Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Investigación y Economista Jefe

La efectividad de las redes de protección social:

NOTAS TÉCNICAS # IDB-TN-183

El rol de los sistemas integrados de información social en Chile Francisco Covarrubias Ignacio Irarrázaval M. de los Angeles Morandé

Enero 2011

La efectividad de las redes de protección social: El rol de los sistemas integrados de información social en Chile

Francisco Covarrubias Ignacio Irarrázaval M. de los Angeles Morandé

Banco Interamericano de Desarrollo 2011

http://www.iadb.org Las “Notas técnicas” abarcan una amplia gama de prácticas óptimas, evaluaciones de proyectos, lecciones aprendidas, estudios de caso, notas metodológicas y otros documentos de carácter técnico, que no son documentos oficiales del Banco. La información y las opiniones que se presentan en estas publicaciones son exclusivamente de los autores y no expresan ni implican el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representan. Este documento puede reproducirse libremente.

Prefacio Este trabajo forma parte de una serie de estudios realizados en el marco del proyecto: “La efectividad de las redes de protección social: El rol de los sistemas integrados de información social”. Los estudios de caso fueron realizados en el período 2007-08. Se agradecen los aportes de los colaboradores, Vicente Zúñiga M. y Elisa Piña B., y de Iris Delgado y Alejandro Barahona, del Ministerio de Planeamiento.

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1. Introducción La política social chilena ha venido desarrollándose con fuerza a partir de los años ochenta, caracterizada por la existencia de programas sociales que abordan las distintas dimensiones de la pobreza. Las reformas estructurales implementadas en esos años, especialmente en el ámbito económico, se manifestaron en la década siguiente con un período de crecimiento económico que tuvo como efectos el incremento de los ingresos de las personas y la reducción sostenida de la pobreza. Se inició en ese entonces una etapa marcada por el desarrollo social durante la cual, además, se crearon las condiciones para la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la supervisión de la gestión de los agentes del Estado y la manifestación de las demandas sociales. En este proceso la política social se reorientó principalmente hacia la inversión social focalizada en las políticas asistenciales, dirigiéndose a ampliar los beneficios del crecimiento a una mayor proporción de la población y a extender las políticas y programas sociales hacia grupos no contemplados anteriormente. Desde esos años se ha contado con un sistema de identificación y caracterización de beneficiarios potenciales basado en la información recogida por un instrumento denominado “ficha de caracterización socioeconómica” (CAS), actual ficha de protección social (FPS), que se administraron a nivel comunal como mecanismos de focalización y acceso a los programas sociales. Este último instrumento fue fundamental porque permitió contar con una base de datos única de beneficiarios y conocer la demanda de potenciales usuarios, y sirvió de fuente principal al Sistema Integrado de Información Social (SIIS) que junto con el Registro de Información Social (RIS) constituyen el sistema de información donde se almacena y procesa la información sobre las prestaciones sociales del Estado y sus beneficiarios. De acuerdo con el actual gobierno de Bachelet el eje fundamental de la política social lo constituye el recientemente instaurado sistema de protección social, que representa un giro hacia una política social más integral por articular el conjunto de programas de la red de protección social del Estado y porque considera programas de protección social para todas las personas, desde que nacen y a lo largo de la vida, con un fuerte énfasis en apoyar a la población en mayor riesgo, pobreza o vulnerabilidad, haciéndose cargo de esta forma, de las contingencias y desafíos del desarrollo. Este sistema de protección social tiene soporte en tres elementos básicos: la ficha

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de protección social como puerta de acceso al sistema; las transferencias monetarias no contributivas o subsidios, y el SIIS. El presente trabajo se centra en el análisis del SIIS implementado en Chile y hace una descripción detallada de su operación en tanto eje de la estrategia de protección social.

2. Descripción general de la estrategia de protección social En Chile la estrategia de protección social se basa en la convicción de que las políticas sociales tienen como objetivo superar la pobreza y acabar con las desigualdades que están en la base de los riesgos sociales que afectan a las familias y a las personas. En este sentido, los riesgos propios del desarrollo y las adversidades como el desempleo, el trabajo precario, los bajos ingresos, la enfermedad y la falta de educación, que amenazan a grupos vulnerables como niños, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad, son temas ineludibles para un sistema de protección social. En este contexto, el sistema de protección social se define como el conjunto coordinado de políticas y acciones que acompañan el ciclo vital de las personas, que se conciben como un derecho exigible y cuyo destinatario es la familia en toda su diversidad, entendida como sujeto de riesgo hacia el cual se orienta la protección social (MIDEPLAN, 2008). Este mecanismo permite brindar seguridad a las personas durante toda su vida y garantizarles derechos sociales que les permitan reducir los riesgos, generando condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso. Así, dentro de las políticas sociales regulares, las políticas de protección social actúan como un seguro social en el marco de la “securitización” de las políticas sociales. El sistema de protección social actúa en Chile con dos lógicas complementarias, una intersectorial y otra sectorial, que se materializan en políticas diseñadas e implementadas integradamente como subsistemas del sistema de protección social, y a través de políticas o subsistemas que operan desde los ministerios sectoriales. Desde la perspectiva intersectorial, la implementación de este sistema empezó en 2002, concretamente con la instalación del sistema de protección hacia las familias más pobres y vulnerables “Chile Solidario”, que se ha desarrollado en forma gradual y que estableció como meta llegar a 2010 con un sistema de protección social garante de los derechos sociales, económicos y culturales de todas las personas a lo largo de su vida. Como parte de la estrategia de protección social, una decisión política ha sido la universalización progresiva de las

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prestaciones sociales, es decir que vayan incrementándose en el tiempo y amplíen su radio de cobertura en la población como garantía de un sistema de protección social permanente. 2.1 Implementación de la estrategia de protección social 2.1.1 Componentes del sistema de protección social El sistema de protección social en Chile se orienta principalmente a garantizar progresivamente el acceso universal a programas sociales, con sus principales ejes de acción en pobreza e infancia, bajo la coordinación del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). A pesar de las pretensiones de universalidad de esta política, se ha puesto un fuerte énfasis en las familias más pobres y en los grupos más vulnerables como punto de partida para la superación de la pobreza y la equidad social. De acuerdo con lo anterior, los pilares fundamentales del sistema de protección social son un subsistema de protección para las familias en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad denominando “Chile Solidario”, y un subsistema para dar mejores oportunidades de desarrollo a los niños desde que están en el vientre de su madre y a la primera infancia, denominado “Chile Crece Contigo”. A continuación se describen en mayor detalle cada uno de estos subsistemas. •

Chile Solidario

El subsistema Chile Solidario se inició en 2002 y su gestión ha estado a cargo del MIDEPLAN. Tal como establece la Ley n.º 19.494 se trata de un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza que propone lograr el cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, para que satisfagan sus necesidades básicas y superen sus actuales condiciones de vida. Este sistema se concibe desde sus orígenes a partir de una perspectiva integral, en la medida que busca articular en torno a la familia el conjunto de programas sociales existentes, orientándose a promover la incorporación de la población con vulnerabilidad social a las redes de protección social, bajo un sistema coordinado y con una institucionalidad única, que permite a las personas acceder a prestaciones sociales de tipo asistencial y promocional, monetarias y no monetarias, en las diferentes dimensiones de la extrema pobreza. Chile Solidario es el pilar básico de la estrategia de protección social chilena; desde sus inicios se concibió como el primer paso para avanzar hacia un sistema de protección más

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contundente, que pretende cambiar el enfoque desde la satisfacción de las necesidades hacia la garantía de los derechos sociales. Por otra parte, el sistema introduce innovaciones en materia de protección social al considerar como foco de intervención a las familias más pobres y vulnerables, en las cuales se focalizan las prestaciones sociales mediante un trabajo directo y personalizado, bajo un compromiso de esfuerzo familiar por el mejoramiento de sus propias condiciones. A fines de 2006, Chile Solidario había incorporado alrededor de 290.000 familias en extrema pobreza, dentro de las cuales se incluían, además, adultos mayores de 65 años que vivían solos y personas en situación de calle. Para ello el subsistema opera a través de sus programas Puente (para las familias en extrema pobreza), Vínculos (adulto mayor) y Personas en Situación de Calle. Con la lógica de garantizar el ejercicio progresivo de derechos, se prevé incorporar también familias con padres o hijos privados de libertad. El subsistema Chile Solidario contempla cinco componentes: i) Apoyo psicosocial. Consiste en un acompañamiento personalizado por parte de un profesional o técnico que acuerda con la familia un plan de trabajo para alcanzar un conjunto de condiciones económicas y sociales mínimas, a través de visitas periódicas a domicilio. ii) Bono de protección a la familia. Consiste en un aporte monetario mensual a las familias integradas al subsistema Chile Solidario a condición de que cumplan un compromiso en función de los problemas y necesidades que ellas mismas han identificado. Este bono es asignado en montos decrecientes durante los 24 meses de la participación en el programa y está asociado al cumplimiento del “compromiso familiar” que se firma con cada familia. iii) Subsidios monetarios preferentes. Preferencia en la asignación de prestaciones monetarias tradicionales a las que tienen derecho por sus condiciones socioeconómicas: subsidio único familiar (SUF) para todos los menores de 18 años, pensiones asistenciales de vejez para todos los mayores de 65 años, pensión asistencial de invalidez, pensión asistencial a las personas con discapacidad mental y subsidio de agua potable. Estas transferencias buscan incrementar la disponibilidad de ingresos de las familias. iv) Acceso preferente a programas de promoción social. Busca integrar a otros organismos públicos y entidades privadas para lograr el desarrollo de una

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mayor y coordinada oferta de programas sociales orientada a la extrema pobreza. Las prestaciones se otorgan por lapsos de tiempo determinados y con alcance limitado, considerando que los plazos sean los técnicamente convenientes para lograr la adecuada inserción socioeconómica de los miembros de las familias beneficiarias. Esto incluye programas de nivelación de estudios y/o de competencias laborales; ayudas técnicas para personas con discapacidad; prevención y rehabilitación de la drogadicción; atención de niños en situación de riesgo; prevención y apoyo ante situaciones de violencia intrafamiliar; acceso garantizado a prestaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar (JUNAEB); cotización previsional para los jefes de familia cesantes, y subsidio preferente para la contratación de los jefes de familia desocupados. v) Bono de egreso. Las familias beneficiarias del apoyo personalizado que al mes 24 hayan cumplido con las condiciones establecidas en el compromiso familiar y por tanto superan la situación de extrema pobreza, son beneficiadas por tres años con un bono de egreso que se entrega a partir del término del bono de protección, por un monto equivalente al valor vigente de subsidio familiar (aproximadamente US$5 mensuales por persona). •

Chile Crece Contigo

El sistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo se creó en 2006 y ha tenido como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, desde la gestación hasta que cumplen los 4 años e ingresan a pre-kinder, con apoyos especiales a quienes presentan alguna vulnerabilidad mayor. El subsistema da acceso a los servicios y prestaciones que atienden las necesidades de los menores y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. Además, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños crecen y se desarrollan. El subsistema comenzó a implementarse en 2007, enmarcado dentro del Plan de Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-10, y está en línea con los compromisos asumidos por Chile al ratificar en 1990 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Las prestaciones bajo su coordinación recaen en diferentes áreas: apoyo el desarrollo biopsicosocial del niño a partir del control prenatal, promoción del parto humanizado, y

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reforzamiento del control del niño sano; acceso a la educación preescolar de calidad (sala cunas y jardines); protección laboral de la maternidad y paternidad, y ayudas técnicas para los niños que presenten alguna discapacidad. Chile Crece Contigo es coordinado por un comité de ministros presidido por MIDEPLAN e integrado por los ministerios de Educación, Hacienda, Salud, Trabajo y Previsión Social, Justicia, Vivienda y Urbanismo; la Secretaría General de la Presidencia y el Servicio Nacional de la Mujer, cuya jefatura tiene rango ministerial. Además, cuenta con un comité técnico con representación de los ministerios y de sus servicios asociados. Las municipalidades articulan la red local del sistema. Como herramientas de apoyo a la gestión del sistema se establecieron el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, que permite generar iniciativas locales destinadas a diagnosticar y tratar oportunamente rezagos en el desarrollo, y el Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia. Para su implementación a nivel local se creó el Programa de Fortalecimiento Municipal como un apoyo especial para la operación en red del sistema. Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley 1 que busca institucionalizar este subsistema bajo una ley que dé respaldo legal a Chile Crece Contigo, como sucedió con el subsistema Chile Solidario. Además, esta ley busca crear y dar institucionalidad a un sistema intersectorial de protección social como un modelo de gestión y coordinación del conjunto de prestaciones sociales del Estado destinadas a la población más vulnerable (como Chile Crece Contigo y Chile Solidario) con la posibilidad de incorporar nuevos subsistemas intersectoriales de protección social. 2.1.2 Otros programas del sistema de protección social Bajo la lógica sectorial forman parte de la estrategia de protección social el sistema de Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud (AUGE), el acceso universal a 12 años de educación, un sistema de pensiones solidarias, y una serie de otras prestaciones sociales gestionadas desde distintos organismos públicos sectoriales. El AUGE está a cargo del Ministerio de Salud, que seleccionó un conjunto prioritario de enfermedades y condiciones de salud para asegurar a toda la población las prestaciones asociadas con ellas. Este régimen supone que el acceso a la salud es un derecho universal y exigible de las 1

Boletín n.º 6260-06, ingresado en diciembre de 2008.

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personas y busca mayor equidad e igualdad en el acceso a la atención de la salud a través de un sistema de garantías. El sistema se puso en marcha inicialmente en el sector público en 2002 y paulatinamente incorporó para su cobertura los problemas de salud y enfermedades más dañinas, particularmente para los más necesitados, hasta llegar a 56 patologías. En 2005 entró en vigencia la ley AUGE (Ley n.º 19.966) que extiende el sistema al sector privado y garantizar a toda la población el acceso sin discriminación por capacidad de pago. Las prestaciones de salud que requieran la atención de las enfermedades que han sido priorizadas tienen garantías de calidad (las prestaciones son otorgadas solo en instituciones de salud acreditadas por el Ministerio de Salud), oportunidad (las personas deben ser atendidas en un plazo máximo bajo la fiscalización de la Superintendencia de Salud), y protección financiera (especialmente para los más pobres, quienes se pueden atender gratuitamente, mientras que las demás personas contribuyen con un 20% en el pago de las prestaciones). Respecto del sector educacional, en 2003 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación secundaria y extiende a 12 años la escolaridad universal. Desde ese entonces el Estado, bajo la coordinación del Ministerio de Educación, está obligado a proveer educación gratuita al ciclo secundario superior para toda la población. Otros programas también brindan apoyo a diferentes grupos de la población en el ámbito de la educación, con acciones dirigidas a la educación preescolar, la alimentación escolar, el apoyo para los materiales escolares, becas para estudiantes provenientes de hogares vulnerables, becas para estudiantes indígenas y de zonas aisladas, programas de educación para alumnos con necesidades educativas especiales, y programas de educación para adultos, entre otros. En el ámbito previsional, de acuerdo con la Ley n.º 20.255 a partir de julio de 2008 entró en vigencia una reforma al sistema de pensiones que busca entregar protección social a toda la población, independientemente de las oportunidades que haya tenido durante su vida activa. Esta reforma reconoce el rol público del Estado en el sistema de pensiones y, basado en un principio de solidaridad, persigue asegurar una pensión digna y protección para la vejez o invalidez, en el perfeccionamiento de las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La reforma crea un sistema de pensiones solidarias para las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que pertenezcan al 40% más pobre de la población. El sistema pretende operar gradualmente hasta su plena capacidad, estimada para 2012, cuando se espera cubrir al

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60% de la población más pobre. Existe una pensión básica solidaria de vejez (PBSV) para las personas mayores de 65 años, y una pensión básica solidaria de invalidez (PBSI) para las personas entre 18 y 65 años calificadas como inválidas. Además se creó el aporte previsional solidario (APS) como complemento a las pensiones de quienes hayan cotizado en un sistema previsional pero que reciban una pensión de bajo monto y pertenezcan al 40% más pobre de la población. Al igual que en el caso de las PBS, existe un aporte solidario de vejez para los mayores de 65 años y un aporte solidario de invalidez para las personas inválidas de entre 18 y 65 años. Este subsistema está bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En el ámbito de la salud destacan programas de salud escolar, de atención de salud familiar, y de salud mental. También los del área de capacitación y empleo, entre los cuales hay algunos dirigidos al apoyo a microempresarios o trabajadores independientes, y otros orientados hacia jóvenes o personas con discapacidad. Además, existen programas de habilitación e intermediación laboral, certificación de competencias laborales, reinserción laboral, seguros de cesantía, y asistencia judicial en materia laboral. En el área de vivienda y urbanismo, se distinguen distintos programas de subsidio habitacional, habitacionales para el adulto mayor, de mejoramiento de la vivienda y el entorno, de espacios públicos, y de fondos concursables para proyectos comunitarios y barriales, entre otros. En el ámbito judicial se implementaron programas de asistencia jurídica y legal para personas de escasos recursos. Destacan programas que protegen a la familia y a la mujer, programas para el tratamiento de personas con discapacidad, y pensiones para personas con discapacidad mental. El sistema de protección social contempla, además, programas de actividades artísticas, culturales y recreativas. 2.1.3 Vínculo de los programas sociales con el SIIS El SIIS es uno de los pilares básicos de la estrategia de protección social chilena y permite contar con toda la información acerca de las prestaciones sociales que entrega el Estado a sus beneficiarios y, a través de herramientas tecnológicas, facilitar y aumentar la eficiencia en la entrega de dichas prestaciones, y actuar coordinadamente entre los organismos prestadores de los servicios y las instituciones de protección social.

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Como ya se dijo, la puerta de entrada al sistema de protección social y su red de programas y prestaciones es la FPS, instrumento de caracterización socioeconómica que permite identificar los rasgos más relevantes de los beneficiarios y posibilita focalizar las acciones, prestaciones y beneficios. El RIS permite hacer operativa la información que se desprende de este instrumento y concentrar en una sola base de datos la información de todas las prestaciones sociales que entrega el Estado a través de sus organismos. Opera a través de una plataforma interoperable o SIIS que permite el intercambio de información respecto de programas sociales y beneficiarios entre distintos organismos públicos. La información o base de datos de la FPS se almacena en el SIIS, donde también se encuentra asociada toda la información de los beneficiarios y las prestaciones correspondientes a los subsistemas intersectoriales administrados por MIDEPLAN, Chile Solidario y Chile Crece Contigo. Asimismo, se encuentra almacenada en el RIS la información de programas y prestaciones sociales sectoriales de 15 instituciones en convenio con MIDEPLAN. 2.2 Gasto público en protección social y en programas sociales El gasto público se registra en las finanzas nacionales de acuerdo con los gastos efectuados por las diferentes unidades de gobierno, independientemente de la institución que los realiza, y se agrupa en categorías funcionales, según recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no necesariamente se condicen con las prestaciones sociales antes descritas. De acuerdo con esta clasificación, el gasto público social agrupa cinco áreas: vivienda y servicios comunitarios; salud; actividades recreativas, cultura y religión; educación, y protección social. Como muestra el Cuadro 1, el gasto público social total alcanzó en 2007 2 US$21.269 millones, lo que representa el 66% del gasto público total de ese año 3 . Dentro del gasto social la mayor proporción correspondió a protección social (30%), seguida de educación (17%) y salud (16%).

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Tipo de cambio en 2007: US$1 = $495,82. De acuerdo con el presupuesto proyectado para 2009 el gasto social alcanzaría el 69% del gasto total.

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Cuadro 1. Gasto público total en 2007 en millones de US$ de 2007 Servicios públicos generales Defensa Orden público y seguridad Asuntos económicos Protección del medio ambiente Vivienda y servicios comunitarios Salud Actividades recreativas, cultura y religión Educación Protección social Total

1.910 2.104 2.264 4.612 102 479 5.143 230 5.562 9.856 32.262

Fuente: Estadísticas de las finanzas públicas, Ministerio de Hacienda.

Como muestra el Cuadro 2, en la última década el gasto social ha aumentado en más de un 60%, con el mayor incremento en vivienda y en actividades recreativas y culturales, un 130% cada uno; seguidos del gasto en salud, que aumentó en un 100%, el gasto en educación, que creció en un 72%, y el gasto en protección social, que se acrecentó en un 38%. El mayor salto en el gasto en protección social se produjo en 2005, cuando aumentó un 6,5% en un año, en coincidencia con la mayor consolidación del programa Chile Solidario4 y con la instalación más definitiva en el país de un sistema de protección social de acuerdo con las prioridades gubernamentales de esos años. Cuadro 2. Evolución del gasto social entre 1998-2007 en millones de US$ de 2007 Año Vivienda y servicios comunitarios Salud Actividades recreativas, cultura y religión Educación Protección social Total

1998 208 2.531 100 3.225 7.148 13.212

1999 323 2.657 119 3.595 7.561 14.254

2000 291 2.854 125 3.745 7.960 14.976

2001 216 3.089 120 4.039 8.235 15.700

2002 212 3.241 156 4.310 8.380 16.299

2003 213 3.435 159 4.372 8.462 16.640

2004 292 3.690 164 4.710 8.695 17.552

2005 295 4.017 171 4.707 9.264 18.455

2006 406 4.547 175 4.997 9.539 19.664

2007 479 5.142 230 5.562 9.856 21.269

Nota: Debido al redondeo los totales son aproximados. Fuente: Estadísticas de las finanzas públicas, Ministerio de Hacienda.

En el Cuadro 3 se detallan las subcategorías incluidas en el gasto en protección social a 2007, las que, como se dijo, no necesariamente coinciden con el concepto de protección social utilizado por el gobierno. El gasto total en protección social en dicho año rondó los 10.000

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En 2005 el subsistema Chile Solidario había aumentado su cobertura en un 26%, para llegar a un total de 215.000 familias.

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millones de dólares. En términos per cápita 5 el gasto público correspondía aproximadamente a US$1.945, el gasto social a US$1.280 y el de protección social a US$594. Cuadro 3. Gasto en protección social 2007 en millones de US$ de 2007 Edad avanzada Familia e hijos Desempleo Vivienda Investigación y desarrollo relacionado con protección social Protección social n.e.p. Total

7.094 820 118 1.285 57 483 9.856

Nota: Debido al redondeo el total es aproximado. Fuente: Estadísticas de las finanzas públicas, Ministerio de Hacienda.

Las prestaciones monetarias focalizadas por medio de FPS a 2007 (Cuadro 4) alcanzaron la suma de US$798 millones, los cuales comprenden los subsidios y transferencias monetarias entregadas por el sistema de protección social a las familias más pobres y vulnerables, en concepto de asistencia, servicios básicos y protección escolar, entre otros. Si se compara con el gasto total en protección social establecido de acuerdo con las categorías del FMI, las transferencias monetarias corresponderían al 12% del gasto en este ítem. El resto del gasto en protección social se distribuiría en programas y prestaciones sociales. Cuadro 4. Prestaciones monetarias entregadas al 2007 en millones de US$ de 2007 Subsidios familiares Pensiones asistenciales Subsidio agua potable y alcantarillado Bonos de protección escolar Subsidio pro retención escolar Total

125 554 76 32 11 798

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social, MIDEPLAN.

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En 2007, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, Chile tenía 16.598.074 habitantes (proyecciones basadas en el Censo de Población 2002 y estadísticas vitales).

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2.3 Institucionalidad del sistema de protección social La institucionalización del subsistema Chile Solidario, bajo la coordinación de una secretaría ejecutiva en MIDEPLAN, marca el paso para la posterior institucionalización del sistema en su conjunto. Así, para la coordinación del sistema de protección social y la articulación de los distintos organismos públicos que cumplen algún rol en él, se creó el Área de Protección Social en el Gabinete de la Presidencia de la República, coordinada por MIDEPLAN e integrada por los ministerios de Cultura, Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Vivienda y Urbanismo, y el Servicio Nacional de la Mujer. Esta área de protección social encabezada por MIDEPLAN, como ya se mencionó, también está a cargo de la coordinación del subsistema intersectorial Chile Crece Contigo y se encarga de articular el trabajo de los organismos públicos y de impulsar servicios de calidad para la atención de la población que se encuentre asociada a estos dos subsistemas. Como soporte técnico al Área de Protección Social del Gabinete se crea la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Social, encargada de complementar la labor de los organismos públicos en torno a la red integral y progresiva de prestaciones sociales. Al mismo tiempo, a través de su División Social, MIDEPLAN se encarga de la gestión y administración de la FPS y del SIIS en su conjunto. Como se destacó al explicar los componentes del sistema de protección social, el Ejecutivo busca una mayor institucionalización de la estrategia de protección social con la creación de una ley que dé institucionalidad legal al subsistema Chile Crece Contigo y establezca la creación de un sistema intersectorial de protección social. Si bien el diseño y la gestión de las políticas y acciones intersectoriales o sectoriales que integran la red de protección social están a cargo de diferentes ministerios y servicios públicos que entregan prestaciones sociales en distintos ámbitos de intervención, su implementación a nivel local depende en gran parte del trabajo de los municipios, que tienen responsabilidad tanto en la aplicación y actualización de la ficha de protección social como en la entrega de transferencias monetarias. En este sentido, habrían de tener un papel decisivo dentro de la estrategia de protección social, ya que el funcionamiento coherente y la incorporación de la totalidad de los actores de una misma localidad dentro de la red social de protección integrada dependen, en gran parte, de las capacidades locales y de la acción municipal.

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Al respecto, un punto débil es la falta de capacidad técnica y económica de algunos municipios para llevar adelante estas tareas, debido a la diversidad de las 345 comunas de Chile y a la falta de recursos humanos y financieros de muchas de ellas. Los mismos funcionarios municipales suelen quejarse de una sobrecarga de funciones por la incorporación permanente de nuevos programas y prestaciones sociales, sin las transferencias de recursos necesarias para ello; con muchas veces los mismos equipos municipales tienen que asumir una variedad de funciones sin contar con la preparación requerida. En este sentido, la certificación de competencias de los municipios para temas sociales se considera un paso central y necesario para una estrategia de protección social más profesionalizada, coordinada y eficaz. 2.4 Conclusiones La política de protección social chilena ha avanzado desde una ampliación de las prestaciones sociales estatales mediante la focalización del gasto social hacia una política social más integral, que articula un conjunto de programas en una red de protección social. Si bien el énfasis está puesto en proteger a la población más vulnerable de los riesgos e inequidades asociados al desarrollo, la estrategia de protección social apunta a convertirse en un sistema universal. En las primeras etapas la acción estatal en protección social se centró principalmente en las familias más vulnerables, y prosiguió con un sistema integral de protección de la infancia, con iniciativas para un sistema previsional más equitativo, y con otras prestaciones sociales que se fueron incorporando a la lógica de protección social. Asimismo, para desarrollar acciones de tipo general se garantizó el acceso universal a los sistemas de salud y educación. Esta diversidad de prestaciones sociales articuladas bajo el sistema de protección social se basa en la FPS como instrumento de focalización y en el sistema integrado de información social para canalizar su acción hacia los beneficiarios. Además de contar a nivel central con una institucionalidad transversal con capacidad de articulación y coordinación, el sistema de protección social, en su naturaleza integral e intersectorial, debe robustecer a nivel local la capacidad técnica y administrativa de las municipalidades para asegurar el traspaso efectivo de los recursos y, a partir de la descentralización del sistema, su operatividad coordinada y eficiente.

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3. Sistema Integrado de Información Social El SIIS es la plataforma tecnológica que da soporte informático al sistema de protección social, que surge a partir del mandato de la ley Chile Solidario y que articula en el ya mencionado registro de datos RIS toda la información proveniente de municipalidades y entidades públicas que administran prestaciones sociales. El SIIS permite la interoperabilidad para el intercambio de información social. El sistema, creado como una plataforma escalable que permitirá integrar otros subsistemas de protección social, contempla diferentes módulos, tal como ilustra la Figura 1. Un primer módulo corresponde a la información del subsistema Chile Solidario y sus prestaciones, en el cual se dispone información sobre las familias beneficiarias y para el monitoreo de las prestaciones. Otro módulo permite el acceso a información sobre el subsistema Chile Crece Contigo, sus beneficiarios y el seguimiento y monitoreo de sus prestaciones. Un tercer módulo da acceso a la información correspondiente al RIS, que a partir de bases de datos interconectadas alimenta el SIIS, creado y administrado por MIDEPLAN para el registro, almacenamiento y procesamiento de la información correspondiente a los atributos sociales, civiles y socioeconómicos de la población que accede a los distintos programas sectoriales, permitiendo identificar a los destinatarios de las prestaciones y asignar y racionalizar las prestaciones sociales que entrega el Estado. Para esto MIDEPLAN establece convenios de intercambio de información con los servicios públicos que entregan beneficios a la población. Como se mencionó en el punto 2.1.3, 15 instituciones mantienen convenios de colaboración e intercambio de información, entre ellas hay servicios públicos del área educacional, de capacitación, emprendimiento, discapacidad, adulto mayor, desarrollo indígena, previsión social, entre otros; estas instituciones pueden alimentar el sistema con más de una base de datos correspondientes a sus diferentes prestaciones. Adicionalmente MIDEPLAN establece convenios con los 345 municipios del país, quienes cargan al sistema la información sobre las prestaciones del subsistema Chile Solidario, Chile Crece Contigo, la FPS y las transferencias monetarias. Por último, dispone de un módulo de información sobre la FPS y estadísticas de la aplicación del instrumento. Dicha ficha opera como el mecanismo de estratificación para la racionalización de las prestaciones del Estado, por lo tanto constituye la información base del SIIS.

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Figura 1. Portal del Sistema Integrado de Información Social

Fuente: .

3.1 Componentes del sistema de caracterización e identificación de beneficiarios 3.1.1 Mecanismo de estratificación: Ficha de Protección Social La FPS es el instrumento de estratificación social que permite identificar las necesidades de los hogares y que ha sido definido como la puerta de acceso de las personas al sistema de protección social. Este mecanismo se ha venido perfeccionando desde su creación en la década de 1980, a través de diferentes versiones en sintonía con las orientaciones de la política social y su transformación hacia un sistema de protección social. En esa década la política social se centraba en la asignación de beneficios sociales para la población más pobre o carente de recursos. Para la identificación de los potenciales beneficiarios se usaba la ya mencionada ficha CAS, diseñada para estratificar a las familias más pobres, que aunque tuvo cambios a fines de la década de 1990 (ficha CAS 2) y otros intentos más recientes

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(ficha CAS-familia), mantuvo su función de detectar a las familias con mayores necesidades para canalizar los subsidios y programas sociales. En términos operativos la ficha CAS era aplicada de manera descentralizada en el territorio nacional directamente por las municipalidades, respondiendo a las solicitudes directas realizadas por las familias, o a un conjunto de familias localizadas mediante la realización de barridos comunales. En diciembre de 2005 MIDEPLAN administraba información para alrededor de 2 millones de familias en el sistema nacional CAS. En 2006, después de analizar las dificultades de la ficha CAS para caracterizar la realidad social de la pobreza y con el objeto de incluir como criterio de focalización los riesgos sociales a los que están expuestas las personas, grupos y segmentos vulnerables de la población, el Gobierno creó un nuevo instrumento de estratificación social —la FPS— que responde a la instauración de una política de protección social fundada en derechos y que permitiría adecuar los instrumentos existentes a esta nueva lógica. Este cambio apunta a seleccionar con mayor pertinencia y precisión a los potenciales beneficiarios de los programas sociales y beneficios del Estado, no solo en virtud de su condición socioeconómica general, sino también en función de necesidades diferenciadas y de situaciones específicas, como discapacidad, vejez, desempleo, bajos ingresos, enfermedades, entre otras. Así, también permite ampliar la cobertura de información con respecto a actuales o potenciales beneficiarios de las prestaciones sociales, manteniendo a la fecha antecedentes de 9 millones de personas, que corresponden a 2,5 millones de familias y representan más del 50% de la población del país. La FPS, como nuevo instrumento de focalización y mecanismo de acceso al sistema de protección social, tiene dentro de sus objetivos identificar y priorizar con mayor precisión a la población sujeta a beneficios sociales, caracterizando la condición socioeconómica de las familias y sus vulnerabilidades de manera de proveer información válida y confiable para darles protección social. En este sentido, aunque la FPS permite identificar al segmento de familias, y sus miembros, con mayor riesgo social, a la hora de seleccionar deja primar sin embargo los criterios de los programas específicos que forman parte de una protección social progresiva, cuyas coberturas avanzan hacia la universalización de derechos. Como dato adicional, el 72% de las familias encuestadas con FPS pertenecen al 40% más vulnerable de la población.

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3.1.2 Variables de caracterización socioeconómica Las variables de caracterización socioeconómica recogidas mediante la FPS tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las familias. Las variables se agrupan en tres categorías: las relacionadas con los recursos económicos, las que miden las necesidades de las familias, y las relacionadas con los riesgos económicos que enfrentan las familias. •

Variables relacionadas con los recursos económicos

Los activos económicos son los ingresos efectivos de una familia y, principalmente, la capacidad de generación de ingresos monetarios de sus miembros en edad de trabajar, que deriva de las competencias laborales de los mismos, incluidos tanto quienes están ocupados, como quienes podrían estarlo (inactivos y desocupados). La capacidad de generación de ingresos se asocia a variables como la escolaridad y la situación laboral, así como a los ingresos efectivamente percibidos en un período. Sin embargo, es necesario tener presente que estas variables pueden ser imperfectas, en tanto es difícil medir la totalidad de las variables que influyen en la generación de ingresos, pues los ingresos de un período están afectos por componentes transitorios y, en el caso de los trabajadores independientes e informales, resultan de difícil verificación. Dentro de este grupo de variables la FPS registra indicadores de educación como el nivel educacional alcanzado; último curso aprobado; asistencia a algún curso de capacitación el último año; asistencia escolar a quienes se encuentran en edad escolar; y las razones de inasistencia. Respecto de la situación ocupacional la FPS registra variables como permanencia en el empleo; ocupación u oficio, rama de actividad a la que pertenece el trabajo; categoría ocupacional; existencia de contrato de trabajo; tipo de relación contractual; cotización en sistema previsional; ingreso o remuneración líquida el mes anterior; otros ingresos provenientes del trabajo; otras ocupaciones e ingreso percibido por ellas; otros ingresos por concepto de propiedades, seguros, pensiones o subsidios estatales. Como indicadores indirectos de los ingresos de los hogares se consideran variables como la propiedad del sitio y de la vivienda, el nivel de hacinamiento (relación entre tamaño de la familia y el tamaño de la vivienda); y el nivel de allegamiento en el hogar (número de núcleos dentro de una familia). Para ello, la FPS registra información sobre la propiedad del sitio, propiedad de la vivienda y número de piezas de la vivienda. No se considera la posesión de bienes durables, pues a juicio de MIDEPLAN pueden dar información equívoca en relación con

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equipamientos del hogar que se dejan de utilizar por pérdida o reducción de la capacidad de pago de las familias, o porque su medición podría ser discriminatoria para las familias que se esfuerzan en superar condiciones de carencia y buscan mejorar su calidad de vida. Con relación a lo anterior, existe evidencia de la universalización de bienes durables de acuerdo con la información del Censo de Población 2002, ya que con la expansión de los subsidios habitacionales y de la cobertura de los programas de vivienda social sin deuda, la calidad de la vivienda y la posesión de bienes durables no identificarían adecuadamente a las familias vulnerables. •

Variables relativas a las necesidades

Los factores relacionados con las necesidades de las familias se plasman en tres tipos de variables: a) Número de integrantes del grupo familiar: es la medida más tradicional de las necesidades de las familias, tal como se reporta en las mediciones de pobreza que se basan en el ingreso per cápita de los hogares. b) Estructura de edades de los miembros de la familia: corregir el tamaño familiar por estructura de edades permite un tratamiento más cuidadoso de las necesidades del hogar, pues las necesidades de los niños son distintas a las de sus padres y todos ellos, a su vez, tienen necesidades distintas a las de los adultos mayores. c) Composición de la familia y rasgos de sus miembros: relación entre perceptores de ingreso y dependientes como niños, adultos mayores o miembros de la familia con enfermedades crónicas o discapacidades. Considerar estas características de la composición familiar es relevante en tanto estas personas tienen necesidades materiales particulares y demandan tiempo de dedicación por parte de otros miembros del hogar. La FPS provee información respecto de estas variables al registrar datos de identificación de cada uno de los integrantes del grupo familiar (rol único tributario [RUT], nombres y apellidos); edad de los integrantes; datos de composición de la familia, como pertenencia a pueblos originarios; tipo de discapacidad; certificación de la discapacidad en el sistema de salud;

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capacidad para realizar actividades domésticas y cotidianas; controles de salud de los niños y adultos mayores; presencia de enfermedades crónicas; miembros del hogar que residen fuera de la vivienda por razones de enfermedad o presidio, entre otras. •

Variables relativas a los riesgos

El tercer grupo de variables son las relacionadas con los riesgos que enfrentan los hogares, dimensión que se vincula con el concepto de vulnerabilidad que subyace en el nuevo enfoque de la política social. Las variables relativas a los riesgos se consideran en dos niveles: riesgos individuales y riesgos que operan a nivel del territorio. Los factores de riesgo individual del hogar se relacionan con factores de salud, dependencia, discapacidad y precariedad laboral. Los riesgos del territorio tienen que ver la variable urbano-rural, por una parte, y la comparación de la situación laboral de los miembros de la familia con las tasas de desempleo regional. Estas variables se recogen en la FPS a partir de los indicadores descritos en los dos grupos de variables anteriores. 3.1.3 Cálculo del puntaje de la FPS Luego de la aplicación de la FPS, la información se procesa para evaluar las vulnerabilidades que pueda presentar una familia, para lo cual el cálculo del puntaje de la FPS combina tres elementos centrales. a) La capacidad generadora de ingresos (CGI) de cada uno de los integrantes de la familia: entendida como un índice construido a partir de la valoración promedio que el mercado laboral realiza sobre un conjunto de atributos asociados al capital humano, atributos personales, y las características de los integrantes de la familia. Esto se estima a partir de la identificación de un “clon” promedio de acuerdo con los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 6 . La CGI de una familia se construye para cada uno de sus integrantes, considerando como referencia a tres grupos: ocupados (asalariados e independientes), desocupados (cesantes o que buscan trabajo por primera vez) e inactivos (personas en edad de trabajar que no son 6

La Encuesta CASEN tiene representatividad nacional y es realizada por MIDEPLAN cada tres años para conocer la realidad socioeconómica del país. Se utiliza como base para el cálculo de los ponderadores de la FPS, pues ambas consideran casi las mismas variables.

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proactivos para conseguir empleo); a los cuales se les estima una CGI de acuerdo con sus características personales y su capital humano. En la predicción del ingreso se utilizan ecuaciones que diferencian también por sexo. Esta estimación de la CGI ha recibido algunas críticas, que apuntan a un error estadístico muy grande en la predicción del ingreso del “clon”, pues un R² bajo puede llevar a un puntaje de corte muy distinto a la realidad. En el cálculo del CGI se excluyen ciertos grupos que pueden trabajar: los niños menores de 15 años; las personas entre 15 y 24 años que estén estudiando (como su actividad principal); las mujeres embarazadas; las madres de hijos menores de 2 años; los adultos mayores (mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años); las personas discapacitadas no autovalentes, y las personas encargadas del cuidado de los miembros de la familia con discapacidad severa o postrados. Este criterio también ha sido criticado, ya que no es tan claro que determinados grupos de la población carezcan de capacidad de generar ingresos. Los ingreso estimados de cada uno de los integrantes de la familia en condiciones de generarlo se suman, y así se obtiene la CGI del grupo familiar. b) Los ingresos económicos de la familia: ingresos que se obtienen de la suma de los recursos que provienen de subsidios monetarios permanentes como jubilaciones, pensiones asistenciales, y montepíos (ingresos permanentes) y de los ingresos declarados por las personas. c) El índice de necesidades de la familia: da cuenta de la relación entre los recursos de una familia y sus necesidades, considerando el mayor costo asociado a cubrir las necesidades de grupos específicos. Este índice se construye a partir de escalas de equivalencia o deflactores que corrigen los gastos totales de las familias de acuerdo con las necesidades de sus miembros. Las escalas de equivalencia contemplan tamaño y composición de la familia, y consideran variables como la edad de sus miembros y su situación de autovalencia o dependencia.

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El índice de necesidades utilizado para el cálculo del puntaje FPS considera la escala de equivalencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, con modificaciones atinentes a la realidad chilena, además de una corrección por necesidades para los discapacitados dependientes. La escala de equivalencia de la FPS es: [JH + 0,7(O)]; donde JH corresponde al jefe de hogar y O a otro integrante de la familia. Cuando los integrantes de la familia son sanos, el factor de corrección es 0,7 excepto para el jefe de hogar, que es 1. Si hay alguna dependencia en los miembros de la familia, se corrige de acuerdo con los factores que especifican en el Cuadro 5. Cuadro 5. Escala de equivalencia FPS y clasificación de la dependencia Grado de dependencia No discapacitado Discapacitado autovalente Discapacitado dependiente leve Discapacitado dependiente moderado Discapacitado dependiente severo, muy severo o postrado Fuente: MIDEPLAN (2007a).

Factor de corrección 1 1 + 0,2353 1 + 0,4706 1 + 0,8235 1 + 1,3774

Con estos factores de corrección, el índice de necesidades pretende dar cuenta de las necesidades diferenciadas de las familias. A modo de ejemplo, si se tienen tres familias con distintas necesidades, todas de cuatro miembros, el índice de necesidades se calcularía de la siguiente forma: Cuadro 6. Ejemplo de cálculo del índice de necesidades Familia

Per cápita simple

Composición de la familia

Familia 1

Jefe de hogar

Cónyuge

Hijo 10 años

Hijo 5 años

4

Familia 2

Jefe de hogar

Cónyuge discapacitado moderado

Hijo 10 años

Hijo 5 años

4

Familia 3

Jefe de hogar discapacitado moderado

Cónyuge

Hijo 10 años

Hijo 5 años

4

Fuente: MIDEPLAN, 2007a.

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Índice de necesidades (JH)*1 + 0,7(O)*1 + 0,7(O)*1 + 0,7(O)*1 = 3,1 (JH)*1 + 0,7(O)*1,8235 + 0,7(O)*1 + 0,7(O)*1 = 3,6765 (JH)*1,8235 + 0,7(O)*1 + 0,7(O)*1 + 0,7(O)*1 = 3,9235

Para la estimación de la capacidad total de generar ingresos de la familia se consideran los tres componentes que ilustra la Figura 2. Un primer componente constituido por la CGI de la familia, que se pondera en un 90% más los ingresos declarados en la FPS, que representan los ingresos actuales de las familias y se ponderan en un 10%, dando cuenta de su situación de corto plazo. Luego, a la CGI de la familia se suman los ingresos permanentes, sumatoria que es ajustada por el índice de necesidades del hogar. Finalmente, esta cifra se transforma a la escala del puntaje de protección social, de acuerdo con puntajes de corte determinados por los deciles de ingresos de la Encuesta CASEN. Figura 2. Cálculo del puntaje de estratificación en la FPS Dimensiones consideradas en el modelo de cálculo   del puntaje FPS

Capacidad Generadora Ingresos Ingresos (∑integrantes Familia) + Ingresos declarados

Ingresos Permanentes (∑Familiar)

Puntaje  global Índice Necesidades

Fuente: MIDEPLAN. Los puntajes de corte de la FPS, de acuerdo con la información provista por la Encuesta CASEN 2003, se distribuyen desde un mínimo de 2.072 puntos a un máximo de 6.035 puntos para el primer decil de ingresos; y desde 14.597 puntos a 16.316 puntos para el último decil, como muestra el Cuadro 7.

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Cuadro 7. Puntajes de corte según déciles de vulnerabilidad Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Puntaje mínimo 2.072 6.036 8.501 10.321 11.735 12.667 13.484 14.236 14.557 14.597 2.072

Media 4.182 7.371 9.437 11.026 12.184 13.127 13.832 14.495 14.574 14.675 11.490

Puntaje Máximo 6.035 8.500 10.320 11.734 12.666 13.484 14.236 14.557 14.597 16.316 16.316

Fuente: Encuesta CASEN 2003.

La FPS asigna un puntaje general de acuerdo con el modelo de cálculo antes señalado. Este puntaje es utilizado en la entrega de numerosos beneficios; sin embargo, existen algunas prestaciones que no se adjudican directamente con este puntaje sino con un cálculo de puntaje particular, de acuerdo con los objetivos del programa. Además, cada prestación social o subsidio tiene sus propios requisitos y condiciones de postulación, según el segmento de la población al que se quiera beneficiar, estableciendo puntajes de la FPS de corte según el grupo definido. A modo de ejemplo: •

Para el SUF los requisitos de postulación son contar con la FPS vigente y un puntaje no superior a 11.734 puntos (correspondientes al 40% más vulnerable de la población), y ser potencial “causante” del beneficio. Estos son los beneficiarios que tienen derecho a percibir el beneficio: -

Menores hasta los 18 años e inválidos, de cualquier edad, que vivan a expensas del beneficiario, que participen de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil (hasta los 6 años) y que no perciban renta igual o superior al valor del subsidio familiar.

-

Niños cuyas edades fluctúan entre 6 y 18 años, que acrediten ser alumnos regulares de la enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a menos que fueran inválidos. 24

-

Madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban el SUF.

-

Mujeres embarazadas.

-

Deficientes mentales a que se refiere la Ley n.º 18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios de pensión asistencial.

•

En el caso del subsidio de discapacidad mental el puntaje de corte son los 8.500 puntos, y los beneficiarios deben ser carentes de recursos, lo que significa no tener ingresos propios ni per cápita del grupo familiar superiores al 50% de una pensión mínima.

•

Las pensiones solidarias también consideran al 40% más vulnerable (11.734 puntos de la FPS), y benefician a los adultos mayores de 65 años o más, e inválidos de entre 18 y 65 años.

•

Los subsidios de vivienda utilizan un puntaje especial de la FPS denominado índice de precariedad habitacional, que se construye a solicitud de dicho ministerio y de común acuerdo con MIDEPLAN. Este puntaje corresponde al puntaje general entregado por la ficha, menos descuentos basados en indicadores de precariedad habitacional calculados con datos a partir de la misma ficha.

•

Existen programas que utilizan el puntaje de la FPS aun cuando su población objetivo no es necesariamente la que clasifica la ficha. Es el caso de subsidios de saneamiento de sitios, exención de pago de retiro de basura, subsidio para mejoras en casas con problemas de termitas, entre otros.

3.2 Fuentes de información del SIIS El SIIS se alimenta, en primer lugar, de la información proveniente de la aplicación de la FPS, que es ingresada al sistema. A octubre de 2008 se encontraban encuestadas más de 2,8 millones de familias, equivalentes a aproximadamente 9 millones de personas, un 54% de la población total proyectada a la fecha. Como ya se dijo, la información de la FPS es levantada a nivel de los municipios, que son también los encargados de actualizar la información de las familias en relación con los cambios de domicilio; cambios en la situación familiar como nacimientos o muertes; cambio en la jefatura

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del hogar, o en la situación laboral. La actualización de este tipo de información depende en gran parte de la voluntad y responsabilidad de las personas, quienes por dejadez en algunos casos o por aprovecharse del sistema en otros, no dan cuenta de su nueva situación. Otra fuente de información son los datos provenientes de las prestaciones y beneficiarios de los subsistemas Chile Solidario y Chile Contigo, que también son cargados al SIIS a través de los municipios, así como las transferencias monetarias que son entregadas a nivel municipal. Adicionalmente, el SIIS se alimenta de información proveniente de las bases de datos de los 15 organismos públicos con los cuales sostiene convenios legales, que permiten intercambiar la información a través del sistema, además de los convenios que sostiene con los 345 municipios del país. El siguiente cuadro muestra las instituciones con las que MIDEPLAN ha firmado convenio y las bases de datos de cada una de ellas que alimentan el sistema.

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Cuadro 8. Instituciones e información disponible en el SIIS Institución

Bases de datos/entrada

1. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 2. Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

3. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)

4. Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS)

5. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

6. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)

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Postulantes (para consultas) Menores matriculados Ingreso de información al programa Vínculos Subsidio al fomento de la economía indígena urbana y rural Subsidio al apoyo a la gestión indígena Subsidio para la adquisición de tierras Saneamiento de la propiedad indígena para certidumbre jurídica Subsidio construcción de obras de riego y/o drenaje para indígenas Subsidio para adquisición de derechos de agua por indígenas Subsidio a la capacitación y especialización de indígenas Difusión y fomento a las culturas indígenas Subsidio residencia estudiantil para alumnos indígenas de educación superior Programa Ayudas Técnicas Beca técnico profesional Beca Presidente de la República Beca indígena Beca mantención educación superior Beca integración territorial Beca de apoyo a la retención escolar Beca Prueba de Selección Universitaria (PSU) Beca de alimentación educación superior Programa de alimentación educación prebásica, básica y media Programa de útiles escolares para prebásica, básica y media Definición de alumnos prioritarios para recibir subvención escolar preferencial Definición de alumnos vulnerables según ley de integración social (15%) Mejor trabajo Bonificación Chile Solidario Servicio local de empleo para personas Sistema Protección Social Bonificación jóvenes Chile Solidario

Cuadro 8., continuación Programa Jardines Infantiles y Salas Cunas jornada normal Programa Jardines Infantiles y Salas Cunas extensión horaria Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia Centros Comunitarios por los Derechos Infanto-Juveniles Programa de Formación, Capacitación y Empleo Administradoras de fondos de pensiones (AFP) Aseguradoras Mutuales Pensión básica solidaria (PBS) Pensión Asistencial Deficiencia Mental Pensionados Pensiones de gracia Subsidio único familiar Puntaje reforma previsional Organización Regional de Acción Social (ORASMI) Subsidio de agua potable Subsidio único familiar Hijos de personas privadas de libertad Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica a la Pequeña Minería Artesanal Programa de Apoyo al Microemprendimiento (Chile Solidario) Programa de Apoyo al Microemprendimiento (FOSIS) Programa de Apoyo a las Actividades Económicas Programa Emprende Más Programa Empleabilidad Juvenil Programa Microemprendimiento Programa de Nivelación de Competencias Laborales Programa Mejoramiento a la Infancia Programa Desarrollo Social Beneficiarios del subsidio eléctrico

7. Fundación INTEGRA 8. Servicio Nacional de Menores (SENAME) 9. Corporación Nacional Forestal (CONAF)

10. Instituto de Normalización Previsional (INP)

11. Ministerio del Interior 12. Gendarmería 13. Ministerio de Minería

14. Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

15. Secretaría de Electricidad y Combustible Fuente: MIDEPLAN, SIIS.

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Por otra parte, la base de datos del Registro Civil y de Identificación es también fuente de información del SIIS, y permite la verificación en línea de los antecedentes que ingresan al sistema, tema que será analizado en las próximas secciones. Actualmente el SIIS integra más de 4,5 millones de registros correspondientes a las prestaciones sociales de distintos organismos públicos, más los cerca de 9 millones de registros correspondientes a la FPS. En el siguiente cuadro se detallan los registros de las bases de datos de las prestaciones sociales de las diferentes instituciones que alimentan el sistema. Cuadro 9. Registro de prestaciones sociales Base de datos Programa Puente, Chile Solidario Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, Chile Crece Contigo Personas en Situación de Calle, Chile Solidario Programa Vínculos, Chile Solidario Subsidio de agua potable Subsidio único familiar Bono Egreso Familias, Chile Solidario Subsidio deficiencia mental Pensión Básica Solidaria Bono Protección, Chile Solidario ORASMI, asistencia social ORASMI, capacitación e inserción laboral ORASMI, discapacidad ORASMI, salud ORASMI, educación ORASMI, vivienda JUNAEB, beca de apoyo a la retención escolar JUNAEB, beca PSU FEI Programa de Formación, Capacitación y Empleo CONADI, difusión y fomento a las culturas indígenas Subsidio residencia estudiantil Subsidio para la adquisición de tierras Subsidio a la capacitación y especialización Subsidio al fomento de la economía indígena Subsidio al apoyo a la gestión indígena Subsidio para adquisición de derechos de agua Saneamiento de la propiedad Subsidio construcción de obras de riego Total Fuente: MIDEPLAN, SIIS.

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N.º de registros 1.203.602 110.341 4.780 9.302 630.413 1.404.315 143.765 19.409 539.823 83.416 6.736 366 104 2.522 1.891 3.752 9.345 199.751 172.940 2.063 129 232 484 32 1.021 484 359 897 550 4.552.824

Como reto futuro para el SIIS, y como una manera de asegurar una mayor diversificación y verificación de los datos, se vislumbra integrar bases de datos educacionales, como el Registro Nacional de Estudiantes de Chile, y la información tributaria del Servicio de Impuestos Internos. 3.3 Usos actuales y potenciales del sistema El SIIS actúa como una especie de ventanilla única de información social, que permite que los antecedentes de los beneficiarios de las prestaciones sociales puedan ser validados por la misma institución donde se postulan a beneficios determinados, permitiendo además el seguimiento y monitoreo de estos últimos y facilitando la reacción inmediata de los servicios públicos y sus prestaciones sociales a las necesidades específicas de protección social de las familias. Entre los usuarios del sistema se encuentran todos los municipios, además de las instituciones públicas como ministerios, subsecretarías y otras reparticiones públicas en convenio. La plataforma provee a las instituciones usuarias información de identificación de los beneficiarios y su localización territorial, información sobre la FPS (puntaje, fecha de aplicación, nivel de vulnerabilidad) y la participación en programas sociales administrados por MIDEPLAN, como Chile Solidario y Chile Crece Contigo. El acceso a la información por parte de las instituciones usuarias se hace por medio de internet, a través de una clave de usuario, en función de la cual es posible consultar información de individuos a través del RUN (rol único nacional: clave de identificación que se asigna a las personas desde su nacimiento), procesada en cartolas que despliegan la información que se detalla en el Cuadro 10. MIDEPLAN revisa y estudia solicitudes adicionales de información y de acuerdo con el convenio con cada institución se estipulan las variables a agregar en cada caso y la forma de intercambio. Además, para acceder a toda la información de la FPS, la plataforma del SIIS dispone de un módulo estadístico donde las instituciones pueden acceder a información agrupada (no individual) a nivel territorial, para análisis y estudios de focalización. La información requerida o dispuesta es utilizada para confirmar o acreditar alguna condición que sea determinante para la población objetivo para focalizar o asignar algún beneficio. En este sentido, más allá de contar con la información en términos operativos, como usos potenciales del sistema, los organismos públicos en convenio pueden procesar y utilizar la

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información que soliciten con el objeto de estudiar, diseñar y evaluar sus políticas, planes y programas. En promedio el sistema responde diariamente cerca de 9.800 consultas en línea de las entidades públicas, mientras que anteriormente debían consultar a otras instituciones en forma particular. De aquí que la centralización de la información en el SIIS signifique un gran avance en términos de ahorro de tiempo y de recursos para las instituciones públicas en la tramitación de las postulaciones a sus beneficios sociales. Por su parte, los organismos deben remitir al sistema cualquier información adicional de titulares o beneficios que complementen el registro y que se haya generado como consecuencia de su uso en el proceso de asignación y racionalización de las respectivas prestaciones sociales. Cuadro 10. Información estándar de consultas al SIIS Localización territorial Región Provincia Comuna Identificación de la persona RUN Dígito verificador del RUN Nombres Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de nacimiento Nacionalidad Fecha de defunción Datos FPS Fecha de aplicación de la FPS Número de integrantes Parentesco con el jefe de familia Fecha de asignación del puntaje Puntaje Decil de vulnerabilidad Quintil de vulnerabilidad Presencia en programas sociales administrados por MIDEPLAN CHILE SOLIDARIO Cubierto en Programa Puente (Sí/No) Cubierto en Programa Personas en Situación de Calle (Sí/No) Cubierto en Programa Vínculos Adulto Mayor (Sí/No) CHILE CRECE CONTIGO Sistema de protección integral a la primera infancia (Sí/No) Fuente: MIDEPLAN.

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Dentro de otros usos del sistema, los municipios pueden realizar en línea el proceso de postulación a beneficios como el SUF, PASIS 7 y subsidio de agua potable, verificando antecedentes de forma automática y emitiendo los decretos de asignación respectivos. Así, también se encuentra la posibilidad de acceder a estadísticas sociales de vulnerabilidad por territorio, que permiten a los municipios disponer de datos desagregados por territorio para diagnósticos, informes, selección de beneficiarios y diseño de programas municipales. Como una manera de apoyar a los funcionarios municipales para su integración a esta plataforma, el sistema ha diseñado un espacio virtual de capacitación en línea, o espacio de comunicación e información para los distintos funcionarios de los equipos comunales, que a partir de sus claves de usuarios pueden acceder a manuales de aplicación de la FPS; instrucciones de digitación, verificación y supervisión de los datos; noticias, y mecanismos de comunicación y resolución de preguntas a través de foros de funcionarios. El sistema permite también al Instituto de Normalización Previsional (INP, futuro Instituto de Previsión Social) certificar los requisitos de elegibilidad de los solicitantes de la PBS y el APS, en el marco de la reforma previsional, para lo cual es suficiente presentar la cédula de identidad. Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales puede consultar en línea sobre el resultado de la aplicación de la FPS de los solicitantes para la regularización de propiedades y verificar el cumplimiento de requisitos para acceder a los beneficios de gratuidad o rebaja disponibles. Aunque está dirigido a las instituciones usuarias de la información social, la implementación del SIIS se traduce también en efectos prácticos para los beneficiarios del sistema de protección social, pues permite obtener en línea y en forma gratuita certificados de constancia de la aplicación de la FPS para acceder a las prestaciones sociales que entrega el Estado. El sistema emite de manera automática un certificado de constancia, con el número de folio de la encuesta, la fecha, la comuna y la región donde fue aplicada la encuesta. El sistema permite requerir, también en línea y a través de los municipios, un certificado de estado de puntaje de la FPS, el cual cuenta con un código de barras de seguridad que permite verificar la autenticidad del documento y puede ser utilizado en todos los servicios públicos que soliciten esta información.

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Pensiones asistenciales de vejez e invalidez que se entregaban antes de la reforma previsional. A partir de mediados de 2008 comenzó a regir el nuevo sistema de pensiones solidarias descrito en la Sección 2.

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Por otra parte, las personas que quieren postular a programas de vivienda pueden concurrir directamente a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo correspondiente o a las empresas intermediarias, o Entidades de Gestión Inmobiliaria Social 8 , desde donde se capturan los datos de la FPS necesarios para la postulación, sin necesidad de concurrir al municipio. 3.4 Temas especiales 3.4.1 Capacidad del sistema para considerar la dinámica de la pobreza De acuerdo con la prioridad de la protección social, la FPS permite identificar a las familias vulnerables, con una concepción más dinámica de la pobreza, pues entiende esta condición como un estado presente o potencial, para lo cual mide los recursos económicos, las necesidades de las familias y los riesgos que enfrentan. Al incorporar factores de riesgo como el empleo precario, la inestabilidad laboral, la presencia de enfermedades crónicas, la discapacidad, o la presencia de niños pequeños o adultos mayores en las familias, busca identificar y priorizar con mayor precisión a la población que más necesita los beneficios sociales, proveyendo mejor información para dar respuestas pertinentes de protección social. Es por esto que el cambio de instrumento de estratificación significa la introducción de un nuevo enfoque de la pobreza que deja atrás un concepto asociado solo a la carencia de recursos, para vincularlo también a la noción de vulnerabilidad, entendida como el riesgo de caer en una situación de pobreza, y abarcando tanto a las familias que actualmente se encuentran en condición de pobreza como a quienes podrían estarlo a futuro. Esta visión ampliada del concepto de pobreza permite identificar no solo la vulnerabilidad de las familias no pobres, sino a los miembros de las familias que viven las mayores vulnerabilidades, con la ventaja de entregar una mejor caracterización de la pobreza dura, es decir de aquellos hogares que se mantienen sistemáticamente por debajo de la línea de pobreza. Otro instrumento que ha sido útil para caracterizar y estudiar la dinámica de la pobreza es la Encuesta CASEN, que se ha aplicado en dos instancias en la última década. Se trata de una encuesta panel de tipo longitudinal, empleada en una muestra representativa de hogares de algunas regiones de Chile en 1996, 2001 y 2006, con el objetivo de profundizar el entendimiento

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Entidades encargadas de brindar asesoría especializada para guiar y respaldar a las familias que postulan a sus programas para comprar, construir, ampliar o mejorar su vivienda.

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de las condiciones de vida de la población y, en particular, de los problemas de la pobreza y la vulnerabilidad. Estas encuestas de tipo panel proveen de información que permite cuantificar la dinámica de los ingresos en Chile, lo cual no es posible de observar en encuestas de corte transversal, que solo permiten tomar una fotografía en un momento del tiempo. De la aplicación de la última Encuesta CASEN se pudo tener una aproximación al tamaño de la población en pobreza crónica (4,4%) es decir, la proporción de personas que fue pobre a lo largo de 10 años. También permitió conocer el porcentaje de población vulnerable, es decir que ha transitado desde y hacia la pobreza en los últimos 10 años (34%) y la proporción de quienes se han mantenido fuera de la pobreza durante ese período. La utilidad de este instrumento en materia de política social es relevante, en tanto permite responder a los interrogantes que surgen en torno a las determinantes de la pobreza y, lo que es más importante, permite hacer un análisis profundo de las tendencias de movilidad social y estudiar el dinamismo de estos procesos. 3.4.1 Incorporación de condicionalidades o contraprestaciones en los programas La incorporación de condicionalidades en el sistema de protección social chileno se ha llevado a cabo principalmente a través de los compromisos que adquieren las familias que se integran al subsistema Chile Solidario, que contempla un bono de protección, o aporte solidario 9 , que consiste en un incentivo monetario mensual a las familias, a condición de que cumplan con ciertos compromisos de acuerdo con sus necesidades, identificadas previamente por sus mismos miembros. Esto se denomina “compromiso familiar”, el cual es firmado por cada familia y está asociado al cumplimiento de sus términos en un plazo de 24 meses durante los cuales se prolonga la entrega del bono de protección familiar. Los compromisos asumidos por las familias son trabajados con el apoyo de personas especialmente adjudicadas para acompañarlas a superar las condiciones mínimas para salir de la extrema pobreza. Estos mínimos han sido operacionalizados en 53 condiciones repartidas en siete dimensiones de la vida familiar que propone el subsistema Chile Solidario (identificación, salud, educación, habitabilidad, trabajo, ingresos y dinámica familiar). Al cabo de seis meses, y una vez cumplidas las condiciones mínimas, las familias suscriben un nuevo compromiso de mantenimiento y mejora de las condiciones alcanzadas. En los siguientes 18 meses, con el acompañamiento y monitoreo de las familias, y el seguimiento de 9

Este aporte consiste en US$20 mensuales los primeros seis meses desde el ingreso al programa, US$15 los siguientes seis meses, US$12 entre los meses 13.º y 18.º, y US$10 los últimos seis meses.

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los acuerdos suscritos en el compromiso familiar, se busca el egreso de las familias después de dos años. Otro tipo de condicionalidades establecidas anteriormente son las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios del SUF, relacionadas principalmente con la asistencia de los menores a los establecimientos educacionales o la vigencia de los controles de salud de los niños. 3.5 Conclusiones El sistema de información social, recientemente en operación en Chile, es resultado de la operacionalización de la estrategia de protección social, y su desarrollo ha sido consistente con esa estrategia. Este sistema se caracteriza por reunir en una base de datos común la información de las prestaciones sociales del Estado y por lograr caracterizar a sus beneficiarios y potenciales beneficiarios mediante el empleo de un puntaje de estratificación a partir de la aplicación de la FPS, puerta de entrada al sistema de protección social. La utilización de la FPS ha permitido caracterizar socioeconómicamente a la población, considerando variables de vulnerabilidad y riesgo en la estratificación, lo cual incorpora un enfoque más dinámico de la pobreza y permite dirigir más eficientemente las acciones de protección social hacia los grupos más vulnerables, y brinda una base numerosa de beneficiarios para estas prestaciones. El SIIS se constituye a su vez como un instrumento de gran utilidad en este contexto, pues permite disponer de un sistema centralizado de información en línea, operando con la totalidad de municipios del país e intercambiando información con otras instituciones públicas para alimentar el sistema, de forma tal que hace mucho más eficiente y eficaz la canalización de recursos desde el Estado, y sus organismos prestadores de servicios sociales, hacia la población. El diseño de la FPS como mecanismo de estratificación y el cálculo de sus puntajes han sido fruto de amplias discusiones al interior del MIDEPLAN, así como en otros medios académicos o políticos. En primer lugar, hubo un amplio consenso acerca de la necesidad de rediseñar la antigua ficha CAS e incorporar nuevas variables que reflejaran la vulnerabilidad de las personas y sus grupos familiares para caracterizar adecuadamente la realidad de la pobreza, bajo el supuesto de que esta es una condición dinámica, y para distribuir de modo más justo el gasto en protección social, transfiriendo los beneficios sociales y enfrentando los riesgos que amenazan a los distintos grupos de la población, especialmente los más vulnerables,

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considerando necesidades diferenciadas y de acuerdo con los recursos disponibles en las familias. En segundo lugar, otro alcance consensuado sobre la nueva FPS es su potencialidad para proveer información social de manera permanente, actualizada y dinámica. En este sentido, la FPS permitiría mayor cobertura de información social, y verificación automática y periódica de los datos, de modo de asegurar información confiable y validada. Sin embargo, el diseño y manejo de la FPS no ha estado exento de críticas. Una de las principales dificultades que se ha señalado es que el modelo se ha vuelto estático, en el sentido de que la actualización de las fichas y la verificación de la información en línea no son tan dinámicas como se había pensado en su diseño. Hasta el momento, la actualización solo ha sido posible en términos de la información proveniente del Registro Civil, como nacimientos o defunciones, edades de los miembros y las variables relativas a pensiones, jubilaciones y montepíos, verificados a través del INP y la Superintendencia de AFP. Queda fuera la validación de variables relevantes para el cálculo del puntaje, como la escolaridad, variables de empleo, ingresos declarados, o discapacidad de los miembros de la familia. Además no en todos los casos estas validaciones se realizan con la misma periodicidad. Si bien la FPS tiene una duración de dos años desde el trabajo de campo, período en el cual si una familia sufre modificaciones en su situación a través del municipio puede solicitar ser reencuestada, si una ficha no tiene modificaciones durante dos años es actualizada a domicilio por personal del municipio. Sin embargo, no necesariamente cada vez que las familias presentan mejoras en su situación que hacen subir sus puntajes solicitan ser reencuestadas, manipulando de alguna manera el instrumento de estratificación para que su puntaje no refleje la realidad de las familias. La actualización de la información está sujeta, entonces, en gran parte a la voluntad de las personas para informar su situación. En estos términos, una situación común es, por ejemplo, que al perder su empleo las personas den aviso a sus respectivos municipios para acceder con menores puntajes FPS a los subsidios o beneficios correspondientes; sin embargo, al volver a emplearse, no informan de su nueva situación para no perder los beneficios ya obtenidos. En la misma línea, con respecto a la presencia de miembros con discapacidad en la familia, la base de datos de la FPS registra un porcentaje muy alto de personas en esta situación, lo que se genera debido al conocimiento de los encuestados de la importancia de esta variable en el cálculo del

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puntaje y a la ausencia de verificación mediante certificados emitidos por instituciones competentes en la materia. Por otra parte, el algoritmo para el cálculo de los puntajes ha sido también objeto de críticas, en tanto consideraría un margen de error muy grande al estimar la CGI de las personas basándose en los datos extraídos de la Encuesta CASEN. Se ha puesto en duda la precisión del algoritmo para estimar la realidad al considerar, por ejemplo, la máxima experiencia laboral y capital humano de personas por sobre la edad activa, sin tomar en cuenta los rendimientos decrecientes que se producen al llegar a determinada edad. Otra crítica que se ha hecho con respecto al diseño de la FPS es la dificultad para reflejar situaciones más específicas de vulnerabilidad, en tanto es complejo incluir situaciones o riesgos más difíciles de operacionalizar, como la drogadicción o las conductas desviadas, de las que no se cuenta con ponderadores comparables en las variables presentes en las encuestas de base como la CASEN. Por último, cabe destacar que en muchos casos algunos aspectos del diseño de la FPS y los sistemas de integración social tienen que ver con decisiones políticas a la hora de integrar o no ciertas variables al instrumento. Es el caso de la no inclusión de personas vulnerables o responsables de otros miembros de la familia como generadores de ingreso; o la exclusión de mujeres embarazadas o madres de hijos menores de 2 años que, si bien en muchos casos tienen menor capacidad de generar ingresos, no están necesariamente impedidas de trabajar. También es el caso de la exclusión de la posesión de bienes durables en el cálculo de la CGI.

4. Operación del sistema 4.1 Aspectos operativos Con relación a la FPS, el equipo profesional que trabaja en la operación del sistema se organiza de acuerdo con las distintas etapas, que van desde la aplicación de la ficha hasta el vaciado final de la información al sistema de información social, como ilustra la Figura 3.

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Figura 3. Perfiles del equipo profesional del sistema Perfiles

ADMINISTRAR PROCESO

ENCUESTAR

REVISAR

DIGITAR

ACTUALIZAR CONSULTAR FICHA

Encargado Comunal Encuestador Revisor Digitador Supervisor mesa Funcionarios

Fuente: MIDEPLAN.

Las FPS son aplicadas a nivel local; en cada uno de los municipios hay un encargado comunal responsable de administrar el trabajo de campo y posteriormente las actualizaciones y consultas a las fichas. La aplicación de la FPS está a cargo de los encuestadores, quienes visitan a las familias y están debidamente identificados con un código asociado que permite correlacionarlos con las FPS que aplican. Las fichas se aplican a domicilio, se reciben, y sus registros son examinados por los revisores, que devuelven la ficha al encuestador correspondiente si encuentran omisiones o errores. Luego se vuelve a revisar la FPS devuelta y se pasa al proceso de digitación. Una vez que la ficha está completa y revisada, y antes de ingresar la información al sistema, se valida el código del encuestador y se asigna un folio a cada ficha, para entonces asignar un digitador, quien ingresa la FPS al sistema. Luego de esta etapa se corrigen inconsistencias o errores de digitación, y se realiza una supervisión en el terreno de FPS seleccionadas aleatoriamente. Si se encuentran errores o inconsistencias asociadas a determinados lugares o encuestadores, se vuelven a aplicar las FPS en terreno y se rehace todo el proceso de ingreso al SIIS. Si después de la supervisión las FPS son validadas, se cierra el proceso. Para asegurar la adecuada aplicación de las fichas y el correcto funcionamiento del proceso, existen ciertos mecanismos que resguardan la calidad de la información recogida: procesos de auditoría, supervisión y capacitación. La auditoría tiene por finalidad resguardar la

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calidad de la información y controlar el cumplimiento de las instrucciones que garantizan la transparencia durante la realización de las encuestas. Se examina en una muestra representativa de fichas seleccionadas aleatoriamente y sin previo aviso, su aplicación en el terreno y el registro de datos en el sistema en línea, verificando que todos los procesos se realicen conforme a las instrucciones impartidas en el Manual de aplicación de la ficha de protección social (MIDEPLAN, 2006c). Hasta enero de 2008 se había auditado una muestra de 1.737 FPS en 323 de las 345 comunas del país. La supervisión es un proceso independiente realizado por MIDEPLAN y busca verificar que la información operacional, financiera y administrativa, en relación con la aplicación de la FPS y la concesión de prestaciones monetarias, sea confiable, veraz y oportuna. En este proceso se revisa que las operaciones estén de acuerdo con las políticas establecidas y que cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias. La supervisión se realiza durante todo el año y se acompaña con una asesoría in situ a los funcionarios encargados de la FPS y de prestaciones monetarias a la municipalidad en los tópicos administrativos, legales y financieros, y en la operatividad de los procesos en línea de postulación y concesión de los beneficios. El proceso contempla, además, entrevistas a los encargados comunales de las prestaciones monetarias para conocer el funcionamiento y conocimiento que tiene el personal comunal al respecto. A 2008, en la supervisión a las FPS realizadas en un 48% de las comunas se detectaron porcentajes de error cercanos al 35% en el módulo de salud, y de alrededor de 10% en el módulo de educación y familia. La capacitación a los distintos funcionarios integrantes de los equipos comunales de la FPS se lleva a cabo en jornadas especializadas en las distintas comunas del país. En estas instancias, además de capacitar a los equipos en la aplicación de las fichas, se abordan temas relativos a la administración la información en el SIIS (claves de acceso, gestión de duplicaciones, procedimientos para desvinculaciones y/o anulaciones de registros). También se orienta a los encargados comunales respecto de la organización de la demanda de aplicación de la FPS, asignación de responsabilidades dentro de los equipos, cuantificación de los fondos que se transfieren al municipio de cómo subsidios, procesamiento de la información proveniente de la FPS para definiciones y decisiones locales, entre otras cosas. A julio de 2008 se capacitó y evaluó personal del 94% de las comunas (322 comunas), y se alcanzó un número de 1.826 personas capacitadas y 1.293 personas evaluadas.

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Dentro de los procesos de capacitación se llevan a cabo algunos cursos a distancia (elearning) para la actualización y apoyo de los procesos de aplicación, supervisión e ingreso al sistema de la FPS, y en relación con la entrega de prestaciones monetarias. El objetivo de este tipo de cursos es propiciar un proceso continuo de reflexión, ofrecer dispositivos y recursos de aprendizaje para la actualización de los profesionales y técnicos, y aportar insumos que permitan instalar procesos de fortalecimiento institucional. En julio de 2008 1.735 personas participaron de estos cursos. Los funcionarios también tienen a su disposición una mediateca que almacena documentación como material de consulta y bibliografía complementaria, tanto de producción propia como de otras fuentes. Esta plataforma ofrece también foros, chat y otros mecanismos de interacción y comunicación entre los participantes. Si bien actualmente las encuestas son realizadas por personal de cada municipio, para reemplazar la antigua ficha CAS la FPS fue aplicada masivamente de una sola vez entre noviembre de 2006 y mayo de 2007 a los domicilios de las familias identificadas. Para el primer encuestaje masivo se requirieron cerca de 3.500 encuestadores y 3.200 digitadores. A partir de allí la FPS entró en régimen en las 345 comunas del país, lo cual quiere decir que si una familia quiere ser encuestada o reencuestada debe solicitarlo en la municipalidad correspondiente. El costo de aplicación de las FPS se calcula en aproximadamente US$5 para encuestas urbanas y en US$6 para encuestas rurales. Este monto corresponde al pago al encuestador por ficha aplicada, es decir que no incluye los materiales para el encuestador (fichas impresas, manuales, etc.) ni la digitación de las fichas y su incorporación al sistema. Con relación al SIIS, la plataforma opera coordinada por profesionales de la División Social de MIDEPLAN, quienes validan y actualizan la información de los registros, y administran los convenios de intercambio de información entre MIDEPLAN y las instituciones públicas. El costo aproximado de la inversión total del SIIS es de US$1.000.000, a través de un proyecto de asistencia técnica del Banco Mundial (2005-08), e incluye la contratación de personal idóneo en informática y estadística, hardware y consultorías.

4.2 Aspectos tecnológicos El SIIS es una plataforma interoperable que permite el intercambio de información en línea a través de internet. Existen dos modalidades de intercambio de información, que dependen en

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gran medida de la capacidad tecnológica de las instituciones que intercambian la información con el sistema: consultas vía web service y consultas vía procesos batch. En primer lugar, algunas instituciones hacen las consultas vía web service, aplicación accesible a través de internet que permite invocar un servicio ofrecido por un sistema remoto sin necesidad de que los computadores donde reside el servicio (MIDEPLAN) y la aplicación cliente (institución en convenio) tengan un software común. Ambos sistemas operativos independientes hacen uso de mensajería en lenguajes basados en XML para el intercambio de información y el protocolo http como mecanismo de transporte, tecnologías independientes de la plataforma informática de cada una de las instituciones que intervienen en la comunicación. De las 15 instituciones que tienen convenio con MIDEPLAN, nueve operan sus consultas al SIIS vía web service: JUNAEB, SENCE, INP, SENAME, SENAMA, CONAF, Ministerio del Interior, Ministerio de Minería y FOSIS. La existencia de estos servicios hace posible que el SIIS acceda a la información correspondiente consultando directamente a las fuentes de los datos. Como regla general, esta información no se almacena en la base de datos del sistema, ya que ello implicaría un requerimiento innecesario de capacidad de almacenamiento de información y, además, presenta el problema de la actualización de la información al producirse modificaciones en las fuentes. De esta manera, se accede a la información comunicándose directamente con las fuentes cada vez que se lo requiera. La definición y diseño de componentes de hardware y software requeridos para implementar y explotar un sistema de esta envergadura no es menor, no solo por el tamaño del sistema en términos de base de datos, número de usuarios y tipo y carga de transacciones, sino también por la importancia estratégica que esta información representa tanto para niveles operacionales como para aquéllos de mayor relevancia en áreas de dirección. En segundo lugar, las instituciones que no cuentan con web service intercambian información con el SIIS a través de procesos batch, lo que significa que las consultas y solicitudes específicas se hacen directamente a través de un sitio web, por medio del cual MIDEPLAN entrega la información consultada. Las instituciones que hacen las consultas mediante esta modalidad son: JUNJI, CONADI, FONADIS, INTEGRA, Gendarmería y la Secretaría de Electricidad y Combustibles. Los requerimientos para este tipo de consultas son básicos, y se resumen fundamentalmente en contar con equipos con conexión a internet.

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Para acceder a la información en línea en ambas modalidades de consulta las instituciones usuarias deben identificarse previamente con sus claves de acceso, y el nivel de información y de funcionalidad al que accedan dependerá del perfil que se les haya asignado en el convenio. En el caso de los municipios, los requerimientos para que el sistema opere en línea son que estos y los organismos públicos vinculados al SIIS cuenten con internet operativa y con claves de acceso para acceder remotamente a la información específica que se establezca mediante convenios individualizados entre los organismos y MIDEPLAN. Para poder operar en esta plataforma los municipios han debido realizar un proceso de modernización de sus plataformas tecnológicas, principalmente a nivel de estaciones de trabajo para usuarios y de acceso a internet. Sin embargo, de los 345 municipios existentes, el 40% es considerado de escasos recursos, lo cual se relaciona directamente con problemas de infraestructura o equipamiento, falta de recursos económicos o escasa preparación de sus profesionales, lo cual puede imposibilitar a algunos municipios incorporarse al sistema. 4.3 Aspectos institucionales El SIIS se encuentra bajo la gestión de la División Social del MIDEPLAN que debe coordinar la actualización permanente del registro y su correcto funcionamiento. MIDEPLAN suscribe convenios con los organismos públicos con acceso al registro, con los que mantiene un intercambio permanente de datos. Dichos organismos deben velar por la veracidad, exactitud y fidelidad de los datos mientras que MIDEPLAN determina los estándares de recolección, almacenamiento, seguridad y transmisión de la información. Además, esta última institución debe resguardar la seguridad de la información, mediante copias de seguridad y respaldos de las bases de datos, equipos y sistemas informáticos periódicamente. El sistema tomó existencia legal en enero de 2008, cuando se publicó en el Diario Oficial la creación de un registro de información social por Decreto Supremo n.º 160, en el marco del sistema de protección social, con su correspondiente reglamento que normaliza el intercambio de información entre las instituciones y MIDEPLAN a través del SIIS. Por las características del registro, dicho reglamento busca proteger los datos personales de las familias e individuos que actual o potencialmente sean beneficiarios de prestaciones y programas públicos, y regula los convenios con los organismos participantes en el intercambio de la información.

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De acuerdo con dicho reglamento MIDEPLAN y los organismos participantes deben utilizar la información almacenada y procesada por el registro, “con el objetivo de asignar y racionalizar las prestaciones sociales que otorga el Estado, estudiar y diseñar políticas, planes, programas y prestaciones sociales, planes de desarrollo local, y los análisis estadísticos que la administración de las prestaciones sociales requieran, a fin de permitir la correcta focalización de los recursos y promover la incorporación de los beneficiarios a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida” (MIDEPLAN, 2007b, art. 4.º). Las instituciones que utilizan el registro establecen convenios con MIDEPLAN mediante los cuales se especifican los datos a los que dichos organismos tienen acceso y se definen los derechos y obligaciones para el acceso y uso de la información del registro. De acuerdo con el reglamento, los convenios deben establecer los métodos de acceso y traspaso de la información; las obligaciones en cuanto al uso y procesamiento de la información; el contenido y periodicidad de los reportes; las auditorías; y el tratamiento de las obligaciones de reserva y confidencialidad que correspondan. En términos operativos los convenios establecen las contrapartes que intercambian la información, los estándares de seguridad, los formatos de las bases de datos, los campos a intercambiar, los protocolos para realizar consultas vía web service, la modalidad de intercambio y su periodicidad. La vigencia de estos convenios depende de las partes firmantes, que pueden acordar ponerle término a los mismos. Al completarse un año de vigencia, las partes pueden solicitar la revisión o cambio del convenio, sustituyendo las condiciones de intercambio de información con el sistema. 4.4 Transparencia del sistema y privacidad de la información La información contenida en el registro, en tanto datos personales, no es pública, y su reserva y protección se mantiene de acuerdo con la Ley n.º 19.628 de protección de la vida privada y de los datos de carácter personal, que establece que el tratamiento de los datos personales por parte de entidades del sector público o privado solo podrá efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular de los datos lo consienta. Por otro lado, de acuerdo con el reglamento del SIIS, MIDEPLAN y los organismos participantes están obligados a que la información a la que accedan solo sea conocida por quienes se encuentran autorizados para ello, y que por naturaleza de sus funciones deban acceder

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a la misma, con la debida reserva. Asimismo, los organismos públicos y sus funcionarios deben velar porque el tratamiento de los datos o información se ajuste a las finalidades establecidas en la ley y a los convenios respectivos y por la debida reserva de los datos contenidos en el registro. Dicho reglamento establece también que las personas que trabajan en el tratamiento de la información están obligadas a resguardar la privacidad de la información, obligación que se extiende aun cuando hayan cesado sus funciones o actividades en ese campo. Para el resguardo de la información, MIDEPLAN debe adoptar las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas en el Decreto Supremo n.º 63 de la Secretaría General de la Presidencia. Con relación a la transparencia de la información recabada en la FPS, los encuestados en su domicilio tienen también un importante rol de control social sobre el sistema, pues en ellos recae la responsabilidad de revisar que los datos registrados por el encuestador en la ficha sean los que han declarado y de firmar la declaración que contiene la FPS, que valida la información y autoriza su utilización exclusivamente para la postulación a beneficios sociales del Estado. Además, los encuestados con dudas respecto a la información registrada en el sistema pueden acudir a su municipalidad respectiva y solicitar el chequeo de su información. Una parte de los datos recogidos por los encuestadores a domicilio puede ser verificada por estos últimos a través de los documentos que se soliciten a las familias para constatar la información. Las familias tienen la obligación de no ocultar información ni entregar antecedentes falsos; deben firmar una declaración en la misma FPS que señala que los datos declarados son fidedignos y que autoriza a MIDEPLAN a verificar la información. A pesar de estas medidas, como ya se analizó, la falta de actualización y validación periódica de la información permite que las familias manipulen de alguna manera sus datos para ocultar su situación real.

5. Sistema de gestión 5.1 Manejo y actualización de la base de datos De acuerdo con el reglamento del SIIS, MIDEPLAN está encargado de asociar bajo un solo titular todos los beneficios y asignaciones recibidas por parte de organismos públicos y entidades que administren prestaciones sociales creadas por ley; y, antes de ingresar al registro, de verificar que no existan duplicaciones ni datos contradictorios o erróneos en la información remitida por los organismos participantes. Los datos identificados como duplicados, erróneos o

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contradictorios deben ser remitidos al organismo respectivo para su verificación y correspondiente corrección. La verificación de los datos desde las diversas fuentes de información es posible gracias al número de RUN que, de acuerdo con la legislación chilena, corresponde al número de cédula de identidad, que identifica a las personas para la totalidad de actos jurídicos y administrativos. El RUN asociado a cada persona desde su nacimiento coincide con el RUT, lo que permite identificar a los individuos con un único número de registro para todos los efectos. Dicha verificación se hace diariamente a través de las bases de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que permite una primera validación a través del RUN. Además, cuando se ingresan datos al sistema se verifica también su compatibilidad de formato para luego validar el beneficio o prestación correspondiente (monto, fecha de entrega, programa que corresponde, estipulaciones del convenio). Si los datos no se validan de acuerdo con este proceso se devuelve la información para su corrección, pues el sistema solo permite ingresar datos totalmente validados. Las validaciones de la información de la FPS se realizan a través de dos modalidades. Una primera modalidad por sistema, en la cual este arroja antecedentes de las personas y familias de acuerdo con las fuentes de información del registro civil, y la información respecto de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones y montepíos a través del INP, aunque, como ya se dijo, muchas otras variables quedan fuera de esta validación. Los puntajes de la FPS se actualizan mensualmente mediante verificación administrativa de la información clave para el cálculo del puntaje. Si no se produce ningún cambio, se mantiene el puntaje del mes anterior. Una segunda modalidad de actualización de los datos es a través de solicitud, es decir, cualquier otro antecedente o cambio en la situación de una persona o familia que el encargado comunal del sistema deba actualizar o consagrar de acuerdo con la normativa vigente. 5.2 Resguardo de la calidad de la información Para resguardar la calidad y veracidad de la información, el sistema opera de acuerdo con los procesos de recolección e ingreso de los datos al SIIS. En primer lugar, a las familias a las que se les aplica la FPS se les exige dentro de sus deberes la veracidad de la información declarada, para lo cual el encuestador puede exigir ciertos documentos que respalden dicha información.

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Asimismo, los jefes de familia firman una declaración en la que afirman que los datos proporcionados son fidedignos, y asumen la responsabilidad por esta declaración y autorizan a MIDEPLAN a realizar los procesos de verificación de la información que fueran necesarios. En este contexto, las personas encuestadas son conscientes de que sus datos de la FPS se encuentran en línea en todos los servicios públicos y que son fácilmente verificables, lo que sirve como incentivo para decir la verdad, pues es fácil detectar las contradicciones. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios del sistema, a medida que conocen el funcionamiento del instrumento e intuyen las variables más relevantes para el cálculo del puntaje, las personas pueden tratar de falsear la información, pues además no hay sanciones asociadas a ello. En segundo lugar, como ya se describió, los procesos de supervisión de la aplicación de las FPS en terreno, así como los procedimientos de verificación y corrección de la información, permiten el resguardo de la calidad de la información que recoge el instrumento. Por último, la verificación en línea de la información con otras bases de datos y la posibilidad de actuar interoperativamente entre las instituciones que alimentan el sistema lo validan como mecanismo de selección de beneficiarios del sistema de protección social.

6. Sistema de seguimiento y evaluación de programas sociales En Chile la evaluación de programas sociales viene haciéndose desde los años ochenta, empezando con la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión pública para proceder luego a evaluar los programas sociales. Uno de los mayores logros en esta materia ha sido la aplicación de la Encuesta CASEN, que ha permitido conocer y evaluar los programas sociales que atienden a los distintos estratos socioeconómicos de la población. La Encuesta CASEN se aplica cada tres años a una muestra representativa regional de las familias del país y está a cargo de MIDEPLAN. Este instrumento permite al dicho ministerio elaborar diagnósticos de la realidad socioeconómica del país y evaluar los programas sociales, y se ha constituido en la principal herramienta o insumo para la evaluación del impacto de la política social en los ingresos de los hogares, considerando programas sociales que representan un alto componente del gasto social, como el subsistema Chile Solidario 10 . Además, la encuesta

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A partir de la Encuesta CASEN 2003 se incorporó un conjunto de preguntas para identificar familias para Chile Solidario, y se integró una submuestra de familias que eran parte del subsistema Chile Solidario.

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contempla prácticamente las mismas variables que la FPS o antigua ficha CAS, con lo que es posible conocer a nivel nacional la focalización socioeconómica de los programas. Así, se ha hecho posible evidenciar la pobreza a través de las estadísticas que periódicamente provee un instrumento técnico, que sigue una metodología científicamente validada. Esta encuesta recoge además información que permite evaluar los programas sociales en curso al determinar sus niveles de focalización. A partir de esta información, permite trazar las líneas de acción a seguir, las correcciones y los ajustes que deben hacerse. La reciente implementación del SIIS en Chile y la utilización de sus datos muestra gran potencialidad para convertirse en información útil para el seguimiento y monitoreo de los programas sociales, presentando, además, la ventaja de poner a disposición de la autoridad social información constantemente actualizada para evaluar en forma permanente la estrategia de protección social a nivel país. De acuerdo con las disposiciones legales establecidas por el reglamento del SIIS, la información del sistema puede ser utilizada por los distintos organismos públicos prestadores de servicios sociales para evaluar y dar seguimiento a sus programas. Las instituciones usuarias del SIIS pueden descargar, almacenar y procesar la información a la que tengan derecho a acceder mediante los convenios establecidos, datos que, de acuerdo con el reglamento, pueden ser utilizados para asignar y racionalizar sus prestaciones sociales, estudiar y diseñar políticas, planes y programas sociales, y hacer los análisis estadísticos que la administración de las prestaciones sociales requieran. Actualmente el SIIS dispone de información para el seguimiento del subsistema Chile Solidario al contar con datos de los beneficiarios de sus distintos programas específicos (Familias Puente, Programa Vínculo para el adulto mayor, Personas en Situación de Calle), así como de la red social que provee de prestaciones a las familias adscritas al subsistema Chile Solidario. Esta herramienta ha permitido el seguimiento y monitoreo del sistema, y ha entregado información rica para la evaluación de su impacto, permitiendo evaluar su efectividad y determinar sus debilidades e insuficiencias. La reciente incorporación del subsistema Chile Crece Contigo al SIIS es también una avance en esta materia, pues permite también su seguimiento, y a futuro la evaluación de su impacto. De acuerdo con su reglamento, la información del SIIS también está disponible para la elaboración de planes de desarrollo local, para lo que los municipios pueden acceder a un

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módulo de información estadística correspondiente a la FPS que les permite caracterizar e identificar a su población más vulnerable. Tanto municipios como instituciones públicas que prestan beneficios sociales pueden aprovechar el potencial que este sistema de información significa en términos del mayor conocimiento de sus beneficiaros y población objetivo, de la disposición de información relevante para dar seguimiento y evaluar el impacto de sus prestaciones, y del rediseño o creación de políticas y programas.

7. Conclusiones 1. En Chile la política social se ha centrado en la expansión del gasto y la focalización de los programas sociales en los grupos más pobres, con resultados exitosos en la reducción sostenida de los índices de pobreza. En los últimos años, esta política se ha encauzado mayormente hacia una estrategia de protección social, con la ampliación de las prestaciones sociales en busca de una mayor “securitización” de la sociedad y en especial, en la línea de controlar los mayores riesgos a los que se exponen los sectores vulnerables. Bajo el imperativo de la equidad, esta estrategia se ha centrado principalmente en asegurar primero las condiciones mínimas de vida a los grupos más necesitados, para luego avanzar hacia la garantía de los derechos sociales para todas las personas, desde su nacimiento hacia el término de sus vidas, con pretensiones de universalización de las prestaciones sociales. En esa dirección apunta la implementación de un sistema de protección social con iniciativas como Chile Solidario o Chile Crece Contigo, con las que el país prioriza el desarrollo de las familias más pobres y grupos más vulnerables desde una acción integral e intersectorial. 2. La operacionalización de la estrategia de protección social ha sido el resultado de los esfuerzos gubernamentales permanentes por disponer de información social actualizada y confiable, los que se han venido desarrollando en el país desde la década de 1980, a partir de la mantención y el desarrollo de mecanismos de estratificación y focalización para los programas sociales. Desde entonces, los sistemas de información social en Chile se han

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caracterizado por tener una alta cobertura y por su capacidad de caracterizar a los potenciales beneficiarios de los programas sociales mediante el empleo de un puntaje de estratificación obtenido a partir de la aplicación de herramientas como la ficha de caracterización social primero y por la actual ficha de protección social después, que se han mantenido por más de 25 años como instrumentos únicos y objetivos de focalización de las prestaciones sociales. El sistema de estratificación chileno, que ha implicado catastrar a alrededor del 50% de las familias del país mediante una ficha única, representa un desafío no menor por cuanto las condiciones para que esto ocurra suponen una coordinación suficiente del Estado en sus distintos niveles administrativos y un desarrollo institucional consistente y descentralizado para la consolidación de un sistema creíble y transparente. En un principio eran pocos los programas que utilizaban la ficha CAS como método de selección de sus beneficiarios, y representó un trabajo de largos años que los sectores y programas validaran el sistema. La existencia de una institución administradora del sistema ubicada a un alto nivel de la administración pública, como el Ministerio de Planificación, junto con su carácter intersectorial e independiente de la ejecución de los programas, ha permitido empoderar y dar estabilidad al sistema de estratificación social. 3. Chile comenzó a diseñar su Sistema Integrado de Información Social en 2001, y estableció las bases del sistema a partir de la información del Chile Solidario, con la pretensión de convertirse en un registro único de beneficiarios, operable en línea, y como columna vertebral del sistema de protección social. Sin embargo, la implementación total del sistema ha sido lenta y compleja, pues requiere de alta coordinación institucional y de la constante verificación y actualización de información proveniente de diversas fuentes. No obstante, cabe reconocer que el camino recorrido con la consolidación de los instrumentos de información social ha sido una base fundamental e indispensable para la construcción de un sistema único e integrado de información, interoperable y en línea.

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El convencimiento de la necesidad de contar con este registro integrado y la voluntad política para dar el paso han sido requisitos esenciales para la construcción de un sistema de información social que funcione eficientemente. Así, la construcción de un SIIS ha obtenido mayor fundamento y peso en la medida en que ha formado parte de la aplicación de una política social basada en la estrategia de protección social, con una proyección en el tiempo más allá de las autoridades que la promuevan. En este sentido, el desarrollo de sistemas integrados de información social únicos, y sus potencialidades como mecanismos de focalización y asignación de prestaciones sociales e instrumentos útiles para el seguimiento y monitoreo de la estrategia de protección social, requiere de una administración técnica competente, de los recursos presupuestarios necesarios para llevarla a cabo y de una constante voluntad política. 4. La consolidación del SIIS en Chile se mantiene aún como desafío pues falta avanzar más en su perfeccionamiento como sistema y en la capacidad técnica e institucional para su operación coordinada. Además de disponer de la base tecnológica que permita al Estado operar adecuadamente sistemas de información en línea como este, el sistema deberá brindar las pautas de coordinación necesarias para los organismos que participan, estableciendo los beneficios desde la perspectiva del intercambio de información y de conocimiento a partir del análisis y procesamiento estadístico de la misma. Hasta ahora ha habido avances en cuanto a la coordinación y cooperación interinstitucional, lo que no implica que no sea esencial seguir perfeccionando el sistema y ampliando sus fuentes de información, pues a medida que se consolide un sistema de protección social más amplio y universal, los requerimientos de información serán cada vez mayores y más complejos. La situación más débil está dada por el hecho de que uno de los actores más importantes en el manejo de la información social son las municipalidades, las que para poder operar esta plataforma deben realizar un proceso de modernización y de inversión en recursos tecnológicos no menor en muchos de los casos. La realidad de muchos municipios de escasos

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recursos o aislados en zonas extremas del país les impide invertir en estaciones de trabajo o enlaces de internet adecuados, o acceder a la capacidad administrativa para manejar el sistema. Una de las tareas fundamentales sigue siendo, entonces, dotar del equipamiento computacional necesario a estos municipios y capacitar a sus funcionarios y equipos profesionales para poder operar integral y adecuadamente el sistema de información. 5. Por último, es importante reconocer que el SIIS como registro único de beneficiarios, y dada la calidad de la información que maneja, tiene gran potencial para otras funciones complementarias a la de la focalización y selección de los beneficiarios de las prestaciones sociales. Los datos integrados al sistema, dada su confiabilidad, son de gran utilidad para los organismos prestadores de beneficios sociales, pues además de permitirles conocer a sus actuales y potenciales usuarios, les permite hacer seguimiento de ellos, evaluar los resultados e impactos de los programas, pudiendo reorientar y redirigir constantemente su accionar hacia las necesidades de la población. Por otra parte, la información social a nivel agregado permite hacer un seguimiento de los avances de la estrategia de protección social en todo el país, con las ventajas de poder evaluar permanentemente las políticas asociadas a ella y de ir perfeccionando las acciones en esta línea. Así, también es relevante contar con sistemas integrados de información como fuentes de información para estudios e investigaciones que permitan avanzar en el conocimiento de la pobreza y la vulnerabilidad, y de la evolución de la realidad la socioeconómica de los países. Es necesario en esta materia, entonces, empoderar a los propios beneficiarios, quienes también son responsables por la actualización y veracidad de la información, para contar con sistemas que sean a la vez más eficientes y expeditos en la entrega de los beneficios y las prestaciones sociales, siempre y cuando se continúe resguardando la privacidad de la información y la identidad de los beneficiarios.

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Siglas y acrónimos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AFP: administradoras de fondos de pensiones APS: aporte previsional solidario AUGE: Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud CAS: ficha de caracterización socioeconómica CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CGI: capacidad generadora de ingresos CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONAF: Corporación Nacional Forestal FMI: Fondo Monetario Internacional FONADIS: Fondo Nacional de la Discapacidad FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social FPS: ficha de protección social INP: Instituto de Normalización Previsional JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles MIDEPLAN: Ministerio de Planificación ORASMI: Organización Regional de Acción Social PASIS: pensiones asistenciales PBS: pensión básica solidaria PSU: Prueba de Selección Universitaria RIS: Registro Información Social RUN: rol único nacional RUT: rol único tributario SENAMA: Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAME: Servicio Nacional de Menores SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SIIS: Sistema Integrado de Información Social SUF: subsidio único familiar

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Bibliografía DIPRES.

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Estadísticas

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las

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