muy activas en causas medioambientales: fueron parte fundamental de las protestas contra el proyecto hidroenergético de Inambari (actualmente suspendido) y en la expulsión de la minería de uranio de la zona altiplánica de la provincia. El proyecto hidroenergético de Inambari implica la construcción de una represa, que –de 2

Es superado en porcentaje por la provincia de Moho, al este de la región, la que no obstante tiene tres veces menos población que Carabaya.

6

concretarse- podría convertirse en la quinta más importante de Sudamérica. Las rondas han sido tajantes en su oposición a la misma por preocupaciones medioambientales. El proyecto hidroenergético de Inambari es objeto de gran polémica en la región por los altos costos ambientales que, según algunos, implica (principalmente el hundimiento de cientos de hectáreas de terreno, incluyendo centros poblados menores y una parte de la carretera interoceánica). La cancelación de la concesión temporal otorgada a la empresa EGASUR fue producto de las protestas de mediados de 2011, en plena campaña electoral de segunda vuelta, en las que colectividades de la región Puno pidieron que la misma sea declarada “región libre de minería”. La cancelación fue acordada por el Viceministro de Energía y los alcaldes y representantes de los distritos de Carabaya, donde las rondas campesinas son protagónicas3. Del mismo modo, diversas empresas extranjeras mostraron interés en los últimos años por hacer labores de exploración y explotación de uranio en la provincia (mineral cuya presencia es cuantiosa, a decir de algunas actividades de exploración). Pese a charlas aclaratorias por parte de las empresas interesadas, las rondas movilizaron a la población en contra del asentamiento de estos proyectos mineros al considerarlos eventualmente dañinos para la ecología de la provincia. Es así que sólo empresas de mediano tamaño, como la canadiense IRL y la estadounidense Bear Creek– han logrado instalarse en la provincia para hacer trabajos de exploración de oro, por un lado, y cobre, plata y zinc, por otro. Para ello, IRL ha suscrito un acuerdo con los pobladores del distrito de Ollachea, según el cual la comunidad campesina distrital contará con el 5% de la participación en el proyecto aurífero Kuri Kullu. Por su parte, Bear Creek está intentando trabajar sus lazos comunitarios a través del potenciamiento del comercio de alpaca, principal actividad económica de la región. Finalmente, en tercer lugar, las rondas han cumplido un papel fiscalizador de las instituciones estatales, convocando a reuniones periódicas a los sectores Educación y Salud para establecer procesos participativos y de rendición de cuentas sectoriales4. Asimismo, han vigorizado su participación en la administración de justicia, no sólo a través de la imposición de sanciones contra los abigeos (generalmente castigos físicos, no contemplados en la legislación penal nacional), sino también en la resolución de controversias de corte civil (disputas sobre la propiedad) e incluso familiar. Estas atribuciones fueron reconocidas legalmente a través de la Ley de Rondas Campesinas, aprobada en 2003 durante la gestión de Alejandro Toledo como presidente. 3

Es interesante notar cómo el conflicto por el proyecto Inambari reflejó la existencia de dos lógicas dentro de la provincia. La primera, vinculada al grupo colono asentado en las zonas amazónicas de Carabaya, valoró positivamente el proyecto por su capacidad para generarles rentas personales. La segunda, vinculada a los campesinos de la zona altoandina, veía al proyecto como una amenaza a la carretera interocéanica, su bien público más preciado, y con ello a su articulación con la selva de la provincia. 4

Una revisión inicial de este tipo de actividades impulsadas por las rondas fue hecha por el SER en el marco de los proyectos del libro “Participación ciudadana y democracia: perspectivas criticas y análisis de experiencias locales”. Véase: Zárate (2005)

7

La conformación de una coalición política favorable al desarrollo Este particular proceso de dominación de un grupo en la vida política, económica y social de la provincia, en un contexto de aislamiento y postración económica, ha llevado al norte de la región a presentar una dinámica muy en la línea de lo planteado por Shejtman y Berdegué (2004) como un territorio “tipo III”: presencia de una fuerte identidad comunitaria que genera cierta institucionalidad pero que no está acompañada de capacidades económicas endógenas que permitan la superación de la pobreza. No obstante, a la vez que graficamos una “geografía del territorio” debemos también, en la línea de lo sugerido por Bebbington, Abramovay y Chiriboga (2008), dibujar una geografía del movimiento social en ciernes (en este caso, las rondas campesinas). Los autores proponen un esquema de acercamiento al movimiento social basado en cuatro ejes, esbozados en la tabla 1. Tabla 1. Geografía del movimiento (Bebbington, Abramovay y Chiriboga 2008) Identidades “modernas” (énfasis en la relación individuo-sociedad)

Identidades comunitarias fuertes “tradicionales”

Estructuras de gobernanza abiertas

Tipo A: mejores condiciones para el DTR

Tipo C: abiertos al DTR si respetan identidades locales.

Estructuras de gobernanza cerradas

Tipo B: abiertos al DTR pero con menores capacidades para establecer alianzas.

Tipo D: mayores dificultades para el DTR

Elaboración propia

Según esto, habría dos ejes a considerar: primero, si el movimiento se basa en identidades tradicionales-comunitarias o si lo hace sobre identidades que enfatizan la relación individuosociedad; segundo, si el movimiento tiene una estructura de gobernanza interna abierta o cerrada. Dentro de estos ejes se forman cuatro categorías. Primero, la de movimientos “modernos” con estructuras abiertas; los que serían en principio más proclives hacia fórmulas de desarrollo territorial que enfaticen la articulación hacia el mercado. Todo lo contrario, los movimientos “tradicionales” con estructuras cerradas serían los más renuentes a involucrarse a este tipo de estrategias. Dos categorías mixtas complementan este cuadro: primero, los que combinan identidades modernas con estructuras de gobierno cerradas (proclives a insertarse en estrategias de DTR pero con incapacidad para formular alianzas con otros actores); y 8

segundo, los que combinan identidades tradicionales con estructuras de gobierno abiertas (también proclives al DTR pero con fuertes condicionamientos sobre el respeto a la identidad local). ¿En qué categoría calzan las rondas campesinas de Carabaya? Creemos que la respuesta no es contundente si lo abordamos desde un punto de vista dinámico. Efectivamente hasta comienzos de la década del 2000, las rondas parecieran un típico movimiento de tipo B. Así, su objetivo inicial era brindar seguridad a las comunidades donde el Estado no la garantizaba adecuadamente. El movimiento, en ese sentido, no tenía ninguna pretensión identitaria de corte quechua. Asimismo, presentan una estructura de gobernanza interna bastante cerrada: su organización rememora el de una milicia (hecho notorio en el uso de uniformes, realización de marchas, etc.) con estrictos esquemas de ingreso y de vigilancia en el cumplimiento de sus funciones. No obstante, en los últimos años, se denota una “deriva indigenista” entre los liderazgos del movimiento. Ello se explica por dos razones. En primer lugar, por la presencia de una pequeña pero sólida “intelectualidad local indigenista”, muchos de ellos graduados de programas de estudio para indígenas en el extranjero. Estos liderazgos han estado muy atentos a la experiencia boliviana, referente más cercano. En segundo lugar, la deriva indigenista se explica por las pretensiones de la población de utilizar el mecanismo consultivo amparado en la recientemente aprobada “Ley de Consulta Previa”, según la cual cualquier actividad extractiva debe ser consultada a la población local en caso se halle en zonas de presencia mayoritariamente indígena. En otras palabras, el Estado habría abierto una “estructura de oportunidad” –en la línea de los trabajos de Tarrow (1998) y Tilly (1978)- asociada a la referida ley, que estaría llevando a las rondas campesinas a explotar una identidad étnica que no estuvo en la base de sus preocupaciones cuando se formó el movimiento. Tanaka (2012) en un trabajo para RIMISP llamaba la atención sobre la importancia de la actuación estatal para abrir o cerrar “ventanas de oportunidades” a los movimientos sociales que los lleve a adoptar (o a rechazar) determinadas estrategias de desarrollo territorial. Dentro de este esquema, el autor elabora una primera conceptualización sobre la formación de coaliciones políticas en territorios rurales. Para el autor, dicha conformación pasa por tres aspectos: primero, por el tipo de actores que la estructura social de un determinado territorio genera (estructura que se desprende a su vez del tipo de actividades productivas del territorio). Así, serán distintos los actores en territorios dominados por grandes haciendas, en territorios donde predomine la atomización de la tierra o donde se halle una burguesía comercial poderosa. En segundo lugar, para la constitución de una coalición política importan los condicionantes que afronta la acción colectiva de los actores: en escenarios de pobreza, la acción colectiva es más difícil por lo que generalmente son actores extralocales, con legítimas agendas políticas, quienes suplen estas funciones. A ello hay que unir los factores identitarios –étnicos, principalmente- que otorgan los discursos a la organización. En tercer lugar, importan los factores contextuales vinculados a las oportunidades que brindan el Estado y el 9

sistema político para que ciertas posiciones de políticas públicas ganen preminencia sobre otras. Sobre la base de estos elementos, Tanaka señala que se encuentran dos tipos de estrategias para afrontar el desarrollo: en primer lugar, aquellas “desde dentro” del territorio que, si bien tienen la ventaja de conocer las actividades productivas locales a fondo, suelen repetir viejas estrategias productivas que han estado en la base de su situación de postración, así como descansan en prácticas sociales que no problematizan las desigualdades legitimadas localmente (por ejemplo, las de género). De otro lado, tenemos estrategias que vienen desde actores externos (empresas, ONG, agencias de desarrollo, cooperación internacional) con nuevas, y en ocasiones mejores, ideas sobre cómo desarrollar el territorio, pero sin capacidad para enraizar estas prácticas entre su población objetivo. De ahí que mucho del éxito de estas experiencias se pervierta a través del establecimiento de relaciones jerárquicas (y muchas veces clientelistas). A manera de hipótesis de trabajo, considero que la organización cerrada de las rondas y un eventual viraje indigenista (que trasciende su objeto inicial “moderno” de proveedoras alternativas de bienes públicos y privados), puede convertirlas en actores antagónicos de los proyectos modernizadores más ambiciosos (generalmente vinculados a las industrias extractivas) y a ciertas estrategias de desarrollo territorial que acompañen estos proyectos. Este comportamiento, de cómo movimientos sociales terminan abortando procesos de desarrollo territorial, ha sido bien estudiado por Bebbington, Abramovay y Chiriboga (2008) como parte de los dilemas que enfrentan los movimientos sociales. En palabras de Asensio, citando a los autores, los dilemas serían: “i) el dilema entre apostar al interior de los movimientos por lazos de solidaridad cerrados (que refuerzan a la organización en sí misma, pero limitan su capacidad de acción) o apostar por lazos de solidaridad abiertos, más flexibles, pero que pueden poner en riesgos a la propia organización; (ii) el dilema entre representatividad e innovación, en la medida que apostar por la innovación implica el riesgo de dejar atrás a los segmentos más vulnerables de la sociedad local y, por lo tanto, pone en riesgo la legitimidad o representatividad del movimiento; (iii) el dilema entre mercado y solidaridad, es decir, entre apostar por generar bienes y servicios con alto valor de mercado o bien reforzar la cohesión social entre todos los integrantes del movimiento social, aun a costa de reducir las posibilidades de los segmentos más creativos e innovadores de las sociedades locales.” (Asensio, 2011, pp. 25-26)

Asimismo, dichos grandes proyectos, a su vez, requerirán a corto y mediano plazo de un aumento en la densidad estatal provincial, que eventualmente chocará con la institucionalidad informal provista por las rondas en temas tan sensibles como la impartición de justicia y el mantenimiento del orden público. Las potencialidades que abre la inauguración de la carretera interoceánica nos lleva inmediatamente a preguntarnos sobre cómo generar una coalición política que genere acciones cooperativas en torno a una dinámica de crecimiento económico.

10

Planteamientos y agenda de la provincia a futuro Dada esta realidad compleja: ¿qué agenda de desarrollo territorial puede proponerse que aborde los retos de tratar con una organización social cerrada con un discurso creciente y estratégicamente indigenista? ¿Es posible generar una coalición política/social favorable a las estrategias de DTR en Carabaya? Considero que la respuesta es afirmativa, aunque requiere de una estrategia gradualista. Así, de llevarse adelante los proyectos que generan mayor oposición en la provincia (Inambari, la minería de uranio) aumentaría la politización del tema étnico para el uso de la Ley de Consulta, lo que dificultaría aún más el interés comunero en involucrarse en proyectos de DTR. Dichos proyectos serían vistos como meros “atenuantes” a la presencia de la hidroeléctrica o de la minería de uranio, tal cual sucedió en el caso de Cajamarca analizado por Bebbington (2007). El caso de la provincia de Cajamarca es interesante y pertinente para la comparación. Cajamarca era hasta 1993 una ciudad pequeña del norte de Perú, conocida por ser proveedora de leche al mercado nacional. En un sentido era muy parecida a Macusani: era un punto de encuentro para el comercio entre las diversas familias campesinas que habitaban la región. Con la llegada de la empresa Newmont y la explotación de la mina Yanacocha, la ciudad empezó un proceso de transformación que es muy visible al día de hoy, superó los 100’000 habitantes, mejoró notablemente su conexión vial a las provincias aledañas, llenó de recursos fiscales las arcas de varios municipios distritales y aumentó la oferta educativa regional a nivel superior. No obstante, la ausencia de una “licencia social inicial” unida a la actitud errática de la empresa Newmont (presta a ceder a las demandas de la población sólo cuando ocurrían deterioros medioambientales o protestas) generó un clima de desconfianza generalizado en la región hacia con ella y a sus proyectos de desarrollo. Asimismo, se empezó a forjar un clivaje poderoso en la región que enfrentaba a “medioambientalistas” con “mineros”. La oposición a la minería en Cajamarca (y en la sierra norte del Perú en general) fue encabezada por dirigentes ronderos, entre los cuales destaca el actual Presidente de la región Gregorio Santos5. Un proceso similar podría darse en el caso de Carabaya, a saber de la tradición radical (hoy fraseada en términos de reivindicación étnica) en que han estado imbuidas las rondas desde su constitución. En ese sentido, antes que apostar por la incursión de grandes proyectos, el contexto social y la estructura organizativa de las rondas nos lleva a plantear un acercamiento de desarrollo territorial más bien de corte local que haga énfasis en los beneficios de la interconexión vial

5

Desde fines de 2011, Santos mantiene una fuerte confrontación con el Ejecutivo de Ollanta Humala en torno al proyecto de minas “Conga”. Mientras que Humala apuesta por los resultados imparciales de un peritaje técnico (para saber si existe un impacto ambiental negativo), Santos apuesta por no permitir “en ningún caso” la explotación de la mina, dado que desaparecería dos lagunas en la región.

11

que empieza a gozar la provincia; tal cual ya lo vienen trabajando las mineras IRL y Bear Creek en el distrito de Ollachea. La interconexión vial ha sido vista tradicionalmente como la forma más expedita de desarrollo, no solo en Puno sino en todo el país. La eventual articulación a mercados externos mayores es de gran interés, en ese sentido, para las comunidades de Carabaya. No obstante existen retos a afrontar. La fibra de alpaca, el producto que explotan los campesinos carabaynos –y alrededor del cual se podría formar un cluster- experimenta desde hace años precios muy bajos, pese a que el producto final del mismo está dirigido a mercados de ingreso medio y alto. De otro lado, los campesinos han tenido problemas en satisfacer la demanda de tipos determinados de fibra (les es problemático, por ejemplo, abastecer fibra de varios colores y texturas según la demanda). En ese sentido, si bien la carretera interoceánica podría aumentar los vínculos urbano-rurales, acercando a los productores a mercados de servicio e industrias más diversos, la fibra de alpaca empieza a perder su calidad de bien diferenciado y de mayor valor (Schejtman y Berdegué, p. 37), calidad que de recuperarse podría volver a ser una alternativa de superación de la pobreza. Los ejemplos sobre el interés en torno a la conectividad vial son numerosos. Una de las principales reivindicaciones de las rondas es la culminación del asfaltado de la carretera que une al distrito de Ñuñoa, en la vecina provincia de Melgar, con el distrito de Macusani, capital provincial de Carabaya. De otro lado, la mejora en la interconexión vial hacia el norte de la provincia ha permitido un más fácil acceso hacia las zonas amazónicas de Carabaya, cuyos lavaderos informales de oro y de cultivo de coca generan empleo y fuentes de ingreso rutinarios a los campesinos de la zona andina. En ese sentido, podemos llegar a la gran paradoja de que el gran proyecto modernizador anhelado por la región –la Interoceánicatermine consolidando redes de economía informal, particularmente reñidas con el medioambiente. También resulta irónico de que este “corredor informal” provea a los campesinos altiplánicos de los recursos financieros para complementar su economía de subsistencia en temporadas que no se dedican al ganado, convirtiéndose así en una particular variante de desarrollo local territorialmente articulado pero ilegal. La agroexportación, que ha sido introducida con relativo éxito en la provincia amazónica vecina de Sandia (a través de la agricultura del café orgánico), es todavía una posibilidad remota, pese a que el gobierno regional –imbuido bajo la lógica de la seguridad alimentaria- ya maneja planes en este sentido. No obstante ello, también se empiezan a generar propuestas para explotar la carretera en un contexto de economía formal. Algunas de ellas hacen énfasis en la conformación de un “corredor turístico” que una la ciudad amazónica de Puerto Maldonado –en la región vecina de Madre de Dios- con el puerto lacustre de Puno (ambas ciudades con importante afluencia de turistas extranjeros). Macusani, al hallarse a medio camino entre ambas localidades, podría convertirse en uno de los puntos de parada de los turistas nacionales y extranjeros que visiten ambas localidades. Para ello, la provincia debiera aumentar su capacidad hotelera y de 12

servicios, así como explotar algunos de sus atractivos turísticos como la presencia del nevado Allin Capac y de cuevas con pinturas rupestres.

Mapa 3. Conexión vial Puerto Maldonado – Macusani - Juliaca

Elaboración propia

Si bien la capital provincial ha mejorado en algunos indicadores comerciales (hoy se cuenta con mayor transporte, apertura de negocios como hoteles, entre otros) queda la interrogante sobre si este crecimiento podrá generar una pequeña “burguesía local” que logre articularse con la experticia de la mayoría de carabaynos, en su mayoría campesinos ganaderos. De momento, los campesinos son meros testigos curiosos de la carretera y sus usuarios. Recapitulando, señalamos que las estrategias locales de DTR debieran partir, en primer lugar, por aprovechar el interés de las comunidades de Carabaya y sus rondas por articularse hacia otros mercados a través de la conexión vial que provee la carretera interoceánica. No obstante, es legítimo preguntarse qué garantiza que estos mismos proyectos no terminen siendo abortados por la oposición de las rondas campesinas. ¿Qué diferencia la implantación de los “grandes proyectos” frente a los más pequeños como los de las mineras IRL y Bear Creek? ¿Por qué habría oposición frente a los primeros y no frente a los segundos?

13

Señales de cierta tradición radical son palpables en los discursos de las rondas6. Hoy por hoy, por ejemplo, manejan una actitud recelosa frente a la actuación estatal en todos sus niveles. Así, son múltiples las críticas a la presidencia regional –encabezada por Mauricio Rodríguez- y al Ejecutivo de Ollanta Humala, quienes empiezan a ser vistos como “traidores”. Ambas figuras fueron electas bajo la idea de que representaban un cambio con el modelo económico extractivista, impulsado por las autoridades nacionales durante la gestión de Alan García, y sobre el que entienden descansan proyectos como el de Inambari y el de la minería de uranio. Así, dentro de las rondas empiezan a manejarse discursos ambientalistas –en paralelo a los de reivindicación étnica- que buscan sustraer de la competencia del nivel nacional cualquier decisión sobre el uso del territorio en la región Puno7. Este pedido fue muy protagónico en junio de 2011, cuando a pocos días de las elecciones de segunda vuelta, dirigentes campesinos de todo Puno paralizaron la actividad económica en la región para solicitar que la misma sea declarada “región sin minería”, es decir, donde ninguna hectárea esté concesionada a empresas mineras. En la línea de Bebbington et.al. el uso de este tipo de lenguaje es uno de los principales escollos en la renovación de las estrategias territoriales en América Latina: “La (…) fuerza de la identidad con frecuencia tiene el efecto adverso de impulsar dentro de los movimientos, implícita o explícitamente, discursos centrados en las nociones de aliados y enemigos, o de los confiables y los no confiables”. (p. 2879, traducción propia) ¿Hace esta realidad inviable la presencia de proyectos de mediano alcance en la provincia? Considero que no. La respuesta pasa por conocer más a fondo la estructura organizativa de las rondas. En efecto, las rondas no son cuerpos unitarios y jerárquicos: muy por el contrario, son más bien federaciones de campesinos agrupados por su pertenencia a distritos y centros poblados. Del mismo modo, si bien son protagonistas principales en la provincia, no han podido convertirse en actores políticos, lo que limita ciertamente su capacidad de negociación pero también para someter a alguna de sus entidades federadas cuando no está de acuerdo con sus actuaciones.

6

Algunos de sus dirigentes, por ejemplo, pertenecen a Patria Roja, organización política comunista con fuerte presencia en liderazgos rurales en el país, poco presta a conformar alianzas con otros actores. 7 Este discurso medioambiental –del mismo modo que el discurso étnico- es utilizado estratégicamente por las rondas para reclamar competencias y niveles de autonomía que el marco constitucional y legal no les concede. Efectivamente, la Constitución Peruana refiere a los recursos naturales como propiedad de la Nación (y por tanto es el Gobierno Nacional el que decide su uso). De igual manera, a nivel legal, el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de otorgar las concesiones mineras a las explotaciones de mediano y gran alcance. En ningún caso los gobiernos locales tienen potestad para autorizar actividades mineras (sólo para los casos de pequeña minería, la competencia de su autorización compete a los gobiernos regionales). La naturaleza estratégica del uso de estos discursos se demuestra en palpables contradicciones: la preocupación medioambiental, por ejemplo, no se extiende a los actuales lavaderos de oro de la selva carabayna, que benefician a la población colona y campesina por igual.

14

Por todo ello, la eventual negociación para el asentamiento de proyectos de desarrollo articulados al mercado en la provincia de Carabaya se resolverá exclusivamente a nivel local, tal cual ya está sucediendo con los dos proyectos mineros de mediano alcance de IRL y Bear Creek. Una adecuada estrategia de DTR debiera prestar atención a ello para elaborar una intervención que, a la luz del contexto social, prime la articulación vial en torno a una actividad productiva rentable.

Bibliografía Arenas, Fabrizio (2010). Institucionalización democrática de los conflictos sociales en el sur andino: El caso de las rondas campesinas de la provincial de Carabaya. Lima, CIES. Asensio, Hernández Raúl. (2011) El giro territorial en las ciencias sociales peruanas. Balance de estudios sobre desarrollo, mundo rural y territorio. Documento preparado para el XIV encuentro de SEPIA (2326 de agosto de 2011, Piura, Perú).

Barrantes, Roxana, Ricardo Cuenca y Jorge Morel (2012) Las posibilidades del desarrollo inclusivo: dos historias regionales. Lima, IEP. Bebbington, A. J. (Ed.) (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: Instituto de Estudios Peruanos/Centro Peruano de Estudios Sociales. Bebbington, Anthony, Ricardo Abramovay y Manuel Chiriboga (2008), “Social Movements and the Dynamics of Rural Territorial Development in Latin America”. En: World Development, vol. 36, nº 12, pp. 2874-2887. Glave, Manuel y Daniel Pinedo (1997). “De la puna a la montaña: Migración y uso espacial en el valle de Inambari (Carabaya, Puno)”. En: Debate Agrario, No. 26, pp. 19-40 INEI-UNFPA (2010). Mapa de pobreza provincial y distrital 2009. El enfoque de la pobreza monetaria. Lima, INEI. LABOR (2008) Carretera Interoceánica Sur. Consideraciones para su aprovechamiento sostenible. Labor, Ilo. Llosa, Eleana (2003). La batalla por la carretera interoceánica en el sur peruano: ¿localismo o descentralismo?. Documento de trabajo 129. Lima, IEP Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (2007) Inventario final georeferenciado de la Provincia de Carabaya. Accesible en: http://www.proviasdes.gob.pe/unidades/planes_viales%5CPUNO%5Ccarabaya.pdf

15

Pajuelo, Ramón (2009). “No hay ley para nosotros…” Gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano: el caso Ilave. Lima, IEP-SER, PROJUR. Renique, José Luis (2004). La batalla por Puno: conflicto agrario y nación en los Andes peruanos 1866-1995. Lima, IEP-SUR Casa de Estudios del Socialismo. Rodriguez, Yolanda (1992). “Los actores sociales y la violencia política en Puno”. En: Allpanchis, no. 39, pp. 131-154 Schejtman, A. y Berdegué, J. (2004). Desarrollo territorial rural. Debates y temas rurales N° 1. Santiago de Chile, RIMISP. Tanaka, Martín (2012). En busca del eslabón perdido: coaliciones sociales y procesos políticos en el desarrollo territorial rural (mimeo)

Tarrow, Sydney (1998) Power in Movement. Social Movements, Collective Action and Politics. New York, Cambridge University Press. Tilly, Charles (1978) From Mobilization to Revolution. New York, Random House. Urrunaga, Roberto y Bonifaz, José Luis (2008). Beneficios económicos de la Carretera Interoceánica. Lima, CIUP Vilas, Carlos (2007). “Linchamientos y conflicto político en los Andes”. En: Desarrollo Económico: revista de ciencias sociales, vol. 47, no. 187, p. 429-457 Zárate, Patricia (2005). Participación ciudadana y democracia: perspectivas críticas y análisis de experiencias locales. Lima, IEP (CD ROM)

16