Encuentro de Jóvenes Investigadores Santiago del Estero – 5 al 9 de Octubre de 2010

“La operatoria estatal en la construcción de subjetividad: Política habitacional en la Provincia de Córdoba” Erika Gallo Equipo de Investigación “El llano en llamas” (UCC-UNC) 1 Leandro Graglia Equipo de Investigación “El llano en llamas” (UCC-UNC) Ma. Eugenia Monte Equipo de Investigación “El llano en llamas” (UCC-UNC)

“¿Qué hacen los plebeyos reunidos en el Aventino?... Hacen lo que era impensable para éstos: instituyen otro orden, otra división de lo sensible al constituirse… como seres parlantes que comparten las mismas propiedades que aquellos que se las niegan” JACQUES RANCIERE

Introducción El Estado opera sobre la población a través de imbricados y complejos mecanismos de poder que le son específicos, y que en su despliegue, interpelan a sus miembros a partir de una doble operatoria. Tal operatoria los individualiza, por un lado, y los homogeneiza, por el otro, estableciendo así específicos patrones de subjetividad. De un modo particular, las políticas habitacionales disponen sobre el territorio y su organización y sobre la población que en él se localiza o es localizada, un determinado régimen o economía de lo urbano. Interpela asimismo, como toda operatoria estatal, a dicha población, configurando formas particulares de subjetividad. Atendiendo a ello, en el presente artículo analizamos dos operatorias estatales vinculadas a la problemática habitacional de los sectores populares de la provincia de Córdoba. Por un lado la “Mesa de Concertación de Políticas Sociales” (MCPS) que se conformó durante la década del ´90 como consecuencia de la intensa lucha social y como una demanda concreta de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS). Por otro lado, el Plan “Mi Casa mi Vida” (MCMV), implementado a partir del año 2002 como una política focalizada y destinada, en principio, a resolver la situación de emergencia en la que se encontraban diferentes asentamientos poblacionales precarios. Los dos casos que analizamos en este trabajo evidencian la posición de fuerza de los diferentes actores involucrados en la operatoria estatal -gobiernos, empresarios, destinatarios,

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Este artículo es un adelanto de investigación enmarcado en un proyecto de investigación “La construcción política de la (des)igualdad en las políticas públicas de la Provincia de Córdoba”, financiado y acreditado por MinCyT, Proyecto de Investigación y Desarrollo. Directora: Ma. Alejandra Ciuffolini.

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etc.- en el área en que esta actúa y el modo en que son interpelados, construidos e incluidos sus principales beneficiarios-destinatarios En este sentido, nuestro interés radica en la manera en que estas políticas públicas interpelan a ciertos sectores excluidos de la sociedad, para lo cual el estudio de los cuerpos normativos que las constituyen, sus objetivos, sus modos de acción, se funda en la inquietud de advertir las estrategias a las que obedecen y los programas de acción política que sugieren (Foucault, 2009). Buscamos adentrarnos en una interpretación de la política pública que exceda el análisis de la institución que la diseña o implementa, así como también que no se limite a desentrañar la función de la política pública por sí misma. En este trabajo exponemos, por un lado, una breve historización de las políticas de vivienda a nivel nacional desde la segunda mitad del siglo pasado, es decir, el marco general en el que se inscriben las políticas puntuales a analizarse. Y, por otro lado, consideramos específicamente los diferentes modos de interpelación y de constitución de subjetividades de las dos operatorias mencionadas -la MCPS y el Programa MCMV. Políticas públicas, constitución de sujetos y subjetividades Las políticas públicas, como mecanismos de gubernamentalidad 2 , pueden ser concebidas como dispositivos de poder, que interpelan a los sujetos y que a la vez disponen nociones sobre inclusión/exclusión, que contribuyen a reproducir y consolidar estructuras de igualdad/desigualdad. De este modo, este par inclusión/exclusión, permite transparentar las condiciones de (des)igualdad que reproducen las políticas públicas, una de las formas que adopta la operatoria estatal sobre la sociedad. El Estado moderno se define por el hecho de que la población -uno de sus componentes-, es el objeto y el instrumento sobre el que se despliegan las diferentes técnicas de gobierno, que articulan dispositivos disciplinares y de seguridad. En este sentido, Foucault afirma que: “un juego incesante entre las técnicas de poder y su objeto recortó poco a poco lo real y como campo de la realidad la población y sus fenómenos específicos. Y a partir de la constitución de la población como correlato de las técnicas de poder pudo constatarse la apertura de toda una serie de dominios de objetos para saberes posibles. Y a cambio, como esos saberes recortaban sin cesar nuevos objetos, la población pudo constituirse,

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Con gubernamentalidad Foucault alude al “conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (2009:136).

Encuentro de Jóvenes Investigadores Santiago del Estero – 5 al 9 de Octubre de 2010   prolongarse, mantenerse como correlato privilegiado de los mecanismos modernos de poder” (2009: 107).

Concebir las políticas públicas como mecanismos de gubernamentalidad, entonces, supone entenderlas como técnicas de gobierno que interpelan doblemente, en tanto sujeto y en tanto población, de una manera específica. Y teorizarlas como dispositivos de poder 3 supone reflexionar sobre la relación de poder que se establece entre el Estado y los sujetos. De este modo, esa interpelación actúa en un doble juego entre poder y libertad, y es constitutiva de subjetividades específicas 4 . Esta relación de poder “emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él” (Foucault, 1989: 7). De esta manera, entendemos que el Estado moderno occidental dispone una forma de poder individualizante y totalizante y que a partir de las operatorias que implementa los constituye como sujetos en una doble acepción: tanto en el sentido de sujeto a otro por control y dependencia, como en el sentido de un constreñimiento a la propia identidad (Foucault, 1989). Dentro de las operatorias estatales, las políticas habitacionales actúan de un modo particular: disponen sobre el territorio y su organización -y sobre la población que en él se localiza o es localizada-, un determinado régimen o economía de lo urbano. En estrecha vinculación con esto -y en términos específicamente arquitectónicos y de desarrollo urbanopodemos decir que: “la planificación del espacio urbano siempre se ha considerado una de las tecnologías de dominación que tiene que estar continuamente tratando de resolver muy diferentes problemas, entre ellos los vinculados con la inclusión y la exclusión, de visibilidad u ocultación, de libertad o sumisión de los ciudadanos” (Cortés, 2009: 44).

El modo en que estas operatorias estatales centradas en la problemática de la vivienda interpela a los sujetos, entonces, es el modo en que se concibe su inscripción simbólica en la ciudad y en la vida política.

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Estos mecanismos de poder pueden ser concebidos como un “conjunto de procedimientos cuyo papel o función y tema, aún cuando no lo logren, consiste precisamente en asegurar el poder” (Foucault, 2009:16). 4 “Gobernar no sólo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. (…) se incluye un elemento muy importante: la libertad. El poder sólo es ejercido sobre sujetos libres, y en tanto ellos sean libres. (…) En este juego la libertad bien puede aparecer como la condición para ejercer el poder (al mismo tiempo que es su precondición (…)” (Foucault, 1989: 16).

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Breve historización de las políticas habitacionales en la Argentina: la Segunda mitad del siglo XX A finales de la década del sesenta y en la década del setenta en nuestro país -durante los gobiernos “de facto”- se acentuó la precarización de gran parte del sector trabajador como consecuencia de la redefinición del modelo económico y el derrumbe del “Estado benefactor”. Una de sus manifestaciones es el desplazamiento de los sectores más empobrecidos hacia las periferias de las grandes urbes y el aumento de los asentamientos precarios y villas. Parte de la política habitacional supuso la creación, en 1972, del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) 5 que se comportaba, junto con la política crediticia del Banco Hipotecario Nacional (BHN), como un mecanismo estatal que interpelaba a los sujetos como “beneficiarios” en la adquisición de un “plan”. Es decir, como sujetos pasivos frente al Estado, que otorgaba el beneficio a quienes cumplieran con los requisitos establecidos 6 y que, por otro lado, los hacía depender de su capacidad de ahorro para acceder a la vivienda. En los ´80 se profundiza este modelo de política habitacional que focaliza la asistencia según el nivel de ingresos y la capacidad de ahorro de los destinatarios. En la década del ´90 se aplicaron medidas de desregulación y descentralización económica y política y de reducción del gasto social; lo que supuso la apuesta al Estado mínimo y al mercado como regulador de la economía y la vida social. Este modelo trajo como consecuencia la precarización laboral y la profundización de la situación de desempleo, que significaron el empeoramiento de las condiciones de vida -y vivienda- de un creciente número de población. Estos se vieron nuevamente expulsados de la ciudad, ya que sólo tenían la posibilidad de habitar las zonas periféricas, con escasos y nulos servicios, conformando así nuevos asentamientos precarios y villas miseria 7 .

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Fue creado en 1972 por ley Nº 19.929 y puesto en marcha recién en 1977 con la intención de generar viviendas para la clase trabajadora a través de un aporte entre los trabajadores y la patronal. El FONAVI “representó uno de los hitos más importantes de la política habitacional argentina. Tanto es así que, a partir de 1977, la mayor parte de la producción pública de vivienda va a depender del Fondo y en 1981 éste cubría el 95% del total” (Facciolo, 2004: 2). En 1972, el Fondo se conformaba con la gravación de 2,5% de las remuneraciones a cargo del empleador y el gravamen de 1,5% sobre la venta de ganado vacuno a faenar; la ley 19.929 es modificada por ley 21.581/77, por la cual el Fondo pasa constituirse por el 5% de las remuneraciones a cargo del empleador, público o privado -con lo cual se amplió considerablemente-. En 1980 hubo una nueva modificación: por ley 22.293 se derivó además el 20% de los aportes de los trabajadores autónomos (Facciolo, 2004: 2). 6 Entre los rubros comprendidos por el FONAVI están: “la construcción de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes” (Ley 21.581). 7 “Se estima que en 1991 alrededor de 3,6 millones de familias, es decir el 40% del total del país, habitaban viviendas no satisfactorias, aunque el 70% de las mismas podrían ser consideradas recuperables” (Facciolo, 2004: 1).

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En este período el FONAVI sufrió una profunda reestructuración 8 , al igual que la política crediticia del BHN 9 que está claramente dirigida a los sectores que pueden afrontar los préstamos. Por otro lado, se descentralizó la administración de recursos hacia gobiernos provinciales y locales -a través del BHN- favoreciendo la atomización y diversificación de la operatoria. Aunque permitió a las provincias una disposición más libre de los recursos, esto tuvo como consecuencia el diseño de políticas habitacionales localizadas, aisladas y carentes de articulación. De este modo, se operó la transferencia de la construcción de la vivienda social del sector público al sector privado, disminuyendo cada vez más los recursos estatales destinados a la vivienda social. El Estado restringe sus responsabilidades al mínimo y se convierte en un facilitador o gestionador de soluciones (De la Vega y Hernández, 2010). En este período, además, el Estado comenzó a implementar respuestas inmediatas en materia habitacional -que, de la misma manera que las restantes políticas sociales, procuran dar respuesta a las situaciones más urgentes- dirigidas a los sectores en condiciones de urbanización precarias. Esto se llevó a cabo a través de programas destinados a mejorar las condiciones de vivienda, financiados con capitales internacionales así como también con aportes provinciales y municipales (lo cual no hizo sino acentuar la descentralización). El efecto negativo de las políticas económicas neoliberales aplicadas durante la década del ´90 cristalizó en la crisis económica, política y social de 2001-2002. Para este momento, tanto en Argentina como en Latinoamérica en general, más de la mitad de la población se encontraba en condiciones de pobreza o indigencia, de la cual un 75 % habitaba zonas urbanas. En el marco de la reactivación económica desde el año 2003, tuvo lugar un aumento del precio de los terrenos urbanos y los inmuebles, lo que hizo aún más difícil el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos. En este nuevo contexto, se prioriza la obra pública de atención a la vivienda como generadora de trabajo y estrategia de inclusión social, inspiradas por un enfoque promovido desde organismos internacionales de financiamiento10 8 Cambió el origen de sus fondos al eliminarse el impuesto al trabajo y reemplazarse con fondos privados más un aporte fijo y mínimo del Estado, proveniente de un impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural. 9 Si bien sus políticas se dirigieron tradicionalmente a los sectores de ingresos medios a través de la emisión de cédulas hipotecarias que se negociaban en el mercado de capitales, a partir de las reformas del ’90 se modifica su Carta Orgánica para transformarlo en un banco mayorista con la intención de lograr un mayor nivel de recuperos y en 1998 se privatiza el manejo de su cartera. Aunque estas modificaciones apuntaron a atraer hogares de ingresos medios sin vivienda, el umbral de acceso para la adquisición de préstamos establecido es demasiado alto y los hogares que pasarían este corte sólo es del 35% (Cravino, et. al., 2002). 10

Las políticas son diseñadas a nivel Nacional, a través de préstamos de organismos internacionales y acuerdos marcos entre los bancos y las dependencias provinciales. Ejemplos de estos programas son: “Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones”, préstamo del BID (OC-AR

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que dejan de lado la visión tradicional sobre la carencia de vivienda para pasar a adoptar un “abordaje integral” de la pobreza (De la Vega y Hernández, 2010), la inseguridad y la gobernabilidad urbana. De esta manera aumentan los fondos nacionales adicionales y la definición de nuevas fuentes, incorporando a la descentralización provincial una fuerte presencia nacional. La política social kirchnerista busca legitimar un discurso que se presenta como opuesto al neoliberal de la década de los `90. Es decir, intenta dejar atrás el asistencialismo y la focalización, para dar paso a una nueva concepción de la política social, ya no vista como una mera asistencia estatal que emerge en situaciones puntuales y como estrategia de contención de determinados grupos, sino como un derecho ciudadano para cualquier habitante. Así, en la terminología, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ya no se refiere a los beneficiarios de los planes sociales como tales, sino como sujetos de derecho, entendiendo que la inclusión social en todas sus dimensiones (alimentación, vivienda, salud, etc.) es un derecho humano fundamental (Brandán Zehnder, Hernández y Monte, 2010; Fernández Wagner, 2006: 2). En este contexto se enmarcan las políticas habitacionales de la provincia de Córdoba que son objeto de nuestro estudio, en tanto suponen operatorias tanto de distribución del territorio, de regulación de la población y de constitución de específicas subjetividades a partir de su interpelación. En los apartados que siguen desarrollaremos dos operatorias estatales específicas de la Provincia de Córdoba: la Mesa de Concertación de Políticas Sociales y el Programa “Mi Casa Mi Vida”.

La Mesa de Concertación de Políticas Sociales: los sujetos como interlocutores válidos Durante la primera mitad de la década de los ’90, las actividades y reclamos de diferentes organizaciones barriales y de las villas de emergencia en la capital cordobesa -nucleados en la Unión de Organizaciones de Base para los Derechos Sociales (UOBDS) 11 -, lograron la 1118) con el Gobierno nacional, se aplicó entre 1998 y 2000 en Chubut, Santa Fe, Corrientes; “Programa Rosario Hábitat” ejecutado desde 2001 en esa ciudad y que constituye la primera financiación directa del Banco a una ciudad en Argentina (OC-AR 1037); el “Programa de Erradicación de Villas de Emergencia y Asentamientos Irregulares” aplicado en San Juan a partir del año 2004, con apoyo del Gobierno nacional a través del Plan Federal de Emergencia Habitacional (más conocido como “Techo y Trabajo”); el “Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas, Núcleos Habitacionales Transitorios y Barrios Carenciados” en la ciudad de Buenos Aires a partir de 2005 y establecido por ley 148 de la Ciudad Autónoma. “Programa de Rehabilitación para Grupos Vulnerables” conocido como “Mi Casa, Mi Vida” de la ciudad de Córdoba (Brandán Zehnder, Hernández y Monte, 2010). 11

Es una unión que agrupa diferentes y numerosas organizaciones de base, conformándose como un espacio de discusión y acción política. Para una historización detallada véase Cerda López y Job (2008). “Historia del movimiento de Unión de

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institucionalización 12 de la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, que funcionó de manera permanente desde 1992 hasta 1996, año en que cambió el criterio de funcionamiento y la periodicidad en los encuentros, afectando directamente el papel que desempeñaba en la formulación y ejecución de las políticas de vivienda. Esta operatoria fue un espacio de articulación entre distintos actores: la UOBDS, el Estado Provincial, el Estado Municipal de Córdoba y cuatro organizaciones no gubernamentales de la Provincia: Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS), el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), el Servicio de Promoción Humana (SERVIPROH) y la Mutual Carlos Mugica. La MCPS funcionó como una instancia de planeamiento general de políticas sociales, con una prioridad hacia las políticas de hábitat. Se encargaba del diseño de varios aspectos de las mismas: “el monto de la inversión, el perfil de las comunidades que serían beneficiarias y los aspectos del programa a priorizar en cada etapa” (Mateo, 2000: 70). Como operatoria estatal, la MPCS actuó en un doble sentido. Por un lado ligó el acceso a la vivienda de los destinatarios de la operatoria con la concepción de los mismos como artífices de la misma; capaces de intercambiar propuestas y desempeñarse como sujetos activos en el proceso de diseño y ejecución. De esta manera, entendemos que se los interpeló como interlocutores válidos, reconociendo sus discursos, sus reclamos y un espacio en la delineación de posibles soluciones. Su palabra fue contada como “apta para enunciar lo justo (…) una palabra que no expresa meramente la necesidad, el sufrimiento y el furor, sino que manifiesta la inteligencia” (Rancière, 1996: 37-39). El reconocimiento de que la palabra de los destinatarios no expresa sólo la necesidad –lo cual los interpelaría como meros beneficiarios de la asistencia estatal– sino su capacidad propositiva los constituye en ese acto como sujetos activos. Por otro lado, la institucionalización de la MCPS fortaleció una serie de redes de movilización, marcando la experiencia sensible e identitaria de las numerosas organizaciones de base que nucleaba la UOBDS, y consolidó a estos colectivos como verdaderos actores sociales. El eventual curso de acción seguido por la MCPS constituyó “un intercambio de recursos disponibles, materiales o simbólicos” (Mateo, 2000: 71), reconociéndose en los vecinos organizados la capacidad de movilizarse. De esta manera, las organizaciones de base son contadas como interlocutores válidos, de modo que el poder individualizante que ejerce la

Organizaciones de Base para los Derechos Sociales (UOBDS)”. En: En el llano todo quema: movimientos y luchas urbanas y campesinas en la Córdoba de hoy. Córdoba: EDUCC. 12 A través del Decreto Provincial 1717/94, en el marco del entonces Ministerio de Desarrollo.

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operatoria estatal sobre los sujetos, en alguna medida retrocede. Sus reclamos pasan a estar dentro del marco de lo atendible, ya que su palabra ha sido reconocida como autorizada. Así, entran simultáneamente en la dimensión de lo contable, los habitantes de los asentamientos precarios y los actores colectivos, lo que significó un corrimiento en la frontera inclusión/exclusión, igualdad/desigualdad, en fin, en la partición de lo sensible. En la creación de esta Mesa, el Gobierno de la Provincia de Córdoba mostró claras diferencias con el nivel nacional, dado a la inédita institucionalización de la relación entre el Estado y las organizaciones de base: se dejó de concebir a estos destinatarios, pobladores de barrios y asentamientos precarios, como seres que no hablan. Como resultado de esta dinámica de acción que se desarrolló entre 1992 y 1996, muchas personas de bajos recursos lograron satisfacer sus necesidades básicas en varios ámbitos 13 . Principalmente, sus beneficios se reflejaron en el reconocimiento objetivo de las necesidades que nucleaban a la UOBDS, y las capacidades para realizar demandas acompañadas con propuestas que intentaban modificar el orden actual de las cosas. La institucionalización de la MCPS supuso la articulación de de diferentes actores sociales cuya palabra manifestaba demandas y necesidades de distintas grupos vulnerables. La forma en que la operatoria estatal interpeló a los sujetos –tanto colectivos como individualesreconoció en ellos su capacidad de proponer e interferir en los asuntos que los involucraban. La instrumentación de esta clase de soluciones permitió, entonces, ensanchar el universo de lo atendible al concebirlos como interlocutores válidos y al incorporar sus demandas como objeto de interés público.

El Programa Mi Casa Mi Vida (MCMV). Sujetos pasivos: interlocutores no válidos En el año 2001 el Gobierno Provincial declaró por decreto la emergencia hídrica y social a raíz de la intensidad de las lluvias y la consecuentes inundaciones de diferentes sectores de la Ciudad de Córdoba durante los años 1999-2001. Por el mismo, autorizó al Ministerio de Obras Públicas a emprender acciones dirigidas a “…asegurar la defensa de la comunidad y al restablecimiento de la normalidad social, como así también para prevenir y/o atenuar los efectos dañosos de las aguas…” 14 .

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Para un estudio más detallado sobre los logros de la Mesa de Concertación de Políticas Sociales, dirigirse a Mateo (2000): “La Mesa de Concertación de Políticas Sociales de Córdoba. Una experiencia de negociación entre múltiples actores”. Revista América Latina Hoy N° 24, Abril de 2000. 14

Decreto Provincial nº 2565/01.

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Esta voluntad de respuesta a la situación de precariedad habitacional de los sectores de la población afectados por tales inundaciones se concretó recién en el año 2003 con la implementación del programa Mi Casa Mi Vida (Elorza, 2009) definido a partir de los lineamientos, y el financiamiento mayoritario (íntegro, una vez que el plan toma escala) del Banco Interamericano de Desarrollo. Se opera en un en una planificación de amplio alcance (12.000 viviendas previstas, y alrededor de 8.000 efectivamente construidas) con un prototipo de vivienda mínima (Buthet, 2007). El principal objetivo del plan es “contribuir al mejoramiento integral del hábitat y las condiciones de vida de las familias beneficiarias” (Elorza, 2009:2) 15 , y erradicar las villas de emergencias de zonas potencialmente inundables. A partir de estos objetivos, el documento formal de la operatoria estatal16 configura el plan de ejecución a partir de dos componentes: el de Rehabilitación Habitacional (que incluye el “Acompañamiento social” de los sectores ‘trasladados’) y

el de Recuperación del pasivo Ambiental. Dada la situación de riesgo

señalada, el Programa no afrontó fuertes dificultades con los beneficiarios en esta etapa (Buthet, 2007). Posteriormente, sin embargo, su aplicación se extendió a otros asentamientos con deficiencias habitacionales, con un criterio para la inclusión mucho más amplio

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transformándose de hecho en un programa de erradicación de asentamientos precarios, en especial de los situados en el área central y peri-central de la ciudad. Las características de esta segunda etapa -no del todo ausentes en la primera- son: la compra de grandes parcelas de tierra urbana en áreas periféricas 18 ; la licitación de construcción de grandes conjuntos habitacionales y el traslado más o menos compulsivo de los habitantes de varias villas de emergencia, siempre sin la participación de los beneficiarios ni de las organizaciones que los agrupaban (Buthet, 2007). 19 De este modo, el plan MCMV se transforma en una de las operatorias más amplias emprendidas por el Estado provincial en materia habitacional, y significó así un retorno a las políticas de vivienda tradicionales en la Argentina, donde el Estado compra grandes lotes de 15

La cita corresponde al Reglamento operativo del Programa Mi Casa Mi Vida – Gobierno de la Pcia. de Córdoba y BID. Córdoba, 2003. p 6. pero por la imposibilidad de acceder a tal documento, nos remitimos a la cita que hace la autora. 16 Reglamento Operativo/Contrato del Préstamo 1287/ OC-AR 17 El gobierno de la provincia llegó a acuerdos con los habitantes de otros asentamientos en base a distintos criterios como por ejemplo la posesión previa de las tierras. 18 Buthet observa en esta segunda fase “…la tendencia a comprar superficies extensas de tierra donde [se] concentra en un punto periférico de la trama urbana un “enclave” (…) de población pobre, lo que (…) crea serios problemas de integración social y alta conflictividad (Buthet, 2007). 19 Para un análisis más profundo de los ciclos de conflicto relativos a la implementación del plan, véase Gallo y Graglia, (2010) “De la villa al barrio: Luchas sociales en la implementación del plan Mi casa mi vida”, Congreso Internacional “Profundizando la democracia como forma de vida”, Rosario, Mayo de 2010. Disponible en www.llanocordoba.com.ar.

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tierra en las ciudades, planifica y ejecuta planes de vivienda e infraestructura y asigna luego las mismas a ‘los beneficiaros’ individuales (Buthet, 2007). Al momento de implementación de este plan, no existía una instancia de articulación masiva y cohesiva de organizaciones de base, como fue la UOBDS en los años ‘90 20 , con la consecuente inexistencia de una movilización social organizada de amplio alcance orientada a la problemática habitacional. Esta forma específica de operatoria estatal actuó sobre una población que no se encontraba organizada y movilizada. Esto tiene como consecuencia un modo particular de interpelación que concebía sujetos aislados cuya palabra sólo era capaz de enunciar las necesidades y no como sujetos proposititos. Se los privó de este espacio de intercambio y se los constituyó en ese despliegue estatal como meros beneficiarios de la asistencia, es decir, como sujetos pasivos. Se actuó sobre la emergencia, la urgencia, lo mínimo e indispensable para la supervivencia. La privación de la posibilidad de intercambiar propuestas/diseños para la solución de la problemática habitacional los desplazó del plano de los interlocutores válidos. De esta manera, cualquier necesidad que desbordara la vivienda mínima ofrecida, no encontraba un espacio de discusión posible. Esa palabra no contaba, no era legítima ni reconocida como voz autorizada para demandar y/o proponer. El PMCMV reconoció en sus destinatarios una necesidad -habitacional- dando a esta una respuesta mínima y focalizada; y, a su vez, desconoció las particularidades de los diferentes sujetos involucrados. La forma de interpelación de esta operatoria estatal constituyó sujetos pasivos, beneficiarios asistidos; lo que supuso la imposibilidad de los destinatarios de proponer y hacer valer su palabra en la búsqueda de soluciones posibles.

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En realidad, la UOBDS no desaparece abruptamente, pero sí deja de tener incidencia en la escena política. Esto se da a partir de su debilitamiento y posterior fragmentación. Para un análisis más detallado del tema léase Gallo, Graglia, op. cit.

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