La evolución económica, 1959-1967 Desde el fin de la Guerra Mundial hasta estos años, la economía occidental se vio conducida por organismos internacionales que imponían como dogma un conjunto de ideas propiciadas por la potencia dominante, Estados Unidos. Esto fue particularmente cierto para América Latina, donde volvieron a concentrar su atención y muchas inversiones, instalaron bancos y respaldaron las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, del Acuerdo de Aranceles y Comercio (GATT). El criterio general de esos organismos era que las economías latinoamericanas se abrieran al mercado internacional y estabilizaran sus monedas, aunque europeos y norteamericanos siguieran aplicando el proteccionismo en defensa de las suyas. Aunque Uruguay se afilió al Fondo Monetario en 1947, no buscó su auxilio ni aplicó sus recetas, opuestas a la política neobatlista proteccionista, pro-industrial y favorable al obrero. La prosperidad de la posguerra le permitió mantener esa independencia durante algunos años, pero cuando a mediados de la década del 50, como vimos, las condiciones económicas del país comenzaron a deteriorarse, diversos sectores partidarios (nacionalismo) y gremiales (ruralismo) se inclinaron a sostener posiciones coincidentes con las del Fondo Monetario: oposición al dirigismo estatal, a la protección industrial, a los cambios múltiples, al escaso acceso al mercado mundial. Por lo tanto, cuando llegó al país la primera misión del Fondo Monetario Internacional en julio de 1959, fue bienvenida por los nuevos dirigentes políticos del país. En diciembre de 1959 se aprobó la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, elaborada por el Ministro de Economía Juan Eduardo Azzini y un equipo que compartía sus ideas de liberalismo económico. A partir de entonces, numerosas misiones del Fondo Monetario llegaron al país para controlar su apego a las normas que propugnaba, condición esencial para que otorgara sus créditos. A la vez, la banca internacional requería ese “visto bueno” previo del Fondo para considerar los pedidos uruguayos de crédito o empréstitos. Y lo mismo ocurría con el resto de los países latinoamericanos. La Reforma Cambiaria y Monetaria (1959) El objetivo de esta ley era desmontar el aparato regulador de la economía existente desde 1929, como sabemos. Para ello proponía: eliminar los tipos de cambio múltiples e imponer uno único y libre. El cambio oficial de $ 4,11 pasó a uno libre de $ 11, que quedó sometido al juego de oferta y demanda. Se fijaron detracciones (o descuentos en moneda nacional) a las divisas obtenidas por exportación de carne y lana, para invertirlos en obras públicas rurales. Se eliminaron los subsidios a los artículos de primera necesidad y a los cultivos industriales, para disminuir el déficit fiscal. Se eliminó el Contralor de Exportaciones e Importaciones implantándose la libre importación, aunque con fuertes recargos a artículo suntuarios. Se devaluó el peso, llevándose su respaldo oro de grs. 0,58 a grs. 0,13; la diferencia quedó en manos del Estado. Así subieron los precios de los productos pecuarios, exigencia de Nardone y el ruralismo; pero también los de la canasta básica popular. Una anécdota inverificable, pero creíble, cuenta que Luis Alberto de Herrera aconsejó al Cr. Azzini de la siguiente manera: “Puede hacer lo que quiera, pero mantenga bajos cinco precios: el de la carne, el querosene, la yerba, el tabaco y el talud [del Estadio Centenario]”. Consejo del político al economista, del Caudillo popular al técnico administrador. Su largo periplo personal lo había sensibilizado ante las necesidades del hombre común, al que tan bien conocía. Pero esa sensibilidad no entraba (no entra) en los cálculos de los economistas, como no entró en los del Cr. Azzini y, menos aun, en los del Fondo Monetario Internacional, cuya receta se siguió, y aquellos cinco precios –como todos los demás– subieron. Por suerte para él, Herrera no lo presenció: había fallecido en abril de 1959, ocho meses antes de la aprobación de la reforma económica. Los efectos de la Reforma fueron menos drásticos de lo esperado por sus impulsores e incluso contradictorios. La libre importación produjo un mejor abastecimiento, pero algunos productos importados amenazaron la supervivencia de fábricas y empleos, mientras que otros, fuertemente gravados, fortalecieron la protección a sus fabricantes locales. Como era previsible, las importaciones crecieron un 60%, lo que no pudieron emparejar las

exportaciones, y esto llevó al mantenimiento del déficit de la balanza comercial y la de pagos. Para enfrentarlo, se recurrió a mayores empréstitos externos: más de 100 millones de dólares entre 1959 y 1961. La banca, estimulada por la libertad de cambios y negocios de divisas, siguió creciendo y, como se adelantó, pasó de 45 a 61 instituciones con más de 550 sucursales entre 1959 y 1961. La inflación tuvo un descenso considerable hasta 1962, pero luego retomó con mayor fuerza su impulso ascendente, hasta alcanzar al 135% al finalizar este período (1967). Las detracciones se convirtieron en la realidad en fuertes impuestos, que le quitaron al agro finalmente lo que al principio se le había otorgado con el cambio libre. En conjunto, aunque la ley de Reforma Cambiaria y Monetaria conmocionó el ambiente de la política y de la economía, y algunos temieron y otros desearon que produjera una “revolución”, sus efectos a mediano plazo se fueron desvaneciendo ante una realidad ya consolidada: el predominio urbano-industrial se reflejaba en los círculos políticos con mayor fuerza que la producción rural, y el desvío de recursos hacia ésta que se pretendió con la nueva política económica se fue erosionando aceleradamente. Incluso dentro del Partido ganador de las elecciones de 1958, el sector de la UBD, que ascendió en 1963, criticó con fuerza esta política económica sosteniendo que le había dejado “una herencia terrible”. La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), 1963 Otros intentos de darle una base técnica al Gobierno fueron la aplicación del Censo de Población y la creación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, ambos de 1963. El informe de ésta, elaborado por calificados técnicos nacionales y extranjeros, enumeró algunos de los problemas nacionales de la siguiente manera. Había estancamiento en el agro por un régimen inadecuado de tenencia de la tierra (latifundio, minifundio) y atraso tecnológico; también lo había en la industria porque la política de sustitución de importaciones había reforzado la dependencia de insumos importados (combustibles, maquinarias), aumentaba costos e impedía la exportación. El estancamiento productivo agravaba el enfrentamiento de los diversos sectores sociales para mantener su parte del ingreso nacional, lo que incidía en el desequilibrio de los precios. Este, a su vez, empujaba la inflación, que se agravaba por el deterioro de los términos de intercambio (factor externo) y por las devaluaciones del peso y el endeudamiento afuera (factor interno). En 1965 la Comisión propuso un plan para reducir esas trabas y cambiar el panorama económicosocial del país. Sin embargo, a pesar de muchos apoyos verbales, ningún Partido proporcionó la suficiente “voluntad política” para efectivizar esos cambios y tampoco los diversos sectores sociales exigieron o lograron que el sistema político actuara en tal sentido. El agro, la industria, la banca El agro continuó su estancamiento, o sea que creció lo mismo que la población: 0,2% anual. Las causas ya las había señalado la CIDE: baja productividad de la tierra, derivada del latifundio y del minifundio, mal manejo de los suelos, escasa fertilización y mejoras. La población rural incrementó su alejamiento del campo pasando en pocos años (de 1961 a 1966) de 15 al 12% de la población nacional. Pero la industria no estaba mejor. En 1963 sólo funcionaba a la mitad de su capacidad, acentuando la desocupación y desabasteciendo al mercado interno. Las industrias que más dependían de la estancada exportación rural para conseguir divisas fueron las más afectadas (cau cho, metalúrgica, equipos eléctricos). Se defendieron mejor las basadas en materia prima nacional (carne y lana) y las más ligadas al mercado interno: alimentos, transporte, construcción. Lo que sí prosperó fue la banca porque se incrementaron los capitales retirados a la producción para dedicarlos a la especulación. La proliferación de bancos y casas “financieras” fue sólo la expresión física de su expansión, que alcanzó niveles de competencia feroz. Ello hizo perder gravitación al Banco de la República, muy exigido por el Estado para cubrir déficit fiscales, pagos de deuda externa, créditos múltiples. Esa debilidad también hizo posible la multiplicación de nuevas formas de especulación basadas en

la compra-venta de divisas, créditos a los estancieros para que retuvieran su lana, canales de fuga de capitales al exterior y ataques al peso uruguayo (en 1959, el dólar valía $ 3,58; en 1966: $ 64,49). Tal situación de especulación desenfrenada no podía durar indefinidamente: en 1964 quebró el Banco Regional y al año siguiente el Transatlántico, uno de los más extendidos. Otros Bancos fueron intervenidos y todos se cerraron por dos semanas. El Estado tuvo que garantizar todos los depósitos hasta $ 50.000 para proteger a los pequeños ahorristas y recién entonces se aplicaron controles oficiales fuertes sobre la actividad bancaria. El desbarajuste obligó al segundo Colegiado blanco a cambiar algunas medidas económicas, restringiendo las importaciones, aumentando las exportaciones y devaluando el peso de $ 24 por dólar a $ 59,90. Como siempre, la devaluación estimuló la inflación, lo que aumentó el descontento popular en el año electoral (1966). Capítulo 19 Guerrilla y autoritarismo 1967-1973 Presidencia de Oscar D. Gestido, 1o de marzo - 6 de diciembre de 1967 Al asumir la Presidencia de la República, el General Gestido representaba la esperanza popular de que una actuación honesta y eficaz revirtiera los signos negativos de la crisis nacional. Pero la conformación de su Gabinete ministerial, donde coexistieron personalidades de ideologías contrapuestas (por ejemplo, batllistas y fondomonetaristas), no se lo permitió. La descontrolada inflación de ese año (135%) acrecentó tanto la agitación social que decretó Medidas Prontas de Seguridad; renunciaron los Ministros batllistas y dando un viraje completo de orientación, el Presidente nombró a César Charlone (el “Mago Fu Man Chú” de la época de Terra) en el Ministerio de Economía. Sometido a las inmensas tensiones derivadas de su tarea de gobierno, Gestido falleció el 6 de diciembre de 1967. Presidencia de Jorge Pacheco Areco, 6 de diciembre de 1967 - 1o de marzo de 1972 En la madrugada de ese mismo día asumió el Vicepresidente Jorge Pacheco Areco, elegido para ese cargo en razón de su irrelevancia política, que no concitaba, por tanto, la oposición de nadie dentro del Partido Colorado. Exctamente veinte años después del episodio de Tomás Berreta - Luis Batlle, se repetía una jugada similar del destino. Adelantando lo que sería la modalidad de su Gobierno, a la semana disolvió varios partidos políticos de izquierda (incluyendo al Socialista) y clausuró varios órganos de prensa acusándolos de complicidad con una guerrilla urbana que había comenzado a actuar el año anterior. En mayo de 1968 renovó su Gabinete ministerial para seguir la línea económica fondomonetarista y dar lugar al ingreso de personajes que representaban directamente a los grupos económicos más fuertes en el agro, la industria y la banca. Empezaba a desplazarse a los “políticos profesionales” que, aunque desprestigiados, tenían que someterse al voto popular, por “técnicos” apolíticos, que no debían someterse al juicio de las urnas y podían actuar libremente en favor de ciertos grupos de intereses. Imponiendo las Medidas Prontas de Seguridad para controlar la creciente agitación social, el Presidente decretó la congelación de precios y salarios el 28 de junio de 1968, con el argumento de detener la inflación pero con la intención de no conceder ningún aumento de salarios como estaba programado para el 1 de julio, tres días después. Con el respaldo de sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional, y de las gremiales empresariales que apoyaron su decreto de congelación, Pacheco empezó a desarrollar un discurso donde se presentaba como un “hombre fuerte” que, en solitario, se erigía en el “defensor de las libertades amenazadas”. Esto le ganó cierta popularidad en sectores sociales medios y bajos, temerosos de la fuerte agitación social que se veía agravada entonces con manifestaciones de lucha armada y a la vez preocupados por la fuerte inflación dominante. Con esos respaldos, espoleado por las acciones guerrilleras, el Presidente –rodeado de sus consejeros políticos y legales– emprendió un

camino que bordeó permanentemente la inconstitucionalidad. En tal sentido, deben anotarse estas medidas: recurrencia a las Medidas Prontas de Seguridad que, aunque excepcionales, fueron aplicadas durante todo su mandato excepto tres meses; vulneración de los derechos humanos: una Comisión Parlamentaria comprobó que la Policía infligía torturas a los prisioneros; limitación de la libertad de prensa, que además de las clausuras de periódicos aplicó la censura a los autorizados a circular; desconocimiento de decisiones de los Poderes Legislativo y Judicial, y un largo etcétera que desnaturalizó a la de mocracia uruguaya tanto como la acción de la guerrilla urbana que se proponía combatir. En setiembre de 1971, luego de una fuga masiva de tupamaros del presidio donde estaban recluidos, Pacheco “encomendó” a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir la subversión, abriéndoles la puerta para su progresiva injerencia en el gobierno civil. Sobre la lenta marcha hacia la Dictadura: “El Uruguay ha venido sufriendo un proceso lento pero inexorable de descaecimiento de las normas constitucionales. Poco a poco el Poder Ejecutivo ha ido asumiendo cada vez mayor poder. Y en estas horas hay una inercia. Es difícil dar marcha atrás y aun es difícil detenerse en este proceso de asunción cada vez mayor de facultades que conducen a esta suma de poder público de que el presidente se cree atribuido. Entonces el problema ya no es el de saber si está bien o mal interpretada la Constitución. Sino el de preguntarse dónde se va a detener, si es que se detiene, este proceso”. (Senador Wilson Ferreira Aldunate, marzo de 1970). Los partidos políticos La fragmentación de los partidos políticos terminó volviéndolos inocuos. Muchos dirigentes oscilaron entre el temor a la subversión y el temor al autoritarismo presidencial, lo que los paralizó. Así fueron aceptando la apropiación desmesurada de facultades por el Ejecutivo frente a un Legislativo vacilante e ineficaz. Ello también contribuyó al descreimiento popular en los tradicionales valores democráticos y a la ruptura de las normas de convivencia social que habían caracterizado al país desde comienzos de siglo. Empezaron a morir estudiantes en las calles, víctimas de la represión policial, y la reacción popular fue cada vez más apagada ante la reiteración de la violencia. En el Parlamento, algunos políticos protestaron pero la mayoría calló, temerosa de que sus críticas al Poder Ejecutivo fueran interpretadas como apoyo a la guerrilla. Ni los partidos tradicionales ni los de izquierda tuvieron peso suficiente para detener, o encauzar, al Ejecutivo. Entre otras razones, esto convenció a un sector de la juventud que el camino era imponer los cambios sociales mediante métodos violentos, al margen de una legalidad menospreciada por quienes estaban obligados a defenderla. La guerrilla urbana Hecho inédito en la vida nacional, pero influido por algunos ejemplos latinoamericanos y especialmente por la Revolución Cubana, en los primeros años de la década del 60 surgieron grupos armados que resultaron de la crudeza de la crisis socio-económica y de la ineficacia de los partidos políticos para resolverlos. Aunque los hubo representantes de la derecha, que cometieron numerosos actos de vandalismo, el más importante fue un desprendimiento de partidos e ideologías de izquierda: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros. En síntesis, sostuvieron que la lucha armada era “la única vía para la liberación nacional” y continental, con las metas del antiimperialismo, la solidaridad latinoamericana y el socialismo. Su prédica tuvo aceptación en sectores jóvenes, que aportaron conocimientos técnicos y profesionales al Movimiento. Cuando recurrieron al asalto de bancos y “financieras” para procurarse dinero, descubrieron negociados e ilícitos económicos que asombraron a una población que al principio no los miró mal. Cuando comenzaron los enfrentamientos violentos y resultaron los primeros muertos, se fue produciendo un retraimiento del uruguayo común que culminó en el aislamiento del movimiento tupamaro. Los valores de la convivencia pacífica estaban ya demasiado arraigados en la ciudadanía como para avalar tales acciones.

Surgimiento del Frente Amplio Los variados intentos de unificar el movimiento sindical se concretaron en 1964 con la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). A ella se fueron sumando inquietudes para unificar movimientos y personalidades políticas surgidas de todo el espectro nacional, que en 1968 stablecieron el Movimiento de Defensa de las Libertades y la Soberanía. A comienzos de 1971, el Partido Demócrata Cristiano y la Lista 99 de Zelmar Michelini convocaron para la constitución de un “Frente Amplio” como nueva fuerza política. De la reunión surgió una Declaración constitutiva que esbozaba un programa con objetivos políticos (vigencia de los derechos individuales), económicos (nacionalización de la banca, reforma agraria), sociales (fomento del cooperativismo), fiscales (reforma del sistema impositivo), etc. Adhirieron partidos de izquierda y agrupaciones desprendidas de los partidos tradicionales, personalidades independientes y mucha juventud, descreída de los partidos tradicionales. Eso le dio un sesgo de novedad en el envejecido panorama político nacional, simbolizado en el “comité de base”, una especie de renacimiento del club seccional como “escuela de civismo” y participación política ciudadana. Campaña electoral y resultados La campaña electoral fue muy intensa y estuvo sembrada de novedades y tensiones: el voto era obligatorio; por primera vez votarían los soldados; se plebiscitaría una reforma constitucional que permitiera la reelección de Pacheco; habría una “tregua” decidida por los Tupamaros. Los Colorados se presentaron con tres fórmulas presidenciales (incluyendo una doble por si se aprobaba la reelección de Pacheco). El Partido Nacional presentó dos, claramente distintas. La encabezada por Wilson Ferreira Aldunate, que presentó un programa de cambios económicos y sociales cuya audacia de soluciones (nacionalización de la banca por ejemplo) se correspondía con la seriedad de la crisis nacional; y otra, encabezada por un militar retirado, Mario Aguerrondo, de neto corte conservador y apoyada por el herrerismo. La izquierda se concentró en el Frente Amplio que presentó un programa claramente antagónico al régimen político (pachequismo) y económico vigente. Breve Historia del Uruguay Benjmín Nahum