Sección: Política Mundial

La protección del medio ambiente y el derecho al desarrollo Rubén Sánchez David*

La percepción de los problemas ecológicos ha cambiado de forma sensible en los últimos años, no sólo entre los expertos de las organizaciones internacionales y los activistas de los diferentes movimientos ecologistas, sino entre los políticos, los gobernantes y los pueblos. El dilema soberanía o protección del medio ambiente ha sido reemplazado por la consideración de su mutua complementariedad y se consolida la idea de una acción mancomunada a nivel internacional para evitar catástrofes ecológicas mundiales, dado que la polución ambiental no conoce fronteras. Como lo recuerda Francisco Fernández Buey, cuando en 1972 se reunió en Estocolmo, con carácter informativo y consultivo, la primera conferencia mundial sobre los problemas del medio ambiente, la opinión más generalizada tendía a establecer una correlación directa entre los excesos del desarrollo industrial de los países ricos y los distintos tipos de contaminación.

Eran los tiempos de los primeros gritos de alarma, el momento en que el primer informe del Club de Roma llamaba la atención acerca de los límites del crecimiento como consecuencia del agotamiento de algunos recursos no renovables indispensables para la continuidad del estilo de vida de los países altamente industrializados. El descubrir que la naturaleza ponía límites al crecimiento económico y la idea de que, por lo tanto, la civilización expansiva del industrialismo tenía los años contados, fue una desagradable sorpresa para muchos, especialmente para aquellos que comenzaban a transitar por el camino del desarrollo. Por eso, los primeros manifiestos ecologistas fueron recibidos con escepticismo o con indignación por los pobres del mundo. A muchos trabajadores de los países industrializados, los llamados de austeridad de esos manifiestos les parecían una maniobra del adversario de clase para recortar las mejoras arrancadas por los sindicatos en la década de los años sesenta; y a los desheredados del Tercer Mundo, el ecologismo de la autocontención de que hablaban los antiguos colonizadores les parecía un sarcasmo. "El principal problema ecológico de los países pobres, declaró entonces Indira Gandhi, es el hambre"1. La explosión demográfica del Tercer Mundo, la deforestación, la desertización y la erosión de vastos territorios, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la destrucción de

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Director de posgrado en Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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Francisco Fernández Buey, "La ecología política de la pobreza", en El País, Madrid, 9-6-1990.

especies animales y vegetales, la tragedia de Chernobyl y la explosión de la planta de Bhopal en la India dejaron patente que era la humanidad entera la que se estaba jugando su supervivencia. Asimismo, quedó demostrado que el slogan de las primeras reuniones internacionales de Estocolmo, un solo mundo, era no solamente una realidad palpable, sino que los problemas ecológicos y las catástrofes que se asocian a ellos afectan sobre todo a los países pobres. No obstante, si bien es claro que la humanidad vive en un solo mundo, también lo es el que este mundo está cada vez más dividido en dos. Y mientras en los países ricos crece una floreciente industria de productos anticontaminantes, al calor de las protestas ecologistas, en los países pobres que reclaman el derecho al desarrollo en un contexto de desigualdad interregional o interestatal, se conservan modelos técnicos y económicos perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, es evidente que para reducir la amenaza de la contaminación ambiental, es necesario buscar alternativas técnicas innovadoras. Pero también lo es el que en la raíz ética que lleva a propugnar un derecho al desarrollo, se encuentran los valores de solidaridad y de igualdad que suponen la aplicación a los distintos grupos humanos de los mismos derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, que el derecho al desarrollo se descompone, a su vez, en todos aquellos derechos básicos que aseguran a cada individuo una vida digna; a saber, vivienda, salud y educación. Para que los 2

ABC, Madrid, 31-1-1990.

ciudadanos de los países subdesarrollados puedan disfrutar de ellos, necesitan salir de esta situación y, como la comunidad internacional sólo ofrece fórmulas, pactos, tratados y la acción de las agencias especializadas, es únicamente en el ámbito interno de los Estados donde se pueden encontrar las fórmulas jurídicas, necesariamente vinculadas al principio de solidaridad, que permitan una acción positiva de los poderes públicos para disminuir los desequilibrios entre las regiones ricas y las pobres.

Medio ambiente y modelos de desarrollo Después de la Conferencia de Estocolmo, los expertos en diferentes materias interesados en el problema ecológico se siguieron reuniendo en distintos lugares para analizar la evolución de la humanidad y el futuro del planeta. En junio de 1992 lo hicieron en Rió de Janeiro, donde representantes de 170 naciones intentaron definir el rumbo ambiental de la Tierra para el final del siglo y el que comienza, así como elaborar una Carta Magna que preserve el sistema ecológico y asegure un desarrollo sostenido sin irrespetar los intereses de los distintos pueblos. En las reuniones celebradas se han presentado enfoques novedosos y se han formulado propuestas, llegando así a algunos acuerdos. Uno de ellos es el considerar que las actividades de desarrollo que el hombre ha puesto en práctica en las últimas décadas amenazan el futuro de las riquezas naturales del planeta. En otras palabras,

que el concepto occidental de desarrollo es incompatible con la conservación de la naturaleza, lo que significa, en pocas palabras, que las naciones industrializadas son las principales responsables del deterioro ambiental y que la imitación de un concepto de desarrollo, basado en una altísima industrialización, por parte de los países subdesarrollados no puede más que agravar el problema. Se ha llegado también a la conclusión de que la preocupación de los habitantes de un país por salvar y proteger la desgastada naturaleza que va quedando empieza cuando los problemas relativos a la salud, la educación, el desempleo y otros asuntos de carácter prioritario para el individuo están prácticamente solucionados. Como lo afirmara Fernando Martínez Salcedo, director general del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de España: Las reivindicaciones ambientales han estado y están vinculadas a otros factores... Cuando una sociedad tiene cubiertas las necesidades primarias propias de un país desarrollado, entonces se apunta al carro del medio ambiente. Es el vértigo que produce asomarse al borde de un precipicio . En consecuencia, el problema ecológico adquiere connotaciones distintas en los países industrializados y en los países subdesarrollados. En estos últimos, el deterioro de sus recursos naturales está vinculado a la pobreza y a la manera como destruyen su entorno en no de la

supervivencia; a la devastación, producto de catástrofes naturales o inducidas por factores humanos tales como el narcotráfico, responsable de la tala de extensos territorios selváticos. Esta realidad obliga a diseñar políticas diferentes en cada caso. Si bien el daño ecológico de la Amazonia es el tema más difundido en los medios mundiales, es necesario no perder de vista la jerarquía de los problemas en el seno del tema ecológico que, sin duda, está llamado a convertirse a corto plazo en un elemento de competitividad discriminatorio. La deforestación masiva de los bosques, vinculada al cambio climático del planeta y al adelgazamiento de la capa de ozono, no debe hacer olvidar que, como lo ha subrayado la convocatoria a la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Rió de Janeiro "la mayor causa del continuo deterioro del medio ambiente global son los modelos insostenibles de producción y consumo, particularmente de los países industrializados". Se ha insistido en que la inmensa mayoría de vehículos que polucionan la atmósfera con gas carbónico es conducida por ciudadanos norteamericanos y europeos que consumen, también, la mayor parte de los bienes que se producen quemando combustibles derivados del petróleo o del carbón, los cuales generan más gas carbónico y producen lluvia acida. Tampoco puede olvidarse el grave peligro que representa para la humanidad el vertido a las aguas y el bombeo al mar, de ácidos residuales, prohibido por la

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Stuttgarter Zeitung, 2-1-1990. Ibid

Comunidad Europea desde el 31 de diciembre de 1989. Los ácidos residuales contienen ácido sulfúrico, sales de cromo, hierro y otros metales pesados. A título de ejemplo, baste recordar que en 1989 la República Federal de Alemania arrojó al mar 900.000 toneladas de esta venenosa mezcolanza. Dos empresas fueron responsables: Kronos Titán, una filial del consorcio norteamericano NL Chemicals, y la Duisburger Sachtleben Chemie, una filial de la Metallgese-llschaft de Frankfurt. La reconversión de los parámetros económicos e industriales y la estrategia contra la producción de residuos son acciones costosas que alteran la competitividad de algunas empresas. En Europa, la concesión de autorizaciones especiales a ciertos países por parte de las autoridades comunitarias es siempre objeto de agrias polémicas entre los miembros de la CE. Pero son también fuente de pingues ganancias para las firmas que desarrollan nuevas tecnologías y técnicas de reciclaje para posicionarse ventajosamente en el contexto de un crecimiento sostenido que comienza a diseñarse. El concepto de crecimiento sostenido, muy discutido y calificado de impreciso, implica, sin embargo, la intención de usar recursos naturales sin mermarlos o destruirlos. Hoy, la Duisburger Sachtleben Chemie ha aumentado su producción de pigmentos gracias a que su nueva fábrica recicla más ácido residual del que estaba

taba autorizada a arrojar en el Mar del Norte4. Algunos han afirmado que, si hasta hace poco la economía determinaba el medio ambiente, en los últimos tiempos es el medio ambiente el que determina el proceder económico de los pueblos. Esta afirmación no se puede generalizar: tan sólo es válida para aquellos que, "víctimas del vértigo que produce asomarse al borde de un precipicio", están dispuestos a pagar por el medio ambiente en detrimento de otros capítulos y tienen recursos para ello. No se puede negar que los costos económicos de protección a la naturaleza son elevados. Países como México, Brasil, Argentina y Colombia tienen abundantes residuos sin clasificar, insuficientemente controlados y en cantidades inconcebibles, pero carecen del personal y el knoiohow para solucionar este problema, así como de dinero e interés político y público por lo ecológico. Ciudad de México es la urbe más densamente poblada e industrializada del mundo. Las cantidades de residuos que genera son proporcionales a su dimensión. Empero, no se ha desarrollado entre los mejicanos un concepto eficiente y seguro de descontaminación que responda a los retos del entorno. En los basureros mejicanos, como en los colombianos, se mezclan los desechos hogareños con los residuos industriales y de hospitales. Tampoco se ha solucionado el problema de las filtraciones en el subsuelo. En el estado brasileño de Sao Paulo, donde se concentran 57.000 empresas industriales y artesanales —tantas como en la antigua

República Federal de Alemania— las autoridades responsables del medio ambiente disponen tan sólo de 200 personas para el control de este complejo productivo5. En Colombia, el río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, ha dejado de ser fuente de vida, envenenada por afluentes como el río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo. La situación, pues, es diferente de región a región. Como lo afirmara el ex. Presidente Misael Pastrana, "los países ricos tienen mucho para sacrificar en el ámbito de lo superfluo, pero para los pobres cualquier sacrificio es sobre lo esencial"6.

La economía política de la pobreza Como resultado de la toma de conciencia sobre las prácticas depredadoras del modelo de industrialización dominante en el mundo, el mapa de la crisis y de los peligros ecológicos se ha modificado. Mientras en los países industrializados germina una industria de productos anticontaminantes, los principales riesgos han ido desplazándose hacia los países más pobres y las regiones más desfavorecidas. Simultáneamente, los países desarrollados del norte se han hecho ecologistas de puertas adentro mientras compiten cínicamente entre sí a la hora de transferir a los otros lo que eufemísticamente suele llamarse los costos del progreso: los residuos radioactivos, las basuras que nadie quiere, las instalaciones

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industriales potencialmente más peligrosas. De esta manera, "se transfiere a la periferia del imperio, a los márgenes, todo aquello que encuentra dificultades para ser implantado o vendido en el centro de negocios del mismo. Eso es lo que hicieron las transnacionales norteamericanas con los principales elementos de las centrales nucleares a partir del accidente de Harrisburg. Y por esta transferencia de industrias peligrosas para el hombre y para el medio ambiente se explican cosas como las desastrosas consecuencias del accidente provocado por la Unión Carbide en Bhopal"7. Estas prácticas, sumadas a las que derivan de la pobreza y el hambre, producen en los países subdesarrollados consecuencias de magnitudes incalculables. Es así como las selvas y los ríos del Amazonas brasileño, convertido hoy en el centro de experimentación de un tremendo cruce entre el primer capitalismo salvaje y los intereses de las compañías transnacionales, están sufriendo un desastre ecológico de proporciones planetarias, provocado por las más de 200 toneladas de mercurio, agente altamente tóxico, con las que los buscadores de oro o garimpeiros contaminan el medio ambiente al emplear técnicas primitivas para purificar el oro aluvial que extraen del lecho de los ríos o de vetas superficiales de la tierra, técnicas que consisten en quemar el metal aurífero con una amalgama de mercurio al aire libre. La

precipitación del vapor de mercurio y los residuos de amalgama han dejado algunos afluentes del Amazonas hasta 13 veces más contaminados que el Rin. Los expertos estiman que los efectos pueden ser similares a los acontecidos en Minamata, Japón, donde centenares de niños han nacido con malformaciones por envenenamiento con mercurio. En 1989, el entonces presidente del Ibama, la agencia del gobierno que cuida de la preservación de la Amazonia brasileña, Fernando César Mesquita, afirmaba: "los garimpeiros lo están destrozando todo; no son los románticos mineros de antaño con su sartén en la margen de los ríos, sino empleados de grandes compañías cuya maquinaria arrasa todo a su paso"8. Detrás del biocidio de que es víctima la Amazonia, se encuentra no sólo la miseria, sino poderosos intereses económicos en pugna, de compañías mineras y madereras. En la Amazonia brasileña operan empresas norteamericanas, japonesas, alemanas e italianas interesadas en explotar los recursos de la región. Precisamente, con el propósito de limitar la voracidad de las empresas multinacionales vinculadas a la destrucción del bosque tropical, el Banco Mundial se opuso en 1989 a ciertos proyectos económicos, hasta el punto de negar créditos prometidos, argumentando para ello el interés ecológico de la humanidad. Esta medida despertó un intenso debate en torno al problema de si los

Die Welt, Bonn, 12-4-1990. La Prensa, 1-4-1990.Francisco Fernández Buey, "La ecología política de la pobreza", El País, Madrid, 9-6-1990. El País, Madrid, 27-10-1989.

representantes del capitalismo mundial pueden ejercer presión para impedir a un país hacer lo mismo que sus antecesores en Europa y los Estados Unidos. A este respecto, puede pensarse que las presiones al margen del derecho internacional para que un país modifique su política ambiental son ilegítimas, pero que, en la medida en que los problemas ecológicos no tienen fronteras y que los países subdesarrollados también son parte del planeta, es lógico que asuman su cuota de responsabilidad en los problemas ambientales globales. El problema es concebir los mecanismos idóneos y contar con los recursos necesarios para plasmar, en la práctica, el principio de interdependencia planetaria recientemente acuñado por la comunidad internacional. La ausencia de políticas gubernamentales consecuentes con un desarrollo sostenido y el desconocimiento de factores reguladores del medio ambiente pueden redundar en tragedias ecológicas como las que se han visto en las regiones del piedemonte del Caquetá y Putumayo en Colombia, donde los procesos incontrolados de colonización de tierras selváticas para sembrar en ellas cultivos propios de la región andina han roto el frágil equilibrio ecológico. Tragedia similar al impacto ambiental negativo de la marihuana en la Sierra de Santa Marta, donde las quemas para instalar los cultivos ilegales significaron la pérdida de aproximadamente la mitad de bosques que existían en la Sierra al iniciarse la década de los años setenta 9

El País, Madrid, 17-12-1991.

y llevaron al fracaso el proyecto de Ecodesarrollo de la Sierra Nevada auspiciado por las Naciones Unidas, el cual descansaba en la siembra de bosques comunales. Dramas similares o peores se han vivido en algunas regiones del África, donde la transformación de extensas áreas en zonas desérticas ha agravado la situación de importantes grupos humanos. Un ejemplo de los errores cometidos es la transformación de pueblos nómadas en sedentarios, cuyos animales convirtieron extensos territorios en zonas de gravilla, y llevaron a estas poblaciones hacia su extinción, debido a la desaparición de la vegetación, lo cual vuelve inhabitable el entorno. La destrucción del medio ambiente, que contribuye al declive de la agricultura en zonas sujetas a crisis económicas y sociales, ha incidido también en el monstruoso crecimiento de las metrópolis en el Tercer Mundo, convertidas en auténticos infiernos de supervivencia. En 1950, seis de cada siete aglomeraciones urbanas con más de 5 millones de habitantes se encontraban en los países industrializados (excluida Shangai). Actualmente de las 37 urbes con más de 5 millones de habitantes, 25 se emplazan en el sur. La población de Kinshasa se ha multiplicado por 20; la de Lagos, por 30; la de Abiyán, por 35... Sin haber desaparecido la pobreza en las zonas rurales, su presencia se ha desplazado hacia los márgenes de las ciudades, y actualmente, el 85% de los pobres de Venezuela, el 75% de los desamparados de Brasil o el 69% de los indigentes de

México se encuentran agarrados a la 9débil esperanza de las urbes . Millones de personas conciben sus únicas esperanzas de supervivencia en torno a la mendicidad, la pequeña rapiña y la manutención a partir de los desechos. En la actualidad, muchos países que fueron exportadores de materias primas se han convertido en importadores de productos agrícolas y en deudores de las grandes potencias industriales que les invitan a cambiar la ecología por la deuda. En medio quedan las culturas de grupos étnicos minoritarios y la suerte de muchos trabajadores que asisten impotentes a un cambio en sus vidas. Por ello, ha causado regocijo entre los ambientalistas y las organizaciones indígenas del mundo el establecimiento de los parques indígenas Hanomani y Kayapo en Brasil. No sólo se trata de los territorios indígenas más grandes — abarcan cerca del 2% del territorio brasileño, sino de una decisión sin precedentes en este país: de ahora en adelante, cualquier proyecto de explotación deberá hacerse en acuerdo con las autoridades indígenas. Esta política de entrega de grandes territorios a grupos indígenas poco numerosos y dispersos es similar a la recientemente iniciada en Colombia, donde se entregaron durante la administración Barco 18 millones de hectáreas a una población relativamente pequeña y dispersa. Para muchos de los que piensan que proteger el ambiente es detener la marcha del crecimiento, esta política es

absurda. En realidad, no puede afirmarse que estas medidas incluyan todos los elementos necesarios para convertirse en solución duradera al problema social y ambiental de la Amazonia, pero el aceptar que esta región no es en su mayor parte un territorio vacío y reconocer los derechos indígenas es un paso decisivo para acabar con el colonialismo interno, caótico y salvaje. No puede haber una aproximación al tema del desarrollo y medio ambiente sin una referencia a la deuda externa de los países pobres. Ésta, lejos de decrecer en su cuantía, a pesar de las importantes amortizaciones de que fue objeto durante la década pasada, ha aumentado, y los altos pagos de intereses han convertido a los países en vías de desarrollo, particularmente los latinoamericanos, en exportadores netos de capital, y han mermado así su capacidad de crecimiento. Entre 1982 y 1990, la deuda externa de Latinoamérica y el Caribe aumentó de 30 mil millones de dólares a 421 mil millones10. Se entra así en un círculo absurdo: los países pobres, endeudados y necesitados de divisas adicionales para pagar las acreencias externas, ejercen mayor presión en la explotación de sus recursos naturales, extienden la tala de bosques para cultivar tierras vírgenes y polucionan los cauces de sus ríos. Disminuyen también los recursos para adelantar programas sociales o luchar contra ciertos flagelos como la droga, y se agrava el problema de la pobreza, el hambre y la

10 La Prensa, 1-4-1990. 11 Le Monde, 15-6-1989.

mortalidad

infantil.

Se ha hablado de la deuda ecológica de los países ricos y se han concebido algunos mecanismos para saldarla con la fijación de impuestos para ciertos productos tropicales exportados a los países industrializados, v. gr. la madera, o para el consumo de bienes contaminantes con el fin de que estos recursos se inviertan en el restablecimiento del equilibrio ecológico. También se ha hablado de crear un banco para la naturaleza, el cual manejaría los dineros aportados por los países, de acuerdo con el principio de que "el que contamina paga" y los invertiría en proyectos de conservación de los bosques tropicales y de desarrollo sostenible de los recursos naturales. Pero, ¿quién estaría dispuesto a pagar? Algunos países han propuesto también la creación de una autoridad institucional en el marco de las Naciones Unidas para reforzar las actuales instituciones internacionales encargadas del medio ambiente11. Sin embargo, existe un amplio movimiento de rechazo en algunos medios hacia las instituciones internacionales, a las cuales se acusa de complicidad en el desequilibrio Norte-Sur y su agravación. Estos mecanismos parecen, pues, poco realistas por cuanto no existe un poder coercitivo mundial que obligue a los infractores a cumplir con sus obligaciones y porque, de una u otra manera, violan la soberanía de los Estados. En realidad, el marco de la protección ambiental es el ámbito jurídico de cada

Estado sustentado en el compromiso con principios de solidaridad y un nuevo modelo económico. Por ello, es vital para los países pobres el establecimiento de un nuevo orden comercial que les permita colocar sus productos en los mercados de los países industrializados a precios equitativos. Los países ricos consideran a las selvas tropicales, y particularmente a la Amazonia, como los "pulmones del mundo", pero no se trata de conservar jirones de "naturaleza pura" ignorando el papel del factor humano, sino de convertir en realidad el slogan un solo mundo y de afrontar mancomunadamente el desafío que se plantea a la humanidad entera desarrollando nuevas tecnologías y cambiando el actual modo de vida.

El desafío de la última década del siglo veinte Como lo ha expuesto Lester B. Brown, presidente del Worldwatch Institute de Estados Unidos, la humanidad corre el riesgo de entrar en un engranaje fatal: el deterioro del medio ambiente que provoque el declive económico y viceversa. El efecto invernadero ya no es una hipótesis científica; la contaminación del aire, el agua y el suelo por los vertidos tóxicos y la disminución de espacios naturales han llevado a la desaparición miles de especies animales y vegetales; a su vez, el nivel de carbono emitido por la utilización de combustibles fósiles ha crecido enormemente. El hambre y las

enfermedades se han extendido en ciertas regiones de África, Asia y América Latina, planteando graves problemas políticos12. No queda más remedio que afrontar el desafío cambiando las políticas económicas que no respetan el medio ambiente. En efecto, la supervivencia del planeta depende de la creación de una economía mundial que tenga en cuenta el entorno físico y social. Para lograr este objetivo deben solucionarse los siguientes problemas: a. Estabilizar el crecimiento de la población y frenar el deterioro de las condiciones de vida. b. Limitar el empleo de combustibles fósiles productores de dióxido de carbono y desarrollar fuentes de energía renovable como la energía solar o el viento. Actualmente, menos de una quinta parte de la energía mundial procede de fuentes renovables. c. Frenar la tala indiscriminada de bosques e impulsar la reforestación para evitar, tanto la desertización, como la erosión de los suelos, que reducen las áreas cultivables y llevan a la extinción a determinadas especies, así como a un cambio en el régimen de lluvias. d. Proteger las cuencas de los ríos y conservar la pureza del agua para un mejor aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos. e. Controlar los procesos de colonización sahmje, factor de violencia, propicio para actividades como el narcotráfico, y que es 12 17-

"El mundo de los 90", en El País, 12-1990, Madrid.

producto de la miseria y de la carencia de tecnología apropiada, así como de conocimientos para convivir con el bosque aprovechando sus frutos y subproductos sin destruirlos. f. Desarrollar nuevas tecnologías que reduzcan el uso desmedido de agroquímicos y el incremento acelerado de los costos de producción. g. Promover el desarme, destruir las armas químicas y eliminar las pruebas nucleares. h. Reutilizar y reciclar los productos de desecho. El consumo de bienes no reciclables es en parte, responsable del derroche de energías fósiles, de la polución del aire y del agua, y de las lluvias acidas. A todas luces, no se puede frenar la destrucción de nuestros sistemas vitales sin pagar un precio por ello y sin el convencimiento de que el derecho al medio ambiente es inseparable del derecho al desarrollo y del derecho a la paz, lo cual implica la existencia de una ética solidaria y de unas instituciones políticas que velen tanto por el respeto de estos principios como por los derechos colectivos. La urgente necesidad de cuidar el planeta exige, por un lado, responsabilidad y sensatez y, por otro, una readecuación de las instituciones a las nuevas tareas de la humanidad. En el ámbito internacional se cuenta ya con un Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encargó de preparar dos convenios relacionados con el cambio climático y la diversidad

biológica para la reunión de junio en Brasil. En Colombia, la actual Constitución Política, al reconocer que la dimensión ambiental trasciende a los derechos y deberes del Estado y a las personas, ha consagrado el derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano (artículo 79). Asimismo, las acciones populares, que han constituido en muchos países mecanismos de defensa de la comunidad en contra de los agravios y perjuicios públicos, quedaron consagradas en los artículos 88 y 95. Mediante las Acciones Populares, cualquier habitante del territorio nacional está capacitado para defender los intereses vitales de la comunidad a la que pertenece, entre ellos los relacionados con el medio ambiente. La Constitución considera que la protección de los recursos naturales y culturales del país, así como la conservación de un ambiente sano son "deberes de la persona y el ciudadano". Por ello es responsabilidad ciudadana la obligación de rparar los daños ambientales que se causen. De otra parte, el artículo 80 establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, así como la prevención y control de los factores de deterioro ambiental, con el objeto de garantizar el desarrollo sostenido, la conservación, restauración o sustitución de los mismos. El reconocimiento de la dimensión ambiental, incorporada en los planes nacionales de desarrollo, tiene profundas implicaciones en los campos económico, social y político. En efecto,

al amparo del concepto de democracia participativa, el artículo 340 creó el Consejo Nacional de Planeación que servirá de foro para la discusión del plan nacional de desarrollo; el Consejo estará integrado por representantes de las entidades territoriales así como de los sectores económicos y sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Los constituyentes consideraron que el afrontar la problemática ambiental requería la acción conjunta de la sociedad civil y el Estado. Por ello el numeral 4 del artículo 277 de la nueva Carta de los colombianos (que versa sobre las funciones del procurador general de la Nación o su delegado relacionadas con la defensa de los intereses colectivos) probablemente se traduzca en la creación de la Procuraduría Delegada

da Especializada en Asuntos Ambientales, encargada de velar por el cabal cumplimiento de las normas ambientales establecidas en la Constitución. El artículo 215 hace extensivas las facultades extraordinarias del Ejecutivo para declarar el estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del país. El artículo 268 encarga al contralor general de la República la redacción de un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente para el Congreso Nacional. El artículo 300 establece atribuciones a las Asambleas Departamentales para la expedición de disposiciones relacionadas con el patrimonio ecológico del municipio. Por último, en el artículo 89 se delinean los parámetros que

deben guiar la acción fronteriza del gobierno colombiano en cuanto a los ecosistemas compartidos con países vecinos. En el espíritu que se evidencia en la nueva Constitución de los colombianos se percibe una nueva manera de ver el ecosistema, y la voluntad de llenar vacíos legislativos para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país. Para plasmar estos deseos en la realidad y evitar que la preocupación por el medio ambiente no quede convertida en una moda pasajera, es aún menester adelantar una intensa labor educativa que comprometa a la comunidad en la consolidación de una conciencia colectiva que justiprecie la armonización de las variables ecológicas, económicas y sociales en un modelo viable para el desarrollo sostenido.