La participación y la gestión estratégica. Aspectos dinamizadores para las transformaciones territoriales y agropecuarias en Cuba Antonio Suset Pérez1, Hilda Machado Martínez1 y Taymer Miranda Tortoló1

Resumen El contexto rural y el sector agropecuario latinoamericanos han estado sometidos a transformaciones asociadas a cambios tecnológicos, organizativos, demográficos entre otros, que condicionaron situaciones agroalimentarias para satisfacer las demandas de grandes ciudades y la agroindustria. Ello trajo consecuencias fatales con el desmedido uso de fertilizantes químicos y maquinarias. En el caso de Cuba, el sector agrario también experimentó considerables transformaciones, vinculadas a los avances científico-técnicos, los cuales se interrumpieron a partir de la crisis económica y agroalimentaria soportada por el país a finales del siglo XX, ello exigió el uso de nuevas fórmulas y enfoques, para el análisis de las problemáticas, la proyección de los cambios y la implementación de políticas y decisiones, que promueven una mayor participación de los actores. Con este trabajo se realiza una aproximación, al estado del arte, sobre la participación social y la gestión estratégica, de utilidad para el reconocimiento de las complejidades de los cambios en marcha; también se da cuenta de la importancia de las transformaciones requeridas, a partir de la evolución del sector agropecuario y de la perspectiva de desarrollo territorial-local para el país, donde el Programa de Desarrollo Integral Municipal se perfila como una alternativa viable sustentada en la Implementación de la Planificación Estratégica Participativa con planes de acción a mediano y largo plazos. Palabras clave: Transformaciones agropecuarias, desarrollo territorial-local sostenible.

Equipo de trabajo de la Línea de Investigación sobre Desarrollo Agrario y Local Sostenible de la Estación Experimental “Indio Hatuey”, perteneciente a la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (UMCC); Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES). Correo-e: [email protected]; [email protected] 1



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Abstract The Latin American rural context and livestock production sector have been subject to transformations associated to technological, organizational, demographic changes, among others, which conditioned agricultural and food situations to satisfy the demands of large cities and the agricultural industry. This brought about fatal consequences with the excessive use of chemical fertilizers and machinery. In the case of Cuba, the agricultural sector also experienced considerable transformations, linked to the scientific and technical advances, which were interrupted from the economic, agricultural and food crisis suffered by the country at the end of the 20th century, this demanded the use of new formulas and approaches, for problem analysis, change projection and implementation of policies and decisions, which promote higher participation of actors. With this work the state of the art about social participation and strategic management is approached, which is useful for acknowledging the complexities of ongoing changes; an account is also made of the importance of the required transformations, from the evolution of the livestock production sector and the perspective of territorial-local development for the country, where the Integral Municipal Development Program is profiled as a viable alternative supported by the Implementation of the Participatory Strategic Planning with action plans. Keywords: Livestock production transformations, sustainable territorial-local development. Introduccción En las últimas décadas, en Latinoamérica, comenzaron a gestarse nuevas propuestas en el ámbito del desarrollo: rural sostenible, territorial y local, paradigmas que emergen como consecuencia de la inviabilidad de las estrategias de desarrollo anteriormente implementadas en la región, provocado por causas políticas –auge de las estrategias neoliberales-; tecnológicas –crisis del paradigma centrado en la agricultura convencional y revitalización de saberes y prácticas propios de la agricultura campesina-; crisis ambiental; insuficiencia agroalimentaria; entre otros aspectos que impactan en las formas tradicionales de concebir la agricultura y su papel en las sociedades modernas. Las políticas neoliberales impuestas en la región, desde finales del siglo XX, no han podido resolver los problemas de la pobreza rural, las inequidades, la naturaleza excluyente de los procesos de desarrollo vigentes y el deterioro ambiental. En este

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escenario, es necesario asegurar que las acciones que se implementen en pos del desarrollo, puedan transformar radicalmente las prácticas vigentes, que permita la gestión de un modo de vida sostenible, fundamentalmente para los habitantes y trabajadores rurales. Con relación a Cuba el desarrollo socioeconómico, posterior al triunfo de la Revolución, se concibió a partir de la atención simultánea a las problemáticas económicas y sociales que se reflejaron en medidas encaminadas a lograr la redistribución inmediata de los ingresos, a favor de los trabajadores y los grupos marginados, que constituyó el primer rasgo de desarrollo humano reconocido para el caso cubano. Sin embargo, con el transcurso del tiempo las dificultades en la planificación y organización, las condiciones objetivas existentes en la utilización de recursos naturales y materiales, y las cuestiones subjetivas asociadas a las diferentes formas de organización para la gestión de los procesos productivos, entre otros aspectos, limitaron la obtención de resultados favorables, a pesar del empeño del Estado cubano y del sector agrícola estatal. Al respecto, las transformaciones tenían la finalidad de respaldar la diversificación de las formas de organización y producción, aspecto que propició la comprensión sobre la importancia y viabilidad del desarrollo en los diferentes territorios del país2; por lo que en la actualidad se dan pasos oportunos para otorgarle al municipio el papel que le corresponde en la toma de decisiones. A este respecto, el gobierno municipal, además de ejercer sus funciones propias, debe coadyuvar a la realización de los fines del Estado. En este contexto, la perspectiva de la agricultura municipal debe permitir espacios para la sostenibilidad de los procesos productivos, los cuales pueden ser ubicados en la lógica del territorio y no en programas más amplios como los provinciales y nacionales. En este sentido, con este trabajo se realiza una aproximación, al estado del arte, sobre la participación social y la gestión estratégica, de utilidad para el reconocimiento de las complejidades de los cambios en marcha; también se da cuenta de la importancia de las transformaciones requeridas, a partir de la evolución del sector agropecuario y de la perspectiva de desarrollo territorial-local para el país, donde el Programa de Desarrollo Integral Municipal se perfila como una alternativa viable sustentada en la Implementación de la Planificación Estratégica Participativa con planes de acción a mediano y largo plazos. Méndez y Lloret (2007) explican que a partir del quinquenio 1986-1990 se trasladaron a las asambleas municipales y provinciales la discusión del plan económico; no obstante, diversos factores impidieron la integración territorial del plan económico; entre estos sobresalió la falta de cooperación entre los organismos de un mismo territorio, lo cual dificultó un mejor aprovechamiento de los recursos y las potencialidades de cada zona; otro factor fue la ausencia de un procedimiento y de una organización estable en la elaboración de los planes en cuanto a cifras y estadísticas adecuadas. 2



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La participación y la gestión estratégica como alternativa para la sustentabilidad en la implementación de cambios En este epígrafe se pretende dar cuenta del estado del arte sobre la participación social y la gestión estratégica, reconocer la importancia de ambas en las transformaciones que se requieren a nivel territorial y, al mismo tiempo, hacer referencia a su utilidad para la efectividad de los cambios en el contexto rural y agroproductivo. En la literatura reciente (Fracasso, 2000; González y De Cambra, 2004, Sotolongo, 2004; Malgesini, 2005) se reconoce que la participación social puede constituir un elemento dinamizador de las prácticas normales de ordenamiento territorial, a partir de la incidencia en la toma de decisiones, fundamentalmente para el manejo de los recursos naturales y la gestión del desarrollo comunitario. Sin embargo, autores como Martín (2004) y Brenes et al. (2009) consideran, además, que la participación es un proceso de relación entre los empleados y los empleadores que debe aumentar la eficiencia y la motivación, con la generación de buenas relaciones laborales, una mejor comunicación organizacional y la distribución del poder. Algunos autores como García Canclini (1982) y Recabarren y Aubry (2005) reconocen que la participación implica un componente de espontaneidad, a partir de que surge desde las propias comunidades y grupos sociales, se centra en la solución de los problemas que los afectan, a partir de los recursos disponibles y de la toma de decisiones en función de ello. Obviamente en este proceso intervienen los aspectos relacionados con la cultura popular y la producción material, como elementos en los que se sustenta la participación. Al respecto, González y De Cambra (2004) defienden que la participación activa sustenta la democracia cultural en el complejo proceso de construcción de la vida individual y colectiva de la población, cuestión de gran validez en el contexto rural. Sin embargo, la participación de los individuos en las decisiones de la sociedad rural es clave para garantizar su plena expresión y desenvolvimiento, a través de un conjunto de canales que posibilitan compartir el poder y la toma de decisiones (Francés y García, 2002:4) y sobre todo gestionar la vida económica y productiva. De ahí que la participación de la localidad en el diseño, ejecución y control de las políticas en las que es receptora, colabore en la dignidad de las personas fomentando en ellas la proactividad, con una disminución del paternalismo estatal. Un aspecto asociado a la participación es la gestión estratégica de los procesos, la cual según CEPAL (1999), Ramió (2001) y Pons (2001) ha cobrado gran importancia en las últimas décadas a partir de la expansión del neoliberalismo, la

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globalización y la informatización de la sociedad, esencialmente por su impacto en la limitada eficacia y eficiencia en relación con el papel del Estado en la solución de las demandas de la sociedad; aquí también se reconoce que la limitada participación social obstaculiza la gestión estratégica e igualmente las limitaciones en la gestión se sustentan en la insuficiente participación. Ramió (2001) argumenta además que la nueva gestión está orientada a incrementar la eficacia y la eficiencia de la administración. La gestión estratégica requiere, en los actuales procesos de globalización, de una población con un alto nivel cultural que le permita la participación y la asimilación del progreso científico-técnico, la flexibilidad de políticas económicas y otras para introducir cambios en su estructura económica, y el acceso a suficientes recursos financieros para el financiamiento de estos procesos, entre otras condiciones (Pons, 2001:7). Con relación a la gestión estratégica, en el caso cubano, se aprecian potencialidades reales, en las condiciones mencionadas, para la efectividad en el logro de los objetivos que ésta persigue; ello es posible si se acompaña de procesos de participación real. Esta ha de concentrarse en dos componentes básicos: la economía de medios y la efectividad de resultados. Al respecto, la gestión de gobierno a nivel territorial en Cuba está concebida desde su reglamentación con esta óptica, aunque en la práctica social existen componentes que la deforman, los cuales pasan por limitaciones para la integralidad de los procesos y la articulación de los diferentes actores a nivel territorial. Al reflexionar sobre los elementos expuestos, se considera que las actuales reformas dentro del sector agropecuario cubano implican la concepción de una economía mixta agraria, con implicaciones en el reconocimiento y la apertura del mercado, la puesta en práctica de un sistema integral, dinámico y coherente de incentivos a los trabajadores y los productores agrícolas. En este sentido se requiere generar espacios más amplios de participación social y mayor efectividad en la gestión de los procesos, relacionado con lo que se explica: Como se aprecia, existen diferentes perspectivas, definiciones y análisis sobre la participación y la gestión estratégicas; sin embargo, ambos referentes teóricos son de utilidad para el presente trabajo, a partir de que con la variabilidad con que se representan, igualmente se manifiestan en las dinámicas de los procesos productivos, en el caso de la participación social, y en la lógica de intervención del gobierno tanto en la canalización de información como en la relación con otros actores dentro del contexto municipal cubano, referido a la gestión.



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Breve referente sobre la evolución del sector agropecuario cubano En este acápite se realiza una aproximación al conocimiento de la evolución del contexto agropecuario cubano, para facilitar la comprensión de los cambios experimentados, que justifican la necesidad de los cambios que se implementan. Como es sabido, a partir de los años sesenta del siglo pasado, se desarrolló una revolución tecnológica en el sector agropecuario, la llamada Revolución Verde, que influyó en las estrategias utilizadas para revitalizar el agro cubano. La modernización agrícola acarreó el uso de tecnologías de altos insumos importados de la ex Unión Soviética. El costo de la técnica agrícola soviética era superior a la media mundial, lo que introdujo un aumento de los costos de producción y en la aceleración de las importaciones de los bienes intermedios, piezas de repuestos y combustibles (González, et al. 2004). La agricultura de consumo interno y la exportadora entraron en contradicción al tenerse cierta preferencia por la exportación, provocando una peligrosa contracción de consumo interno. Esta priorización junto con la caída de los precios relativos externos, privilegiaron la importación y consumo de alimentos foráneos en contra de los de producción nacional. En la etapa que se menciona existieron condiciones objetivas que favorecieron la inserción de nuestro principal renglón exportable históricamente, el azúcar de caña. En este escenario influyó también la aplicación de tecnologías y estrategias de cultivo del modelo clásico, expresión del paradigma convencional de agricultura tal y como se desarrolló en EEUU, la URSS y otros países desarrollados (Averhoff y Figueroa, 2001). Por razones objetivas también, este fue el camino seguido por Cuba. El paradigma de desarrollo expuesto, en el agro cubano, y la influencia de la situación internacional apresuraron la interrupción del proceso. Con el comienzo de la crisis económica y agroalimentaria de los años noventa, que constituyó la razón coyuntural, aunado al agotamiento y crisis posterior del modelo económico implementado a partir de 1976, como causa de fondo, se explica la necesidad de la reforma general y de la agraria en particular (Figueroa, 1998). Lo expuesto evidenció la necesidad de reacomodo de las relaciones entre los sujetos del desarrollo, a nivel territorial, con la finalidad de lograr un proceso sustentable y sostenido como alternativa de solución a la crisis agroalimentaria; Cuba emprendió una transformación agrícola nacional dirigida al amplio uso de prácticas alternativas, y a la aplicación de sistemas alimentarios sustentables (Robert, 1999; Nova, 2009), que aunque no han resuelto la problemática, han probado que pueden funcionar con un mayor impacto en la seguridad alimentaria de la población, a partir de que se facilite la autogestión en el proceso productivo y en la comercialización.

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Se optó entonces, en 1993 por la cooperativización de la agricultura, dando lugar a la formación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), colectivos de trabajadores a los que se les arrienda las tierras de las granjas estatales en usufructo permanente con autonomía sobre su dirección (Deere et al., 1997). Como organización productiva se asemeja a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), de origen campesino, pero difieren en los derechos de propiedad. Con la creación de las UBPC, por iniciativa y acuerdo del Buró Político del Partido Comunista de Cuba3, se da un cambio estructural, en la agricultura cubana, que responde a la profunda crisis económica, y no así a las demandas por parte de los obreros agrícolas (Pérez y Torres, 1998). A pesar de ello, Robert (1999) y González (2009) refieren que se mantiene como objetivo de la política agraria de Cuba garantizar los alimentos básicos necesarios para que la población lleve una vida sana y plena. La implementación de las transformaciones pretendió remodelar el régimen de tenencia de la tierra y el mecanismo de funcionamiento de la economía agrícola en Cuba. Tiene como objetivos básicos la diversificación de las formas económicas de producción y de los agentes productivos, el redimensionamiento de las entidades productivas, la introducción y generalización de la agricultura de bajos insumos y alta densidad de trabajo, la apertura del mercado y la generación de nuevos incentivos capaces de estabilizar y recapturar la fuerza de trabajo necesaria para este sector (Funes, 2009). En la actualidad uno de los retos que enfrenta el sector se asocia a la necesidad de potenciar producciones con prácticas productivas alternativas, de bajos insumos y agroecológicas. Por otra parte, los grandes recursos que el Estado ha invertido en la investigación agropecuaria, no han tenido toda la efectividad esperada en la práctica productiva; este fenómeno no es sólo de Cuba, en América Latina sólo el 25% de los resultados se introducen debido, entre otras causas, al enfoque reduccionista, por especialidad y a la poca o nula participación de los productores agrícolas en la concepción y ejecución de los cambios (Rosset citado por Martín, 2001). Las cuestiones expuestas dan cuenta de la necesidad de la transformación agrícola en pos de la implementación de prácticas productivas alternativas, las cuales han demostrado la insustentabilidad de la agricultura convencional a partir de un menor uso de energía, utilización del potencial productivo a pequeña escala y la no simplificación del ciclo productivo. Ministerio del Azúcar. Dirección Jurídica. Documentos sobre la creación y funcionamiento de las “Unidades Básicas de Producción Cooperativa”. 28 de septiembre de 1993, pp. 1-2. 3



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Desde el punto de vista organizativo, también se comenzaron a implementar acciones que facilitarían la descentralización y la gestión territorial tanto de recursos como de gobierno, trabajo impulsado por algunas instituciones académicas, y otras vinculadas a la ciencia y la tecnología. A pesar de las pretensiones y los avances, en la generalidad de los casos, los procesos continúan siendo centralizados, no implican una participación real de los que laboran ni la integralidad al interior de las entidades para facilitar los incrementos productivos que se necesitan. Considerando todo lo expuesto, se hace inevitablemente necesario potenciar la autogestión de los territorios o localidades y las entidades de base para atenuar la carga del Estado, en la solución de la problemática que éstas enfrentan, y para lo cual se debe facilitar lo que se denomina una concepción integral del desarrollo, aspecto que se perfila materializarse en la implementación del Programa de Desarrollo Integral Municipal (PDIM)4. Lo anterior, unido a la escasez de insumos, justifica la necesidad de potenciar las iniciativas locales para el desarrollo agropecuario por lo que se propone la Planificación Estratégica Participativa como herramienta fundamental que tiene como esencia de la propuesta la participación activa de los actores locales en el diagnóstico, la proyección y la implementación de acciones y proyectos de transformación. La perspectiva participativa permite describir y analizar desde el punto de vista de los sujetos (productores o pobladores) las características y condiciones del contexto donde laboran y residen, incluyendo la identificación de sus problemas y potenciales soluciones, también promueve la toma de conciencia crítica sobre la realidad local y lo que se puede hacer para mejorarla. Aproximación al Desarrollo Territorial en Cuba A partir del triunfo de la Revolución cubana en enero de 1959 se comenzaron a implementar en el país una serie de medidas radicales destinadas a transformar la precaria situación de la realidad social, con especial atención a los grupos sociales en desventaja y a las zonas rurales. Con las leyes de Reforma Agraria (1959 y 1963), se pretendió dar un impulso a la producción de alimentos por la vía del desarrollo agropecuario, al tiempo que se finalizó con el sector capitalista de la Los PDIM forman parte de una experiencia que impulsa el Ministerio de Economía y Planificación, en 10 municipios cubanos, de conjunto con organizaciones de Naciones Unidas, Instituciones Académicas y de Investigación, Gobiernos Municipales, el MINAG entre otros actores, con la finalidad de promover el uso de las potencialidades de los territorios. 4

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economía y se posibilitó la producción estatal en empresas socialistas, entre otros cambios sustanciales que mejoraron aceleradamente las condiciones de vida y de trabajo en el país. A pesar de sus rasgos positivos, este desarrollo tuvo como limitaciones no considerar las variables de tipo sociocultural que intervienen en los procesos de desarrollo, suponer que se trataba de impulsar el crecimiento y que la distribución de los recursos obtenidos sería casi natural, no considerar lo importante de la participación real de los trabajadores y pobladores (Suset, 2004:32), fundamentalmente en la toma de decisiones con relación al territorio, lo cual no pudo definirse como desarrollo efectivo. Con respecto al bienestar de las personas, en algunos casos se fusionaron asentamientos rurales hasta entonces dispersos y se crearon comunidades con la infraestructura mínima necesaria de servicios, con una notable presencia de atributos urbanos. Si bien no ha habido una política específica, estructurada y explícita de distribución espacial de la población, el objetivo último era y es lograr ámbitos territoriales en donde se realicen de manera plena las potencialidades personales y colectivas de los ciudadanos. Al respecto, y a diferencia de la generalidad de los países latinoamericanos, Cuba comenzó a defender la territorialidad en la gestión del desarrollo desde la década de los años sesenta. Pueden identificarse cuatro programas que han desempeñado un papel determinante en la conformación del interés por el espacio territorial-local: la transformación de la producción agropecuaria, la industrialización, la distribución territorial de los servicios sociales y la constitución de los Órganos del Poder Popular en los límites de una nueva división política administrativa, que significó la intención de la descentralización del aparato estatal en todas sus instancias, la concentración de la mayoría absoluta de las actividades económicas y sociales bajo la administración de las instancias inferiores del aparato estatal, es decir de las instancias municipales [...]5 En los últimos veinte años, el esfuerzo del Estado y del Gobierno ha ido en pos del fortalecimiento de estos eslabones territoriales, desarrollándose en particular el nivel provincial en las ramas industriales y de los servicios superiores y el nivel municipal en la presentación de los servicios intermedios y básicos. En este sentido, en el V Congreso del PCC se estableció que la economía territorial debería asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda e instrumentación de soluciones re5



Discurso pronunciado por Raúl Castro, Matanzas, 1974.

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lacionadas con el desarrollo local, en particular a partir de los recursos, la cultura y la tradición de cada territorio. De igual forma complementarían las actividades nacionales sobre la base de las mismas premisas6. Un aspecto relacionado con lo que se explica, y que se visualiza como alternativa y mecanismo viable de solución a la problemática que experimenta la producción agropecuaria, con su consecuente impacto en la dinamización de la economía y la reducción de importaciones, lo constituye la propuesta de transformaciones que se recogen en los Lineamientos de la Política Económica y Social enmarcados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba7. Al respecto, las acciones deben estar orientadas hacia la atención de las causas que se relacionan con la necesidad de cambios sustanciales en la legislación vigente, en la reglamentación de las entidades productivas y en la articulación, en la práctica social, de los actores locales en los procesos productivos, la comercialización y la gestión, que garantice una operatividad funcional a nivel territorial-municipal de la economía. Por otra parte, se pone de manifiesto la necesidad de una proyección estratégica participativa que permita la implementación de planes operativos para el desarrollo agropecuario sostenible. Lo anterior no se da de manera espontánea, para ello se debe facilitar la operatividad en la gestión a nivel local, fundamentalmente con relación a lo económico, lo productivo e identitario. La creación de los consejos populares8, la reorganización de la agricultura (aún en proceso) con la creación de unidades de producción cooperadas dotadas de amplio margen de autonomía operativa en su reglamentación, la apertura de los mercados agrarios locales, la incorporación de ciertas actividades de servicio y artesanales, el fomento de industrias locales de pequeña escala, la implantación progresiva de un sistema tributario, la introducción de tecnologías alternativas para la reducción del gasto energético y material, la gestión ambiental y el fortalecimiento de la administración municipal, entre otras, son líneas estratégicas de 6

Resolución económica V Congreso PCC (octubre de 1997).

En el Proyecto de Lineamientos sobre la Política Económica y Social del país, se reconocen 30 aspectos relevantes que se deben atender en función de la producción agropecuaria y los procesos agroindustriales. Es válido mencionar que en varios de los XII Lineamientos propuestos, se trata de alguna manera lo relacionado con la producción de alimentos, su comercialización y distribución, entre otros aspectos. Se sugiere ver el documento sobre proyecto de Lineamientos al VI Congreso del PCC. 7

La creación de los consejos populares, la más reciente y descentralizada forma de gestión y control de la actividad estatal en el territorio, constituye un órgano de Poder Popular local de carácter representativo al interior de las demarcaciones municipales, que apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el ejercicio de sus atribuciones, con el propósito de acercar a la población a los procesos de gestión. Esta estructura quedó respaldada en el año 2000 por la ley 91. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, julio, No. 6, edición extraordinaria. 8

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desarrollo que encuentran las mejores condiciones para su materialización en los territorios ya estructurados. Al respecto las cuestiones expuestas anteriormente y a pesar de que están amparadas en la legislación, en la práctica social no se han logrado avances sustantivos en este sentido; sin embargo, desde la academia y la investigación existen referentes que apuntan hacia el reconocimiento de la relevancia del territorio como opción de desarrollo. Al respecto, Espina (2006) refiere que la crisis y la reforma de los noventa hicieron emerger con gran fuerza la relevancia del escenario territoriallocal como espacio de heterogenización social, de expresión de desventajas y desigualdades y de toma de decisiones estratégicas. Hernández (2004) plantea que para la implementación del desarrollo económico local, en el caso cubano, se deben considerar varias cuestiones básicas: 1. La ruptura radical con la postura paternalista del nivel nacional de gobierno, que basa el control de los recursos desde dentro de la localidad, y no su provisión desde el nivel nacional. 2. La explotación máxima de las capacidades internas, la promoción del ‘desarrollo endógeno’ a partir del uso de las potencialidades de las instituciones locales, los recursos físicos del área y el capital humano disponible. 3. La evasión de un diseño o planificación externa de la economía local, asumir que una correcta comprensión de los problemas y estrategias no puede ser elaborada por entidades externas a la localidad. 4. El salto desde lo local a lo internacional, sobrepasando el nivel nacional. Apoyar la idea de la apertura del sistema socioeconómico de la localidad, mediante el vínculo directo con actores y mercados internacionales. 5. El establecimiento como prioridades económicas de aquellas que atañen a los beneficiarios directos, considerando la discusión y reevaluación de las estrategias nacionales por los actores locales. 6. La reducción de la intervención gubernamental y la inserción de nuevos actores no estatales; en este caso la función del Estado debe tender a facilitar, creando un ambiente adecuado para que los temas estrictamente económicos vinculados con las localidades, sean delegados a estas.

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Los elementos expuestos tienen como componente sustantivo la descentralización administrativa, para que las transformaciones lleguen a términos favorables. La presencia de la territorialidad en la reforma cubana se presenta como la posibilidad de un desarrollo local con matices no liberales, de un diseño centrado en la equidad como derecho de la ciudadanía y como eje articulador de la política social. Según Espina (2006) el diseño de que se trata enfatiza la descentralización administrativa, la participación comunitaria mediante proyectos locales de transformación, la diversificación de los agentes económicos y la economía mixta y cooperativa, pero manteniendo la hegemonía de la propiedad estatal y el reforzamiento de los programas sociales sobre la base de los servicios públicos comunitarios. El análisis de Espina (2006) puntualiza que la perspectiva del desarrollo local asume la idea del territorio como factor estratégico y, para el caso cubano, se integra a la concepción de desarrollo del país, donde el Estado conserva su capacidad redistributiva y de control sobre la economía, lo que le permite atenuar desventajas, atender situaciones extremas y estimular opciones innovadoras. En el estudio realizado por Deere et al. (1998) en tres municipios cubanos,9 predominantemente agropecuarios, se analizan las diferentes formas y las particularidades en la evolución de las transformaciones territoriales a partir de las características físicas, socioeconómicas y culturales, los tipos de producción y de prácticas productivas, entre otros aspectos. Este estudio hace referencia a la diversidad de actores, de interacciones e instituciones presentes en los territorios, que exige pensarlo y comprenderlo de manera articulada para su funcionamiento. Por otra parte, Suset (2011) en un Estudio de Caso realizado sobre los procesos que inciden en la gestión del desarrollo agropecuario de un municipio, analiza la relación entidad productiva agropecuaria-gobierno municipal, y su influencia en la sostenibilidad del desarrollo del territorio, ante el desafío de las transformaciones que se implementan y donde el municipio se perfila como escenario protagónico; aquí se argumenta la necesidad de superar la visión global-nacional, para la efectividad de las transformaciones que se requieren a nivel territorial, en el sector agropecuario y en el medio rural en general. La perspectiva del desarrollo territorial-local en Cuba, desde la visión expuesta, permite comprender la importancia del municipio como nivel básico para la toma de decisiones, visualiza la necesidad de articular actores y acciones desde una El estudio a que se hace referencia fue realizado en el marco de un proyecto de investigación internacional, en el que se compararon las transformaciones agrarias y las reformas económicas en países socialistas. Los municipios cubanos seleccionados fueron: Güines en provincia Habana, Santo Domingo en Villa Clara y Majibacoa en Las Tunas. Ver libro “Güines, Santo Domingo, Majibacoa. Sobre sus historias agrarias; Ed. Ciencias Sociales (ISBN: 959-06-0363-7). 9

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perspectiva descentralizada y diversa, al tiempo que reconoce la heterogenización a nivel local. Por otra parte, da cuenta de la importancia que tienen las entidades productivas de mayor peso económico y el aporte que pueden generar al territorio, propicia el reconocimiento del papel del gobierno como actor clave en la gestión del desarrollo local, en la generación de estrategias e innovaciones que disminuyan la carga del Estado en la solución de los problemas. Finalmente permite valorar cómo el sector agrícola puede dinamizar las economías locales y la influencia de la articulación de la estructura agraria a otros sectores y al gobierno local, en la garantía y seguridad alimentaria de los territorios. La Planificación Estratégica Participativa como herramienta para la elaboración e implementación del Programa de Desarrollo Integral Municipal (PDIM) La Planificación Estratégica Participativa ha constituido un herramienta viable para concretar acciones de transformación. En este sentido, en este punto se abordan algunos elementos que justifican su utilidad en la proyección de las tranformaciones a implementar. En la actualidad, el Estado cubano actualiza su modelo económico, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos en los ciudadanos. En este contexto, se promueve el Programa de Desarrollo Integral Municipal (PDIM) que tiene como objetivos: a) Potenciar el desarrollo económico-productivo y sociocultural a nivel territorial, mediante el fortalecimiento de la infraestructura que servirá de base al incremento de la producción en general, con énfasis en alimentos, que facilite la generación de ingresos y promueva el desarrollo de la identidad territorial; b) Elevar la equidad social y el mejoramiento de la calidad de vida, a partir del fortalecimiento de la gestión del gobierno, el incremento de la alimentación y los servicios, la generación de empleos, y del sistema de asentamientos como sustento del desarrollo sostenible. El modelo que se propone reconocerá y promoverá, además de la empresa estatal socialista como forma principal en la economía nacional, a las modalidades de la inversión extranjera, las cooperativas, los pequeños agricultores, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran surgir para contribuir a elevar la eficiencia.

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Asimismo, se tendrán como prioridades del Estado y el Gobierno la adopción de medidas, encaminadas a: •

Ponter en explotación las tierras todavía ociosas y elevar los rendimientos agrícolas.

•

Buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener el proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura productiva del país.

•

Otorgar mayores facultades, en los marcos del plan de la economía, a las empresas, e impulsar con efectividad la iniciativa territorial para potenciar su desarrollo económico sostenible.

En el nuevo modelo económico cubano, la descentralización ocupa un lugar primordial, con un papel creciente de los municipios en la toma de decisiones, potenciado en los últimos años por la formulación de estrategias municipales. Otras condiciones que favorecen esta descentralización son el incremento de las formas no estatales de producción y servicios, las transformaciones en la agricultura (gestión municipal, entrega de tierras y prioridad a la sustitución local de importaciones), el nuevo enfoque sobre la vivienda (microminería, producción local de materiales y autoconstrucción, mercados locales de materiales), la desconcentración territorial de la generación de energía eléctrica y la municipalización de la Educación Superior, por lo cual se ha transitado de un enfoque sectorial al territorial; mientras que los municipios poseen recursos y capacidades poco utilizados que pueden generar valor a la población. Es de gran utilidad la planificación estratégica participativa, dado que sirve como recurso metodológico-conceptual que permite definir los objetivos principales a mediano y largo plazo y diseñar las mejores estrategias generales posibles para lograrlos. Ésta se define como el modo de orientar las acciones de una organización o entidad, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que intervienen en él; parte de una situación inicial (resultado del diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria (arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseada. En el proceso de planificación estratégica participativa es necesario prever el accionar de los diferentes actores en el mismo escenario; por lo que es necesario describir y analizar cómo es el contexto en que se desenvuelven las entidades y para ello se deberá tener en cuenta:

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1. Los procesos sociales económicos y culturales que influyen en su desempeño. 2. Los otros actores sociales de esa realidad, los roles y posiciones que juegan los involucrados o no en la organización, sus intereses y comportamientos. 3. Los recursos de todo tipo. 4. Las oportunidades y capacidades específicas de acción, de relaciones e interacciones con otros actores distintos a las organizaciones. 5. Los problemas, dificultades, obstáculos, percibidos o no por las organizaciones que pudieran afectar su funcionamiento. Considerando los elementos anteriores, la planificación estratégica participativa tiene tres grandes momentos •

Diagnóstico de la organización o entidad y su vínculo con el entorno.

•

Confrontar y eventualmente revisar la misión y visión institucional.

•

La formulación del plan estratégico con la proyección de acciones y la implementación de los objetivos operativos.

En tal sentido y con la finalidad de facilitar un proceso de sensibilización, identificación de las problemáticas y fortalezas, se propone la planificación estratégica participativa en función de viabilizar los cambios que potencien la productividad, la integración entre los diversos actores socioeconómicos y la gestión racional de los recursos naturales y laborales. La misma persigue, entre sus resultados, el conocimiento de la realidad de cada territorio, la elaboración de alternativas de desarrollo y una capacidad de respuesta y gestión de su capital social que les permita una concertación efectiva con el contexto interno y externo. A partir de la utilización de los aspectos metodológicos expuestos se aprecia que en la dinámica de los procesos en los municipios con sustento económico en el sector agroproductivo interviene, como elemento sustantivo, el comportamiento social tanto de los agentes externos, los cuales con su intervención contribuyen a transformar el contexto social y productivo de éstas, conjuntamente con los propios pobladores y trabajadores, quienes generan estrategias

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de complemento de ingresos y de paliativo a la difícil situación socioeconómica en que se realizan. Desde la perspectiva de manejo de los recursos naturales es indispensable la concepción, por parte de la localidad y la entidad, de la utilización de estos recursos como de las áreas o espacios comunes, con la finalidad de implementar alternativas que propicien su uso en función de la mejora o desarrollo del contexto. Las entidades productivas, en este caso, son el sustento económico fundamental de su entorno, constituyen el aspecto primordial para el desarrollo de éste y para ello cuentan con fortalezas como constituir, en su interior, una organización social y productiva con infraestructura material, capital social, entre otras. Como oportunidades poseen extensiones considerables de tierras, están enclavadas en un contexto socio cultural específico, donde existe una población ávida de consumo de productos agropecuarios, dificultades para una relación más dinámica con el contexto externo, lo cual facilita y potencia la interacción del componente socioeconómico con el técnico productivo al interior de las localidades. Conclusiones La participación y la gestión estratégica, son referentes teóricos-conceptuales de utilidad para la comprensión de las dinámicas de los procesos productivos y el desempeño del gobierno municipal. Los cambios experimentados por el sector agropecuario, donde se definen periodos marcados por las reformas en cuanto a la propiedad y uso de la tierra, estuvieron acompañados de cambios tecnológicos y organizacionales los cuales se manifiestan en notables impactos en los recursos naturales, en las localidades, en los procesos productivos y en la gente. A pesar de la diversidad de situaciones y de combinaciones de los aspectos que intervinieron e intervienen en el sector agropecuario, lo escaso ha sido la presencia de enfoques participativos y horizontales en la gestión de los procesos productivos, lo cual ha limitado considerablemente el incremento de la productividad y las producciones, situación que aún no se resuelve. La Planificación Estratégica Participativa, en la conformación y elaboración de los PDIM, se perfila como una herramienta para la transformación efectiva, a partir de proyectar lo deseado, considerando las potencialidades y limitaciones identificadas en la proyección, planificación e implementación de acciones que viabilicen las soluciones que demanda la realidad, fundamentalmente del sector agroproductivo y del gobierno municipal.

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