El papel de los poderes públicos en la promoción de la natalidad GERARDO MEIL LANDWERLIN *

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a legitimidad de la intervención de los poderes públicos en las decisiones de las parejas sobre el número de hijos a tener (o no tener) es una cuestión altamente controvertida en Europa, tanto en la actualidad, como en el pasado. Aunque las políticas familiares no han nacido en la mayoría de los casos con objetivos natalistas expresos, sino para combatir la pobreza derivada de la tenencia de familias numerosas, durante los años 30 y 40 su desarrollo estuvo legitimado además de por su dimensión social compensatoria, por motivaciones explícitamente natalistas, en un contexto marcadamente nacionalista (Meil e Iglesias de Ussel, 2001; Gauthier, 1996). Se trataba en última instancia de fomentar el nacimiento de futuros soldados que garantizaran la preeminencia internacional del país, adquiriendo durante la Alemania nazi el paroxismo al vincularse también a motivaciones racistas y xenófobas. Tras la segunda guerra mundial la motivación demográfica se convierte en tabú en la mayoría de los países, aunque no así en países tan diferentes como Francia (tradicionalmente preocupado por la caída de la natalidad, iniciada ya tras la Revolución Francesa, y la expansión demográfica de su tradicional enemigo alemán) o España. La estigmatización de la motivación demográfica, no impli-

* Profesor titular de Sociología. Universidad Autónoma de Madrid.

có, sin embargo, el desmantelamiento de la política familiar al hilo del desarrollo tras la guerra del Estado de bienestar como nuevo fundamento del contrato social entre los principales agentes sociales y políticos de los países europeos occidentales. En el nuevo contexto político que surge tras la guerra, la política familiar pasará a concebirse como »compensación pública de las cargas familiares», esto es, fundamentalmnte como redistribución de la renta hacia las familias con mayores cargas para compensar sus mayores costes y lograr así una mayor equidad en la distribución horizontal de la renta. El adelantamiento de la edad de matrimoniar y el baby boom que siguió a la recuperación tras la guerra contribuyó a reforzar esta nueva orientación al desaparecer la preocupación por la caída de la natalidad. No es sino en los últimos años cuando se ha vuelto a plantear la cuestión, no tanto por la caída de la fecundidad como tal, iniciada ya a finales de los sesenta o primera mitad de los setenta, sino a raíz de la toma de conciencia del rápido envejecimiento de la población y de la atenuación del problema del desempleo juvenil, problema éste central en la agenda de la política social y económica y en las preocupaciones sociales durante los años 80 y que llevó entonces a considerar el descenso de la natalidad más como un alivio que como un problema. La legitimidad de los poderes públicos para intervenir en una dimensión como la

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que nos ocupa, y que se define en la actualidad como estrictamente privada, se encuentra, sin embargo, lejos de ser universalmente aceptada. De hecho, la legitimidad de las políticas familiares en los países con una política familiar explícita continúa derivando fundamentalmente en la actualidad, como se ha indicado, de consideraciones propias de la política social como son la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social y la igualdad de oportunidades, esto es, de la compensación pública de cargas familiares y no de la promoción de la natalidad. Así la evolución que han conocido las prestaciones económicas de carácter familiar en las últimas décadas (al hilo del control del crecimiento del gasto social) ha sido hacia una mayor consideración del nivel de renta de las familias a la hora de determinar a quiénes o en qué cuantía se reconocían dichas prestaciones. A esto se ha añadido también desde la década de los setenta la promoción de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, particularmente mediante el desarrollo de medidas destinadas a promover la conciliación de la vida familiar y la vida laboral (Ditch et al., 1995; Ditch et al., 1996; Gauthier, 1996; Flaquer, 2001; Meil e Iglesias de Ussel, 2001). La creación de un entorno social más favorable, tanto desde el punto de vista económicomonetario, como desde los servicios disponibles para satisfacer las necesidades específicas de las familias, e incluso desde el punto de vista de los valores sociales (la valoración social del cuidado y educación de los niños), para que las parejas puedan decidir libremente el número de hijos a tener, sin que dicha libertad se vea menoscabada por la cuantía de los costes económicos que esta decisión representa, tal como se ha defendido ya hace tiempo Meil (1995), no tiene por qué significar una intromisión en la privacidad de las parejas, ni tiene que interpretarse como un atentado a la libertad de elección. Se trata, por el contrario, de reconocer no sólo la rentabilidad social de la opción por la tenencia de hijos (o más en general de la asunción de responsabilidades familiares –Meil e Igle-

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sias de Ussel, 2001–), sino de reconocer que la tenencia de hijos implica costes personales importantes y que se ha convertido (como argumentaremos más adelante) en un factor de desigualdad social más, adicional al género, clase social de pertenencia o raza (Meil, 2002). Sin afán de sistematización ni exhaustividad alguna veamos algunos datos referidos a España sobre cómo afecta la tenencia de hijos al nivel de renta de las familias. Según el Panel de hogares de 1994, los ingresos medios anuales netos de impuestos y transferencias por hogar de los que disponen las familias con hijos a cargo son más altos que la mayor parte de los ingresos de los que disfrutan el resto de los hogares (véase tabla 1), lo que se explica por los modelos vigentes de integración en el mercado laboral y de formación de la familia existentes en nuestro país1. Esto es, con el retraso en la formación de las familias, la tenencia y educación de los hijos tiende a darse sólo una vez que se ha producido la consolidación en el mercado de trabajo y con ello unos salarios más altos que en las fases extremas de la biografía laboral. Ahora bien, con esos ingresos es preciso hacer frente a las necesidades de un mayor número de personas, por lo que en términos relativos la renta de las familias con hijos a cargo es menor que la de los demás tipos de hogares, de suerte que a mayor número de hijos menor renta neta disponible por persona. Esta tendencia se mantiene incluso si se consideran las economías de escala derivadas de la convivencia de un mayor número de personas en un mismo hogar y del menor consumo de los niños frente a los adultos, de forma que en términos de unidades de consumo la renta de las familias

1 El INE abandonó en 1995 la clasificación de los hogares contenida en la tabla 1. La actual clasificación no distingue según el número de hijos, pero evidencia también que las familias con hijos tienen una renta media por habitante y por unidad de consumo menor que la que tienen los hogares en que no hay niños y tanto más cuanto se trata de una familia monoparental.

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TABLA 1. Renta anual neta media por hogar, por persona y por unidad de consumo en términos relativos, España 1994

Fuente: INE, Panel de hogar de 1994, Madrid, edición en saeta.

con un mayor número de hijos así como de las familias monoparentales se encuentra entre las más bajas. Estos y otros datos evidencian claramente, a pesar de que existen diferencias importantes de clase, que la opción por la tenencia de hijos comporta una reducción sustancial del poder adquisitivo de las familias frente a las parejas que optan por no tener hijos y tanto más cuanto mayor es el número de éstos y/o si se trata de una familia monoparental, por lo que la tenencia de hijos supone un coste sustancial para las familias. Estos costes se traducen también en un mayor riesgo de pobreza, entendida ésta no necesariamente como exclusión social, sino como carencia de unos ingresos suficientes en relación con la riqueza relativa del conjunto de la población. Y ello a pesar de los mecanismos de redistribución de la renta propios del Estado de bienestar. En efecto, según el Panel de hogares de 1996, la proporción de menores dependientes (de menos de 18 años) que viven

en hogares situados por debajo del umbral de la pobreza (definido como el 60 % de la mediana de ingresos) alcanza en España a un 24 % de los niños, frente a una media comunitaria del 21 % (con gran variabilidad según el país, yendo desde un mínimo del 5 % en Dinamarca hasta alcanzar un máximo del 25 % en Reino Unido). El riesgo de los niños de encontrarse en situación de pobreza es un 39 % superior al riesgo de pobreza de los mayores de 18 años (frente a una media comunitaria del 31 %). Este riesgo de pobreza se sitúa nuevamente, sobre todo, en las familias con mayor número de hijos así como en las familias monoparentales, tanto en la Unión Europea como conjunto (Eurostat, 2000) como en España en particular (véase tabla 3). Los menores ingresos por persona o unidad de consumo y el mayor riesgo de pobreza derivado de la tenencia de los hijos no sólo procede de los costes directos que éstos generan, sino también de los costes de oportuni-

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TABLA 2. Índice de riesgo de pobreza de las personas en la Unión Europea* según la definición de distintos umbrales de pobreza, 1996

* Excluidas Suecia y Finlandia. Hijos dependientes son los menores de 18 años. Fuente: Eurostat (2000): European Social Statistics. Income, Poverty and Social Exclusion in the European Union, Luxemburgo.

dad e indirectos que comporta la tenencia de los hijos y que el sistema de redistribución de la renta no compensa. Los costes de oportunidad se refieren a las pérdidas de oportunidades de empleo y promoción profesional derivadas en muchos casos de los problemas de conciliación de vida familiar y vida laboral, que afectan, dada la actual definición de los roles de género, sobre todo a las mujeres y sobre los que no nos extenderemos en este contexto. Pero además de estos costes de oportunidad, que se traducen en menores ingresos por hogar, es preciso llamar la atención también sobre otra dimensión a la que se ha concedido muy poca atención. El sistema de protección social español está organizado, como sucede en la mayor parte de los países, con arreglo al principio contributivo, de forma que el acceso a las prestaciones de garantía de rentas se obtiene en función de las cotizaciones efectuadas durante la biografía laboral. La cuantía de las rentas de sustitución, la duración de las mismas (en el caso de que sean periódicas) o

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el propio acceso a a dichas rentas (período de carencia) está fuertemente condicionado por las características de la biografía de aseguramiento. En la medida en que los problemas de conciliación de vida familiar y vida laboral se traducen en distorsiones en la biografía laboral, ya sea por sus consecuencias en la promoción profesional, por la reducción de jornada, por la interrupción temporal o definitiva de la actividad laboral, estas distorsiones se reflejan también en las biografías de aseguramiento, redundando en una menor protección individual. En este sentido, y como norma, quienes menores responsabilidades familiares asumen, ceteris paribus, tienen que asumir menores costes en términos laborales y, por tanto, obtienen una mayor renta (además de tener unos menores costes) y, por tanto, dadas las características del sistema contributivo de garantía de rentas, también obtienen una mayor protección social en los casos en los que se materialicen los riesgos sociales protegidos por la Seguridad Social (típicamente mayores pensiones y mayor prestación por desempleo). La actual configuración de la

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TABLA 3. Índice de pobreza relativa según tipo de hogar y criterio de renta considerado. El umbral de la pobreza está fijado en el 50 % del ingreso medio por ...

Leyenda: El 22,7 % de los hogares y el 20,8 de las personas tienen rentas por debajo del umbral de pobreza del 50 % de la renta neta media y cabe considerarlos como pobres. La proporción de familias con 3 o más hijos situados bajo dicho umbral es 0,63 veces inferior a la media de todos los hogares, pero en términos de renta por persona es 2,46 veces superior y en términos de unidad de consumo el doble (1,92). Fuente: INE, Panel de hogar de 1994, Madrid, edición en saeta. Los datos originales han sido indizados por el autor.

protección social eleva, por tanto, los costes al tiempo que reduce las ventajas de la asunción de responsabilidades familiares, generando nuevas desigualdades derivadas de las opciones familiares que se toman. La organización del sistema de distribución y redistribución de la renta (mercado de trabajo, sistema de protección social y sistema de imposición sobre la renta) genera así una doble discriminación contra las mujeres/familias que no

pueden conciliar vida familiar y vida laboral, generando desigualdades derivadas no sólo de la situación de clase y de género, sino también de las responsabilidades familiares que se asumen (Meil, 2002). Estas desigualdades se materializan en dos dimensiones distintas, por un lado, en biografías de aseguramiento más irregulares en aquellos casos en los que no se produce un abandono completo del mercado de trabajo y en la ausencia de protección

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social, así como de las correspondientes rentas del trabajo, en los casos en los que sí se abandona definitivamente el mercado de trabajo. El desarrollo de los fondos privados de pensiones y su promoción fiscal como una forma de adaptación del sistema de protección social a los desafíos demográficos derivados del envejecimiento, con el fin de garantizar una renta suficiente a los pensionistas en el futuro, no ha hecho sino reforzar estas tendencias. Un ejemplo muy ilustrativo de estos costes se puede observar a la hora de hacer la declaración anual de la renta. Supóngase una familia joven ya consolidada y con dos hijos pequeños que se plantea tener un tercer hijo. Supóngase además que solamente trabaja uno de los cónyuges y que obtiene una renta anual de 20.000 euros por trabajar por cuenta ajena (valor próximo al salario medio). Si deciden tener un niño, la renta total de la unidad familiar habría que dividirla entre un miembro más; si se tienen en cuenta las economías de escala que se producen en el hogar por la convivencia de varios miembros, y según la escala de Oxford, ello supondría que esta familia tendría que asignar 3.846 euros anuales a la crianza y educación de este hijo, si procede a una distribución equitativa entre todos los hijos. Teniendo en cuenta estas circunstancias familiares y suponiendo que no tiene derecho a ninguna deducción adicional, por ejemplo, por ahorrar en un fondo de pensiones o por el pago de una hipoteca, así como sin considerar las deducciones por nacimiento que se reconocen en algunas Comunidades Autónomas (caso, por ejemplo, de Galicia, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Valencia) y que sólo son aplicables el año de nacimiento, ni las deducciones por familia numerosa (Galicia y Castilla y León), por no ser de aplicación en todo el territorio nacional, la cuota del IRPF que debería pagar a la Hacienda Pública ascendería a 1.297,8 euros en la campaña de la renta de 2002. Si en lugar de decidir tener un tercer hijo, deciden, por el contrario, invertir los 3.846

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euros que tendrían que dedicar a la crianza y educación de ese hijo en un fondo de pensiones, la Hacienda Pública les reducirá las deducciones por mínimo vital, pero a cambio les reconocerá una deducción por aportación a planes de pensiones. Suponiendo nuevamente que no tienen derecho a ninguna deducción adicional, la cuota del IRPF a pagar ascendería en este caso únicamente a 879,6 euros, esto es, un 32 % menos que en el caso anterior. Ceteris paribus, la opción por ahorrar para la vejez en lugar de tener un tercer hijo supondría no sólo que disponen de algo más de renta para gastar todos los años (418 euros más), sino que además mientras la «inversión» en el hijo no se traduce en renta futura para los padres, la inversión en el fondo de pensiones se va acumulando año a año, viéndose además, a largo plazo, revalorizada en función de la evolución del mercado de capitales (y del tipo de fondo de pensiones). Los supuestos pueden variar y así en lugar de considerar la decisión de tener un tercer hijo, se puede considerar la decisión de tener el primero o el segundo, así como más circunstancias de renta. En la tabla 4 se han presentado una serie de supuestos en los que se combinan las decisiones de tener hijos con las de ahorrar en un fondo de pensiones hasta el tope legal que da derecho a deducción fiscal, calculando en cada caso la cuota del impuesto a pagar y la renta disponible que le queda a la pareja según las decisiones que haya tomado. En todos los casos, además de la diferencia entre los capitales acumulados en la «inversión» en un hijo y en un fondo de pensiones, el sistema de redistribución de la renta tiende a penalizar económicamente la opción por tener un hijo (siempre que alternativamente se decida ahorrar en un fondo de pensiones). En estos cálculos además no se recogen los potenciales costes de oportunidad e indirectos a los que se ha aludido anteriormente. La opción de las parejas por no tener hijos o tener únicamente un número mínimo es, desde un punto de vista microeconómico, por tanto, totalmente racional.

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TABLA 4. Renta disponible para el consumo de un matrimonio después de impuestos según sus ingresos, el número de hijos y la estrategia de ahorro en un fondo de inversión. Rentas correspondientes a 2001 en euros

Nota: La renta disponible se obtiene restando a los ingresos brutos las aportaciones a un fondo de pensiones y la cuota del impuesto. Por tanto, la posición económica relativa hay que interpretarla teniendo en cuenta el capital que se acumula en el fondo de pensiones. Para el cálculo de la renta por unidad de consumo se ha utilizado la escala de Oxford que valora al cabeza de familia con el valor 1, a los adultos con 0,6 y a los niños con 0,5. Fuente: Elaboración propia mediante el programa PADRE de declaración de la renta.

¿Reproducen las parejas los ejercicios de cálculo que hemos realizado a la hora de decidir si quieren tener un hijo o no? Más en general, ¿deciden los padres de una forma racional, calculando costes, ventajas e inconvenientes la tenencia de los hijos? Y, por lo que se refiere al objeto de este seminario, ¿pueden los poderes públicos afectar con sus políticas las decisiones que las parejas toman en este ámbito? Aunque los padres no hayan realizado, ni realicen los cálculos que hemos presentado más arriba a la hora de decidir si tener hijos o no, la conciencia de que los hijos representan un coste muy importante está ampliamente extendida, como extendida está también la planificación familiar. Aunque la tenencia de los primeros hijos no siempre sea planificada, (o al menos el momento en el que se tienen) no cabe afirmar lo mismo de los segundos y

sucesivos hijos y, en cualquier caso, está fuera de duda que las familias tienen en su inmensa mayoría el número de hijos que han querido efectivamente tener, aunque el número que consideran ideal sea superior. La cuestión se centra en qué consideraciones determinan y qué peso tienen en la opción por tener un hijo. La teoría económica de la fecundidad en su intento por explicar la evolución de la fecundidad sostiene que las familias tienen hijos en función de su coste relativo y de la renta de la que disponen. Así, para los autores que han desarrollado esta teoría y en especial para su principal inspirador G. Becker (1987: 128 y ss), la decisión de tener hijos puede equipararse a la decisión de consumo de los demás bienes y servicios, por lo que entran con ellos como argumentos en la función de utilidad que todas las familias (se supone) maximi-

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zan. La función de utilidad estaría así integrada por el número de hijos, el gasto en cada hijo y qué denominan calidad de los hijos, y las cantidades de otros bienes. Pero a diferencia de la mayoría de los demás bienes y servicios que las familias consumen, los hijos no se «compran» en el mercado de bienes (adopciones), sino que los «producen» en el hogar utilizando para ello bienes y servicios comprados en el mercado y tiempo2 que los padres invierten en ellos, especialmente la mujer (dada la división tradicional en función del género del trabajo doméstico y que para Becker deriva de las ventajas de la especialización). La demanda de niños por parte de las familias es así una función de las preferencias individuales sujetas a una restricción presupuestaria definida por la igualdad entre la renta de la familia, de un lado, y, de otro, los costes de tenencia y crianza de los hijos multiplicada por su número sumados a los costes de adquisición de los bienes y servicios consumidos multiplicados por el número de los mismos que se consume. La demanda de hijos dependerá entonces del precio relativo de los hijos y de la renta disponible de las familias. Con arreglo a estos supuestos, la demanda de hijos disminuirá cuando aumente el precio relativo de los hijos y viceversa, dependiendo el precio relativo de los hijos de multitud de factores. Por lo que a nuestro objeto de interés se refiere, un aumento de las prestaciones familiares por hijos a cargo debería traducirse, ceteris paribus, en un aumento de la demanda de hijos al disminuir su precio relativo. Ahora bien, la «producción» de hijos incluye también, como se ha indicado, tiempo, de forma que el precio relativo de los hijos depende también de los cambios en el coste

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Los bienes y servicios producidos en el espacio doméstico (producción doméstica) que también se invierten en la producción de los hijos son reducibles a su vez también a la utilización de bienes y servicios comprados en el mercado (materias primas) y tiempo invertido en su transformación.

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del tiempo, especialmente del coste del tiempo de las mujeres casadas. A mayor crecimiento de los salarios femeninos y mayores oportunidades de empleo para las mujeres, mayor será el coste relativo y en consecuencia menor será la demanda de hijos. De hecho, Becker atribuye el fuerte descenso de la fecundidad en los países desarrollados al crecimiento de los salarios femeninos que han llevado al gran aumento de la participación laboral femenina y con ello al aumento del precio relativo de la tenencia y crianza de los hijos (Becker, 1987: 134). Dentro de esta línea argumental, no obstante, cabe esperar que si los costes de oportunidad de las mujeres trabajadoras potencialmente madres se reducen en virtud del desarrollo de una política activa de promoción de la conciliación de vida familiar y vida laboral (y/o una mayor implicación de los varones), su demanda de hijos aumentará al reducirse el «coste de producción» de éstos. Esta reducción del «coste de producción» de los hijos puede darse bien por la facilitación de centros de cuidado de los niños durante las horas de trabajo de las madres, bien por la política de permisos que garanticen el retorno al trabajo una vez concluidos los permisos sin menoscabo para la carrera laboral (ausencia de discriminación) y que no comporten una reducción sustancial de la renta de la familia. En resumen, una política familiar activa, ya sea a través del aumento de las transferencias directas o mediante la política de permisos, si las familias se comportan con arreglo a estos criterios, debería traducirse en una demanda mayor del número de hijos y, por tanto, en una mayor natalidad. La teoría económica de la fecundidad reconoce, no obstante, que la reducción del precio relativo de los niños, en nuestro caso a través de una política familiar activa, y que se traduce en un aumento de la renta disponible de las familias (lo que se denomina efecto renta) puede no traducirse finalmente en un incremento de la fecundidad por la intervención del denominado efecto sustitución. El efecto

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sustitución consiste en este caso en la inversión del aumento de la renta disponible de las familias no en un mayor número de hijos, sino en un aumento de la «calidad», esto es, de los bienes y servicios utilizados en su «producción», típicamente mayor inversión en educación, y que forma parte también de la función de utilidad que las familias quieren maximizar. Si los rendimientos de la inversión de los hijos en calidad es elevado, podría darse la circunstancia que los aumentos de renta disponible se traducen en reducciones de la fecundidad: «dado que un incremento puro de la renta puede reducir la fecundidad a través de la interacción con la calidad de los hijos, un aumento de la renta combinado con elevadas tasas de rendimiento de la calidad de los hijos podría reducir considerablemente la fecundidad..... aunque la eleasticidad renta verdadera de la demanda de fecundidad sea positiva y muy alta» (Becker, 1987: 152). De ahí que el desarrollo económico, que ha comportado también un aumento del coste relativo de los hijos, haya venido acompañado de un descenso de la fecundidad. Los postulados de la teoría económica de la fecundidad han dado lugar a fuertes polémicas y su contrastación empírica está lejos de validarla como explicación del comportamiento reproductivo. No obstante, la tesis de que las familias ponderan los costes y beneficios de la tenencia de hijos ha pasado a formar parte de las argumentaciones que desde distintas orientaciones sociológicas y psicológicas se han hecho respecto al comportamiento reproductivo (Höpflinger, 1997: 76 y ss). Reconociendo la complejidad de los determinantes de la fecundidad, la pregunta que nos ocupa en este contexto es, no obstante, ¿pueden los poderes públicos afectar a la fecundidad? y, en caso afirmativo, ¿a través de qué medidas pueden hacerlo?. Centremos la atención en primer lugar en la primera pregunta. La eficacia de los incentivos económicos a la tenencia de hijos es objeto de un amplio debate en la actualidad, aunque los estudios científicos que los fundamentan son, sorpren-

dentemente, muy poco abundantes. Por un lado, hay estudios que evidencian una relación nada despreciable, mientras que otros concluyen que o bien es muy pequeña, o bien no existe relación alguna. Así, Ludz (2000: 63) refiere el caso de Singapur que, tras una política de promoción del descenso de la fecundidad, se encontró a mediados de los años 80 con una fecundidad muy inferior al nivel de reemplazamiento, decidiendo las autoridades poner en marcha una extensiva política de apoyo a la natalidad articulada en torno a un aumento de los incentivos económicos, a una mejora de las posibilidades de conciliación de vida familiar y vida laboral y al establecimiento de preferencias en el acceso a nuevas viviendas. En los tres años subsiguientes, la fecundidad aumentó un 15 %, especialmente entre los hijos de tercer rango. El mismo autor refiere el caso de un descenso sustancial en las subvenciones por nacimiento de hijos en Austria que se vio acompañado en el tiempo por un descenso brusco en la fecundidad. Otros autores, por el contrario, evidencian una limitada capacidad de las prestaciones familiares para aumentar la natalidad. El estudio más significativo y más frecuentemente citado en los últimos años es el de Gauthier y Hatzius (1997). Para analizar la influencia de las prestaciones sociales sobre la fecundidad estos autores realizan un análisis estadístico multivariable en el que ponen en relación la evolución de 1970 a 1990 en 22 países industrializados del número medio de hijos por mujer (índice sintético de fecundidad tomado como logaritmo y con un desfase temporal de un año con respecto a las variables independientes) con la evolución del importe de las prestaciones por hijo a cargo (distinguiendo entre primero, segundo y tercer hijo), con la evolución en el número de semanas de permiso de maternidad y con la evolución del porcentaje de renta garantizada por el permiso de maternidad. Como variables de control adicionales se introducen un conjunto de variables referidas a las condiciones económicas de hombres y mujeres y en concreto se considera la evolución del salario

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TABLA 5. Análisis de la influencia de la política familiar sobre la fecundidad en 22 países industrializados entre 1970 y 1990

*** Significativo al nivel de 0.01, ** significativo al nivel de 0.05 y * significativo al nivel de 0.10 ISF Índice sintético de fecundidad o número medio de hijos por mujer en período fertil Fuente: A. Gauthier y J. Hatzius (1997): «Family benefits and fertility: An econometric analysis» en Population Studies, 51, 1997, p. 301.

medio de los varones y del salario medio de las mujeres así como el nivel de desempleo y su evolución en el tiempo. Los resultados del ajuste se encuentran recogidos en la tabla 5, donde puede observarse que las prestaciones familiares por hijo a cargo tienen un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la fecundidad, pero no así la política de permisos de maternidad. Para el conjunto de países considerados, los aumentos en las prestaciones por hijos a cargo tienen un efecto estadísticamente significativo mayor para los primeros hijos que para los sucesivos, mientras que no resultan estadísticamente significativos los estimadores de la influencia de la prolongación de la duración del permiso de maternidad ni del aumento de la renta de

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sustitución de este permiso, como tampoco la existencia de excedencias por maternidad (no incluidas en el modelo, según los autores (p.299), por no resultar significativa). La cuantía de la compensación pública de cargas familiares, y no la política de conciliación de vida familiar y vida laboral, sería así la única dimensión de la política familiar capaz de promover un aumento de la fecundidad. Esta incidencia positiva de las prestaciones familiares sería, sin embargo, muy modesta y no serviría para provocar una recuperación sostenida de la fecundidad que permitiera garantizar a medio plazo el nivel de reposición. Sustituyendo en la fórmula estimada, un aumento del 25 % en las prestaciones por hijo a cargo de primer y segundo rango sólo se

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traduciría en un aumento de 0,01 hijos por mujer a corto plazo y de 0,07 a largo plazo (p.302). Otras estimaciones realizadas por otros autores con una metodología diferente cifran en alrededor de 0,04 hijos por mujer los efectos que se pueden esperar de un aumento del 25 % del gasto destinado a prestaciones familiares (Blanchet y Ekert-Jaffé, cit. por Gauthier y Hatzius, 1997: 302). En ambos casos, unos efectos muy limitados con unos costes muy elevados. No obstante, es preciso señalar que existen importantes problemas metodológicos a la hora de realizar este tipo de análisis y que derivan de la elevada correlación temporal entre las variables que miden las características de la política familiar y su incidencia sobre la fecundidad. El balance no resulta así alentador si las esperanzas de una recuperación demográfica

se sitúan en la capacidad de los poderes públicos para impulsar dicho objetivo. J. Ditch, responsable durante varios años del Observatorio de políticas familiares de la UE, concluye: «tras un pormenorizado análisis de toda la evidencia disponible, podemos concluir ... que no existe ninguna explicación comprehensiva, ni convincente, ni satisfactoria que dé cuenta de la variabilidad o fluctuación –ya sea en el tiempo o en el espacio- de las tasas de fecundidad y en concreto no puede establecerse ninguna relación clara entre la tasa de fecundidad de un país y el tipo o valor de las prestaciones a favor de los hijos que concede» (Ditch, 2000). Lo cierto, sin embargo, es que la fecundidad en la Unión Europea, siendo baja en todos los países y encontrándose por debajo del nivel de reposición, presenta no sólo ten-

GRÁFICO 1. Índice sintético de fecundidad y porcentaje de gasto en la función «familia, hijos« sobre el total de gastos de protección social en la Unión Europea en 1998

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Eurostat. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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GRÁFICO 2. Variación de la proporción de gasto en protección a la familia como porcentaje del gasto en protección social entre 1994 y 1998 en relación a la variación del número medio de hijos por mujer en igual período en la Unión Europea (UE-15)

Nota: El correspondiente ajuste lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios resulta en una ecuación estadísticamente significativa al nivel de p