REVISTA MENSUAL OCTUBRE

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AÑO IV • Nº 64 1 PESO

Situación Mundial

Katrina: el hilo se corta por lo más delgado por los tirones de la parte más gruesa.

América Latina

La ONU sin respuestas y con muchas demandas Venezuela: Proceso de Expropiaciones

Argentina

El capital financiero define sus “principios básicos” La pelea por los precios: de “libertades” y “controles” varios

Situación Mundial 3 Situación Política Katrina: el hilo se corta por lo más delgado… 6 Pelea por las ganancias

…por los tirones de la parte más gruesa

América Latina 11 Pelea por los Mercados Mercosur y Unión Europea: entre lo necesario y lo real. 12 Coyuntura Política El papel de la región en la 60° Asamblea de la ONU. Nuevos avances en la integración: Petrocaribe Comunidad Sudamericana de Naciones: sólo avanza con acuerdos bilaterales Venezuela: de elecciones a expropiaciones y de expropiaciones a elecciones 15 Seguridad Reacción del MERCOSUR ante la inmunidad Reforma militar en Venezuela 16 Conflicto social ¿Nace una nueva fuerza regional?

Argentina 17 Pelea por las ganancias El capital más concentrado: hacia la realización de una estrategia La pelea por los precios: de “libertades” y “controles” Las menos difundidas alianzas-base del gobierno del Estado 21 Coyuntura política El duhaldismo apela a la “lealtad”, y el kirchnerismo a dejarlos hablando solos 22 Conflicto Social

Revista Mensual Septiembre de 2005 Año IV • Nº 64 Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz. Fuentes consultadas: EE.UU.: New York Times (NYT); Washington Post (WP)) y Washington Times (WT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (Et) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN) Para contactarnos: [email protected] Números anteriores: www.geocities.com/informecon

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En este número La observación de una catástrofe natural tal como el huracán Katrina nos sirve para – valga la paradoja– ver cuánto de social tiene este hecho. Que el problema no es la naturaleza sino la sociedad y la política, nos lo marca el contraste de la reacción cubana frente a fenómenos similares. Así, tratamos de iluminar la estructura y los conflictos dentro de la sociedad y la política de EE.UU., no por sí mismos sino en función de entender el desastre ocurrido en New Orleans como determinado por una combinación de factores humanos: entre otros, la histórica postergación de la población de raza negra, la política constante de “el mercado o la actividad privada pueden hacerlo”, las disputas e intercambios de favores entre demócratas y republicanos, la explotación del medio ambiente en función exclusiva de la ganancia… Justamente la rama energética, de cuya propia actividad deriva el calentamiento global responsable de la mayor gravedad de los huracanes, no puede dejar pasar la oportunidad de extraer de la crisis del Katrina, una oportunidad para presionar por una mayor desregulación (lo que incluye bajar las exigencias de cuidado del medio ambiente) que le permita sostener fabulosos márgenes de ganancias. Ganancias que como veremos, resultaron de la concentración y centralización, y de una estrategia deliberada de control de la oferta. Por otro lado, la Asamblea General de la ONU nos permite observar cómo la necesidad del capital de contar con la mayor internacionalización posible de condiciones políticas que le favorezcan, llega al punto de proponer más o menos abiertamente la legalización del uso de la fuerza barriendo las soberanías nacionales. Destacamos en este caso, las respuestas dadas desde algunos países latinoamericanos a semejantes iniciativas. Al mismo tiempo, vemos que si bien la Comunidad Sudamericana de Naciones puede verse apenas como refugio de burguesías demasiado débiles para integrarse sin más al mercado mundial, no deja de se cierto que da espacio político a procesos que plantean caminos más alternativos. Valgan como ejemplos las acciones de Venezuela tanto en lo que hace a la integración regional desde la complementariedad y la solidaridad, como en la búsqueda de respuestas al problema del desarrollo económico desacralizando la propiedad privada (avanza la reforma agraria, expropia industrias cerradas y reafirma la propiedad estatal de los recursos mineros). Y todo esto sobre un mapa en movimiento: EE.UU. habría encontrado en Paraguay una cuña en pleno cono sur, mientras que el nuevo gobierno de Ecuador tiende a alejarse de Colombia, principal socio de los norteamericanos en Sudamérica. Finalmente, en nuestro país vemos exigencias y apoyos al gobierno que parecen marcar dos campos diferenciados que vemos expresarse alrededor de temas tales como los servicios públicos y la seguridad jurídica para las inversiones a propósito del retiro de Suez, o el control o no de los precios frente a las subas. Se trata en definitiva de definiciones divergentes acerca de la libertad de movimientos del capital, definiciones sostenidas por los capitales más concentrados locales y foráneos. Alrededor de ellas pueden vislumbrarse diferentes modelos. Veamos…

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Situación Mundial Así sintetizó Stephen Roach, economista en jefe de Morgan Stanley y uno de los gurúes actuales de la economía, el efecto Katrina: “este es el primer shock petrolero de la moderna era de la globalización” (WP 3/09). Si bien sirve como advertencia de lo que depara el porvenir, como explicación es sumamente pobre. Hace un par de meses se estimaba que para marzo del año 2006 no nos debería sorprender un barril a 100 dólares. Efectivamente, el precio del barril de petróleo puede ser causa de numerosos males, pero en sí mismo es efecto de otra cosa. Sin Katrina en el horizonte, ya se vaticinaban momentos sombríos.

En realidad, el capitalismo se asienta en el futuro, se nutre de él, obtiene lo que necesita para que su población consuma su presente. Y el miedo actúa reafirmando la incertidumbre, y a su vez ésta potencia la propensión al consumo. EE.UU. vive y respira de esta manera, fagocitando su medio ambiente y prometiendo pagar por él alguna vez. O nunca. EE.UU. no desea un aterrizaje suave, de hecho no desea dejar de volar. Su voluntad es continuar así, eternamente, en un mundo construido a su imagen y semejanza, que se consume a sí mismo cada día.

Situación Política Katrina: el hilo se corta por lo más delgado… El paso del Katrina El paso del huracán Katrina por Florida el 26 de agosto, dejando ingentes daños materiales y 7 muertos, alertó a los funcionarios de los estados del Golfo de México. La potencia del huracán motivó que los funcionarios locales emitan órdenes de evacuación a la población. Durante todo el fin de semana, las rutas quedaron atestadas de aquellas personas con los medios de autoevacuarse. Siendo el cuarto huracán grande de la temporada, los medidas precautorias se suponían en buena forma. Pero no se trataba de uno más: Katrina alcanza la categoría 5 de Saffir Simpson (la máxima de la escala, significa que hay vientos de más de 250 km/h) a pocos kilómetros de la costa de New Orleans. A las 6 de la mañana del lunes 29 de agosto toca tierra en Louisiana, con una intensidad menor, categoría 4. Una hora después, el alcalde de la ciudad Ray Nagin recibe los primeros reportes acerca de la rotura de los diques de contención que protegen New Orleans. El agua cubre el 80% de la ciudad, donde aún permanecen 100.000 personas (un 20% del total), principalmente por carecer de los medios necesarios para autoevacuarse. Con el correr del tiempo comienza a percibirse la magnitud del desastre: se calculan decenas de miles de muertos (dato que hasta el día de hoy sólo podrá conocerse tangencialmente, en un llamativo silencio mediático al respecto), más de un millón de evacuados, destrucción de infraestructura, desaparición de ciudades enteras, paralización de toda actividad, etc. Se estiman en 200.000 millones de dólares los daños causados, muy superiores, en valores ajustados por inflación, a los 17.800 de los huracanes Andrew, Iniki y Omar de 1992, los 15.200 del terremoto en Northridge, California, de 1994 y los 83.000 millones que insumió toda la Guerra del Golfo de 1991 (WP 15/09). La magnitud del acontecimiento tomaría por sorpresa al gobierno federal: empezando por el presidente Bush, que demora unos días en dar por terminadas las vacaciones más largas de un primer mandatario de EE.UU. en mucho tiempo (WP 11/09). Resulta sorprendente el grado de destrucción que provocó el fenómeno, teniendo en cuenta que entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de cada año, las costas nor-

teamericanas del Golfo de México, el Caribe e inclusive el Atlántico, se ven sacudidas por hechos de este tipo. Una indagación más profunda nos muestra que existen contradicciones en todos los niveles, cada vez más insoslayables, que en distinto grado originaron esta situación. Las características de la región afectada El llamado “sur profundo”, los estados de Louisiana, Alabama y Mississippi, constituye la región más pobre de EE.UU.: da cuenta de un 3,1% del total del PBI del país. Históricamente se trata de una región donde los esclavos constituían la población mayoritaria. La región albergó tanto al Ku Klux Klan como a los movimientos por los derechos civiles de la población negra. Esta desigualdad de origen conforma el sustrato para su posterior desarrollo y profundización, hasta alcanzar las marcadas desigualdades actuales. Las principales actividades económicas desarrolladas en la región dejarían su marca en la construcción de la identidad y en las posibilidades de inserción en el aparato productivo por parte de los trabajadores. La industria petrolera genera enclaves productivos con trabajadores calificados cada vez menos numerosos, dada la tendencia permanente de dicha rama a profundizar el carácter capital intensivo de sus procesos productivos. El turismo genera empleo informal, precario y estacional. El transporte, de limitado crecimiento al tratarse mayormente de un nudo de comunicación ferroviario y fluvial, es insuficiente para generar empleos a una tasa adecuada al crecimiento vegetativo. De esta forma, gran parte de la población pasó a depender de la asistencia gubernamental para su sustento, una de las formas características que reviste la población y la mano de obra sobrante para el capital. En Louisiana, de los tres el estado más fiel al modelo descrito, el 40% de la población tiene problemas de empleo: informalidad, asistencia estatal, subocupación o desocupación (CL 1/09). Los maestros de Louisiana están en el número 48 (sobre 50) en la tabla de sueldos del país y el índice de analfabetismo es del 40% (CL 9/09). La ciudad de New Orleans, que representanta con exactitud el cuadro descrito para el estado de Louisiana (de su población el 75% es negra y el 28% vive por debajo de la línea de pobreza (CL 3/09), posee unas características topográficas que fueron determinantes en la sin-

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Situación Mundial gularidad de la tragedia. Situada entre un meandro cercano a la desembocadura del río Mississippi y el Lago Pontchartrain, el 80% se encuentra bajo el nivel del mar. Por dicha razón, la ciudad enfrentó inconvenientes con su medio desde su formación. Esto significó que el desarrollo, crecimiento y evolución de la ciudad se encuentre íntimamente relacionado con la pericia de la ingeniería civil en ella aplicada. En EE.UU., esa tarea es llevada a cabo sobre todo por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, siempre y cuando se trate de obras no susceptibles de ser ejecutadas y concebidas por iniciativa privada. Su presencia en Louisiana es indisimulable: del presupuesto total del cuerpo para obras (4.700 millones), recibe 1.900, superando por 500 millones a California (estado mucho mayor y más populoso) (WP 8/09). Esto significa que la región, y especialmente Louisiana, es sumamente dependiente del gobierno federal, tanto del poder ejecutivo como del legislativo, para el desenvolvimiento de la vida social. Aprender al dedillo las reglas del “juego” político se convirtió en condición de supervivencia para los representantes del estado ante la nación, habida cuenta de su escaso peso electoral (sólo dispone de 9 electores en las elecciones presidenciales), social (su población es mayoritariamente negra y en menor medida latina) y económico (no constituye asiento político matriz de grupos económicos importantes). En qué medida estos factores se combinaron para generar una mezcla químicamente explosiva es lo que intentaremos describir a continuación. Los efectos y sus respuestas en contexto Como señalamos anteriormente, la lucha política cumplió su rol de catalizador de las condiciones apropiadas para un resultado catastrófico: se asociaron las tendencias de más largo plazo y las circunstancias de la coyuntura. Tanto la gobernadora de Louisiana, Kathleen Babineaux Blanco, como el alcalde de New Orleans, Ray Nagin, son demócratas recientemente elegidos. Esa circunstancia, negativa en un Congreso controlado por los republicanos que se encarga de asignar las partidas presupuestarias, debió ser contrarrestada con alguna “contraprestación”. Como si fuera poco, el estado constituye una isla demócrata en un mar republicano: lo rodean Texas, Alabama, Mississippi, Arkansas, todos con gobierno republicano (prácticamente toda la cuenca del Mississippi tiene raíces conservadoras). Esta circunstancia acercaba aún más de lo que la tradición indicaba a los funcionarios estaduales a mecanismos transaccionales, en esa difusa línea que separa corrupción e integridad en el sistema político de EE.UU. Poco había para dar más que sangre: el gobierno estadual envió un tercio de la Guardia Nacional que de él depende a Irak, lo que mermó aún más los efectivos disponibles para la emergencia. Pese a ello, no pudieron evitar que, una vez superadas las coyunturas electorales, la administración Bush liberase las encorsetadas tendencias de largo plazo. Preocupado por el déficit presupuestario, comenzó a recortar aquellas partidas presupuestarias menos importantes para su agenda de gobierno: para las obras contra la inundación

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en New Orleans durante 2005, se destinaron 5,7 millones gracias a las presiones del Congreso, que evitaron que los 27,1 millones que proponía se transformen en los 3,9 que impulsaba el ejecutivo. El control que la Oficina de Gestión y Presupuesto, dependiente directamente de la Casa Blanca, hace sobre el presupuesto se tradujo en este verano en la suspensión de las obras en New Orleans por primera vez en 37 años (WP 2/09), postergadas por obras innecesarias en el Canal Industrial1. En efecto, el presupuesto de construcciones civiles del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es un claro ejemplo del funcionamiento de la política federal y el concomitante “equilibrio inestable” entre las distintas regiones. Los montos de los proyectos son asignados a pedidos “individuales” de legisladores de cada uno de los estados (WP 8/09). El congelamiento de dicho presupuesto en 4.700 millones privó a un estado como Louisiana de importantes recursos, actuando como caldo de cultivo de las agrias relaciones entre los distintos gobiernos (federal, estadual y local) en la organización de la respuesta a la tragedia. Cuando Bush intenta unificar el mando, la gobernadora se resiste a ceder el control de la Guardia Nacional acusando de inoperancia y cuestionando la ley marcial que pesaba sobre la ciudad de New Orleans. Esta inédita rebeldía contra el desequilibrado federalismo norteamericano demuestra que la estructura que sostiene el régimen político se encuentra conmocionada. Al tradicional principio de reducción del estado y del gasto público esgrimido por una parte importante de los conservadores, se agregan prioridades geopolíticas afines a la fracción que comanda la alianza en el poder. El eje central es, de esta manera, la lucha contra el terrorismo. El 11 de septiembre maduró las condiciones para realizar un rediseño del aparato de seguridad: la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus iniciales en inglés), organismo independiente encargado de coordinar y conducir la respuesta a las catástrofes2, fue absorbida en el 2003 por el nuevo Departamento de Seguridad Interna 1

En otro caso parecido, las obras del Gulf Outlet (terminada en 1965) y diseñadas para brindar una salida alternativa al Mississippi para los buques, actuaron como “autopista de huracanes”, siendo una de los principales motivos de la inundación. Los residentes de St. Parish advirtieron no sólo del impacto ambiental (destrucción de 20.000 acres de marismas) sino de un escenario como el que se produjo. Parece ser que dicha obra es poco usada y sigue en declinación (3% de todo el movimiento portuario). No obstante, el cuerpo de ingenieros se negó a desecharla e invierte 13 millones en dragarlo anualmente. Su costo por día y por embarcación es de 12.000 dólares (WP 14/09). 2 La agencia fue creada en 1979 por el entonces presidente Jimmy Carter. Su misión original era establecer dispositivos para enfrentar ataques nucleares. En realidad, su trabajo se centró en los huracanes. El huracán Hugo de 1989 y el Andrews de 1992 la llevaron al límite. En 1993 Clinton acometió una vasta reorganización de la misma, colocando al frente a James Lee Witt, un experto en el manejo de emergencias y le dió rango de gabinete. La respuesta a los atentados de Oklahoma en 1995 demostró el éxito de la transformación y la buena forma en la que se encontraba la agencia (WP 4/9).

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(DSI) junto a otra veintena de dependencias. Esto significó el principio del fin de la capacidad del organismo de brindar respuestas a la población, pues permitió que las tendencias presentes en el gobierno federal se desarrollen. En primer lugar, siendo de una agencia con una imperiosa necesidad de contar con personal capacitado, la creciente designación de personal político cercenó las posibilidades de sostener una capacidad de respuesta adecuada. “Cinco de los ocho principales funcionarios de la FEMA, arribaron sin ninguna experiencia en el manejo de desastres y conducen una agencia que ha sufrido una pérdida masiva de personal calificado” (WP 9/9), que emigró al sector privado, con frecuencia a empresas que actúan en la rama, sector o subsector con que se relaciona la repartición del gobierno, ya sea como contratistas, competidores o reguladores. Desde el 2003 (momento de la reorganización), el problema no hizo sino incrementarse, la mayoría de los puestos jerárquicos están en manos de funcionarios designados por cuestiones o relaciones políticas y no por su capacidad. De esta forma, la agencia pasa a depender para desarrollar su tarea de contratistas privados en tal medida que el Plan Nacional de Respuesta luego del 11 de septiembre fue elaborado por la célebre Rand Corporation para el DSI, relegando a la FEMA3. Esta tendencia al desguace del único organismo capacitado fue coadyuvada por otra tendencia complementaria a esta: la racionalización permanente de los procesos de todo el gobierno federal. El llamado competitive sourcing colocó a los empleados del gobierno federal bajo presión. Concebido originalmente por Clinton, Bush (hijo) fue el principal impulsor del proceso. A través de él toda dependencia debe determinar cuáles son los trabajos susceptibles de ser realizados por la esfera privada. La competencia obliga a cada repartición a analizar y rediseñar sus actividades, con la posibilidad de que los esfuerzos sean infructuosos y el sector en cuestión se desmantele y la tarea pase a ser realizada por empresas privadas. Las preferencias republicanas apuntan a una masiva pero selectiva transferencia al mercado, tomando como ejemplo el funcionamiento del Departamento de Defensa (Pentágono), verdadero adalid de la iniciativa privada. El FEMA sucumbió bajo el peso de estas tendencias, pues el DSI tomó el modelo del Pentágono. Y sus problemas no son una sorpresa: un estudio de 2003 colocó a la agencia en el último lugar sobre 28 casos analizados. En 2004, otro estudio estableció que de 84 miembros de la agencia, el 10% tuvo un buen o excelente desempeño, el resto regular o malo. Esto permitió que la crisis generada por el Katrina se transforme en una oportunidad para consolidar la alianza en el poder y su forma de reproducción, es decir, concediendo selectivamente fabulosos contratos. Lo que permite contrarrestar las tendencias centrífugas que la principal fracción (la coalición entre la rama energética y la de seguridad) ya había comenzado a generar por la presión 3

El borrador inicial fue rechazado por funcionarios estatales y locales que afirmaron que no se tuvieron en cuenta las lecciones de catástrofes anteriores (WP 13/09).

del costo de la energía sobre el conjunto del espacio de acumulación. Obviamente los mecanismos no pudieron ser otros que los tradicionales, aunque las presiones en esta oportunidad fuesen mayores. A tal punto que los contratistas involucrados, conducidos por la Asociación General de Contratistas de América, buscan legislación que los proteja frente a posibles acciones judiciales por contingencias en su desempeño (WP 20/09). Eso sí, existe acuerdo más extendido entre las distintas fracciones de la burguesía –aunque rechazo por parte de las organizaciones sindicales– acerca de las medidas de excepción respecto a los trabajadores de la región: a la aplicación de las rebajas salariales contenidas en la Ley Davis-Bacon (creada durante la crisis del ‘30, permite diferencias salariales entre los estados) ya aprobada para el sector de la construcción, se busca sumar la ley McNamara-O'Hara para los trabajadores de servicios encargados de realizar la remoción de escombros (WP 14/09). Podemos ver entonces en esas tendencias cómo se prefiguró parte de la catástrofe. Agregando el componente racial, tan presente en la sociedad norteamericana, comenzaremos a disponer del cuadro completo. Una sociedad blanca, protestante y anglosajona En el relato de Malik Rahim, candidato a alcalde de New Orleans por el Partido Verde y veterano del Partido Panteras Negras (partido creado en 1966 que luchaba por la liberación de la población negra), que fue testigo directo de los sucesos, podemos hacernos una idea de lo que representa ser negro (y pobre pues habitualmente coinciden) en EE.UU.: “además de 40 buses escolares anegados que podrían haberse utilizado, la mayoría de los automóviles sumergidos podían haber sido prestados a una familia sin vehículo, pues se trataba del segundo automóvil familiar, pero prefirieron dejarlos atrás para que se destruyeran. El huracán llegó a fin de mes, cuando la gente pobre se encuentra más vulnerable. Los cupones de comida alcanzan para las tres primeras semanas, para la última del mes ya no disponen de medios para obtenerla y echan mano a lo que pueden. Aquéllas personas cuyas casas no fueron destruidas e intentaron rescatar con botes a los inundados fueron impedidos por la ley marcial. De todas formas, la mayor parte de los evacuados lo hicieron con la ayuda de voluntarios” (ZNET 1/09). El peso de la cuestión racial, combinado con las tendencias marcadas anteriormente, derivó en actitudes rayanas en la estupidez humana: un tren de Amtrak que transportaba maquinaria se retiró sin personas el sábado 27 de agosto, cuando las autoridades locales rechazaron el ofrecimiento (WP 11/09). Si bien existe mayor proclividad de los conservadores a actitudes racistas y segregatorias4, las encuestas posteriores demuestran que trasciende la mera cuestión ideológica. Mientras que el 71% de la población negra sostiene que la pertenencia a una minoría fue determinante en la catástrofe, sólo un 32% de la población blanca avala dicha perspectiva (WP 12/09). Como mecanis4 Bush es el primer presidente en 80 años en no asistir a las convenciones de la principal organización negra del país, la NCAAP, por cierto aviso emitido por ella durante la campaña del 2000.

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Situación Mundial mo de autoconvencimiento puede ser psicológicamente útil para la población blanca, pero la realidad marca que si no existiesen argumentos sólidos para esa posición, no se entenderían comentarios tan inoportunos como los de William Bennett. Aunque se defendió aduciendo “descontextualización”, el ex Secretario de Educación de Reagan manifestó en su programa radial que “abortando cada niño negro en el país la tasa de delitos bajará” (WP 1/10). Con este panorama, se comprende cómo pudo suceder un acontecimiento largamente anticipado. La ingente producción intelectual que advertía sobre la vulnerabilidad de New Orleans, significó papel mojado para la preparación. Habida cuenta de las circunstancias peculiares de la región, el hecho de ser el punto más débil del territorio norteamericano no tuvo incidencia en las prioridades de la gestión. Una vez más, la ciega confianza en los mecanismos de mercado fue la respuesta ensayada ante el abismo, en un macabro mecanismo darwinista que sancionaba las posibilidades individuales. Luego, la asistencia a los damnificados obedece al lema habitual desde Ronald Reagan: “la caridad privada puede hacer el trabajo”, con Bush padre y Clinton encabezando la recolección de fondos, tal como ocurriera meses atrás con el tsunami. En el escenario, el gobierno federal no aparecía y las autoridades locales estaban desbordadas mientras la Cruz Roja ya estaba trabajando en el lugar. Menos de un mes después, la lección no parece hacer mella en los principios sacrosantos que residen en la sociedad norteamericana: cuando el huracán Rita golpea las costas de Texas, la forma de evacuar es idéntica, se da la orden de evacuación a 1,1 millones de “ciudadanos desplazados” (Bush ordenó que se evitara llamarlos “evacuados”), quienes acumulan pertrechos adquiridos en el Wal-Mart local, llenan su tanque con el combustible más caro de la historia del país y se dirigen donde pueden por congestionadas autopistas. Otra sociedad, otra respuesta En una pequeña islita vecina, frecuentemente azotada por huracanes, la realidad fue distinta. Y el contraste se pudo percibir en medios de comunicación alternativos en EE.UU.: “La orden de evacuación descansó absolutamente en los mecanismos de libre mercado. Se dio la orden y cada uno debía realizarlo pos sus propios medios, en forma privada. No habría ninguna clase de evacuación colectiva regimentada como ocurrió en Cu-

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ba. Cuando un poderoso huracán golpeó la isla el año pasado, el gobierno de Castro, a través de los comités barriales y las secciones locales del Partido Comunista, evacuó 1,3 millones de personas, más del 10% de su población, sin que se registren víctimas fatales” (ZNET 1/9/05). Si bien Katrina no afectó a Cuba, si lo hicieron numerosos huracanes de intensidad similar, veamos algunos ejemplos: • En 2001, el huracán Michelle, de categoría 4, obligó a evacuar unas 700.000 personas. Perdieron la vida cinco personas. • En septiembre de 2004 llegó Iván. Se evacuaron 2 millones de personas, cerca de una cuarta parte en tres horas. Esta cifra representa el 15% de la población de la isla. Casi el 80% fue reubicado por el gobierno. Se evacuaron incluso los animales de granja. No hubo muertos. • En julio de 2005, Cuba fue azotada por el huracán “Dennis”, con categoría 4, que azotó de este a oeste a once provincias de la isla. Afectó a más de 120.000 viviendas, obligó a la evacuación de 1,5 millones de ciudadanos. Hubo 16 muertos y daños materiales por 1.400 millones de dólares. En rigor, las relaciones de fuerza de la alianza en el poder, asentadas en una subordinación creciente a las necesidades de una facción, principalmente la energética (pues la militar actúa más bien como un instrumento de lucha política que torna inseparable a ésta de las necesidades propias de la acumulación de la rama; es decir, el enfrentamiento es el fundamento de su reproducción material), comienzan a ser excesivamente lesivas para el conjunto de la burguesía del espacio de acumulación norteamericano y, por efecto de la “globalización”, para todo el planeta. Y el primero en manifestarse es el medio ambiente: “las marismas que actuaban como barrera natural ante los huracanes y tormentas han comenzado a disminuir rápidamente en los últimos años en la costa del Golfo de México” (ZNET 1/09). Rápida de reflejos, la política contraataca por intermedio del Departamento de Justicia, que a pedido del Comité de Medio Ambiente y Trabajo Público del Senado, investiga la existencia de presentaciones de organizaciones ambientalistas que pudiesen haber retrasado o impedido obras en los diques de New Orleans por parte de el Cuerpo de Ingenieros (WP 17/09).

Pelea por las ganancias …por los tirones de la parte más gruesa Los huracanes del capitalismo La relación entre el calentamiento global y el consumo de combustible fósil está extendidamente documentada. Esto trae consecuencias medioambientales de diversa índole. En relación con las tormentas, ciclones y huracanes tropicales, la elevación de las temperaturas en los océanos provoca que sean cada vez más poderosos5. Sólo medio 5

El huracán es un tipo de ciclón tropical, término genérico que se usa para cualquier fenómeno meteorológico que tiene vientos en forma de espiral y que se desplaza sobre la superficie te-

grado centígrado más en el mar ha duplicado la cantidades de ciclones categoría 4 y 5 en los últimos 35 años, aseguran expertos de Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de EE.UU. y el Instituto Tecnológico de Atlanta. El cambio ocurrido en las temperaturas de las rrestre. Generalmente corresponde a un centro de baja presión atmosférica y de temperatura más alta que la que hay inmediatamente alrededor. Cuando los rayos del sol calientan las aguas del océano, el aire húmedo se calienta, se expande y comienza a elevarse como lo hacen los globos de aire caliente. Más aire húmedo reemplaza ese aire y comienza ese mismo proceso de nuevo, por eso cuando toca tierra disminuye su potencia.

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Pelea por las ganancias

superficies de los océanos del mundo está registrado y documentado desde 1970 hasta 2004. En 1970, hubo un promedio anual global de 10 huracanes de categorías 4 y 5 en la escala de Saffir Simpson. Desde 1990, el promedio ha aumentado al doble (18). Entre 1975 y 1989, hubo 171 huracanes en total, pero el número aumentó a 269 entre 1990 y 2004 (BBC 16/09). Esta ruleta rusa en la que se encuentra la humanidad responde a la evolución histórica y a la forma de desarrollo del capitalismo, cuyo desenvolvimiento depende del control de la energía centrada desde el comienzo en los combustibles fósiles, baratos y accesibles. Esto contribuyó a la conformación de una fracción privilegiada por su importancia en todos los procesos productivos. Consciente de esa posición y hasta tanto la existencia de reservas de petróleo y gas lo permitiese, esta fracción de la burguesía sostendría a capa y espada esa forma de generación de energía. La mayor parte de las demás ramas y sectores usufructuarían la baratura de la misma. Hasta hace unos años el esquema funcionó con sus ocasionales contratiempos, pero la lógica intrínseca del capitalismo (la búsqueda por parte de cada capital individual de la maximización de su beneficio) comenzó a poner a prueba este esquema. Contribuyó en parte el comienzo del agotamiento de las fuentes de abastecimiento en los bloques centrales, lo que acentuó el espíritu de fracción y la lógica del enfrentamiento, llevándolo hasta el plano militar. El papel central de EE.UU. como motor del crecimiento (por su nivel de consumo), lo situó en la primera línea del batallón que encabeza la cruzada por sostener el sistema capitalista.

queda fuera de su alcance” (La Vanguardia, 12/06). Por lo que es necesario aplicar distintas dosis de “zanahoria y garrote” y aquí reside actualmente el mayor esfuerzo que realiza el sector, aunque siempre se las ingenia para trasladar este costo al conjunto del espacio político a la que pertenecen las propias empresas por la relación de necesidad que une a ambos. El segundo aspecto, que sí domina prácticamente a su antojo, es el del propio proceso productivo. Aquí también reside un factor que permite a las energéticas negociar con la alianza política que conduce el espacio de acumulación donde residen las reservas: la dependencia tecnológica. La envergadura de los capitales necesarios para realizar el propio proceso de trabajo y el conocimiento acerca de los mismos, celosamente guardados por patentes registradas, constituye un factor que les permite a las empresas de energía regular las condiciones en que se desarrolla la apropiación del valor por parte de la rama. Haber llegado primero resultó clave para EE.UU.6 y trastocó sus equilibrios regionales7. A partir de ese momento, la rama energética se desarrollaría combinando esta desigualdad de origen con el creciente apetito de EE.UU., producto de la diferencia de productividad con el resto de las economías del planeta y de las circunstancias históricas que posibilitaron la continuidad del proceso sin interrupciones de envergadura, como los conflictos bélicos, en el propio territorio. Con este panorama, la rama se permite ciertas licencias y descuidos que pueden resultar sumamente onerosos, aunque los esfuerzos vertidos en la siembra auguran siempre una buena cosecha.

La conciencia de las energéticas de su necesidad histórica en el sistema capitalista Imponer su dominio resulta, entonces, relativamente fácil para las energéticas. Un primer aspecto de él es generar las condiciones necesarias para que se pueda realizar el proceso productivo. Consciente de la relación de necesidad que las une con todos los procesos productivos y circulatorios, se trata de hegemonizar una cantidad suficiente de reservas para disponer del peso global necesario. Esto las lleva a una alianza con el sector militar (el llamado complejo industrial militar), gustosamente predispuesto a encontrar argumentos geopolíticos apropiados para liquidar las existencias acumuladas de sus propias mercancías. Con frecuencia las circunstancias escapan al alcance de las empresas: “Los gigantes petroleros resultan ser unos enanos si comparamos sus reservas, el fluido vital de una petrolera, con las de algunas compañías estatales: ExxonMobil, Shell y BP ocupan, respectivamente, los lugares 12, 14 y 18, con unas cifras inferiores al 10% del cuarto de billón de barriles de Saudi Aramco y en torno al 20% de las de las compañías nacionales de Irak y Kuwait. La situación tampoco resulta más halagüeña para el gas: las reservas de ExxonMobil, Shell y BP (en los puestos 11, 13 y 18) equivalen al 10%-15% de las de la rusa Gazprom y la compañía nacional iraní. Y el panorama no tiene visos de mejorar. Las reservas conocidas por desarrollar a las que las superpetroleras pueden acceder no son más del 7% del total mundial y, según ConocoPhillips, el 66% del conjunto de las reservas globales recuperables

Un ejemplo del alcance del dominio: la refinación La refinación constituye una parte importante del proceso de producción de la industria petrolera. En ella los hidrocarburos se fraccionan de acuerdo al tamaño de las cadenas moleculares que los componen (a mayor cantidad, más peso) y se direccionan para ser consumidos, en otros distintos procesos productivos que alimentan o en el mercado. La principal característica de esta fase es la intensividad de capital: con un elevadísimo grado de automatización, “una refinería moderna está diseñada de tal manera que su flujo, desde el bombeo inicial de petróleo crudo hasta la salida final de los productos terminados constituye un todo uniforme. Cualquier interrupción en este proceso significará una considerable pérdida de tiempo, dinero y mano de obra” (YPF 1982). De esta manera, la continuidad es vital para establecer la 6

En 1880 la producción mundial, localizada casi por completo en Estados Unidos, era inferior al millón de toneladas. Hoy, la producción supera las 3.500 millones de toneladas. 7 “Si el huracán ha de beneficiar a Houston, no sería la primera vez. El huracán de 1900 produjo 6.000 muertos y devastó la ciudad de Galveston, centro comercial dinámico de Texas, permitiendo la emergencia de Houston, 50 millas al interior, como centro regional de navegación y refinado de petróleo. El desplazamiento de compañías de New Orleans a Houston es una tendencia de larga data que se ha profundizado, dejando a New Orleans más dependiente del turismo” (NYT 6/9).

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Situación Mundial productividad del refinado. Los efectos de Katrina y luego Rita sobre la industria petrolera fueron sumamente perniciosos. El 27% del sector aún se encuentra afectado, pues se hundieron 50 plataformas de producción de gas y petróleo y fueron cerrados 700 pozos, reduciendo la extracción en 1,5 millones de barriles diarios. Asimismo, en el plano del refinado, la producción equivalente a 1,8 millones de barriles diarios se encuentra paralizada, pues la zona de Golfo de México alberga casi la mitad de las refinerías en el territorio de EE.UU. ¿Cómo es posible que en una región frecuentemente azotada por fenómenos climáticos de estas características resida la mayor parte de una industria tan sensible? En parte, la explicación reside en la proximidad de los yacimientos, pero resulta insuficiente considerar compensado el riesgo con el desempeño derivado de una proximidad entre ambas fases productivas. Esto evidentemente fue parte del desarrollo histórico de la rama en el país en cuestión: el progreso técnico siempre cristalizaba en estructuras e instalaciones ya existentes, que son herederas de las actuales. Además de este factor, de mayor peso en el origen de la industria, existe otro con un formidable peso hoy y que es una estrategia de la rama sumamente rentable. Por cerca de 40 años no se han construido nuevas refinerías en el país, lo que ha llevado a un cuello de botella en la relación entre la oferta y la demanda. “Los bajos precios del combustible durante los años 90 llevaron a que los productores de petróleo recortaran costos, limitaran la inversión en exploración y producción y se consolidaran mediante fusiones. También empezaron a usar sistemas de gestión de alta tecnología para reducir sus reservas de crudo y gasolina, imitando la tecnología justo a tiempo” (WSJ 26/9/05). Lo que llevó a que “desde los '80, el número de refinerías disminuya a la mitad. Desde un pico de 324 en 1981 a 149 hoy, el cierre de las más pequeñas, menos rentables y eficientes; previamente protegidas por control de precios, dejó a las más grandes en el mercado. En 24 años la capacidad de refinado ha caído un 10%, a 17 millones de barriles diarios, mientras el consumo creció un 33%, a 20,8 millones de barriles diarios” (NYT 11/9/05). Por ende, el funcionamiento se realiza a pleno (95% capacidad promedio) incrementando las posibilidades de accidentes8. Esta forma de crecimiento (centralización y concentración del capital) fue el preludio de aquéllas tareas encabezadas por la alianza política en el poder para hacerse de las reservas necesarias en Iraq, Arabia Saudita, Nigeria, etc. Inclusive conformó un sustrato fértil para luego trasladar el costo al conjunto de la economía. El objetivo se alcanzaría ensanchando los márgenes de todo el proceso productivo, y especialmente de las refinerías, ahora que la mayor parte del sector estaba ya dominado por empresas gigantescas, integradas en toda la cadena de producción. El efecto fue el deseado: “La revista Fortune, calcula anualmente la tasa de retorno para los accionistas de todas los sectores de la economía. El año pasado, cuando los precios eran menores que 8 British Petroleum acuerda pagar 21,4 millones a las autoridades de EE.UU. por violar reglas de seguridad que presentaba la refinería que explotó en Texas en marzo de este año (WSJ 23/09).

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los actuales, el promedio de la tasa de retorno de las refinerías independientes y de las energéticas integradas rondaba el 23,9%. Este año será aún mayor. En la década pasada, la tasa promedió el 16%, muy por encima de las tasas en la mayoría de los sectores del resto de la economía” (WP 7/09). De esta forma, “el margen de refinado (la diferencia entre el costo del crudo y la venta de los productos refinados) excede este año los 20 dólares por barril, muy por encima del promedio histórico de 6” (NYT 11/09). Obviamente, la versión de las empresas involucradas es radicalmente distinta y también radica su argumento en principios conservadores. La injerencia de la política perjudica el proceso económico. Así, la rama “sostiene que las regulaciones del gobierno hacen virtualmente imposible construir una refinería. No hay duda que en el caso de las refinerías, encontrar un sitio para instalarla es complicado, dada la antipatía de la población por una industria tan contaminante. Pero cuando el presidente Bush propuso el año pasado acelerar la aprobación de lugares para nuevas refinerías utilizando bases militares inactivas, el jefe de operaciones de Valero declaró no estar interesado” (WP 7/09). Y no fue esclava de sus palabras, teniendo en cuenta que “la semana pasada, cuando el precio de la gasolina alcanzaba los 6 dólares en algunos lugares, la Comisión Federal de Comercio aprobaba una fusión entre refinerías que pasó desapercibida en medio del desastre. Valero adquiría Premcor por 8.000 millones de dólares” (WP 7/09). Así el desenvolvimiento de la rama continúa su marcha. Lo que habitualmente en los medios aparece como una solución, bajo el bonito rótulo de “consolidación” de la industria, no es otra cosa que parte del problema, el proceso de concentración y centralización de capital. No obstante ello, algunas contramedidas son establecidas desde la cúpula de los distintos espacios de acumulación, advertidos de la imposibilidad de profundizar los desequilibrios. Las medidas para descomprimir la situación Aún cuando Rodrigo de Rato, director del FMI reconozca que “es prácticamente imposible que los precios del crudo retornen a los niveles que había a principios del 2004, cuando estaban un 50% por debajo de la actualidad” (LF 1/10), al personal político no le queda otro camino que intentar neutralizar los efectos perniciosos del momento. Pero todos deben actuar simultáneamente en el mismo escenario, lo que puede generar tendencias que contribuyan a incrementar los desequilibrios9. EE.UU. libera un millón de barriles diarios de sus Reservas Estratégicas (que suman 707,2 millones de barriles) y lo sigue la Agencia Internacional 9

Pese a las tendencias inflacionarias que los aumentos de energía producen, la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia un cuarto de punto como lo venía haciendo (WSJ 21/09). Si bien es cierto que EE.UU. se ve urgido a financiar su deficit de cuenta corriente y para ello una medida así puede servir pues hace más atractivas las colocaciones en dólares, no es menos cierto que un aumento de la tasa reaviva las presiones inflacionarias. En parte, la explicación debemos buscarla en la especificidad que el capital financiero (como forma de gestión del capital) posee en aquéllos grupos asentados principalmente en actividades propiamente bancarias o financieras y sus relaciones con los organismos reguladores de los flujos de dinero.

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de Energía10 que lanza al mercado otros 2 millones diarios. Esta fue la razón por la cuál la gasolina experimentó una suba de un 25% y el crudo, luego de una suba inicial, fue mantenido debajo de los 70 dólares por barril. Es decir, la gasolina en reserva es muy poca para que resulte significativa globalmente (TE 10/9). Los efectos en cada uno de los mayores bloques económicos es dispar. Según Jean-Philippe Cotis, director económico de la OCDE “el impacto del precio del crudo en la zona euro será mayor en la UE incluso que en EE.UU., porque su economía es más vulnerable a la escalada de los precios del petróleo” (LF 7/09). Y esta dependencia se verifica en la estrategia general de los países de Europa, que si bien dispone de ciertos aspectos que la asemejan a la de EE.UU., en general presenta una perspectiva más amplia. Así, “luego de años de pagar cuatro o cinco veces más que los norteamericanos por la gasolina, los europeos ajustaron sus hábitos de transporte, cambiaron sus automóviles a sistemas más eficientes de ahorro de combustible y exploran nuevas alternativas. En Roma el uso de subterráneo alcanzó récords este verano. Los alemanes cruzan a Polonia para comprar combustible y los polacos a Ucrania. El promedio de rendimiento por litro en Europa es de 15 a 17 kilómetros, mientras en EE.UU. 10 o menos” (WP 3/09). Esta adaptación a nivel social coexiste con iniciativas políticas continentales que, pese a no haber sido aprobadas aún, decididamente tienen otra fisonomía. La Comisión propuso, en septiembre de 2002, que cada estado miembro tenga su organismo estatal encargado de tener al menos 1/3 de las reservas mínimas exigibles, que las reservas sean por 120 días y no por 90, que la activación pueda ser por causa no sólo de interrupciones físicas de los suministros sino también una impresión generalizada en los mercados de este riesgo de ruptura por la volatilidad de los precios y para el caso del gas, se recomendaban unos primeros pasos: contratos de largo plazo, creación de reservas según la disponibilidad geológica y física de cada país, etc. El éxito de las energéticas pasa a depender de dos cosas. Una es que se instale en la opinión pública que “el sistema global de energía que ha alimentado a la economía mundial en los últimos 25 años está agotado. Los productores mundiales tienen una capacidad de bombeo de reserva de 1,5 millones de barriles a la cuál pueden recurrir en caso de una situación extrema. Es casi la misma cantidad que actualmente se encuentra paralizada por Katrina y Rita. Se necesita un colchón de por lo menos 4% de la de10 La AIE (Agencia Internacional de Energía o IEA, International Energy Agency), fue fundada en 1974 en París con los objetivos explícitos de “establecer políticas energéticas comunes entre los países miembros y contribuir a la seguridad en el aprovisionamiento de energía”. Actualmente la integran 26 países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Suiza, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, Turquía y Estados Unidos. Cuando fue creada, se impuso a sus países miembros que contaran con existencias equivalentes a las importaciones netas de, al menos, 65 días. En 1976 estas existencias se elevaron a los actuales 90 días. Esta política se copió en realidad de la que la CEE desarrollara en la materia en 1968.

manda, o unos 3,5 millones de barriles, para aislar a los consumidores de posibles trastornos” (WSJ 26/9/05). Y la otra es borrar las huellas de su acción para que se llegue a ese estado de cosas, que intentamos describir más arriba. Si las estimaciones no son escandalosamente erradas, aún queda un plazo significativo para que el problema sea urgente: en 2002 quedaban en el mundo entre 990.000 millones y 1,1 billones de barriles de crudo por extraer. Esto significa que al ritmo actual de consumo mundial estas reservas se agotarían hacia el año 2043. Estas previsiones no incluyen el hallazgo de nuevos pozos o la posibilidad de extraer petróleo de zonas que en la actualidad son consideradas reservas naturales y, por lo tanto, no perforables. El limitado alcance de la reacción de otras fracciones Ante este panorama, la oposición política en EE.UU. reaccionó en defensa de lo que parece como una subordinación intolerable. La primera en abrir fuego fue Hillary Clinton, senadora demócrata por New York y posiblemente candidata presidencial en el 2008, denuncia a las empresas petroleras por aprovecharse de la situación generada por Katrina para aumentar los precios. Critica a su vez la falta de liderazgo para solucionar la dependencia energética y la inutilidad de la última ley energética (WP 3/09). Las iniciativas opositoras que se lanzan, cuentan con más apoyo hoy que hace un tiempo, pero aún así cuentan con el rechazo de empresas petroleras y energéticas. En particular, la creación de una reserva de gasolina similar a la Reserva Estratégica de Petróleo. En rigor, la discusión en la que se ve imbuido el Congreso se relaciona con la reconstrucción y el esfuerzo presupuestario que eso supone. Al parecer para la primera semana de octubre ya se agotarían los fondos aprobados (60.000 millones de dólares). Asimismo, se espera una andanada de pedidos de distintos estados (campesinos pidiendo compensación porque no pudieron utilizar la ruta del Mississippi, estados del noroeste por el aumento del combustible de calefacción, los estados receptores de refugiados por el costo de alojamiento, etc.) (WP 15/09). En parte se busca compensar las erogaciones y perjuicios económicos efectivamente sufridos, pero principalmente se busca neutralizar el recorte feroz que se prevé, principalmente en aquéllas leyes (como la de autopistas) que contiene en su seno numerosos proyectos individuales de los distintos legisladores. Esta es la iniciativa más sustentable para los republicanos, que presentan divisiones sobre cómo encarar el financiamiento de la reconstrucción. Pocos apoyan un aumento de impuestos, algunos más eliminar los recortes impositivos previstos. En este desplazamiento del eje de las discusiones del Congreso, las energéticas, una vez más, llevan la delantera y promueven medidas largamente codiciadas. La continuidad de la dinámica del enfrentamiento político “El presidente Bush exhortó a la población a reducir el consumo de gasolina manejando menos. También estableció para todas las agen-

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Situación Mundial cias federales a recortar el uso de la energía, incentivando a los empleados públicos a usar el transporte público” (NYT 28/9). Junto a estas inéditas iniciativas, conviven otras que suenan a una melodía conocida y que reducen su significación. “La Cámara de Representantes considerará a partir de hoy legislación diseñada para estimular la construcción de refinerías y nuevas exploraciones en búsqueda de petróleo y gas, incluyendo medidas largamente buscadas por la industria energética y que el efecto de Katrina y Rita permitió. Se permitirá explorar en la costa de los estados incluyendo el Refugio de Vida Silvestre del Ártico, como así también estímulos para la instalación de refinerías, que los ambientalistas denuncian eliminará los controles de la Ley de Limpieza del Aire” (WP 28/09). Observamos que las tendencias descriptas anteriormente se verifican, tal como lo hicieron desde que se desató la catástrofe: Exxon obtuvo el permiso para usar un buque cisterna extranjero para transportar crudo por el Mississippi hasta Baton Rouge, para lo cuál tuvo que solicitar una suspensión temporal de la ley Jones, que restringe el movimiento de barcos extranjeros entre puertos estadounidenses (WSJ 9/09). El resto de las fracciones no puede más que presentar batalla en el único campo posible. La negociación y la presión como métodos no parecen abandonarse sino que más bien parecen cobrar nuevos bríos. Y Louisiana, en una posición de fuerza reducida, pone a prueba el federalismo norteamericano al presentar un proyecto que supone erogaciones del orden de los 250.000 millones y supera los gastos vinculados con la reconstrucción. La presencia de lobbystas de sectores de la economía interesados en el grupo que generó el proyecto muestra que la lógica subyacente a la dinámica política es la misma: además de los funcionarios estaduales “casi todos los miembros del grupo que presentó el proyecto provienen de firmas de lobby como Patton Boggs, Adams & Reese, the Alpine Group, Dutko Worldwide, Van Scoyoc Associates, y una firma perteneciente al ex senador J. Bennett Johnston (demócrata por Louisiana). Hay un lobbysta representando al puerto de New Orleans, otro de la firma de telecomunicaciones Verizon, y otros tres que fueran ex asistentes del presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes Don Young (Republicano por Alaska)” (WP 26/09). Además, como consecuencia del pésimo manejo de la crisis Bush propone al Congreso que considere la posibilidad que el Departamento de Defensa (las fuerzas armadas) dispongan de mayores responsabilidades en el manejo de catástrofes. Esto supone una ampliación del plan de respuesta elaborado luego de 11/9, que dotó de mayores atribuciones al Pentágono, pero éstas involucran centralmente a las derivadas de acciones terroristas (WP 26/09). Una vez más, la proposición significa una cimentación mayor de la alianza en el poder.

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(CMNUCC), obliga a sus firmantes (141 países) a reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2% promedio respecto a los niveles de 1990 las emisiones a la atmósfera de los gases que provocan el efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluocarbono, el perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. Los expertos vaticinan que reduciendo la emisión de estos gases quedará controlado, al menos en parte, el impacto del agente más directamente implicado en el calentamiento global del planeta. Sin embargo, el éxito del Protocolo será relativo, puesto que EE.UU. –que emite casi el 25% de los gases contaminantes del planeta, y al cual el tratado lo obligaría a reducir sus emisiones en un 7%– persiste en la negativa a ratificarlo. Entre los que sí se someterán a los dictados de Kyoto están los 25 miembros de la UE y Rusia, cuya adhesión en noviembre de 2004 desencadenó la entrada en vigor del protocolo. Otros países en desarrollo, como La India o China, no están obligados a reducir emisiones, pero se han comprometido con el Protocolo. En la primavera de 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su país no ratificaría el instrumento por el bien de la competitividad de sus empresas. Una de las características más criticadas de este Protocolo es que los países pueden comprar o vender su cuota de emisión de gases, lo que les permitirá vender sus excedentes si consiguen reducir más de lo que tienen comprometido, o comprar a terceros emisiones si los sobrepasan, es decir, que crea un mercado de “bonos de producción ecológica”. Por otra parte, en julio pasado, durante la reunión que celebra la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con sus principales socios en Laos; EE.UU., Australia, Japón, China, India y Corea del Sur anunciaron la firma de un acuerdo para colaborar en el desarrollo de tecnología dirigida a reducir las emisiones de gases contaminantes, con el objetivo de combatir el efecto invernadero. Se presenta como complementario a Kyoto más que alternativo y los países firmantes producen cerca del 40% de las emisiones de gas en todo el mundo.

Mientras tanto, la destrucción del planeta continúa... Tampoco puede apartarse demasiado del panorama descrito las propuestas para solucionar el cambio climático. La más conocida de ellas, el Protocolo de Kyoto, negociado en 1997 en la en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

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América Latina La sexagésima asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sirvió para medir el papel de Latinoamérica en el principal organismo internacional. Las declaraciones de Venezuela, Cuba y Argentina, más las recriminaciones de Brasil ante las nulas reformas en el Consejo de Seguridad, dan cuenta de los resultados y las diferentes sensaciones que dejó este encuentro. La posición inflexible de EE.UU. ante temas determinantes (terrorismo, comercio, Consejo de Seguridad, etc.) no es otra cosa que el reflejo cotidiano que vemos de sus políticas en la región, que nuevamente aparecen como in-

tentos desenfrenados por contener la conflictiva situación imperante. Lo que está claro es que se avecina un nuevo mapa de enfrentamiento, así como de definiciones. La avanzada del gobierno Bolivariano en Venezuela, con la expropiación de tierras y empresas para llevar adelante emprendimientos sociales, sumado a los esfuerzos de integración que intentan eliminar la dependencia energética y financiera, y la aparente normalización del gobierno de Lula luego de la crisis política más importante en lo que va de su mandato, no hacen más que replantear el nuevo juego de intereses en la región.

Pelea por los Mercados Mercosur y Unión Europea: entre lo necesario y lo real. El intento de establecer acuerdos entre ambos bloques regionales tuvo esta vez cita en Bruselas y con la particular presencia del ministro de economía Roberto Lavagna y del canciller brasileño Celso Amorim. Por el lado del Viejo Mundo, se hizo presente el jefe del área comercial de la Unión Europea, el inglés Peter Mandelson. Acuerdos concretos: ninguno. Intentos: varios. El objetivo de los sudamericanos es que los países europeos rebajen los subsidios agrícolas para poder venderles a ellos mercancías agropecuarias. Este funcionario inglés siempre se caracterizó por manifestarse a favor de medidas que permitan una apertura de la UE hacia el Mercosur, pero sabido es que un bloque regional se compone de varios integrantes distintos en cuanto a su peso económico y político. Así, “Mendelson es partidario declarado de la apertura de los mercados. Pero no es la voz de toda Europa, y mucho menos la de los productores agropecuarios de Francia” (C 13/9). La evolución de las negociaciones tendrá que esperar hasta la tradicional Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), pactada para fin de año, en donde se discuten y se determinan cuestiones sobre subsidios –y sanciones en caso de no cumplimentarlos– en el comercio internacional. Justamente, Brasil y Argentina integran el Grupo de los 20 y son los principales impulsores de la rebaja de subsidios en EE.UU. y Europa. Veamos entonces a qué se debe esta falta de acuerdos. Asimetrías: diferentes historias, diferentes tamaños, diferentes intereses Los países miembros de estos bloques, todos ellos capitalistas, tienen una historia que obedece a circunstancias diferentes, algunas veces elegidas y muchas veces impuestas por otros. En el marco de esas relaciones sociales, existe la competencia entre los capitalistas por apropiarse de mercados, competencia que, a cierto grado, toma forma de entidades nacionales que se enfrentan entre sí con los mismos objetivos: la obtención de mercados. Y, a su vez, los intereses de varias naciones que expresan capitales de menor tamaño contra naciones que pueden expresar capitales de mayor tamaño llevan a agrupamientos, bloques y conflictos de mayor nivel. Así como en la UE existen esos desacuerdos recién mencionados, también los hay entre ese bloque y el Mercosur, y al interior de este último.

Veamos cómo se manifiestan. Hay que destacar que el PBI de la UE es 14 veces mayor que el del Mercosur y que el 95 % de las exportaciones de la UE son bienes industriales, mientras que el 63% de las ventas del Mercosur a la UE son productos agropecuarios, pesqueros, minerales e hidrocarburos. Esto hace que los posibles acuerdos que intentan realizar desde 1995 –pero fundamentalmente desde la percepción de la inviabilidad del ALCA– tarden en concretarse. Ahora bien, ¿qué piden los europeos a cambio de la rebaja de subsidios mencionada? Que los países americanos abran sus mercados a bienes industriales y, principalmente, a servicios europeos (bancos, seguros, telecomunicaciones). En este sentido, Brasil siempre fue más escéptico que Argentina, quien en los años noventa prácticamente entregó sus servicios públicos a manos europeas. Pero la probable apertura a los europeos tiene más asidero en Brasil que en Argentina, socios mayoritarios del Mercosur, en la actual coyuntura. Esto demuestra las asimetrías de aquel controvertido desarrollo capitalista. Esto también se aprecia por el lado de los bienes industriales, en donde la industria brasileña tendría más capacidad competitiva que la argentina: las exportaciones brasileñas de ese rubro a Europa oscilan alrededor del 50 % del total, mientras que del lado argentino los bienes industriales alcanzan el 15% de sus exportaciones a Europa. A su vez, el total de las exportaciones brasileñas se ha duplicado en los cinco últimos años. Por si algún dato falta, las ventas argentinas en el año 2004 a la UE sumaron 6.082 millones de dólares, mientras que las de los brasileños sumaron 24.160 millones de dólares (casi el cuatro veces). En la realidad de ambos países, a Argentina no le queda mucho que ofrecer por el lado de los servicios estratégicos. Incluso el trato para con las concesiones europeas no ha sido el mejor en los últimos tiempos, a raíz de los datos recién expuestos: “temeroso del impacto que un arreglo con la UE podría tener sobre sectores industriales locales, Lavagna sería partidario de arriesgar menos” (C13/9). Brasil parece tener algo más que ofrecer, pues su desarrollo capitalista permite aguantar la competitividad europea, Argentina no. A su vez, hay todo un campo en el sector servicios que está todavía sin tocar. Esto traerá obviamente conflictos al interior de las fracciones capitalistas en Brasil, al igual que incentivará los existentes entre las principales naciones socias del Mercosur.

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América Latina

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Coyuntura Política El papel de la región en la 60° Asamblea de la ONU. Pocos avances concretos se realizaron en el marco de la 60º asamblea de las Naciones Unidas. Casi todos los presidentes y representantes de sus respectivos gobiernos salieron insatisfechos con los resultados obtenidos, y tanto Cuba como Venezuela no firmaron el documento final. Dicho documento1 se basó en tres pilares: Derechos Humanos, Paz y Seguridad y Desarrollo. En los tres temas los distintos gobiernos latinoamericanos pusieron objeciones o rechazaron la posición de EE.UU. y los países alineados detrás de él. Sobre Derechos Humanos, la ONU decidió transformar la Comisión en un Consejo de países cuya función sería evaluar y condenar a los Estados calificados como violadores de esos derechos. Esto llevó a una férrea crítica de Venezuela, que aseguró que esto era un mecanismo más para la injerencia en los asuntos internos de los países acusados. El embajador venezolano ante el organismo, Fermín Toro Jiménez, señaló que Venezuela se opone a tal modificación ya que “hemos estado sometidos a un bombardeo creciente de ser violadores de derechos humanos por parte de los órganos interamericanos. De esto, a ser calificados, evaluados y enjuiciados por ese Consejo de las Naciones Unidas habría muy poca distancia”, alertó (Agencia Bolivariana de Noticias –ABN- 13/9). Sobre Paz y Seguridad, casi todos los países realizaron una enérgica condena al terrorismo, pero también afirmaron que la misma sólo se puede lograr respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. El recién citado embajador venezolano, criticó el nuevo concepto del uso de la fuerza, el cual establece que si el Consejo de Seguridad de la ONU califica a un Estado como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, aun sin que haya cometido un acto de agresión, será intervenido anticipadamente. Propuesta que calificó como un reflejo de la “doctrina Bush disfrazada de multilateralismo” (ABN 13/9). El canciller argentino Rafael Bielsa, destacó que “la respuesta al terrorismo debe ser moral y éticamente válida y por lo tanto debe ser llevada a cabo en total respeto de la Carta de las Naciones Unidas, el estado de derecho de los refugiados y el humanitario. Debemos basarnos en la legitimidad, la proporcionalidad y el respaldo de la opinión pública internacional” (C 19/9). Chávez, en su discurso, enfatizó: “Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamente, al terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones militares injustificadas y violatorias del Derecho Internacional, que se han entronizado como doctrina después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha y verdadera cooperación, y el fin de los dobles raseros que algunos países del Norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo” (CE 14/9). Además, impulsó un cambio de la sede de la ONU: “Proponemos que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea”.

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El documento final fue redactado por quince países, dejando de lado al resto y entregado poco antes de los discursos de los presidentes.

En cuanto al Desarrollo, dos discursos presidenciales sobresalieron: el del presidente argentino Néstor Kirchner y el del venezolano Hugo Chávez. El discurso de Kirchner se centró en el papel que juegan los organismos internacionales de crédito y las trabas en el comercio internacional. Pero antes de su discurso se había enfrentado (cara a cara) con el titular del FMI, Rodrigo de Rato. Kirchner le recriminó que “Argentina cumple debidamente las metas, está pagando como nunca lo hizo, pero se le exigen y agregan exigencias y presiones; por ejemplo en el tema de las tarifas de las empresas de Servicio Público” (C 15/9) Ya en su discurso ante la Asamblea, las palabras, bajo la atenta mirada de Bush, remarcaron la demanda de Argentina por una reorganización de los organismos multilaterales de crédito: “El predominio del componente ideológico en las políticas de los organismos internacionales de crédito es también preocupante. El enfoque ortodoxo que se le quiere dar al tema de la deuda, un enfoque éste que ha mostrado sus falencias e ineficacia, y que ha agravado las condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo, es quizás el punto donde más se evidencie el predominio de ese componente. Lamentablemente, en ese proceso de recuperación, expansión y transformación, no contamos con la ayuda del FMI, que sí apoyó y financió, hasta semanas antes del colapso, el régimen de convertibilidad. Durante la crisis, Argentina realizó pagos netos del orden de los 13.500 millones de dólares.” Más adelante agregó que “como tantos países en desarrollo, continuamos siendo afectados, tanto por esa visión arcaica del tema de la deuda, como por un sistema de comercio internacional injusto para los productos agrícolas donde los subsidios y medidas para-arancelarias de los países desarrollados, continúan impidiendo que nuestros países puedan crecer plenamente con sus recursos genuinos (...), pensamos que las finanzas internacionales son demasiado importantes para quedar en manos de intereses concentrados que afectan la estabilidad de los mercados, discriminan contra los inversores más pequeños y generan políticas pro-cíclicas (CE 14/9) 2. Y concluyó: “A futuro nuestro país ha estructurado una estrategia de reducción de la deuda con la finalidad de ganar grados de libertad para la aplicación de sus planes de desarrollo y crecimiento de la economía En ese marco, queremos reiterar nuestra decisión de que el pago de los compromisos financieros externos, no debe hacerse a expensas de los recursos comprometidos para áreas sociales, tales como educación, salud, vivienda y promoción del empleo” (CE 14/9). Por su parte, Chávez planteó la necesidad de generar un nuevo orden económico internacional: “Las Naciones Unidas han agotado su modelo (...) El siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad”. Para ello, remarcó que hacen falta cuatro reformas de manera imperiosa: “La primera, la expansión del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y países en desarrollo como nuevos miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de 2 El presidente nortemericano no se salió del libreto que repite desde que está en la presidencia de su país: combatir al terrorismo, liberar el comercio. Sin embargo, afirmó que “EE.UU. está listo para eliminar los flujos de bienes y servicios en la medida en que otros países hagan lo mismo” (C 16/9).

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Coyuntura Política

los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, par aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata (...) del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva, debe ser consolidado”. Y remató: “Ahora necesitamos un nuevo orden internacional” (CE 14/9). Al mismo tiempo, dejó en claro que ese “nuevo orden” no puede basarse en una mayor apertura comercial tal como pretende EE.UU. ni en los pilares de la globalización neoliberal: “Hace poco el señor presidente de los EE.UU. asistió a una reunión de la OEA, a proponerle a la América latina y el Caribe incrementar las políticas del mercado, la apertura de mercado, es decir, el neoliberalismo, cuando es precisamente la causa fundamental de los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos: el capitalismo neoliberal, el Consenso de Washington lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos de este continente” El clima general ante la votación del Documento Final no podría haber sido más pesimista. Por un lado, Chávez anunciando que el sistema de la ONU está “agotado” y en una “crisis terminal”, reafirmando que “funciona como una dictadura”. Por otro, Lula –aliado con Alemania, Japón e India en el denominado G4–, en busca de una reforma en el Consejo de Seguridad (no conseguida), y pronosticando que “la ONU no podrá cumplir con el papel histórico que le está reservado”. En cuanto a las Metas del Milenio –que se proponía entre otras cosas la progresiva erradicación del hambre, la pobreza y un acceso a la educación para todos los habitantes en el 2015–, ni siquiera se incluyeron en el Documento Final, y ya es un hecho que tampoco se podrán alcanzar. Por su parte, Ricardo Lagos, presidente de Chile – uno de los pocos países que está cumpliendo con los tiempos pautados–, expresó: “Chile concurre a esta reunión plenaria con una mirada de esperanza pero también de frustración. No hemos alcanzado lo que esperábamos lograr cuando nuestra organización cumpliera sus 60 años” (C 17/9) Producto de los pocos avances realizados y de la forma en que se redactó el documento, el embajador de Panamá, Ricardo Alberto Arias –encargado del grupo de redacción– afirmó que EE.UU. es la causa principal de la crisis en las negociaciones: “Llegó tarde y con imposiciones muy rígidas” (C 16/9). Como ya adelantamos, la delegación cubana (al igual que Venezuela) no firmó dicho documento. Su ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, lo explicó de la siguiente manera: “A las groseras irregularidades del proceso de negociación, con su secuencia de imposiciones, secretismo, exclusiones y discriminación, se unen las graves omisiones de este documento. No se quiso siquiera incluir referencias al desarme nuclear y al desarme general y completo, aspiraciones de la mayor parte de la comunidad internacional durante las últimas cuatro décadas. No se aceptó incluir medidas concretas para tratar de cumplir las metas de desarrollo del milenio que, a pesar de su insuficiencia ante los graves problemas que enfrentan hoy los países del Tercer Mundo, distan mucho de anunciar su cumplimiento para las fechas pactadas hace ya cinco años. Las referencias al desarrollo, al comercio, al medio

ambiente y otros temas de fundamental interés para la mayoría de los integrantes de esta organización, han sufrido un retroceso imperdonable” (CE 14/09). “Esta ha sido la Cumbre del egoísmo, de la prepotencia y de la mentira. La Cumbre en que se nos pretende presentar como un gran logro el incremento de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, utilizando para ello la condonación de determinados montos de la deuda externa, que, de todas maneras, los países deudores jamás habrían podido pagar.”

Nuevos avances en la integración: Petrocaribe Con este nombre se designó al acuerdo de cooperación energética suscrito durante el “Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o Gobiernos del Caribe”, realizado el 29 junio de este año. Los países firmantes del acuerdo son Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana, Grenada, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Surinam y Jamaica. En los primeros días del mes pasado se realizó la II Cumbre en Montego Bay, Jamaica. Petrocaribe busca la integración mediante el uso de los recursos naturales energéticos. La idea –tal como lo es PetroAndina y PetroSur– es la conformación de un anillo energético del Caribe, constituido por cuatro proyectos de gasoductos: el Centroamericano, el Transcaribeño, el Andino y el que atravesaría Venezuela, Colombia y Panamá (ABN 5/9). La presidencia de Petrocaribe será ejercida en forma permanente desde Caracas, mientras que la vicepresidencia se llevará en forma rotativa por cada país que sea anfitrión de la reunión. El suministro se realizará de manera bilateral entre Venezuela y cada una de las naciones integrantes. El objetivo de este proyecto excede exclusivamente el acceso al recurso energético, ya que, con la diferencia en los precios del transporte y con los bajos intereses (de 20% a 1%) para los pagos, se va a invertir en programas sociales. El ministro de Energía de Jamaica resaltó “el rango de beneficios que abre este acuerdo para atender las serias necesidades sociales, como el desarrollo de viviendas y caminos, programas de salud y educación y el desarrollo de la capacidad productiva de las pequeñas industrias” (ABN 6/9). Para Chávez, este proyecto es parte de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), cuya idea es complementar las economías de los países de Centroamérica y Suramérica, en respuesta a la propuesta neoliberal del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): “Llegó el 2005 y el ALCA no existe ni existirá. Eso no significa que hemos derrotado al imperialismo, hemos derrotado una de sus propuestas” (ABN 5/9). Más adelante: “El imperio norteamericano pudiera estar herido de muerte y ojalá esté herido de muerte. O se acaba ese imperio o se acaba el mundo”; para culminar: “Así como nosotros enviamos millón y medio de barriles de petróleo diarios a Estados Unidos, igual aquí estamos comprometiéndonos a suministrar el combustible que necesitan los pueblos del Caribe para los próximos cien años” (ABN 7/9).

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Comunidad Sudamericana de Naciones: sólo avanza con acuerdos bilaterales Los días 29 y 30 de septiembre, se realizó en Brasil la primera cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). La misma, patrocinada por Brasil, contó con la presencia de los presidentes sudamericanos (aunque no estuvieron los presidentes de Colombia, Guyana, Surinam y Uruguay). Esta cumbre se plantea la conformación de un área de Libre Comercio entre los países miembros, así como el impulso al desarrollo en el sector clave de infraestructura (puertos, caminos, hidrovías, oleoductos, etc.). La cumbre en sí misma no tuvo la trascendencia deseada, generándose incluso entredichos sobre la poca discusión alcanzada entre los participantes del encuentro, pero sirvió para avanzar en los acuerdos de integración bilaterales. De esta manera, Lula y Chávez firmaron acuerdos de complementariedad energética. Las estatales Pdvsa y Petrobrás sellaron acuerdos para la explotación de un yacimiento en la Faja del Orinoco, el cual alcanza los 41.000 millones de barriles, y para la construcción de una refinería en Pernambuco, que procesará petróleo venezolano (ABN 29/9). Argentina y Venezuela siguieron cerrando acuerdos. En este caso, hubo tres de importancia: el primero, la compra conjunta de Pdvsa y la argentina Enarsa de 150 estaciones de servicio, actualmente en manos de la empresa Rhasa, y otras 163 estaciones en manos de SOL (la estatal uruguaya ANCAP). También se deslizó la posibilidad de adquirir la refinería de Rhasa en Campana. En segundo lugar, la construcción de barcos petroleros. Venezuela tiene un proyecto de comprar 42 buques para agrandar su flota petrolera y distribuirá esa compra entre los países de la región. El tercer punto del encuentro fue el memorando que prevé la compra por parte de Venezuela de 100 millones de dólares anuales en maquinaria agrícola, con la intención de renovarlo cada 5 años. El encuentro le sirvió a Lula para lograr cierto apoyo regional ante la crisis política (la llegada de Kirchner a la Cumbre no estaba planeada y se definió a último momento, como apoyo a Lula y ante la falta de cuatro presidentes), y a Chávez, ya que logró firmar nuevos acuerdos y paliar las críticas internacionales ante las medidas adoptadas por su gobierno (ver más abajo). En palabras de Lula: “Yo no sé si América Latina tuvo un Presidente con las experiencias democráticas puestas en práctica en Venezuela. Un Presidente que gana las elecciones, que hace una Constitución y que propone un referéndum para él mismo. Hace un referéndum y gana las elecciones otra vez”, recordó. “Nadie puede acusar a aquel país de no tener democracia. Podría hasta decirse que tiene exceso” (ABN 30/9).

Venezuela: de elecciones a expropiaciones y de expropiaciones a elecciones El triunfo en los municipios para la elección de concejales, tal como vimos en el Análisis de Coyuntura anterior, sirvió para medir las fuerzas bolivarianas en todo el país. Con el 80% de los concejales ganados, el gobierno de ese país dio un paso más. Ahora se profundizaron las expropiaciones a haciendas, fincas o terrenos que no cumplen con las disposiciones gubernamentales, es decir que sean latifundios, que estén

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sin trabajar o que sus dueños no presenten títulos de propiedad. De esta manera, se inició una serie de expropiaciones en algunos estados del país. Según Richard Vivas, del Instituto Nacional de Tierras (INTI), están en estudio 3 millones de hectáreas, porque se tratan de tierras ociosas; ya se repartieron 160.000 hectáreas a 1.400 familias. Según Vivas: “No hay revolución sin revolución agraria” (LN 13/9), aunque aseguró que “mientras que los papeles estén en regla y las tierras estén productivas no hay ningún problema” (ABN 22/9). La Constitución venezolana –al igual que la brasileña– prohíbe el latifundio, entendido como extensiones de tierra sin explotar o subutilizadas. El propósito es poner a producir millones de hectáreas fértiles que –se estima– están sin aprovechar, mientras el país importa casi el 80% de los alimentos que consume y miles de campesinos reclaman espacios para trabajar. El proceso incluye asimismo un reordenamiento de la propiedad, a partir de denuncias de que numerosos propietarios de fincas no poseen la titularidad legal, pues fueron adquiridas por medidas de fuerza o maniobras irregulares en el pasado (ABN 22/9). “Cada vez que el Gobierno profundiza en cumplir con los derechos que se enmarcan dentro de la Constitución, se generan reacciones negativas fuera y dentro del país”, aseguró Chávez: “Nadie se extrañe que digan por ahí que Chávez es un tirano, que está atropellando la propiedad privada y a los productores (...) El proyecto bolivariano se ha empeñado en recuperar los recursos estratégicos, para avanzar en el desarrollo del país, pero todo de acuerdo a nuestros modelos, y no los impuestos por otros” (ABN 25/9). En el marco de las críticas internacionales, Chávez afirmó: “Yo respaldo la propiedad privada aunque toda propiedad debe estar regulada por la ley”. Para culminar, agregó: “En Venezuela se acabará el latifundio o yo muero en el intento (...) La propiedad privada no es sagrada”. (C 26/9) Y, ante los posibles intentos de resistencia de los latifundistas y propietarios, sentenció: “Por allí algunos andan diciendo que van a utilizar hombres armados, nosotros también tenemos hombres armados, y tenemos además el recurso legal de la Fuerza Armada Nacional” (ABN 25/9). Pero no sólo se avanzó sobre latifundios y fincas, ya que en el marco de este proceso de expropiación también se llevó adelante la expropiación de una planta de silos de la empresa Polar, y algunas agroindustrias transnacionales como Parmalat, la norteamericana Heinz y la británica Vestey –mayor productora de carnes en el mundo. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT, sindicato chavista), afirmó que se emprenderá la ocupación de 800 empresas “que permanecen inoperantes” (LN 13/9). Al mismo tiempo, se planteó la necesidad de revisar los convenios operativos con las petroleras (operan y administran pozos) que datan desde la década del ’90. El proyecto es que el Estado participe en los convenios y sólo una mínima parte quede para las empresas extranjeras. Por último, se aprobó la creación de la Industria Nacional Minera y la revisión de los contratos de operación y concesiones sobre áreas mineras existentes, con el objetivo de rescindir los contratos que se mantengan inactivos sin justificación alguna: “Es necesario que la relación de estos mineros no sea con las corporaciones trasnacionales y con los grupos

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15 económicos nacionales que los explotan, sino que sea una relación signada por los principios de solidaridad y de cooperación con el Estado venezolano, que ha decidido reivindicar la soberanía del país sobre los recursos auríferos y diamantíferos con la creación de la Industria Nacional Minera”, destacó el ministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez (ABN 15/9). En este marco de avance de las fuerzas bolivarianas, la oposición intenta reorganizarse en vísperas de las próximas elecciones legislativas a fin de este año. De esta forma, lograron consensuar un frente único que aglutina a

los partidos tradicionales (COPEI –socialdemócrata– y AD –socialcristiano–), a los nuevos partidos, que originalmente nacieron en contra de éstos (Primero Justicia y Proyecto Venezuela –de centroderecha–), y a algunos partidos de izquierda (MAS –aliado hasta 2001 con el gobierno). El objetivo de este frente es evitar la mayoría absoluta (dos tercios de los congresales) del chavismo en las cámaras legislativas. En la actualidad, mantiene una mayoría simple (arriba del 50%).

Seguridad Reacción del MERCOSUR ante la inmunidad La decisión del Estado paraguayo de autorizar el ingreso de más de 400 soldados estadounidenses, a quienes se les concedió total inmunidad frente a cualquier delito que pudieren cometer, ha causado una gran incertidumbre en el sur de América Latina. Los detractores de la medida sostienen que la verdadera intención del Departamento de Estado norteamericano es establecer a sus tropas en un espacio estratégico y de vital importancia, fundamentalmente, por su cercanía a Bolivia, zona de máxima tensión por su conflictividad social y política. Recordemos que en pocos meses se van a realizar allí elecciones presidenciales, donde el principal favorito para ejercer el ejecutivo del país andino durante los próximos años es el candidato del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales. Otro punto central en la zona es la Triple Frontera argentino- brasileño-paraguaya, a la cual se ha denunciado como un espacio ligado a la acción del terrorismo, pero que, además, posee una de las reservas de agua potable más importante y codiciada del mundo (ver Análisis de Coyuntura Nº 63). ¿Una avanzada para dividir y debilitar al MERCOSUR? La ley aprobada por el Congreso paraguayo el último 26 de mayo –que dio luz verde a la entrada de medio millar de soldados norteamericanos para trece operativos de entrenamiento y adoctrinamiento en temas de seguridad y defensa hasta diciembre de 2006 (aunque el acuerdo es prorrogable)– ha despertado tensión en el seno del MERCOSUR. Los socios del país guaraní (Argentina, Brasil y Uruguay) han rechazado conceder inmunidad a las tropas de EE.UU. y se adhirieron a la Corte Penal Internacional, a pesar de la presión ejercida por la Casa Blanca. La administración de Kirchner, a través de su ministro de Defensa, José Pampuro, ha expresado que no comparte la decisión adoptada por el vecino país y ratificó la posición argentina de no otorgar inmunidad y respaldar a la CPI. En el mismo sentido, Jorge Argüello, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, admitió que la cuestión en torno de la CPI constituye “un punto de disenso con las autoridades de EE.UU.” (ver Análisis de Coyuntura Nº 61). La oposición política coincide en estimar que la administración de Nicanor Duarte Frutos procuraría aprovechar las necesidades de Washington en materia de seguridad regional a espaldas del MERCOSUR –cuyo

rendimiento económico decepciona al gobierno guaraní– a cambio de intensificar las relaciones comerciales con EE.UU., que a principio de septiembre admitió, a través de su embajada en Asunción, la apertura de su mercado para la carne bovina y los textiles paraguayos. López Ferrari, presidente de la Asociación Industrial Confeccionista de Paraguay, resumió la nueva relación de su país con EE.UU.: “Se trata de seguridad por comercio. Esa es la clave” (C 11/09). En tanto, el vicepresidente, Castiglioni, admitió el deseo de firmar un acuerdo de libre comercio con EE.UU., similar al logrado por Chile. En la vereda opuesta, Carlos Filizzola, del opositor País Solidario y presidente del Congreso paraguayo, sostuvo: “Esta cooperación marca un giro porque ellos nunca se interesaron por Paraguay. Ahora buscan controlar la zona. Paraguay cede así a los intereses de EE.UU. y se aleja del MERCOSUR, lo que no es bueno.” (C 11/9)

Reforma militar en Venezuela La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Se prevé que la Fuerza Armada Nacional estará integrada por sus cuatro componentes, además de la reserva nacional o guardia territorial recientemente creada (ABN 5/9). Con la entrada en vigencia de esta ley, se crearán las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi), para las cuales se hará un reordenamiento del aparato militar venezolano. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado por el Movimiento Quinta República, Pedro Carreño, explicó que este nuevo elemento permitirá un mejor control de territorio y un empleo más eficiente de los efectivos y unidades militares para adecuar el adiestramiento a los planes de defensa y de desarrollo del país. Según Carreño, “la ley es la base jurídica de lo que debe ser la institución castrense y busca nuevos derroteros para que sea eficiente, tanto en la misión de garantizar la seguridad, defensa e integridad del territorio como en la participación de los planes de desarrollo de la nación”. En las Redi se “establece la creación de las regiones estratégicas de defensa integral con un jefe y su estado mayor, las regiones operativas de defensa integral con su comando y estado mayor y las áreas de defensa integral con su comando y plana mayor. Lo conducente a su organización y funcionamiento se establecerá en el reglamento respectivo” (ABN 7/9). En cuanto a la reserva creada hace poco tiempo y que cuenta con más de un millón de personas, Carreño afirmó que todos “somos responsables de garantizar la seguridad y defensa del país” (ABN 7/9)

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Conflicto social ¿Nace una nueva fuerza regional? En Análisis de Coyuntura anteriores (Nº 59 y Nº 63), veíamos cómo se configuraba en el espacio ecuatoriano un nuevo Cuerpo Ejecutivo en el gobierno del Estado. A partir de la caída de Lucio Gutiérrez, el arribo de un nuevo gabinete bajo la dirección del presidente Palacio significó un giro de posición en lo que respecta a políticas regionales. Este giro se consolida con la postura del ministro de Defensa, Oswaldo Jarín, quien dijo que Ecuador no considera “terroristas” a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A estos dichos se suman los del ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Parra Gil, quien afirmó que “yo no entro a discutir el tema, no entro a calificar a nadie. Como ministro de Relaciones Exteriores no entro a calificar si ese grupo es terrorista o no, me abstengo” (LH 6/9). Vemos, entonces, claramente un giro del ejecutivo ecuatoriano con respecto a la guerrilla colombiana. Las declaraciones de Parra se produjeron en el contexto de reuniones con la canciller de Colombia, Carolina Barco, con el fin de ajustar el control en los 586 Km. de frontera que comparten ambos países. En esta extensión, el ministro de Defensa ecuatoriano denunció la falta de efectivos colombianos. Esto fue relativizado por Carlos Alberto Ospina, comandante de los militares de Colombia, que focalizó el problema en la falta de coordinación con las Fuerzas Armadas de Ecuador, desde que el nuevo gobierno cambió los mandos militares Las necesidades de Uribe La corrosión en la construcción de una fuerza regional que se subordine a la política del Plan Colombia se evidencia en el cambio de postura del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, frente a la guerrilla. Por un lado, la disposición a aceptar que en Colombia hay un conflicto interno (hasta ahora se venía minimizando el poder real de la guerrilla) y por otro lado, la oferta a las FARC de negociar, en un sitio donde se suspendan las acciones militares, para lograr el Acuerdo Humanitario que posibilite la liberación de 50 personas en poder del grupo guerrillero. Las dos concesiones tienen lugar en una coyuntura que vale la pena resaltar: está casi finalizando el proceso de paz con los paramilitares (recordemos que esto se está haciendo bajo la Ley de Justicia y Paz, calificada por The New york Times como “Ley de impunidad para asesinos, terroristas y narcotraficantes” y que no se ajusta a los estándares del derecho internacional, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). En este proceso, el presidente cuenta con un altísimo índice de favorabilidad. A tres años de iniciar su mandato, “Uribe mantiene una popularidad en las encuestas del 70% y una intención de voto del 56%” (EP 26/9). Todo esto lo proyecta a la reelección, que está en vías de aprobarse por la Corte Suprema de Justicia. Oídos sordos Todos los analistas coinciden en que el Acuerdo Humanitario es la principal falencia del gobierno colombiano. Éste, una vez más, ofreció una propuesta para negociar el

intercambio. Si bien el mismo se apoya en un grupo de familiares de “los 50”, no cuenta con ninguna consulta preliminar con las FARC. Ajena a esta propuesta, la guerrilla colombiana dialogó con un delegado del Estado francés. La desmilitarización de dos municipios, quedando bajo control de las FARC, el intercambio de 500 miembros de su organización por “los 50” y detener el Plan Patriota que opera bajo el Plan Colombia serían sus reclamos inamovibles. Para la negociación con los grupos armados se ofreció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibiendo la aceptación y el agradecimiento del Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Otra fuerza se construye Posicionándose ante estos asuntos regionales, promediando el mes, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores cuestionó el Plan Colombia. A su juicio, ha significado la intervención de EE.UU. en la región: “Comenzó en otra forma, comenzó con un problema de tipo de lucha sólo contra la droga y ha terminado en una intervención de un país, EE.UU., en otro, Colombia. En una lucha brutal que está teniendo efectos en Ecuador, eso es indiscutible, como está teniendo efectos en Panamá y en Venezuela (...) Nosotros tenemos un problema muy serio de tipo social, económico, de seguridad, como consecuencia de lo que ocurre en Colombia (...) Si hubiera ocurrido en Ecuador, yo me habría opuesto radical y tenazmente (...) Debemos luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, pero internamente nosotros” (ET 16/9). Partiendo de este decir, el Ejército ecuatoriano mostró voluntad de combatir a las FARC en su territorio, destruyendo un campamento del Frente 48 de la guerrilla en la localidad de Nueva Santa Rosa, provincia de Sucumbios. Vale aclarar que en el espacio que controlaban las FARC, a 200 metros de la frontera colombiana, se secuestraron documentos que prueban que ese lugar sirvió de trampolín para atacar la base militar de Teteye (Departamento de Putumayo, Colombia) el 25 de julio de 2005. La pesquisa no arrojó ningún detenido, lo que irritó a las fuerzas colombianas, tensionando aún más las relaciones, ya que se venía advirtiendo de estas posiciones de las FARC. Desde el exilio Denunciando el caos total de su país, se pronunció Lucio Gutiérrez. Criticó la gestión de las relaciones de su país con Colombia y sugirió que detrás de esta situación puede estar el presidente de Venezuela promoviendo un “ambiente anticolombiano”. “El apoyo de Chávez a Palacio despierta cierta sospecha desde el día del golpe de Estado, el 20 de abril, hay injerencia extranjera en Ecuador. Este gobierno fue a pedirle ayuda a Chávez” (EP 26/9). Recordemos que Chávez envío petróleo para paliar la escasez del mismo ante el paro y lock out petrolero en Ecuador, signo de ayuda hacia Palacio. Veremos en los tiempos que vienen cómo continúan estas relaciones. Tomando en cuenta que lo que viene es el Tratado de Libre Comercio entre Perú, Ecuador y Colombia, articulado por la necesidad de EEUU.

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Argentina En septiembre, desde los centros financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), desde algún gobierno europeo, desde las corporaciones del campo (tanto los grandes como los medianos propietarios) y de las otras ramas de la producción y la distribución, desde algunos grupos económicos con intereses en el país y, finalmente, desde una expresión de la cúpula sindical local se manifestaron determinados posicionamientos relativos a la imposición de un “proyecto” de país particular. En rigor, la fracción más concentrada del capital junto a otras expresiones antes mencionadas exigieron al gobierno nacional el mantenimiento de la lógica de reducción al mínimo del control del Estado sobre el movimiento del capital, predominante en la década pasada. Fundamentalmente, en lo que a inversiones, apropiación y manejo de recursos estratégicos, precios, tarifas y explotación de la fuerza de trabajo respecta. Exigieron, por un lado, la implementación de una estrategia a la medida de sus intereses parti-

culares y repudiaron abiertamente, por el otro, el grueso de las políticas económicas implementadas por la actual gestión gubernamental. Por otro lado, mucho más modestas –o, si se quiere, menos difundidas por los medios masivos de comunicación– fueron las manifestaciones y acciones de apoyo a las decisiones oficiales realizadas por parte del capital medio local, del capital español y brasileño, y desde el propio gobierno venezolano. En cuanto a la coyuntura política nacional, podemos observar durante septiembre cómo las distintas fuerzas juegan sus últimas cartas previas a las elecciones de octubre: el duhaldismo atacó al presidente Kirchner y a quienes se alinean tras su figura por nos respetar los códigos de “lealtad” partidaria, mientras el kirchnerismo prefirió durante este mes no contestarle, apostando a que nada cambie la situación de ventaja que las encuestas marcan en la provincia de Buenos Aires.

Pelea por las ganancias El capital más concentrado: hacia la realización de una estrategia Los “principios básicos” del capital más concentrado. Tal como hemos visto en la edición anterior (Análisis de Coyuntura N° 63) las distintas fracciones del capital preparan el terreno y se pertrechan para imponer, batalla mediante, su propio plan de largo plazo. La lucha general en la que participan dichas fracciones incluye, por supuesto, a la clase obrera y al movimiento popular en su conjunto. Inobservadas por nosotros en el análisis, las fracciones del movimiento obrero actúan en la contienda con un programa propio (de clase) o detrás del de alguna fracción de la burguesía. En esta sección, describiremos el despliegue de reclamos, amenazas y críticas dirigidas hacia y contra el gobierno nacional por parte del capital más concentrado local y foráneo, a lo largo del mes de septiembre. En uno de sus estratégicos informes, el Fondo Monetario Internacional reclamó al gobierno argentino la imposición de “políticas fiscales prudentes [y las] reformas estructurales para sostener el sólido crecimiento en el largo plazo [...], la eliminación gradual de impuestos distorsivos, el fortalecimiento del marco institucional de las relaciones fiscales intergubernamentales, mejorar los incentivos para la participación privada en la provisión de los servicios públicos y una resolución para las deudas remanentes con los acreedores privados”. El listado de exigencias del organismo puede ser traducible en los siguientes puntos: eliminación de las retenciones y del impuesto al cheque (o de otros gravámenes que se aplican sobre el capital); cesión absoluta, en manos de los concesionarios privados, del manejo de las tarifas, inversiones y organización de la explotación de los servicios públicos; ajuste del gasto a través de un rígido acuerdo fiscal con las provincias; aumento en la oferta de pago a los acreedores privados que no aceptaron el canje oficial. En oposición a la polí-

tica económica desplegada por el presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, uno de los economistas estrella del FMI, David Robinson, advirtió “No creo que ese ritmo de crecimiento [acontecido en los últimos tres años en el país] se pueda mantener” (LN 22/9). También desde el organismo, su director gerente, Rodrigo de Rato, condicionó la firma de un nuevo acuerdo con la Argentina, a los reclamos recién citados: “Alcanzar un acuerdo dependerá de la voluntad del Gobierno y de si cree que es necesario tener un programa financiero con nosotros. Nosotros negociamos con los gobiernos cuando ellos quieren negociar con nosotros” (LN 23/9). Desde el no menos poderoso Banco Mundial, el economista jefe, Francois Bourguignon, planteó “Algunos principios básicos deben cambiar en la Argentina. Lamentablemente no soy demasiado optimista con la Argentina. Mi sensación es que los factores negativos que han perjudicado el desarrollo equitativo del país siguen presentes, salvo que se impulse un proceso profundo para modificarlos, la Argentina volverá a afrontar muy serios problemas en el futuro” (LN 21/9). También desde otra expresión del capital más concentrado del mundo, el Foro Económico Mundial, se despacharon en idéntico sentido: su economista jefe y director del Programa de Competitividad Mundial, Augusto López Claros, dijo que “el sector privado local sigue manifestando un profundo escepticismo acerca de la solidez del entorno institucional”. En su alocución criticó al gobierno argentino por la falta de “solidez del entorno institucional” (LN 29/9). Similares conceptos fueron lanzados desde el matutino La Nación. En su línea editorial pudo leerse, a principios de mes, un abierto repudio a la medida oficial que otorgó al Ministerio de Economía atribuciones de control sobre movimientos del capital. Particularmente, dicha cartera se atribuyó la capacidad de vetar determinadas operaciones de concentración y fusión de capitales, actuando como última instancia de defensa a la competencia, una vez procedido el Tri-

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Argentina bunal de Defensa a la Competencia –aún no constituido– . El editor de La Nación, tribuna del capital local más concentrado, no dudó en calificar la novedosa decisión en los siguientes términos: “El gobierno nacional ha propuesto una inconveniente modificación en el régimen de defensa de la competencia [...]. La iniciativa oficial para otorgarla el Ministerio de Economía la posibilidad de intervenir después de una decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia debe abandonarse. En cambio, habría que designar a la mayor brevedad a los miembros de ese tribunal de acuerdo con los procedimientos que establece la ley. Sólo así se asegurará la mayor eficacia, idoneidad e independencia en la aplicación de un régimen que es imprescindible para preservar y hacer eficaz la economía de mercado” (LN 6/9). En este contexto de presiones y ataques directos a la política oficial, el propio Néstor Kirchner eligió responder a los centros del capital financiero en la privilegiada tribuna constituida por la asamblea anual de la ONU (como ya vimos en la sección de América Latina –página 12). En su alocución ante los mandatarios del resto del mundo, Kirchner criticó al Fondo Monetario afirmando que “Lamentablemente, en el proceso de recuperación no contamos con la ayuda del FMI, que sí apoyó y financió hasta semanas antes del colapso el régimen de convertibilidad”. Inmediatamente el canciller Rafael Bielsa intervino en la misma línea, en un foro sobre financiamiento del desarrollo, organizado en el marco de la asamblea de la ONU: “Mencionar especialmente al FMI es necesario ya que irresponsablemente ha propiciado y presionado para que los países menos desarrollados llevaran adelante políticas que los sumieron en una miseria mayor”. Allí pidió una profunda reforma en los organismos de crédito multilaterales basada en la “transparencia y la responsabilidad” (LN 15/9). Con todo, el “territorio” particular en donde se desplegó más crudamente la tensión entre el conjunto del capital más concentrado en la Argentina y sus expresiones organizativas internacionales, por un lado, y una fracción del gobierno nacional, por el otro, tuvo que ver con el mundo de las privatizaciones y las privatizadas. Nos estamos refiriendo a la fracasada negociación con los dueños de la compañía Aguas Argentinas y el posterior anuncio de retiro del país por parte del mayor accionista de dicha empresa, el grupo francés Suez. El tango de Suez y la cruzada contra la reestatización. A principios de septiembre llegaron a la Argentina tres altos directivos del grupo francés Suez, Alain Chaigneau, Jean Louis Chaussade e Yves Thibault de Silgy, con el objeto de cerrar definitivamente el acuerdo con el gobierno tras nueve meses de negociación. Puntualmente lo que se estaba definiendo era bastante más que un ajuste tarifario. En lo que a éste respecta, Aguas Argentinas exigía un aumento del 40%, pero además, la redefinición del contrato suponía un nuevo plan de inversiones por 500 millones de pesos, cuya fuente sería la recaudación extra (pos aumento en las tarifas) y del propio estado nacional, y un nuevo plan de subsidios estatales. Como contraparte de semejante garantía sobre los beneficios de la empresa,

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ésta se comprometía a retirar la demanda que mantiene en un tribunal internacional (CIADI, dependiente del Banco Mundial) contra la Argentina, por un disparatado monto de 1.700 millones de dólares. Pero pocos días después, Suez lanzó un contundente comunicado en donde anunciaban su retiro de la concesión y del país: “frente a la imposibilidad de recomponer el equilibrio económico de la concesión, la empresa ya no está en condiciones de continuar asumiendo los riesgos y responsabilidades que implican la operación del servicio de agua y saneamiento en el área de concesión” (C 10/9). Acto seguido, voceros del gobierno francés salieron a reprender a sus pares argentinos vaticinando futuros escarmientos por parte del capital más concentrado del planeta y marcando, sobre todo, el terreno de la próxima batalla legal. Así, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia se comunicó: “Lamentamos que la negociación no haya llegado a buen término. Deseamos que la salida se lleve a cabo ordenadamente, respetando los intereses de la empresa, con el fin de no desanimar a otros inversores extranjeros en el país” (C14/9). Personalizando el caso, por esa misma fecha un periodista de La Nación denunciaba en el título de su columna dominical que “Kirchner decidió la ida del Grupo Suez”; para afirmar más abajo que “La resolución que echó de la Argentina a una de las principales empresas proveedoras de agua del mundo corrió por cuenta exclusiva del Presidente” (Joaquín Morales Solá en LN 11/9). Cabe destacar que si la responsabilidad atribuida por La Nación a Kirchner en el asunto de Suez peca por exagerada, no es para nada casual ni inocente en el marco de la disputa política en ciernes y con el objeto de generar un “estado de ánimo” determinado. Finalmente, el lunes 19 desde Suez volvieron a comunicar públicamente que “Habiendo constatado el fracaso de las negociaciones, que hubieran permitido restablecer el equilibrio económico–financiero de la concesión y preservar en forma duradera la calidad de los servicios, el directorio se vio obligado a proponer [...] el inicio del proceso de rescisión del contrato” (C 20/9). Ese mismo día, conocida la última palabra del poderoso grupo francés, Julio de Vido, ministro de Planificación Federal –y protagonista de las negociaciones con las empresas privatizadas en general–respondió a la acción de la empresa determinando, a su vez, el campo donde se seguirá desplegando la batalla: “van a tener consecuencias muy gravosas si pretenden una rescisión unilateral del contrato de concesión [...] el Estado argentino notificó al auditor contable de Aguas Argentinas, a su Comisión Fiscalizadora, a la Inspección General de Justicia y a los acreedores financieros de la empresa todas las circunstancias y acontecimientos referidos a los graves incumplimientos en que ha incurrido la concesionaria” (C 20/9). Al mismo tiempo, ante los participantes de un acto en Florencio Varela, el presidente Kirchner agregó “Si se quieren ir que se vayan, que el pueblo va a saber lo que tiene que hacer” (LN 20/9). Un día después, en Ituzaingó, nuevamente Kirchner profundizó la crítica referida al concesionario del agua potable: “no hay cloacas ni agua potable en Ituzaingó [...] a algunos les preocupa si se quieren ir, a mi me preocupa que cumplan”; más adelante pidió “al pueblo argentino y al de Ituzaingó

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Pelea por las ganancias

que vean cómo se sufre a empresas que no cumplen con un servicio”. Finalmente, Kirchner desestimó las referencias sobre inminentes retiros de capitales o insuficientes ingresos de inversiones directas, describiendo lo que de hecho aconteció (y acontece), al menos, en muchas de las áreas privatizadas: “por la falta de inversiones de Aguas tuvo que venir el gobierno de la provincia a financiar unos efluentes cloacales” (C 21/9). La contra réplica no tardó en llegar, nuevamente, desde un editorial de La Nación. La imposibilidad de cerrar un acuerdo con Suez fue leída aquí como “un mal síntoma y un pésimo precedente para una nación que necesita imperiosamente el incremento de las inversiones para consolidar el crecimiento económico [...]. A partir de ahora se abre una etapa de enorme incertidumbre sobre el futuro de la privatización del servicio de agua potable y cloacas de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana” (LN 21/9). En el cierre, el editor echó mano de una muletilla mil y una vez repetida por los centros del capital financiero: “es fundamental la creación de un clima de negocios favorable garantizando reglas de juego previsibles, esto es, seguridad jurídica” (LN 21/9). Por último, quien supo interpretar con mayor delicadeza la compleja trama que se teje debajo de la retirada de Suez fue el periódico inglés The Economist (citado para el caso por La Nación). En su línea editorial The Economist hace mención a un presunto “nuevo modelo” que “tiene más aspecto de capitalismo criollo, en el que empresas favorecidas operan en estrecha asociación con el Gobierno. Puede funcionar al menos por un tiempo. Pero los extranjeros pueden querer garantías más firmes antes de apoyarlo” (LN 1/10). Digamos, como conclusión parcial, que el personal político en el gobierno, enfrentado a Suez, expresa, en rigor, a una fracción del capital más concentrado a nivel local que comanda la reconstitución del control de los recursos fundamentales para la producción –muchos de ellos agotables a mediano plazo–. Hemos dicho alguna vez que, esta fracción del capital local, poderosa a nivel nacional pero débil a escala mundial, sabiéndose incapaz de controlar todos los servicios privatizados del país, frente a las presiones del capital europeo y norteamericano (y más recientemente del brasileño) requiere de un marco legal fuerte que garantice la eficiente explotación de los recursos, la inversión en infraestructura y un nivel tarifario que no desborde sus estimaciones de costos anuales. En fin, lo que necesita es reconstruir una parte del despojado aparato estatal que pueda limitar el manejo absolutamente discrecional que sobre recursos y servicios llevaron a cabo las compañías privatizadas durante la década del noventa. Tal vez, la expresión más significativa de esto sea el Proyecto de Ley de Régimen Nacional de Servicios Públicos que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en agosto de 2004, con el objeto “de llenar un gran casillero vacío en el ámbito de las privatizaciones: la inexistencia de una ley que establezca principios generales y uniformes en cuanto a derechos y obligaciones del propio Estado y, naturalmente, de los actores en los que aquél pudiera delegar la prestación de los servicios públi-

cos”.1 Algunos ejemplos de estos principios generales aplicables a los concesionarios son: la prohibición de las demandas en contra de la Argentina en tribunales internacionales (como el ya mencionado CIADI, dependiente del Banco Mundial); la garantía de prestación del servicio a la población marginada e indigente; la aplicación de rebajas en las tarifas a medida que aumenta la productividad de la empresa; la consideración del denominado “riesgo empresario”, abandonando el compromiso de garantizar la rentabilidad del prestador. Pero, si por un lado la burguesía local intenta desplegar una política de control sobre el capital más concentrado estrictamente foráneo, por el otro rechaza determinantemente toda pretensión de reestatización. Frescos en la memoria del capital parecen estar todavía los destinos del correo, el espacio radioeléctrico y alguna rama del transporte aéreo y ferroviario, reestatizados y nunca vueltos a privatizar. En este sentido, amplio fue el arco de voces que se conjuró, el mes pasado, para espantar a los fantasmas de la estatización. Desde el matutino La Nación, donde se advirtió que “el clima adverso a las privatizaciones de los años noventa puede llevar al Gobierno a cometer el gravísimo error de reestatizar la compañía” (LN 21/9), hasta el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias y miembro de la cúpula de la CGT, José Luis Lingieri, quien opinó que”Si Suez se va del país, la empresa la debe manejar el sector privado junto con el Estado como regulador, que podría participar como inversor a través del régimen de obra pública” (LN 13/9). No es difícil reconocer en el sindicalista Lingieri una fiel representación de esa versión de “capitalismo criollo” interpretada más arriba por el periódico británico The Economist. *** Con todo, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, convocó a la primera línea de los representantes del capital con intereses en el país, para que participen en el lanzamiento de la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI) cuyo objeto es la búsqueda de capitales extranjeros interesados en invertir productivamente en la Argentina. La justificación recurrente de Lavagna fue que si bien “el nivel de inversión es alto creemos que tiene que subir entre 2 y 2,5 puntos del PBI para garantizar un crecimiento sostenido” (C 14/9). En el marco de esta convocatoria, Luis Betnaza del grupo Techint explicó que el ingreso de capital extranjero, más concentrado que el local, es necesario “porque hay que tratar de conseguir tecnología de última generación” (C14/9).

La pelea por los precios: de “libertades” y “controles” A principio del mes pasado, y en un contexto internacional de suba del barril de petróleo de dimensiones históricas (el mismo atravesó los 70 dólares), Esso, Pan American Energby y Repsol reclamaron al gobierno de Néstor Kirchner la aplicación de un aumento en los precios de los combustibles. Inmediatamente, el primer mandatario 1

Azpiazu, Daniel, Las privatizadas. Ayer, hoy y mañana, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2005, p.80.

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Argentina amenazó con sanciones y argumentó: ‘’No se va a permitir el aumento de los combustibles bajo ningún aspecto. Para nosotros el costo operativo por cada pozo es de 8 dólares. Con 20 dólares [las petroleras] tendrían rentabilidad’’; ‘’si nos encontramos ante una actitud así [por el aumento] ya sabemos las medidas que tenemos que tomar’’ (LN 3/9). Pocos días después, tras la fatal evidencia de que los precios de los bienes básicos habían vuelto a aumentar (y por encima de la inflación media del mes) la crítica de Kirchner fue descargada sobre la primera línea de los supermercados: ‘’Nosotros les pedimos de corazón a los supermercados que tienen más rentabilidad y están vendiendo más, que nos ayuden a cuidar el bolsillito de la gente y que no aumenten los precios porque les va muy bien, cada vez les va mejor’’ (C 8/9). Para sostener la intimidación, Kirchner se hizo de una serie de datos cuantitativos, difícilmente refutables. ‘’Las ventas en supermercados están subiendo desde 2002 a tasas mayores al crecimiento general de la economía’’, dijo el presidente. Y precisó que ‘’mientras que las ventas crecieron un 35,1% en el acumulado de los últimos 3 años, el monto total de la liquidación de sueldos en el sector subió sólo un 23,5%’’ (LN 8/9). Pero más significativas que las críticas públicas lanzadas contra las cadenas de supermercados, fueron las multas por 117.000 pesos aplicadas, desde Defensa de la Competencia, sobre las más poderosas Carrefour, Coto y Jumbo. Aparte de las amenazas orales y las particulares acciones de sanción contra el capital, el gobierno cerró, tras arduas negociaciones, junto con los frigoríficos, los propios supermercados y otros distribuidores, un acuerdo de congelamiento de precios de las carnes por tres meses. El mismo provocó una fortísima reacción en cadena opositora por parte de todo el arco del campo. Así, mientras en la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), Américo Bermejo, expresaba que ‘’La gente se puede quedar tranquila porque vamos a cumplir con el acuerdo’’ (LN 16/9); un día después, grandes y pequeños propietarios de tierra y ganado, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa), entre otras entidades rurales, conjuntamente rechazaron la medida. Como hemos visto en ediciones anteriores, toda la fracción del campo (desde los más grandes propietarios hasta los pequeños chacareros) han definido una dura oposición al gobierno, planteando diferencias de carácter estratégico (véase Análisis... n°57 y 63). En esta coyuntura particular desde la poderosa SRA, su titular, Luciano Miguens, dijo del acuerdo de precios ‘’No se trata de una buena medida, porque va contra la ley de la oferta y la demanda, que es donde se forman los precios’’. La acusación de Miguens cayó en la identificación de la medida puntual con la instancia electoral próxima ya que ‘’tiende a que no suba la carne en estos dos o tres meses preelectorales’’. En la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) puntualmente criticaron al gobierno por no haberlos convocado a participar en las rondas de acuerdo de precios, en tanto parte fundamental de la cadena de producción de la carne. Por eso dijeron

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que ‘’Los productores ganaderos no son formadores de precios, ya que el valor de la carne se establece con el libre juego de la oferta y demanda [...]. La medida tomada se torna estrictamente preeleccionaria, y es fruto de la incapacidad e ignorancia de los funcionarios responsables, la cual provocará graves distorsiones en el mercado’’. Bernardo Laurel, secretario de la CRA, se despachó en similares términos: ‘’Los dueños de las vacas no hemos sido invitados. Ya le habíamos planteado en marzo a Miguel Campos [secretario de Agricultura de la Nación] que iba a haber problemas si no se tomaban medidas para incentivar la producción de carne; no se hizo nada”. El mismo día, Angel Girardi, presidente de Aprocaboa, cuestionó el convenio a partir de principios de organización de la economía nacional de largo plazo: ‘’Hacer intervencionismo en el mercado es un despropósito; es algo electoralista y de corto plazo. Se trata de un acuerdo espurio, a espaldas de la producción’’. Finalmente se oyeron quejas desde la Asociación Argentina de Angus, en cuya evaluación del renovado mecanismo de congelamiento de precios dijeron: ‘’Esta es una forma de desalentar la producción, preferiría que se la incentive para que tengamos más oferta’’; mientras desde la Asociación Argentina de Criadores de Hereford lanzaron ‘’Nadie se acuerda de quién produce, ya que todos firman al margen de él. Los que no conocen la historia quieren repetir los mismos errores’’ (LN 17/9). Al duro listado de críticas se sumó, dos días después, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez): ‘’Aunque traten de negarlo hay una clara política de Estado de transferencia de recursos desde sectores eficientes a otros totalmente ineficientes, toda una ideología que considera al campo con la obligación de dar y sin el derecho de recibir’’ (LN 19/9). Más tarde, los pequeños propietarios nucleados en el Frente Agropecuario Nacional (FAN) denunciaron: ‘’Se está violando la ley de defensa de la competencia; se la ha limitado y distorsionado constituyéndose un abuso de posición dominante’’ (LN 27/9). Finalmente, la síntesis del campo provino del órgano La Nación. En otro de sus editoriales clave, titulado “Control de precios, receta equívoca”, se definió la línea estratégica de la librecambista fracción más concentrada del capital: “Mucho mejor hubiera sido dejar funcionar los mercados, que probablemente generarían una oferta algo mayor con motivo de la secular tendencia estacional […]. Las medidas adoptadas, sea por aumento de las retenciones o bien por los acuerdos de precios, representan un mal mensaje para el agro […]. Pero también para toda la economía, que conoce sus consecuencias, por ejemplo, en relación con los servicios públicos. De ahora en más, queda en claro que se podrá recurrir a controlar los precios en cualquier sector de la economía” (LN 24/9).

Las menos difundidas alianzas-base del gobierno del Estado: desde la Unión Industrial hasta el ‘’día peronista’’ de Hugo Chávez Mientras se desplegaba todo el arsenal de críticas, advertencias y acciones en contra de las medidas adoptadas (y no adoptadas) por el gobierno, pudieron registrarse, aunque en menor cuantía, intervenciones de adhesión a la

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21 política oficial. Intervenciones, cabe subrayar, para nada homogéneas. A nivel interno, la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo su alineamiento con el gobierno al decir, en palabras de su titular, Héctor Méndez, que “hacía mucho tiempo que la industria argentina no era valorada por un Gobierno”. También el capital medio y pequeño intervino a través del titular de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, atacando a “los tecnócratas y funcionarios que dejaron en la década pasada que nos invadan los productos importados”; agregando a la caracterización que “los enemigos de la industria nacional, son los enemigos de la Nación” (C 3/9). Hubo, finalmente, una modesta solicitada de una parte del pequeño capital local, organizado en la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado (CAIPIC), en donde se dio cuenta escrita del apoyo a la gestión actual del gobierno, al afirmar que “acompañan al Sr. Presidente en su política de apoyo a la Inversión y a la Mano de Obra Argentina” (C 6/9). Por otro lado, y más allá de las frontera del estado nación, se realizaron algunas acciones de positivo apoyo, más o menos condicional, a la política oficial. En agosto llegó a la Argentina la vicepresidenta de España, María Tersa Fernández de la Vega Sanz, para reforzar lo que ella misma definió como una “alianza estratégica’’ entre ambos países. En un gesto político para nada menor, dado el hostil contexto internacional, de la Vega Sanz agregó: “Hoy se puede dar por zanjado cualquier tipo de conflicto entre las empresas españolas y el Estado argentino”. Finalmente anunció el inicio de ‘’una nueva etapa de expansión del capital español, de la inversión’’. Los dichos de la vicepresidente del gobierno ibérico coinciden, por ahora, con los anuncios

de inversiones lanzados previamente por los grupos hispanos Repsol y Telefónica por 8.000 millones de dólares entre 2005 y 2009 (C 6/8). Poco tiempo después, y siguiendo una lógica para nada novedosa, el capital brasileño compró una importante empresa local. Se trata de la compra de la mayoría accionaria del principal frigorífico argentino, Swift Armour, por parte de la vecina Fribori; operación de la que resulta el cuarto mayor frigorífico del mundo. Sin alocuciones de ningún tipo, los brasileños invirtieron para realizar la fusión 200 millones de dólares. Finalmente, el gobierno de Venezuela firmó acuerdos de integración económica con Argentina por más de 500 millones de dólares. En agosto, el propio presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó al país para cerrar (y propagandizar) los acuerdos bilaterales en curso. Entre ellos se destacan el intercambio de combustibles líquidos venezolanos por productos industriales argentinos; la apertura de una sucursal del Banco Nación de Caracas y otra del Banco Industrial de Venezuela en Buenos Aires; acuerdos de cooperación tecnológica; la construcción en los Astilleros Río Santiago de dos buques cargueros para PDVSA (Petróleos de Venezuela) (C 11/8). En Río Santiago, el propio Chávez anunció en un acto con los trabajadores del astillero que ‘’el primer barco que ustedes nos van a hacer se va a llamar Eva Perón’’ (C 12/8). Finalmente, Chávez volvió a reiterar la intención oficial de comprar más títulos de deuda argentina, luego de haber adquirido pocos meses atrás, en otro significativo gesto político luego del cierre de la ardua negociación con los acreedores internacionales, bonos pos default (Boden 2012) por 500 millones de dólares.

Coyuntura política El duhaldismo apela a la “lealtad”, y el kirchnerismo a dejarlos hablando solos Durante el mes de septiembre no se dieron mayores novedades en cuanto a la batalla política. Todas las fuerzas se posicionan para la disputa electoral de octubre, y es en el oficialismo donde pareciera dominar la mayor tranquilidad, luego de la estrategia planteada de nacionalización del acto eleccionario primero, y de disputa abierta y confrontación con el duhaldismo en un segundo momento. En septiembre, dicha estrategia oficial se transformó más bien en simplemente presentar a sus candidatos en sociedad, sin discutir en mayor medida con las distintas fuerzas de oposición, principalmente con el propio Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires comandado por Eduardo Duhalde. Ello se debe, en parte, a la tranquilidad que le dan las encuestas, en las que la principal exponente del proyecto político encabezado por el presidente Néstor Kirchner, su esposa, la senadora Cristina Fernández, aventaja a la esposa de Duhalde, Hilda González, por 23 puntos (LN 11/09). Es por ello, seguramente, que las intervenciones públicas se concentraron, durante septiembre, en el duhaldis-

mo, con los mismos argumentos planteados durante los meses previos, poniendo el eje en la falta de “lealtad” presidencial al PJ, a la vez que se instaba a quienes lo siguen tras “pasarse” de bando a reflexionar sobre las consecuencias que eso les traerá en el futuro. La propia “Chiche” Duhalde planteaba ni bien comenzado el mes que “Así como la Alianza destruyó al radicalismo, la nueva alianza con piqueteros pretende destruir al Partido Justicialista. Para evitarlo es que soy candidata. Además, quiero que se eliminen las retenciones al agro, porque ese dinero puede reinvertirse en el campo; también me parece que los Planes Jefes y Jefas ya no son necesarios y deben ser cambiados por un ingreso para familias, y estoy a favor de que se elimine el impuesto que beneficia a Santa Cruz, porque después Santa Cruz se da el lujo de tener 500 millones de dólares en el exterior” (LN 6/9). Quién también intervino en el mismo sentido fue el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista Eduardo Camaño (PJ Buenos Aires): “Si a Duhalde le pasó lo que le pasó, si el Presidente hizo eso con el hombre más poderoso del PJ y que lo llevó a la presidencia, los intendentes van a tener que pensar que después de las elecciones van a tener un grupo de hombres K desembarcando en sus territorios y que van a tener competencia en sus distritos” (LN 16/9).

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Argentina Y continuó la señora de Duhalde: “’Ellos [el Frente para la Victoria] pretenden confundir. Usan los símbolos que repudian. Pero no somos nosotros quienes nos fuimos del peronismo. Se fueron ellos, y no van a poder volver. Si me queda una gota de aliento, voy a luchar para que se haga justicia. Los que tenemos lealtad y códigos no podemos permitir que esa gente regrese a nuestras unidades básicas’. La crítica se deslizó luego hacia los intendentes aliados del presidente Néstor Kirchner: ‘No puede ser que se dejen comprar o que tengan miedo. No crean que pueden irse y volver así nomás. El que se va porque lo compran o lo alquilan, o porque se deja comprar, no es peronista. Un peronista tiene convicciones’” (LN 21/9). Sin embargo, como decíamos, ante todas estas intervenciones no aparecieron voces kirchneristas respondiendo Tal vez por ello, y como muestra de fuerza, el duhaldismo apeló a un recurso más extremo en la cámara de Diputados, logrando unir a todo el arco político, desde el propio duhaldismo, hasta la UCR, pasando por

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ARI, diputados provinciales y la izquierda parlamentaria. Dicha unión se dio en el marco de la discusión por la suspensión de los remates hipotecarios, aún sabiendo que la aprobación del proyecto que no contaba con el apoyo de la Casa Rosada, sería rechazado por el Senado, controlado actualmente por el kirchnerismo. Por lo tanto, sólo se trató, como señalamos, de mostrar las fuerzas propias, aún debiendo reunirlas con aliados impensados, muchos menos en plena campaña electoral. El hecho, de todas formas, fue ruidosamente festejado en filas duhaldistas: “’Comenzó una etapa nueva de reafirmación de independencia del Congreso. Es una señal positiva para la democracia’, celebró la diputada Hilda Duhalde” (LN 29/9); y obligó a una respuesta presidencial: “’Los argentinos tienen que aprender que no hay ningún interés que se salve por sí solo, pero muchas veces se revive la cultura de la vieja política del apriete y la presión que dice: Te ayudamos, si nos das esto o aquello’, dijo Kirchner” (LN 1/10).

Conflicto Social En el siguiente apartado se establece un cruce de variables a partir del relevamiento de las fuentes periodísticas Clarín y La Nación, en lo que a protesta social respecta. El objeto es relacionar y observar qué herramienta de lucha es desplegada, por qué tipo de organización y bajo qué demanda. Así tomaremos como ejes transversales las demandas, dentro de cada una de éstas ubicaremos las herramientas de lucha–acción y, una vez más, al interior de cada herramienta el tipo de organización que la ejecuta. En el mes de septiembre el cuadro de conflicto social estaría conformado de la siguiente manera. 1. Aumento salarial y mejores condiciones laborales. 1.1 Paro parcial – Organización sindical: Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Sindicato de Conductores Navales (Siconara); trabajadores de Southern Winds; docentes universitarios e investigadores (Universidad Nacional de Tucumán); Confederación Argentina de Docentes –Universidad Nacional de Rosario– (Coad); Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Federación de Trabajadores Judiciales de la Argentina (FTJA); trabajadores del Teatro Colón (ATE); Sindicato del Petróleo y Gas Privado (Santa Cruz); Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Pecifa); trabajadores de la agencia Télam; trabajadores no médicos Hospital Garrahan (ATE). 1.2 Cortes de ruta, calle, autopista – Organización sindical: trabajadores de Southern Winds.

1.3 Toma de facultades – Otros: estudiantes universitarios (universidades nacionales). 1.4 Movilización – Organización sindical: Asociación Judicial Bonaerense (AJB); Federación de Trabajadores Judiciales de la Argentina (FTJA). 1.5 Toma de edificio privado – Organización sindical: Sindicato del Petróleo y Gas Privado (Santa Cruz). 2. Aumento del gasto público (Presupuesto). 2.1 Paro parcial – Organización sindical: docentes universitarios e investigadores (Universidad Nacional de Tucumán). 2.2 Toma de facultades – Otros: estudiantes universitarios (universidades nacionales). 3. Control del delito. 3.1 Paro parcial – Organización sindical: Trabajadores del CEAMSE. 4. Aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales. 4.1 Toma de puesto de peaje – Movimiento de Trabajadores Desocupados: Coordinadora de Unidad Barrial (CUBA); Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); MTD Aníbal Verón; Frente de Trabajadores Combativos (FTC); Movimiento 29 de Mayo; Bloque Obrero y Popular (BOP); Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP).

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