La tierra es la vida El 5 de julio de 2007, Ubaldo Valdéz, wixaritari de la comunidad de Mesa del Tirador, comentaba en la XXI Plenaria Ampliada del Congreso Nacional Indígena (CNI): “Dice el pueblo Tuapurie: nosotros tenemos autonomía y la vamos a ejercer por la vía de los hechos, nosotros queremos que se nos consulte, que se nos tome en cuenta”. Esta frase es muestra de una milenaria forma de tomar decisiones. A los wixaritaris les importa mucho cómo se deciden las cosas que se van a hacer en su territorio. Defienden un modo de vivir comunitario donde todos

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tienen voz, todos opinan y todos toman decisiones, no mayoriteando a la minoría, sino a través del consenso. En el pueblo wixárika no se vale imponer nada. Por eso sus asambleas son tan largas; se reúnen mil 500 a dos mil personas a analizar y tomar decisiones. Dice a Rebeldía Evangelina Robles, abogada del COA: “tienen la capacidad de escucharse mutuamente, de analizar, de consensuar y de hacer colectivamente. Eso es muy importante y ha sido uno de los valores del pueblo huichol, que les ha ayudado a seguir siendo lo que son y les ha dado la capacidad de defender su territorio. Esa forma de vida les ha dado la fuerza. No hay

un líder que se pueda vender a las instituciones, porque la asamblea está detrás ¿cómo compras a tanta gente? Aquí, además, los ancianos son los jefes. Al empezar la asamblea, en primera plana están ellos, no están de adorno, dan directrices importantes, saben sus experiencias. Las autoridades están para servir y la asamblea se convierte en un cuerpo que toma decisiones, eso es impresionante. Se ponen de acuerdo y empujan todos”. El pueblo wixárika siempre se ha empeñado en defender su territorio ancestral y para eso han impulsado una batalla jurídica desde hace varios años. Son ellos, los indígenas, quienes han sido los principales actores en esta defensa. Las autoridades agrarias, siempre vigiladas por la asamblea, durante años no aceptaron negociar con el gobierno quién les proponía regresarles el 20 por ciento del territorio invadido. Entre 2000 y 2005, se lograron recuperar casi todas las tierras en conflicto, aunque todavía se está luchando por recuperar algunas más. En total, se han recuperado aproximadamente 50 mil hectáreas. En el 2002, Santa Catarina Cuexcomatitlán recuperó 3 mil 500 hectáreas de tierras que tenían invadidas ganaderos mestizos. Han luchado mucho por mantener su posesión territorial y consolidar el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. El pueblo wixárika ha logrado con su lucha que no haya mestizos en su territorio. Son ellos quienes controlan su territorio, físico, económico, político, cultural y religioso. Hablamos de aproximadamente 450 mil hectáreas compactas en zonas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Cuando el pueblo wixárika pelea por sus tierras, no está peleando por un pedazo de ella, no sólo por el suelo que pisa, no sólo por el medio de producción que necesita para sobrevivir. El pueblo wixárika, luchando por el espacio donde vive como pueblo, está luchando por el lugar donde transcurre La Vida, su vida y la vida de los otros seres que viven en el mismo territorio. Los wixaritaris tienen una relación distinta con la naturaleza, su razón de ser, dice Evangelina Robles, “es cuidar y pedir por la vida, todo el tiempo están cuidando el equilibrio de la vida. Eso que llaman territorio, es donde vive el venado, donde vive el maíz, donde vive el jikuri, donde viven sus antepasados”. La tierra es el agua, el aire, los bosques, la tierra es la madre, es la vida, por eso la tierra no se vende.

Antes lograron sacar a los ganaderos. Ahora su territorio está nuevamente amenazado, pero hoy por los grandes proyectos neoliberales impulsados por las instituciones de gobierno, entre ellas la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Proyectos presentados con el disfraz de una carretera que dicen traerá beneficios al pueblo wixárika, proyectos que se quieren imponer a como de lugar. Una vez más, este pueblo ha mostrado que defenderá y protegerá su territorio, también a como de lugar. El rostro oculto de la carretera La proyección de la carretera Amatitlán–Huejuquilla El Alto viene de años atrás. Evangelina Robles comenta que desde la gubernatura de Alberto Cárdenas estaban planeando un proyecto de carretera. Nos dice que han dado varias razones para justificarla, la primera fue de comunicación, necesitaban integrar a todas las comunidades que no estaban bien comunicadas con la ciudad de Guadalajara, y por facilidad iban a Nayarit o Zacatecas. Este plan de integración y comunicación incluía carreteras, teléfono, electrificación, escuelas. La finalidad era que la gente se identificara administrativamente con el estado de Jalisco. Han dicho también que la carretera traerá beneficios en términos económicos y en servicios a los pueblos wixárikas. Con respecto a los servicios, la justificación más fuerte la enmarcan en los servicios de salud, dicen que con la carretera los wixaritari van a poder salir rápido a los hospitales, evitando así la muerte de personas. Para Evangelina, esto es una burla y una gran mentira, ya que en el último año y medio han muerto varias personas, no porque no hayan llegado al hospital, sino porque no los han atendido, o no han recibido la atención médica necesaria cuando llegan. Todas estas muertes han sido por negligencia médica en la que permea una gran dosis de racismo. Ya sea en el hospital de Huejuquilla, Jalisco, o de Valparaíso, Zacatecas, no los atienden bien, les dicen que no tienen nada y los regresan a sus casas. Hay muchos casos documentados de mujeres embarazadas, que en el camino de regreso se les ha complicado el parto y han fallecido. Un caso para ella muy significativo fue el de María de Jesús, una joven de 17 años, de Santa Catarina, que llegó al hospital de Huejuquilla

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con un problema de apendicitis. El diagnóstico fue gastritis y la medicaron para eso. Ella seguía enferma y su padre la llevó a varios hospitales, en todos la llenaban de pastillas y no la curaban. Finalmente, terminaron en el Distrito Federal con una peritonitis muy grave. Aún ahora tiene consecuencias fuertes, tiene que vivir en el DF, no puede regresar a su comunidad porque continuamente la tienen que llevar de emergencia al hospital. Económicamente, la proyección de la carretera es grande. El discurso público es que la carretera “ayudará a la economía huichol”, ya que podrían comerciar sus artesanías con mayor facilidad. Podrían salir fácilmente a las zonas turísticas y también fácilmente podrían entrar turistas a la zona huichol. “La idea es conectar esta zona con la zona javera. De Amatitlán llegas rápido a la autopista y de ahí puedes llegar a Guadalajara, a Tepic, a la zona turística. Es una manera de conectar el turismo que va a Tequila con la zona huichol. Enmarcado en lo que llaman turismo ecológico. Bolaños, viejo pueblo minero, lo venden para proyectos de deportes extremos (alpinismo y canotaje)”. El territorio wixárika es impactante, una zona de grandes peñascos de una belleza monumental; sierra

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donde aún se puede encontrar al venado; zona mágica con lugares sagrados que datan de hace cientos de años; cultura arraigada que se vislumbra en la ventanita que nos dejan ver las compañeras en sus bordados. Las formas y colores de sus artesanías, nos hablan de una cultura enraizada, profunda espiritualmente, impenetrable para nosotros, los que crecimos y nacimos ya occidentalizados. Territorio compacto en donde sólo se crece la cultura wixárika desde hace cientos de años. Territorio que crece y ve crecer esa cultura, que ahora intentan convertir en mercancías. Afirma Evangelina Robles que, con la carretera, vienen proyectos ecoturísticos municipales financiados por la CDI. Piensan en miradores con cabañas en donde las comunidades tendrán “derecho” de vender su artesanía, pero no tendrán el derecho de administrarlos. Vienen también proyectos de cacería y los de deportes extremos. Pero no queda ahí, Carlos Chávez, presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), considera que esta carretera forma parte de un plan carretero más amplio que llega hasta Nuevo Laredo. Asegura que la carretera forma parte de la infraestructura del Tratado de Libre Comercio (TLC), de lo que Felipe Calderón llama Programa Nacional de Infraestructura.

“No es una carretera para conectar a los huicholes de Bolaños a Huejuquilla. Ya se aprobó un tramo que va de Durango hasta otra parte de la sierra, con éste son dos grandes ejes viales uno que va de Zacatecas a San Luis y otro que va de Aguascalientes a Tepic, éstos conectan el centro con la costa, pero además conectan con otros estados que están aprobando otras carreteras que van hasta Nuevo Laredo. Es el paso perfecto que llega a la carretera 69 en Estados Unidos, que va de Laredo, Texas, por todo el río Misisipi hasta llegar a Chicago”. Explica a Rebeldía que el tipo de protección que le están poniendo (a los lados alambre de púas de 5 hilos) y la apertura (brechas muy amplias) como si fuera una autopista, implican inversiones muy grandes, que un municipio no podría sostener. Aunado a esto, han llegado a escuchar que están haciendo prospecciones mineras. Todo esto lo lleva a afirmar que “es una lógica nacional lo que está en juego y no una regional”. Si fuese lo segundo, sería muy ilógico construir carreteras de ese tipo en lo más abrupto de la sierra. “Esta carretera no solo cruzará los territorios, sino va a ayudar a extraer las riquezas que se encuentren”. Lo que sea para construirla “Por el año 2003, se empezó a escuchar que se estaba planeando una carretera que iba a cruzar las comunidades, no se tenía información exacta y todo lo que se sabía se manejaba a nivel de chisme, se decía que serían carreteras anchas para tráfico pesado. Desde ese tiempo, San Sebastián y Santa Catarina, que serían las comunidades más afectadas, habían dicho que no les interesaba, que tenían otras prioridades”, nos comenta Evangelina Robles. Sin embargo, no importó, ya en la administración de Francisco Ramírez Acuña se empezó a construir la carretera de Bolaños hacia la zona huichola. Sólo fue construido un pequeño tramo, la construcción fue muy accidentada ya que los propietarios privados de Las Azucenas y El Astillero se estuvieron amparando debido a que no se les quería pagar derecho de vía, además no estaban de acuerdo en que se abrieran nuevas brechas y no se usaran los caminos ya abiertos para evitar dañar el bosque. Finalmente, por no contar con autorizaciones ambientales lograron que se clausurara el 7 de abril de 2006.

En junio de 2007, pese a que la clausura de la carretera en el tramo de Bolaños no había sido levantada, ya que no se habían cumplido las condiciones que se impuso a la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) y a las constructoras, el gobernador Emilio González Márquez anunció que se canalizaría una inversión de 86 millones de pesos a dicha carretera. Cuatro meses después, en octubre de 2007, sin la clausura levantada se reiniciaron los trabajos, tanto en el tramo que va de Bolaños a Huejuquilla, como en el tramo de Huejuquilla hacia Bolaños. Los representantes de Las Azucenas y El Astillero inmediatamente metieron una queja ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la violación de la clausura lograda en el mes de abril. El problema, nos dice en entrevista don Juan Ávila de la Cruz, miembro del comité de Bienes Comunales de Santa Catarina Cuexcomatitlán, “surge el 9 de septiembre de 2007, en un lugar que se llama Las Latas. Ahí había una reunión sobre la cultura y llegaron los de Sedeur, los de CDI, el agente municipal de Mezquitic, Huejuquilla y Bolaños, exigiendo que se firmara el derecho de vía para empezar a trabajar. Pero no era una asamblea general, era una pequeña asamblea sobre la cultura. La gente dijo que ése no era un lugar para decidir, solamente hasta octubre-noviembre que se hiciera la reunión comunal general. Ellos insistían en que se firmara el documento, pero no aceptamos”. Las autoridades gubernamentales no quedaron conformes y días después llegaron a la comunidad de San Sebastián y Santa Catarina a hostigar y presionar a las autoridades agrarias para que firmaran y sellaran un documento elaborado de antemano, sin la autorización de la asamblea. Esa fue su “justificación legal” para reiniciar los trabajos de la carretera. Cinco meses después, en febrero de 2008, la asamblea en pleno —ya en plantón— se enteró de lo sucedido. Esas han sido las estrategias que el gobierno ha utilizado para construir la carretera, una carretera que dice “beneficia” a quien no quiere que se construya. “Lo que sea para construirla” ha sido su lema, lo que sea para imponerla. De muestra, el “acta de asamblea general ordinaria” del 9 de septiembre de 2007, donde Santa Catarina “aprobó” el derecho de vía para la carretera Bolaños-Huejuquilla. Nos explica la abogada

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Evangelina Robles que esa acta y la que obligaron a firmar también a las autoridades de la comunidad de San Sebastián, son documentos apócrifos, porque “quienes firmaron lo hicieron sin autorización para hacerlo. Las autoridades agrarias representan a una asamblea que no les dio su autorización. Ese documento no es válido, es ilegal”. En ese documento se dice que la carretera afectaría 76.7 hectáreas de su territorio. Señala que estuvieron presentes 486 de un total de 518 comuneros, quienes en su totalidad aprobaron el proyecto. Esto muestra lo maravilloso de la mentira, en ella, no hay oposición. Cuando la verdadera asamblea general conoció la existencia de esa acta, anunciaron varias inconsistencias que le encontraron y que muestran lo falso de su elaboración. Ellos nunca hacen actas previamente elaboradas en computadora dejando espacios sólo para rellenar. Sólo contiene la firma de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y no anexa los de toda la asamblea, como es la costumbre. Son comuneros no ejidatarios, como se anota en el acta. Nunca hacen reuniones ordinarias de asamblea para tratar un solo punto, generalmente llegan a enlistar hasta diez o más puntos. Una reunión de asamblea general no dura siete horas, las asambleas del pueblo wixárika se caracterizan por ser muy largas: duran tres días las generales, las reuniones breves son de un día. Finalmente, el 9 de septiembre no hubo una reunión ordinaria de la asamblea, sino una reunión sobre cultura. Interesante forma en la que el gobierno se pone a dialogar con los wixaritaris para construir “una carretera que beneficia a los pueblos”. Esta acta revela dos cosas: el desconocimiento total de las dinámicas de las comunidades y la decisión oficial de imponer el proyecto carretero. El gobierno miente y la mentira quedó expuesta. Mentiras que quieren esconder lo que está detrás de la carretera: despojo de tierras y explotación de los recursos naturales y de la mano de obra del pueblo wixárika. No queremos carretera Ya iniciada la carretera, y sin tener conocimiento del documento firmado bajo presión por sus autoridades agrarias, la comunidad de Santa Catarina cumplió su palabra empeñada el 9 de septiembre de 2007: ese día

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hicieron una minuta de lo que fueron a presentarles las instituciones gubernamentales y los presidentes municipales y se comprometieron a discutirlo en su próxima asamblea ordinaria para ahí decidir si aceptaban o rechazaban la carretera. En noviembre de 2007 y, ahora sí, como tendría que haberse hecho, en reunión general la asamblea discutió a fondo la propuesta de la carretera que les habían planteado. Después de tres días de asamblea, en su acta presentaron varias razones que los llevaron a rechazar este proyecto. Dijeron que les estaban presentando un proyecto sin los estudios de impacto ambiental necesarios para llevarlo a cabo. Consideraron que proyectos como ése, que no están sustentados en las necesidades de las comunidades, propician saqueo, explotación, tráfico de flora y fauna, afectación de sus mantos acuíferos, además de contaminación ambiental por la introducción y proliferación de basura inorgánica, como los plásticos. Aseguraron que la carretera atentaría contra la autosuficiencia y la autonomía de su pueblo, por las facilidades que darían a los comerciantes externos, programas de gobierno y proyectos de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a saquear los recursos naturales y a explotar a la gente. Que intensificaría

el alcoholismo y los accidentes automovilísticos. Que dividiría al territorio comunal en dos partes, lo que dificultaría el tránsito de los animales y esto daría pie al abigeato. Además, consideran que atentaría gravemente contra la cultura, por la presencia de elementos de seguridad que desconocen los usos y costumbres de los centros ceremoniales. Finalmente, consideraron, después de un análisis profundo, que la carretera les acarrearía más problemas que beneficios. Dijeron que, por parte de la comunidad, no existe una solicitud para una carretera pavimentada y pidieron que se presentara la solicitud, si es que existía. Por todo esto, consideraron que se les estaba imponiendo el proyecto. Puntualizaron que la comunidad tiene otras prioridades, como la rehabilitación de las carreteras que ya existen y están en malas condiciones y la construcción de caminos de terracería ya proyectados y que sí benefician a las comunidades, así como puentes colgantes para cruzar ríos. En la misma acta, demandan y dicen que “se violaron los Acuerdos de San Andrés, que es la ley máxima de nuestro pueblo”, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como otros documentos que garantizan el ejercicio de la autonomía y la libre determinación de los pueblos, al no consultar, ni dar la información necesaria para planear y ejecutar el proyecto carretero. Sin embargo, esto tampoco importó y la carretera se siguió construyendo, paradójicamente destruyendo el bosque, tumbando cientos de árboles; obstruyendo arroyos y manantiales y destruyendo lugares sagrados. La destrucción del bosque ha sido mayor a la estipulada, ya que “el trazo de la carretera no lo respetó la constructora. En el caso de Santa Catarina y San Sebastián, abrían brecha a un costado de la carretera tumbando el bosque para hacer puentes que les permitieran seguir transitando. Abrían brecha al lado de la que ya existía y eso es ilegal. Tumbaron más bosque sin ningún permiso forestal, violando todos los requerimientos ambientales. Todo el procedimiento es violatorio en todos los sentidos”, afirmó Evangelina Robles. Sepultaron el Paso del Oso, sitio sagrado en el camino de los jicareros a la Ruta Sagrada al Wirikuta. Una excavadora tumbó y sepultó la piedra del Oso, una piedra sagrada para el pueblo wixárika, es sagrada porque

es un antepasado que se petrificó, es como un chamán, es un dios wixárika, que existe desde hace cientos de años. Ahí los peregrinos que van a Wirikuta —al lugar del peyote— llegan y dejan una ofrenda. Los wixaritaris tratan con mucho respeto sus lugares sagrados. Lo que pasó no es sencillo, no estamos hablando (aunque también es cierto) que se destruyó un patrimonio arqueológico muy antiguo, suficiente justificación para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exija clausurar la obra. Lo que hicieron a los pueblos wixárikas fue una agresión, un atentado contra su cultura, dieron una estocada profunda y grave a su ser religioso actual, a su creencia. Para la cultura huichol, tratar mal a los espíritus puede provocar enfermedades y otros problemas muy graves. En un video que está circulando en Internet se ve, y es muy desolador, la llegada al Paso del Oso de unos peregrinos que van rumbo a San Luis Potosí, quienes se encontraron un gran montículo de relleno de tierra en el lugar donde se encontraba la piedra del Oso (dicen los antropólogos que desde el postclásico). No sabían qué hacer, si dejar la ofrenda o no, si hacer su ritual o no, o seguir su camino. Subieron al montículo y desde arriba hicieron un pequeño ritual a su dios ahora enterrado. Cerca de ahí, nos dice Evangelina Robles, ya estaban llevando a cabo uno de los proyectos ecoturísticos que quiere impulsar la CDI, la construcción de un mirador en una barranca. No importando la destrucción forestal y cultural que a su paso está dejando la carretera, las autoridades tanto del municipio de Bolaños como del de Mezquitic, con un gran signo de pesos en los ojos, ya estaban promoviendo el turismo ecológico y lo que han llamado turismo religioso. Santa Catarina en plantón Ante la cerrazón del gobierno y las instituciones que promueven la carretera, los wixaritaris de Santa Catarina decidieron hacer oír su voz. El 10 de febrero de 2008, en asamblea comunal realizada en Nueva Colonia acordaron bloquear las obras de la carretera. Denunciaron que no les han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental, que las empresas constructoras han causado graves perjuicios al medio ambiente, incluso a la reserva comunal, que han

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sepultado lugares sagrados, que la carretera dividiría a su comunidad y claramente destruiría también el sitio sagrado conocido como Las Latas y deforestaría mucho más la reserva comunal, donde ellos acordaron no cazar ni talar. El 11 de febrero, a las seis de la mañana, más de seiscientos comuneros de la comunidad de Santa Catarina, junto con sus autoridades, llegaron a Ciénega de los Caballos, lugar que se ubica en el cerro más alto de la región norte de Jalisco. Impidieron que las máquinas siguieran trabajando, pararon la construcción sin dañar las máquinas ni agredir a los trabajadores. Se quedaron bajo su vigilancia 29 máquinas, veinte camiones de volteo, cuatro pipas y siete camionetas pequeñas, según su propio inventario. No se hizo esperar la fuerza pública de Mezquitic y la estatal. El gobierno respondió con policía y retenes, quienes con tono intimidatorio pretendían abrir paso para que se pudiera continuar con la obra. La cantidad de comuneros en plantón impidió que lograran su objetivo. También diversos documentos que hasta ese momento no se conocían se presentaron públicamente. Uno de ellos, el “acta de asamblea” (de la cual ya hablamos) arrancada con presión a las autoridades de Santa Catarina y San Sebastián, presentada por la Sedeur. Junto con esta acta la institución además entregó la “segunda convocatoria”, con fecha 26 de agosto de 2007, que llama a la asamblea general ordinaria a realizarse el 9 de septiembre siguiente. En esta convocatoria se explica que la asamblea tocará un solo punto: la solicitud del gobierno estatal para ocupar de forma previa 76.72 hectáreas de la comunidad de Santa Catarina y pueda así tramitar el cambio de uso de suelo forestal y la expropiación del territorio. No conforme con falsificar un acta de asamblea, falsificaron también la convocatoria. Se hicieron públicos además dos permisos de impacto ambiental autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Uno de ellos, emitido el 5 de diciembre de 2006, a la Sedeur de Jalisco para un trazo de alrededor de 32 kilómetros, de los cuales, más de cinco son de propiedad comunal. Este tramo desmontaría 63.7 hectáreas de zona boscosa con 11 mil 147 metros cúbicos de madera. El segundo permiso fue otorgado al gobierno de Huejuquilla El Alto, el 30 de marzo de 2007, para

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un trazo de siete kilómetros, todos dentro de tierras de Santa Catarina. Dice en el permiso que el cambio de uso de suelo será sobre cinco hectáreas en las que se desmontarían 218.3 metros cúbicos de madera. En un documento dirigido a Juan Elvira Quezada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Patricio Patrón, procurador federal de Protección al Ambiente, las autoridades tradicionales y comunales de Santa Catarina exigieron la clausura inmediata de las obras de construcción de la carretera de AmatitlánHuejuquilla El Alto. Denunciaron la manera ilegal en que se han venido desarrollando los trabajos en el campo y en la que se elaboraron las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), cuestión que los ha agraviado como propietarios legales de los terrenos y ha afectado seriamente el equilibrio ecológico de su territorio y los lugares sagrados que en éste se encuentran. Dicen que las MIA han sido aprobadas “de manera segmentada”, con cálculos hechos sobre tramos carreteros cortos, sin hacer un estudio de impacto que incluya toda la obra. Conservación Humana AC realizó una investigación en el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI) para recabar información de las autorizaciones emitidas por el gobierno federal a favor del proyecto carretero en la sierra, y descubrió que no hay autorización de cambio de uso de suelo forestal. Sin ese permiso, las MIA no son válidas y, por lo tanto, la tala que se ha hecho es ilegal. La comunidad de Santa Catarina decidió entonces interponer una demanda para “que se nos pague por el derribo de los árboles que se hizo con el desmonte para la nueva carretera, que es una superficie de 76 hectáreas donde había arbolado de pinos, papelillos, robles y tepemezquites, además del daño a nuestras propiedades, manantiales y sitios sagrados”. De manera simultánea al inicio del plantón, mujeres indígenas wixaritaris —varias con sus niños en brazos— se trasladaron a la Ciudad de México para explicar en varios lugares su lucha y la manera ilegal en la que han intentado imponer la carretera. Explicaban que la traición a los Acuerdos de San Andrés justifica el proyecto, pero los Acuerdos de San Andrés son ley en sus comunidades. La carretera no sólo dañará los bosques, manantiales y lugares sagrados en el momento de su construcción —lugares que

por mucho tiempo han estado al cuidado de ellos—. La carretera permitirá la llegada de saquedores nacionales e internacionales de recursos, por lo tanto, el daño que ésta provocará en el futuro no es cuantificable. De la misma manera, autoridades de la comunidad de Santa Catarina se trasladaron a finales del mes de febrero a la Ciudad de México y, junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Conservación Humana AC, en conferencia de prensa, denunciaron que los funcionarios de medio ambiente tanto de Jalisco como del gobierno federal violaron el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, entre otras disposiciones contenidas en leyes mexicanas, al autorizar la construcción de la carretera y no contar con todos los requerimientos necesarios, fundamentalmente con la autorización de la asamblea comunitaria. En un comunicado del Cuerpo de Coordinación Comunitario Interno, fechado el 28 de febrero de 2008, las autoridades comunales y agrarias de Santa Catarina declararon que desde que cerraron la carretera “el gobierno no ha hecho más que hostigar nuestro plantón, con presencia policíaca y sobrevuelo de helicópteros militares. Usando además a algunos

medios de comunicación, principalmente el periódico regional La voz del norte, para hacer serias calumnias y difamaciones en contra de nuestros voceros, acusándolos de narcotráfico... Ante el clima de hostigamiento, responsabilizamos al gobernador del estado Emilio González Márquez, así como a los presidentes municipales de Huejuquilla El Alto, Mezquitic y Bolaños de lo que pueda pasarles a nuestros voceros, así como a las autoridades agrarias y tradicionales”. Y demandaron la destitución de sus cargos de éstos últimos, y de otros funcionarios involucrados. Los apoyos No se hizo esperar el apoyo de otras comunidades que están de acuerdo con clausurar la carretera, como los comuneros de San Sebastián, quienes se sumaron al bloqueo. Poco a poco fueron llegando comuneros rebasando el millar de personas en plantón. Con el plantón y un amparo agrario decidieron rechazar la carretera, exigiendo que además se haga lo necesario para mitigar los daños ambientales y culturales ya provocados.

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Para respaldar activamente la protesta, el Congreso Nacional Indígena, en respuesta a una solicitud de las autoridades tradicionales, comunales y agrarias de Santa Catarina integrados en el Cuerpo de Comunicación Comunitario Interno, decidió convocar en calidad de “urgente” a su XX reunión de la región centro-pacífico en la Ciénega de los Caballos. Reunión que se llevó a cabo el 8 y 9 de marzo de 2008. Acudieron a la convocatoria alrededor de 400 personas, muchos de ellos de comunidades wixarikas del estado de Jalisco y Durango, además de representantes indígenas de Michoacán, Oaxaca, Baja California, Distrito Federal y Colima. Compañeros indígenas rarámuris de Chihuahua y ñahñús del Estado de México, que no pudieron asistir, enviaron mensajes. Cinco fueron los temas que los aglutinaron y reflexionaron durante esos dos días intensos de trabajo: los megaproyectos gubernamentales y privados en los territorios ancestrales; la represión del Estado, cooptaciones incluidas; el impacto social de las políticas del gobierno; los tratados comerciales multinacionales; y el fortalecimiento del CNI. En sus intervenciones se pronunciaron contra el proyecto carretero que el gobierno de Jalisco ha impuesto a los pueblos wixarikas, así como en contra de los proyectos que vienen con él: los turísticos, de prospección y explotación de recursos naturales. Expresaron su solidaridad incondicional con la lucha de “nuestros hermanos” wixaritaris en este ejercicio de sus derechos territoriales, de libre determinación y autonomía. Denunciaron, además, otros “grandes megaproyectos en regiones indígenas, tales como los corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec y en el territorio Kumiai de Baja California, los gasoductos y regasificadoras en las regiones costeras, la explotación minera, turística y de la biodiversidad intensivas en la Sierra de Manantlán y en los territorios indígenas del Occidente y de todo el país, que están destruyendo la madre tierra y la cultura de nuestros pueblos”. Estas políticas privatizadoras y de destrucción, dicen, se han agudizado hasta alcanzar un grado de ilegalidad, impunidad y violencia nunca antes visto. Se solidarizan con todas las luchas que se están dando en todo el país contra estos proyectos neoliberales que tienen como finalidad el despojo y la privatización de sus territorios y recursos naturales, así como

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la destrucción de sus culturas y la explotación de sus hombres y mujeres. “La clausura” El 28 de febrero de 2008, la Profepa clausuró 19 kilómetros de la obra carretera, justo el tramo que pasa por territorio de la comunidad de Santa Catarina. Esta clausura es la respuesta a la denuncia interpuesta por las autoridades tradicionales de la comunidad. La clausura se dio debido a la poda sin autorización, por parte de la Sedeur, afectando 876 árboles. Además, impusieron a dicha institución medidas correctivas para reforestar los terrenos afectados con el fin de evitar la degradación del suelo y minimizar los impactos a los corredores biológicos de la fauna silvestre de la zona. De acuerdo con el boletín de la Profepa, la suspensión de las obras “podrá ser levantada cuando se presente la autorización que emita la Semarnat, así como el estudio de daños y afectaciones ambientales”. El 4 de marzo, el Juzgado Primero de Distrito determinó conceder la “suspensión de plano”, con la intención de evitar daños irreparables a los bienes de la comunidad indígena ocupados de forma ilegal por las constructoras contratadas por el gobierno de Jalisco. El 8 de abril, la Profepa clausuró otros dos tramos carreteros. Sin embargo, dice Evangelina Robles que las cosas siguen avanzando a favor de la construcción de la carretera por parte de las instancias de gobierno. “Esta

carretera es un acuerdo entre los estados de Zacatecas, Nayarit y Jalisco, para beneficiar a otras gentes, otros intereses que no son los de las comunidades. Por eso no la van a detener. No importa que la mayoría de la gente esté en desacuerdo. Ya los municipios y el mismo gobernador de Jalisco dijeron: la carretera va. Si no quieren los huicholes, no hay problema, al cabo no tenemos todos los recursos para construir toda la carretera, entonces seguimos en otros tramos, ya vendrán otras autoridades para convencerlos y entonces se construirán esos 19 kilómetros. La carretera va, si al final esos 19 kms quedan en terracería, no importa, finalmente serán parte de la carretera AmatitlánHuejuquilla”. “Avanzar en las zonas donde no hay conflictos. Es tan grande el tramo que se tiene que construir en los próximos años que lo que estaremos haciendo es reubicar los recursos a donde podamos avanzar este año, en espera de poder convencer a las comunidades que esta infraestructura no viene a lastimar su cultura, sino que viene a abrirles otras posibilidades”, declaración hecha por el gobernador del estado de Jalisco. Los compas de Santa Catarina lo saben, por eso, siguen en campamento. Ya no se está construyendo en su comunidad, pero ellos siguen y seguirán en pie de lucha. Si la tierra muere, morimos nosotros Ante las declaraciones del gobernador y de otros funcionarios que se burlan de sus creencias, los wixaritari son muy claros: “Es mentira lo que nos dicen que la carretera es para nuestro beneficio, pues sabemos que el trasfondo real son las ambiciones de los megaproyectos del gobierno en alianza con el capital transnacional, para la creación de corredores ecoturísticos que pretenden mercantilizar nuestra cultura, rutas cinegéticas en zonas de reserva comunal, saqueo de nuestros recursos naturales a través de concesiones mineras, concesiones de agua, permisos para saquear la madera de nuestros bosques y robar la tierra que nuestros ancestros han cuidado”. Lo que más preocupa a los wixaritari es perder el control de su territorio. “Como decía una autoridad de Santa Catarina; en el fondo, nuestra indignación está en el hecho de que vemos ahora sí atacado directamente nuestro pueblo, vemos claramente la

posibilidad de dejar de ser quienes somos. Se abre la puerta a que dejemos de ser lo que somos en nuestro territorio. Ya, en Guadalajara, los que se van dejan de ser huicholes, o lo son los papás y los hijos ya ni se acuerdan. Pero aquí, en las comunidades, no es así: la gente se organiza, decide cómo quiere vivir, cómo va a relacionarse con el bosque, con la tierra, cómo van a cuidar los manantiales, el venado. Todo eso ellos lo definen a su modo, y está ahora la posibilidad de que deje de ser así. Perder el control de su territorio es el problema de fondo”, dice Evangelina Robles. En este conflicto está en discusión la concepción de desarrollo. Dicen los compañeros en un comunicado el 28 de febrero: “Nosotros los wixaritari no queremos eso a lo que llaman ‘progreso’ que nos quieren imponer, nosotros queremos mantener una relación respetuosa con la madre tierra que está viva, y que las empresas y malos gobiernos no entienden ni respetan”. Para ellos, la carretera es “un fraude deliberado hecho desde el Estado mexicano, que busca entregar los recursos naturales de los pueblos a las grandes empresas que están destruyendo el mundo y que hoy pretenden hacer creer a la opinión pública que quienes mentimos somos nosotros”. Los wixaritaris tienen claro que esa carretera será en sus tierras símbolo de destrucción. Ellos jamás atentarían contra la naturaleza para la generación de riquezas. Dijo el gobernador de Jalisco: “esta carretera trae 500 años de retraso, no estamos dispuestos a que tarde otros 500 años, pero somos pacientes”. Son los mismos más de 500 años que los wixárikas han sido los guardianes de esas tierras y, ellos sí, con paciencia las han protegido y cuidado. Ahora, como los guerreros que son, lucharán para protegerlas del embate neoliberal que las acecha. Como dijo el Subcomandante Insurgente Marcos en la mesa redonda “Frente al Despojo Capitalista, la defensa de la tierra y el territorio”, el 17 de julio de 2007: “Nosotros somos guerreros. No para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros ésta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ése es el enemigo a vencer. ‘Capitalismo’ se llama el enemigo”. 

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