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La incorporación del enfoque de derechos humanos en la modernización de la policía nacional de Nicaragua Edwin Cordero Ardila La Policía Nacional de Nicaragua se funda en septiembre de 1979 y hasta 1990 fue un órgano armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio del Interior. Entre 1990-93 atravesó por un período de transición dedicado a la redefinición de su identidad. A finales de 1992 entra en vigencia una nueva Ley de la Policía, que definió a la organización como una institución armada de naturaleza civil, apolítica, apartidista y no deliberante; establece por primera vez en la historia de Nicaragua la organización, funcionamiento y campo de actuación policial. La reforma constitucional de 1995 definió de forma más precisa la misión policial; explicita la naturaleza y funciones de la Policía Nacional, diferenciándola del ejército. Establece: La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que manda la ley (...)" En 1996 se promulga una nueva ley (Ley Orgánica de la Policía Nacional de Nicaragua y su reglamento) en la que la institución afirma su claro perfil de respeto a la legalidad y de defensa del estado de derecho y al servicio de la seguridad ciudadana. Esta ley señala también que la carrera policial estará basada en criterios de profesionalidad y eficacia en un marco de igualdad de oportunidades para el ingreso, sin distingos de ideología, género y etnia. Este proceso, permitió a la Policía Nacional, dirigir los esfuerzos hacia la institucionalización y profesionalización, fortaleciendo de esta manera su legitimidad social y su relación con la sociedad civil. En este proceso se han operado cambios en la Doctrina y Misión de la Policía Nacional y desde esta perspectiva ha evolucionado su concepto de Seguridad del Estado y Seguridad de la Nación, al concepto de Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana, como un derecho fundamental de toda persona. La reforma policial, es uno de los cambios más importantes consistente en, la desmilitarización, despartidarización y profesionalización de sus fuerzas. Con esta visión se asegura el cumplimiento de los objetivos primordiales del Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, cuyo fin es la consolidación de un nuevo modelo de seguridad regional, que se basa en los principios de la democracia, Estado de Derecho, garantía de libertades fundamentales y respeto de los derechos humanos, libertad económica y justicia social. En consecuencia el modelo policial nicaragüense está centrado en el mandato constitucional (Arto. 97) y ley de la Policía Nacional (Arto.1) que resumen las características siguientes: Cuerpo policial único, naturaleza civil, apartidista, apolítico y no deliberante. Respetuosos del estado de derecho y del efectivo ejercicio de la libertades públicas y de la defensa de los derechos humanos. Considerando la seguridad ciudadana como una responsabilidad social.

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Vinculación con la comunidad, brindando sus servicios y actuación con imparcialidad, honestidad, integralidad, profesionalismo y con equidad de género. Auxilio al poder judicial. La Policía Nacional de Nicaragua, ha sentando las bases y estrategias para el fortalecimiento de la capacidad institucional, para cumplir con su misión constitucional, de garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito que contribuyan a la gobernabilidad democrática, lo cual implica mantener el estado de derecho, fomentar la estabilidad económica, mediante la elaboración y ejecución de políticas de resolución pacífica de controversias, la motivación de la participación ciudadana y la ética administrativa. Las transformaciones judiciales, entre éstas el nuevo código procesal penal, sometieron a la policía nacional a un intenso programa para obtener la capacidad de respuesta y de servicios con cobertura nacional y fortalecimiento de la función de auxilio judicial que asegure la plena garantía de los derechos fundamentales de las personas. DERECHOS HUMANOS UNA NECESIDAD HUMANA Todo derecho humano parte de ser una necesidad humana, que se expresa en el derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, emocional y sexual de las personas así como el derecho a participar en la vida pública. Implica además la existencia de condiciones de vida y acceso a los bienes materiales y culturales, a la construcción de una sociedad donde exista una justa distribución de los bienes. Estas son las premisas básicas en que se sustentan los derechos humanos, que, como todos sabemos son inherentes a toda persona humana, son universales, indivisibles, inalienables y se expresan en todos los ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales, familiares y patrimoniales en que se desarrollan todos los seres humanos. Hablar de la larga historia de hombres y mujeres en la lucha por obtener el ejercicio pleno de sus derechos, igualdades y oportunidades es un caminar difícil lleno de dificultades y tropiezos y donde aún falta mucho por hacer. Algunos países han procurado una redistribución más equitativa de los ingresos nacionales pero esta repuesta no es suficiente para resolver las demandas actuales de la población porque el problema no es solamente económico, se debe de complementar con esa visión común que comparte el desarrollo humano y los derechos humanos: la libertad humana, tan necesaria y obligatoria para alcanzar capacidades y ejercicios de los derechos de las personas, crear espacios donde la gente realice sus posibilidades y viva de forma productiva y creadora. Está planteado un problema ético, la desigualdad; no es justa la convivencia y competencia en desigualdad, que desgasta el capital humano, frena el avance de la lucha contra la pobreza y lo mas grave es que la sociedad aumente la tolerancia ante ese fenómeno. Nicaragua como Estado parte del Sistema de las Naciones Unidas ha suscrito compromisos que reconocen la indivisibilidad, universalidad y la interdependencia de los derechos humanos para alcanzar el desarrollo sostenible. En el caso especial del derecho de la igualdad y no discriminación Nicaragua aprobó y ratifico la Convención Sobre la Eliminación 2

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de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), y a nivel interamericano La Convención Belén Do Para. El artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua consagra el derecho a la igualdad. En el preámbulo de la Constitución se promulga el respeto absoluto de los derechos humanos y en el artículo 46 garantiza la protección estatal, el reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana y el irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos así como la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos jurídicos internacionales. Por tanto, la promoción y protección de los Derechos Humanos es una obligación de las instituciones del Estado y en especial de las Fuerzas Policiales que tienen por misión: Proteger la Vida, la Integridad, la Seguridad de las personas y el Libre Ejercicio de los Derechos y Libertades de las y los ciudadanos. Así mismo nos compromete a prevenir y corregir los abusos, irrespetos, agresiones que en la actuación policial lesionen estos derechos. La integración y alianza para el desarrollo sostenible que consolide la paz, la libertad y democracia en Centroamérica, está consagrada en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica que implica un nuevo modelo de seguridad regional, único, integral e indivisible; e incorpora la promoción y tutela de los derechos humanos. Las instituciones policiales de Centroamérica y el Caribe integran la Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y el Caribe (CJPCAC) donde Nicaragua ha jugado un papel beligerante en la definición de una propuesta regional de la seguridad ciudadana y defensa de los derechos humanos. La ley 228 de la Policía Nacional (1996) y el Reglamento de la misma (Decreto 26-96) expresa las misiones fundamentales de garantizar y mantener la seguridad y tranquilidad ciudadana, el respeto y protección de los derechos humanos, la prevención y persecución del delito, y preservar los bienes propiedad del estado y particulares y auxilio al poder judicial; está reforzada por los principios y valores de la doctrina policial que plantea una visión amplia e integral, al establecer la responsabilidad en la “Promoción, protección y defensa de la seguridad, de la vida y de la propiedad y el libre ejercicio de los derechos de la población”, coadyuvando a la gobernabilidad del país y al mantenimiento del orden social necesario para el desarrollo sostenible de la nación. Para regular la conducta de los/las integrantes de la institución policial, con el fin de establecer los límites de poder discrecional y promover valores humanos fundamentales, se aprobó la Doctrina Policial y el Reglamento de Ética. Este esfuerzo va mas allá de un referente formal, se trata de establecer una práctica consciente. El riesgo y la vulnerabilidad de la población amenazan la seguridad de las personas y sus bienes de forma ascendente por una delincuencia que ha adquirido mayor y mejores formas de organización implicando máximos esfuerzos de las instituciones para combatirla. La seguridad ciudadana es un tema relevante para la gobernabilidad democrática, implicando desarrollar y facilitar espacios de participación social para construir consensos que permitan sustentar políticas de Estado en materia de Derechos Humanos, la institución policial en el proceso de profesionalización, modernización, y desarrollo ha logrado significativos avances 3

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en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, al formar parte sustantiva de la doctrina y práctica policial. LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS PROBLEMA PÚBLICO QUE DEBE SER ATENDIDO POR EL ESTADO. Los derechos humanos no solo están vinculados a la parte intrínseca de la vida y la integridad física, sino a todo aquello que permite el desarrollo de la persona en los diferentes órdenes tanto de subsistencia, educación y derechos cívicos y políticos, como de libertad para poder aspirar a esas prerrogativas, entre otras, inherentes a la condición humana. La tortura, el maltrato, el asesinato son las violaciones a los derechos humanos más conocidos, porque son los que generalmente alcanzan gran despliegue en los medios de comunicación, pero hay una serie de violaciones tan desconocidas que en algunos casos las propias víctimas no reconocen que las han sufrido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, establece como violación a los derechos humanos: La invasión de la vida privada, el desprestigio a las personas, la contaminación del ambiente, la privación del derecho al sufragio, a la personalidad jurídica o nacionalidad, la imposición de jornadas laborales extremadamente largas que impidan el debido descanso, la no protección a los derechos de autores, la falta de acceso a recursos y servicios, entre otros, También tiene sus expresiones en un sistema judicial parcializado, la indefensión ante los abusos de funcionarios públicos, así como coartar la libertad de pensamiento, de religión, de asociación pacífica, de sindicarse, de movilización o migración, así como privar de libertad y expropiar arbitrariamente de bienes. Existen diferentes formas de trasgresión a los Derechos Humanos que son fáciles de identificar; sin embargo, es más difícil reconocer cómo las diversas formas de discriminación por razones de género implican una violación permanente a los mismos. Es un reto descubrir y reconocer todas las formas de discriminación veladas y encubiertas sutilmente, que atentan contra los derechos humanos de hombres y mujeres, y que a su vez, se traducen en violaciones a los Derechos Humanos en la prestación del servicio hacia la población. Con relación a los/as jóvenes, particularmente las autoridades y medios de comunicación, parten de prejuicios y concepciones estereotipadas que los ubican como potenciales transgresores. Su lógica de acción, ropa, tatuajes, bailes; son vistos como elementos vinculados a conductas delincuenciales. El etiquetar a este segmento social favorece la violación a sus derechos. Garantizar la prevalencia de los derechos humanos requiere la implementación de acciones para la protección de los derechos del individuo y de la comunidad. La Organización de Naciones Unidas declaró el período de 1995 – 2004 como la década de educación de los Derechos Humanos y ha sostenido como tarea fundamental que el fortalecimiento de estos derechos y libertades, propugnan por el desarrollo de la personalidad humana y su sentido de la dignidad, la promoción del entendimiento, el respeto a la igualdad de género y a la 4

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diversidad, y la capacidad de la personas de participar efectivamente en una sociedad libre. En las instituciones policiales deben prevalecer valores desde la perspectiva de los Derechos Humanos que permitan garantizar una actuación policial integral, eficaz, eficiente, apegada a la ley y con equidad de género. En la actuación policial deben prevalecer valores humanitarios, se debe integrar las necesidades diferenciadas de las personas y sus derechos; esta nueva filosofía de trabajo es lo que dará legitimidad social y modernidad a las instituciones policiales. Los esfuerzos institucionales deben de enfocarse hacia la calidad en la atención de la población tomando en cuenta que es un tema primordial para el mejoramiento de la calidad de vida para todos/as. Esta reflexión debe conducir a nuevos retos para mejorar cada día la cercanía a las personas usuarias de los servicios. Además, es importante cohesionar esta relación de forma que permita ir valorando la percepción de la población en cuanto a la satisfacción de los servicios que se les brinda. EL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y LOS DERECHOS HUMANOS La reforma y modernización del sector público constituye una estrategia de desarrollo donde se establecen las prioridades de la gestión, cuando interactúa la sociedad civil en la planificación, supervisión y evaluación de los programas y políticas públicas se alcanza eficiencia y transparencia en la gestión pública. En el caso de Nicaragua la Policía Nacional ha establecido un Programa de Modernización y Desarrollo 2001/2005, vinculado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, impulsa La Política Integral de Policía – Comunidad, los derechos humanos y el enfoque de género son campos transversales en todo el accionar policial. El Programa de Modernización y Desarrollo de la Policía Nacional de Nicaragua está vinculado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana para el período 2001/2005, aspira contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del Estado, es producto de un consenso con sectores representativos de la sociedad nicaragüense con el respaldo del gobierno central y de la comunidad internacional; tiene un valor de $ 45 millones de dólares y se han realizado gestiones a través de Relaciones Exteriores y países donantes para su ejecución. El programa contempla una cartera de proyectos en tres etapas: en ejecución siete proyectos, en gestión y formulación de proyectos veinte proyectos. Se aspira a contribuir al fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática, a través de seis grandes componentes estratégicos: Reestructuración y Fortalecimiento Institucional. Fortalecer la Capacidad de Servicios de la Policía a la Población. Desarrollar y Motivar a los Recursos Humanos. Fortalecer la Comunicación Social y lograr el consenso. 5

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Ajustar el Marco Legal y Normativo. Incorporar efectivamente el Enfoque de Género. Después de un proceso de consulta y análisis, con todos los sectores del país y la comunidad internacional tenemos financiamiento y acompañamiento de la Agencia de Cooperación Sueca, Alemania, España, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros, se ha llegado al convencimiento de promover cambios institucionales que permitan contribuir al desarrollo nacional y la gobernabilidad democrática. Siendo algunos de los propósitos mejorar la capacidad y calidad de los servicios con un profundo respeto a los derechos humanos, cercanía, accesibilidad, eficacia, eficiencia, estrecha vinculación a la comunidad, incremento gradual de la fuerza, mejoramiento tecnológico, organizativo en distintos ámbitos y de capacitación y vinculación social. Entre los Proyectos que se impulsan vinculados a la promoción y protección de los Derechos Humanos está el de “Atención del Sistema de Detención Provisional”, financiado por el Japón, que en su I Fase se implementó en todos los distritos de la capital, y en su II fase que inició en julio del presente año, le dará cobertura a otras diez delegaciones en las cabeceras departamentales en un período de 18 meses; otro proyecto es el financiado por la Cooperación Alemana sobre “Mejoras a la Infraestructura para la atención especializada referente a los Derechos Humanos de la Mujeres”. Recientemente producto de las coordinaciones interinstitucionales, la Academia de Policía – Instituto Martín Luther King y Universidad Politécnica de Nicaragua y la Cooperación Danesa PRODENI, están impulsando el proyecto “Educación, Capacitación, y Publicaciones en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Derecho de la Mujer” dirigidos a los Miembros de la Policía Nacional de Nicaragua y actores de la sociedad civil, se impartió el primer Post Grado de Derechos Humanos y se está trabajando en un segundo. Referido al fortalecimiento de la capacidad y calidad en los servicios de trámites policiales la experiencia piloto inició en Octubre/02 en Masaya y el distrito cinco de Managua y oficialmente de forma generalizada se inicio el 02 de junio/03, atendiéndose los siguientes servicios: certificados de conducta, portaciones de armas, licencias de conducir y registro vehicular, estos cuatro servicios representan el 90% del total de los servicios policiales, los que se brindan bajo tres modalidades: centros de trámites, oficinas fijas y oficinas móviles. En cuanto a los centros de trámites están integrados por personal civil debidamente capacitado y con procedimientos de trabajo que garantice la eficiencia, oportunidad y calidad en los servicios que se prestan, se caracterizan particularmente por su rapidez, comodidad de locales y ambientes, atienden el 84% de las demandas de servicios, en quince departamentos del país. Referido a las oficinas fijas cubren el 13% de la demanda, están integradas por personal policial y da cobertura a tres distritos de Managua y cuatro delegaciones departamentales no contempladas en los centros de trámites. En cuanto a las oficinas móviles se usa la modalidad de convocar a los ciudadanos a determinados locales para prestar el servicio y cubre el 3% de la demanda. Por otra parte, los recursos humanos son valorados como el capital más valioso con que cuenta la institución policial; con la finalidad de obtener una mayor estabilidad y eficiencia, se han impulsado acciones que tienden a mejorar su nivel de vida y calidad profesional; pero aún hace falta mucho por hacer. En el año 2001, el salario de un policía de base era 6

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equivalente a 114 dólares, en el año 2003 es de 148 dólares, lo cual ha significado un 32.5% de incremento; esto ha sido posible por el aumento del presupuesto en 13.2 millones de dólares, con relación al 2001. Asimismo se han implementado algunas políticas para mejorar el salario real tales como comisariatos, abastecimiento de medicamentos, entre otras; a pesar de estos esfuerzos continúa siendo el cuerpo policial con el más bajo salario regional. Antes del 2002, se otorgaban un promedio de 400 bajas anuales, la mayoría por solicitud propia y en el año 2002 y 2003 se ejecutan un promedio de 190 bajas y en su mayoría por interés institucional. Esto pone en evidencia un mejor aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y técnicos, invertidos en los recursos humanos que se traduce en estabilidad y confianza hacia la institución y a su vez se revierte en eficiencia y calidad de la seguridad ciudadana brindada a la población. La cobertura policial se ha ampliado a nivel municipal, esto ha sido posible por el incremento de presupuesto, creación de condiciones como infraestructura e incremento de las fuerzas, de 6,030 miembros de la institución en el año 2000 a 8,070 en agosto 2003, lo que significa un 33.83% de crecimiento. Se está planificando acciones afirmativas para dirigir el crecimiento hacia las fuerzas femeninas. Estos esfuerzos se enmarcan dentro de un contexto de prioridades de la Policía Nacional y del rol importante que juega esta institución en la consolidación de la agenda de gobernabilidad, transparencia y derechos humanos y en el cumplimiento de su misión que señala, garantizar el orden interno, seguridad de los ciudadanos y sus bienes, prevención y persecución el delito. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA RELACIÓN POLICIA - COMUNIDAD La Policía Nacional tiene como misión garantizar y mantener la seguridad ciudadana, el respeto y protección a los derechos humanos, para su cumplimiento debe garantizar como principal estrategia, el desarrollo sostenible de sus relaciones con las comunidades a través de la prestación del servicio eficiente. Conciente de su compromiso de respeto a los Derechos Humanos de las personas, se ha propuesto asumir de forma integral una nueva dinámica del trabajo policial en las relaciones con la comunidad, desde una perspectiva de género, que permita avanzar significativamente en la prestación especializada de los servicios policiales a fin de que trasciendan a todas las demás instancias de servicio: tránsito, seguridad pública, auxilio judicial, inteligencia policial, INTERPOL órganos de apoyo, estructuras administrativas, atención a la mujer, juventud, niñez, adolescencia así como a mujeres y hombres privadas/os de libertad, etc. La perspectiva del respeto y garantía de los Derechos Humanos, pasa por el análisis y definición de nuevas políticas institucionales para asegurar la calidad en la atención al público y con ello la incorporación de los temas de género en el ámbito académico en todos los subprogramas de capacitación y profesionalización policial. La Policía Nacional de Nicaragua ha insertado tanto en su cultura organizacional como en el programa de modernización el tema de los Derechos Humanos como un eje transversal que permita el cumplimiento del mandato constitucional, el cual se ha venido expresando en 7

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todas las acciones que dirige para contribuir de forma integral la seguridad ciudadana. El reto es construir una cultura que inculque la ética no como un enunciado teórico, sino como una práctica; no como una disposición o un precepto, sino como un valor y un deber moral. Por ello se ha estado trabajando en función de dirigir los servicios hacia los usuarios/as en donde ellos/as tengan plena participación para plantear sus demandas de servicio y conjuntamente identificar los problemas más sentidos y buscarle solución. La Política Integral Policía - Comunidad y Derechos Humanos, está incorporada a la planificación estratégica y operativa del trabajo policial, forma parte del material de estudio en la Academia de Policía y del Subsistema de Preparación Continua del personal policial. La finalidad de esta Política, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, particularmente a la seguridad ciudadana, garantizando la relación de la institución policial con las comunidades, impulsando trabajos preventivos y acciones para optimizar la calidad de los servicios policiales. Atraviesa todas las especialidades de la institución en su accionar, contribuyendo a darle unidad, identidad, fortaleza interna y externa garantizando el derecho ciudadano de desarrollarse libre de amenazas y peligros de sus vidas y sus bienes, su integridad física, libertades individuales y colectivas y el respeto a los derechos humanos. Incorpora un nuevo enfoque en la atención a la ciudadanía fundamentada en principios consignados en la Constitución Política de Nicaragua, La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley 228 de la Policía Nacional. Implica avance en la relación de los diferentes actores sociales y personal policial para consolidar el profesionalismo, fortalecimiento institucional, y un trato humanitario a la ciudadanía. Los principales lineamientos generales de la Política se basan en el establecimiento de relaciones sociales adecuadas a los intereses de los distintos grupos sociales de la comunidad; la prevención del delito con base comunitaria; el enfoque de género y enfoque preventivo para la niñez y adolescencia; respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales de las personas detenidas bajo custodia policial y sus familiares. Sus ejes fundamentales están enfocados en la operativización, transversalidad e integralidad y rigen como una acción conjunta de las especialidades de la Policía Nacional teniendo su expresión en los planes del trabajo operativo que se implementan a nivel de sector, municipio, delegaciones y distritos policiales, a nivel nacional, implementando un papel protagónico la Comisión para la Prevención del Delito, la cual está conformada por diferentes sectores sociales. La integralidad demanda que todas las especialidades se articulen dentro de un sistema de prevención y control del delito, desde un enfoque conjunto de actuación policial y atender las necesidades de seguridad y servicio que la ciudadanía demande. La transversalidad se aplica en la integración de los lineamientos generales de la Política en los planes operativos haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, el tratamiento especializado a mujeres, niñez y adolescencia, siendo respetuosos/as de las victimas del delito así como la adaptación cultural y a la actuación profesional de la policía. 8

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Esta Política tiene como objetivo desarrollar de forma coherente y de manera sistemática las relaciones entre la institución y la población en todo el territorio nacional, orientada a la prevención del delito, la seguridad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Para asegurar su implementación se ha diseñado un plan estratégico con la comunidad; se han creado y fortalecido los Comités de Prevención del Delito, como mecanismos necesarios para mantener el vinculo entre la policía – comunidad y prevenir las acciones delictivas; el personal policial ha sido capacitado en las siguientes temáticas: derechos humanos, Código de la niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, género, seguridad ciudadana, salud sexual reproductiva, medio ambiente, desarrollo comunitario y liderazgo comunitario. La Política está concebida como una filosofía de actuación policial, estableciendo y fortaleciendo permanentemente las relaciones estratégicas con la comunidad. El respeto a las diferencias sociales, económicas, culturales, políticas, étnicas, religiosas, territoriales y etárea, lo cual permite acercar, identificar y analizar en conjunto con la comunidad las amenazas de inseguridad, lo mismo que articular esfuerzos. El éxito de las acciones policiales se obtiene con la comunidad. En el accionar de la Política se establecen relaciones con la población en general, autoridades civiles, organismos no gubernamentales e instituciones del estado, gremios, asociaciones y empresa privada. Son pilares fundamentales, entre otros: Las Alcaldías; el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; el Ministerio de Salud y Ministerio de la Familia; los grupos religiosos. Las relaciones policía – comunidad se establecen principalmente en visitas casa por casa a través de distintas vías, líderes comunales y religiosos, órganos de educación social y de protección a la niñez y la mujer entre otros. Se brinda apertura a la participación plena de hombres y mujeres para que contribuyan de forma protagónica en propuestas de prevención y solución a las distintas problemáticas que les afectan sus derechos y libertades. El fortalecimiento institucional de la Policía Nacional en el conocimiento y práctica de los derechos humanos de las personas detenidas bajo custodia policial principalmente las mujeres y adolescentes, constituye una prioridad en el proceso de hacer efectivos estos derechos, reconocidos por Nicaragua como Estado firmante de Tratados internacionales sobre los Derechos Humanos y recogidos en la Constitución Política del país. Las percepciones, sentimientos, actitudes y condiciones de los que permanecen bajo custodia policial y sus familiares, representan un punto de referencia vital para orientar las acciones normativas y formativas, de capacitación y de comunicación social que contiene la política. El tratamiento de las personas detenidas y sus familiares, requieren de la implementación de procedimientos apegados al goce de los derechos humanos. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental de las personas, cuyo ejercicio y disfrute requiere la coparticipación activa del Estado y la sociedad civil, así como la protección y promoción de los Derechos Humanos. Las instituciones policiales que tienen por misión: proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, están comprometidas a prevenir y corregir los abusos, irrespetos, agresiones que en la atención de los servicios o en la vida cotidiana violenten este derecho. 9

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Además es importante tomar en cuenta la percepción que tienen hombres y mujeres policías con relación a los ciudadanos y ciudadanas demandantes del servicio, y cómo se ven ellos/as a sí mismos, lo cual implica una doble relación de poder, desde el punto de vista institucional y de género, lo que puede provocar una doble discriminación hacia la población y por tanto una violación a sus Derechos Humanos. La comunicación es fundamental en la interacción humana y aún más cuando se circunscribe a la actividad laboral, donde es preciso que los mensajes sean difundidos a cada uno de los y las integrantes. Se debe trabajar por una comunicación interna que sea fuente de cultura policial, filosofía y doctrina, ofrecer elementos de juicios para la toma de decisiones, optimizar la organización y la planeación para no dispersar esfuerzos de técnica y recursos humanos, lograr coherencia con las misiones de garantizar el orden, la ley, la tranquilidad y seguridad ciudadana. La imagen de una institución es trasmitida por el personal que trabaja en ella, es por esa razón que la comunicación interna es muy importante y facilita impulsar la comunicación corporativa que son el conjunto de mensajes que la institución policial proyecta al público. ENFOQUE DE GÉNERO A LO INTERNO DE LA INSTITUCION Desde su fundación engrosaron a las filas de la Policía Nacional, un número importante de mujeres, lo cual no fue suficiente para evitar las desigualdades de género las cuales se evidencian desde la concepción misma del cuerpo policial. La profesión policial era concebida desde una perspectiva masculina. El trabajo de las mujeres se valoraba desde un punto de vista tradicional, considerando como ámbito femenino, las labores desarrolladas por: secretarias, recepcionistas, ayudantes del jefe/a, archivadoras, oficiales de información, o en cargos de servicios como cocineras, conserjes, siendo muchas de ellas excluidas de cargos “sustantivos” de la Policía. El análisis crítico partió de un grupo de mujeres policías; sus planteamientos, originaron compromisos institucionales y se promovió una cultura de género en la institución policial. Se llegó a la conclusión de que no era posible pretender una institución moderna, que no reconozca y actúe sobre las desigualdades y discriminaciones de género en su quehacer. Se visualizó las distintas formas de exclusión de las mujeres policías en los procesos de capacitación especializada, promociones a cargos de dirección, operativos, ingreso y ascensos en grados. Estos hechos de discriminación fueron identificados. Por ejemplo, en las convocatorias para ingresar a la Policía Nacional, los requisitos se fundamentaban en perfiles masculinos, incluidas las pruebas físicas y psicológicas. Las mujeres policías quebrantaron estereotipos femeninos patriarcales, superando modelos tradicionales de comportamiento inherentes a una institución eminentemente masculina, en la que no se había logrado visualizar los enormes sacrificios que ellas habían realizado en función del desarrollo y fortalecimiento de la institución. En la sociedad la imagen de los hombres, está constantemente obligada a probar la masculinidad reflejándose esto en el autoritarismo, la fuerza, la valentía y la temeridad; en el cumplimiento de las funciones por encima de las necesidades, emociones y problemas personales. A los hombres no se les permite decir “no” ante el cumplimiento de una misión ò 10

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para el traslado a un lugar distante, porque esto pone en entredicho la masculinidad. El análisis de género en la institución policial ha permitido reconocer que la presencia de mujeres en las fuerzas policiales, es valiosa por su aporte a la calidad del servicio policial. En el proceso de modernización, la Policía Nacional se plantea la institucionalización del enfoque de género en las políticas y prácticas institucionales en su servicio a la sociedad; a lo interno, en la búsqueda de mayor simetría en las relaciones hombre - mujer en la institución, así como espacios para articular cada vez más a la mujer en el trabajo policial. Se han organizado comisiones de trabajo a fin de redefinir la estrategia de género que permita fortalecer la apropiación del tema, y a la vez fortalecer los mecanismos creados para la conducción del proceso. EL ENFOQUE DE GENERO EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Tal y como lo señala Rodrigo Jiménez Sandoval, la sociedad ha conformado una serie de valores altamente influenciados por el sesgo patriarcal de instituciones y actividades como el derecho, la publicidad, el lenguaje, la filosofía y la religión. Tales valores imponen papeles estereotipados a diversos sectores de la población tales como mujeres, niños, niñas de la calle, travestíes, trabajadoras del sexo, personas con discapacidad. Estos estereotipos pretenden indicar como deben pensar y actuar estas personas y que debemos esperar de ellas, con lo cual se crea una maraña de prejuicios sociales, de los cuales no se escapan los funcionarios policiales. Percatados de esto, el compromiso es trabajar en un cambio de actitudes y prácticas institucionales en la prestación del servicio, construyendo un modelo humanista en la formación policial para reforzar el conocimiento y la correcta interpretación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres en las demandas de seguridad ciudadana, para evitar comportamientos estereotipados y sexistas y formar policías más tolerantes y más justos en el ejercicio de sus funciones. Que los y las policías sean capaces de reconocer la diversidad y respetar las diferencias para no discriminar a persona alguna en su actuar cotidiano. La discriminación por razones de género, traducida en la asignación de roles, atributos, cualidades, capacidades, prescripciones, prohibiciones, derechos y obligaciones diferenciadas para hombres y mujeres, implica relaciones de poder desiguales en las cuales al hombre se le dan mayores libertades, más y mejores atributos, mejores oportunidades así como un mayor reconocimiento social que la mujer; lo que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres, esto de manera implícita y explícita se identificó en el comportamiento cotidiano institucional. Las mujeres son víctimas usuales de algunos delitos que atentan contra su seguridad, integridad y libertad personal, ejemplo de ello son; los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra el patrimonio; que muchas veces se invisibilizan debido a que la información policial se centra más en el infractor y no en la víctima. El espacio familiar entraña mucho riesgo para las mujeres, ya que de cada 10 mujeres, 6 sufren violencia física y psicológica en su propio hogar. Sin embargo, esta dimensión de la violencia suele ser tratada como un problema personal y no social, presentando altísimas tasas de impunidad, lo que se traduce 11

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en una violación a sus derechos humanos porque el patrón de comportamiento socio cultural impide que la víctima tenga acceso a la Justicia. Conscientes que estos patrones de conducta de hombres y mujeres son construcciones socioculturales y no naturales y que por tanto, pueden y deben ser modificadas y/o transformadas, la promoción de cambios constituye un gran reto. En la experiencia de la Policía Nacional de Nicaragua, uno de los pasos más importantes fue reconocer la naturaleza desigual de las relaciones entre hombres y mujeres en la institución e incorporar en la Doctrina Policial el enfoque de género para transformar esa mentalidad patriarcal de concebir al hombre como único modelo universal de lo humano. Partiendo del reconocimiento de la existencia de desigualdades, de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y el establecimiento de acciones y políticas para ponerlos a ambos, en igualdad de condiciones y oportunidades institucionales. El enfoque de género es un eje estratégico del Programa de Modernización y Desarrollo de la Policía Nacional; la promoción de la equidad de género, es un enfoque transversal en los principales resultados del trabajo institucional el cual ha permitido activar una serie de capacidades para poner en la agenda temas relevantes sobre la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres en el contexto laboral y en los servicios policiales para atender a las personas sin discriminación. A partir de 1990 se inició un proceso de transformación en la institución, lo cual permitió, crear un nuevo espacio para el abordaje de temas referidos a la promoción de las mujeres. Con este referente se empezaron a analizar sus problemas, valorando su calidad como personal policial y en lo social. Entre los años de 1990 y 1993, las mujeres policías se constituyeron en promotoras de iniciativas ante la Jefatura Nacional para abordar el fenómeno de la violencia intrafamiliar y sexual e implementación de métodos de prevención y atención a las víctimas y sobrevivientes de esta violencia ya que estaba centrada la atención hacia el agresor. Se constató que el servicio que se prestaba a las víctimas de la violencia en los hogares, o de abusos sexuales, era inadecuado, perdiéndose la neutralidad y el profesionalismo requerido para una atención correcta. Producto de esta iniciativa y en consenso con el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), y la Red de Mujeres contra la Violencia, se propuso crear las Comisarías de la Mujer y la Niñez (CMN). Así, el 25 de Noviembre de 1993, “Día de la No Violencia”, la Presidencia de la República inauguró la primera Comisaría de la Mujer y la Niñez, bajo la responsabilidad del INIM y la Policía Nacional. Fue la primera Comisaría tanto en Nicaragua como en Centroamérica. Su objetivo principal sigue siendo el brindar atención especializada a los casos de violencia intrafamiliar y sexual, a fin de brindar atención, prevenir y disminuir estos hechos. Con los esfuerzos conjuntos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y la Cooperación Internacional se han instaurado 21 Comisarías de la Mujer y la Niñez, así como el Departamento Nacional de Comisarías. En estas dependencias trabajan mujeres y hombres atendiendo los casos. 12

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El trabajo desarrollado por las Comisarías ha sido objeto de reconocimiento social, por brindar atención policial con calidad humana a las personas demandantes del servicio; la reflexión institucional ha conducido a la definición de acciones para incorporar este enfoque en los demás ámbitos del trabajo policial. Como un esfuerzo interinstitucional e intersectorial se ha logrado brindar atención diferenciada a los sectores afectados, sensibilizar sobre el tema violencia intrafamiliar y sexual y se elaboró un Plan Nacional de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez. Esto demuestra la necesidad de articular esfuerzos para concretar el principio de la igualdad considerando las diferencias. Los patrones culturales arraigados en el país, dan lugar a que se tolere, disculpe e inclusive se estimule el maltrato de la mujer por parte del varón, especialmente entre parejas condiciones subjetivas que promueven casos de agresiones, lesiones e incluso la muerte de mujeres. En tiempos pasados la violencia intrafamiliar quedaba oculta en términos estadísticos, pero poco a poco ha venido saliendo a luz por el grado de conciencia social que se ha desarrollado para enfrentarlo y denunciarlo, en un proceso impulsado por diferentes sectores sociales. Año con año crece el número de mujeres víctimas, en 1997 representaba el 38.8% (23,953), en 1998 el 41.3% (26,890), en 1999 el 42.7% (30,633), en el 2000 el 43.4% (32,574), en el 2001 el 44.6% (39,328) y en el 2002 el 45.2% (41,487) en relación al total de delitos. En los últimos años (desde 1995) se han logrado avances significativos en la Inclusión del enfoque de género como principio de la doctrina policial, fortalecimiento del Consejo Consultivo de Género y la creación de mecanismos internos para operativizarlo, todo esto ha implicado ajuste en los sistemas claves de la institución, información, planificación, normas de actuación y de formación. Paralelamente se han impulsado medidas especiales y políticas para brindar mayores oportunidades a las mujeres policías y su acceso a cargos operativos y de dirección, incidiéndose en las convocatorias públicas para promover mayor ingreso de mujeres. Estas acciones son propulsoras de los derechos humanos del sector que ha permanecido históricamente discriminado: las mujeres. La policía nacional es una de las cinco instituciones claves en el trabajo contra la violencia intrafamiliar y sexual, ejemplo de estos son las Comisarías de la Mujer y la Niñez y la participación activa en instancias y comisiones nacionales que han elaborado una política y un plan nacional para abordar este fenómeno. La actuación policial con una visión diferenciada, que responda a las demandas de seguridad de los distintos sectores, solo es posible con un enfoque de género, que aún está inconcluso y demanda mayor tiempo y voluntad para profundizarlo y apreciarlo en todas sus dimensiones y que llevará a obtener mayores beneficios en el orden institucional y en la modernización de los Cuerpos Policiales, que adquirimos compromisos de: Entender los patrones culturales y de género y erradicar las prácticas discriminatorias, tanto en los servicios policiales como en el ámbito Institucional. Formación y el desarrollo institucional basado en valores democráticos y sensibles a 13

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la problemática de género y respetuosos de los derechos humanos. Interactuar con la Sociedad Civil y con Instituciones del estado y exponer la actuación policial al control social. RESULTADOS DE LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO El enfoque de género en la Policía Nacional se ha constituido en un instrumento de análisis de las diversas formas de discriminación y desigualdad de género, para la toma de decisiones en la gestión institucional. Ha posibilitado cambios en la concepción de las relaciones de hombres y mujeres, a lo interno de la institución policial, en la prestación de los servicios policiales y en la actitud personal ante la vida. Está orientado a potenciar las capacidades de los recursos humanos, en función de garantizar su plena participación, en igualdad de condiciones y oportunidades, de hombres y mujeres en el ámbito interno y continuar transformando conductas y actitudes en el trabajo policial en relación a los servicios que se brinda a la sociedad. La Policía Nacional de Nicaragua, conciente de los retos del desarrollo institucional y en cumplimiento de su mandato de servicio a la población bajo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ha transversalizado el enfoque de género en los sistemas de trabajo del ámbito policial. Decisiones orientadas al logro del balance de género en la composición de la fuerza, optimización de las capacidades de los hombres y mujeres, sensibilización y la capacitación del personal policial y mejoramiento de la calidad de los servicios. Para dar una repuesta integral al problema de la violencia intrafamiliar y sexual, como una necesidad de seguridad ciudadana, se participó en la formulación del Plan Nacional para la prevención de este fenómeno social, en un esfuerzo conjunto con el Instituto Nicaragüense de la Mujer y la Red de Mujeres Contra la Violencia, para alcanzar los siguientes objetivos: el diseño del modelo policial de atención especializada para el abordaje de la violencia intrafamiliar y sexual desde una perspectiva intersectorial, interdisciplinaria e interinstitucional con una visión sistémica a partir de sus causas; contribuir al acceso a la justicia de las víctimas y sobrevivientes; y apoyar el proceso de reconstrucción de su vida; incidir en la impunidad, principalmente alrededor de los delitos contra la libertad sexual. En el ámbito laboral la presencia de la mujer en la Policía Nacional, ha permitido avanzar hacia una acción pública en correspondencia a las exigencias de la modernización, al desarrollar políticas más justas para hombres y mujeres policías, así como mejorar la calidad de los servicios a la población. AVANCES EN LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO El Enfoque de Género constituye un principio organizativo en la Doctrina Policial, en el Reglamento de Ética, Política Integral Policía Comunidad y Derechos Humanos y es un tema relevante en la formación y capacitación del personal. Se elaboró una propuesta de criterios de género para ser incluidos en la reforma la Ley 228 y en la Política de Recursos Humanos. La inclusión de estudios y análisis de género en el quehacer de la institución policial ha permitido reconocer que la presencia de mujeres en las fuerzas policiales es 14

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valiosa por la calidad humana de su atención y ha sido valorada como una respuesta efectiva a las necesidades de igualdad en el desarrollo de las fuerzas policiales. Se realizaron dos diagnósticos a fin de enriquecer los avances obtenidos en la Policía Nacional: Los factores que favorecen y limitan la participación, ingreso, egreso de la mujer en la PN; Las representaciones sociales de la población acerca de los servicios policiales y de la auto imagen que tienen los policías de la Institución policial. Incorporación del Enfoque de Género como un eje transversal en El Programa de Modernización y Desarrollo Estratégico de la Policía Nacional, así como en sus proyectos que se derivan de este. Integración de la perspectiva de género en el uso del lenguaje y en los diferentes sistemas de trabajo policial. Aumento significativo de mujeres en la institución. En el año 1997, el personal femenino representaba el 18%, logrando en estos momentos el 26% del total de la fuerza policial. Se han implementado políticas para el ingreso, promoción, capacitación y ascensos en grados de las mujeres. La convocatoria para ingresar mujeres a la institución Policial ha tenido avances; en el 2002 ingresaron 85 mujeres, en lo que va del año 2003 han ingresado 111 compañeras. Se han desarrollado políticas especiales por la Jefatura Nacional para la promoción de mujeres a cargos de dirección y en el trabajo operativo. En este aspecto se considera que la mujer policía ha logrado posiciones significativas en los cargos de toma de decisiones, ocupando el 20 % del total de estas responsabilidades, siendo éstas, Subdirectora de la Policía, Inspectora General de la Policía, Jefas y segundas Jefas de Delegaciones Departamentales, Órganos de Apoyo, Jefas y segundas Jefas de Departamento, Jefas de Municipios. Con respecto a la ubicación de mujeres en el ámbito operativo; representan un total del 15% del total de estos cargos y están ubicadas como jefas de sectores reguladoras de tránsito, investigación de accidentes, vigilancia y patrullaje, se está realizando un proceso de ordenamiento del personal policial para que haya un mejor equilibrio en las distintas responsabilidades del trabajo policial. Las capacitaciones especializadas para el personal femenino, tanto en el ámbito nacional e internacional, significó 340 mujeres en el año 2002 y 119 en lo que va del año 2003. Se han implementado acciones afirmativas entre éstas, el desarrollo de un curso para jefas de sector, cargo que constituye la unidad básica a nivel territorial organizativo en la policía nacional. Al curso ingresaron un total de 30 mujeres, lo que significa un logro relevante dentro de las políticas de crecimiento y presencia de mujeres en el área operativa de la institución policial. En cuanto a los grados policiales ocupados por mujeres, se observan avances significativos: 2 Comisionadas Generales, 10 Comisionadas, 40 Sub. Comisionadas, 119 Capitanas, 149 Tenientes, 113 Inspectoras, 107 Sub. Inspectoras, 171 Sub. 15

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Oficial Mayor, 342 Sub. Oficial y 681 Policías. La incorporación del enfoque de género, al sistema de información policial ha permitido desarrollar capacidades analíticas, con la finalidad de brindar respuestas institucionales frente a las demandas de seguridad ciudadana de hombres y mujeres. Se elaboró el módulo de capacitación sobre "Violencia de Género y Seguridad Ciudadana" y cuadernos titulados: "Respondiendo a Necesidades de Seguridad Ciudadana de Hombres y Mujeres", “Derecho de las Mujeres”, “Estado de Derecho” y “Derechos Humanos”, insertándolos al sistema de formación policial en la Academia de Policía, en sus tres niveles y al programa de capacitación del personal activo desarrollado en las unidades policiales. El módulo actualmente está siendo revisado para darle una perspectiva regional. El personal docente de la Academia, monitores/as y grupos metas han recibido seminarios de capacitación y metodológicos para asegurar acciones educativas sobre el tema. El mejoramiento de las condiciones de infraestructura y atención en la Academia de Policía para las alumnas de nuevo ingreso ha generado una mayor retención escolar. La existencia de mecanismos específicos, principales protagonistas en la facilitación del proceso de institucionalizar el enfoque de género como son: el Consejo Nacional, el Consejo Técnico Asesor de Género, el Consejo Consultivo de Género y la Oficina de Género. Se ha creado una masa crítica integrada por hombres y mujeres sensibilizadas, comprometidas/os y activas/os en el proceso de cambios en la cultura institucional. Cabe destacar el trabajo desarrollado por la Policía Nacional de Nicaragua, en la promoción de un proceso regional dirigido a motivar a las instituciones policiales de Centroamérica y el Caribe, para incorporar el Enfoque de Género en la modernización de estas, siendo retomado por la Comisión de Jefes/as de Policías de Centroamérica y el Caribe e incorporado en el funcionamiento de esta. Para el desarrollo de este proceso regional se han realizado cuatro encuentros de mujeres policías lo que ha permitido analizar los avances obtenidos a nivel regional. La Policía Nacional ha asumido con toda responsabilidad que el caso amerita, la incorporación del Enfoque de Género como un principio fundamental de su Doctrina Policial y quehacer diario. Falta mucho por hacer y decir sobre la Equidad de Género. Por eso jornadas de trabajo como ésta, tienen tanta importancia y trascendencia para las instituciones que se han comprometido consigo mismas y con la sociedad para lograr un país más justo para todos y todas. El Enfoque de Género en la Policía Nacional es un instrumento de análisis de las diversas formas de discriminación y desigualdad de género, para tomar decisiones en la gestión institucional. Es un cambio en la concepción de las relaciones de hombres y mujeres a lo interno de la institución policial, en la prestación de los servicios policiales, y en la actitud personal ante la vida. Su integración ha permitido desarrollar una Institución más profesional, con prestigio, fortalecida y capaz de profundizar los cambios que se requieren en este campo a fin de contribuir a la Gobernabilidad Democrática del país. 16

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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Policía Nacional de Nicaragua (2001), Programa de Modernización, Nicaragua. Policía Nacional de Nicaragua (2001), Política Integral Policía Comunidad y Derechos Humanos, Nicaragua. Policía Nacional de Nicaragua (2001), Ponencia en III Encuentro de Mujeres Policías de Centroamérica y el Caribe, Nicaragua. Policía Nacional de Nicaragua (2002), Ponencia en IV Encuentro de Mujeres Policías de Centroamérica y el Caribe, Nicaragua. Policía Nacional (2002), Boletín Policial, Talleres Gráficos de Cooperativa Olof Palme, Nicaragua. Policía Nacional (2003), Boletín Policial (Edición Especial), Talleres Gráficos de Cooperativa Olof Palme, Nicaragua. Asamblea Nacional (1996), Ley 228: Ley de la Policía Nacional de Nicaragua, Nicaragua. DATOS GENERALES DEL AUTOR NOMBRE Y APELLIDOS: CARGO ACTUAL: DIRECCION: TELEFONOS: FAX: E - MAIL:

Edwin Cordero Ardila (Primer Comisionado). Director General de la Policía Nacional de Nicaragua. Edificio Plaza El Sol, Managua Nicaragua. OO505 – 2770049 – 2770050 OO505 – 2771871 [email protected]

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