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JORNADA “PROPUESTA DE REFORMAS LEGISLATIVAS QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR POSICIONAMIENTO DEL SECTOR DE LA INGENIERÍA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE TECNIBERIA
El ingreso de España en la Unión Europea supuso la mayor expansión de la actividad de ingeniería en nuestro país, gracias en parte a las ayudas que Bruselas ha destinado a lo largo de estos años para el desarrollo de infraestructuras que redujeron el retraso económico español con respecto al resto de Europa. En la década de los 90 las empresas de ingeniería comenzaron a desarrollar proyectos internacionales cada vez más ambiciosos y complejos, que culminarían en el presente siglo en un nivel de competencia similar al de cualquier empresa de ingeniería internacional. La ingeniería española ha aunado el conocimiento, la innovación, la experiencia y la formación de los ingenieros que han participado en estos proyectos, logrando la excelencia de gestión de los recursos y nuevas fórmulas para garantizar diseños sostenibles medioambiental y económicamente, que facilitan la vida de los ciudadanos. Las cifras de la ingeniería española antes de la llegada de la crisis se concretaban en más de 3.000 empresas, 87.000 empleos estables de alta calidad, más del 30% de exportación, y muchos años generando valor económico a través de la I+D+i, conocimiento e inteligencia. Un sector en plena forma tras más de 20 años creando, y que absorvía eficazmente más de 20.000 millones de euros de obra pública cada año –de los que la mitad han provenido de la Unión Europea-‐, que han situado a España en unos niveles de dotación infraestructural impensables hace 20 años y que han transformado el país. Además, el éxito de las políticas de cohesión emprendidas por la Unión Europea ha tenido su referente en España, donde la obra pública ha tenido un coste menor que en otros países –incluso aquellos más baratos
que el nuestro-‐. Cada euro que la Comisión Europea invertía en España se transformaba en noventa y muchos céntimos reales en autovías, líneas de alta velocidad, gasoductos o tendidos de fibra óptica. Sin embargo no se podía decir lo mismo de otros países europeos o incluso de otros sectores productivos españoles. Aquí el dinero invertido se gastaba con rapidez gracias a las bibliotecas de proyectos dispuestos para su ejecución, mientras que otros países perdían sus plazos de gasto, entre que pensaban y proyectaban lo que querían realizar una vez se les concedían las inversiones. Paralelamente, hemos desarrollado -‐y seguimos haciéndolo-‐ grandes proyectos internacionales, lo que nos ha servido para “mantenernos en forma” y para que las infraestructuras diseñadas por la Ingeniería española puedan equipararse e incluso superar a las de cualquier otro país del mundo. La prueba es que nuestras autopistas, líneas de alta velocidad, puertos y aeropuertos o redes de Metro están en los primeros lugares de calidad a nivel mundial, y que trabajamos para las principales potencias mundiales a la vez que somos referencia para países en vías de desarrollo. Sin embargo, la larguísima crisis económica en España y Europa, junto a las políticas ultrarrestrictivas en cuanto a inversión en ingeniería por parte de las Administraciones españolas, están resultando letales para el sector empresarial que representa TECNIBERIA. Todas las padecen y son centenares las empresas o grupos empresariales que acuden a reestructuraciones, EREs, etc, cuando no desaparecen. Esta falta de inversión pública, que en 2013 se desplomó hasta los 239 millones de euros (un descenso del 76% con respecto a 2007, cuando llegó a los 1.004 millones), ha tenido, junto a otros factores que se detallan más adelante, un claro impacto tanto en el número de empresas que continúan realizando su actividad, como en la empleabilidad del sector. Ambas han experimentado un fuerte retroceso. El número de empresas de ingeniería españolas ha descendido en un 27% entre 2013, en el que se contabilizaron 2.200, y 2009, en el que había 3.000, y las previsiones para 2014 son que el número disminuya aún más, hasta las 1.800 empresas, lo que implicaría un descenso del 40% con respecto a 2009.
En cuanto a la empleabilidad, el sector ha pasado de los 84.915 empleados en 2009 a los 73.600 en 2013; es decir, más de 11.000 empleos cualificados destruidos. Se prevé que esta cifra aumente en 2014, ya que las estimaciones son que al finalizar el año el sector cuente con 65.000 trabajadores, lo que supondría un 23% menos que en 2009, cerca de 20.000 empleos destruidos. Miles de profesionales del sector han tenido que emigrar a otros países con la pérdida añadida que eso supone para la Ingeniería española, para el desarrollo de la economía, y para la investigación e innovación en nuestro país. Esta “fuga de cerebros” implica también la pérdida de la inversión realizada por el Estado en la formación de cada ingeniero que se marcha. La formación de un ingeniero cuesta de media al año unos 60.000 euros a lo largo de su carrera, y a ella habría que sumar el coste de cada ingeniero en paro, que se eleva a los 40.000 euros por año. En cuanto a la facturación nacional de las empresas asociadas a TECNIBERIA, en 2013 éstas facturaron en España 2.153 millones de euros, un 60% menos que en 2009, confirmando un año más la tendencia bajista desde esa fecha, cuando se llegaron a facturar 5.398 millones de euros. También ha descendido en 2013 la facturación internacional, que se ha situado en 2.434 millones de euros, un 5% menos que en 2009. La facturación nacional e internacional de las empresas asociadas a Tecniberia en 2013 fue, por lo tanto, de 4.587 millones de euros, un 42% menos que en 2009. Hoy España es un desierto para la inversión. Nuestras empresas no tienen otro remedio que internacionalizarse ante la falta de un mercado que las aboca a ser adquiridas por otras empresas mayores –muchas de ellas extranjeras-‐ o en el peor de los casos, a la desaparición. El sector de la ingeniería se mantiene, no obstante, gracias al esfuerzo de muchas empresas que, sin apenas ayuda pública, y con gran riesgo, han decidido emprender el camino de la internacionalización, impulsadas por el prestigio acumulado en el último cuarto de siglo, su potencia técnica, y la calidad y desarrollo innovadores. Hoy, cerca de un centenar de las
empresas asociadas a TECNIBERIA desarrollan tecnologías de vanguardia que se aplican en 130 países a través de 338 delegaciones permanentes. A pesar de que la internacionalización marca el camino a seguir, el trabajo de nuestras empresas y profesionales en el exterior se resiente. En Latinoamérica por ejemplo, lugar de amplia penetración de nuestras empresas, no solo crece la competencia, que asumimos, sino todo tipo de problemas, como la complejidad de los procesos de contratación pública y privada, el tamaño de las empresas y las dificultades de financiación y para obtener garantías, que limitan la presencia y las capacidades de nuestras empresas en el exterior. Muchos de estos problemas podrían resolverse mediante la constitución de consorcios verticales integrados por ingenierías, constructoras y entidades financieras, que además darían respuesta a los requisitos de los concursos de muchos países –especialmente los emergentes-‐ que demandan proyectos completos llave en mano con financiación incluida, pero con un peso de la calidad técnica de la oferta (alrededor del 80%) muy superior al de la oferta económica. Otro inconveniente para la internacionalización del sector se encuentra en la dificultad para que las empresas penetren en algunos mercados debido a la falta de homologación de los títulos universitarios españoles en algunos países, así como el hecho de que gran cantidad de ellos únicamente liciten proyectos financiados con fondos nacionales accesibles a empresas radicadas allí, lo que obliga a establecer acuerdos estratégicos con las empresas del país. En lo que se refiere a España, los presupuestos asignados a la ingeniería son muy inferiores a los que se manejan en los países de nuestro entorno económico, en relación con el coste total de la infraestructura (del orden del 3% de la inversión, frente al 8-‐10% habitual en otros países). Mientras que la mayor parte de los países de Europa y América existe el convencimiento de que los servicios de carácter intelectual no pueden contratarse siguiendo criterios económicos, en nuestro país se adjudica con una primacía constante de la oferta económica frente a los criterios
de calidad en la adjudicación de proyectos. En el resto de países de Europa y en la propia Comisión Europea, estos servicios se adjudican con fórmulas de ponderación técnico-‐económica, pero con un peso de la calidad técnica de la oferta (alrededor del 80%) muy superior al peso de la oferta económica. En nuestro texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), se plantea una ponderación equivalente de las ofertas técnicas y económicas. Sin embargo la realidad es muy distinta, siendo el peso de la oferta económica tan superior, que en ocasiones ha llegado a suponer el 80% de la valoración final. Sin duda esta situación es incompatible con los niveles exigibles de calidad de los trabajos de Ingeniería y Consultoría, conduciendo a fuertes riesgos de incrementos en los costes de ejecución (modificados, liquidaciones, etc.) y mantenimiento de dichas infraestructuras. Además, el trato de favor a las empresas públicas, con un abuso frecuente de las Encomiendas de Gestión, va en detrimento de la competitividad del sector. La ingeniería es un sector estratégico para nuestro país, es el sector de la inteligencia práctica. Por ello se debería favorecer la excelencia, la calidad del servicio, la competencia y la innovación de las empresas de ingeniería. Ese continúa siendo el empeño de TECNIBERIA cincuenta años después de su fundación, manteniendo su vocación de internacionalización y el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo que responda a las exigencias del sector en el medio y largo plazo. Por estos motivos, y con el fin de establecer una colaboración entre las Administraciones Públicas y las empresas de ingeniería que permita la supervivencia del sector y que favorezca el entorno económico del país, desde TECNIBERIA se han elaborado una serie de propuestas para los partidos políticos, que constituyen lo que podemos calificar de Plan de Impulso a la Ingeniería, y que se resumen a continuación.
1. Primar criterios de calidad sobre los económicos para la adjudicación de los trabajos de ingeniería. En contra del resto de países de Europa y de la propia Comisión Europea, en nuestro país se minoriza la ponderación técnica en las adjudicaciones de obra pública, llegando en algunos pliegos a ponderar con un peso inferior al 30%. En el resto de Europa los servicios de ingeniería se adjudican con un peso de la calidad técnica de la oferta (alrededor de un 80%) muy superior al de la oferta económica. Sin duda esta situación es incompatible con los niveles exigibles de calidad de los trabajos de ingeniería y consultoría, conduciendo a fuertes riesgos de incrementos en los costes –a través de los Modificados-‐ en la ejecución, y mantenimiento de las posteriores obras, por lo que se debería favorecer la excelencia, la calidad del servicio, la competencia y la innovación en las empresas de Ingeniería. Este sería el medio de conseguir la máxima rentabilidad en el conjunto de la inversión en infraestructuras y de incentivar el desarrollo de las empresas españolas de Ingeniería en su competencia internacional. 2. Pagar por la ingeniería de calidad su precio justo. Dedicar al menos el 10% del presupuesto de las obras a los trabajos de ingeniería. Desde hace años se viene produciendo un deterioro provocado por la asignación de presupuestos muy inferiores a los que se manejan en los países de nuestro entorno económico en relación con el coste total de la infraestructura (del orden del 3% de la inversión para los trabajos de ingeniería, frente al 8-‐10% habitual en otros países desarrollados). Sería muy conveniente desagregar en los Presupuestos de inversión en infraestructuras las partidas a dedicar a Servicios de Ingeniería y Consultoría de las dedicadas a obra, y especificando en ellas las destinadas a: Estudios, anteproyectos y proyectos; Asistencias Técnicas a Dirección de obra; y Controles de Calidad. Actualmente, los Presupuestos Públicos españoles no detallan el gasto en ingeniería, de forma que este país no conoce con exactitud su gasto
público en estudios, proyectos y demás actuaciones previas y de dirección del proceso creativo. 3. Acordar con el Gobierno un replanteamiento de la actividad de las empresas públicas de Ingeniería, singularmente INECO, para que en el mercado interior se ajusten a su función de medio propio de la Administración y se deje de abusar de la figura de la Encomienda de Gestión y en consecuencia realicen solo aquellos trabajos que tengan tal naturaleza y no aquellos otros que realmente no la tienen y pueden ser realizados por las empresas privadas de ingeniería en leal competencia. En el mercado exterior, que sean empresas tractoras que ayuden a las empresas privadas de ingeniería a expandirse internacionalmente y no, como ocurre con frecuencia, en competidor desigual de ellas. En este punto es fundamental el apoyo de las Administraciones, con el objetivo de que juntos desarrollemos iniciativas, proyectos y modelos que contribuyan a mejorar nuestra balanza comercial y a potenciar el desarrollo de la ingeniería española. 4. Situar la internacionalización de la ingeniería como una “cuestión de Estado”. Es capital promover y apoyar la presencia de la ingeniería española en el mercado internacional mediante: • Apoyo financiero para la realización de ofertas internacionales y la implantación internacional de las empresas de Ingeniería. Es preciso auspiciar y facilitar la búsqueda de nuevas formas de financiación que potencien la internacionalización de las empresas, como la participación en consorcios verticales, colaboración público-‐privada y la obtención de avales internacionales. • Resolver con urgencia la homologación de las titulaciones de los Ingenieros Superiores y Arquitectos anteriores al Plan Bolonia. Hasta la entrada en vigor de
la Reforma de Bolonia, puesta en marcha por la Unión Europea para la unificación de los criterios educativos en todas las universidades europeas, los títulos de Ingeniería Superior y de Arquitectura habilitaban a los licenciados españoles para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, una vez entró en vigor la Reforma, es necesario disponer de un nuevo título habilitante, que se identifica con la denominación de Máster. El Consejo y el Parlamento Europeos, emitieron en 2008 una Recomendación conjunta a los países miembros de la Unión Europea encomendándoles a que antes de 2010 alinearan sus sistemas nacionales de cualificaciones al marco europeo. Sin embargo, a día de hoy España no ha remitido todavía a la Unión Europea el informe correspondiente a dicha Recomendación, provocando por ello serios perjuicios a las empresas españolas, que están viendo rechazada su participación en proyectos internacionales por una supuesta falta de acreditación profesional de sus técnicos. • Difusión Internacional de la imagen tecnológica de España. • Impulsar notablemente el desarrollo de la “Diplomacia Comercial”. TECNIBERIA y las ingenierías, en especial las pequeñas y medianas empresas, debe acompañar a las misiones comerciales del Estado por el mundo en igualdad de condiciones que otras asociaciones empresariales. • Programas de Formación Específica.
5. Las Administraciones Públicas deben apoyar la reestructuración del sector a través del fomento de las operaciones de fusión de empresas y alianzas estratégicas. El sector de la ingeniería está muy atomizado, formado por multitud de empresas de muy diverso tamaño y de una especialización muy variada (ingeniería civil,
ingeniería industrial, ingeniería del agua y medio ambiente, edificación, y servicios tecnológicos), lo que hace que sus posibilidades de internacionalizarse se reduzcan al no disponer de un tamaño suficiente, y de una base sólida de proyectos en nuestro país, que permitan dar el salto al exterior. Por ello, se debería habilitar: • Un fondo para préstamos bonificados que financie las operaciones de fusión de empresas de ingeniería y las alianzas estratégicas. • Incentivos fiscales para las operaciones de concentración empresarial. 6. Apoyo decidido a la I+D+i. La innovación tecnológica debe ser fundamental. Frente a la disminución de las partidas en este sentido en los últimos años, creemos que hay que incrementar la financiación específica en proyectos de I+D+i y transferencia de la innovación. Las Administraciones deben favorecer un marco institucional integrado en la Estrategia Estatal de Innovación (E21), ayudar a la realización de proyectos y procesos de innovación en las empresas, y primar la formación y mejora del conocimiento en materia de I+D+i.