Labor Parlamentaria Alejandro Navarro Brain

Participaciones asociadas a la palabra "allamand"

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NOTA EXPLICATIVA Esta Labor Parlamentaria ha sido construida por la Biblioteca del Congreso a partir de la información contenida en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado, referidas a las participaciones de los legisladores, documentos, fundamentos, debates y votaciones que determinan las decisiones legislativas en cada etapa del proceso de formación de la ley. Junto a ello se entrega acceso a su labor fiscalizadora, de representación, de diplomacia parlamentaria y atribuciones propias según corresponda. Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice desde el cual se puede acceder directamente al texto completo de la intervención. Cabe considerar que la información contenida en este dossier se encuentra en continuo poblamiento, de manera tal que día a día se va actualizando la información que lo conforma.

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ÍNDICE Labor Legislativa ................................................................................................................................................................... 3 Proyecto de Acuerdo ................................................................................................................................................................. 3 Mociones ................................................................................................................................................................................. 21 Intervención ............................................................................................................................................................................ 57 Incidentes ........................................................................................................................................................................... 189 Intervención Petición de oficio .............................................................................................................................................. 189 Adhesion ............................................................................................................................................................................... 198 Comisiones y Grupos ........................................................................................................................................................ 200 Integración ............................................................................................................................................................................ 200 Permisos y otros ................................................................................................................................................................ 204 Asistencia a sesión de sala ................................................................................................................................................... 204

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Labor Legislativa Proyecto de Acuerdo Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°85 Sesión: Sesión Extraordinaria N°85 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 23 de diciembre de 2015

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR GARCÍA-HUIDOBRO; SEÑORAS ALLENDE, GOIC, MUÑOZ, LILY PÉREZ, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER; Y SEÑORES ALLAMAND, CHAHUÁN, COLOMA, DE URRESTI, ESPINA, GARCÍA, GUILLIER, HARBOE, LAGOS, LARRAÍN, LETELIER, MATTA, NAVARRO, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, IGNACIO WALKER, PATRICIO WALKER Y ZALDÍVAR POR EL QUE SOLICITAN LA FIJACIÓN DE UN PRECIO DE SUSTENTACIÓN RAZONABLE Y SUFICIENTE PARA EL FOMENTO Y APOYO DE LAS PYMES MINERAS. (S 1.847-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR GARCÍA-HUIDOBRO; SEÑORAS ALLENDE, GOIC, MUÑOZ, LILY PÉREZ, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER; Y SEÑORES ALLAMAND, CHAHUÁN, COLOMA, DE URRESTI, ESPINA, GARCÍA, GUILLIER, HARBOE, LAGOS, LARRAÍN, LETELIER, MATTA, NAVARRO, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, IGNACIO WALKER, PATRICIO WALKER Y ZALDÍVAR POR EL QUE SOLICITAN LA FIJACIÓN DE UN PRECIO DE SUSTENTACIÓN RAZONABLE Y SUFICIENTE PARA EL FOMENTO Y APOYO DE LAS PYMES MINERAS. (S 1.847-12) “Considerando: 1. Que la pequeña y mediana minería representa una actividad económica relevante que entrega trabajo a cientos de personas, especialmente en el norte del país, y constituye una fuente de ingresos esencial para el desarrollo económico de sectores vulnerables. 2. Que las fluctuaciones a la baja en el precio del cobre en los mercados internacionales afecta severamente la viabilidad comercial de las operaciones de la pequeña minería, por lo que el apoyo que el Estado le entrega por intermedio de la ENAMI merced a créditos especiales es fundamental para su continuidad financiera. 3. Que, a causa del actual ciclo deprimido del valor internacional de la libra de cobre, es esencial que el Estado, a través de la ENAMI, adopte una estimulante y sólida política de fomento de la pequeña minería y artesanal mediante el adecuado uso del mecanismo de sustentación del precio de nuestro principal recurso exportable, dada la significativa cantidad de personas y familias que se están viendo afectadas. 4. Que el poder de compra que representa la ENAMI para la pequeña minería y artesanal debe salvaguardarse a pesar de la difícil coyuntura que se atraviesa, no sólo para la mantención de actividades de este sector productivo, sino también para la estabilidad de la propia empresa. Y en tal sentido el mecanismo de sustentación, que se configura como un crédito para el productor, es una herramienta clave para la continuidad laboral de las pymes mineras. Cabe recordar que históricamente este crédito se ha devuelto en su totalidad, y se ha transformado en una oportunidad de negocio para el Estado. 5. Que, siendo así, es básico que el Ministerio de Hacienda considere un precio de sustentación razonable y suficiente para darle continuidad al acceso de los pequeños productores mineros al crédito a la tarifa, en que consiste el precio de sustentación de la de cobre, y mejorar el valor que actualmente se les paga por el mineral que entregan a la ENAMI. El Senado acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que instruya al señor Ministro de Hacienda, a fin de que la determinación del

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precio de sustentación del cobre que se utiliza en el contexto de la política de fomento estatal a la pequeña minería y artesanal, por intermedio de la ENAMI, tenga caracteres de razonabilidad y suficiencia bastantes como para garantizar la adecuada continuidad de las operaciones de las PYMES minera del país. Esto significa una sustentación total de, a lo menos, 40 centavos de dólar la libra de cobre.”. (Fdo.): Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe Herrera, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- José García Ruminot, Senador.Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 70 Sesión: Sesión Ordinaria N° 70 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 15 de noviembre de 2006

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y REGULACIÓN DE LA PESCA EN ALTA MAR (S 923-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES SOBRE PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y ECOSISTEMAS MARINOS Y REGULACIÓN DE LA PESCA EN ALTA MAR (S 923-12) Honorable Senado: Considerando: 1.- El que en las Aguas de Alta Mar del Pacífico Sur no existe organización ni regulación entre los países para proteger y regular los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas, habiendo un incremento sostenido del esfuerzo pesquero que no da garantías de su protección y conservación en el tiempo. 2.- Considerando que Chile ha sostenido una constante y estricta regulación sobre la flota pesquera nacional que opera sobre el recurso jurel, ya que esta especie es la misma que se encuentra tanto dentro de la Zona Económica Exclusiva como en el Alta Mar adyacente. 3.- Que esta situación coloca a Chile en desventaja frente a los pesqueros de otros países que capturan el mismo recurso sin sujeción a medidas regulatorias. 4.- La necesidad conjunta de lograr un acuerdo para la conservación de las especies y protección del medio ambiente marino. 5.- El que Chile está pagando un alto costo social y ambiental por tener que reducir su esfuerzo pesquero al no respetar otros países los recursos transzonales en la Alta Mar. 6.- La conveniencia de aumentar los medios para que Chile pueda tener una mayor participación en las instancias de investigación científica y de protección y regulación en Alta Mar, así como en los intereses políticos y de la diplomacia, incluyendo la designación de Agregados Científicos Encargados de Pesca en aquellas Embajadas ante países relevantes en materia pesquera, para lograr acuerdos que permitan generar la organización regional de pesca en el Pacífico Sur. PROYECTO DE ACUERDO: CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN PESQUERA DEL PACÍFICO SUR, A FIN DE PROTEGER LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y LOS ECOSISTEMAS Y REGULAR EL ESFUERZO PESQUERO EN ALTA MAR El Senado resuelve solicitar a S.E. la Presidenta de la República que: a) Chile, en su condición de co-auspiciador de las negociaciones internacionales para la creación de una Organización Regional de Administración Pesquera para el Pacífico Sur, siga impulsando junto a Australia y Nueva Zelandia este proceso internacional. b) En este contexto, en tanto no se constituya la Organización Regional de Administración Pesquera, se convengan medidas provisionales, que deben entrar a regir destinadas a prohibir las actividades destructivas que afectan los ecosistemas vulnerables en la Alta Mar, incluida la pesca de arrastre de fondo. c) Se negocie además, en el marco de estas medidas provisionales, un congelamiento del esfuerzo pesquero en la alta mar del Pacífico Sur, con el fin de evitar que países intenten modificar en su beneficio la actual situación pesquera en el área. d)Apoye en la 61ª Reunión de la asamblea General de Naciones Unidas, en estrecha coordinación con Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Brasil, los países del Foro del Pacífico y los países que constituyen la Comisión Permanente del Pacífico Sur, la urgente implementación de los contenidos de las resolución A/59/25, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que recomienda una suspensión temporal en la alta mar de las prácticas pesqueras destructivas, incluida la pesca de arrastre, como medida de protección de los montes submarinos, arrecifes de coral de aguas frías y otros ecosistemas. e)Presente para la ratificación el Acuerdo de Naciones Unidas sobre Pesca de Alta Mar de 1995, decisión ya adoptada, entre

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otros países, por Australia, Nueva Zelandia y los países del Foro del Pacífico. f) Se fortalezca la posición de Chile en su participación en el Comité Científico Interino de la Organización Regional de Pesca. g) Chile, a través de la Cancillería, invite a los países que comparten nuestra posición para establecer un grupo de trabajo, a fin de coordinar posiciones y para recabar información científica que resulte de utilidad al proceso de negociación y además estudie las variaciones de los recursos hidrobiológicos que puedan llevar a su deterioro y colapso, así como de los sectores, áreas y ecosistemas más vulnerables. (Fdo.) Andrés Allamand Zavala, Jorge Arancibia Reyes, Nelson Ávila Contreras, Carlos Bianchi Chelech, Carlos Cantero Ojeda, Camilo Escalona Medina, Alberto Espina Otero, Fernando Flores Labra, José García Ruminot, José Antonio Gómez Urrutia, Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo Letelier Morel, Pablo Longueira Montes, Pedro Muñoz Aburto, Roberto Muñoz Barra, Alejandro Navarro Brain, Ricardo Núñez Muñoz, Jorge Pizarro Soto, Baldo Prokurica Prokurica, Sergio Romero Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide Jara, Hosaín Sabag Castillo, Guillermo Vásquez Úbeda, Adolfo Zaldívar Larraín.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Sesión: Sesión Ordinaria N° 47 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 30 de agosto de 2006

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO EXIGIR A LAS AUTORIDADES ARGENTINAS EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO EL AÑO 1998 (S 893-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO EXIGIR A LAS AUTORIDADES ARGENTINAS EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SUSCRITO EL AÑO 1998 (S 893-12) Honorable Senado: PROYECTO DE ACUERDO Considerando que: 1.- Argentina publica en todo tipo de medios en los los mapas públicos y privados su pretensión de límite vulnerando el Acuerdo de 1998 para los dos sectores del Campo de Hielo Patagónico Sur. 2.- Chile se ha limitado a hacer protestas formales, de carácter legal y diplomática. 3.- Esto no es un error de las autoridades argentinas puesto que este tipo de estrategia comunicacional es de carácter histórico y permite una campaña de promoción interna e internacional como territorios que les corresponden a ellos, sentando las bases a su favor, ejerciendo una presión ilegitima a la Comisión Mixta de Límite Chileno-Argentino. 4.- El cronograma de diferendos limítrofes entre ambos países en dicha zona: 1881 Chile y Argentina definen como límite entre los países las altas cumbres que sean divisorias de aguas. Chile plantea los cordones cordilleranos que son a la vez las divisorias de aguas como límite. Argentina plantea las altas cumbres y, en sectores que le favorecen, las divisorias de aguas. Al no haber acuerdo, los dos países recurren al Tribunal Arbitral Británico. 1898 – 1899 los dos países envían al Tribunal Arbitral Británico sus dos pretensiones de fronteras La Línea de pretensión de limites entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Stokes al Sur en el Campo de Hielo Patagónico Sur coinciden El Fallo arbitral británico de 1902 señala que no se pronuncia respecto al límite en el Campo de Hielo Patagónico Sur, por cuanto los dos países tienen frontera definida. 1903 Demarcación por parte del Tribunal Arbitral, ratifica límite chileno argentino en el sector Campo de Hielo Patagonico Sur como ya definido 1990 Durante el mandato del ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, se resuelven los temas limítrofes con la Argentina, en 22 sectores menores se acuerdan directamente con compensación de terrenos, Laguna del Desierto ocupada ilegalmente por Argentina en 1965, se lleva a un tribunal arbitral latinoamericano y en Campo de Hielo Patagónico Sur ante la nueva pretensión de frontera Argentina, se propone una línea intermedia poligonal. 1998 Al no prosperar la línea poligonal, se propone un nuevo acuerdo en que se divide el Campo de Hielo Patagónico en dos sectores: A) Sector Sur, Cerro Murallón – Cerro Daudet. B) Sector Norte, el Sur del Monte Fitz Roy y el Cerro Murallón En el sector A (Sur) se acuerda un límite combinado entre puntos geográficos unidos por líneas rectas y “divisorias de agua

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en hielo”. En el sector B (Nnorte), se propone resolver el problema por parte de una Comisión Mixta de Límites. Los dos países acuerdan no publicar sus líneas de fronteras en el sector, dejando un rectángulo blanco con un texto señalando que el área se encuentra con un límite pendiente a definir por parte de la Comisión Mixta Chileno Argentina. 5.- Chile ha respetado dicho acuerdo en todas sus partes, especialmente en lo que se refiere a la publicación de los mapas, no graficando límite en el sector, con la leyenda que señala que está sometido a la Comisión Mixta de Límtes. Es que venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO El Senado acuerda representar al Gobierno de Chile: 1.- Para que exija a las autoridades argentinas el cumplimiento del Acuerdo de 1998, en mapas oficiales y privados, donde se debe señalar claramente la zona sometida a la Comisión Mixta de Límites, sin dibujar sobre ella ningún límite y el que retiren todos los mapas en circulación que no cumplan con esta disposición. 2.- Para que incorpore por parte del Ministerio de Educación en Programes Educacionales Chilenos la Historia de Límites, los derechos del país en el Campo de Hielo Patagónico Sur y la importancia y valor de esta zona de la Patagonia Chilena en sus dimensiones: -Ambientales -De recursos de agua dulce -Como atractivo turístico internacional, -y por ser de relevancia científica (Fdo.) Allamand Zavala, Andrés; Arancibia Reyes, Jorge; Ávila Contreras, Nelson; Bianchi Chelech, Carlos; Cantero Ojeda, Carlos; Chadwick Piñera, Andrés; Coloma Correa, Juan Antonio; Escalona Medina, Camilo; Espina Otero, Alberto; García Ruminot, José; Gómez Urrutia, José Antonio; Horvath Kiss, Antonio; Larraín Fernández, Hernán; Longueira Montes, Pablo; Muñoz Aburto, Pedro; Muñoz Barra, Roberto; Navarro Brain, Alejandro; Pérez Varela, Víctor; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín; Vásquez Úbeda, Guillermo; Zaldívar Larraín, Adolfo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Sesión: Sesión Ordinaria N° 29 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 5 de julio de 2006

ANEXO SESIÓN PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, HORVATH, LONGUEIRA Y NAVARRO, POR MEDIO DEL CUAL PROPONEN ADOPTAR DIVERSAS MEDIDAS EN BENEFICIO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS BALLENAS Y LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS OCEÁNICOS (S 874-12) Honorable Senado: Proyecto de Acuerdo de diversos Honorables señores Senadores, mediante el cual proponen realizar una serie de acciones relativas a la protección de las ballenas: Considerando: 1.- Que la continua expansión de la caza de la ballena con supuestos fines científicos constituye un amenaza para la conservación de poblaciones de ballenas cuyo estado de preservación es, en el mejor de los casos, incierto; 2.- Que Chile tiene la obligación de defender la preservación los recursos vivos marinos, en particular aquellas especies en peligro de extinción como la ballena; 3.- Que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) atraviesa por un período crítico en su historia debido a la presión que ejercen algunas naciones balleneras por alterar, mediante votaciones coyunturales, los fines y objetivos de la Convención Internacional para la Regulación de la Ballena; Resuelve: 1.- Apoyar la labor que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la búsqueda de enfoques nuevos y constructivos para resolver las diferencias existentes en la CBI; mediante el fortalecimiento del uso no letal de cetáceos; el turismo de observación de cetáceos, la ampliación de los santuarios balleneros y áreas marinas protegidas, y promoviendo una mayor participación de países en desarrollo en la CBI, entre otras. 2.- Promover que el Senado realice gestiones ante poderes legislativos de los países que actualmente no están en condiciones de participar plenamente en la CBI para que reincorporen a la organización y convengan con ellos una política conjunta de reincorporarse a sus labores. 3.- Hacer gestiones ante los parlamentos de países de la región que no son miembros de la CBI, a fin de que adhieran a la Convención Internacional para la Regulación de la Ballena, y así participen en la Comisión Ballenera Internacional. 4.- Solicitar al Ejecutivo que otorgue la mayor prioridad al tema de la preservación de la ballena como un aspecto destacado de la política exterior de Chile, mediante mecanismos apropiados de colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo la Universidades, Centros de Investigación y demás actores de la sociedad civil.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 69 Sesión: Sesión Ordinaria N° 69 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: miércoles 21 de noviembre de 2007

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH Y PROKURICA Y SEÑORAS ALVEAR Y MATTHEI Y SEÑORES ALLAMAND, ARANCIBIA, ÁVILA, BIANCHI, CHADWICK, COLOMA, GIRARDI, KUSCHEL, LARRAÍN, LONGUEIRA, MUÑOZ ABURTO, MUÑOZ BARRA, NAVARRO, ORPIS, PÉREZ VARELA, ROMERO, RUIZ-ESQUIDE, SABAG Y ZALDÍVAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A S.E. LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL ENVÍO DE UNA NOTA DE PROTESTA DIPLOMÁTICA CONTRA EL PROGRAMA JAPONÉS DE CAZA CIENTÍFICA DE BALLENAS E INFORMAR DE ESTA MEDIDA A TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL (S 1027-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES HORVATH Y PROKURICA Y SEÑORAS ALVEAR Y MATTHEI Y SEÑORES ALLAMAND, ARANCIBIA, ÁVILA, BIANCHI, CHADWICK, COLOMA, GIRARDI, KUSCHEL, LARRAÍN, LONGUEIRA, MUÑOZ ABURTO, MUÑOZ BARRA, NAVARRO, ORPIS, PÉREZ VARELA, ROMERO, RUIZ-ESQUIDE, SABAG Y ZALDÍVAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A S.E. LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL ENVÍO DE UNA NOTA DE PROTESTA DIPLOMÁTICA CONTRA EL PROGRAMA JAPONÉS DE CAZA CIENTÍFICA DE BALLENAS E INFORMAR DE ESTA MEDIDA A TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL (S 1027-12) HONORABLE SENADO: Considerando: 1.- Que, en 1946 los países firmantes de la Convención Internacional para la regulación de la Caza de la Ballena, ante la grave disminución de las poblaciones de éstas a nivel mundial, crearon la Comisión Ballenera Internacional, con el propósito de garantizar la conservación adecuada de la población mundial de este cetáceo; 2.- Que, desde su creación, la Comisión Ballenera Internacional ha prohibido la caza comercial de las siguientes especies: en 1946 ballenas grises, de Groenlandia y francas, en 1965 las ballenas azules, en 1966 las ballenas rorcuales comunes; 3.- Que, en 1982 la Comisión Ballenera Internacional, aprobó una moratoria de 5 años para la caza comercial de ballenas, la que entró en vigor en 1986, prorrogada por un año en 1991 y prorrogada en forma indefinida a partir de 1992; 4.- Que, Japón desde la firma de la Convención Internacional para la regulación de la caza de la Ballena, ha realizado prácticas atentatorias contra los principios consagrados en dicho convenio, bajo el pretexto de que realiza investigación científica; 5.- Que, Japón, desde la moratoria internacional, ha capturado, bajo el pretexto de caza científica 10.500 ballenas; 6.- Que, para el presente año, Japón ha informado que la cuota de “Caza Científica” para este año será de 1.035, más del doble de lo capturado el año 2006. 7.- Que, el programa ballenero japonés es especialmente controvertido este año porque planea cazar 50 ballenas jorobadas, que según los ambientalistas todavía son una especie amenazada. La migración anual de ballenas jorobadas entre el océano Antártico y las aguas del Pacífico tropical alimenta emprendimientos turísticos de observación de ballenas en Nueva Zelanda, Australia, Tonga y América Latina. 8.- Que, la población de la ballena jorobada, por los esfuerzos de la comunidad internacional y la moratoria vigente, ha aumentado en los últimos años y permitir su captura pondría en grave riesgo los esfuerzos que se han realizado para evitar su extinción; 9.- Que, la caza científica de ballenas de Japón perjudica los esfuerzos internacionales por conservar y proteger a estos mamíferos marinos; Por lo anterior, el Senado acuerda aprobar el siguiente proyecto de acuerdo:

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PROYECTO DE ACUERDO: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República el envío de una nota de protesta diplomática contra el programa japonés de caza científica de ballenas, por perjudicar los esfuerzos internacionales por conservar y proteger a estos mamíferos marinos e informar de esta medida a todos los países miembros de la Comisión Ballenera Internacional. Antonio Horvath Kiss, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senadores y señoras Soledad Alvear Valenzuela y Evelyn Matthei Fornet, Senadoras y señores Andrés Allamand Zavala, Senador.- Jorge Arancibia Reyes, Senador.- Nelson Ávila C., Senador.Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Andrés Chadwick Piñera, Senador.- Juan Antonio Coloma, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Carlos Ignacio Kuschel, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Roberto Muñoz Barra, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.Víctor Pérez Varela, Senador.- Sergio Romero Pizarro, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Adolfo Zaldívar Larraín, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: martes 15 de mayo de 2007

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, ALLAMAND, ÁVILA, LONGUEIRA, NAVARRO Y VÁSQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y USO NO LETAL DE LOS CETÁCEOS(S 961-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES HORVATH, ALLAMAND, ÁVILA, LONGUEIRA, NAVARRO Y VÁSQUEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y USO NO LETAL DE LOS CETÁCEOS(S 961-12) Honorable Senado: Considerando que: 1.La moratoria sobre la caza comercial de ballenas implementada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en 1986 ha permitido el incremento parcial de algunas especies de grandes cetáceos y ha brindado la oportunidad para que naciones históricamente balleneras del hemisferio sur iniciaran un proceso de reevaluación de sus políticas de conservación y manejo de sus recursos y ecosistemas marinos. 2.La promoción de actividades de uso no letal, mediante actividades de ecoturismo, investigación científica, desarrollo de programas educativos y la incorporación participativa de las comunidades costeras en el uso no consuntivo del recurso ballena, se han ido consolidando como parte de las políticas nacionales e iniciativas internacionales que buscan garantizar el desarrollo sustentable en América Latina. 3.La creciente presión extra regional para que se reanude prematuramente la caza comercial de ballenas, así como el creciente aumento de las cuotas de captura bajo la modalidad de caza científica, están amenazando los esfuerzos de conservación y manejo sustentable de las poblaciones de ballenas del hemisferio sur. 4.Desde hace más de una década Chile juega un rol fundamental en el fortalecimiento de políticas regionales e internacionales tendientes a garantizar el derecho de los países del hemisferio sur a utilizar el recurso ballenas mediante metodologías no letales. 5.A pesar de los esfuerzos internacionales y regionales, Chile no cuenta con una política nacional de conservación y uso no letal de cetáceos que garantice que las iniciativas realizadas se mantengan y fortalezcan y que la ausencia de dicha política debilita la posición conservacionista de Chile al no brindar garantías a largo plazo para el desarrollo sustentable de las comunidades costeras a través de actividades de uso no letal de los cetáceos. 6.La realización de la 60ma reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional en Chile representa una oportunidad para avanzar hacia la consolidación de una Política Nacional de conservación y uso no letal de los cetáceos y para posicionar al país como un destino emergente del turismo de avistaje de cetáceos. El Senado acuerda solicitar a S. E. la Presidenta de la República: 1.Que es necesario que las políticas de conservación promovidas y adoptadas por Chile a nivel regional e internacional cuenten con un marco legal que garantice que el uso no letal de los cetáceos como un compromiso permanente del país, de acuerdo a lo convenido por el país en la Declaración de Buenos Aires (2006). 2.Que con miras a la 60ma reunión anual de la CBI en Chile, las autoridades nacionales con competencia en el tema trabajen expeditamente para avanzar hacia la adopción de una Política Nacional de Conservacion y Uso No Letal de Cetáceos que prohíba definitivamente las operaciones de caza comercial y científica letal de cetáceos en aguas chilenas. (Fdo.):Antonio Horvath Kiss,Andrés Allamand Zavala SenadorSenador Nelson Ávila Contreras,Pablo Longueira Montes SenadorSenador Alejandro Navarro Brain,Guillermo Vásquez Úbeda SenadorSenador

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 50 Sesión: Sesión Ordinaria N° 50 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 6 de septiembre de 2006

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE CONGRATULA A INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO Y A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y FRANCIA POR SU VOLUNTAD DE PONER TÉRMINO A LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN VASCONGADA (S 901-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES, POR EL QUE SE CONGRATULA A INSTITUCIONES DEL PAÍS VASCO Y A LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y FRANCIA POR SU VOLUNTAD DE PONER TÉRMINO A LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN VASCONGADA (S 901-12) Honorable Senado: 1. Que la vinculación entre Chile y el País Vasco, se remonta a los orígenes mismos de la nación chilena, con la llegada de los primeros inmigrantes venidos de esas tierras que empeñaron su laboriosidad y tesón en la construcción de esta nueva patria. La asimilación de los vascos fue determinante para contribuir sin duda a forjar nuestra identidad nacional, al extremo de que un gran pensador, como don Miguel de Unamuno, llegó a decir que Chile es una de las mayores creaciones de ese pueblo. 2. Que la reflexión anterior compromete nuestro interés y preocupación por los asuntos de la nación vasca, particularmente la violencia y división que la han asolado desde hace años. 3. Que en tal contexto de preocupación e interés observamos con optimismo los últimos acontecimientos que dan cuenta de nuevos caminos de paz que se abren para el pueblo vasco, condición indispensable para afianzar una sociedad democrática, prospera y justa. Asimismo, nos congratulamos por la decisión de la organización ETA de anunciar un alto el fuego permanente. 4. Que el Senado de Chile es el foro ciudadano en que el pueblo manifiesta sus distintas opciones democráticas y, por lo tanto, expresa con autoridad el sentir de los chilenos. Acuerdo En consideración a los planteamientos precedentes, el Senado de la República acuerda Reconocer y congratular a los partidos políticos, a las entidades civiles del País Vasco, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a los Gobiernos de España y de Francia, por su voluntad e iniciativa de impulsar el proceso tendiente a terminar con el flagelo de la violencia y de la división e instalar, en su lugar, un escenario de paz que permita el libre ejercicio de todas las libertades políticas, respetando plenamente la soberana voluntad democrática del pueblo vasco. (Fdo.) Allamand Zavala, Andrés; Alvear Valenzuela, Soledad; Ávila Contreras, Nelson; Bianchi Chelech, Carlos; Cantero Ojeda, Carlos; Espina Otero, Alberto; Flores Labra, Fernando; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Girardi Lavín, Guido; Horvath Kiss, Antonio; Muñoz Aburto, Pedro; Muñoz Barra, Roberto; Naranjo Ortiz, Jaime; Navarro Brain, Alejandro; Núñez Muñoz, Ricardo; Ominami Pascual, Carlos; Pizarro Soto, Jorge; Prokurica Prokurica, Baldo; Romero Pizarro, Sergio; RuizEsquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín; Vásquez Úbeda, Guillermo; Zaldívar Larraín, Adolfo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°95 Sesión: Sesión Ordinaria N°95 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 4 de marzo de 2015

SOLICITUD DE CREACIÓN DE MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROYECTO DE ACUERDO El señor TUMA ( Vicepresidente ).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Chahuán y Girardi, señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, Espina, De Urresti, GarcíaHuidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar. --Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.799-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica: Se da cuenta en sesión 91ª, en 27 de enero de 2015. El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La finalidad del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que remita una iniciativa de ley con el fin de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: martes 12 de septiembre de 2006

PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES QUE PROPONE SOLICITAR A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE CHILEDEPORTES EXISTA UN APORTE ADICIONAL PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA HOMBRES Y MUJERES DIRIGIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL AMATEUR (S 905-12) PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES QUE PROPONE SOLICITAR A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE CHILEDEPORTES EXISTA UN APORTE ADICIONAL PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA HOMBRES Y MUJERES DIRIGIDAS POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL AMATEUR (S 905-12) Honorable Senado: Considerando que: 1. Que la actividad desarrollada por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) tiene un público semanal promedio cercano a los 2.500.000 de personas a nivel nacional, lo que representa alrededor de la sexta parte de la población de nuestra República. 2. Que la actividad deportiva que impulsa la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) significa una verdadera y eficaz promoción de la salud y del deporte dentro de la juventud. 3. Que el fútbol amateur tiene entre sus más importantes actividades, el desarrollo del Campeonato Nacional de Tercera División, donde actualmente militan clubes que anteriormente estuvieron en la División de Honor (Primera División), como Deportes Iquique, Magallanes, Trasandino, etc. Y otros, que volvieron a la Primera División y la Primera División B, después de pasar por la Tercera División, como Santiago Morning, Curicó Unido, San Luis de Quillota, Unión La Calera, Naval de Talcahuano, etc. 4, Que en virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario valorar la actividad desarrollada por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), entregando un mayor apoyo a la labor llevada a cabo por dicha entidad. Por todo lo expuesto, el Senado acuerda enviar a S.E. el Presidente de la República la presente solicitud para: Que la Presidenta de la República en virtud de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de la República, ordene oficiar al Ministerio Secretaría General de Gobierno y al Ministerio de Hacienda, para efectos de que en el presupuesto de Chile Deportes exista un aporte adicional y permanente para el desarrollo de escuelas deportivas, para hombres y mujeres, dirigidas por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. (Fdo.) Allamand Zavala, Andrés; Alvear Valenzuela, Soledad; Cantero Ojeda, Carlos; Coloma Correa, Juan Antonio; Flores Labra, Fernando; Frei Ruiz-Tagle, Eduardo; Gazmuri Mujica, Jaime; Gómez Urrutia, José Antonio; Horvath Kiss, Antonio; Letelier Morel, Juan Pablo; Muñoz Aburto, Pedro; Naranjo Ortiz, Jaime; Navarro Brain, Alejandro; Núñez Muñoz, Ricardo; Pizarro Soto, Jorge; Ruiz-Esquide Jara, Mariano; Sabag Castillo, Hosaín; Zaldívar Larraín, Adolfo.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Sesión: Sesión Ordinaria N° 19 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: martes 6 de junio de 2006

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, ÁVILA, HORVATH, LONGUEIRA Y NAVARRO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN LA REALIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE ACCIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS BALLENAS (S 859-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, ÁVILA, HORVATH, LONGUEIRA Y NAVARRO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN LA REALIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE ACCIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS BALLENAS (S 859-12) Honorable Senado: Considerando: 1.- Que la continua expansión de la caza de la ballena con supuestos fines científicos constituye un amenaza para la conservación de poblaciones de ballenas cuyo estado de preservación es, en el mejor de los casos, incierto; 2.- Que Chile tiene la obligación de defender la preservación los recursos vivos marinos, en particular aquellas especies en peligro de extinción como la ballena; 3.- Que la Comisión Ballenera Internacional (CBI) atraviesa por un período crítico en su historia debido a la presión que ejercen algunas naciones balleneras por alterar, mediante votaciones coyunturales, los fines y objetivos de la Convención Internacional para la Regulación de la Ballena; Resuelve: 1.- Apoyar la labor que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la búsqueda de enfoques nuevos y constructivos para resolver las diferencias existentes en la CBI; mediante el fortalecimiento del uso no letal de cetáceos; el turismo de observación de cetáceos, la ampliación de los santuarios balleneros y áreas marinas protegidas, y promoviendo una mayor participación de países en desarrollo en la CBI, entre otras. 2.- Promover que el Senado realice gestiones ante poderes legislativos de los países que actualmente no están en condiciones de participar plenamente en la CBI para que reincorporen a la organización y convengan con ellos una política conjunta de reincorporarse a sus labores. 3.- Hacer gestiones ante los parlamentos de países de la región que no son miembros de la CBI, a fin de que adhieran a la Convención Internacional para la Regulación de la Ballena, y así participen en la Comisión Ballenera Internacional. 4.- Solicitar al Ejecutivo que otorgue la mayor prioridad al tema de la preservación de la ballena como un aspecto destacado de la política exterior de Chile, mediante mecanismos apropiados de colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo la Universidades, Centros de Investigación y demás actores de la sociedad civil. (Fdo.):Andrés Allamand Zavala, Senador ; Nelson Ávila Contreras, Senador ; Antonio Horvath Kiss, Senador ; Pablo Longueira Montes, Senador ; Alejandro Navarro Brain, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 85 Sesión: Sesión Especial N° 85 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: miércoles 14 de enero de 2009

ESTUDIO DE MEDIDAS NECESARIAS PARA PAGAR DEUDA HISTÓRICA QUE EL ESTADO MANTIENE CON LOS PROFESORES (S 1139-12) ESTUDIO DE MEDIDAS NECESARIAS PARA PAGAR DEUDA HISTÓRICA QUE EL ESTADO MANTIENE CON LOS PROFESORES (S 1139-12) Honorable Senado: CONSIDERANDO: 1. Que, como producto del traspaso de los docentes a las municipalidades durante la década de los ochenta, se produjo una deuda que el Estado chileno adquirió con sus profesores por el no pago oportuno de parte de los municipios, de la asignación establecida en el artículo 40 del decreto ley 3.551, publicado el 2 de enero de 1981; 2. Que dicho precepto legal estableció una asignación especial no imponible de 90% para el personal docente titulado y de 50% para aquel no titulado, ambos dependientes del Ministerio de Educación, estableciéndose un plazo de 4 cuotas anuales, entre los años 1981 y 1984 para pagar esa asignación. Posteriormente, las leyes N°s. 18.134, de 1982 y 18.461, de 1985 tuvieron por objeto facilitar el cumplimiento de dicha obligación, ampliando esencialmente los plazos de tal manera que esa asignación quedara totalmente pagada en 1988; 3. Que los docentes percibieron esta asignación hasta el momento de su traspaso a las municipalidades, por cuanto dichos entes no contaron con los fondos requeridos para ello, puesto que el Estado no se los proporcionó; 4. Que, durante todos estos años, numerosos grupos de profesores han recurrido a los Tribunales de Justicia en demanda de sus derechos, obteniendo resultados dispares. Así, por ejemplo, durante la década de los noventa, profesores de la Escuela N° 415, Monseñor Carlos Oviedo Cavada, de la comuna de Pudahuel y de la Escuela E-87, de Antofagasta obtuvieron un promedio de $231.000.- mensuales cada uno, en valores al día de hoy. Otros profesores de Vallenar, en el año 2007, recibieron de esa Municipalidad, $1.000 millones en total, después de celebrar un convenio de pago y sin perjuicio de reconocer que la obligación del saldo adeudado es de responsabilidad del Fisco; 5. Que, en otros casos, como ocurrió con el fallo del 2° Juzgado Civil de Santiago, de 2005, se acogió la excepción de prescripción de la acción hecha valer por el demandado Fisco de Chile; 6. Que el Colegio de Profesores organizó una demanda masiva en contra del Fisco, suscrita por aproximadamente 57.000 profesores, la cual se encuentra en actual tramitación; 7. Que, el pago de la bonificación reclamada constituye un deber que el Estado de Chile no puede desconocer y que compromete a toda la sociedad chilena con los maestros, hoy casi todos jubilados con pensiones muy precarias. No es posible desconocer que estos docentes entregaron toda su vida activa para educar a los jóvenes de Chile, con abnegación y generosidad; 8. Que, a esta fecha, se han aprobado por muy altas mayorías diversos proyectos de acuerdo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, solicitando al Ejecutivo dar una solución definitiva a esta deuda que el Estado adquirió con sus profesores por el no pago oportuno de parte de los municipios, de la mencionada asignación establecida en el artículo 40 de la decreto ley N° 3.551, y 9. Que, estimamos un avance en la resolución de esta justa aspiración de los profesores, las declaraciones del Ministro

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Secretario General de la Presidencia don José Antonio Viera Gallo, quien, en sesión del Senado, de fecha 25 de noviembre de 2008, expresó: “deseo aclarar que, respecto de la deuda histórica de los profesores –como se ha señalado-, cuando el Gobierno concurrió a dar el aval para que se conformara una Comisión en la Cámara de Diputados, lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda y porque se buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, a fin de resolver ese gravísimo problema.”. POR TANTO, EL SENADO ACUERDA: Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República disponer las medidas necesarias tendientes a pagar definitivamente la deuda que tiene el Estado con los docentes originada por el no pago de parte de los municipios de la asignación especial contemplada en el artículo 40 del decreto ley N° 3.551, de 1981. (Fdo.): Adolfo Zaldívar Larraín, Senador.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Jorge Arancibia Reyes, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Andrés Chadwicik Piñera, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Fernando Flores Labra, Senador.- José García Ruminot, Senador.-.Jaime Gazmuri Mujica, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Carlos Kuschel Silva, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.Pablo Longueira Montes, Senador.- Roberto Muñoz Barra, Senador.- Jaime Naranjo Ortiz, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Ricardo Núñez Muñoz, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Mariano RuizEsquide Jara, Senador.- Guillermo Vásquez Úbeda, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°89 Sesión: Sesión Ordinaria N°89 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 6 de enero de 2016

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, COLOMA, CHAHUÁN, GARCÍA-HUIDOBRO, GIRARDI, GUILLIER, HORVATH, LAGOS, LARRAÍN, MATTA, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTEROS Y ZALDÍVAR, POR EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE A TRÁMITE LEGISLATIVO UN PROYECTO DE LEY QUE ACTUALICE Y ADECUE LAS PLANTAS DE PERSONAL DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES ESTABLECIDOS EN LA LEY N°19.379 Y OTROS CUERPOS LEGALES AFINES, CON EL OBJETIVO DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. (S 1.849-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR ESPINA, SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, COLOMA, CHAHUÁN, GARCÍA-HUIDOBRO, GIRARDI, GUILLIER, HORVATH, LAGOS, LARRAÍN, MATTA, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTEROS Y ZALDÍVAR, POR EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE ENVÍE A TRÁMITE LEGISLATIVO UN PROYECTO DE LEY QUE ACTUALICE Y ADECUE LAS PLANTAS DE PERSONAL DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES ESTABLECIDOS EN LA LEY N°19.379 Y OTROS CUERPOS LEGALES AFINES, CON EL OBJETIVO DE RESGUARDAR LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. (S 1.849-12) CONSIDERANDO: 1) Que actualmente se están tramitando en el Congreso Nacional varios proyectos que promueven la descentralización y regionalización de las regiones de nuestro país. 2) Entre estos proyectos ley, se encuentra en segundo trámite constitucional en la cámara de diputados, el que establece modificaciones a la ley 19.175 orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, profundizando la regionalización del país (boletín 7963-06). Asimismo se encuentra en primer trámite constitucional la reforma constitucional mediante mensaje que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletín 9834-06) el cual refundió otros dos proyectos producto de mociones parlamentarias (boletín 10330-06 y 10422-06). 3) Lo anterior es fundamental, dada la importancia que significa para el país el poder contar con una efectiva descentralización de los órganos regionales la cual implique traspaso de competencias, facultades y recursos suficientes. 4) En este orden de ideas es igualmente necesario y va de la mano con lo anterior, asumir un compromiso con los funcionarios públicos que se desempeñan en los gobiernos regionales, ya que estos no han sido incluidos en los proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional. 5) En atención a los cambios que vienen en materia de gobierno regional, se requiere un cambio en las plantas regionales, las que no sufren cambios desde el año 1995. Actualmente de acuerdo a la ley 19.379 que fija plantas de personal de los servicios administrativos de los gobiernos regionales existen 924 cargos de planta, de los cuales solo se ocupan 379, es decir el 41% del total. Por otro lado los funcionarios a contrata alcanzan a 1.051 a nivel nacional, es decir el 51% del total de los funcionarios en esta calidad y el 30% en calidad de honorarios, en comparación al 18% de funcionarios de planta en todo el país, violándose normativa expresa del Estatuto Administrativo y afectando gravemente la estabilidad laboral y la carrera funcionaria. 6) En este sentido los cambios profundos que se están realizando en materia de descentralización de los gobiernos regionales puede traer como consecuencia, entre otras cosas en las plantas regionales: cargas de trabajos adicionales, diferencias en las remuneraciones, competencias inadecuadas, diferencias ostensibles en las remuneraciones, poco respeto a la carrera

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funcionaria y un fuerte tinte político en la desvinculación y contratación de funcionarios que se encuentran a contrata y a honorarios. Esto último si es que se aprueba la reforma constitucional correspondiente a la elección de los intendentes, el cual es un anhelo de muchos. En virtud de lo antes expuesto es que los suscribientes venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo: Solicitamos a S.E la Presidenta de la República, que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales privativas, envíe prontamente un proyecto de ley que actualice y adecue las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los gobiernos regionales establecidos en la ley N° 19.379 y otros cuerpos legales afines, con el objetivo de resguardar la seguridad y estabilidad laboral de los funcionarios de los Gobiernos Regionales. (Fdo.): Alberto Espina Otero, Senador.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe Herrera, Senadora.Andrés Allamand Zavala, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

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Mociones Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°76 Sesión: Sesión Ordinaria N°76 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 17 de diciembre de 2014

PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, QUE INCORPORA EN LA LEY N° 20.416 UNA SANCIÓN PENAL PARA CASTIGAR LA CONDUCTA DE LAS GRANDES EMPRESAS QUE NO PAGUEN, DENTRO DEL PLAZO LEGAL, LAS FACTURAS QUE ADEUDAN A EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO (9.807-07) PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO, QUE INCORPORA EN LA LEY N° 20.416 UNA SANCIÓN PENAL PARA CASTIGAR LA CONDUCTA DE LAS GRANDES EMPRESAS QUE NO PAGUEN, DENTRO DEL PLAZO LEGAL, LAS FACTURAS QUE ADEUDAN A EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO (9.807-07) Como es sabido, es un reclamo consuetudinario de las Pymes el que las grandes empresas no pagan las facturas debidas en la fecha de entrega o rendición de bienes y servicios. Tal y como señala el artículo 160 del Código de Comercio, al regular la compra venta mercantil: “El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que forme y le entregue una factura de las mercaderías vendidas, y que ponga al pie de ellas el recibo del precio total o de la parte que se le hubiere entregado. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”. Asimismo, el Art. 155: “Puesta la cosa a disposición del comprador, y dándose éste por satisfecho de ella, deberá pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados. No habiendo término ni lugar señalados para el pago del precio, el comprador deberá hacerlo en el lugar y tiempo de la entrega, y no podrá exigir que ésta se efectúe sino pagando el precio en el acto”. Esta norma es vulnerada comúnmente, pues es tal el poder de las grandes empresas, algunas de ellas en posición dominante del mercado (monopolios o monopsonios), que no es posible cobrarles sin que desechen a los proveedores que se atreven a reclamar judicialmente por el incumplimiento. La Ley 19983, que REGULA LA TRANSFERENCIA Y OTORGA MERITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA, intentó establecer medidas de factorización de la “cuarta factura” a efectos de lograr su cobro ejecutivo, lo que lejos, no ha solucionado el tema, pues las Pymes siguen denunciando quiebras en virtud de los abusos por la imposición unilateral de las fechas de pago. Una de las últimas polémicas al respecto dice relación con Horst Paulmann, quien durante el gobierno anterior, en la Convención Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales celebrada en marzo de 2013, dijo que "aquí nosotros no podemos pagarles a 120 ó 150 días a los proveedores como dice el ministro de Economía". Paulmann también señaló que pagarles a los proveedores en menor tiempo "es un sueño". El ministro de Economía de la época, Pablo Longueira, sostuvo que "si hay algo que asfixia en Chile el espíritu emprendedor, es que se les pague a las Pymes a 120 o 150 días". ‘Todas las empresas deberían tratar de pagar más a tiempo’, señaló en ese entonces el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien agregó que el sector público trabaja para conseguir la meta de pagar a 30 días y se avanza con rapidez en tal objetivo

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y las empresas privadas debieran apuntar en esa línea. El en ese momento precandidato presidencial y hoy senador, Andrés Allamand, señaló ante el Diario La Tercera que “las pymes, que dan el 80% del trabajo a nivel país, son las principales afectadas con los retrasos en los pagos. (…) que nadie obtenga ventajas ilegítimas. Las grandes empresas, en razón de su mayor poder de negociación, no deben aprovecharse de las que las empresas que están, objetivamente, en una situación de mayor debilidad” Evidentemente el fenómeno sigue vigente. Ante el virtual fracaso de los efectos comerciales de la ley de la cuarta factura, del ejemplo que actualmente está dando el Fisco en pagar dentro de plazos razonables, y ante la desidia de parte importante del empresariado, que promete pero no cumple, creemos que ha llegado el momento, después de años de espera, de tomar medidas más disuasivas, más drásticas. Es por ello que tenemos la firme convicción de que es necesario e ineludible plantear sanciones criminales (presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, 61 días a 5 años de privación de libertad) para el no pago oportuno de las facturas, lo que consideramos una sanción proporcionada, pues las pymes quiebran, fracasan en su emprendimiento, con los consabidos efectos sociales y en la economía nacional. Por tanto, vengo en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único: Agrégase el siguiente nuevo artículo 9 bis a la Ley N. 20416 que FIJA NORMAS ESPECIALES PARA LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO: “Las deudas en favor de las empresas de menor tamaño, definidas por el artículo 2 de esta ley, en su rol de proveedores de grandes empresas, deberán pagarse en un plazo máximo de 30 días desde que se haya entregado el bien o prestado el servicio respectivo. Se calificará a la deudora como gran empresa, considerando a la misma en conjunto con las empresas relacionadas a ella, en la medida que integren una misma unidad económica, o que se encuentren ordenadas bajo una dirección común. El que infrinja este artículo será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. El propio afectado, cualquier interesado, y las asociaciones gremiales u otras que representen a empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente a la aplicación de esta sanción”. (Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°51 Sesión: Sesión Ordinaria N°51 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 1 de octubre de 2014

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES MONTES, ALLAMAND, GIRARDI, LAGOS Y NAVARRO, CON LA QUE SE DA INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA TRANSFERIR COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES, EN FORMA TEMPORAL, EN LAS MATERIAS QUE SEÑALA Y RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, EN TANTO NO SE DICTE LA LEGISLACIÓN PRESCRITA EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 123 DE LA CARTA FUNDAMENTAL (9.616-06) MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES MONTES, ALLAMAND, GIRARDI, LAGOS Y NAVARRO, CON LA QUE SE DA INICIO A UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA TRANSFERIR COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES, EN FORMA TEMPORAL, EN LAS MATERIAS QUE SEÑALA Y RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y SANTIAGO, EN TANTO NO SE DICTE LA LEGISLACIÓN PRESCRITA EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 123 DE LA CARTA FUNDAMENTAL (9.616-06)

Vistos. Lo dispuesto en los artículos 1º, 19º, 63º, 114º y 123º y en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República y en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Considerando. 1. Que la necesidad de contar con Gobiernos Metropolitanos en las zonas más densamente pobladas del país ha sido planteada desde hace muchos años. Lo anterior encuentra claro sustento en la legislación y experiencia comparada de las principales capitales y regiones tanto de América Latina como de todo el orbe.

2. Que ya la primera Reforma Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Provincial y Administración Comunal, propuesta en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, contenía una iniciativa en tal sentido. Se propuso incorporar en la Carta Fundamental un nuevo inciso segundo al artículo 112 que señalaba: “La ley podrá, también, disponer diversas modalidades para la administración de las áreas metropolitanas.” Durante el trámite en las Comisiones Unidas Gobierno Interior y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se abordó la materia, lo que se sintetiza en el siguiente párrafo de su Informe: “En pro de su concreción se adujo que los grandes centros urbanos constituidos por varios municipios generan problemas de urbanización, contaminación, planificación de tráfico vehicular y al ser de una entidad distinta de los que las comunidades locales, requieren de una instancia también diferente a las de los gobiernos para abordarlos. El proyecto, al sugerir esta nueva institución, propone fórmulas amplias al señalar que la ley podrá disponer diversas modalidades para administrar las áreas metropolitanas. La más primaria es la concertación entre municipios y entre tos y los servicios públicos, que respete el ámbito comunal pero que resuelva situaciones que escapan al control de los municipios.

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El argumento en contrario a la norma que permite modalidades de administración de las grandes urbes, postula que tales modalidades constituirán un factor burocratizante, una forma de centralismo urbano y que restará importancia a las comunas alejando al ciudadano medio de su participación en los problemas locales que más le afectan. Por otra parte, la superación de los problemas de las grandes ciudades conformadas por muchos municipios puede lograrse mediante las fórmulas de coordinación entre municipios ya acordadas, sin crear estas nuevas estructuras de gobierno territorial.” Tras motivarse una discusión en la Comisión, con posturas divididas y posteriormente, en la sala del Senado, primó la opción de mantener el texto sin la mención de crear gobiernos metropolitanos. La premura por contar con estas enmiendas para posibilitar la transformación de los gobiernos locales hizo que la Cámara de Diputados refrendara el proyecto aprobado por el Senado, sin modificaciones, en menos de quince días, quedando en condiciones de ser ratificado como lo disponía la Carta Fundamental. 3. Que, posteriormente, debió dictarse la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 19.175. Ésta, en su texto original, no contempló norma alguna respecto de las áreas metropolitanas. Sin embargo, durante el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, se incorporó una indicación suscrita por los señores Aguiló, Elgueta, Ortega y Pizarro, don Jorge, que define lo que debe entenderse por área metropolitana. En la misma ocasión se rechazó una indicación de la señora Caraball y de los señores Cornejo, Elizalde, Hamuy y Gutenberg Martínez, para intercalar entre los Títulos Segundo y Final del proyecto un Título Tercero, mucho más comprensivo de esta idea. La propuesta del primer grupo de legisladores obtuvo en la sala 62 votos afirmativos, 2 en contra y 9 abstenciones. Ello significó su rechazo al no obtenerse el quórum constitucional requerido. Al presentar la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el Ministro del Interior Sr. Enrique Krauss reseñó lo que había sido la discusión en la Cámara Baja. Al respecto, según se describe en el siguiente texto, expresó la coincidencia del Ejecutivo con el problema planteado, recordando que había sido expuesto en la reforma constitucional anterior, pero indicó que se había desechado el tema por no contar con acuerdo para su despacho. No obstante, en el segundo informe, se aprobaron dos disposiciones que buscan incorporar la idea de coordinación entre los Gobiernos Regionales, a saber: "Artículo 66 bis.- En la Región Metropolitana existirá un Consejo Coordinador Regional de Acción Municipal, cuya finalidad será planificar y coordinar acciones municipales conjuntas destinadas a la prevención y solución de problemas que afecten a todas o a la mayor parte de las comunas que integran la Región y que requieren de una solución mancomunada. En especial, cumplirá estas funciones respecto de: urbanismo, tránsito, locomoción y transporte públicos, contaminación ambiental, salud, educación y ubicación y utilización de vertederos." "Artículo 92.- Los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente en la formulación de los planes y en la ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura social básica y al equipamiento urbano de las áreas metropolitanas. Para dicho efecto, los organismos mencionados proporcionarán la información necesaria, realizarán los estudios en conjunto cuando proceda y adoptarán las medidas pertinentes para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la debida congruencia de las acciones que realicen.

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Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos." Dichas disposiciones, aprobadas por el Senado, fueron rechazadas en la Cámara de Diputados y abordadas por una Comisión Mixta, en cuyo seno se aprobaron los siguientes artículos que constan en la versión vigente y que expresaron una fórmula de consenso entre ambas ramas legislativas: Artículo 91.- Los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente en la formulación de los planes y en la ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura social básica y al equipamiento urbano de las áreas metropolitanas. Para dicho efecto, los organismos mencionados proporcionarán la información necesaria, realizarán los estudios en conjunto cuando proceda y adoptarán las medidas pertinentes para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la debida congruencia de las acciones que realicen. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos. En las regiones donde existan áreas metropolitanas los gobiernos regionales tendrán además las atribuciones específicas sobre los servicios públicos que les confieran las leyes. Artículo 92.- En cada región del país donde se configuren áreas metropolitanas conforme a lo previsto por el artículo anterior, existirá un Consejo Coordinador Regional de Acción Municipal, cuya finalidad será planificar y coordinar acciones municipales conjuntas destinadas a la prevención y solución de problemas que afecten a las comunas comprendidas en el área metropolitana respectiva y que requieran de tratamiento conjunto. El Consejo Coordinador a que se refiere el inciso anterior estará integrado por los alcaldes de las municipalidades a que correspondan las comunas comprendidas en el área metropolitana y será presidido por el de la municipalidad en cuyo territorio se ubique la cabecera regional o provincial, en su caso. Las deliberaciones y acuerdos que este Consejo adopte se transmitirán a las municipalidades respectivas con carácter de recomendaciones o proposiciones. El costo de los estudios que puedan encargarse será prorrateado entre las municipalidades concernidas en proporción a sus ingresos. A las sesiones del Consejo y por acuerdo de sus miembros podrá invitarse a las autoridades de otros organismos públicos con el objeto de acordar acciones mancomunadas en los términos previstos en el inciso primero del artículo anterior. Los convenios que al efecto se celebren tanto entre las municipalidades participantes en el Consejo como con otros servicios públicos regularán los alcances y formas de llevar a efecto la coordinación de sus respectivas acciones.[1] 4. Que en el año 2003, se presentó un nuevo Proyecto de Reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional. La propuesta insistía en regular las áreas metropolitanas, retomando la discusión abortada en 1991. El mensaje, suscrito por el Presidente Ricardo Lagos, señalaba al respecto: “10.Áreas Metropolitanas.En otro orden de materias, el proyecto propone el establecimiento constitucional de una administración especial para las “áreas metropolitanas”, que se encargue de la prevención y solución de la problemática común que afecta a las comunas comprendidas en dichos ámbitos territoriales. Para dicho efecto, mediante la incorporación de un nuevo inciso segundo al artículo 112 de la Constitución Política, se mandata a la ley orgánica constitucional respectiva para regular una administración especial para las áreas metropolitanas. La práctica ha demostrado que la concurrencia de ciertos problemas muy típicos de estos territorios, supera con creces las

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competencias municipales, obligando a una coordinación entre ellas que normalmente es muy difícil o, incluso, imposible de conseguir. Al mismo tiempo, se advierte que aún para los gobiernos regionales con asiento en estas áreas metropolitanas, la prevención y solución de tal problemática común sobrepasa sus propias capacidades competenciales y financieras. En síntesis, la ausencia de una política y autoridad metropolitanas, ha generado un conjunto de soluciones incompletas o inapropiadas para la eficiente administración de estos ámbitos territoriales. En este contexto, la presente reforma pretende consagrar una disposición que recoja la especificidad en el tratamiento de las áreas metropolitanas, componente hasta ahora inexistente en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, el cual, además, constituye un ingrediente que no puede estar ausente en el desarrollo de un proceso de descentralización. Para ello, la disposición constitucional propuesta se aboca a recoger esta realidad territorial, caracterizarla y determinar los alcances generales de su regulación, encomendándose al legislador orgánico constitucional la determinación de la administración especial que regirá en estas “áreas metropolitanas”. El ejercicio de tal administración se encomienda a los gobiernos regionales hoy competentes en tales territorios, consagrándoles al efecto, atribuciones especiales y aún excluyentes de las establecidas para las municipalidades y los servicios públicos con competencias en los mismos territorios.” Con este objeto, se proponía un nuevo inciso segundo en el artículo 112 que disponía lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará una administración especial para las áreas metropolitanas. Dicha administración será ejercida por los gobiernos regionales competentes en dichas áreas, estableciéndose al efecto funciones y atribuciones especiales y aun excluyentes de las que correspondan a las municipalidades y los servicios públicos con competencia en los mismos territorios. La misma ley establecerá las condiciones que permitan conferir a determinados territorios la calidad de área metropolitana, como asimismo las formalidades bajo las cuales el Presidente de la República podrá decretar dicha calidad.”. El nuevo inciso propuesto, segundo del artículo 112, fue aprobado en el Informe de la citada Comisión. Lo mismo ocurrió en el segundo informe de la misma instancia. Posteriormente, el proyecto fue tratado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, para ese entonces S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó una indicación sustitutiva, que constaba de un artículo único, dividido en seis números, referidos a las siguientes materias: -mecanismo de elección alternativo de los Senadores; -sufragio universal para elegir a los miembros de los consejos regionales (también reemplaza esta denominación por “consejeros regionales”); -nueva regulación para la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y, finalmente, -otras enmiendas formales y de concordancia con las ya anotadas. Entre dichos temas no se encontraba la norma en comento. Así fue aprobada en la Cámara de Diputados. En el Senado, los miembros de la Comisión de Gobiernos Interior, Descentralización y Regionalización, propusieron unánimemente diversas enmiendas, una de las cuales incorporaba un nuevo numeral 9) que, a su vez, agregaba un inciso segundo al artículo 123 (remite a la ley regular las formas de coordinación de los municipios frente a problemas comunes) que crea las denominadas áreas metropolitanas cuyo funcionamiento se ajustará a los siguientes aspectos: a) Serán administradas por los gobiernos regionales, en los términos y condiciones que establezca la ley orgánica constitucional respectiva, y b) El nuevo texto precisa, con el objeto de evitar conflictos de competencia con los municipios, que las atribuciones que la ley

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orgánica asigne a los gobiernos regionales prevalecerán respecto de las de los municipios con competencia en el mismo territorio. La Sala del Senado rechazó lo obrado por la Comisión, esto es el análisis general y particular realizado, obligando a que ella se pronunciare sólo respecto de la idea de legislar, con el objeto de simplificar el debate y acotarlo a los temas subsistentes tras la aprobación de la Cámara de Diputados. Se señaló que otras materias, como la regulación de las áreas metropolitanas, podían ser objeto de indicaciones en un segundo informe o incorporarse en un nuevo proyecto de reforma constitucional. En este segundo informe se volvió a plantear la enmienda sugerida en el primer informe. Así, la indicación N° 21 incorpora un inciso segundo al artículo 123 (remite a la ley la regulación de las formas de coordinación de los municipios frente a problemas comunes) que crea las denominadas áreas metropolitanas cuyo funcionamiento se ajustará a las siguientes modalidades: a) Serán administradas por los gobiernos regionales, en los términos y condiciones que establezca la ley orgánica constitucional respectiva, y b) Para evitar conflictos de competencia con los municipios, las atribuciones que la ley orgánica asigne a los gobiernos regionales prevalecerán respecto de las de los municipios con competencia en el mismo territorio. Los Honorables Senadores señores Núñez y Sabag expresaron que “la creación de áreas metropolitanas o alcaldías mayores para cubrir los gobiernos locales de grandes ciudades es una aspiración que se ha venido discutiendo desde la reforma constitucional de 1991. La vida moderna en las grandes ciudades requiere, por la complejidad de los asuntos que se deben atender desde todo punto de vista, especialmente en materia de ordenamiento territorial, transporte y medio ambiente, reunir el gobierno metropolitano en una sola mano para evitar duplicidades o resoluciones contradictorias. Agregaron que el instrumento adecuado a estos propósitos debe ser la institucionalización de una autoridad metropolitana por sobre las autoridades locales o municipales en los grandes aspectos que conciernen a la gran ciudad, pero evitando a la vez, mediante regulaciones precisas y perentorias en la ley orgánica, menoscabar las potestades de los gobiernos locales.” La modificación propuesta, aprobada por la Comisión, en forma unánime, pasó a conformar un nuevo numeral 10) del texto. 10. Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 123: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, que será ejercida por los gobiernos regionales. Las atribuciones que a este efecto se otorguen a los gobiernos regionales prevalecerán respecto de las que se asignen a las municipalidades con competencia en el mismo territorio.” Dicho texto fue refrendado posteriormente por la Sala del Senado. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó la enmienda por entender que ella, en su segunda frase, afectaba la autonomía municipal. Se formó una Comisión Mixta para resolver la controversia. En dicha instancia el Ejecutivo propuso una fórmula alternativa que fue aceptada por los parlamentarios integrantes, a saber: “9. Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 123: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios.” Dicha norma se encuentra incorporada, entonces, en la Carta Fundamental, a partir de la ley 20.390, publicada en el Diario

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Oficial el 28 de Octubre de 2009. 5.-Que en consecuencia, la Carta Fundamental, cuenta hoy con una normativa genérica en relación a las áreas metropolitanas que figura en el inciso segundo del artículo 123 que dispone: Artículo 123.- La ley establecerá fórmulas de coordinación para la administración de todos o algunos de los municipios, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre los municipios y los demás servicios públicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, y establecerá las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios. En tanto, la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, N° 19,175, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1 de 2005, señala: Artículo 109.- Los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente en la formulación de los planes y en la ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura social básica y al equipamiento urbano de las áreas metropolitanas. Para dicho efecto, los organismos mencionados proporcionarán la información necesaria, realizarán los estudios en conjunto cuando proceda y adoptarán las medidas pertinentes para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la debida congruencia de las acciones que realicen. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos. En las regiones donde existan áreas metropolitanas los gobiernos regionales tendrán además las atribuciones específicas sobre los servicios públicos que les confieran las leyes. Artículo 110.- En cada región del país donde se configuren áreas metropolitanas conforme a lo previsto por el artículo anterior, existirá un consejo coordinador regional de acción municipal, cuya finalidad será planificar y coordinar acciones municipales conjuntas destinadas a la prevención y solución de problemas que afecten a las comunas comprendidas en el área metropolitana respectiva y que requieran de tratamiento conjunto. El consejo coordinador a que se refiere el inciso anterior estará integrado por los alcaldes de las municipalidades a que correspondan las comunas comprendidas en el área metropolitana y será presidido por el de la municipalidad en cuyo territorio se ubique la cabecera regional o provincial, en su caso. Las deliberaciones y acuerdos que este consejo adopte se transmitirán a las municipalidades respectivas con carácter de recomendaciones o proposiciones. El costo de los estudios que puedan encargarse será prorrateado entre las municipalidades concernidas en proporción a sus ingresos. A las sesiones del consejo y por acuerdo de sus miembros podrá invitarse a las autoridades de otros organismos públicos con el objeto de acordar acciones mancomunadas en los términos previstos en el inciso primero del artículo anterior. Los convenios que al efecto se celebren tanto entre las municipalidades participantes en el consejo como con otros servicios públicos regularán los alcances y formas de llevar a efecto la coordinación de sus respectivas acciones. 6. Que, la citada ley 20.390, tras una amplia discusión, contempló también una norma destinada a posibilitar un traspaso de competencias desde el nivel central al regional. La fórmula fue ampliamente discutida, resultando, en definitiva, mucho menos expedita y directa que lo que plantearon diversos parlamentarios de regiones, constando hoy como artículo 114 de la Carta Fundamental, a saber: "Artículo 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los

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ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural." 7. Que, sin embargo, hasta hoy no se ha concretado la determinación de áreas metropolitanas ni regulado la forma y el modo en que se transferirán a las entidades encargadas de su administración competencias relevantes, pese a algunos intentos como la frustrada creación de la autoridad metropolitana de transportes (Boletín 5077-15) el año 2007. 8. Que la magnitud de los problemas existentes en los principales centros urbanos del país ameritan abordar este problema con urgencia. En este sentido, creemos que la democratización de los Consejos Regionales, más aún si a ello se agrega la elección también de su Intendente como lo propone el programa del actual Ejecutivo, dan a los Gobiernos Regionales la legitimidad necesaria para asumir atribuciones que permitan planificar, coordinar y regular de mejor manera el funcionamiento de los ámbitos fundamentales de estas grandes urbes. La urgencia de las necesidades especialmente en algunas materias, tales como desarrollo urbano, planificación y ordenamiento territorial; vialidad, transporte y conectividad, gestión de residuos, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, ameritan que éstas puedan transferirse a la brevedad, sin esperar las regulaciones a que aluden los artículos 123 y 114 de la Carta Fundamental sobre la administración de las áreas metropolitanas y las condiciones y formalidades que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios y la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales determinadas competencias de los ministerios y servicios públicos, respectivamente. Por lo anterior, los senadores que suscriben vienen en presentar el siguiente: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo único. Incorpórese en la Constitución Política de la República el siguiente nuevo artículo transitorio: VIGÉSIMOSÉPTIMA: Facúltese al Presidente de la República para que en forma temporal, en tanto se dicta la normativa a que hacen referencia el artículo 123 respecto de la administración de las áreas metropolitanas y las condiciones y formalidades que permitirían conferir dicha calidad a determinados territorios y aquélla a que alude el artículo 114, sobre la forma y el modo en que podrán transferirse competencias desde ministerios y servicios públicos a gobiernos regionales; traspase a los Gobiernos Regionales de Valparaíso, Santiago y Concepción, mediante decreto supremo, aquéllas que estime convenientes respecto de materias vinculadas al desarrollo urbano, planificación y ordenamiento territorial; vialidad, transporte y conectividad, gestión de residuos, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

(Fdo.): Carlos Montes Cisternas, Senador.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador. Ricardo Lagos Weber, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Sesión: Sesión Ordinaria N° 25 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: martes 10 de junio de 2008

MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.884, SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL (5911-06) MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.884, SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL (5911-06) Honorable Senado: I. FAIR PLAY Y FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA: Fair play o juego limpio es un concepto ya explorado en la reflexión política. Desde Uruguay, Oscar Botinelli nos señala que: “Los sistemas políticos pueden operar de distinta manera en cuanto a la relación entre sus componentes, particularmente la existente entre el gobierno y la oposición. Un breve paneo de países con regímenes democrático-liberales permite observar desde fuertes polarizaciones hasta situaciones de alta consensualidad, regímenes de clara e inequívoca distinción de roles entre gobierno y oposición y otros donde los papeles tienden a confundirse, y algunos que aunque la función de gobierno y la de oposición sean nítidas, presentan diferencias en el grado de tolerancia o intolerancia entre unos y otros, en el grado de limpieza o brusquedad del juego”[1] . Uno de los rasgos del fair play es la paridad en el gasto electoral. Arrasar con recursos una candidatura ajena es casi como abusar de una posición monopólica, barrer con el más débil, y finalmente, sólo quienes cuentan con más dinero y apoyo podrán representar al pueblo. El financiamiento de la actividad política es una cuestión difícil de abordar entre nosotros. La tradicional parquedad de la regulación constitucional y legal de los partidos políticos había puesto en un área más bien nebulosa la forma en que los partidos obtienen el financiamiento que les permite el desarrollo de sus actividades y, especialmente, la forma en que se financian los abultados gastos que deben soportar en los períodos de campaña electoral. Incluso más, la norma constitucional del artículo 19 N° 15, en su única referencia al financiamiento de la política, entraña un mandato al control del gasto electoral de fuentes de origen extranjero. La única manera de configurar tal mandato es a través de un sistema de control y transparencia de todo el gasto electoral, que ya se implementó en la Ley de Gasto Electoral. Es indudable, sin embargo, que la actividad política en Chile encuentra los recursos económicos necesarios en el mundo privado, lo que supone la existencia de complejas relaciones entre la política y el dinero que, como hemos dicho, es decisión de mi gobierno regular. Debemos, entonces, preguntarnos cuáles son las relaciones entre el dinero y la política que es conveniente permitir y regular y cuáles, por el contrario, deben ser prohibidas y sancionadas por el ordenamiento jurídico. La respuesta no es fácil. Como señala Jorge Claissac Schnacke: “La forma en que se materialice la relación entre el dinero y la política no es una cuestión intrascendente, que pueda ser entregada exclusivamente a la libertad del mercado o a la conciencia de los ciudadanos. Por el contrario, la constatación de que el financiamiento de la actividad política se ha consolidado como la principal fuente de corrupción de los sistemas políticos obliga a regular la injerencia del dinero en la generación del poder político, de manera de evitar el avance de figuras típicas de extorsión o soborno que degradan en forma definitiva la democracia y la legitimidad de sus instituciones. Es indispensable, en consecuencia, procurar las condiciones que permitan mantener relaciones aceptables entre la riqueza privada y el poder público, porque de ella depende la forma en que se desenvolverá la actividad política y la manera en que se resguardará la integridad del sistema político. La libertad política justifica, sin lugar a dudas, el derecho de los ciudadanos a contribuir al financiamiento de aquellas opciones políticas o ideológicas que sean de su preferencia, derecho que debe ser protegido y fomentado por la institucionalidad democrática. Pero esa misma libertad impone la obligación de regular la forma en que este derecho se

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ejerce, de manera que no se transforme en una fuerza externa al proceso de confrontación política, que determine la formación de la opinión política en forma indebida. La historia se ha encargado de demostrar-nos la directa vinculación que existe entre el dinero y la corrupción política. Desde los primeros tiempos de la democracia, el rico ha estado en condiciones de "comprar" la conciencia del pobre, antes en forma directa y desvergonzada, o en forma más o menos sutil en la actualidad. Porque, en definitiva, aquellas formas de cohecho consistentes en el pago de cierta cantidad de dinero una vez emitido el sufragio, han sido reemplazadas por otras en que lo que se paga aparece disfrazado de asistencialidad, tal como ocurre con el pago de cuentas de ser-vicios básicos o el regalo de especies de la más variada índole, entre otras. Entonces, resulta claro que, mientras mayores sean los recursos disponibles, más altas son las posibilidades de un candidato de obtener el favor del electorado, muchas veces independientemente de la adscripción ideológica de los ciudadanos y ciertamente del propio candidato. Por lo mismo, mientras mayor sea el gasto electoral total, mayores serán las posibilidades de exponer a la corrupción al sistema político en su conjunto. El sistema político se resiente gravemente si el sufragio no puede expresarse en forma libre. Pero de mayor gravedad todavía es la relación indebida que se presenta entre el poseedor de la riqueza y los representantes políticos surgidos del sufragio popular. Ningún sistema político democrático podrá mantenerse en el tiempo si carece de legitimidad al fundarse en perversas relaciones de soborno o extorsión, pues ninguna contribución es completamente gratuita. Por el contrario, incluso aquellas más desinteresadas donaciones persiguen la obtención de alguna ventaja personal, al menos moral. Por ello, es dable sostener que mientras más cuantiosa sea la contribución, mayor será el beneficio que el "inversionista" aspire a obtener y, por lo tanto, más urgente establecer precisas regulaciones”[2] . II. EL GASTO ELECTORAL EN EL MUNDO. Creemos que el lector de este proyecto de ley comprenderá fácilmente las dificultades para medir el gasto electoral en Chile, ligado principalmente a razones de falta de transparencia. No obstante, proyecciones conservadoras han estimado que el gasto total de las campañas parlamentarias de 1993 alcanzó a unos $15.700 millones de pesos (unos 37,5 millones de dólares de la época). Otras proyecciones han estimado un gasto total para todas las elecciones parlamentarias de 1997 en unos $ 39.000 millones (aproximadamente 84 millones de dólares)[3] . Sin duda alguna, las cifras señaladas son demostrativas de un exagerado nivel de gasto electoral, proporcionalmente mayor al que se registra en Estados Unidos o Japón, dos países que presentan los más altos niveles de gastos del mundo. Se ha calculado que el total de gasto de todas las campañas que se verificaron en los Estados Unidos, desde 1952, ha sido progresiva-mente mayor. En 1952 alcanzó a la suma de US$ 250 millones; para 1976, dicha cifra se elevó moderadamente, alcanzando en esos 24 años unos US$ 600 millones. De ahí en adelante, el aumento del gasto ha sido exorbitante, alcanzando la suma de US$ 1200 millones en 1980 –el doble de la elección anterior-, US$ 2700 millones en 1988 y US$ 3100 millones en 1992. Diversas estimaciones han situado el total de gastos de la campaña de 2000 en una cifra cercana a los US$ 3500 millones[4] . Japón ha seguido un derrotero similar. Distintas proyecciones han situado el gasto promedio de las últimas elecciones parlamentarias, tanto de la Dieta como del Senado, en al-rededor de US$ 3000 millones, cada una. En Gran Bretaña, país que puede estimarse de un moderado nivel de gastos de campaña, se ha estimado que los partidos mayoritarios, con-servadores y laboristas, desembolsaron unos US$ 57,3 millones en la campaña del año 1997. Estimaciones mayores han situado el gasto total en unos US$ 90,3 millones[5] . Las conclusiones de estos datos son inquietantes “Los datos anteriores están mostrando una realidad indesmentible. Aun considerando las proyecciones más conservadoras, el nivel de gasto de nuestras elecciones parlamentarias representa un porcentaje mayor de nuestra economía que el gasto de los Estados Unidos (56,5% más sobre el Producto Interno Bruto), y cercano al de Japón, que nos parece muy excesivo. En relación con el gasto de Gran Bretaña, nuestro gasto electoral aparece 9 veces superior, lo que lo hace a todas luces exagerado. Teniendo como base las proyecciones menos conservadoras, el resultado sería todavía peor. En ese caso, nuestro nivel de gasto resultaría más de tres veces superior al de Estados Unidos y más que duplicaría al japonés. Frente al gasto en Gran Bretaña, el nuestro resultaría casi 18 veces superior”[6] . Todos estos antecedentes demuestran categóricamente que la necesidad de establecer una regulación para el financiamiento de las campañas políticas es una urgente necesidad. III. FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA Y LAS ELECCIONES EN CHILE En el momento en que Andrés Allamand denunció la presión de los "poderes fácticos", escribió que el “financiamiento de la

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política en Chile es una caja negra, pero en el caso de la derecha, lo es más aún. Hay un grupo de personajes que en los hechos, manejan ese financiamiento. Lo hacen, me imagino, desde tiempo inmemorial”[7] . Diagnos y Radio Cooperativa, a fines de 1999, realizaron una encuesta sobre una muestra de mil 200 casos en las regiones Metropolitana, V y VIII. He aquí los resultados de este trabajo estadístico: “1.- El 45 % de los entrevistados estima que cuando grupos de empresarios aportan dinero para la campaña de un candidato se genera un grado alto de compromiso del futuro Presidente con esos grupos, en tanto que el 30,4 % señala que se provoca un grado de compromiso algo menor. 2.- La suma de quienes opinan que en esta elección los recursos económicos están más concentrados que en las elecciones anteriores y de los que estiman que siguen igual de concentrados que antes (que implican una percepción de que los recursos se concentran en alguna candidatura) alcanza al 54,3 %. 3.- El 51,1 % de quienes consideran que los recursos económicos en esta campaña están igual o más concentrados que antes opina que esta concentración afecta mucho la competencia electoral democrática. A su vez, el 30,3 % señala que esta concentración de los recursos afecta en algo a la democracia. La suma de ambas respuestas que implica considerar que la democracia se ve afectada alcanza el 81,4 %. 4.- El 68,2% de los entrevistados se manifiesta en desacuerdo con que el Estado financie las campañas electorales, mientras que 25,7 % está de acuerdo con el financiamiento estatal. Este rechazo mayoritario muy probablemente se explica porque los ciudadanos perciben otras necesidades derivadas de las urgencias cotidianas como más importantes y más merecedoras de financiamiento estatal que las campañas políticas. Este resultado es muy coherente con otro que se reitera ampliamente en todas las encuestas y que revela que los problemas respecto de los cuales la ciudadanía exige preocupación preferente al Gobierno (financiamiento incluido) son pobreza, delincuencia, salud, empleo y educación, los que cambian ligeramente el orden de prioridad en que se ubican, entre una encuesta y otras”[8] . Una conclusión de este estudio es que el electorado percibe que la democracia se ve distorsionada en algún grado por la forma en que actualmente se financian las campañas, pero rechaza la solución del financiamiento estatal de las mismas. Es por eso que se ha señalado que para que una elección sea justa, deben darse algunas condiciones mínimas en materia de financiamiento y transparencia: “a) Limitación de gastos, estableciendo un techo según la elección de que se trate, para contener el incremento de los gastos y facilitar la concurrencia a grupos de menores recursos; b) es necesario transparentar las fuentes de financiación que tienen los partidos, ya que acorta la relación directa entre la dirigencia económica y la dirigencia política. A los conocidos efectos nocivos sobre la competitividad del sistema político, se deben sumar aquellos sobre la distribución de las oportunidades de los distintos ciudadanos, grupos y clases sociales para influir sobre los parlamentarios, sean estos de gobierno o de oposición; c) Reembolso público de gastos de campaña, el Estado debería reembolsar una parte del coste de la campaña, estableciendo un parámetro por voto obtenido o por escaño conseguido y con ello se minimizaría la vinculación de partidos con intereses privados; d) Limitación y regulación de ingresos de fuentes privadas, estableciendo un importe máximo para los donativos; e) auditoria de cuentas, para que las cuentas de los partidos sean transparentes y públicas y, finalmente, e) Sanciones, que pueden ser de tipo económico o afectar sólo al reembolso de gastos”[9]. IV. COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA 1. Comité de Ética Pública del Presidente Eduardo Frei: Como señala el profesor Patricio Orellana, de la Universidad de Chile: “Los gobiernos de la Concertación gozaron de un reconocido prestigio internacional por la tradición de austeridad y probidad pública. Estas calificaciones fomentaron un clima de complacencia tal que se llegó a creer que era algo asegurado permanentemente. El presidente Frei Ruiz Tagle creó una Comisión de Ética Pública integrada por grandes burócratas y miembros de la clase política que propuso una serie de medidas para fortalecer la probidad. Estas medidas se expresaron finalmente en tres realizaciones: -la ley de probidad y transparencia -el sistema de auditorias internas.

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-la destinación de 25 millones de dólares para la modernización de la Contraloría General de la República”[10] Esta voluntad concertacionista se volcó en una verdadera Agenda modernizadora, que tuvo el ss. contenido en lo que nos interesa[11]: a) Acuerdo para la modernización del Estado “El documento presentado en enero de 2003 considera entre sus principales elementos la modernización de la gestión pública y la descentralización del gobierno interior, contiene en rigor tres agendas distintas: una de modernización del Estado, otra de transparencia y una tercera definida como de Promoción del crecimiento. Los temas de estas áreas tienen distintas velocidades para su despacho al Parlamento, es por este motivo que surgió la iniciativa de establecer una " agenda corta ", la cual contenía 12 proyectos que fueron aprobados casi en su totalidad antes del 21 de mayo de 2003 y la denominada "agenda larga" que son las 37 disposiciones restantes que falta por ingresar, revisar y despachar desde el Congreso”[12] . b) Agenda de Transparencia •Financiamiento de la Política 24. Transparencia en el financiamiento de campañas electorales y de los partidos 25. Regulación de publicidad y difusión de programas y servicios público 26. Regulación del lobby •Labor parlamentaria 27. Perfeccionamiento del fuero parlamentario 28. Adecuación de las inhabilidades parlamentarias y de las causales de cesación de cargos públicos 29. Transparencia en la administración de recursos para la labor parlamentaria •Institucionalidad y Probidad 30. Modernización de la Contraloría General de la República 31. Perfeccionamiento de la fiscalización Municipal 32. Fortalecer el derecho de los ciudadanos a la entrega de información por parte de la administración del estado 33. Fortalecimiento de la ética funcionaria 34. Declaración de patrimonio 35. Participación Ciudadana 2. Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de la transparencia y la probidad pública, creada por el ex Presidente Ricardo Lagos. Se creó una comisión conformada por profesionales que se han destacado en el ámbito público y privado como personas dedicadas y conocedoras en los grandes temas de la ética pública y del combate a la corrupción. El ex presidente señaló en su discurso: “Como Presidente es mi deber asumir mi responsabilidad ante esta crisis y lo he hecho basando mi conducta en dos criterios fundamentales. Primero, el respeto irrestricto de nuestra institucionalidad y, específicamente, a la labor de los tribunales de justicia. Estoy cierto que la Justicia chilena asume sus tareas en forma responsable, imparcial y acuciosa. Quiero reiterar aquí que mi Gobierno siempre ha respetado y respetará las decisiones de los Tribunales de Justicia. En diciembre de 2003, el capítulo chileno de transparencia internacional entregó una completa propuesta de acción para aumentar la transparencia y probidad en la acción de los poderes públicos y para combatir con más energía y eficiencia cualquier foco de corrupción. La tarea de la Comisión tomó como base los proyectos de ley de la época que se tramitaban en el Congreso: En primer lugar, el proyecto para regularizar la situación de remuneraciones de altos funcionarios públicos de confianza,

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transparentando sus ingresos y haciéndolos totalmente tributables. Quiero aclarar que este proyecto no significa un aumento de ingresos para nadie, sino sólo un acto de transparencia ante el país de lo que hoy perciben[13] . En ese mismo proyecto, se legisló también sobre gastos reservados, siguiendo precisamente las recomendaciones de la Comisión de Ética Pública del año 94. Se redujeron aún más los gastos reservados, limitando aún más sus usos y estableciendo formas más desagregadas de rendición de cuentas. Yo quisiera señalar, con toda responsabilidad, que ningún país democrático, ninguna democracia, puede eliminar por completo estos gastos, muchas veces necesarios por razones de seguridad, por razones de orden público o por razones de representación nacional. Los hemos reducido sustancialmente en los últimos 12 años y este proyecto es un paso más en esa misma dirección. El segundo proyecto, ya aprobado en la Cámara, era relativo a los colaboradores del Estado. Es decir, todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos para prestaciones a terceros, sean en forma de subvenciones, proyectos específicos, franquicias tributarias u otras. En tercer lugar, el proyecto sobre declaración de patrimonio de los funcionarios públicos. El cuarto proyecto, que es mencionado en la propuesta que hizo transparencia internacional, está relacionado con la ley de compras y contrataciones públicas. Por último, está el proyecto sobre límite y transparencia del gasto electoral” [14] . V. LEY DE GASTO ELECTORAL ACTUAL[15] 1.1. Concepto Se entiende por gasto electoral todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de equipos, oficinas y servicios, con ocasión y a propósito de actos electorales. Sólo se consideran como tales los indicados en las letras a) a i) del artículo 2º. 1.2. Registro de los ingresos y gastos electorales Tanto los Administradores Electorales de los candidatos, como los Administradores Generales Electorales de los partidos políticos, deberán llevar contabilidad simplificada de los ingresos y gastos electorales, para cada uno de ellos. Después de la elección, se procederá a la presentación de una cuenta general de ingresos y gastos, que precisará el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de cada uno de los gastos. 1.3. Período para determinación de los gastos electorales Para la determinación de los gastos electorales, se entenderá por período de campaña electoral el comprendido entre el día lunes 12 de septiembre y el día domingo 11 de diciembre de 2005, ambas fechas inclusive (Art. 3º). Sólo en este período, es posible realizar aportes a los diversos candidatos y partidos políticos, y que estos últimos efectúen gastos con ellos. Sin embargo, se destaca que el período de propaganda electoral por medio de prensa, radioemisoras, volantes, elementos móviles y avisos luminosos o proyectados, se encuentra comprendido entre el viernes 11 de noviembre y el jueves 08 de diciembre de 2005, ambas fechas inclusive (Arts. 30° y 32° Ley 18.700). 1.4. Límite al gasto electoral de candidatos La determinación del Límite de gasto electoral permitido por candidato, tipo de elección y territorio electoral, fue realizada por el Director del Servicio Electoral según el valor de la unidad de fomento correspondiente al día 19 de julio de 2005 en base a la cantidad de inscritos en los registros electorales en la respectiva circunscripción senatorial o distrito electoral, a través de Resolución N° 8928 del 19 de julio de 2005, la que se publicó en el Diario Oficial el 22 de julio de 2005 (Art. 4º, inciso final). 2. FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS. Existen dos formas de financiamiento: - Financiamiento Privado, y Financiamiento Fiscal. 2.1. Financiamiento Privado. Es toda contribución en dinero o estimable en dinero, que se efectúe a un candidato o partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito, destinado al financiamiento de gastos electorales (Art. 8°). 2.1.1. Aportes o Donación

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Toda persona, natural o jurídica, puede hacer aportes o efectuar donaciones en dinero o estimables en dinero, a un candidato o partido político, que se destinen al financiamiento de gastos electorales, con excepción de: Tipo de Donante Comentario a) Personas naturales o jurídicas extranjeras: Con excepción de los extranjeros habilitados legalmente para ejercer el derecho a sufragio en Chile. (Art. 24°) b) Órganos de la Administración del Estado; de las empresas del Estado; ni de aquellas en que éste, sus empresas, sociedades o instituciones tengan participación c) Personas Jurídicas que reciben subvenciones o aportes del Estado: Siempre que dichas subvenciones representen más del 15% de los ingresos en cualquiera de los 2 últimos años calendarios. (Art. 25°) d) Empresas que contraten con el Estado o sus órganos la provisión de bienes, prestación de: si los montos de los contratos respectivos ascienden a un monto superior al 40% de la facturación anual en el respectivo servicios o realización de obras año calendario o en alguno de los dos años calendarios precedentes. (Art. 25°). e) Personas Jurídicas que durante la campaña se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas de algún órgano de la administración: Siempre que el monto de la licitación represente un porcentaje superior al 40% de la facturación anual en cualquiera de los dos últimos años calendarios. (Art. 25°) f) Las personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro: Con excepción de los partidos políticos. Además, se presume que el pago de los gastos electorales efectuados directa o indirectamente a través de terceras personas, constituye un aporte a la campaña electoral, sujeta a las restricciones indicadas anteriormente. Los aportes que efectúen personas jurídicas con fines de lucro, requerirán la decisión expresa de quienes tengan la facultad de administración de la Sociedad. Además, si la administración de la Sociedad resuelve efectuar un aporte bajo la modalidad de reservado, le estará prohibido a los administradores o representantes, divulgar la identidad del partido o candidato donatario. (Art.10°) En el período de campaña electoral, todas las donaciones se encuentran liberadas del trámite de Insinuación y exentas del pago del impuesto a las donaciones. Los aportes que perciban los candidatos en virtud de esta ley, no constituyen renta para todos los efectos legales. (Art. 11°) Por cada donación pública percibida, los partidos políticos y candidatos, deberán emitir al donante un recibo, que acredite en forma detallada el aporte. En el caso que el donante desee acogerse al Beneficio Tributario contemplado en el Art. 8° de la Ley 19.885, el donatario (quien recibe la donación), deberá utilizar el “Certificado de Aporte Fuente Privada de Carácter Público” (Formulario 083) según las instrucciones de la Resolución N° 1972 del 10 de diciembre de 2003 del Servicio Electoral (Ver Anexo VI Modelo de Certificado de Donación). Para el caso de las donaciones de carácter reservado, el Servicio Electoral entregará al donante un certificado de la donación, que acredite el monto y nombre del donante, por cada vez que efectúe una donación de este tipo. Si la suma de los aportes efectuados por el donante al candidato o partido o conjunto de candidatos de un mismo partido, sobrepasa los límites que establece la ley, estas donaciones serán de carácter público. 2.1.2.- Aportes propios. Los candidatos podrán destinar al financiamiento de sus gastos electorales su propio patrimonio (sueldos, asignaciones u honorarios entre otros), sin sobrepasar lo establecido como límite de gasto electoral indicado en los artículos 4º y 9° inciso tercero, y serán considerados como aporte público. 2.1.3.- Transparencia del financiamiento y sus restricciones. Los aportes privados de campaña electoral pueden tener el carácter de anónimos, reservados o públicos. a) Aportes Anónimos Podrán ser anónimos todos los aportes privados en dinero cuyo importe no supere el equivalente en pesos a veinte unidades de fomento. No obstante, cualquier aportante podrá solicitar se consigne su identidad y el monto de su contribución. En todo caso, durante el período de campaña electoral, ningún candidato o partido político podrá recibir, por concepto de aportes anónimos, más del veinte por ciento del límite de gastos electorales definido en esta ley (art. 17°). Los aportes pueden registrarse por el monto total, siempre y cuando se indique claramente el N° de aportes a los que

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corresponde, teniendo presente que no pueden superar las 20UF cada uno de ellos; o si se prefiere, se pueden registrar uno a uno. b) Aportes Reservados Son aportes privados respecto de los cuales debe mantenerse absoluta reserva de la identidad del donante, como de las circunstancias que puedan identificar la donación con el donatario. Sin embargo, cualquier aportante tendrá el derecho de solicitar que se consigne su identidad y el monto de su contribución (inciso final art. 18°). Su monto: - Debe superar las 20 UF; - El total de Aportes Reservados por donante, debe representar menos del 10% del total de gastos que la ley autoriza a un candidato o partido político, y - El total de Aportes Reservados por donante, para candidatos a Senadores y Diputados no debe exceder de 800 UF, para candidatos a Presidente no debe exceder de 1500 UF y 3.000 UF para un partido o conjunto de sus candidatos (Art. 18°), por cada elección respectivamente (Presidente de la República, Senadores y Diputados). - El donante deberá depositar exclusivamente en la cuenta corriente que mantendrá para tal efecto el Servicio Electoral en el BancoEstado, mediante comprobante de depósito que indicará el monto, la fecha, y el nombre completo y RUN o RUT del donante. El depósito podrá realizarse desde la inscripción definitiva de las candidaturas en el Registro Especial y hasta el 06 de diciembre de 2005. Una vez que los fondos hayan quedado acreditados (sin retención bancaria) en la referida cuenta corriente, el donante deberá acudir a alguna de las oficinas del Servicio Electoral, ya sea en su Nivel Central o Direcciones Regionales, para destinar su aporte a uno o más candidatos o partidos, dentro de los límites establecido en la ley y hasta el monto de su donación, a través de un sistema electrónico que mantendrá este Servicio y que asegura la reserva de la identidad del donante. El donante no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación ante el donatario o terceros. Debe tenerse presente que sólo podrán efectuarse distribuciones de aportes reservados hasta el día 09 de diciembre de 2005. Al momento de efectuar la distribución, el donante se deberá identificar con su Cédula de Identidad, sin embargo, en caso de estar imposibilitado de concurrir personalmente, podrá delegar la distribución a otra persona, a través de un Mandato Especial autorizado ante notario. La destinación de los aportes hechos por personas jurídicas sólo podrá hacerse por Mandato Especial. El Servicio Electoral transferirá electrónicamente los aportes a la cuenta especialmente designada al efecto por el respectivo Administrador Electoral o Administrador General Electoral. La transferencia se efectuará de la siguiente forma: - Se transferirá electrónicamente el primer día hábil de cada semana la suma de los aportes que hayan sido destinados la semana anterior. Una fracción aleatoria de dicha suma, que no será superior al 30% de lo destinado, no será transferida de inmediato, con el objeto de ser transferida a partir del primer día hábil de la semana siguiente. Es importante que la cuenta bancaria que se designe para los depósitos de los aportes reservados que efectúe el Servicio Electoral a favor del candidato o partido, corresponda al candidato que tenga el carácter de titular de la misma (art. 19° inciso final). Las cuentas bancarias bipersonales,podrán ser consignadas sólo sí el titular de la misma es el propio candidato. El registro de estos aportes reservados en la planilla de ingresos puede ser consolidado, ya que el Servicio Electoral cuenta con toda la información necesaria para verificar dichos montos. c) Aportes Públicos Son aportes públicos, todos los que se efectúen en dinero que no tengan el carácter de anónimos o reservados de conformidad con las normas que establecen los artículos 17° y 18°, así como las donaciones de bienes y servicios, que deberán ser estimados en dinero. Los aportes que deban ser públicos constarán por escrito, indicándose la identidad del aportante. Se entenderá que hay constancia escrita cuando el aporte aparezca consignado en una boleta, factura, comprobante de depósito en cuenta bancaria, recibo de dinero o cualquier otro documento de similar naturaleza. Los aportes públicos deberán acreditarse, adjuntando el respaldo a la cuenta de ingresos del Partido Político o Candidato. En el caso de querer acogerse a los beneficios tributarios por este tipo de aporte, la ley 19.885 señala que los Partidos Políticos como los Candidatos, otorgarán a requerimiento del donante, un certificado de donaciones de carácter público, de acuerdo a los modelos establecidos por el Servicio Electoral en la Resolución O N° 1972 publicada en D.O. de 17 de diciembre de 2003

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Respecto de los certificados, los Partidos Políticos deberán informar detalladamente el destino de cada uno de los certificados de Aporte Privado de carácter público timbrados, adjuntando las copias del Servicio Electoral de los mismos. Para los efectos de determinar si las donaciones hechas a los candidatos o a los partidos políticos o al conjunto de los candidatos de un partido deban ser públicas, deberán sumarse todas las donaciones hechas por el mismo donante al mismo candidato o partido o al conjunto de candidatos de un mismo partido, en una misma elección. La publicidad de los aportes públicos se ajustará a lo normado en el artículo 20° de la ley. 2.1.4. Rechazo de aportes por parte de candidatos o partidos políticos. Los candidatos y partidos podrán rechazar cualquier aporte de campaña electoral. (Art. 9°, inciso cuarto). Sin embargo, en el caso que un aporte reservado sea rechazado, se deberá comunicar por escrito en forma inmediata al Director del Servicio Electoral, con el objeto de que éste proceda a su devolución previa recepción del monto del mismo a través de cheque nominativo a nombre del Servicio Electoral, y dejar las constancias al respecto. 2.1.5. Devolución de excedentes de aportes. Los aportes que reciban los candidatos de partidos que excedan los gastos en que hubieren incurrido, deben ser devueltos a los donantes si éstos pudieren ser identificables, dentro de los diez días siguientes contados desde la fecha de la elección correspondiente. En caso contrario, deberán ser entregados por los Administradores Electorales a los Administradores Generales Electorales, en la misma oportunidad antes indicada, y se considerarán hechos a los partidos respectivos en cuanto no superen el monto de los gastos que estos hubieren efectuado. Si aún quedare excedente, éste quedará a favor del Fisco, para lo cual deberá ser entregado por los Administradores Generales Electorales al Servicio Electoral, con la presentación de sus cuentas. Si a las candidaturas independientes y a los candidatos independientes incluidos en un pacto, se les produjeren excedentes, sus administradores electorales deberán igualmente entregarlos al Servicio Electoral a favor del Fisco. (Art. 12°). La cuenta general de ingresos y gastos, en estos casos, deberá contener un ítem de devolución de excedentes de aportes. 2.1.6.- Sanciones al no cumplimiento de las normas de financiamiento de las campañas (Art. 27° A): Las infracciones al financiamiento privado cometidas tanto por particulares o entidades aportantes como por candidatos o partidos políticos, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal, de acuerdo a la siguiente escala: Multa Tabla de Exceso • Doble del exceso Parte que no supere el 30%. • Triple del exceso Parte que supere el 30% y sea inferior al 50%. • Quíntuple del exceso Parte que supere el 50%. 2.2. Financiamiento Fiscal. El Estado financiará y reembolsará los gastos electorales en que incurran los candidatos y los partidos políticos, durante la campaña electoral. 2.1.1. Antes de la elección (Anticipo). Los partidos que presenten candidatos a la elección de Senadores y Diputados, y las candidaturas independientes, tendrán derecho a que el Estado pague en su favor una cantidad de dinero que se denominará “Anticipo de Financiamiento Fiscal a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes”, de acuerdo a las siguientes normas (Art. 14°): a) Partidos que participaron en elección anterior de igual naturaleza Para la elección de Senadores 2005, se entenderá como elección anterior de igual naturaleza a la elección de Senadores 1997. b) Partidos que no participaron en elección anterior. El anticipo de financiamiento estatal será igual al que corresponda al Partido Político que hubo obtenido en la última elección de igual naturaleza, el menor número de sufragios en las mismas circunscripciones senatoriales o distritos electorales, según corresponda. c) Candidaturas Independientes Se prorrateará entre todas las candidaturas independientes de cada circunscripción senatorial o distrito electoral, un monto

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similar al que corresponda al partido que hubiere obtenido en la elección anterior de igual naturaleza, el menor número de votos en la circunscripción senatorial o distrito electoral. d) Pago directamente por el Fisco Las cantidades a que se refiere el anticipo de financiamiento estatal serán pagadas directamente por el Fisco hasta el monto máximo que le corresponda a cada partido o candidatura independiente fuera de pacto, dentro de los cinco días siguientes a la inscripción de las candidaturas en los registros a que se refieren los artículos 19° de la Ley N°18.700, y 115° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.704. Los Administradores Generales Electorales y Administradores Electorales de Candidaturas Independientes deberán rendir cuenta documentada de las sumas recibidas como anticipo. 2.2.2.- Después de la elección (Reembolso). Finalizado el proceso electoral, y rendidas y aprobadas las cuentas, el Fisco reembolsará a los candidatos, a los candidatos independientes que no estuvieren incluidos en un pacto y a los partidos políticos, los gastos electorales en que hubieren incurrido durante la campaña. a) Diferencia de financiamiento fiscal a partidos políticos. El Servicio Electoral deberá determinar si la suma recibida por los partidos políticos, en forma de anticipo de financiamiento fiscal excedió de la cantidad que resulte de multiplicar por 0,015 UF el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección. Si la suma hubiere sido inferior a la que en definitiva le correspondiere, el partido tendrá derecho a que se le pague la diferencia que resulte a su favor, hasta alcanzar los referidos quince milésimos de unidad de fomento por cada voto efectivamente obtenido. Dichas sumas serán pagadas directamente a los partidos políticos. b) Reembolso de los gastos electorales a los candidatos. El Servicio Electoral autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos por una suma que no podrá exceder del equivalente en pesos a $525,8262 multiplicado por el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección. Tratándose de candidaturas a Presidente de la República, el Fisco financiará, en los términos del artículo 15, los gastos de campaña electoral en que incurran los candidatos y los partidos políticos que presenten candidatos (inciso 1° art. 13 bis). La autorización se otorgará sólo una vez conocido el escrutinio oficial emanado del Tribunal Calificador de Elecciones y siempre que la cuenta de ingresos y gastos electorales se encuentre aprobada por resolución del Director del Servicio Electoral. (Art. 15°, inciso segundo, y Arts. 109° y 109° bis de la Ley Nº 18.700). Dentro de los veinte días siguientes a la resolución del Director del Servicio Electoral que tiene por aprobada la cuenta de ingresos y gastos que presente el Administrador Electoral o el candidato, en su caso, el Servicio Electoral autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos por una suma que no podrá exceder del equivalente, en pesos, a tres centésimos de unidad de fomento, multiplicado por el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección. Esta devoución se hará directamente a los candidatos o partidos políticos, mediante el reembolso de los gastos que no hayan sido financiados por otro tipo de aportes, una vez aprobada la cuenta, lo que deberá ser acreditado mediante la presentación de facturas o boletas pendientes de pago, y que claramente se hayan solicitado en las planillas de ingresos e indicado en las planillas de gastos en la columna 16 con letras “PP” ó “C”, según a quien corresponda cancelar (PP=Partido Político; C=Candidato). Si los gastos rendidos que cumplen con las normas anteriormente descritas, fueren inferiores al reembolso calculado por el Servicio Electoral, la devolución de gastos se ajustará a lo efectivamente gastado. Por el contrario, si el total de gastos rendidos fueren superiores a la suma que le corresponda por concepto de reembolso, sea que financien total o parcialmente dicho gasto, el Servicio Electoral procederá a autorizar la devolución hasta el monto que resulte de la aplicación de la regla indicada en el inicio de este punto ($525,8262 por voto obtenido). Por otra parte, si quedare un remanente de devolución que el candidato no pudiere percibir por cualquier causa, dichos remanentes pasarán al partido que hubiere declarado la candidatura, hasta la suma que corresponda a los gastos en que el partido hubiere incurrido efectivamente, y siempre que la cuenta general respectiva del partido se encuentre aprobada (Art. 15° bis). En el caso de las candidaturas independientes, la regla anterior no se aplica. 3. Presentación y control de las cuentas electorales. 3.1. De la presentación y su plazo

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Dentro de los 30 días siguientes a las elecciones presidencial y parlamentarias, es decir desde el lunes 12 de diciembre de 2005 y hasta el viernes 20 de enero de 2006, el Administrador General Electoral de cada partido político que hubiere participado en la respectiva elección, deberá presentar al Director del Servicio Electoral las cuentas generales de los ingresos y gastos electorales de las candidaturas a Presidente, Senador y Diputado presentadas por el respectivo partido político. Asimismo, deberá acompañar la cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, según las cuentas que les hubieren remitido los respectivos Administradores Electorales (Art. 41°). Corresponderá, en consecuencia, a los Administradores Generales Electorales requerir de estos Administradores Electorales el envío oportuno de sus cuentas, teniendo como plazo los 10 días siguientes a la elección; es decir, hasta el 23 de diciembre de 2005. En el mismo plazo indicado, los Administradores Electorales de los candidatos independientes presentarán sus cuentas al Director del Servicio Electoral, pudiendo efectuarlas en la Dirección Regional del Servicio Electoral que tengan jurisdicción en la circunscripción senatorial o distrito electoral, los que a su vez las remitirán a la Dirección Nacional del Servicio Electoral para su revisión y posterior resolución (Art. 41°, inciso cuarto). La presentación de cuentas referidas, podrá realizarse en forma física o vía Internet, para lo cual el Servicio Electoral oportunamente establecerá el sistema a aplicar. De utilizar la vía Internet, deberán presentar los respaldos respectivos de igual manera como se presenta la cuenta en forma física, es decir, a través de la Dirección Nacional o en sus Direcciones Regionales dentro de los plazos establecidos; es decir, entre el 12 de diciembre de 2005 y el 20 de enero de 2006. Todo candidato, a través de su Administrador Electoral, estará obligado a presentar una cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral, aun cuando no haya tenido ingresos o incurrido en gastos, dando relación de ello (art. 38°). Si por algún motivo o causa de fuerza mayor, el candidato no tuvo ingresos y no incurrió en gastos electorales, el Administrador Electoral deberá adjuntar a las planillas de rendición de cuentas, un documento que explique los motivos de dicha situación especial, que deberá estar firmado por el candidato y su administrador electoral. Por otra parte, el Administrador Electoral, deberá informar al Servicio Electoral o al Administrador General Electoral, en su caso, el hecho de no contar con antecedentes suficientes por parte del candidato, para presentar la rendición de la cuenta de ingresos y gastos electorales. Dicha información deberá concretarse mediante la presentación de una declaración que debe ser entregada en el mismo plazo contemplado para la presentación de las cuentas o su remisión, según corresponda (letra e) art. 31°). La no presentación de cuentas electorales, constituye una infracción a las normas descritas susceptible de aplicación de multa. 3.2.- De la documentación que se debe presentar. Tanto los Administradores Generales Electorales como los Administradores Electorales, en su caso, deberán presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales respectiva que contendrá: a) Presentación en forma física: -  Planillas originales de ingresos y gastos electorales, firmadas por el Candidato y su Administrador Electoral. -  Original de los respaldos que justifiquen los ingresos y gastos, debiendo ser documentos fidedignos y que cumplan las normas tributarias vigentes. Los documentos se deben entregar en sobre o cajas selladas. El Servicio Electoral informará a través del sitio web, que documentación específica debe ser acompañada (no será requerida la totalidad de esta). b) Presentación vía Internet: -  Original de los respaldos que justifiquen la totalidad de los ingresos y gastos, debiendo ser documentos fidedignos y que cumplan las normas tributarias vigentes. Los documentos se deben entregar en sobre o cajas selladas. Estas modalidades de presentación de cuentas son excluyentes entre sí, es decir, se debe optar por una de las dos. En caso de presentar las cuentas por ambas vías, sólo será revisada la que se recepcione primero. 3.3. De las Planillas: La información de las cuentas debe presentarse con los mismos formatos de los formularios confeccionados para tal efecto, llamados Formulario 87 y 88. 4. Notificaciones El Servicio Electoral comunicará el resultado del examen de las cuentas generales de ingresos y gastos, por carta certificada dirigida al domicilio declarado en el formulario de designación y aceptación de cargo de Administrador Electoral. Si las cartas aludidas fueran devueltas por cualquier motivo, la notificación en cuestión, se practicará a través de una publicación en el Diario Oficial conforme al art. 45 de la Ley 19.880.

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5. Denuncias Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la respectiva elección, que estén en conocimiento de hechos que puedan constituir infracción al límite de gastos electorales establecidos en esta ley, podrán, dentro de los quince días siguientes a la presentación de la cuenta, poner los antecedentes en conocimiento del Servicio Electoral para que éste, en ejercicio de sus facultades legales, realice las investigaciones que resulten pertinentes. Si el denunciante tuviere domicilio en una Región distinta a la de la sede del despacho del Director del Servicio Electoral, la denuncia se deducirá ante el Director Regional del Servicio Electoral que corresponda, quien la remitirá a aquél dentro de quinto día de recibida. Similar procedimiento al establecido en los incisos anteriores se verificará para la denuncia de cualquier otra infracción a esta ley (art. 6°). VI. DERECHO COMPARADO 1. El financiamiento en América Latina El procedimiento democrático representativo a través de elecciones, se ha consolidado frente a otros medios injustos de acceder al poder. Golpes de Estado, autogolpes, y otras metodologías han sido derrotadas en el concierto latinoamericano. Ello ha ido de la mano con el resurgimiento del ciudadano como sujeto político y de la participación como objetivo de la relación entre este y el Estado. Veamos algunos datos sobre el financiamiento electoral en América Latina, extraídos de “el financiamiento de los partidos políticos. Una mirada a la teoria y a la experiencia en América Latina”, de Bernardo Navarrete Yáñez de la Universidad de Chile. IMAGEN1 Comentario N°1: “Uruguay, una de las democracias con mayor tradición en el continente, es el país que presenta la aprobación de la ley sobre financiamiento más antigua, en 1928. Le sigue otra democracia en un país estable, como Costa Rica. Le siguen Nicaragua y México. En este país la ley se realizó en el extenso período del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La existencia de partidos satélites bajo un sistema de partido predominante, favoreció la instauración de la ley como un mecanismo para apaciguar las presiones por una apertura democrática”[16] . IMAGEN2 Comentario N° 2: “Los sistemas de financiamiento los podemos clasificar de una manera general entre sistema permisivos y restrictivos. Los primeros, a nuestro parecer, son aquellos que aprueban dos o más criterios de los que se mencionan en el cuadro. Los restrictivos, en tanto, consideran solamente un criterio de asignación. Es así como la mayoría se ubicaría en este segmento. Aparecen Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En este sentido, la discusión se dirige hacia la expansión o restricción del financiamiento. El único país donde se considera el criterio “partidarios” es en Paraguay, mientras que la sección que recibe más menciones es la “electoral partidario”[17] . IMAGEN3 Comentario N° 3: “Respecto al financiamiento indirecto la situación es distinta. Casi la totalidad de los países, a excepción de Costa Rica, Ecuador, Honduras y Nicaragua, todos los países establecen el acceso gratuito a los medios de comunicación públicos o privados. Poco más de la mitad de los países, incluido Chile, promueven la exención de impuestos para los partido políticos y reciben incentivos para la divulgación y distribución de publicaciones. El 25% de los países establece el uso de edificios públicos para las actividades políticas, mientras que tan solo en dos casos se establecen beneficios en cuanto a transporte. Son los casos de Colombia y El Salvador”[18] . IMAGEN4 Comentario N° 4: “Ya nos habíamos referido a sistemas permisivos y restrictivos. En este sentido, las prohibiciones intentan

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limitar la magnitud de los beneficios del financiamiento. En el caso de Chile todas las donaciones privadas se prohíben a excepción de las anónimas, donde, sin embargo, existen límites fijados en unidades de fomento. Los sistemas más permisivos son El Salvador, Guatemala, Uruguay, Colombia y Panamá, mientras que los más restrictivos corresponden a Argentina, México y Paraguay. En principio, la presencia de alguna de estas familias de sistema no estaría asociada al nivel de gobernabilidad democrática de los países del continente”[19] . IMAGEN5 Comentario N° 5: “Con la excepción de Brasil y Chile, en todos los países se permite la propaganda en medios de comunicación. En el caso chileno la restricción es total salvo en procesos eleccionarios, donde los partidos pueden, efectivamente, llevar a cabo la propaganda electoral. La gratuidad en el acceso también es mayoritaria en los países latinoamericanos, siendo las excepciones Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela”[20] . IMAGEN6 Comentario N° 6: “Respecto a este tema, la tendencia parece ser nuevamente clara. El proceso de rendición de cuentas recibe una importante atención. Por partido, el 100% de los países establece esta obligación, lo que se repite en la categoría “donante”. La situación cambia al considerar “candidato”. La mayoría no considera la rendición de cuentas. Las excepciones son Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Paraguay. Lo que se desprende de esta situación es que la rendición de cuentas apunta a la institución partidaria en su totalidad, pero considera parcialmente a los candidatos. Tampoco tiene validez en el caso de los donantes, y en la publicidad la situación presenta una mayoría de países donde la rendición de cuentas no aplica. La preocupación por el proceso de rendición de cuentas es significativa en América Latina. La tendencia es de carácter institucional más una fiscalización hacia el actor mismo”[21] . VII. CASO CHILEDEPORTES Y FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA Con este caso, lo que ha quedado en evidencia es la sospecha, infundada o no, de prácticas viciosas en el aparato del Estado que se originan en la acción de operadores partidarios en los organismos públicos. Nadie quiere ver prosperar empresas fantasmas, la venta de facturas, las falsas rendiciones de cuentas del gasto electoral. Salta a la vista que en un país económicamente dinámico pueden crecer las oportunidades de hacer trampas. Para frenar los malos hábitos es clave el papel de los partidos. Hay que atacar a fondo las faltas a la probidad. Ello exige cirugía mayor en todos los servicios en que las pillerías han hecho escuela. No se puede contemporizar con los abusos. En esto se juega la calidad de nuestras instituciones y la posibilidad de modernizar realmente la administración del Estado. Un asunto cardinal son las normas de fiscalización del gasto público, lo que exige transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos. VIII. CHILE Y LA TRANSPARENCIA Chile ocupa el lugar número 20 en el ranking del Indice de Percepción de la Corrupción 2006 que realiza Transparencia Internacional (TI), según dio a conocer este lunes el capítulo chileno del organismo. El país, explicó el director local de TI, el abogado Davor Harasic, ocupa el lugar junto a Bélgica y Estados Unidos, subiendo un puesto en la lista. Sin embargo, esto no es por 21 mejoras en Chile, sino que por el empeoramiento de la situación en Estados Unidos. Harasic indicó que la principal crítica al país es que no existe un correcto mecanismo de fiscalización en la ley electoral para girar gastos de campaña. "Con mayor urgencia se debe resolver la ley de acceso a la información e inmediatamente, antes de las próximas elecciones, el sistema de financiamiento electoral", señaló el abogado, añadiendo que "ojalá pudiéramos llegara a una elección en que no sólo supiéramos qué piensa la persona por la que vamos a votar, sino que cuánto gastó en su campaña, de dónde sacó los fondos y dónde los invirtió"[22]. El barómetro mide los niveles de corrupción en el sector público que perciben analistas económicos o expertos académicos de nueve instituciones independientes, sobre encuestas realizadas en los dos últimos años, dentro y fuera de los respectivos países.

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Asombró a todos en hecho de que Chile se ha estancado en la lucha contra la corrupción. Chile no ha aumentado su transparencia, sino que los otros han empeorado. Sin perjuicio de ello, en el Índice del año 2007, Chile bajó dos puestos (N° 22). “Este es uno de los peores resultados de nuestro país en 10 años de mediciones. Es el lugar más bajo obtenido en este ranking (el 2002 tuvimos nuestro mejor resultado, en el puesto 17) y uno de los niveles más deficientes en materia de transparencia, sólo superada por las mediciones de 1998 y 1999[23] ”. El profesor Humberto de La Calle (De La Calle, Humberto. 2001. "La perspectiva desde los partidos políticos. El caso de Latinoamérica". Informe presentado a la Primera Sesión Especial del Congreso sobre Dinero y Política. México, diciembre) elaboró “Diez Mandamientos” sobre el financiamiento político, que son especialmente ilustrativos pero no excepto de polémica: 1. Habrá transparencia en los ingresos y gastos de las campañas y los partidos. Las cuentas de los partidos serán públicas. 2. La ayuda estatal será utilizada para aumentar la equidad en la competencia política. 3. Se tratará de impedir la influencia de grupos privilegiados sobre los gobiernos elegidos. El triunfador no debe tomar posesión del gobierno como si fuera un botín. 4. No habrá aportes extranjeros. 5. No habrá aportes anónimos. 6. No habrá aportes de fuentes vinculadas al crimen o a otras actividades dudosas. 7. Las regulaciones tratarán de impedir al máximo que se vulnere la libertad de expresión política. 8. Las regulaciones deben propender a que sea necesario menos dinero -y no más- para la contienda política. 9. Habrá organismos dedicados a aplicar estos preceptos. 10. Se castigará a los infractores[24] . Ya desde el año 2006 la Presidenta Michelle Bachelet se formó la convicción de que ya no bastaba con reformar Chiledeportes para evitar que se repitan anomalías en la asignación de recursos fiscales o modificar la ley electoral para que no se reincida en errores a la hora de rendir gastos de campaña. Por ello, la Presidenta Bachelet decidió proponer una agenda contra la corrupción, iniciativa que esbozó el jueves 9 de noviembre de ese año, cuando expresó su confianza en que conseguirá el respaldo de la Concertación y la oposición para sacar adelante las iniciativas de transparencia que enviará el Ejecutivo al Parlamento. Es así que convocó a un grupo de expertos que analizarán medidas de transparencia. “La Presidenta Bachelet decidió que la agenda de probidad sea analizada por una comisión transversal, la que tendrá como misión analizar los temas de “transparencia, lobby, financiamiento de la política y modernización de la gestión pública”. Con este fin, en contactos personales, invitó al ministro de Economía, Alejandro Ferreiro; la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart; el jefe de la división jurídico-legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Carlos Carmona; al abogado e integrante del consejo directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP), Enrique Barros; al investigador del CEP Salvador Valdés; al jurista José Zalaquett y al presidente de Transparencia Internacional, Davor Harasic”[25] . IX. REFORMAS A LA LEY DE GASTO ELECTORAL La Ley Nº 19.884, “Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, y la Ley Nº 19.885, que “Norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos”, establecen diversas disposiciones con el fin de regular y transparentar, tanto los ingresos como los gastos de campaña electoral de los candidatos y los partidos políticos. Asimismo, establecen normas respecto del financiamiento permanente de partidos políticos e institutos de formación política. Los citados cuerpos legales, han sido aplicados en las recientes elecciones municipales, con diversos grados de efectividad. No obstante que aún se encuentran en aplicación los procedimientos y mecanismos que establecen las mencionadas leyes, se advierte la necesidad de modificar la actual normativa, con el fin de afianzar los dispositivos de financiamiento fiscal y privado, a la luz de la experiencia. En las elecciones municipales de Octubre del 2004 se aplicó, por primera vez en la historia nacional, las normas sobre transparencia, control y límite del gasto electoral así como el financiamiento público de las mismas, no siendo una elección simple para que ésta se implementara.

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Las primeras evaluaciones de la ley revelan que ésta ha tenido aspectos positivos y negativos que resultan del todo evidentes y que obligan a una evaluación permanente. Pero enfrentados a un nuevo proceso electoral, ameritan cambiarlos desde ya. No obstante, hay aspectos que requieren reformas urgentes, según iremos constatando punto a punto en la propuesta de este proyecto. La experiencia comparada nos indica que las normas electorales de esta naturaleza están sometidas a permanentes reformas producto de la experiencia que arroja cada una de las elecciones periódicamente. Tres principios son fundamentales en una democracia moderna: transparencia, responsabilidad y control democrático. En ese sentido, la regulación de la relación entre dinero y política constituye una de las tareas prioritarias para la modernización del sistema político nacional. Uno de las fórmulas para abordar este problema es la ley de Gasto Electoral. En un primer momento, luego de pasar por el Parlamento, el Tribunal Constitucional impuso sus reservas a esta ley porque no establecía mecanismos para que los políticos que fueran imputados se defendieran, es decir, no existían tribunales o instancias legales de apelación. Para evitarse un nuevo trámite legislativo, el Ejecutivo quitó las sanciones a los candidatos que superaran el presupuesto que establecía como límite y la promulgó el 5 de agosto de 2003. Un año después, el 26 de agosto de 2004, se modificó la normativa estableciendo las multas correspondientes. Los objetivos del Ejecutivo para sacar adelante esta nueva normativa eran transparentar el proceso, disminuyendo la influencia del dinero en la elección democrática de representantes, otorgar mayor igualdad de oportunidades entre los candidatos y reducir el gasto electoral. Para esto, la ley establece un subsidio fiscal, un sistema de donaciones y sanciones para quienes se excedan en los gastos. Queremos abordar aquí algunos vacíos en materia de sanciones, particularmente a las relativas a las multas, que nos parecen insuficientes. Creemos que ante el embate del dinero, no cabe sino sancionar con inhabilidades de asumir cargos ante faltas graves. Paralelamente, creemos que toda la ciudadanía debe poder denunciar estos ilícitos, por razones de transparencia, al estilo de las acciones populares. Además nos parece inspirador el caso de Estados Unidos, donde no existe un límite de gastos, pero sí una política de mantener siempre informado al votante sobre la proveniencia de los fondos. Ello nos mueve a eliminar los gastos secretos y reservados de la ley chilena, por ser poco transparentes. Los ciudadanos puedan saber quién o qué está detrás de cada partido o candidato, prohibiéndose el anonimato de las donaciones, y en segundo lugar, generar incentivos para que los partidos se controlen recíprocamente y ajusten su conducta a los parámetros legales. Si por una parte están los ciudadanos y por otra los partidos es obvio que falta la institucionalidad encargada de controlar los fondos y gastos de campaña se manejan por cuerda separada -por ejemplo, a través de fundaciones u otras entidades-, poco se avanzará en materia de publicidad y transparencia. La información requerida debe incluir muy especialmente los gastos de los partidos o candidatos. Tener información sobre lo efectivamente gastado es una vía indirecta de verificar la veracidad de los datos sobre ingresos. Por lo tanto, propongo el siguiente, PROYECTO DE LEY Artículo 1: agrégase a la ley 19.884, sobre Transparencia, Limite y Control del Gasto Electoral, un nuevo inciso final al Artículo 5 bis: “sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de que la suma exceda al 20%, además se sancionará al candidato con la inaptitud sobreviniente de ejercer el cargo, caso en el cual se subrogará su ausencia de manera conforme a las leyes electorales especiales. Si el candidato no gana la elección, tal inhabilidad se trasladará a la elección siguiente”. Reemplázase en el inciso 1º del artículo 6 la fórmula: “Los partidos políticos y los candidatos independientes que hayan participado en la respectiva elección, que estén” por “Cualquier persona que esté”. Asimismo, en el mismo inciso reemplazase la fórmula “dentro de los quince días siguientes”, por la fórmula “dentro de los dos años siguientes”. Reemplázase en el artículo 16 la fórmula “anónimos, reservados o”, por la voz “siempre”. Suprímese el artículo 17. Suprímese el artículo 18. Suprímese el artículo 19.

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Suprímense los incisos 1º y 2º del artículo 20. Suprímese el artículo 21. Suprímese el artículo 21 bis. Remplázase en el inciso 1º del artículo 22 la fórmula “Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21, los aportes que deban ser”, por la fórmula “los aportes”. Agrégase un nuevo inciso 5º al Artículo 27 A, pasando el actual a ser el 6º: “Sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de que la suma exceda al 20%, además se sancionará al candidato con la inaptitud sobreviniente de ejercer el cargo, caso en el cual se subrogará su ausencia de manera conforme a las leyes electorales especiales. Si el candidato no gana la elección, tal inhabilidad se trasladará a la elección siguiente”. Agrégase un nuevo inciso final al art. 27 A: “Cualquier persona podrá denunciar estas infracciones ante la autoridad respectiva” (FDO.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, SENADOR [1] http://www.factum.edu.uy/estpol/anaobs/2001/ano01020.html [2] http://www.asuntospublicos.org/informe.php?id=22 [3] Ibid. [4] Ibid. [5] Ibid. [6] Ibid. [7] Este capítulo tiene numerosos elementos de “El financiamiento de los partidos políticos. Una mirada a la teoria y a la experiencia en América Latina”. Bernardo Navarrete Yáñez. http://www.agendapublica.uchile.cl/n6/navarrete.pdf [8] Ibid. [9] Ibid. [10] La Contraloría ¿Baluarte de la probidad?. http://www.probidadenchile.cl/ver_articulo.php?cat=3&art=38

Patricio

Orellana

Vargas.

[11] http://www.modernizacion.cl/1350/propertyname-2205.html [12] Ibid. [13] Ibid. [14] Creación de la Comisión Asesora Presidencial para el fortalecimiento de la transparencia y la probidad pública. https://www.chilecompra.cl/portal/files/centro_informacion/documentos_de_referencia/discurso_r_lagos.pdf [15] Este capítulo tiene contenidos textuales del Manual de Gasto electoral del Servel para el año 2007: http://www.servel.cl/servel/Controls/Neochannels/Neo_CH324/Deploy/Manual-GE-2008.pdf [16]“El financiamiento de los partidos políticos. Una mirada a la teoria y a la experiencia en América Latina”. Bernardo Navarrete Yáñez. http://www.agendapublica.uchile.cl/n6/navarrete.pdf [17] Ibid. [18] Ibid. [19] Ibid. [20] Ibid. [21]Ibid.

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[22] Chile está entre los 20 países con menos corrupción. http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20061106/pags/2 0061106112915.html [23] Índice de Corrupción 2007: Chile Retrocede http://www.lyd.com/LYD/Controls/Neochannels/Neo_CH3800/deploy/TP-839-Indice%20de%20corrupcion%202007%20Chile%2 0retrocede-28-09-2007.PDF [24] http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca/?bookID=4 [25] Siete expertos forman la comisión que elaborará normas anticorrupción. La Nación. 14 de noviembre de 2006 http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061113/pags/20061113221251.html

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 357 Fecha: miércoles 13 de mayo de 2009

MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, ÁVILA, HORVATH, LONGUEIRA Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (6521-12) MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, ÁVILA, HORVATH, LONGUEIRA Y NAVARRO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES (6521-12) Honorable Senado: En el año 1995, las Honorables Diputadas señoras Isabel Allende y María Angélica Cristi; los Honorables Diputados señores Francisco Encina y Sergio Ojeda; los ex diputados señores Mario Acuña, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Makluf, Víctor Reyes y Exequiel Silva, y los ex Diputados y actuales Honorables Senadores señores Nelson Ávila, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro presentaron una Moción (Boletín Nº 1.721-12), cuyo objetivo era fijar un marco jurídico para la protección de los animales, permitiendo una adecuada fiscalización en materias de prevención y maltrato de los mismos, teniendo siempre presente su bienestar. Tras una larga tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, surgieron controversias, las que debieron ser abordadas por una Comisión Mixta, cuya proposición fue votada en ambas Cámaras y comunicada a S. E. el Presidente de la República el 6 de marzo de 2003. La Comisión Mixta propuso resolver las discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado que se referían al tratamiento punitivo que se daría a las infracciones contempladas. En efecto, el Senado, en el segundo trámite constitucional, calificó las infracciones a sus normas como contravenciones, radicando el conocimiento de las mismas en los Juzgados de Policía Local y proponiendo la derogación del artículo 291 bis del Código Penal, en tanto que la Cámara de Diputados, aprobó una norma que sancionaba dichas conductas tipificándolas como delitos y entregaba, a su vez, competencia para conocerlas a los Tribunales del Crimen. Es así como la señalada Comisión Mixta acordó proponer la norma aprobada por el Senado y mantener la derogación del mencionado artículo 291 bis del Código Penal. Sin embargo, los artículos 12 y 13 sugeridos por dicha Comisión Mixta, no fueron aprobados como consecuencia de que en la Cámara de Diputados no se alcanzó el quórum de ley orgánica constitucional exigido por la Carta Fundamental, lo que se tradujo en una situación inaceptable, a saber, que la iniciativa legal quedó sin sanciones para la inobservancia o infracción de las normas que el mismo proyecto establecía Tal circunstancia, inevitablemente ocasionó que el Ejecutivo procediera a vetar el proyecto, a fin de reintroducir las normas consignadas en los artículos 12 y 13 ya mencionados, que como ya se dijera estaban referidas a la sanción y a la fijación de competencia de los tribunales. Es así como el Ejecutivo, mediante la formulación de observaciones, repuso los artículos del Senado, esto es, calificó como falta o contravención el maltrato o crueldad con los animales y entregó competencia a los juzgados de policía local. Además, incorporó mediante el veto otras modificaciones formales tendientes a perfeccionar el texto legal a que hemos aludido anteriormente. Durante la discusión de las Observaciones de S.E. el Presidente de la República, que hubo en la Cámara de Diputados, la Observación que incidía en la reposición de los artículos 12 y 13, al ser sometida a votación fue rechazada por no alcanzarse, otra vez, el quórum constitucional exigido.

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La Observación N° 2, que intercalaba los artículos 12 y 13, nuevos, fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, encontrándose pendiente de aprobación por la Sala, siendo indiferente su aprobación o rechazo, puesto que, por mandato del artículo 73 de la Constitución Política, no podría ser incluida en el proyecto de ley de la referencia. II.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES QUE SEÑALA, QUE TIPIFICA LA CONDUCTA DE MALTRATO O CRUELDAD CON LOS ANIMALES (BOLETIN N° 3327-12). Por las razones señaladas en el acápite anterior, el Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss, y los ex Senadores señores Rodolfo Stange Oelckers, Gabriel Valdés Subercaseaux, Ramón Vega Hidalgo y José Antonio Viera-Gallo Quesney, suscribieron una Moción, cuyo trámite legislativo se inició el 2 de septiembre de 2003, con el propósito de resolver el vacío que se produciría al promulgarse una ley marco sobre protección de los animales que no estableciera sanción alguna a la contravención de sus disposiciones. Según señalan los autores de la ya citada Moción, ésta tendría por objeto precaver que, por efecto de la publicación de la Ley Sobre Protección de los Animales (Boletín N° 1721-12), y la consecuente derogación del artículo 291 bis del Código Penal, la legislación en la materia careciera de sanciones para castigar el maltrato o crueldad con los animales. Cabe agregar que los autores de la Moción expresaron que era preciso tramitar en paralelo tanto el veto recaído en el proyecto de ley sobre protección de los animales (Boletín N° 1721-12), como el proyecto de su iniciativa, evitando así que por efecto de la publicación de la primera de las iniciativas y la consecuente derogación del artículo 291 bis del Código Penal, que tipifica el delito de maltrato de animales, quedara sin sanción el maltrato o crueldad con los animales. La iniciativa que se sometió a consideración del Congreso Nacional, entonces, intentó salvar las dificultades y objeciones suscitadas, mediante la tipificación de infracciones en la línea de lo aprobado en la Comisión Mixta, pero corrigiendo aquellos aspectos que generaron controversia entre los Parlamentarios. Es del caso advertir que el proyecto de ley aprobado por el Senado, fue objeto de enmiendas por la Cámara de Diputados en el segundo tramite constitucional, correspondiendo al Senado, en el tercer trámite constitucional, sólo aprobar o rechazar cada una de las enmiendas aprobadas por la Cámara Revisora. Cualquier modificación a las enmiendas de la Cámara de Diputados que el Senado estimare conveniente introducir, sólo sería posible mediante la creación de una Comisión Mixta, que resolviera las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras. Adicionalmente, es preciso poner de relieve que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, junto con iniciar el estudio de las observaciones efectuadas por la Cámara de Diputados, procedió, asimismo, a revisar las Observaciones de S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley sobre Protección de Animales (Boletín N° 1721-12), aprobadas por la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación por el Honorable Senado, desde el día 20 de mayo de 2003. Al efectuar tal revisión y cotejar las disposiciones de ambas iniciativas, la Comisión pudo establecer diversos problemas que se suscitarían de publicarse ambos proyectos, sea simultáneamente o en distintas oportunidades. La publicación separada de ambos proyectos o la publicación conjunta de los mismos- cuál era el cronograma de los autores de la última de estas iniciativas-, en lo que atañe a la penalización del maltrato o crueldad con los animales, no produciría el efecto deseado, ya que la normativa contenida en el Boletín N° 1721-12, elimina el artículo 291 bis del Código Penal, en tanto que aquélla considerada en el Boletín N° 3327-12 modifica el citado artículo 291 bis, que se encontraría derogado. Idéntica situación sucedería si se publica previamente el texto del Boletín N° 3327-12, que modifica el actual artículo 291 bis del Código Penal y luego se procede a publicar el texto contenido en el Boletín N° 1721-12, que deroga el referido artículo 291 bis del Código Penal. Asimismo, de publicarse ambas iniciativas, sea conjuntamente o en oportunidades distintas, estaríamos en presencia de dos leyes que contienen normas de idéntico contenido normativo y que se encuentran redactadas con el mismo tenor, a saber: a) regulación de las actividades de circos, zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo.

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En efecto, el inciso primero del artículo 4° del proyecto signado con el Boletín N° 3327-12, que no ha sido objeto de enmiendas, es de idéntico tenor que el inciso primero del artículo 5° del Boletín signado con el N° 1721-12. b) regulación del beneficio y sacrificio de animales. Al comparar el artículo 5° del Boletín signado con el N° 3327-12, cuyo texto no fue objeto de modificaciones por parte de la Cámara de Diputados, se observa que su texto es idéntico al del artículo 11 del texto aprobado en el Boletín N° 1721-12. c) obligaciones en materia educacional y de investigación. El artículo 7° del Boletín N° 3327-12, que no fue objeto de modificaciones, está redactado de idéntica manera que aquel contenido en los artículos 2° y 10 del Boletín N° 1721-12, y que se encuentra aprobado por ambas Cámaras. III.- MOCIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES DEL SENADO. Las deficiencias anotadas, como asimismo. la necesidad de perfeccionar el proyecto desde el punto de vista técnico legislativo, ha motivado a los Senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado que suscriben, a someter a tramitación la presente iniciativa legal, cuyo propósito es lograr una pronta legislación que proteja eficazmente a los animales y subsane los errores de técnica legislativa ya reseñados . En beneficio del tiempo, y con el propósito de otorgar la mayor celeridad a la aprobación de la iniciativa legal, se somete a consideración solamente aquéllas normas que en ambos proyectos de ley han sido materia de consenso, y cuya discusión ya se ha efectuada por ambas Cámaras, eliminando, asimismo, las duplicidades y sistematizando su contenido. IV.- DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA MOCIÓN Y SINTESIS ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS TÍTULO I Objetivo y ámbito de aplicación Artículo 1°.- Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. El reglamento definirá las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, según especie. (La norma corresponde al artículo 1° del Boletín N° 1721-12, aprobada por ambas Cámaras). TÍTULO II De la educación para el respeto y la protección de los animales Artículo 2°.- El proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar en el educando el sentido de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. (Este texto se encuentra aprobado en ambas iniciativas. Corresponde al artículo 2° del Boletín N° 1791-12, y al inciso primero del artículo 7° del Boletín N° 3327-12). TÍTULO III De la protección de los animales en general

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Artículo 3°.- Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia. La autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales a fin de controlar la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos. La libertad de movimiento de los animales silvestres no debe ser restringida de manera innecesaria, especialmente si ello les ocasionare sufrimiento y alteración de su normal desarrollo. (Corresponde al artículo 3° del Boletín N° 1721-12, aprobado en ambas Cámaras). Artículo 4°.- El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o grave deterioro de su salud, adoptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte de que se trate. El reglamento regulará esta materia según la especie y categoría de animales que se trate. (Corresponde al artículo 4° del Boletín N°1721-12, aprobado en ambas Cámaras). Artículo 5°.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Iguales obligaciones recaerán sobre los hospitales, clínicas y consultas veterinarias, y los establecimientos destinados a la investigación y docencia sobre animales, o al adiestramiento, concursos y hospedajes de animales. (Norma idéntica en ambos proyectos. Corresponde al artículo 5° del Boletín N° 1721-12, y al artículo 4° del Boletín N° 332712). TÍTULO IV De los experimentos en animales vivos Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por experimento en animales vivos toda utilización de éstos con el fin de verificar experimentalmente una hipótesis científica; probar un producto natural o sintético; producir sustancias de uso médico o biológico; detectar fenómenos, materias o sus efectos, realizar demostraciones docentes, efectuar intervenciones quirúrgicas y, en general, estudiar y conocer su comportamiento. (La norma corresponde al artículo 6° del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras). Artículo 7°.- Los experimentos en animales vivos sólo podrán practicarse por personal calificado, que evitará al máximo su padecimiento. Se entenderá por personal calificado aquél que tenga estudios en las áreas veterinaria o médica, certificados por una institución académica del Estado o reconocida por éste. Si los experimentos consistieren en intervenciones quirúrgicas que necesariamente importen el uso de anestesia para evitar sufrimientos innecesarios, deberán ser practicados por un médico veterinario. Tales experimentos, además, deberán practicarse en instalaciones adecuadas y se limitarán a los fines señalados en el

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artículo anterior. Los establecimientos en que se realicen estos experimentos deberán contar con instalaciones idóneas a las respectivas especies y categorías de animales, para evitar el maltrato y deterioro de su salud. (La norma corresponde al artículo 7° del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras). Artículo 8°.- Habrá un Comité de Bioética Animal permanente, al que corresponderá definir, sin perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes, las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley; absolver las consultas que se le formulen al efecto y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia. (El texto en cursiva se incorpora en el Veto Presidencial formulado al Boletín N° 1721-12, ya aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Medio Ambiente del Senado). Artículo 9º.- El Comité estará integrado por las siguientes personas: a) dos académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; b) un científico nombrado por el Director del Instituto de Salud Pública de Chile; c) un investigador nombrado por el Presidente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias; d) un científico nombrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; e) un representante de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios más antigua del país, y f) un representante de las instituciones de protección a los animales que cuenten con personalidad jurídica y representatividad nacional, designado por ellas. Los miembros se desempeñarán ad honorem, por el período de tres años, pudiendo ser nombrados nuevamente para períodos sucesivos. El Comité fijará su propio régimen de organización y funcionamiento. (La disposición corresponde al artículo 9° del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras). Artículo 10.- No podrán realizarse experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la enseñanza. Sin embargo, en las escuelas o liceos agrícolas, así como en la educación superior, los referidos experimentos sólo estarán permitidos cuando sean indispensables y no puedan ser reemplazados por la experiencia acumulada o métodos alternativos de aprendizaje para los fines de formación que se persigan. La autorización para efectuar tales experimentos deberá ser otorgada por el director de la escuela o liceo o por el decano de la facultad respectiva. (Norma idéntica en los dos proyectos, artículo 10 del Boletín N° 1721-12 e incisos segundo y tercero del Boletín N° 3327-12. En los dos casos la norma está aprobada por ambas Cámaras). TÍTULO V Del beneficio y sacrificio de los animales Artículo 11.- En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios.

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El reglamento determinará los procedimientos técnicos que, con esa finalidad, deberán emplear los establecimientos industriales no regulados en la ley Nº 19.162, destinados al beneficio de animales que provean de carne, pieles, plumas u otros productos. (Norma idéntica en los dos proyectos, artículo 11 del Boletín N° 1721-12 y artículo 5° del Boletín N° 3327-12. En ambos proyectos se aprobó por las dos Cámaras). TÍTULO VI De las infracciones, sanciones y procedimiento Artículo 12.- El juez de policía local, en su caso, y los organismos públicos a quienes corresponda fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, estarán facultados para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan: a) Ordenar que el animal objeto de la infracción sea retirado del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocado al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto, y b) Disponer el tratamiento veterinario del animal afectado y, asimismo, en casos calificados y previo informe de un profesional calificado, ordenar el sacrificio del animal en los términos del artículo 11. Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, en su caso, a costa del responsable. (La disposición transcrita corresponde al artículo 12 del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras y que no fue materia del Veto Presidencial). TÍTULO VII Disposiciones Varias Artículo 13.- Todas las actividades y prácticas que se realicen en las clínicas y centros de atención veterinaria deberán ejecutarse bajo la dirección responsable de un médico veterinario. (La disposición transcrita corresponde al artículo 13 del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras y que no fue materia del Veto Presidencial). Artículo 14.- Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos. (La disposición transcrita corresponde al artículo 14 del Boletín N° 1721-12, aprobado por ambas Cámaras y que no fue materia del Veto Presidencial). Artículo 15.- Las disposiciones contenidas en esta ley, se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura; la ley Nº 4.601, sobre Caza; la ley Nº 19.162; el decreto con fuerza de ley R.R.A. Nº 16, de 1963, sobre sanidad y protección animal; el Código Sanitario y sus normas complementarias y otras leyes especiales. (Texto sustituido por el Veto Presidencial en el Boletín N° 1721-12, aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado). Artículo 16.- Reemplázase el artículo 291 bis del Código Penal, por el siguiente:

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“Artículo 291 bis.- El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo a esta última.”. (Esta disposición considera la pena privativa de libertad propuesta por la Cámara de Diputados, y disminuye levemente el monto del rango de la multa a aplicar, expresándola, además, en unidades tributarias mensuales). Artículo 17.- Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario: “Los métodos que se utilicen para los efectos de lo dispuesto en la letra f) del inciso anterior, deberán ser racionales, tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados.” (La norma contenida en el Boletín N° 3327-12, se aprobó en ambas Cámaras). Artículos transitorios Artículo 1°.- El Comité de Bioética Animal deberá constituirse dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley. Para tal efecto, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, dentro de los primeros treinta días, comunicará, según corresponda, a los presidentes, directores o representantes legales de las instituciones señaladas en el artículo 9º, la obligación de proceder a designar a los integrantes de dicho Comité dentro del plazo establecido en el inciso anterior. Artículo 2°.- Los reglamentos de esta ley deberán dictarse dentro del plazo de un año contado desde su publicación. Artículo 3°.- Los establecimientos y medios de transporte que deban adecuar sus instalaciones a las normas de esta ley, tendrán, para tal efecto, el plazo de un año, a contar de la publicación del reglamento respectivo. (Las normas transitorias transcritas se encuentran aprobadas por ambas Cámaras en el Boletín N° 1721-12). Artículo 4°.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales, reuniendo disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para su coordinación y sistematización. (Corresponde al artículo transitorio del Boletín N° 1721, aprobado por ambas Cámaras). Por las consideraciones antes señaladas, los Senadores que suscriben la presente Moción, todos integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, vienen en proponer esta iniciativa legal, que recoge las iniciativas contenidas en las siguientes mociones y cuyos autores se indican: Proyecto de ley sobre Protección de los Animales de las Honorables Diputadas señoras Isabel Allende y María Angélica Cristi; los Honorables Diputados señores Francisco Encina y Sergio Ojeda; los ex diputados señores Mario Acuña, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Makluf, Víctor Reyes y Exequiel Silva, y los ex Diputados y actuales Honorables Senadores señores Nelson Ávila, Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro (Boletín Nº 1.721-12), Proyecto de ley que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales del Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss, y los ex Senadores señores Rodolfo Stange Oelckers, Gabriel Valdés Subercaseaux, Ramón Vega Hidalgo y José Antonio Viera-Gallo Quesney, (Boletín N° 3.327-12) El texto que se propone a consideración del Honorable Senado es del tenor siguiente:

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PROYECTO DE LEY "TÍTULO I Objetivo y ámbito de aplicación Artículo 1°.- Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. El reglamento definirá las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, según especie. TÍTULO II De la educación para el respeto y la protección de los animales Artículo 2°.- El proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar en el educando el sentido de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza. TÍTULO III De la protección de los animales en general Artículo 3°.- Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia. La autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales a fin de controlar la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos. La libertad de movimiento de los animales silvestres no debe ser restringida de manera innecesaria, especialmente si ello les ocasionare sufrimiento y alteración de su normal desarrollo. Artículo 4°.- El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato o grave deterioro de su salud, adoptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, categoría animal y medio de transporte de que se trate. El reglamento regulará esta materia según la especie y categoría de animales que se trate. Artículo 5°.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Iguales obligaciones recaerán sobre los hospitales, clínicas y consultas veterinarias, y los establecimientos destinados a la investigación y docencia sobre animales, o al adiestramiento, concursos y hospedajes de animales. TÍTULO IV De los experimentos en animales vivos

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Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por experimento en animales vivos toda utilización de éstos con el fin de verificar experimentalmente una hipótesis científica; probar un producto natural o sintético; producir sustancias de uso médico o biológico; detectar fenómenos, materias o sus efectos, realizar demostraciones docentes, efectuar intervenciones quirúrgicas y, en general, estudiar y conocer su comportamiento. Artículo 7°.- Los experimentos en animales vivos sólo podrán practicarse por personal calificado, que evitará al máximo su padecimiento. Se entenderá por personal calificado aquél que tenga estudios en las áreas veterinaria o médica, certificados por una institución académica del Estado o reconocida por éste. Si los experimentos consistieren en intervenciones quirúrgicas que necesariamente importen el uso de anestesia para evitar sufrimientos innecesarios, deberán ser practicados por un médico veterinario. Tales experimentos, además, deberán practicarse en instalaciones adecuadas y se limitarán a los fines señalados en el artículo anterior. Los establecimientos en que se realicen estos experimentos deberán contar con instalaciones idóneas a las respectivas especies y categorías de animales, para evitar el maltrato y deterioro de su salud. Artículo 8°.- Habrá un Comité de Bioética Animal permanente, al que corresponderá definir, sin perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes, las directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a las normas de esta ley; absolver las consultas que se le formulen al efecto y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia. Artículo 9º.- El Comité estará integrado por las siguientes personas: a) dos académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; b) un científico nombrado por el Director del Instituto de Salud Pública de Chile; c) un investigador nombrado por el Presidente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias; d) un científico nombrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; e) un representante de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios más antigua del país, y f) un representante de las instituciones de protección a los animales que cuenten con personalidad jurídica y representatividad nacional, designado por ellas. Los miembros se desempeñarán ad honorem, por el período de tres años, pudiendo ser nombrados nuevamente para períodos sucesivos. El Comité fijará su propio régimen de organización y funcionamiento. Artículo 10.- No podrán realizarse experimentos en animales vivos en los niveles básico y medio de la enseñanza. Sin embargo, en las escuelas o liceos agrícolas, así como en la educación superior, los referidos experimentos sólo estarán permitidos cuando sean indispensables y no puedan ser reemplazados por la experiencia acumulada o métodos alternativos de aprendizaje para los fines de formación que se persigan. La autorización para efectuar tales experimentos deberá ser otorgada por el director de la escuela o liceo o por el decano de la facultad respectiva. TÍTULO V Del beneficio y sacrificio de los animales

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Artículo 11.- En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios. El reglamento determinará los procedimientos técnicos que, con esa finalidad, deberán emplear los establecimientos industriales no regulados en la ley Nº 19.162, destinados al beneficio de animales que provean de carne, pieles, plumas u otros productos. TÍTULO VI De las infracciones, sanciones y procedimiento Artículo 12.- El juez de policía local, en su caso, y los organismos públicos a quienes corresponda fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, estarán facultados para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás atribuciones que les competan: a) Ordenar que el animal objeto de la infracción sea retirado del poder de quien lo tenga a su cargo para ser colocado al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto, y b) Disponer el tratamiento veterinario del animal afectado y, asimismo, en casos calificados y previo informe de un profesional calificado, ordenar el sacrificio del animal en los términos del artículo 11. Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, en su caso, a costa del responsable. TÍTULO VII Disposiciones Varias Artículo 13.- Todas las actividades y prácticas que se realicen en las clínicas y centros de atención veterinaria deberán ejecutarse bajo la dirección responsable de un médico veterinario. Artículo 14.- Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos. Artículo 15.- Las disposiciones contenidas en esta ley, se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura; la ley Nº 4.601, sobre Caza; la ley Nº 19.162; el decreto con fuerza de ley R.R.A. Nº 16, de 1963, sobre sanidad y protección animal; el Código Sanitario y sus normas complementarias y otras leyes especiales. Artículo 16.- Reemplázase el artículo 291 bis del Código Penal, por el siguiente: “Artículo 291 bis.- El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo a esta última.” Artículo 17.- Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario: “Los métodos que se utilicen para los efectos de lo dispuesto en la letra f) del inciso anterior, deberán ser racionales, tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados.” Artículos transitorios Artículo 1°.- El Comité de Bioética Animal deberá constituirse dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley.

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Para tal efecto, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, dentro de los primeros treinta días, comunicará, según corresponda, a los presidentes, directores o representantes legales de las instituciones señaladas en el artículo 9º, la obligación de proceder a designar a los integrantes de dicho Comité dentro del plazo establecido en el inciso anterior. Artículo 2°.- Los reglamentos de esta ley deberán dictarse dentro del plazo de un año contado desde su publicación. Artículo 3°.- Los establecimientos y medios de transporte que deban adecuar sus instalaciones a las normas de esta ley, tendrán, para tal efecto, el plazo de un año, a contar de la publicación del reglamento respectivo. Artículo 4°.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales, reuniendo disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para su coordinación y sistematización.”.”. Valparaíso, 13 de mayo de 2009. (Fdo.): Andrés Allamand Zavala, Senador.- Nelson Ávila Contreras, Senador.- Pablo Longueria Montes, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador

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Intervención Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°2 Sesión: Sesión Ordinaria N°2 Legislatura: Legislatura número 364 Fecha: miércoles 16 de marzo de 2016

MARCO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DE PRODUCTOR El señor NAVARRO.Señor Presidente , este es de los llamados "temas álgidos" en lo que respecta a la cuestión medioambiental. Todo indica que el consenso que hay sobre estas indicaciones da cuenta no de lo óptimo. Habríamos preferido eliminar toda posibilidad de importación y exportación. Pero la factibilidad de avanzar en esta materia lo hemos conocido permanentemente- es hacerlo conforme a las condiciones que tenemos. Este acuerdo facilita la fiscalización; establece responsabilidad civil y, también, penal. Si bien ello puede constituir una modificación en las reglas de juego, como lo señaló el Senador Allamand, se trata de un cambio positivo respecto de los cuidados ambientales. Porque quien comete una falta no solo será objeto de una sanción administrativa o de una multa: también tendrá responsabilidad civil por los efectos que provoque y una responsabilidad penal agravada. Será la reglamentación y, fundamentalmente, lo que el Ministerio respectivo establezca como elementos esenciales inalterables para la autorización del Ministerio del Medio Ambiente lo que va a determinar si lo que aprobamos es una norma protectora o más bien dilatoria, es decir, flexibilizadora. A mi juicio, el parámetro esencial es que aquella será rígida, que se va a aplicar, que estará a la vista de toda la ciudadanía. El Ministerio pertinente se verá compelido a actuar con la máxima transparencia y con el mayor ajuste a la legislación que Chile tiene sobre el particular, y en casos de excepcionalidad. Porque esto tampoco es todos los días. Se trata de una situación extraordinaria. No son importaciones normales. Señor Presidente , más allá de lo que habíamos rechazado, las tres indicaciones que ahora estamos votamos en conjunto me parecen adecuadas. Siento que nuestro país todavía se halla en deuda en materia de resguardo de desechos tóxicos. Tenemos rellenos sanitarios que han presentado fallas. Otros se están creando. Porque -y lo digo francamente- entre los años 1995 a 2000, el entonces Director de CONAMA Biobío , señor Bolívar Ruiz , señalaba que en mi Región se generaba un millón de toneladas de residuos industriales anuales. A Copiulemu, el relleno sanitario de la época, llegaban 121 mil. ¿Dónde estaba el resto? Acopiado de manera ilegal en las industrias, con alto riesgo. Porque estas no se hallan diseñadas para tener en su patio trasero elementos de esa naturaleza. Debemos, pues, crear una legislación que las obligue a mandar los residuos industriales a rellenos sanitarios o a procesarlos. Ello no es excluyente. Si hay residuos reciclables, ahí estarán la legislación y el incentivo que hemos de establecer para que ello se lleve a cabo y disminuya así el nivel de toxicidad. Ojalá se reciclen, para que sigan prestando utilidad en beneficio del medioambiente y, también, de la economía. Las reglas se están clarificando. No es lo óptimo. Es lo que se acordó. Y yo lo voy a apoyar. Voto a favor, con la esperanza de que tengamos un Ministerio del Medio Ambiente siempre vigilante, fiscalizador y protector

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del medioambiente y de los ciudadanos. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: martes 8 de mayo de 2012

ELECCIONES PRIMARIAS PARA NOMINACIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARLAMENTARIOS Y ALCALDES El señor NAVARRO.- Señor Presidente , una de las primeras preguntas que uno debe hacerse cuando al Gobierno le interesa un proyecto, le pone prioridad y hay consenso entre la Concertación y la Derecha, es por qué sucede esto último. Una segunda interrogante es si este proyecto efectivamente requiere urgencia y si es prioritario hoy día para Chile. Porque es preciso aclarar que no debemos hablar de "primarias ciudadanas". Esta es una primaria para los partidos políticos. Lo que viene tras esta iniciativa es un torrente de primarias, con lo que se va a desvirtuar el concepto de participación ciudadana. En definitiva, tampoco los que emitan sus preferencias van a seleccionar a los candidatos a Presidente de la República ni a parlamentarios, porque se van a gestar dentro de los partidos políticos, los que, a pesar de su gran y lamentable desprestigio, siguen teniendo poder al manejar, por cierto, el mecanismo. Yo creo que esta no es una ley de primarias, sino la "ley Allamand-Golborne-Longueira". ¿Por qué el Gobierno la plantea? Porque enfrenta un gran problema de gobernabilidad: tiene a tres Ministros presidenciables que van por el país anunciando candidaturas a más de un año y medio de la próxima elección presidencial. Y ahí están Golborne y Allamand ; la UDI y RN, y por los palos aparece también Pablo Longueira , reclamando su sitial. ¿Cómo resuelve el Gobierno la carrera de los presidenciables cuando el Jefe del Estado tiene 26 por ciento de aprobación y los Ministros, sobre el 70 por ciento? No estamos ante el síndrome del "pato cojo", porque este ya se encuentra en silla de ruedas. Claramente, el Gobierno no va a remontar y los candidatos presidenciales buscarán distanciarse de él. O sea, espero que los postulantes a alcaldes de RN y de la UDI se saquen la foto con el Presidente Piñera. ¡Los desafío a ello! Si no, nosotros les vamos a hacer el afiche. Señor Presidente , este es un proyecto que carece de urgencia para la ciudadanía, y que no tiene el concepto de primarias. ¿Cuál es ese concepto? Elegir y ser elegido. ¿Puede cualquier ciudadano ser candidato a Diputado , según el articulado? No, pues es un proyecto para los partidos políticos y no para la ciudadanía. Entonces, por no tener prioridad política ni ser una iniciativa que integre a los ciudadanos, solo pueden explicarse su urgencia, la premura y el transpirar diario de Larroulet por el afán de resolver el lío al Gobierno de qué hacer con tres presidenciables, en plena carrera, en momentos en que muestra una marcada debilidad. Por cierto, esta normativa puede solucionar no solo el problema Allamand-Golborne-Longueira, sino que, de paso, le asesta un golpe a la Oposición. Es decir, la Derecha hará uso de la ley para solucionar su conflicto político; pero, además, deja en incómoda posición a la Concertación, que tendrá que decir a la ex Presidenta Bachelet -con 60 o 70 por ciento de apoyo en las encuestas-: "Si quiere volver, debe someterse a primarias, porque está la ley". Entonces, los partidos de Gobierno van a superar su conflicto con las primarias, pero después vendrá la cuestión de saber quién es más demócrata: el que hace primarias o el que no las hace. A mi juicio, el asunto debiera ser evaluado por la Oposición. Estimo que esto no tiene prioridad alguna para la ciudadanía. Aquí debiéramos estar discutiendo la reforma tributaria, en la cual aquella hizo una propuesta que significa 6 mil o 7 mil millones de dólares; o la reforma educacional, porque no la hay. El proyecto del CAE lo único que hace es poner una mochila por 15 o 20 años a los jóvenes para que estudien. Es decir, la iniciativa sobre primarias es irreal. Señor Presidente , el Senador señor Sabag dijo que en la Comisión se invitó a todos los presidentes de partidos para opinar sobre este proyecto. "A confesión de parte, relevo de prueba". ¡Porque a los únicos que se llamó fue a aquellos! No a la ciudadanía, ni organizada ni desorganizada. Asimismo, el colega afirmó que el proyecto obedece a la ausencia de normativa interna de los partidos políticos. Estos, si quieren primarias, las pueden hacer. Algunos las han realizado. Depende de la voluntad, y ello puede ser normado. El mismo articulado de la iniciativa señala que es una herramienta para incrementar la confianza de los ciudadanos en materia de representatividad. Quiero asegurar algo: esto solo va a aumentar la desconfianza de los ciudadanos, porque el problema no es cómo se eligen

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los candidatos. Aquí ya se ha dicho que el problema es el binominal. Y el MAS no va a apoyar ninguna reforma al sistema de partidos políticos si no se enfrenta el punto de fondo, que es el binominal. ¿Qué ha dicho el ex Presidente Lagos ? Afirmó el año 92 y lo ha reiterado recientemente, que el binominal es el cáncer del sistema político en Chile. Entonces, algunos quieren establecer las primarias para curar un simple resfriado. Porque, de todo el desprestigio de los partidos políticos, el mecanismo de cómo nominar los candidatos no es lo principal. El problema real, de fondo, es cómo se eligen estos; en definitiva, cómo se reparte la representatividad. Me preguntan por qué los parlamentarios no resuelven lo relativo a la gratuidad en la educación, reclamado durante siete meses por los universitarios y los "pingüinos", que paralizaron sus actividades y sacrificaron el año escolar, en un movimiento apoyado por el 80 por ciento de los chilenos. Bueno, porque el Gobierno dijo que lo llevaría al Parlamento. Y con 80 por ciento de la ciudadanía que quiere gratuidad y 20 por ciento que respalda al Gobierno, la iniciativa llegó al Congreso. Pero aquí somos 50 y 50. No es la representatividad que quiere la ciudadanía. Si aquella fuera lo que la gente desea, deberíamos ser 80/20, 70/30. Pero estamos en mitad y mitad. Por eso, el Gobierno elige el escenario parlamentario para dirimir el problema de la educación. El señor CANTERO .- Hay independientes también. El señor NAVARRO.- Y hay un porcentaje de independientes -entre los que se encuentran los Senadores señores Bianchi y Cantero (este renunció a su partido, como lo hice yo cuando opté por armar un conglomerado político en un sistema en donde ello es tremendamente complejo)- que ha actuado de manera muy digna. Señor Presidente , por un reciente acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, se hizo una propuesta de reforma, en donde se señala incluso la posibilidad de tener un Primer Ministro. Y el Presidente Piñera ha dado respuesta diciendo que Chile tiene otras prioridades más urgentes. Esto es lo que ha señalado frente a la eventualidad de modificar el sistema en su conjunto. El Senador Pizarro expresó que Panamá realiza primarias; esto es efectivo, pero no tiene binominal. También dijo que en Uruguay hay un sistema parecido al de las primarias, lo cual es correcto, pero tampoco cuenta con binominal. En consecuencia, en Chile existe un duopolio de la Derecha y la Concertación en el sistema binominal. Y no las veo con las ganas, con la convicción de reconocer que este modelo -como dijo el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar - es un cáncer que está matando la política al hacer que 33 por ciento sea igual a 66 por ciento. ¡Ello no es representación ciudadana! Es por eso, entonces, que esta iniciativa solo se discute con los presidentes de los partidos políticos. Es por eso que hoy día en la mañana, cuando analizamos el proyecto de ley sobre televisión digital y algunos levantamos la mano para defender que en el Consejo Nacional de Televisión deben estar los ciudadanos, el acuerdo final fue que ellos no lo estén. ¡No hay participación ni representatividad! El Congreso Nacional asume, por sí y ante sí, la representación que se halla vedada a la ciudadanía por el sistema binominal y, a lo largo del tiempo, ello ha beneficiado primero a la Concertación y luego a la Derecha, porque el sistema binominal opera para ambos lados y establece el duopolio del poder en el Parlamento. Señor Presidente , debiéramos discutir de verdad una reforma profunda al sistema político, porque las primarias o cómo se eligen los candidatos no es su principal problema. ¡El cáncer del sistema político y de los partidos políticos -tal como afirmó el ex Presidente Lagos - es el sistema binominal que, además, es único en el mundo! Yo desafío a mis colegas a que me digan dónde más existe un modelo como el chileno, dónde hay una copia de él para favorecer la estabilidad democrática. La UDI dice que este sistema le ha dado estabilidad a la política. ¡Claro! Se la dio entre quienes lo integran, pero ha provocado una tremenda inestabilidad en la relación entre el sujeto social y el sujeto político, y la distancia entre ambos crece cada día más. Esta es la tesis de Gabriel Salazar. Ello se originó porque la oligarquía se tomó el poder y porque, entre un Ejecutivo que es un monarca presidencial y un Parlamento que, a la vez, se encuentra sobrerrepresentado y maneja el duopolio del binominal, nos hemos encerrado en una burbuja que nos hace muy mal. Y esto puede terminar en un gran reventón social. Señor Presidente , me pronunciaré en contra de este proyecto, porque lo único que resuelve es el problema de los precandidatos presidenciales de la Derecha -debiera llamarse "Ley Allamand-Golborne", y , de paso -esto lo digo desde la perspectiva del MAS-, logra contrariar a la Concertación diciéndole a la mejor candidata que hoy día registra dicho conglomerado -no es mi candidata, pues no estoy disponible para votar por alguien que no sostenga un programa de Gobierno revolucionario, de cambios profundos en materia educacional, de servicios o en el ámbito político- que la Oposición, una vez más, está contribuyendo a resolverle el problema a la Derecha, dejando de lado las demandas de los ciudadanos.

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¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! Anuncio mi voto en contra.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: jueves 10 de marzo de 2016

MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES El señor NAVARRO.Señor Presidente , el artículo 360 bis establece plazos. Uno de cinco días para que la comisión pueda establecer acuerdos, y después otro de diez días para que, si no hay acuerdo, el empleador solicite el pronunciamiento de la Inspección del Trabajo. Y luego, da un plazo de diez días para que esta resuelva el requerimiento y envíe la notificación por correo electrónico. O sea, son quince días. ¿Estamos hablando de la huelga efectiva o del proceso previo a la huelga? Porque, si se trata de la huelga efectiva, habrá quince días -según entiendo- en que los servicios mínimos serán cubiertos por los equipos de emergencia. Y podría pensarse que durante ese tiempo, que es extremadamente largo, ¡son dos semanas!, los equipos de emergencia no funcionarán. Entonces, cabe preguntarse si estos plazos, y particularmente la definición de la comisión que concordará el número de personas que integrarán los equipos de emergencia y quiénes serán, se determinarán al inicio, y si sus titulares se mantendrán en funciones. Yo imagino que la huelga durará de dos a cinco días. Pero se presupone una que lo haga por quince o más días. O sea, ¿la comisión empezará a hablar de equipos de emergencia cuando la huelga haya terminado? Señor Presidente , ¿podría explicar este punto el Ejecutivo o algún miembro de la Comisión de Trabajo? El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).Senador señor Navarro , ¿le concede una interrupción a la Honorable señora Goic? El señor NAVARRO.Sí. La señora GOIC .Voy a intervenir en mi tiempo, señor Presidente . El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).Conforme. El señor NAVARRO.Quiero agregar que en el artículo 360 ter se habla de: "servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza" -entiendo que en esto se incluye a las públicas y las privadas- "cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional". Es una definición vasta, ¡enorme! Y, en verdad, conlleva un alto grado de subjetividad. Por tanto, esos servicios en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, van a quedar sin poder declarar la huelga. Ante eso, uno se cuestiona si no hubo posibilidades de fijar más detalladamente aquello. Porque, como siempre ocurre, hay un área de transición, en el sentido de que después de determinado tiempo algunas empresas pueden quedar en condiciones de generar riesgos. Y podría ser un plazo más amplio: quince a treinta días.

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Por ejemplo, ¿cuánto dura el abastecimiento de gas de la población, o de combustible, durante el invierno? Entonces, efectivamente se establece una generalidad en torno a la calificación de la empresa, pues se dispone que "será efectuada cada dos años, dentro del mes de julio, por resolución conjunta del Ministro del Trabajo y Previsión Social , Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo, previa solicitud fundada de parte". Pienso que, si estamos hablando de una definición tan grande de empresas que no pueden paralizar por causar ello "grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional", esos conceptos no cambian en dos años. Y quiero entender que vamos a discutir empresa por empresa, área por área, porque el concepto es vasto y la seguridad nacional no va a cambiar en dos años. Las empresas claves en el ámbito del riesgo y la salud no lo hacen en ese tiempo. El Estado se encuentra en deuda en cuanto a definir dentro de sí cuáles son sus elementos, teniendo presente que hoy sus trabajadores no pueden negociar colectivamente. Aún más: tenemos una mochila enorme: los trabajadores a honorarios. Dicho eso, señor Presidente , si la Senadora Goic nos aclarara el punto -estamos por apoyar el artículo-, ello nos serviría mucho, no para lo que señaló el Senador Allamand en cuanto a volver a la carga sobre el tema, sino para consignar que las condiciones de lo que estamos aprobando van en la línea correcta. La ley no puede contenerlo todo. Pero el mínimo planteado es demasiado vasto como para provocar debates posteriores realmente complejos. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°32 Sesión: Sesión Ordinaria N°32 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: martes 15 de julio de 2014

ENMIENDA DE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA Y OTROS AJUSTES EN SISTEMA TRIBUTARIO El señor NAVARRO.Señora Presidenta , el ejercicio de flexibilidad que hace la Derecha para intentar demostrar que va a apoyar esta reforma aunque no le guste -pero la apoyará igual- oculta que el martes pasado, cuando regresó al país el Presidente de la UDI, Ernesto Silva , e intentó ponerle trabas al Protocolo de Acuerdo, se encontró no solo con que "no tenía a quién defender", porque los empresarios ya habían dado su visto bueno a aquel -ello se le informó a través de varios de sus mensajeros-, sino además con que Coloma -tal como el resto de los Senadores de la UDI, con excepción de Iván Moreira - estaba decidido a seguir adelante. "Fue una especie de jaque mate," -recoge la prensa- "porque si la directiva se negaba y de todos modos los Senadores de la UDI votaban a favor, Silva habría tenido que renunciar", resume una alta fuente del partido, relatando los momentos de tensión que se vivían a principios de la semana anterior. ¿Quién cruzó la vereda? Aquí tengo las declaraciones de Allamand, de Coloma: "Esta es una reforma maldita". "Es una reforma que va a afectar a las pensiones". "Caerá el empleo". "Viene el caos". Eso clamaba la Derecha, que anunciaba su voto en contra del proyecto. Hoy lo van a votar a favor. ¡Mientras el ex Presidente Piñera, en España, criticaba la reforma, la Derecha llegaba a acuerdo! ¿Quiénes están confundidos? Nosotros le dijimos al Ministro Arenas : nos hubiera gustado participar en el proceso previo. Hemos llegado a acuerdo sobre cómo hacer las cosas. Pero está claro que al menos yo no he cambiado de opinión. Sacamos un cómic, Ministro , con su figura y la de varios Ministros más, para defender la reforma. Hoy la seguimos defendiendo. Quienes han cambiado de posición son los de la Derecha, que antes se oponían y ahora aprueban. Aquí no ha habido cambio de posición: seguimos defendiendo el corazón de la reforma. Sería bueno, Ministro , que explicara lo concerniente al FUT. La "doctora" Von Baer ha dicho que hay una operación al corazón. De modo que le pido que nos aclare el punto. ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! Primero queríamos poner incentivos a la inversión; se introduce una modificación para que haya un porcentaje mayor, pero se critica y se vuelve a establecer que el FUT existe. Hemos señalado que eliminamos el FUT, que mantenemos los 8 mil 200 millones de dólares de recaudación, que cerramos los boquerones de la elusión. Le expresamos la molestia no solo al Ministro . Y tenemos un acuerdo. Nuestra Coalición lleva cuatro meses en el Gobierno. La Alianza estuvo cuatro años, y terminó derrotada y confundida. Si no, pregúntenle a Piñera, quien todavía no se repone del impacto allá, en España.

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Hoy decimos que hay reforma tributaria; que existen reglas del juego claras, como le gusta a la Derecha; que se mantienen ingresos permanentes para gastos permanentes. La Derecha intrínsecamente jamás ha querido impuestos. Ni el royalty minero: lo votaron en contra. No tenemos royalty minero como existe en naciones neoliberales: Australia, Canadá , Estados Unidos. En Chile no hay royalty minero porque la UDI no quiso. Y llegamos a un impuesto específico a la minería, que no es royalty, ya que se opusieron a él: no les gustan los impuestos. Y menos a las grandes empresas. En tal sentido, la foto de la historia era muy clara: a Montes lo teníamos taimado; a Espina, sonriente; a Coloma , preocupado -¡ya se caía de la mesa¿!-, y a Arenas, austero. Reinaba en esa foto un conjunto de expresiones faciales que reflejaban claramente los estados de ánimo. Y aún peor: al día siguiente, la disputa por la paternidad: quién era el padre de la criatura. Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos; Fontaine: todos querían ser el padre de la criatura. Yo no me explico por qué reclaman la paternidad de esta tan pésima reforma. Es una cosa rara: ojalá pudieran explicarla. Existen por un lado cuestiones de forma que vamos a corregir, y por otro, materias de fondo sobre las cuales pedimos explicación. Y el Ministro, quien explica las cosas bien, no ha explicado en detalle. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Vamos a defender que los acuerdos se cumplan en la formulación de los artículos y en la ley. Porque está el Protocolo. Ahora viene el debate. ¿Y que hemos sostenido? Bueno. A nosotros nos interesaba discutir acerca de impuestos territoriales, de impuestos regionales. Nos interesaba discutir sobre las cotizaciones previsionales de que se apropian los empleadores no obstante ser plata de los trabajadores. Y no las pagan, con lo cual les provocan a estos un grave daño. ¡Y después les hacen a los empleadores devolución de impuestos...! Le hemos dicho al Ministro : si hay espacio para mejorar las condiciones, queremos que el Servicio de Impuestos Internos les haga retenciones a los empleadores que no pagan las cotizaciones previsionales, que -reitero- son plata de los trabajadores. Entonces, podemos coincidir con la UDI en que, si se desea de verdad proteger a los trabajadores -y a la patria, como han dicho aquí-, estamos disponibles incluso para avanzar sobre este Protocolo en aquello que los beneficie. Lo de la renta presunta, Ministro -se lo dijimos durante la primera reunión en La Moneda-, había que revisarlo. Lo de los impuestos territoriales -también se lo dijimos-, igualmente. Lo de los bomberos y algunos aspectos sobre el IVA, del mismo modo. Entonces, que aquí se diga que los defensores de las pymes están en determinado sector de este Parlamento constituye más bien un atrevimiento. Y es injusto. Efectivamente, el tope máximo para acceder al régimen de renta presunta será de 5 mil UF en el caso del transporte, de 9 mil en el de la agricultura y de 17 mil en el de la minería. Pero quiero decir una cosa: en materia del impuesto al alcohol, Ministro , vamos a perseverar. ¡Tres mil millones de dólares paga el Estado de Chile anualmente por los efectos del alcoholismo! ¡Y solo recauda 800 millones...! ¡No hay dónde perderse! De otro lado, les guste o no a algunos, el FUT desaparece. Y vamos a cautelar que las indicaciones reflejen eso. Se van a recaudar los 8 mil 200 millones previstos y cerraremos los boquerones. Son tantos, Ministro , que vamos a tener que hacer un esfuerzo de pulpo. Porque nuestro país está lleno de boquerones

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generados por un sistema que permitía eludir. Vamos a establecer la defensa de este proyecto, para cautelar lo que hemos dicho. Queremos recaudar para educación. La UDI preguntaba en qué se va a gastar la plata. Por cierto, queremos gastarla en los más pobres. Queremos destinarla a gasto social. Queremos invertirla en procesos de mayor igualdad en un país tan injusto. Chile es el miembro de la OCDE con mayor desigualdad. Lo ha dicho, puntual y firmemente, esa Organización. ¿Vamos a avanzar? Un poco. A la Derecha no le gustan los impuestos: ni en Chile ni en el resto del mundo. ¿Esta es la mayor reforma tributaria en la historia de nuestro país? Lo sigue siendo. ¿Había necesidad de conversar con la Derecha? No: teníamos los votos. Ha existido una responsabilidad de gobernanza, una responsabilidad de gobernabilidad. La economía está en problemas. Y no es producto de esta reforma: venía cayendo en los últimos años de Piñera. Por tanto, podemos enfrentar dificultades. Y yo, Ministro , hablaría de los tres puntos del PIB, más que de los 8 mil 200 millones. Porque las cifras no son del todo ciertas. Y ello, no porque el Ministro de Hacienda no sepa contar -¡no!-, sino porque la economía tiene grados de inexactitud y de expectativas que se deben satisfacer. Ministro, voy a apoyar esta reforma. Votaré a favor de la idea de legislar. Solo pido cautela y que el debate se haga de cara a la ciudadanía. No comparto el debate ni en el living ni en la cocina. Y, sin duda, esta es la oportunidad de discutir ante el país. Este es el verdadero ejercicio de la democracia. Vamos a debatir esta reforma de frente a la ciudadanía; fijaremos posiciones, e incluso, trataremos de perfeccionar el proyecto en todo lo que sirva para recaudar más, distribuir mejor y defender a los más débiles. Esa es la reforma tributaria que al menos el MAS y este Senador van a apoyar. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Sesión: Sesión Ordinaria N° 11 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 357 Fecha: miércoles 15 de abril de 2009

AJUSTE REMUNERACIONAL PARA PERSONAL DE FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA El señor NAVARRO.Señor Presidente , como lo dijimos en su oportunidad, se persiste, a pesar de que algunos pueden considerar que el sector público ya ha obtenido reajustes, en una política conforme a la cual los funcionarios públicos siguen percibiendo remuneraciones muy inferiores a las del mercado. El personal que tiene la posibilidad de retirarse de Carabineros y entrar al sector de la seguridad privada duplica o triplica sus ingresos. Por eso, todas las medidas tendientes a establecer una categoría de sueldos acordes a las necesidades del Estado y equivalentes al nivel internacional dignifican, pero también hacen justicia. En particular, nos alegramos mucho de las asignaciones a Carabineros. La gran presión ciudadana por la lucha contra la delincuencia obliga a que, ante la falta de personal, la jornada semanal de sus funcionarios no sea de 48 horas -para el sector laboral regido por el Código del Trabajo hemos establecido 45-, sino que, en muchos lugares, en especial en las grandes ciudades, supere las 70, 80, 90 ó 100. Por lo tanto, las mejorías remuneracionales y de condición económica apuntan a brindar un mejor servicio y hacer mayor justicia en la retribución. Respecto del debate sobre Investigaciones de Chile, quiero recordar un viejo adagio -ignoro si será similar a lo expresado por el Senador señor Allamand-: "Las cosas, por sabidas se callan, y por calladas, se olvidan". Parece que eso ha sucedido con ese servicio. Se dice que tiene que haber igualdad; que tiene que haber equivalencia; que tiene que haber una justa retribución por la omisión registrada en su oportunidad. Esta última también la han sufrido otros sectores sociales, como los profesores, en lo que concierne al pago de bonos o indemnizaciones. Y el tiempo va pasando, cambian los Gobiernos y nadie se responsabiliza del "muerto". O sea, todos quieren cargarle la mochila a otros. En consecuencia, es necesario recordar las deudas pendientes con Investigaciones de Chile, porque en algún momento es preciso hacerse cargo de ello y responder por algo que, en definitiva, no se ha saldado. El solo reconocimiento no basta: lo concreto es que deben fijarse plazos. Por mi parte, me alegro de la propuesta del señor Ministro de Defensa Nacional respecto de la formación de una comisión de trabajo. Espero que esta última se materialice, con Ministros o sin ellos. Queda un año. Entiendo que regirá un plazo acotado, dentro del período que resta al actual Gobierno, para recibir un planteamiento concreto y que se dictará una ley dentro de ese lapso, antes de diciembre del presente año o de marzo de 2010. Si así ocurre, mi voluntad es positiva. Llaman la atención las observaciones de constitucionalidad. Porque existe un organismo que puede formular objeciones. Por cierto, deseo apoyar el reajuste, pero no quisiera que la permanencia del artículo 8º del proyecto significase una revisión y contrariar su aplicación. ¿Me explico? Es algo que ha sido planteado reiteradamente. Entonces, nos hallamos frente al dilema de si lo óptimo es enemigo de lo efectivo. Y, en ese sentido, espero escuchar la opinión de los señores Senadores con una mayor experiencia sobre la materia, en cuanto a si efectivamente cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional objete la disposición. Si es así, nos encontramos ante un problema. En lo personal, defiendo los fueros del Senado. He rechazado muchas declaraciones de inconstitucionalidad. Pero aquí estamos frente a un hecho que puede retrasar un merecido y justo mecanismo financiero de reajuste. Asimismo, quiero referirme a un aspecto que ya abordó el Senador señor Bianchi . Si en algún momento fue Investigaciones de Chile la olvidada, por muchos años, de los reajustes y del desarrollo institucional en el área de la seguridad pública -y ello se ha intentado reparar en forma progresiva-, me parece que la situación de Gendarmería no debe ser obviada. Al menos en el debate de la iniciativa que nos ocupa es preciso dejar en claro que existe un vacío que solo llena en parte el proyecto de ley de plantas enviado por el Ministro de Justicia . Los funcionarios civiles de Gendarmería han quedado fuera, y la verdad es que la mitad del personal que trabaja con los condenados corresponde a esa categoría. Ellos corren el mismo riesgo, trabajan con la misma dedicación. Solo no visten uniforme. Se ha solicitado que el proyecto de ley de plantas dé una

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institucionalidad carcelaria a Chile, y que las promociones, remuneraciones, y dignidad y condiciones del trabajo sean adecuadas. Los gendarmes y los funcionarios civiles han pedido el reajuste de 11,5 por ciento y mayor igualdad y equidad, sobre la base de un concepto que me parece pertinente tener a la vista cuando estamos dando un importante paso en materia de seguridad nacional, pero también de orden público, en lo referente a Carabineros: el de seguridad ciudadana y seguridad pública. ¡Y ello incorpora a Gendarmería de Chile! O sea, no es posible que se considere solo a los jueces, sector en el cual también se han registrado importantes elementos de reparación económica, o las fuerzas de orden, que realizan la detención. Los primeros juzgan y los segundos -Policía de Investigaciones y Carabineros- detienen; pero otros deben hacerse cargo del resultado de la operación: albergar a quienes han delinquido y faltado a la sociedad. Y respecto de Gendarmería de Chile existe una enorme deficiencia y un profundo vacío. El proyecto de ley de plantas lo subsana en parte. No es admisible que se externalicen funciones propias del Estado. Ya las concesiones de las cárceles, que han sido un fracaso rotundo y dejado pérdidas millonarias, llevan a una decisión de esa índole en el caso de cometidos tan esenciales como la reinserción y la rehabilitación. Por eso, a propósito de la reparación de instituciones estatales que llevamos a cabo en los ámbitos que he señalado, mencionar la situación de Gendarmería es absolutamente válido. Solo deseo advertir -algunos lo consideran algo agresivo o violento- que en la ex Penitenciaría, en la mañana, forman 40 gendarmes para resguardar a 6 mil 780 reclusos. Esa es la proporción. Y en la cárcel El Manzano I, en la noche, para vigilar a una población penal que fluctúa entre 1.900 y 2.100 internos, quedan 9, 10 ó 14 funcionarios. Esas condiciones no cambiarán mientras no se dicte la ley de plantas ni se haga una revisión completa de la política institucional penitenciaria. Por lo tanto, votaré a favor del proyecto. En la Sala se encuentran Senadores expertos en Derecho Constitucional. Lo que deseamos es una aprobación para poder avanzar. Queremos facilitar la tarea del Gobierno, pues existe una enorme coincidencia en la materia. Mi duda radica en el artículo 8º, que algunos han anunciado que van a votar en contra. Por mi parte, quiero que haya reajuste a la brevedad y que el Tribunal Constitucional no intervenga. En esa línea, me pronunciaré afirmativamente. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°52 Sesión: Sesión Ordinaria N°52 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: martes 15 de septiembre de 2015

MEJORAS A TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE PASAJEROS El señor NAVARRO.Señora Presidenta, por lo que uno escucha, advierte que este tipo de proyectos desata pasiones. Durante el Gobierno pasado, el del Presidente Sebastián Piñera , nos tocó apoyar en cuatro oportunidades, una vez por año, iniciativas tendientes a autorizar fondos para el Transantiago. De hecho, en una ocasión se intentó establecer un monto de 1.500 millones de dólares. Pues bien, en esos cuatro años de la Administración anterior, con Ministros de Transportes designados por el Presidente Piñera , todo lo que exige ahora el Senador Allamand, todo lo que la Derecha ha reiterado de manera majadera -hasta ociosa a veces, desde el punto de vista de la repetición de argumentos hasta el infinito- ¡no fue concretado! Y a la Presidenta Bachelet, quien aún no cumple un año y medio de mandato, se le exige solucionar aquello que la Oposición en cuatro años, ¡en el peor Gobierno de Derecha en toda la historia de Chile!, fue incapaz de resolver. ¡En cuatro años no lo resolvieron, al igual que el tema de la delincuencia! ¡No resolvieron, por cierto, lo relativo al no pago de pasajes! ¡No resolvieron el problema de no saber cuántos recursos se llevan las empresas que administran el Transantiago! ¡No resolvieron, señora Presidenta , la situación de los conductores del Transantiago, a tal punto que uno de ellos (presidente de un sindicato) se tuvo que inmolar -¡inmolar!-, quemar a lo bonzo, matar, debido a las amenazas que sufrió de parte de operadores del Transantiago! Hoy nos toca votar un proyecto de ley que no nos gusta. Es efectivo que el sistema presenta problemas, y debiéramos mejorarlo. Sin embargo, resulta tan compleja e intrincada esta trama que descubrir adónde va a parar cada dólar, cada peso que se entrega como subsidio es una tarea difícil. Debiera haber una mancomunidad de acción para intentar aclarar el destino de esos recursos. Quienes representamos a regiones -y me honra ser Senador por el Biobío- nos preguntamos: "Todo ese dinero ¿adónde va a parar?". Si se ocupara en calidad de servicio, lo sabríamos, pues eso es observable. La implementación técnica también es un aspecto observable. Medidas para una mejora constante, lo mismo. El señor PROKURICA.- ¡Vote en contra, entonces! El señor NAVARRO.¿Esa tarea la debe enfrentar el Gobierno por sí solo? ¿Acaso no le corresponde también a este Senado abocarse a trabajar de manera permanente en busca de soluciones? Recordemos que el actual Ministro de Transportes lleva en su cargo apenas un año y medio, y este problema no lo hemos podido resolver desde ¿el 2006? El señor ALLAMAND .¡2007! El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-

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¿Y en qué Gobierno? El señor NAVARRO.En el de la Presidenta Bachelet, heredado de la Administración del Presidente Lagos. El señor PROKURICA .¡Eso! El señor NAVARRO.Pero, después de los graves procesos iniciales, el Transantiago ha tendido a la estabilización de manera constante. Por otra parte, si hay algún mérito en la iniciativa es el aporte del Gobierno para dotar al Metro de facultades y condiciones que auguren la posibilidad cierta de que el Estado tenga una incidencia más importante en materia de transporte público, como ocurre en las grandes capitales del mundo, que a los Senadores y Diputados de Derecha les gusta visitar, al igual que a uno. Cuando viajen a Madrid, a París, a Londres, a cualquiera de las capitales europeas, podrán ver funcionar un transporte público administrado por el Estado, no por el sector privado. Aquí se da una falacia: al sistema de transporte de pasajeros lo llamamos "público", en circunstancias de que es administrado y operado por particulares. El Gobierno solo pone la plata e intenta fiscalizar. Lo dijo el ex Presidente Frei, cuando fue candidato en la campaña en la que perdió la elección: "Debemos evaluar si recuperamos el Transantiago para el Estado". Así ocurre en Madrid. Estuvimos con el entonces Senador Chadwick y con el Senador Zaldívar en el Ayuntamiento de dicha ciudad, conociendo en dos horas y media de exposición el funcionamiento del mejor transporte público de Europa. ¡Opera con 1.350 millones de euros anuales, con una entrada de cerca de 800 millones! O sea, el déficit es, según recuerdo, de 530 millones de euros. El ayuntamiento pone los aportes y controla el sistema. Por eso es público; no es administrado por privados. Por lo tanto, cada euro invertido es un euro que el Estado al menos sabe adónde va. Porque lo fiscaliza. Creo que este debate va a seguir siendo estéril y largo, y se convertirá en una discusión política, si no logramos hacer un diagnóstico profundo del Transantiago, a partir de la crítica a lo obrado; definir lo que se debe realizar en adelante, y, por cierto, resolver el problema del financiamiento. Yo tengo dudas respecto de los recursos que están llegando a las regiones. Es parte del análisis que hemos hecho con el Ministro. Vamos a votar a favor la idea de legislar,... --(Aplausos en tribunas). ... porque no podemos dejar a la Región Metropolitana sin transporte público de pasajeros. Habría paralizaciones. ¡Eso sería el caos! Parece que a algunos les interesa el caos. Respaldaremos el proyecto pero con observaciones, pues creemos que se puede mejorar. El compromiso asumido por el Gobierno con los dueños de taxis colectivos es un paso adelante, aunque aún muy insuficiente. Confío en que seguiremos laborando para integrar de verdad en el sistema de transportes a los pequeños y esforzados trabajadores de dicho sector, quienes nada tienen que ver con las grandes empresas del Transantiago y que hoy, por primera vez, son incorporados a la iniciativa. Dicho paso no es suficiente, pero al menos comenzamos a avanzar. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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¡Médicos cubanos para Chile, ahora! --(Aplausos en tribunas).

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°5 Sesión: Sesión Ordinaria N°5 Legislatura: Legislatura número 364 Fecha: miércoles 23 de marzo de 2016

APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL El señor NAVARRO.Señor Presidente, estamos debatiendo un artículo que tiene un pecado de origen, un pecado original. Estamos discutiendo la modificación del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar. Y me surgen algunas interrogantes. La PDI, Carabineros y Gendarmería, ¿forman parte de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué el Código de Justicia Militar se usa en tiempos de paz? Efectivamente, el Código de Justicia Militar es para tiempos de guerra. Sin embargo, hasta su última modificación, muchos jóvenes en Chile fueron citados a la Fiscalía Militar, procesados y mantenidos en esta situación durante largos años, producto de que el Código establecía que esos procedimientos debían llevarlos la Justicia Militar y un fiscal militar. La garantía de que hubiera una acción independiente de ese fiscal militar era casi nula. Era más bien risible. Creo que lo que hoy se plantea es una falsa dicotomía. Los que estamos en contra de sancionar a quienes agreden o maltratan físicamente a carabineros pensamos que se necesita una norma que no permita que se abuse de ella y, segundo, que no se convierta en una disposición que al final termine desprestigiando o debilitando la credibilidad de Carabineros, la PDI o Gendarmería. La frase "no dejare señales visibles" abre un ámbito de arbitrariedad que va a ser peor que lo que se quiere subsanar. He escuchado a la Senadora Van Rysselberghe , al Senador Allamand y al Senador Espina , y comparto plenamente con ellos que no puede haber una ofensa, en los términos que se ha señalado, que quede sin sancionar. Pero la norma que se está implementando establece que ella debe ser castigada aun cuando "no dejare señales visibles". El mismo Senador Alejandro Guillier contó que lo detuvieron y que arriba del bus un carabinero le dijo que en realidad estaba acusado de maltrato de obra o maltrato físico a miembros de la institución. ¡La norma está mal diseñada! ¡Ni lo uno ni lo otro! Estamos discutiendo una norma, introducida por una indicación parlamentaria, que no va a tener como resultado lo que quieren los Senadores Espina y Allamand . No va a lograr que haya una sanción. Quiero decir que esta redacción es la arbitrariedad más grande. Y, como sabemos, ha habido mucha arbitrariedad. Aun cuando no haya "señales visibles", habrá acusaciones, lo cual va a desprestigiar la credibilidad de la policía uniformada. Y, como contrapartida, cuando existan, va a ser como el cuento de Pedrito y el lobo: ¿Cuándo es verdad? ¿Cuándo es mentira? Nos vamos a llevar intentando demostrarlo. Si existieran antecedentes visuales, fotografías, podría ser, pero la mayoría de las veces no se acompaña ese tipo de pruebas en estas acusaciones, sino más bien se limita a la voz de aquel que declara que, si bien no quedó ninguna señal visible, hubo maltrato. Siento que estamos haciendo un flaco favor, porque al final va a depender del tipo de persona que se vea involucrada en los hechos. No es lo mismo un ciudadano común que un delincuente con un largo prontuario. Y la norma no distingue. Simplemente señala: "aun cuando este último no dejare señales visibles.". Se han producido diversas acciones de una policía que es civil, no militar; que actúa con civiles, no con militares, y que tiene una preparación, una formación y un rol distintos. Efectivamente, debe existir un trato diferente para ciudadanos y para delincuentes. Y sin embargo en esta norma estamos

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metiendo juntos a unos y otros: a delincuentes peligrosos, capaces de matar a un carabinero, y a personas que solamente reclaman respeto a su integridad física y a su condición de ciudadanos. Se incluye la frase "aun cuando este último no dejare señales visibles". Yo me pregunto: ¿Es la fórmula mágica para evitar que un maltrato quede sin sanción? Se va a generar una gran controversia. Yo estoy disponible para una redacción que castigue el maltrato físico, que es un acto inaceptable, cuando este se halle probado, incluso con testigos. Pero la frase "aun cuando no dejare señales visibles" se va a prestar para las mismas arbitrariedades que durante décadas tuvo que sufrir la ciudadanía de parte de la Justicia Militar. Por lo tanto, señor Presidente, creo que la norma no resuelve el problema. Quienes la han planteado tienen una posición que yo comparto, pero el precepto propuesto es absolutamente inadecuado y puede ser hasta contradictorio. Por eso, señor Presidente, lo voy a votar en contra. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°26 Sesión: Sesión Ordinaria N°26 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: martes 9 de junio de 2015

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORAS GOIC, ALLENDE, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTÍN Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, BIANCHI, CHAHUÁN, DE URRESTI, GARCÍAHUIDOBRO, GARCÍA, GIRARDI, GUILLIER, HORVATH, LARRAÍN, MONTES, MOREIRA, NAVARRO, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE CONSIDERE INCORPORAR EN EL PLAN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD, LA OPERACIÓN INTRAUTERINA DE ESPINA BÍFIDA Y ASEGURAR LA COBERTURA EN EL SISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO DE SALUD. (S 1.81212) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORAS GOIC, ALLENDE, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTÍN Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, BIANCHI, CHAHUÁN, DE URRESTI, GARCÍA-HUIDOBRO, GARCÍA, GIRARDI, GUILLIER, HORVATH, LARRAÍN, MONTES, MOREIRA, NAVARRO, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE CONSIDERE INCORPORAR EN EL PLAN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS DE SALUD, LA OPERACIÓN INTRAUTERINA DE ESPINA BÍFIDA Y ASEGURAR LA COBERTURA EN EL SISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO DE SALUD. (S 1.812-12)

1) Que la espina bífida es una anomalía congénita que forma parte del grupo de los defectos de cierre del tubo neural y que ocurre por alteraciones en el desarrollo embrionario entre las semanas 3 y 5 de gestación (asociado a la deficiencia de ácido fálico). La espina bífida es el defecto del tubo neural más frecuente en los neonatos nacidos vivos y se asocia a mayor morbimortalidad, así corno a diversos grados de discapacidad. Cada año nacen en Chile aproximadamente 100 niños con espina bífida, de los cuales 5% son mortinatos. 2) Aproximadamente el día 28° de la gestación, se puede identificar esta malformación, pues en dicho momento se termina de constituir el tubo neuronal. 3) Esta malformación perjudica 3 importantes sistemas del organismo, en primer lugar al sistema nervioso central, decantando en el 90% de los casos en hidrocefalia y provocando falta de sensibilidad y fuerza cuya intensidad depende del nivel de localización del Miolomeningocele. 4) Entre la semana 20 y 26 de la gestación, existe la posibilidad de realizar una cirugía intrauterina, la cual permite mitigar las consecuencias de la malformación, deteniendo el proceso y evitando un mayor daño neurológico en el bebé, permitiéndole al momento de nacer mejorar su calidad de vida. 5) De acuerdo al artículo 11 de la ley N°19.966, las Garantías Explícitas en Salud son determinadas por el Ministerio de Salud y aprobadas por un Decreto Supremo suscrito, además, por, el Ministro de Hacienda Esta atribución se encuentra materializada en el Decreto Supremo N° 4, del 5 de febrero de 2013. 6) Que el Plan de Garantías Explícitas de Salud (GES) incluye esta operación tan sólo una vez que el niño ha nacido, lo cual trae como consecuencia que las operaciones intrauterinas no se realicen en la mayoría de los cosas por ser demasiado costosas para las familias, superando los veinte millones de pesos. 7) Que nuestra carta Fundamental en su artículo 19 establece que "La Constitución asegura a todas las personas: 1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer".

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8) Por su parte la convención de los Derechos del Niño en su preámbulo señala que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento" y en su artículo 24 en su número 1 establece que "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios". 9) Que resulta adecuado, en el contexto de las políticas de protección a la maternidad y del que está por nacer, extender la cobertura del GES a este tipo de operaciones intrauterinas. El Estado no se puede desentender de estos casos, dando cobertura sólo a los niños una vez que nacen, como ocurre hasta ahora. 10) De este modo y ante la imposibilidad de respuesta del sistema público y las trabas del sistema privado de salud las familias han optado por recurrir a los Tribunales de Justicia, de este modo la Corte Suprema en agosto de 2014, ratificó fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en donde se ordenó a la Isapre Cruz Blanca a financiar los costos de la cirugía intrauterina practicada a afiliada embarazada a fin de corregir la espina bífida que presentaba su hijo. En virtud de lo antes expuesto es que los suscribientes venirnos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo: Solicitamos a S.E la Presidenta de la República, que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales de carácter privativo, tome todas las medidas pertinentes, con el fin de incorporar en el Plan de Garantías Explicitas de Salud, la operación intrauterina de espina bífida, asegurando la cobertura de la misma, tanto en el sistema público como privado de salud. (Fdo.): Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.Alfonso de Urresti Longton, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 25 Sesión: Sesión Especial N° 25 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 9 de junio de 2010

FINANCIAMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , muchos pueden recordar la figura de Olafo, que aparecía hace muchos años en El Mercurio -en mi casa compraban Las Noticias de Última Hora y Clarín , y el domingo, ese otro diario-, historieta en la que un verdugo con capucha cobrador de impuestos era el terror de las comunidades vikingas. Esa función no es fácil. ¿A quién le gustan los tributos? Esa es la gran pregunta. La señora RINCÓN.- ¡A nadie! El señor NAVARRO.- Porque la paradoja es que los Gobiernos siempre quieren disponer de dinero, como decía el Senador señor Gómez , y quieren más impuestos. Y la Oposición, en general, siempre tiende a restringir estos, sobre la base de que son malos para los ciudadanos. Aquí, sin embargo, es al revés. Le decimos al Gobierno que queremos darle más plata para que el señor Piñera cumpla su programa y gobierne cuatro años, de modo que se cuente con todo el dinero del mundo para poder llevar a cabo el primero, y responden que no. La pregunta es por qué se aplican ahora. Si no se hubieran registrado un terremoto y un maremoto, no nos hallaríamos abocados al presente debate. El señor ALLAMAND .- Así es. El señor NAVARRO.- Ni el programa de Frei ni el de Piñera contemplaban un alza de impuestos. Más bien, ello se encontraba en el programa de Navarro y, después, en el de Marco. El señor LONGUEIRA .- ¡Bravo...! El señor PROKURICA .- ¡Muy bien...! El señor NAVARRO.- Era preciso efectuar una reforma para ampliar, por cierto, los impuestos a las grandes empresas, ya que el esquema tributario -lo discutimos durante largo tiempo- era más bien precario. Algunas de ellas enfrentan pocos impuestos. Quiero consignar que cumpliré mi palabra. Y he anunciado que voy a votar a favor. Apoyaré el proyecto de ley, porque estimo que la reconstrucción es ineludible, necesaria, y que a un Presidente no se le puede juzgar a los tres meses por lo que hará durante su Gobierno, menos aún ante una tragedia como la que hemos vivido. A ninguno de los candidatos presidenciales le hubiera gustado enfrentar una oposición semejante en medio de una crisis. ¡Porque nos hallamos en medio de una crisis! ¡A quien crea que nos encontramos hoy día en la concreción del programa de Gobierno se le puede señalar que no es así! Oponerse a un programa que no se compartió es legítimo, razonable. Aquí estamos definiendo una normativa legal para el financiamiento de la reconstrucción y no una reforma tributaria. El señor BIANCHI.- Eso es. El señor NAVARRO.- Y, claramente, voy a aprobarla, por lo tanto. He planteado en forma pública que voy a votar a favor de la totalidad de los artículos. Y he formulado dos observaciones, relativas a la invariabilidad y la inclusión del impuesto al alcohol. ¿Por qué lo de la invariabilidad? Creo que no es justo, frente a tamaña catástrofe, hacer recaer sobre los hombros de un solo Gobierno, en cuatro años, el costo de la reconstrucción. Eso no hubiera ocurrido en ningún país. Salvar en ese período los 30 mil millones de dólares, los 10 mil millones, los que sean, no parece apropiado. Todo indica que la tragedia tiene que distribuirse más homogéneamente, incluso más allá del Gobierno actual, porque los daños y la reconstrucción van a durar un tiempo que lo excede, sin finiquitarse en 2013.

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En la Región que represento, ASMAR, el principal astillero desde California hasta el cabo de Hornos, no va a estar listo ese año ni tampoco desarrollada toda la inversión. Y, por lo tanto, los próximos Gobiernos también tienen que asumir una responsabilidad. La crisis sigue vigente. Aún no comienza la reconstrucción, porque todavía no termina la emergencia. ¡Esta no ha concluido en los campamentos, en los lugares donde se ha perdido el empleo! En la Región del Biobío, 55 por ciento de la industria se halla paralizada: ENAP, Huachipato, las pesqueras, las plantas de celulosa. Están caídos los puentes y se registran 70 mil viviendas dañadas y 15 mil puestos de trabajo perdidos de manera directa e irrecuperables en el corto plazo. Las dificultades persisten en Talcahuano, Concepción, Tomé, Dichato , Perales , Lota, Coronel, Lebu. Y por eso señalamos, entonces, que quisiéramos conversar con el Gobierno respecto de la forma como apoyarlo en la reconstrucción. Para ello, la pregunta acerca de cuánto vale esta última resulta esencial. ¿Son 30 mil millones de dólares? A mi juicio, el debate respecto de ese costo se salda con una lógica impecable y razonable: va a valer lo que cueste llevarla a cabo. Esa es una ecuación que se resolverá de manera sucesiva, año a año, en la Ley de Presupuestos. Y si falta dinero va a ser un problema del Gobierno, no de la Oposición. En consecuencia, el primero es el que tendrá que determinar cómo enfrenta el déficit que no logre cubrir la actual Administración y que se deberá asumir después de 2013. Por cierto, se suscitan dudas al respecto, porque un debate siempre es fructífero. ¿Se va a crecer a 6 por ciento? La Senadora señora Matthei expresó que el promedio de los gobiernos de la Concertación fue de 2,8 por ciento en los últimos cuatro años. Un punto anual más -para aclarar la posición de ayer- importa una recaudación de 4 mil millones de dólares, en total. Y me parece que esa argumentación es extremadamente válida. Pero surgen las interrogantes. La primera se la expuse al señor Ministro de Minería respecto de la voluntariedad del acceso de las mineras a la propuesta acerca del royalty. La respuesta fue: "Es pega nuestra hacer que la acepten". O sea, esa no es pega del Congreso. Nosotros despachamos la ley y dependerá de las empresas si se adscriben al nuevo régimen. Las preguntas se refieren a cómo se logrará el financiamiento. El Senador señor Letelier , quien ha hecho ahora una propuesta interesante que ha sido recogida por el Gobierno -entiendo que nos acercamos a algo deseable, cual es la búsqueda de acuerdos-, nos entregó un cuadro demostrativo de que en el año en curso el déficit es de 40 por ciento. Esto es para el Ministro de Hacienda . La distribución señala que los ingresos tributarios representan 3 por ciento; las donaciones, 3 por ciento; reasignación, 15 por ciento; reserva del cobre, 6 por ciento; bonos soberanos, 32 por ciento. El crecimiento económico no se incorpora. Y para 2013 la variación es similar: control de evasión, 6 por ciento, lo que resulta interesante; ingresos tributarios, 16 por ciento; donaciones, 2 por ciento; reasignación, 14 por ciento; reserva del cobre, 3 por ciento; bonos soberanos, 7 por ciento; crecimiento económico, 37 por ciento. Aún así, falta 14 por ciento. Aquí se percibe que, más allá del debate técnico-económico, no podemos equivocarnos frente al país respecto de si vamos a contar con los recursos: debemos obtenerlos. Y será preciso asegurarlos. Repito que esta no es una reforma tributaria: se trata de un proyecto de ley de financiamiento. Se despacharon reformas tributarias parciales con relación al impuesto a la renta, que de 10 por ciento pasó a 17 por ciento; se aumentó el IVA; se luchó contra la evasión. Y lo que reitero de manera muy responsable, sin eludir el hecho de que hoy no estoy en la Concertación, pero pertenecí a ella y mis mejores amigos están ahí -por cierto, sigo siendo socialista, y no reniego ni un milímetro de ello-, es que esa coalición, en 20 años, no expuso una reforma tributaria global como la que hoy se demanda. Y no creo que sea responsable ni serio plantear un debate en 15 días. Estoy disponible, en los tres años y medio que me quedan, para levantar una propuesta completa tendiente a dar coherencia a un régimen tributario moderno, flexible, que permita financiar, en definitiva, a los Gobiernos y lograr una mejor distribución del ingreso, en un país donde esta es criticada, lo que comparto. Construyamos esa modificación luego de la ley en proyecto. En quince días no vamos a resolver el punto. Y afirmo que la Concertación va a tener que votar al final igual a favor de la iniciativa en debate. Es una mala batalla. No han leído a Sun Tzu en El Arte de la Guerra: estamos contra el río y el cerro. Porque esto lo vivimos cuando estábamos en el Gobierno, ya que cuesta mucho explicar por qué no se aprueba una normativa que financia las necesidades de los más débiles. Creo, sin embargo, que existe espacio para los acuerdos. Así lo expresaron los Senadores señores Larraín y Longueira . Si el Ministro señor Felipe Larraín ha llegado sin una cuenta corriente a esta Corporación, no es un buen Secretario de Estado .

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Tiene que venir con un saldo de caja importante para que se concreten. Y a algunos que han criticado mi posición de apoyo al proyecto de financiamiento del Gobierno del Presidente Piñera, porque es "un acuerdo con la Derecha", ¡solo les recuerdo que la Concertación llegó a concordancias con ese sector durante 20 años, completos, en el Senado! Por lo tanto, si lo hizo cuando era Gobierno, hoy día puede hacerlo como Oposición. La cuestión va a depender, entonces, del modo como se obtenga la coincidencia. Y estimo que sería una victoria pírrica para el Gobierno usar una posición dominante y muy favorable para someter absolutamente a la Oposición, porque pueden quedar heridas muy profundas. Como resta todavía un largo período a la Administración actual y se entiende que los consensos a que se llega en el Senado hacen gobernable al país, cabe pensar que aun cuando se cuente con los votos para aprobar el proyecto de ley tiene que mediar necesariamente un acuerdo, porque no basta vencer en esta batalla: en muchas otras deberán predominar el bien común y la visión de Estado. Y, por lo tanto, no porque se tenga la fuerza se podrá emplearla amplia y abusivamente. Espero que se abran posibilidades para las propuestas de los Senadores señores Zaldívar y Lagos, que son de concordancia y acercamiento. Porque, si no, volveremos a una crítica que compartían muchos de los señores Senadores de enfrente, hoy día en el Gobierno, en orden a que el presidencialismo, la monarquía presidencial, avasalla completamente. Si ese es el esquema, no veo por dónde, entonces, va a hallarse la nueva forma de Gobierno. Cabe esperar que esta también se exprese en hechos concretos, para dar señales de cercanía a la realidad y no de la esquizofrenia que a veces reina en la política. ¿Existen espacios para los acuerdos? Por mi parte, apuesto por que efectivamente los obtengamos, en particular respecto de la invariabilidad o del royalty. Pienso que vamos a sumar, en vez de restar. El país nos observa y también ve una situación de crisis. En cuanto a ponerse de acuerdo ante esta última, he expresado que ello equivale a una invasión por parte de una nación extranjera: las diferencias se dejan de lado y se defiende la soberanía como un solo hombre. En definitiva, sufrimos la invasión de un terremoto y un maremoto, y aún no se retiran. Nos obligan a la unidad, a los consensos, a ponernos de acuerdo. ¿Cuándo? ¿En todo? No en todo ni siempre, sino ahora, en relación con un proyecto de ley de reconstrucción que no es una reforma tributaria, sobre el cual existen diferentes visiones, pero que demanda una sola unanimidad. Se requieren recursos, que deben proporcionar los que más tienen, y los puntos de diferencia, como se ha dicho, se presentan en ese ámbito. Los veinte votos podrán estar, pero creo que se plantea una prueba crucial para el Gobierno y la Oposición en torno a la búsqueda de un consenso. La gente está esperando que no sacrifiquemos los subsidios que se destinaban a los comités de allegados, en relación con las viviendas destruidas. Y quiere que la Ministra del ramo entregue los 100 mil subsidios para viviendas con daños, más los 80 mil previstos para las viviendas destrozadas, y que no extendamos el terremoto a quienes no lo vivieron. Esas personas confían en no pasar más de uno o dos inviernos en las condiciones actuales. El que se inicia lo enfrentarán en viviendas de emergencia, ojalá no en carpas. Esperan que les demos soluciones. A ese esfuerzo estamos convocados. Existe el tiempo necesario y prudente para ello. No es cierto que no se han evaluado los distintos planteamientos. El Gobierno ha revisado las propuestas, y la Oposición ha hecho lo propio con las suyas. Lo que está en juego es dónde se conversan y, en definitiva, quién cede. Si esto se transformara en un "gallito" apretado para demostrar fuerza, se cometería un gran error. La ciudadanía -particularmente los sectores afectados, de todas las Regiones- nos demanda una fórmula que permita arribar a un buen acuerdo. Como soy parte de la Oposición y aspiro a que ella en el futuro vuelva a ser Gobierno -pienso, eso sí, en una Concertación diferente a la que fue-, espero que los discursos que hoy día hemos escuchado se repitan. En ese sentido, los emplazo a efectuar una reforma tributaria de verdad, que no sea una batalla para discutir una ley, sino una propuesta que forme parte de un programa de Gobierno. Estoy disponible para analizar aquello, señor Presidente, como lo estoy para aprobar el proyecto que nos ocupa y para apoyar lo que se ha conversado entre el Ministro y quienes han llevado la vocería de la Oposición a fin de llegar a un acuerdo. Siento que estamos haciendo lo mejor que podemos. Sin embargo, el tiempo se acaba. No sé cuál será la disposición de la Mesa, pero entiendo que en la tarde hay otra sesión. Si nuestro tiempo es estrecho, usémoslo para avanzar. Señor Presidente, voy a votar que sí a la idea de legislar. Hago un esfuerzo en el ámbito de la invariabilidad tributaria y en lo concerniente a la Ley de Alcoholes.

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No parece coherente que se suba el impuesto al tabaco y no se haga lo mismo con las bebidas alcohólicas. Conversaba anoche con un amigo que tiene a su hijo hospitalizado por un accidente automovilístico ocurrido un fin de semana. Los accidentes de ese tipo producto de la ingesta de alcohol son la principal causa de muerte en los menores de 23 años. Los jóvenes en Chile fallecen por esta causa. Por eso, dejar el alcohol sin alza de gravamen constituye una concesión absurda. Es muy necesario analizar cómo incorporarlo al aumento impositivo, ya que provoca tanto daño como el tabaco. ¡Patagonia sin represas! He dicho. --(Aplausos en la Sala).

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°13 Sesión: Sesión Ordinaria N°13 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: martes 5 de mayo de 2015

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, BIANCHI, COLOMA, GARCÍA, GARCÍAHUIDOBRO, GIRARDI, LAGOS, MATTA, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, OSSANDÓN, PROKURICA, QUINTEROS, TUMA Y WALKER, DON PATRICIO, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL ESTABLECIMIENTO POR LEY DE UN ESTATUTO DE CIUDADES PUERTO Y LA AFECTACIÓN DE UN PORCENTAJE DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LAS EMPRESAS PORTUARIAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA DONDE SE HALLAN EMPLAZADAS SUS INSTALACIONES PORTUARIAS (S 1.808-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORAS GOIC Y VAN RYSSELBERGHE Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, BIANCHI, COLOMA, GARCÍA, GARCÍA-HUIDOBRO, GIRARDI, LAGOS, MATTA, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, OSSANDÓN, PROKURICA, QUINTEROS, TUMA Y WALKER, DON PATRICIO, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA EL ESTABLECIMIENTO POR LEY DE UN ESTATUTO DE CIUDADES PUERTO Y LA AFECTACIÓN DE UN PORCENTAJE DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN LAS EMPRESAS PORTUARIAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA DONDE SE HALLAN EMPLAZADAS SUS INSTALACIONES PORTUARIAS (S 1.808-12)

Considerando: 1º.- Que con fecha 12 de agosto de 2009, la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo mediante el cual se solicitó a la Presidenta de la República, el envío de un proyecto de ley que estableciera un estatuto para las ciudades-puerto del país, con el objeto de que dichas comunas tuvieran una participación garantizada en el desarrollo de las actividades marítimoportuarias de sus respectivos territorios. 2º.- Que mediante oficio Ord. Nº 4287 de 16 de octubre de 2009, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la época, René Cortázar Sanz, dio respuesta, a nombre del Gobierno, a dicho Acuerdo, manifestando que, a contar del año 2010, dicho Ministerio solicitó incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público los fondos necesarios para la habilitación humana y material de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Asesora en Materias Marítimas y Portuarias, instancia creada por medio del Decreto Supremo N° 70 de 2008 de esta Secretaría de Estado y que entre las tareas que deberá asumir dicha Secretaría Ejecutiva se cuenta, precisamente, la relación ciudad-puerto, razón por la cual dicho organismo deberá realizar los estudios necesarios y coordinar a los distintos organismos para abordar integralmente dichas temáticas y particularmente para el levantamiento de las necesidades de legislación o normativa que se detecten, en cuyo caso se enviará al Congreso Nacional el(los) proyecto(s) de ley que sea(n) necesario(s), cuando éstos se relacionen con el objeto de este Ministerio; en caso de que ello no sea así, se coordinará el trabajo con las instituciones competentes. 3º.- Que sin perjuicio de lo manifestado en dicho documento, no se ha establecido hasta ahora el estatuto especial que se requiere para las ciudades-puerto del país, no obstante la importancia que revisten las actividades marítimo-portuarias. 4º.- Que en efecto, el aumento en la capacidad de las naves, la urgencia de disminuir los tiempos de operación en los puertos y la innovación en los elementos de transferencia de carga, son algunos de los factores que dieron pie a la modernización del sector portuario nacional, él que ha visto un fuerte incremento en el intercambio de bienes, especialmente con el Asia Pacífico, donde los volúmenes de carga han aumentado considerablemente, lo que da cuenta de la necesidad de implementar nuevos y modernos proyectos de infraestructura para ser más competitivos dentro de dicha zona. 5º.- Que por otra parte, cabe señalar que el artículo 50 de la ley 19.542, que modernizó el sector portuario estatal, establece en su letra d), que corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, “procurar un desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente. Para estos efectos, se creará una instancia de coordinación a nivel de región, denominada Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, en la que

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tendrán participación, a lo menos, un representante del Gobierno Regional y uno por cada municipalidad donde se encuentre el puerto”. 6º.- Que en este orden de ideas, se hace necesario que un porcentaje de los impuestos que pagan las empresas portuarias al Fisco, cedan en beneficio de las comunas donde dichas empresas se encuentran instaladas, teniendo presente que el artículo 19 Nº 20 de la Constitución Política establece que “la ley podrá autorizar que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, puedan ser aplicados por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. 7º.- Que a su vez, el numeral 22 del mismo artículo 19, dispone que solo en virtud de una ley y que siempre que no signifique discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, se podrá autorizar determinados beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. 8º.- Que en tal virtud se requiere el envío, por parte de S.E., la Presidenta de la República de un proyecto de ley que, por una parte, establezca el estatuto especial para las ciudades-puerto del país, y por otra, que un porcentaje de los impuestos que se pagan al Fisco por las empresas portuarias, cedan en beneficio de las comunas donde ellas se encuentran emplazadas. Por las razones antes expuestas, EL SENADO DE LA REPUBLICA ACUERDA: Solicitar a S.E., la Presidenta de la República, el envío de un proyecto de ley que tenga por objeto, por una parte, el establecimiento de un estatuto especial para las ciudades-puerto del país, y por otra, que un porcentaje de los impuestos que se pagan al Fisco por parte de las empresas portuarias respectivas, cedan en beneficio de las comunas donde ellas se encuentran emplazadas. (Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.Andrés Allamand Zavala, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Sesión: Sesión Ordinaria N° 52 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: miércoles 12 de septiembre de 2007

MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL Y PROCESAL PENAL EN El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el debate no es menor, porque si el objetivo manifiesto es que se atrape al delincuente, claramente debe existir una mayor facultad de acción preventiva de la policía. Sin embargo, la flagrancia dentro del lapso de doce horas desvirtúa el concepto. Estoy por fortalecer mayores atribuciones respecto de aquella que tiene lugar en el período de seis horas y, en algunos casos, en el de doce horas. Si me dicen que los sujetos que ayer dispararon contra Carabineros, a vista y paciencia de las cámaras de televisión, no pueden ser detenidos después de seis horas, estaría por aumentar el tiempo a 48 horas. La idea es que en cualquier minuto pueda ser aprehendido, independientemente de las horas transcurridas, quien haya atentado con armas contra carabineros o haya cometido un asalto a mano armada, o disparando. La facultad preventiva de la policía se relaciona con ello. Porque no importa el tiempo que haya pasado si se usó un arma de fuego y se disparó contra uno de sus miembros. Lo que resulta relevante es que exista una acción preventiva, para encontrar el arma y evitar que vuelva a ser utilizada. Por eso pregunté si en el proyecto se iban a contemplar facultades para que la policía pudiera actuar cuando se usan armas de fuego, o bien, cuando se dispara contra uno de sus miembros, situación que es más grave. Una iniciativa que veremos después dice relación al mayor plazo para inscribir armas de fuego, no a las atribuciones con las cuales la policía debe contar en los casos que acabo de señalar. Se podría decir, entonces, que es posible una situación de flagrancia en el lapso de seis horas, reforzada, con un período mayor para cierto tipo de delitos, consagrados en veinte numerales en el Código Penal, que revisamos. Y ello, en particular cuando se usen armas de fuego, lo cual amerita que se actúe. No imagino que alguno de los vándalos y delincuentes que dispararon ayer contra la policía fuera sorprendido en una población en Pudahuel, o en otra, y no fuese posible detenerlo, plenamente identificado, por haber transcurrido más de seis horas. Eso daría cuenta de que nuestra legislación restringe a Carabineros la facultad preventiva. En consecuencia, no sé si se puede -lo consulto a los señores Senadores de la Comisión de Constitución- revisar la norma. Porque creo que cabe perfeccionarla respecto a la diferenciación de la flagrancia inmediata, conforme a un tiempo que puede ser mayor frente a agravantes como las que mencioné, y, en especial, ante la tenencia y uso de armas. Si votamos la disposición tal como está, el delincuente que disparó ayer a Carabineros no podría ser detenido a las doce horas y media, como lo ha indicado el Senador señor Espina , y el juez de garantía lo declararía así. Y, a pesar de haber sido identificado por la televisión y por testigos, no sería factible hacerlo objeto de esa medida para incautarle el arma que utilizó contra la policía. Insisto en que la tipificación respecto de la flagrancia puede tener una o dos acepciones -entiendo que es lo que planteó el Senador señor Allamand- en las que se endurezcan, en particular, cierto tipo de condiciones en que el riesgo permanece y constituye una agravante. No estoy en situación de votar, señor Presidente , porque lo que quiero es una modificación que capte el sentido de lo que he planteado, lo cual, por lo demás, me parece extremadamente oportuno. Si ello significa presentar una indicación, podría recabarse la unanimidad para tal efecto, o bien, devolverse el proyecto a la Comisión -el señor Senador informante podría intervenir al respecto-, a fin de perfeccionar la norma. Si no, los criterios planteados por los Senadores señores Letelier y Gómez me parecerían adecuados. Porque diluir el concepto de flagrancia debilita la acción de la justicia. Aparte, mientras más tiempo pasa, el recuerdo detallado del autor del delito se va perdiendo. Con todo, independientemente de ello, en algunos casos, en particular en los que se hace uso de armas de fuego contra la policía, el precepto debería aplicarse sin importar el tiempo transcurrido, a fin de dar curso a la detención preventiva, pues,

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efectivamente, el riesgo es enorme cuando el hechor posee un arma que ya utilizó. Por lo tanto, pregunto a los miembros de la Comisión si a estas alturas es posible presentar una indicación para incorporar el elemento recién indicado. Eso facilitaría la votación, considerando lo que han planteado tanto los Honorables señores Gómez y Letelier como el Senador que habla. Señor Presidente, tal vez un integrante de la Comisión podría aclarar el punto. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Estamos votando el segundo informe, señor Senador, así que se requiere la unanimidad. El señor NAVARRO.- Entiendo.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N°22 Sesión: Sesión Especial N°22 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR LETELIER, SEÑORAS ALLENDE, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTÍN, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, COLOMA, DE URRESTI, ESPINA, GARCÍA, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, GIRARDI, HARBOE, LAGOS, MATTA, NAVARRO, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, WALKER, DON IGNACIO, WALKER, DON PATRICIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PROMOVER, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE OTORGAMIENTO DE INSUMOS SANITARIOS INDISPENSABLES, LA ENTREGA DE PAÑALES DESECHABLES A ADULTOS MAYORES POSTRADOS O SEMIVALENTES Y PERSONAS EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, DEBIDAMENTE CALIFICADOS. (S 1.811-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR LETELIER, SEÑORAS ALLENDE, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTÍN, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, COLOMA, DE URRESTI, ESPINA, GARCÍA, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, GIRARDI, HARBOE, LAGOS, MATTA, NAVARRO, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, WALKER, DON IGNACIO, WALKER, DON PATRICIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA PROMOVER, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA NACIONAL DE OTORGAMIENTO DE INSUMOS SANITARIOS INDISPENSABLES, LA ENTREGA DE PAÑALES DESECHABLES A ADULTOS MAYORES POSTRADOS O SEMIVALENTES Y PERSONAS EN SITUACIONES DE DISCAPACIDAD, DEBIDAMENTE CALIFICADOS. (S 1.811-12) CONSIDERANDO: 1) Según los datos entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2013, en Chile existen 2.885.157 adultos mayores de 60 años, reflejando el alza sostenida que ha experimentado en el país este grupo etario durante los últimos años; con un índice de envejecimiento de 80 adultos mayores (personas de 60 y más años) por cada 100 niños (personas menores de 15 años).[i]. En cuanto al origen de los ingresos que perciben, del total de adultos mayores el 56% recibe jubilación[ii], el 26% pensiones[iii] y el 17% manifiesta no recibir ningún tipo de financiamiento. Además, un alto porcentaje de las personas mayores (esto es, un 86% total de la población de 60 años o más[iv]), se encuentran afiliados al sistema público de salud, reflejando que el Estado tiene un rol fundamental en esta materia. 2) Por su parte, según los resultados del Censo del año 2012, en materia de discapacidad, revelan que en Chile la población con una o más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7% del total de habitantes del país[v]. Este grupo de la población chilena también debe ser un foco de atención de las políticas sociales que se implementan. Actualmente el Estado, entrega algunos beneficios a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, tales como: Pensión básica solidaria de invalidez (PBSI), que asciende a un monto de $85.964 mensual, que se otorga previo al cumplimiento de una serie de requisitos médicos y sociales; Subsidio para las personas con discapacidad mental menores de 18 años, que constituye un beneficio no contributivo, consistente en una prestación mensual de $53.805.- (reajustable según IPC); entre otros. Sin embargo, tal como se observa los montos a los cuales acceden son realmente bajos y no son suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. 3) El panorama que viven los adultos mayores en el país, no dista mucho de esa realidad, viéndose expuestos a problemáticas económicas permanentes, toda vez que las pensiones que reciben son en general bastante bajas, lo cual impacta negativamente en su calidad de vida. Debe tenerse presente, que la mayor parte los ingresos mensuales que perciben, son destinadas a cubrir sus gastos en salud, llegando a situaciones bastante críticas, de las cuales el Estado no puede estar ajeno.

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Lo anterior, no deja de ser preocupante ya que se estima que durante los próximos años el porcentaje de población de adultos mayores seguirá aumentando, haciendo urgente la necesidad de implementar políticas sociales que permitan enfrentar de mejor manera este cambio demográfico en la población. 4) Por ello, durante los últimos años se han comenzado a implementar políticas públicas focalizadas en este grupo etario de la población, a través diversas acciones y programas que tienen por objetivo promover y fomentar un envejecimiento en condiciones adecuadas, otorgando también un apoyo y atención a las personas mayores con distintos grados de dependencia. En este ámbito, es importante destacar el trabajo realizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que permite una mayor visibilidad del envejecimiento y la vejez, tanto en el ámbito público como privado, así como la creación de programas específicos dirigidos a los adultos mayores Dicha entidad realizó el Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores (SENAMA, 2009), el cual indico que el 24,1% de la población de 60 y más años presenta algún nivel de dependencia y el 12,4% presenta dependencia severa. Por otra parte, de acuerdo al Catastro de Establecimientos de Larga Estadía realizado el año 2012 (SENAMA), existen 12.632 personas mayores en situación de dependencia física, psíquica y postración que residen en establecimientos de larga estadía[vi]. Junto a la tarea que ya realizan diversos organismos, es fundamental que el Estado adopte estrategias que tengan como eje fundamental el fomento de la salud y el bienestar de la población más vulnerable, en especial de aquellos adultos mayores postrados y personas en situación de discapacidad. En este sentido, y como se indicó anteriormente, la mayor parte de los gastos en que incurren dicen relación con el ámbito de la salud. Entre ellos, se destacan medicamentos e insumos, adquisición de absorbentes y pañales desechables, entre otros[vii]. 5) Particularmente, en cuanto al financiamiento de insumos sanitarios indispensables, como lo son la adquisición de pañales, ha sido una problemática recurrente, incluso para instituciones públicas y privadas que deben recurrir a campañas solidarias para reunir fondos y ayudar en parte a la difícil situación que deben enfrentar nuestros ancianos y personas en situación de discapacidad, muchos de ellos postrados o semivalentes. En este sentido y a modo de ejemplo, de los 2.400 residentes de los distintos Hogares de Fundación Las Rosas, 1.125 presentan incontinencia urinaria, la que se define como la condición en la que se produce pérdida involuntaria de la orina por la uretra, suficiente para constituirse en un problema tanto social como médico. Debido a lo anterior, la institución debe ser capaz de proveer un promedio de 128.000 pañales al mes para cubrir las necesidades de los abuelos que viven bajo esta condición geriátrica, lo que significa un elevado costo. Es por ello que donaciones en dinero o en pañales desechables para adultos tallas L y XL resultan fundamentales[viii]. 6) Por ello, en virtud los antecedentes expuestos, con el objetivo de continuar mejorando la cobertura y calidad de los servicios sociales que el Estado otorga a nuestros adultos mayores y personas en situación de discapacidad (no valentes y/o postrados), resulta indispensable la distribución o entrega de pañales desechables, con la finalidad colaborar en parte con los gastos en que deben incurrir por este concepto. Por todo lo expresado, el Senado acuerda solicitar a S.E. la presidenta de la República: Promover una Política Nacional de entrega de pañales para adultos mayores postrados o semivalentes y personas en situación de discapacidad debidamente calificados, considerando la importancia que tiene la iniciativa propuesta y que contribuye a mejorar la precaria situación económica a la cual se ven enfrentados.

(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- José García Ruminot, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.Alejandro Navarro Brain, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Baldo

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Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°2 Sesión: Sesión Ordinaria N°2 Legislatura: Legislatura número 364 Fecha: miércoles 16 de marzo de 2016

CREACIÓN DE REGIÓN DE ÑUBLE Y PROVINCIAS DE DIGUILLÍN, PUNILLA E ITATA El señor NAVARRO.Señor Presidente , la verdad es que este es un día extraordinariamente importante para el Senado de la República, para el Gobierno y, principalmente, para los más de 500 mil habitantes de la actual provincia de Ñuble, futura Región de Ñuble. ¿"De" o "del" Ñuble? Las regiones se nombran por sus ríos. Por ejemplo: Región del Biobío. Por tanto, el nombre debería ser "Región del Ñuble". Tendremos que afinar ese tema en el transcurso de la tramitación del proyecto. Es un debate de forma, pero también de fondo. Quiero decir que Ñuble les pertenece a todos los que han luchado y han aportado en los últimos 20 años algún rato de su vida a construir este gran sueño. Les pertenece a todos los que han trabajado, a todos los que fueron criticados desde hace muchos años por levantar esta loca idea de transformar la provincia de Ñuble en una región, tal como la Constitución y la ley lo demanden. Por tanto, hay que cuidar que este sea un triunfo de todos: de Gobierno y Oposición; de Izquierda y Derecha; de ciudadanía e institucionalidad, ¡de todos! ¡Desde el primero hasta el último habitante de la provincia! Hay personas que han contribuido en distintos momentos; en los noventa, durante las décadas del 2000. La Presidenta Bachelet ratificó e hizo suya esta idea. En la Región del Biobío, anunció: "Voy a apoyar con todo para que Ñuble pueda ser región". Y ese compromiso político, en momentos en que la política es criticada por no cumplir los compromisos, hoy se concreta. Aquí está el proyecto de ley que fue firmado por la Presidenta en Chillán, capital de la futura Región de Ñuble. Ñuble tiene todas las condiciones para ser región. Desde que asumí como Senador por la circunscripción Biobío Costa, enfrentamos una contradicción aparente: esa zona traía aparejada toda la provincia de Ñuble, ¡que llega hasta San Fabián de Alico !, colindante con Argentina. En términos de territorio, era la mayor comuna de toda la circunscripción. Ahora, al momento de aprobar la creación de la Región de Ñuble debemos garantizar su viabilidad y, también, su elegibilidad. Yo espero que esta nueva región pueda tener no solo su intendente -o intendenta- electo, sino también sus Diputados y sus Senadores. Hasta ahora, hay coincidencia en que se podrá elegir a los Diputados, por la ampliación de los distritos. Del intendente -aquí está el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Ricardo Cifuentes , quien ha comprometido todo su apoyo- vamos a ver. Yo quiero intendentes electos el 2017, para asumir con todo el gran desafío de crear esta Región. Quiero, además, señalar que Ñuble va a cambiar y va a cambiar para bien. Todas las experiencias de creación de regiones, como también de comunas, han sido exitosas. Esta no tendría por qué dejar de serlo. Constituye una unidad territorial, cuyas características geológicas, agrarias y particularmente humanas dan cuenta de una provincia con identidad propia. Pegada a la circunscripción Biobío Costa, tenía una disonancia: llegar de Concepción a San Fabián de Alico, cuando no estaban buenos los caminos, hace 10, 12 años, tomaba fácilmente tres horas, tres horas y media. Hoy está la ruta del Itata y la conectividad es mejor. Sin embargo, tengo plena confianza en que, constituida la región, elegidas sus autoridades y designadas las que haya que designar, el proceso va a ser ascendente en la mejor ejecución de los recursos, en la adecuada

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prestación de servicios a sus habitantes y, en particular, en la creación de identidad propia. Cuando se diseñaron las regiones, desde la primera a la decimotercera, lo que hubo fue una decisión administrativa. Luego se inició un proceso para llamarlas por su nombre, más que por su numeral: Región del Maule, Región del Biobío , Región de La Araucanía, Región de Los Lagos. En ese sentido, la identidad de Ñuble está dada por esta unidad territorial, que es coherente y que dice relación con las proyecciones de desarrollo. La Región del Biobío es energética, forestal, pesquera. Ñuble será distinta. No va a ser la pesca su sustento, ni tampoco la generación eléctrica. Ahí está Punilla que -siempre lo he dicho-, más que para los regantes, es un proyecto destinado a la generación eléctrica. Hay que tener mucho cuidado de que esa agua sirva para lo que se dice que va a servir -yo comparto eso-: para la agricultura, que puede ser uno de los elementos principales y fundamentales del futuro desarrollo productivo de Ñuble. Por lo tanto, vamos a tener una región con identidad propia, con su capital Chillán y con sus capitales provinciales. Es posible que exista debate y es legítimo. Para eso está el Congreso Nacional. En las tribunas se encuentran los alcaldes que representan a las comunas. Hay argumentos históricos, argumentos territoriales, argumentos administrativos, pero, principalmente, argumentos político-sociales para la actual distribución de las capitales provinciales. Si hay debate, yo pido respeto -sé que lo va a haber-; pido mesura -sé que la va a haber-, y pido comprensión para entender que en estos procesos siempre hay pasión. Sin pasión -y lo sabe Ñuble Región-, no habría Región de Ñuble. Este proceso ha tenido pasión, a veces disputas, a veces enfrentamientos, pero en la mayoría de las ocasiones ha primado el diálogo abierto y directo con las autoridades, cuando nadie creía que Ñuble podía convertirse en región. En cuanto a las capitales provinciales, siento que tal como se nos proponen están bien. El Ejecutivo ha hecho una propuesta que debiera ser respetada. Sin embargo, si hay un debate, lo abordaremos con amplitud y con mucha decisión, porque para eso está el Congreso: para discutir las ideas, para debatir nuestras diferencias. Aquí se ha planteado la creación de nuevas regiones. Esa es una decisión político-económica. Para ser franco, las propuestas que han expresado la Senadora Lily Pérez y el Senador García dan cuenta de una demanda incontenible. O sea, tengo la absoluta convicción de que más temprano que tarde esas zonas van a ser regiones. Ello será producto de la maduración de las propias regiones madres, pero también de la maduración de la ciudadanía cuando sienta que su identidad debe ser ejercida de manera directa y no intermediada. Por eso, señor Presidente, quiero expresar mi firme y decidido apoyo al proyecto de ley. Asimismo, hago llegar todos los agradecimientos a nuestro Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , señor Ricardo Cifuentes , y a sus equipos técnicos y políticos, porque se han puesto a disposición, plena y decididamente, para sacar adelante esta iniciativa de ley, más allá del compromiso político con el Gobierno. Porque el compromiso ha sido transversal. Aquí han estado apoyando los Senadores Víctor Pérez , Felipe Harboe , la Senadora Jacqueline van Rysselberghe . Hemos coincidido. ¡Y, fíjense, eso rara vez ocurre! El señor ALLAMAND .¡Así es! El señor NAVARRO.Pero en Ñuble Región lo hemos hecho. Espero que esta no sea la única vez y que, además, podamos ponernos a trabajar juntos para hacer grandes nuestras regiones. Lo he dicho en más de una oportunidad: debiéramos tener la valentía y la decisión de implementar, aun cuando no lo establece así la Constitución, las bancadas regionales o el parlamento regional.

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¿Qué nos impide hoy a los doce Diputados y a los cuatro Senadores de la Región del Biobío sesionar cada sesenta días para abordar los temas regionales? ¿Qué nos impide abocarnos a los problemas de la región, cuando hemos sido electos por ella? Yo espero que esa idea quede plasmada en una nueva Constitución, para que puedan existir los parlamentos regionales, sin duplicar las facultades del Congreso Nacional, pero con la obligación de reunirse cada sesenta días a fin de tratar una agenda puesta por la ciudadanía local, para abordar los asuntos regionales. Crear nuevas regiones significa mayor participación, avanzar en la derrota de la monarquía presidencial que arrastra la Constitución del 80 y que espero podamos dejar atrás definitivamente en una nueva Carta Fundamental. Voto a favor con alegría. Voto a favor con esperanza y con la firme convicción de que Ñuble dará una lección señera de lo que implica crear región para derrotar el centralismo y el presidencialismo. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 27 de enero de 2016

CREACIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE El señor NAVARRO.Señora Presidenta , creo que la pregunta correcta es ¿cuánto cuesta incluir en el sistema desde el inicio a todos los profesores de los colegios particulares subvencionados? ¡Cuesta el doble de lo proyectado! En efecto, si se estima gastar 570 millones de dólares en lo que ahora se propone, incorporar a dichos docentes costará exactamente dos veces ese monto. ¿Está preparado el Ministerio de Educación y la caja fiscal para soportar el doble del flujo? Segunda interrogante: ¿qué impide a los sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados aumentar remuneración sobre la base de los ingresos que recibe a través de la USE? ¿Hay alguna norma legal que les prohíba establecer un proceso de transición en beneficio de sus profesores a la espera de que se integren al sistema? Además, está claro que en dicho sector no existe un proceso de evaluación, y debe haberlo para acceder a lo propuesto. La tercera pregunta se la formulo a la señora Ministra : considerando que la educación particular subvencionada está compuesta por 100 mil profesores y que, al ingresar un séptimo por año, serán alrededor de 14 mil los docentes que se incorporarán al beneficio cuando corresponda, ¿existe un sistema que permita evaluar 14 mil profesores de manera anual? Por otro lado, de lo planteado por el Senador Allamand, me preocupa su velada insinuación de recurrir ante el Tribunal Constitucional. El señor ALLAMAND .¡No es velada, señor Senador ! El señor NAVARRO.¡Es abierta, entonces! ¡Peor aún! El Senador Allamand acaba de dejar abierta la posibilidad de recurrir, en las próximas horas, ante el Tribunal Constitucional. Frente a ello, quiero confiar en que esa opción -y espero que obre el principio de la buena fe- no se materializará, por cuanto ya hubo una experiencia en ese sentido, cuando la Oposición llevó otra materia a dicha instancia -más allá de su composición-, y le fue bien. ¡Tuvo un éxito en el Tribunal Constitucional! En atención a lo anterior, surge otra consulta para la señora Ministra : todos los Senadores que no hemos participado en la Comisión de Educación, como no hemos tenido tiempo de discutir a cabalidad el proyecto, queremos saber exactamente cuáles son los riesgos en esta materia. Si efectivamente se recurre ante el Tribunal Constitucional y el fallo de este indica que lo propuesto es discriminatorio y que el Gobierno debe poner 570 millones de dólares más sobre la mesa, en régimen, de manera inmediata, ¿qué efecto generará tal decisión para la reforma en su conjunto? Se habla de gradualidad. En general, no lo hacemos quienes pertenecemos a estas bancas -nosotros queremos las cosas más rápidas-, sino la Oposición y otros sectores, incluidos algunos dentro de la Nueva Mayoría. "No más Transantiago", ha dicho el Senador Allamand repetidas veces en la Sala. Esto es lo mismo: el cambio debe realizarse de manera gradual, porque, si se hace de una vez, puede fracasar. El país no está preparado para ello. Cabe preguntarse: ¿están las condiciones para pasar 200 mil profesores a este nuevo sistema en 2017? ¿Está el país preparado económica, técnica e institucionalmente para ello? Yo creo que no. Cabe tener presente que los problemas del Ministerio de Educación no se enfocan solo en la condición de los profesores. ¡La propia institucionalidad es insuficiente!

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El MINEDUC debe preocuparse de los niños de 6 años para que aprendan a leer y, también, de los doctorados en Robótica y Biotecnología. Está todo eso dentro de sus funciones. No existe una diferenciación. Yo soy partidario de crear un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, o puede ser solo de Educación Superior, como ocurre en Finlandia y en Cuba, la mejor educación de mundo entre los países capitalistas, la mejor educación de mundo entre los países socialistas, respectivamente. En consecuencia, la exigencia que hace la Oposición, a través del Senador Allamand, somete a estrés institucional al Ministerio de Educación. Y ello puede hacer fracasar la reforma, lo que no es responsable. Necesitamos un MINEDUC moderno. Por cierto, la Derecha tuvo cuatro años para modernizarlo. Pero eso no pasa por poner cámaras en todos los pasillos, como lo hizo Lavín. ¡Como 300 cámaras se instalaron en las dependencias de dicha Cartera! Eso no es modernidad; es institucionalidad. El Ministerio no está a la altura de los tiempos. Y ello no es responsabilidad de la actual Ministra. Es una responsabilidad acumulada, porque la educación ha estado mucho tiempo descuidada. Reitero mi pregunta: ¿tenemos la institucional adecuada para beneficiar a los 200 mil profesores al mismo tiempo? Eso es como pedirle a un automóvil con fallas, las que se están corrigiendo, que vaya a 200 kilómetros por hora. Se va a desarmar en el camino. Vamos a tener un accidente. Por lo tanto, la propuesta de incorporar a los profesores del ámbito particular subvencionado en el sistema en el 2017 puede ser de alto riesgo para la reforma y hacer fracasar el beneficio para todos, sean municipales o particulares subvencionados. Parece que ya no importara la gradualidad, que siempre nos la han estado pidiendo. Recuerden: "no más Transantiago". Se están haciendo las cosas con responsabilidad para que resulten bien. Por lo menos, debiera haber una valoración positiva de ello. Y no se está buscando ganar votos, pues, de hecho, la medida resulta impopular para algunos profesores. Se trata de una propuesta responsable, que, además, está garantizada por la ley. Señora Presidenta, pido que la Ministra responda a mis inquietudes... El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .Estamos en votación. El señor NAVARRO.De veras. Entonces, que lo haga al final. Ese es el lío de discutir leyes apresuradamente. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! Voto a favor.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 89 Sesión: Sesión Ordinaria N° 89 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: miércoles 19 de diciembre de 2012

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 3º DE LEY Nº 17.235, SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL El señor NAVARRO.Señor Presidente, el Gobierno, al enviar al Congreso un proyecto de ley, ha hecho uso de su facultad; pero lo hizo a última hora. Estamos en la última sesión del año, ¡en la última sesión! O sea, igual como ocurre en cuarto medio cuando termina el año. Y, a veces, es se puede entender como "chipe libre". Creo que este es un proyecto serio, porque el Ministro de Hacienda también lo es. Sin embargo, para los municipios, aquel no lo es. La abstención en el ámbito municipal, que es la base de la democracia, donde está la participación local, territorial, el poder comunal, alcanzó niveles alarmantes: en Talcahuano, el alcalde Gastón Saavedra, mi amigo, ganó con el 75 por ciento; pero votó solo el 39 por ciento del padrón electoral. En Chile, de cada diez habitantes sufragaron cuatro; vale decir, se abstuvo el 60 por ciento. Sin embargo, a esos alcaldes elegidos con una escasa participación, hoy día, en su debut, lejos de anunciarles que es necesario inyectar más recursos para que el municipio legitime su rol de participación, les decimos que les vamos a restar fondos, sabiendo que todo lo que prometieron durante las campañas lo hicieron sobre la base de reglas del juego claras, conforme a los ingresos proyectados para el 2013. Y, por tanto, alguien tendrá que explicar a la ciudadanía que las iniciativas planificadas a nivel comunal no se podrán realizar debido a que el municipio va a carecer de tales ingresos. Eso significa que o les mintió el alcalde o, bien, el Gobierno cambió las reglas del juego a última hora. Eso va a ser así con los alcaldes de Derecha, con los de Centro y con los de Izquierda, toda vez que no podrán cumplir con los compromisos de campaña. Mi amigo Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, no va a poder cumplir con los suyos, habiendo explicitado de manera detallada, en un trabajo con la propia comunidad, qué iba a hacer con los ingresos municipales: ¡presupuesto participativo! Bueno, y eso se cae. Además, no hay un detalle exacto que permita dimensionar cuántos fondos menos tendrá Recoleta, ni cuánto menos Concepción. En Chiguayante, Antonio Rivas ganó y ahí está. En esa localidad hay población de clase media y de clase baja. Pero en el sector Lonco, que es un barrio de Concepción, están los altos ingresos. Señor Presidente, esta prórroga va a disminuir las entradas municipales. Ahora bien, todo indica que este, al igual que la Ley de Elecciones Primarias, es un proyecto más bien electoral. Y se lo dije al Ministro Larroulet. Dicha normativa solo ordena a la Derecha; pero la Concertación "pisó el palito" y dijo "Sí, hagamos una ley de elecciones primarias -comillas- partidista", porque no es ciudadana. Yo no entendía el alboroto ni la incitación del Ministro Larroulet por aprobar esa iniciativa. Era solo para resolver el tema Golborne y Allamand, el que, entre paréntesis, va a ser de muy difícil solución. Esta nueva ley, obviamente, traerá un cierto alivio a quienes no pueden pagar e incide en los aspectos que aquí se han señalado. Pero quiero reiterar que gente de verdadera clase media -como ha expresado el Ministro- tiene su buena casa o departamento. Son personas que han trabajado toda la vida, pero que perciben ingresos miserables, porque el sistema de AFP las condenó a jubilar con un tercio de sus remuneraciones. O sea, tienen una buena casa, pagan una alta renta, pero sus entradas corresponden a un tercio de lo que ganaban cuando eran trabajadores activos. Por lo tanto, no están en condiciones de pagar la renta de esa buena casa, la cual no refleja su real situación económica. Y se podría pensar que el postergar la situación por un año sería una medida. Pero ello no es un alivio para la clase media, sino

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que significa traspasar la agonía del 2013 al 2014, nada más. El Ministro podría decirnos que se va a evaluar lo que aquí se ha planteado respecto de la tercera edad, la situación de la muerte digna, las deudas que hay con los cementerios. Porque cada chileno debiera tener acceso a un lugar donde morir. Y hemos planteado en un proyecto de ley la necesidad de tener ¡muerte digna!, ¡un lugar donde "caerse muerto"! y ¡que el Estado, a través de los municipios, termine con la incertidumbre de no tener un lugar garantizado para morir en paz! Y no se muere en paz, cuando se deja a la familia con una alta deuda. ¡Vale como un millón de pesos morirse! Señor Presidente, este derecho sagrado a la muerte digna de un ser humano es un elemento que el Ministro y el Gobierno podrían incorporar como parte del alivio a los municipios, porque son los alcaldes los que deben dar la cara y decir que no es admisible lo que se propone, porque significa más endeudamiento municipal. Señor Presidente, el Gobierno argumenta que este proyecto es un apoyo para la clase media. Y ya lo hemos dicho: es un alivio "temporal", porque se patea para el 2014 el reavalúo. En el fondo, no es alivio, pues, en muchos casos, se sigue gravando a los contribuyentes con impuestos que no pueden pagar. Respecto de los adultos mayores y las familias monoparentales, la iniciativa implica más bien una transacción por un año. Y en cuanto a las condiciones de Europa y a la incertidumbre que pueda implicar el arrepentirnos de no aprobarla, es algo que contraría lo dicho por el Ministro, porque, si bien sostiene que Chile está blindado, el asunto puede afectarnos. Pero no tienen por qué pagar el costo de esta situación los más pobres ni los municipios. Los alcaldes se van a enojar con nosotros, señor Ministro, porque cada vez que aprobamos una iniciativa legal que los hace incurrir en más gasto sin consultarlos, somos los parlamentarios los que salimos a la palestra. Dicen: "Pídanle plata a Navarro, o a García-Huidobro, o a Lagos. Ellos aprobaron la normativa y no nos avisaron". Entonces, estimo que estamos incurriendo en un agravio hacia los alcaldes y los concejales recién elegidos y, también, hacia la ciudadanía, porque en definitiva habrá menos obras municipales. Todos van a entender que esto se debe, básicamente, a una "movida" electoral y que no se quiere hacer pagar el costo que tendría para el Gobierno el aumento del pago de contribuciones en un año de elecciones. Por último, estimo que se necesita una revisión a fondo del sistema de financiamiento municipal, del FNDR y del Fondo Común Municipal, al igual que establecer que los municipios tengan la obligación de pagar por caja -o sea, por mandato de la ley- la luz, el agua, la basura, el gas. No puede ser que haya colegios municipales con la luz cortada o sin agua, ni sea posible regar las plazas públicas porque no se ha pagado la cuenta a ESSBIO o a la empresa sanitaria. Todos esos servicios básicos debieran ser descontados por caja y cargarse a los aportes que se les dan a los municipios. No debiera permitirse a los ediles ahorrar esos recursos o trasladarlos de destino; y lo mismo tendría que aplicarse en lo referente al pago previsional de sus trabajadores y a las cuotas de las cajas de compensación. Como hay arreglos que hacer, creo que los alcaldes están dispuestos a ese debate. Pero lo que no podemos hacer es decirles, después de que prometieron un programa de gobierno municipal, en un ambiente de baja participación, que dispondrán de menos recursos para cumplir sus promesas. ¡Eso es traicionar la voluntad ciudadana! ¡Eso es hacer una zancadilla a la participación y dañar la credibilidad de la participación local y municipal y la credibilidad en los líderes comunales! Considero que los alcaldes, cuando sepan de esto -si bien alguna noticia tenían-, van a reaccionar en forma adversa. ¡Y al que le calce el guante que se lo chante! Estoy disponible para discutir con el Gobierno todo lo que sea necesario para mejorar lo relativo a la gestión y fiscalizar en mejor forma el gasto municipal, como ha ocurrido con los recursos enviados a la educación, que se han diluido. Pero, en lo que dice relación a este proyecto, me voy a abstener, porque creo que si lo hubiéramos discutido con más tiempo habríamos podido tener una iniciativa con todos estos elementos, más los sugeridos en este debate por los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Eso nos habría dejado más tranquilos y, obviamente, sin el peso de conciencia de estar gravando a los alcaldes y concejales con la carga y el yugo de promesas incumplidas por algo de origen desconocido. El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar esto. Yo lo haré en mi Región, y cada uno de los Senadores hará lo propio en la suya. Aunque el proyecto se va a aprobar, al final del día no va a ser una buena iniciativa pudiendo haberlo sido. Si queremos aliviar a la clase media -en la cual se encuentran muchos de la tercera edad y familias monoparentales-, discutamos la posibilidad de que definitivamente no paguen impuestos, porque no tienen ingresos para hacerlo.

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Eso tampoco estuvo en el mensaje sino, más bien, viene en una norma difusa. Me abstengo por los antecedentes que he señalado. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora!

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°105 Sesión: Sesión Extraordinaria N°105 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 9 de marzo de 2016

MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES El señor NAVARRO.Señor Presidente, creo que la Ministra Rincón ha sido meridianamente clara respecto de este tema. Si no me equivoco, lo que plantea el Senador Allamand es que una conducta atribuida a un trabajador sin ningún medio de prueba de carácter judicial (porque puede existir una imputación falsa), haga partícipe... El señor COLOMA.La persona debe estar condenada. El señor LARRAÍN .Así es, condenada por el tribunal respectivo. El señor NAVARRO.Señor Presidente, estos procesos pueden durar mucho tiempo. Es posible que haya apelaciones. Me señalan que debe haber sentencia ejecutoriada. Pero, entonces, lo mismo debería operar para un empleador que esté condenado por situaciones similares. ¿Por qué se establecen sanciones solo para el trabajador? ¿Qué pasa si un empleador ha ejercido fuerza, ha incurrido en actos impropios, ilícitos? Claramente, esto debería ser recíproco entonces. A mi juicio, la pérdida del fuero y de la posibilidad de ser candidato es una medida extrema que no necesariamente tendría que estar ligada a una situación de carácter judicial o penal. O sea, ¿alguien que pudiera tener un problema familiar u otro conflicto va a perder su trabajo por ello? ¡Esto no ocurre en ninguna profesión! Aquí por una condición familiar o un acto reñido... El señor ALLAMAND.Senador, previamente se necesita sentencia del tribunal laboral. El señor NAVARRO.Me gustaría que la señora Ministra pudiera explicar de nuevo, pues está en juego un actor distinto, que es un tribunal en lo penal en este caso.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 12 Sesión: Sesión Especial N° 12 Legislatura: Legislatura número 361 Fecha: miércoles 10 de abril de 2013

Antecedente El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sería bueno advertir que la Ley que crea el Sistema de Elecciones Primarias cada día más se parece al Transantiago. Y puede terminar muy mal. La gente no sabe lo que ella significa, porque aquí se ha querido que no lo sepa. Esta legislación parece más bien un camello con cabeza de caballo, como lo comentamos con el Senador Zaldívar. Los vocales no tienen experiencia. Los que participen en las primarias -para resolverles los problemas a los partidos- lo harán amenazados. Les puede ir muy mal si rompen el secreto que la ley impone. Esto va a terminar mal. Y el escenario más probable es que los partidos decidan no usar el sistema que establece esta legislación, porque, además, es voluntario. Y todo este precioso tiempo habrá sido tiempo perdido. Esta no es una ley de primarias -lo dije cuando voté en contra del proyecto pertinente-, sino una ley de primarias para los partidos. Aquí no se resguarda el derecho a elegir y ser elegido. Y hay quienes han desvirtuado completamente muchos aspectos conceptuales. El Senador Hernán Larraín expresó: "Los partidos hemos cedido soberanía; la hemos compartido con la ciudadanía". Tengo en mis manos el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Soberanía: "La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos". Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al colega Larraín que es al revés: ¡el pueblo comparte la soberanía con el Senado; nos ha entregado la soberanía! No es esta Corporación y tampoco los partidos políticos los que ceden soberanía al pueblo. Entonces, esta ley está al revés. ¡Fue hecha con nombre y apellido: Allamand-Golborne! Le dije en su momento al Ministro Larroulet: "Esta legislación la diseñó -recuerdo que él corría y transpiraba por la Sala para conseguir los votos- para resolver el lío de la Derecha". Porque en la Concertación se han hecho elecciones primarias, y cuenta con una candidata que lleva diez cuerpos de ventaja. Pero eso no es tan claro entre Allamand y Golborne. Y primera vez que van a primarias. Por eso había que normarlo. Como tales precandidatos vienen del mundo empresarial, ¡todo normadito, todo arregladito! Así se resuelven los caballazos o las cornadas entre estos dos bueyes. Señor Presidente, esta ley -reitero que en su momento voté en contra del proyecto- no va a terminar bien, por cuanto no está concebida dentro de un marco democrático. Aquí hay candados profundos, como señaló el Senador Escalona. Nos piden que hagamos una ilusión de juego democrático en la que la gente elige. Pero, en realidad, no va a elegir. La proporcionalidad es un principio que debería haberse incluido. ¡Que la elección sea la primaria! Si un partido tiene tres o cuatro postulantes a un cargo, que participen todos. Se cuentan los votos y se elige a uno de ellos. ¡Bien! Gana el que sacó más sufragios. Pero lo resuelve la ciudadanía. Porque hasta ahora el monopolio es absoluto. ¡Esta legislación no soluciona el problema! Se iba a multar a los vocales. Me dicen que se eliminó esa norma absurda. ¡No se puede obligar a los ciudadanos a ir a resolverles el problema a los partidos políticos y, más encima, si cometen un error, multarlos y aplicarles los procesos judiciales correspondientes!

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Además, quieren elegir solo a uno de los candidatos. Señor Presidente, me parece que hemos llegado a una situación bastante impresentable, porque aquí se omite el debate de fondo. ¡Esta Constitución, este sistema electoral no dan para más! Se requiere acabar con el sistema binominal y dictar una nueva Carta Fundamental, ¡una discutida, debatida, representativa y no esta nauseabunda Constitución del año 80, que no resiste más, que excluye la participación de los ciudadanos, que los acorrala! La gente nos castigó en la última elección municipal, donde el 60 por ciento no concurrió a votar. Porque el sistema está completamente agotado. Los partidos exhiben grados de agotamiento producto de ello. El Presidente Ricardo Lagos en el año 90 dijo: "¡El binominal es el cáncer de la política!". Y vemos sus efectos: ha carcomido la representatividad, la legitimidad del sistema. Por lo tanto, esta ley es una ilusión de democracia. Busca resolver el problema de los partidos políticos, que al final no se pusieron de acuerdo. Y solo permite un debate estéril. En consecuencia, señor Presidente, voy a votar en contra de cada una de las modificaciones formuladas en este proyecto. En mi opinión, la normativa está mal concebida, mal orientada y pésimamente diseñada; más aún, cuando algunos en esta Sala creen que van a ceder soberanía al pueblo. Están parados al revés. Voto en contra. ¡Nueva Constitución, ahora! ¡Patagonia sin represas! ¡No más AFP! --(Aplausos en tribunas).

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 28 Sesión: Sesión Especial N° 28 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: miércoles 18 de junio de 2008

ANÁLISIS DE CRISIS ENERGÉTICA El señor NAVARRO.Señor Presidente, agradezco al Comité Radical Social Demócrata que me concediera estos minutos -en mi bancada no quedó tiempo disponible- para plantear una posición diferente a la señalada por algunos miembros del Partido Socialista. Chile debe trabajar en definir una matriz energética, pero hay quienes han tomado un atajo. Yo considero inexplicable lo relativo a la energía nuclear. Algunos están presionando, mediante un fuerte lobby, para que ella sea incorporada en el programa de Gobierno. Ello no me espanta, pues hemos regulado el lobby y soy partidario de que tal actividad se realice. Lo que reclamo es que, si vamos a discutir materias energéticas y, entre ellas, a considerar la alternativa nuclear, se debe obrar en el orden debido. Si la empresa privada quiere desarrollar estudios sobre la opción nuclear en Chile, que lo haga; pero, si se piden recursos al Estado para ello, yo me opondré. Porque primero tenemos que analizar la matriz energética nacional a fin de ver cómo mejorar la red hídrica. La Senadora señora Matthei dijo que la política chilena en esta área ha sido un desastre y un error. Al respecto, debo recordar que el mercado se empezó a distorsionar cuando los ejecutivos de las empresas hidroeléctricas del Estado -que son parte del conglomerado de quienes están enfrente de nosotros- se quedaron con las generadoras a "precio de huevo". En efecto, las compraron a un valor bajísimo, incluyendo derechos de agua casi regalados, como lo demostraron las comisiones investigadoras pertinentes. Empresas carísimas fueron vendidas a precios baratos. Como consecuencia de ello, el 67 por ciento del recurso hídrico nacional hoy día no pertenece al país. Por eso los nacionalistas trasnochados que reclaman la territorialidad, la soberanía, guardan silencio cuando les recordamos que más del 60 por ciento de dicho recurso está en manos de una compañía extranjera. Y fueron transferidos en el Gobierno de Pinochet, durante la dictadura militar. Las empresas fueron vendidas a sus propios ejecutivos, que entonces eran parte de ese régimen. Por esa razón, el Estado perdió capacidad para manejar las generadoras hidroeléctricas. Debemos estudiar la opción geotérmica. Al Ministro señor Tokman le hemos preguntado cuánto se invertirá en investigación en esta área. Chile cuenta con 150 volcanes que han estado con algún grado de actividad en los últimos 500 años. ¿Cuánto estamos gastando en esta alternativa? ¿Se pondrán recursos solo para energía nuclear u optaremos por la geotermia? Hago presente que este recurso está aquí, no hay que ir a buscarlo a Indonesia ni a ningún país del mundo. Por supuesto, la energía geotérmica no constituirá el factor esencial de la matriz, no lo ha sido en ningún lugar; pero es una parte importante de lo que podemos hacer. En cuanto a las opciones eólica y solar, ocurre exactamente lo mismo. Ciertamente, tenemos que investigar las distintas alternativas. Pero aquí se elige el camino fácil, el más sucinto y el más probado. Si Chile quiere innovar, contamos con una ley para propiciar las energías renovables no convencionales. Y, a mi juicio, apuntamos en la dirección correcta. Sin embargo, creo que vamos lento. Hay que aumentar las inversiones y adoptar más medidas. Para ello, se requiere mayor audacia. En este punto, la situación se torna compleja y crucial. Aquí se pide más participación del Estado; o sea, que este propicie más condiciones para el desarrollo de alternativas energéticas. Y yo digo: "¿Por qué no promueve inversiones? Si el sector privado no quiere invertir, bueno, que lo haga el Fisco". Porque, en definitiva, alguien debe asumir la responsabilidad. Que no vuelva a ocurrir lo que aquí se ha recordado: los apagones y la disminución de la productividad por el alto costo de la energía. Cabe recordar que la ley citada establece sanciones a las empresas por problemas en el suministro de energía. Le he preguntado muchas veces al Ministro señor Tokman ¿cuántas de esas multas han sido pagadas y cuánto de ese dinero ha servido para compensar a los usuarios? Me parece que nada, cero peso.

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Me gustaría que se me informara cuánto han pagado las empresas en multas por los cortes de energía, aplicando la normativa que la Senadora señora Matthei señaló que fue un error. Reiteradamente he pedido esta información. Quiero saber cuánto pagaron y a quién, para que la ciudadanía sepa que les devolvieron plata producto de esos cortes. ¡Esa ley no funcionó! La señora MATTHEI .¡Claro que no funcionó! El señor NAVARRO.Cuando me obligaron a votar -porque la Concertación dijo que había que pronunciarse en tal sentido- y vi al Diputado Leay levantando su "dedito", mientras todo el mundo reía, entonces pensé: "Algo raro hay aquí". En definitiva, hubo un acuerdo político respecto de multas onerosas. Pero, claro, nunca se cobraron. Señor Presidente , en materia de propuestas, el país debe innovar en los llamados "negavatios". ¿Cuánto se ahorra y cuánto se consume regularmente? El 80 por ciento del consumo de la energía corresponde a la industria y el 20 por ciento restante, al gasto domiciliario. Las empresas están obligadas a ahorrar energía. Para ello, deben contar con los incentivos adecuados. Los países que están evaluando cómo disminuir el impacto de los gases producidos por el efecto invernadero y, particularmente, el creciente consumo energético señalan todos los días que el ahorro de energía conlleva una alta rentabilidad. En ese sentido, en Estados Unidos se desarrollan programas y tecnologías que cumplen tal objetivo, y los ahorros y, por ende, la rentabilidad son enormes. Los negavatios equivalen a cuánto ahorramos. Si consumimos menos, también estamos generando energía, pues la hacemos más eficiente. En consecuencia, cuando discutamos acerca de la matriz energética en Chile, pido que también abordemos el ahorro real, porque faltan incentivos para que la gente consuma menos energía. Por último, también se debe evaluar la alternativa de importar gas boliviano. Si hay interés en traer energía nuclear al norte de Chile, deben realizarse avances geopolíticos para disponer de energía eléctrica generada por gas boliviano. Este es barato, limpio y existe en grandes cantidades: las mayores reservas del mundo se encuentran entre Bolivia y Venezuela. Es posible trabajar en ello. Pero a veces la geopolítica impide efectuar aquí dichos adelantos. Y mi demanda al Gobierno es que avancemos decididamente, a fin de contar con reservas de gas, antes de pensar en la energía nuclear. Por tanto, evaluemos tal alternativa. Nadie se va a negar al estudio de esa posibilidad. Sin embargo, Ministro señor Tokman , usted ha señalado que la energía nuclear va en alza, en circunstancias de que todos los informes de que disponemos apuntan a lo contrario. Además, es efectivo lo referente a la mitología relatada por el Senador señor Allamand . En el mundo han ocurrido decenas de accidentes en plantas nucleares, de alto y grave riesgo. Entonces, nuestra visión es diferente. Los antecedentes están intercambiados y equivocados. No es cierto que la energía nuclear esté en auge, porque solo Finlandia construye grandes plantas.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°76 Sesión: Sesión Ordinaria N°76 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 17 de diciembre de 2014

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES El señor NAVARRO.Señora Presidenta, soy de los que creen que el problema de la educación existente en nuestro país no es pedagógico, sino esencialmente ideológico: se trata de definir el tipo de sociedad en que queremos vivir los chilenos y el tipo de ciudadano que deseamos formar. Ahora, ¿cuál es el temor de la Derecha? Porque uno podría decir "Hay problemas. Es necesario superarlos". Pero la Derecha no teme a partir, sino adónde se quiere llegar: a una sociedad más igualitaria. Cuando se cuestiona la partida es porque se teme al destino. Y la negativa a aprobar la idea de legislar obedece a que no quieren partir. Yo debo recordar que cuando en 1980 la dictadura traspasó la educación pública a los municipios lo hizo consciente de que estaba destrozando ese modelo. Fue un diseño sistemático de destrucción de la educación pública. A propósito de las remembranzas, quiero acotar que Pinochet podría haber leído -era asiduo lector, pero esta parte la omitióa Darío Salas o a Enrique Mac-Iver. ¿Qué decía en 1917, durante un debate habido en la Cámara Alta, Enrique Mac-Iver, Senador de la República? "En presencia de las conductas de esas corporaciones (las municipalidades), es imposible abrigar ni por un momento la idea de confiarles nada, que se relacione con los intereses públicos. ¿Las municipalidades administrando el ramo de la instrucción primaria? Ellas, que no han sabido cuidar ni del pavimento de las calles ni del alumbrado público ¿cuidarán señor Presidente, de ese otro delicadísimo servicio? Si ahora no es bueno,¿ en poder de las municipalidades el servicio, caso de no desaparecer sería peor, i los dineros públicos se malbaratarían." ¡Un visionario! Y agregaba: "No se puede hablar seriamente, por ahora a lo menos de esas corporaciones. Si el país recibiría airado la proposición de poner bajo la autoridad del cura la escuela, recibiría con risa la de ponerla bajo la autoridad de las municipalidades.". El argumento que expuso hace casi cien años Enrique Mac-Iver fue a propósito de "la relación entre la educación del pueblo y democracia, en la necesidad de contar con un pueblo instruido para garantizar el orden de las instituciones y en la sociedad". Ahí estaba Mac-Iver, reconocido educador. ¿Y qué pasó en 1980? Lo recuerdo al Senador Moreira, quien estuvo al frente de la Secretaría Nacional de la Juventud. Porque habrá estudiado en la educación pública, pero estuvo de la mano de la dictadura desde el inicio. Se hizo un daño profundo no solo a la educación, sino también a los profesores: la deuda histórica. Del 68 por ciento de la educación pública, hemos llegado al 30 por ciento. Se violaron los derechos y la dignidad de nuestros profesores. Y se discriminó: a la educación municipal se le pagaba por asistencia; a la particular subvencionada, por matrícula. En la educación municipal, los directores eran ¡inamovibles! Aunque estuvieran viejos, gastados, y aunque fueran malos directores, pésimos líderes, ¡ahí estaban! ¡Porque los había puesto la dictadura...! Y duraban en sus cargos diez, quince y más años. Ello, hasta que logramos una reducción a cinco años. Pero en la Cámara de Diputados la UDI defendió el mantenimiento de los directores. Empobrecieron las escuelas. Y se creó un gran negocio: el gran negocio de la educación.

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Yo solo quiero señalar que ilustres chilenos han estado preocupados de la educación pública. Ojalá que dentro de cien años tengan lugar referencias como las que aún se hacen a Manuel Montt (año 1860) o a Domingo Faustino Sarmiento y Gregorio Víctor y Miguel Luis Amunátegui (principios del siglo XX); o como las hechas a la generación que llegaba de Europa en 1888: Valentín Letelier, Claudio Matte, José Abelardo Núñez, quienes establecieron las bases de la sociedad. ¿Y -a propósito de lo que señalaba el Senador Lagos Weber- qué decían los conservadores de la época? "Los Senadores conservadores reaccionaron ante este proyecto," -frente a la discusión sobre la educación pública"destacando en el debate las intervenciones de los señores Blanco Viel, Walker Martínez, Errázuriz Urmeneta y Matte Pérez. "Uno de los aspectos que impugnaron con mayor fuerza fue la intromisión del Estado en un ámbito privativo de los padres, lo que llevaba a conculcar la libertad de los individuos. Al obligar a que éstos educaran a sus hijos se estaba atentando contra la libertad individual, que constituía el principio fundamental de la sociedad. El senador Blanco argumentaba: "Esto es entrar en el terreno del socialismo, que no reconoce límites. Hacer que el niño concurra a la escuela porque la sociedad cree que va a sacar provecho de ella, es sustituir el derecho del padre de familia por el derecho de la sociedad, es hacer del hijo de familia el hijo de la sociedad, un esclavo de la sociedad, que no otra cosa importa el sistema en que para todo haya que contar con el permiso de la sociedad". Añadía: "Es socialista, señor Presidente, la doctrina que sustituye el derecho, el dominio i la autoridad del Estado al derecho, el dominio i autoridad de la familia. Más adelante agregaba: "El hecho mismo de que la lei entre a decidir sobre la suerte futura de los hijos, imponiendo la obligación de mandarlos a una escuela i de adquirir cierto minimun de conocimientos, importa forzosamente la creación de un derecho injustificado e irracional en favor del Estado i una supeditación del derecho de la familia por la intervención del funcionario público.". ¡Cuando llevamos a cabo hoy día el debate con respecto al papel del Estado, ahí están los conservadores de siempre, quienes no quieren reformar la educación a sabiendas de que la destruyeron, de que la de carácter público ha sido maltratada! Y, por cierto, el Senador señor Allamand ha sido generoso en calificativos: "irresponsable", "impopular", "inconstitucional", "equivocada", "inviable", "castigo a la clase media", "el fin del lucro es un eslogan". Tales descalificaciones se oponen a un debate político de fondo sobre la clase de sociedad que queremos construir. Porque la actual, con la educación pública existente, es discriminatoria, de elite. Y si los que quieren mantener el sistema de elite desean conservar este tipo de educación, allá ellos. ¡Vamos a cambiarla! No hay una marea de desconfianza: veo una marea por una batalla comunicacional que perdimos por errores de mi Gobierno. Porque la propiedad de los medios de comunicación se encuentra mayoritariamente en manos de personas afines a la Derecha: los conservadores. Y esta no es una reforma triste, plana, como dijo el Senador señor Coloma. No se pretende eliminar la educación particular subvencionada. ¡Esa es una mentira, una falacia, una calumnia! ¡Desmentimos tajantemente que el proyecto de ley tienda a suprimirla, que vaya en contra de los sostenedores! ¡Esa es una falsedad de la Derecha, un invento comunicacional, que lamentablemente ha calado por desconocimiento, por desinformación! ¡Al respecto, la Nueva Mayoría no ha movido ni uno solo de sus dirigentes sociales! ¡Ninguno de los que marcharon por el fin del lucro, de la selección y del copago salió a la calle para una defensa! Estuvimos desorganizados. ¡Fallamos! Pero vamos a recuperarnos en los próximos once proyectos. ¡No volverá a ocurrir! La libertad mencionada por el Senador señor Allamand y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza las viví en carne propia. ¡Ese era el cuerpo legal que teníamos, el cual privilegiaba la libertad de enseñar, no la de educar! Por lo tanto, se podían crear todos los establecimientos que se quisieran. ¡Y la Derecha lo hizo! Tengamos algo claro: el lucro en la enseñanza media está permitido. La ley no lo prohíbe. En la enseñanza superior estaba prohibido y era un delito.

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¿Y quiénes crearon las universidades privadas? ¿Quiénes se hicieron ricos por esa vía? Entre ellos hay exministros. ¡Ahí está Larroulet! ¡Ahí está Lavín! Cuando lucraban en circunstancias de que la ley lo prohibía, cometían un delito. ¿Y quiénes son los que cometen delitos? ¡Los delincuentes, pues! ¡Claramente, el que comete un delito es un delincuente! No fueron sino los que crearon el sistema los que se aprovecharon y se enriquecieron con ello. Considero que el financiamiento compartido fue un error nuestro. Está claro. El lucro, la selección y el copago van a ser debatidos, y vamos a apoyar una medida inclusiva. Pienso que la calidad, que está en juego, vamos a mejorarla. Espero que la Derecha se sume a los once proyectos de ley venideros y a discutir realmente sobre el financiamiento global de la educación; la gratuidad en la educación superior, para sacarles la "mochila" de encima a los jóvenes endeudados; el término de verdad de la municipalización; un plan nacional docente, con inducción, con carrera, y, por cierto, proyectos de titularidad y el ingreso mínimo docente. Llegará todo por debatir. Solo deseo que la Derecha conservadora de hace un siglo no permanezca vigente y que abra paso al futuro; mire visionariamente hacia adelante, en pos de Chile, de la patria, de nuestros jóvenes, y no mantenga la defensa de sus privilegios. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°106 Sesión: Sesión Extraordinaria N°106 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: jueves 10 de marzo de 2016

MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES El señor NAVARRO.Señor Presidente , la que extiende hoy día los beneficios es la empresa, si bien la lucha es dada por el sindicato, que logra un avance que ella originalmente no quería. Porque una negociación colectiva puede traducirse en un acuerdo de inmediato, pero si eso no se consigue, todo lo logrado es producto de la acción sindical. Sin embargo, nuestra legislación paradójicamente hace a la empresa representante de los trabajadores no sindicalizados, la que determina -repito- si les extiende los beneficios. Es una contradicción mortal, porque, en definitiva, la que adquiere la mayor capacidad de atracción es la propia empresa y no el sindicato. La extensión automática de los beneficios planteada, en forma muy similar, por los Senadores señores Allamand e Ignacio Walker -no sé quién es el padre de la idea- significa la desaparición del sindicato. ¿Porque cuál es el sentido, entonces, de contar con una organización fuerte, poderosa, si el efecto comprenderá automáticamente a todos los trabajadores, participen o no? La sola excepción es el pago de la cuota sindical. Pero eso no parece suficiente, por constituir un deber básico, inherente a las reglas del sindicato. No se trata de un adicional que pueda compensar la extensión. Leí sobre Walmart, que llegó a Chile en el año 2008 bajo la premisa de ser la empresa de mayor contratación privada de los Estados Unidos y con una política de "exterminio", de trato personal. Aquí es donde, tratándose de valores individuales por sobre los colectivos -cabe recordar la ideología planteada por la Senadora señora Von Baer -, se puede llegar al uno a uno. Me pregunto si en el retail y en muchas empresas de miles de trabajadores se puede mantener la relación uno a uno. ¿Es posible negociar de manera individual? Por cierto que no. En ese sentido, la extensión de los beneficios por parte del sindicato fortalece el concepto de tal. Porque podrá haber uno, dos, tres de ellos -ojalá, pocos y fuertes-, pero cuando se establece que la entidad la verificará, no se está haciendo referencia a un monopolio ni a una colusión, sino a un derecho y un premio a la organización efectiva. Mantener la prerrogativa del empleador importaría básicamente negar todo lo que hemos hecho en materia de titularidad o de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores. La norma en análisis resulta acorde con todos los derechos colectivos señalados por la OIT. ¿Por qué no los tenemos? Porque nuestra legislación es arcaica, imposible de modificar. Pensábamos que en algún momento reuniríamos una mayoría para enmendarla. No sé cuál va a ser la votación final. Mas este fue un compromiso político de la Presidenta Bachelet , de la Nueva Mayoría. Por eso nos eligieron: porque dijimos que íbamos a hacer estas cosas y hoy día las estamos llevando a cabo. Espero que un elemento tan vital como la extensión de los beneficios por parte de quien da la lucha y no se va a la cochiguagua sea aprobado al menos por los miembros de dicha coalición. Por último, cabe preguntarles a los Senadores señores Allamand e Ignacio Walker , quienes coinciden en este aspecto, cómo combatimos, conforme a su fórmula, el que la extensión automática de los beneficios no liquide al sindicato y no implique su muerte o desaparición también automática. Porque lo que proponen parece ser un tanto justo, a simple vista, pero trae aparejado, como un elemento colateral, que se deshaga todo lo que hemos aprobado en materia de titularidad. Y entiendo que el último de los nombrados acogió esta última y el fortalecimiento de los sindicatos. Por lo tanto, ambas opciones son absolutamente contradictorias. Por eso es que voy a votar a favor de la extensión por parte del sindicato, ya que la idea matriz, fundamental, del proyecto es el fortalecimiento de la actividad sindical para proteger, defender y cautelar los derechos de los trabajadores. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora!

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¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 15 de diciembre de 2010

PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS HONORABLES SENADORES SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR, Y SEÑORES ALLAMAND, BIANCHI, CANTERO, CHAHUÁN, ESCALONA, ESPINA, GIRARDI, GÓMEZ, HORVATH, LAGOS, LETELIER, LONGUEIRA, NAVARRO, PROKURICA, ROSSI, SABAG Y TURNA, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA (S 1319-12) 15. PROYECTO DE ACUERDO, PRESENTADO POR LOS HONORABLES SENADORES SEÑORAS ALLENDE Y ALVEAR, Y SEÑORES ALLAMAND, BIANCHI, CANTERO, CHAHUÁN, ESCALONA, ESPINA, GIRARDI, GÓMEZ, HORVATH, LAGOS, LETELIER, LONGUEIRA, NAVARRO, PROKURICA, ROSSI, SABAG Y TURNA, CON EL QUE SOLICITAN AL EJECUTIVO EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE PALESTINA (S 1319-12) Considerando 1 ° Que mediante la resolución 181/11 de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide la partición de Palestina para dar lugar a dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. 2° Que el Consejo Nacional de Palestina, en 1988 declaró la Independencia de Palestina, iniciándose con ello un proceso de reconocimiento del Estado Palestino que ya suma más de un centenar de estados de todos los continentes. 3° Que recientemente las repúblicas de Argentina y Brasil han efectuado tal reconocimiento, y se espera que pronto lo realice la República Oriental del Uruguay, lo que demuestra el compromiso de los países sudamericanos con la causa de la paz en Medio Oriente y con la promoción y defensa del derecho a la autodeterminación del Pueblo Palestino. 4º Que Chile es un país respetuoso del Derecho Internacional, de las resoluciones de sus organismos multilaterales y un promotor de la defensa de los derechos humanos en el mundo entero, razón por la cual no puede mantenerse al margen de este proceso creciente de reconocimiento a la condición de Palestina como un estado pleno, libre y soberano. Por tanto, Los senadores que suscribimos venimos en presentar el siguiente: Proyecto de Acuerdo Oficiar a S. E. el Presidente de la República y al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con la finalidad de solicitarles que el Estado de Chile reconozca la existencia del Estado de Palestina, como un Estado pleno, libre y soberano, y se comprometa a realizar todas gestiones diplomáticas ante la Comunidad Internacional para asegurar convivencia pacífica y segura entre los países del Medio Oriente con pleno respeto del Derecho Internacional y en especial de las resoluciones de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas.

(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Sesión: Sesión Ordinaria N° 6 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 357 Fecha: miércoles 1 de abril de 2009

ESTABLECIMIENTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor NAVARRO.Señor Presidente , si uno se atuviera al informe para tratar de vislumbrar de qué se habló en la Comisión, constataría que este es un tanto . No sé si lo fue el debate o lo es el informe, pero este último no refleja el contenido de lo que estamos discutiendo: si es posible o no que ingrese al aula quien no ha estudiado Pedagogía, y si eso constituye un aporte o es más bien un retroceso para la educación en Chile. El informe no da cuenta de ello. No aparece nada sobre esa materia. light No pude asistir a la Comisión Mixta. No tengo derecho a voto en ella, pues me sacaron de la Comisión de Educación. El señor PÉREZ VARELA .¿Quién lo sacó? El señor NAVARRO.Por lo tanto, la única posibilidad de resolver mi inquietud es plantearla hoy en la Sala. Repito: el informe no refleja el debate de contenido respecto de los temas de fondo. ¿Es bueno o no para la educación chilena que hagan clases quienes no son profesores? Yo llamaría a esta disposición el "artículo del pituto". Porque lo que ocurrirá en los hechos es que muchos profesionales de carreras de ocho semestres irán a "pitutear" a los liceos durante un tiempo -uno, dos meses- sin ningún compromiso con la educación, pues las remuneraciones que ofrece el sistema educativo en Chile no están acordes con las que perciben quienes laboran en áreas de carreras técnicas u otras profesiones. Como señala el Senador Allamand, un médico podría ir a impartir clases de Biología. Me encantaría mucho que así ocurriera, pero va a durar poco, por la misma razón de que en general un facultativo no dura demasiado en los consultorios públicos: el sueldo que ahí se paga es muy bajo. Y pasará lo mismo en las aulas, porque habrá un "incentivo" permanente para que las dejen. Entonces, irán a "pitutear". Me acuerdo que tenía profesores que veía durante los ocho años de la enseñanza básica y los cuatro de la enseñanza media. Eran maestros que dedicaban su vida a la educación y no hacían "pitutos". Sin embargo, con la norma propuesta, de nuevo habrá "profesores taxis": aquellos que van a "pitutear" en cinco colegios, que tendrán "horitas" aquí y allá. Y a la competitividad existente hoy entre los docentes, se sumará un número impresionante de egresados de institutos. Recuerdo cuando la Comisión de Educación conoció la situación de los alumnos de las carreras de Criminalística, Técnico Forense, Técnico Dactiloscópico . Todas ellas no pueden ser ejercidas en los ámbitos prometidos. Las instituciones relacionadas ( Poder Judicial , Fiscalía, Investigaciones) señalaron claramente que ello obedecía a que no estaban acreditadas. Duran ocho semestres, pero no es posible desempeñarlas en el Poder Judicial . ¡Se engañó a miles de jóvenes! La proposición en comento constituye una apelación para que los institutos puedan mandar a esos jóvenes, a quienes ilusionaron con una carrera, al sector educacional. Les dirán ahora: "No importa que no encuentren trabajo en la especialidad, que no haya campo laboral; se salvan en el liceo haciendo clases". Esa va a ser la solución. El debate radica en la contradicción entre mejorar la calidad de la educación e intentar ubicar a quienes no han estudiado Pedagogía. O sea, pedimos más calidad, más formación, más selectividad, pero les decimos a los profesores: "Además de tener que prepararse para mejorar, les pondremos competencia". Y una no menor: miles de egresados. Muchos periodistas, sicólogos, sociólogos, abogados -que abundan, muy mal formados, como lo ha manifestado el propio Presidente de la Corte Suprema - llegarán a las aulas. Ello resulta contradictorio. Si estamos pidiendo calidad, está claro que por el incentivo remuneracional, tal como funciona el mercado -para aquellos que gozan con este como asignador de recursos-, a la sala de clases no irán los mejores, sino los peores, quienes no tienen pega

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en las universidades o en institutos de investigación. Don Enrique Molina impartía clases en el liceo que lleva su nombre. A muchos nos gustaría hacer lo mismo, incluidos a algunos con experticia. Pero no seríamos el profesor de jornada completa ni de todo el año. Por consiguiente, nos encontramos ante una contradicción: se quiere remediar una situación de crisis del sistema mediante la "ley del pituto". Conversando en la embajada chilena en Helsinki con Erkki Aho, ideólogo de la revolución finlandesa, este nos decía que el éxito de Finlandia se debía a sus profesores. Un maestro gana igual que un médico y tiene la misma categoría social. Sin embargo, nosotros proponemos hacer lo contrario a lo obrado por los número uno, los , los mejores del mundo, los finlandeses, que invierten 10 por ciento del PIB en educación. top ten Hoy queremos efectuar una mala copia. En vez de mejorar la calidad de los docentes, les vamos a poner competencia, pero no con los mejores, sino claramente con los peores: con los ingenieros que no encuentran trabajo en la construcción, con los abogados que no tienen a nadie a quién defender, porque no los contratan. Aquellos irán a parar a las aulas. ¿Y cuál será el requisito? No que sepan enseñar, sino que estén dispuestos a aceptar el cargo que se les ofrece por tres o cinco años. Igual se trataría de una medida sin fin, porque, si bien uno no podrá ejercer después de cinco años, como hay tantos titulados, se aplicará la táctica de contratar a otro que no haya hecho clases para mantener en el sistema de manera permanente no a pedagogos, sino a profesionales de ocho semestres. El Senador Allamand hizo presente que al país le faltan profesores. Esa es una precisión temeraria. Creo que hay muchos docentes. Lo que queremos es contar con más maestros de calidad. En consecuencia, el debate debiera centrarse en cómo invertimos en mejorar la calidad de los profesores, cómo les damos la posibilidad de adquirir los conocimientos que no aprendieron en la universidad, porque estas los formaron mal. Y ello no se resuelve estableciéndoles mayor competencia. Por el contrario, tal medida será un desincentivo. El Senador Letelier ya se refirió al monopolio de los profesores. Según esa lógica, ¡con los docentes podríamos contribuir al ámbito judicial, participar en el proceso constructivo, incluso mandar gente a construir edificios...! A contrario sensu de lo dicho por el Senador Chadwick, estamos evaluando plantear una reserva de constitucionalidad, pero no porque se ha dejado fuera a los institutos, sino porque esta es la única profesión que puede ser ejercida por quien no estudió para ella. Y ese es un atentado contra la libertad de trabajo. Si a los médicos les señaláramos que los profesores o los abogados serán habilitados para realizar operaciones, pondrían el grito en el cielo y acudirían al Tribunal Constitucional, porque hay normas que respetar. Con la disposición en análisis se atenta contra la libertad de trabajo, porque permitimos que quienes no han sido acreditados para la actividad docente puedan desempeñar esa función. Reitero: evaluamos una presentación ante el Tribunal Constitucional para echar abajo esta norma. No existe otra igual en todo Chile, y causa un desmedro a la profesión docente. Se ha manifestado que constituye una inadvertencia no haber incluido a los institutos en esta disposición. A mi juicio, esa es solo una limitante, porque dicha norma se va a aprobar igual, considerando que existe un acuerdo político. Así lo ha dicho el Senador Ruiz-Esquide. Por lo mismo, los otros integrantes de la Comisión también van a votar a favor, aun cuando no les guste la propuesta. Se trata de un acuerdo político sobre la ley en su conjunto, sobre una normativa que consagra el sistema de los sostenedores; que establece el lucro; que no elimina el financiamiento compartido; que nada dice de la educación superior. O sea, es una normativa legal hecha de perilla para que quienes poseen colegios sigan teniéndolos. ¡La Concertación y la Derecha unidas jamás serán vencidas! ¡Todos tienen colegios! Por lo tanto, estos continúan operando, y muy bien pagados, con la calidad que veremos. Ya se sabrá si efectivamente esta se recupera o crece. Yo apuesto positivo, pero siento que la ley en proyecto, tal como la estamos despachando, viene a ser la coronación de una agresión al gremio docente. Porque ninguna de las indicaciones presentadas por los profesores fue recogida por la Comisión de Educación del Senado. ¡Ninguna! Y, como el marrasquino o la guinda de todo este cóctel, les decimos ahora: "Tendrán esta Ley de Educación, pero, además, van a hacer clases quienes no son profesores. Así que `chúpate esa'.". La señora MATTHEI .¡Por Dios, qué rasca! El señor NAVARRO.-

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O sea, aquí hay una agresión que no se ha establecido jamás en la historia de Chile respecto de un gremio, de una profesión. Considero que, con la idea de cuidar la dignidad de la carrera docente, se hace un flaco favor a esta y se la agravia. En ese sentido, señor Presidente, después de evaluar la observación relativa a hacer reserva de constitucionalidad respecto de este asunto, la formulo. Aprovecho, además, de señalar que, según el artículo 46, letra g), y lo señalado por el Senador señor Horvath respecto de los artículos 25 permanente y 8º transitorio, claramente los séptimos y octavos van a cesar en las escuelas rurales uni y pluridocentes, lo cual va a generar una condición muy compleja en los primeros años, lo que debe ser ponderado. Por lo tanto, señor Presidente , voy a votar en contra de lo ya resuelto por la Cámara de Diputados, porque obedece a un acuerdo político para intentar disimular un hecho que en mi opinión es aberrante, en cuanto a establecer, por primera vez en la historia del país, que en definitiva van a ejercer la docencia aquellos que no han estudiado para hacerlo. Esto constituye un agravio y en mi concepto es inconstitucional, por lo que haremos las presentaciones correspondientes. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Sesión: Sesión Ordinaria N° 41 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: miércoles 8 de agosto de 2007

BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERACIONALES PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS El señor NAVARRO.Señor Presidente , estamos llegando al término del debate. Y todos los dirigentes que participaron en las negociaciones durante tan largo tiempo -no solo Raúl de la Puente , Nury Benites , Jeanette Soto - han dejado una muy clara lección, sobre la cual es menester reflexionar: se debe escuchar más a los trabajadores¿ --(Aplausos en tribunas). ¿y es posible discrepar y reclamar derechos sin ser necesariamente calificado de desleal. En este caso se está reclamando por los derechos de los trabajadores. Para eso ellos eligieron a sus dirigentes: para hacer presentes sus demandas. Y si era necesario disentir del Gobierno, no obstante que muchos son cercanos a él o incluso forman parte de él, se hizo. Esa es la democracia, que conseguimos con mucho esfuerzo. Tiene importancia, entonces, que aprendamos la lección: es posible discrepar, debe escucharse más a los trabajadores y hay que tener respeto por los dirigentes siempre, no solo durante las negociaciones. Porque después de cada negociación o de las discrepancias quedan heridos. Y yo estoy por que las heridas se curen, por que la ANEF siga trabajando con el Gobierno firme y adelante. Porque si al Estado le va bien en materia de finanzas, nosotros queremos que también a sus trabajadores les vaya bien; ¿ --(Aplausos en tribunas). ¿que cada vez que haya aumento en la producción o crecimiento de la economía tengamos la posibilidad de seguir incrementando los beneficios. A ese respecto, recojo el guante, Senador Allamand: está claro que en el daño previsional existe una deuda. Entre 1980 y 1990 hay diez años de responsabilidad de la dictadura. Entre 1990 y 2007 hay diecisiete años de Gobiernos nuestros, de la Concertación. Entonces, es mayor el período durante el cual nosotros, en democracia, no hemos podido cumplir ante esa deuda. De modo que tenemos trabajo pendiente y pega para la casa. Pero existe otro tipo de deuda: la que nos queda con los trabajadores post 2010. Y, en este sentido, claramente la lucha continúa. --(Aplausos en tribunas). Algunos Senadores, por mandato ciudadano, estaremos en esta Cámara hasta el 2014. Así que los trabajadores podrán seguir contando con nosotros a lo menos hasta ese año para dar la pelea cuando sea necesario, --(Aplausos en tribunas). ¿sobre la base de las condiciones económicas que el país tenga en ese momento. Porque sería tremendamente injusto que un beneficio de esta naturaleza se concediera solo hasta el 2010. Aquí hay una cuestión pendiente, y la resolveremos trabajando, acumulando fuerzas, dialogando. Quiero puntualizar, además, que va a haber un importante tiraje a la chimenea. Algunos se irán y otros, necesariamente, van a ascender. Entendemos que los grados deben ser respetados y que el ascenso tiene que ser por estricto mérito personal, con apego a los reglamentos. Esa es la idea y tal es la norma de respeto que vamos a pedir a las jefaturas en todas las direcciones públicas, en todos los ministerios. Y los ministros serán los llamados a cautelar que la reglamentación se cumpla efectivamente, de manera que no

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solo estén contentos los trabajadores que se retiren con el bono pertinente, sino también aquellos que van a tomar el relevo en ese tan necesario reposicionamiento de grados. Por último, señor Presidente , entiendo que el proyecto volverá a la Cámara de Diputados, pues se han hecho observaciones menores que obligan a ello. Pero vamos a pedir a esa Corporación la máxima rapidez para poder despacharlo con la mayor brevedad. --(Manifestaciones en tribunas). Por cierto, debe existir un compromiso en el sentido de que el trámite legislativo en la otra rama del Parlamento sea expedito y rápido. Todos queremos ley ahora, inmediatamente, a fin de que los beneficios comiencen a regir lo más pronto posible. Por lo expuesto, voto a favor, con el compromiso que señalé. --(Aplausos en tribunas).

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Sesión: Sesión Ordinaria N° 53 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 15 de septiembre de 2010

PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA El señor NAVARRO.- Señor Presidente , con el Gobierno hemos tenido coincidencias, pero también discrepancias. Una coincidencia: hay que mejorar la Ley Antiterrorista con tiempo. Los Senadores Espina, Allamand , Chadwick han sido campeones en señalar que cuestiones esenciales para la nación no pueden ser discutidas de manera apresurada y bajo presión. Fue precisamente el colega Sabag quien acusó que aquí estamos legislando bajo presión. Y en este caso el Gobierno, el oficialismo, coincidió con el Senador Sabag , quien le permitió un notable triunfo esta tarde. Deben de coincidir, entonces, en que efectivamente hay presión. No sé si es bueno que elementos que deben ser parte de una normativa permanente y que ha de discutirse con tiempo para que sea eficaz puedan votarse en esta circunstancia explícita, donde el propósito no es el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista, sino el cumplimiento de un objetivo de corto plazo: terminar con la huelga de hambre de los comuneros mapuches. No estamos contra el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la preceptiva. Queremos tener un debate mucho más largo con el Gobierno sobre la Ley Antiterrorista. Por consiguiente, anticipar una parte es un mosaico. Yo no quiero un mosaico, sino una ley estructurada. En tal sentido, considero innecesario e inoportuno incorporar ahora la figura de que se trata. En mi opinión, ella debe ser parte de la "ley larga" que habrá de debatirse inmediatamente pasada esta coyuntura.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: martes 8 de mayo de 2012

ELECCIONES PRIMARIAS PARA NOMINACIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARLAMENTARIOS Y ALCALDES El señor ESCALONA ( Presidente ).- Han intervenido todos los inscritos. Pero el Senador señor Navarro ha pedido fundamentar su voto. Tiene la palabra. El señor ESPINA.- ¿Otra vez...? El señor NAVARRO.- Es un derecho de todos los Senadores el fundar el voto. Hay quienes lo ejercen y otros no. Yo lo voy a hacer. Señor Presidente , existe un interesante artículo de "El Ciudadano", donde Alejandro González Llaguno hace una observación sobre el tema que ha dominado el debate, que no es el relativo a este proyecto de elecciones de primarias, porque aquí hemos hablado del sistema binominal, de la política y de la pésima evaluación de esta por la ciudadanía. Él nos revela que el concepto de "oligarquía electoral", el duopolio Concertación-Alianza, ha terminado por imponerse; que hay distorsiones que genera el sistema binominal con relación a la voluntad del soberano (o sea, del pueblo); que todos los partidos del duopolio político se han beneficiado o perjudicado en una u otra elección con el actual sistema. "El ´pacto duopólico´ -dice González Llaguno - entre las elecciones del ´89 y del 2009 nunca han bajado de los 115 diputados. En el ´89 sacan 117 de los 120 en competencia, en el ´93 logran todos (es decir, 120), en el ´97 llegan a los 116, en el 2001 y 2005 a 119 en cada elección y sólo 115 en las últimas del 2009. El binominal permite, por tanto, que siempre tengan sobrerepresentación. Las cifras muestran que en el ´89 tienen 14 diputados más de los que les correspondería en un sistema proporcional; esa cifra llega a nueve en el ´93, a doce en el ´97, a nueve en el 2001 y a diez en el 2005 y en el 2009. Números que, sin duda, hubiesen cambiado la historia legislativa del país; sobre todo, si el análisis lo hacemos al interior de cada pacto". ¿Y cómo es eso? Según González Llaguno , en las parlamentarias de 1989 se registra un empate. De este modo, con el 85,7 por ciento, ambos pactos logran 117 Diputados, correspondiéndoles solo 103. Catorce Diputados más, siete para cada uno. En las parlamentarias de 1993 gana la Derecha: los dos pactos, con el 92,1 por ciento, consiguen los 120 cupos en competencia. En las parlamentarias de 1997 triunfa la Concertación: ambos pactos, con el 86,7 por ciento, alcanzan 116 cupos, doce más de los que obtendrían en un pacto proporcional. En las parlamentarias del 2001 se produce un empate: los dos pactos, con el 92,2 por ciento, logran 119 cupos, nueve más de los que les corresponderían en un sistema proporcional, que serían 110 Diputados. En 2005 gana la Derecha: ambos pactos, con el 90,5 por ciento, consiguen 119 cupos, nueve más de los que alcanzarían en un sistema proporcional, es decir, 109 Diputados. En las parlamentarias de 2009 triunfa la Derecha: los dos pactos, con 87,8 por ciento, logran 115 cupos, diez más de los que les corresponderían en un sistema proporcional, que serían 105 Diputados. Y agrega González Llaguno : "Ambos ganan. Pero, de las seis elecciones hay dos empates (1989 y 2001), un triunfo de la concertación (1997) y tres de la derecha (1993, 2005 y 2009). La derecha es la más beneficiada con el sistema binominal, y la más porfiada para cambiarlo. "Por tanto, de un total de 720 cupos (6 elecciones) sólo en 14 oportunidades se elige un candidato que no pertenece al ´duopolio binominal´. Sólo en el 1,9% de las veces se ha elegido un candidato que no pertenece a la Concertación ni a la derecha". Repito: ¡Solo en el 1,9 por ciento de las veces se ha elegido un candidato que no pertenece ni a la Concertación ni a la Derecha! Termina señalando González Llaguno que "El ahogo ciudadano es brutal. El cambio es urgente. El problema, es que las llaves las tienen los dueños del duopolio". Señor Presidente, he anunciado claramente mi voto en contra de este proyecto. Esta es la "Ley Allamand-Golborne". Cuando se trató de dar más poder a los ciudadanos -ley de consulta ciudadana municipal-, subimos del 5 al 10 por ciento el

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padrón electoral y decidimos que la gente pagara la elección. Pero hoy día estamos estableciendo que los partidos políticos podrán realizar elección primaria. ¿Y quién la financiará? El Estado, con el 25 por ciento de los fondos que corresponderían al aporte de las elecciones definitivas. Ello, por cierto, solo consolida el sistema binominal. Y, entonces, los discursos de crítica a ese mecanismo, las abstenciones, no sirven. La normativa que estamos analizando únicamente va a ratificar un escenario binominal que se tornará inmodificable. Señor Presidente , el Senador Carlos Larraín, que no está presente, cuestionó un asunto referido a la Octava Región. Y, al respecto, debo decir con mucho orgullo que ¡quebramos el binominal en la Región del Biobío! Por otra parte, quiero manifestarle al Senador Pérez Varela , quien tampoco se encuentra en la Sala, que la mayoría de los cupos de empleo están en Arauco, en la Circunscripción Cordillera. El 70 por ciento de ellos no se encuentra en la Circunscripción Costa. Por último, deseo manifestar que en esta discusión debería haber, ojalá, una participación mucho más amplia de la ciudadanía, que no ha existido. Solo han intervenido los partidos políticos, sin que haya opinado la gente. Y sigo sintiendo que cometemos nuevamente un gran error, que caemos en una especie de esquizofrenia: ¡Decimos que queremos que las personas participen, pero debatimos solo entre los políticos lo que nos interesa a los políticos! Esto no significa criticar a la clase política -con mucho orgullo, digo que soy un político-; únicamente quiero señalar que mejor que decir es hacer, y esta vez, lamentablemente, no lo estamos haciendo. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora!

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 68 Sesión: Sesión Especial N° 68 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: martes 16 de noviembre de 2010

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2011 El señor PIZARRO (Presidente).Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.Señor Presidente , el debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación abre una puerta a una cuestión mucho más profunda: que el Senado, electo por la ciudadanía popular, deba discutir y preguntarse si es posible encargar a un servicio público una encuesta -¡una simple encuesta!- y que, además, eso sea motivo de confrontación. ¡Esta es la monarquía presidencial absoluta, señor Presidente ! ¡Mendigamos para pedir a un ente fiscal una encuesta! La cuestión de fondo no es la admisibilidad de la indicación, sino si la referida Encuesta Nacional Urbana de Seguridad la va a realizar la Fundación Paz Ciudadana o el Instituto Nacional de Estadística. ¡Eso es! ¿En quién confiamos? Porque el Ejecutivo cree que la puede hacer correctamente cualquier organismo del sector privado con fondos propios y ahora pretende llevarla a cabo con recursos fiscales. ¡Ese es el punto! Soy partidario de que esa acción la realice la Universidad de Chile o alguna de las instituciones de enseñanza superior financiadas por el Erario, con el propósito de lograr un marco de referencia y credibilidad, porque algunos podrían sostener que, políticamente, se prometió "bajar la delincuencia". ¡Desapareció de la televisión, pero el flagelo sigue! Entonces, ahora se pretende que dicha encuesta la haga el sector privado para ver cuánto disminuye dicho fenómeno. ¿Cuál es la garantía que tendrá el ciudadano común si ahora cambiamos las reglas del juego? ¿Quién hace las encuestas para saber si el Gobierno redujo verdaderamente la delincuencia o si eso solo se cumple en las encuestas? Es un asunto político mayor. No estamos decidiendo solo la admisibilidad o la inadmisibilidad de la indicación. Se trata del debate de la credibilidad de dicha encuesta, con un Gobierno que se comprometió a bajar las cifras de delincuencia y ahora el debate se centra en que se quiere licitar dicho estudio entre el sector privado. ¡Se desconfía del propio Estado! ¡La Derecha llegó al Gobierno para dirigir el país, no obstante desconfía ahora del aparato que hoy día controla, que es el Estado! Por tanto, señor Presidente, el problema de fondo no estriba en si la indicación es admisible o no, sino en la credibilidad que esta encuesta va a tener. Porque el Ejecutivo insiste en su propuesta sin mediar una buena razón para ello. He sostenido que, al parecer, todos los Directores de Presupuestos -de la Concertación y del actual Gobierno de Derecha-, actúan igual, con extrema frialdad. El señor ALLAMAND.¡No los meta a todos en el mismo saco! El señor NAVARRO.El punto es saber el porqué de esta encuesta con Paz Ciudadana; por qué quieren licitarla entre el sector privado y por qué no confían en el aparato estatal, si ustedes administran el Estado y se ganaron ese derecho en el ejercicio de la democracia. ¡Administran el Estado, con la voz del pueblo, con el voto popular! ¿Por qué, entonces, no quieren confiar en él, salvo que medie una decisión política en el sentido de que esa encuesta, tan vital para uno de los principales objetivos políticos del Presidente Piñera -la promesa de campaña de bajar los índices de delincuencia-, hoy día la quieran materializar con el sector privado? El señor PROKURICA.-

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¡Puede postular cualquiera! El señor NAVARRO.Sí, señor Senador. Pero yo sé que la licitación se la va a ganar Paz Ciudadana. Es una fundación muy respetable que ha hecho una gran contribución. En consecuencia, aparte de lo planteado por el Senador señor Zaldívar, si no resolvemos esta discrepancia y le enmendamos la plana a la Cámara de Diputados, que declaró admisible la indicación, estaremos cediendo el uso de nuestras facultades. Y considero que en este presidencialismo extremo, en esta monarquía presidencial eso ya es demasiado. O sea, que se pida a un organismo público una encuesta, me parece un presidencialismo extremo. Por eso, voto a favor de la admisibilidad.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 78 Sesión: Sesión Ordinaria N° 78 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 359 Fecha: miércoles 30 de noviembre de 2011

MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE PESCA DE INVESTIGACIÓN, PESQUERÍAS ARTESANALES, MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS Y CUOTA GLOBAL DE CAPTURA El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el artículo 6° -espero que los señores Senadores lo hayan leído- dice relación con una materia respecto de la cual ya sostuvimos un debate en esta Corporación. Se refiere a la talla mínima del jurel: 22 centímetros. Yo desafío a que un Senador en esta Sala me diga que la que vamos a reiterar es una medida de protección. El Gobierno presenta un proyecto de ley de protección del recurso pesquero, y nos señala que quieren pescar jureles de 22 centímetros. Y menos todavía, porque se trata de una talla referencial. Eso es asesinato masivo; es la destrucción del recurso; es lo que ha posibilitado que, de 5 millones de toneladas que pescábamos en 1996, hayamos pasado a un millón y medio y hoy día a 250 mil. O sea, los industriales han destruido el recurso jurel. Y ustedes nos piden que autoricemos, una vez más, en este artículo 6°, una talla mínima referencial de 22 centímetros. Toda la comunidad científica ha manifestado que esa talla mínima debe estar sobre los 27 centímetros, es decir, cuando hayan desovado. Y no me vengan a decir que hay dos tipos de jureles. Señor Presidente, este debate lo hemos realizado veinte veces. Se trata de un proyecto que solo pretende entregar pesquería -digámoslo francamente- a un señor, con nombre y apellido, del norte, que tiene pesqueras donde están capturando jurel chico para alimentar a los salmones del sur. ¡Esa es la cuestión de fondo! --(Aplausos en las tribunas). Entonces, entiendo que aquí haya poderes fácticos -como dijo el entonces Senador Allamand en su oportunidad-; pero este es un artículo que tiene nombre y apellido. La pesca en el sur debe ser preservada, lo mismo que en el norte: peces para hoy, hambre para mañana. El Senado ha de decidir sobre un asunto estrictamente científico, pero que tiene incidencia económica. Si un sector industrial quiere pescar jurel que contenga ovas y con eso causar su destrucción, bueno, que lo diga. Yo quiero dejar sentado que es irrefutable el hecho de que tengamos el jurel en estado de sobreexplotación. Lo leí ayer, y si lo desean, lo vuelvo a hacer. Todos los informes sobre las pesquerías lo indican: el 68 por ciento de los recursos pesqueros están sobreexplotados; y respecto del 86 por ciento de los recursos pesqueros nacionales se desconoce su situación real. El Senado, basándose en una reforma "administrativa", quiere establecer un artículo en donde se autoriza esta talla referencial de 22 centímetros. El jurel -Sus Señorías lo saben- es un pez emigrante; vive 14 años; se va desde las aguas de las costas del Pacífico a Tasmania, Nueva Zelandia; puede medir 70, 80 centímetros, un metro, un metro 20. Y lo quieren pescar de 22 centímetros. ¡No cabe en la palma de la mano! Señor Presidente , yo siento que esta es una decisión que debiéramos mesuradamente revisar. Porque estamos poniendo en riesgo a un sector sobreexplotado. Todos los informes lo señalan. De manera que no me explico por qué se insiste en rebajar la talla, cuando las medidas de protección debieran apuntar a aumentarla, es decir, con seguridad que hayan desovado, al menos que les permitan reproducirse. Porque cuando se pesca con la malla de media agua y se aprieta, se hace el descarte. Los informes que dan cuenta de por qué el recurso se encuentra sobreexplotado hablan del uno a uno, esto es, que cuando

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se pesca y tienen más del 25 por ciento, ese excedente deben botarlo. Y lo botan muerto, porque cuando se aprieta la malla de media agua ya no es posible recuperarlo. Entonces, estamos dando un paso extremadamente negativo, señor Presidente. Este no es un debate meramente formal. Sí hay un ajuste de ese carácter. Pero estamos aprobando un artículo que tiene una incidencia fundamental en la sustentación del recurso. Yo siento que si consultáramos por una sola vez a la comunidad científica sobre este artículo, habría un rechazo absoluto. Esta es una decisión meramente económica, política, que favorece a la pesca del señor Angelini en el norte, por cierto, con la presión también de los trabajadores. Porque yo estoy de acuerdo, tenemos que mantener la pesca. Pero les digo a ellos lo mismo que les señalé el 2000: "Si ustedes permiten que se pesque el jurel a esta talla y en estas condiciones, no habrá más de este recurso para ustedes, ni para los del norte, ni los del sur". Por eso pienso que este artículo debe votarse, porque fue modificado. Señor Presidente , lo primero que uno aprendió cuando llegó a este Parlamento fue que cuando se introduce en una iniciativa una coma esa ya es una modificación, porque tiene incidencia. Y no me vengan con lo de la forma verbal. Pido que se vote el artículo, al menos para dejar sentado quiénes estamos a favor y quiénes en contra. ¡Nueva Constitución, ahora! --(Aplausos en tribunas).

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 72 Sesión: Sesión Especial N° 72 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: jueves 22 de noviembre de 2012

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2013 El señor NAVARRO.Señor Presidente, en la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, estaba buscando, dentro del Programa de la Armada de Chile, el financiamiento para la reconstrucción de ASMAR en Talcahuano. Estuvimos allí con el entonces Ministro de Defensa , señor Allamand . Y ahí nos dieron a conocer las proyecciones de recuperación de los diques de ASMAR, para intentar constituir dicho astillero en el más moderno de América Latina, como desafío posterremoto. Se habló de fluctuaciones presupuestarias de varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, queda claro que tales recursos no están contemplados en el presupuesto institucional de la Armada. No sé en qué lugar de la Partida podemos ubicar esa información, para saber con qué presupuesto cuentan ASMAR para el año 2013 y ver si ello está dentro del margen de lo que se había solicitado. Porque había una diferenciación, un ajuste que se venía haciendo. En todo caso, hablo de cifras superiores a los 200 millones de dólares, una inversión necesaria y urgente para recuperar el dique y volver a prestar los servicios internacionales que ASMAR ofrece. Con ello busca constituirse -reitero- en el mejor astillero desde California hasta el Cabo de Hornos. Estos recursos son necesarios, y quiero saber si fueron integrados en el presupuesto del 2013 y en qué glosa presupuestaria o Partida se encuentran. Mi segunda consulta respecto de la Partida 11 guarda relación con el Capítulo 03, Organismos de Salud. En la parte de abajo, al final, aparece una deuda flotante, y no hay datos en cuanto a qué significa esa deuda flotante en los organismos de salud del Ministerio de Defensa Nacional. El señor WALKER (don Ignacio).¡Debe ser de la Armada la deuda "flotante"...! El señor NAVARRO.¡Si fuera del Ejército, sería deuda "terrestre"...!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°89 Sesión: Sesión Ordinaria N°89 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 21 de enero de 2015

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES El señor NAVARRO.Señora Presidenta , no puedo dejar de reconocer en las expresiones del Senador señor Allamand una cierta asertividad. La cuestión radica en que se halla puesta a prueba nuestra capacidad de ponernos de acuerdo en relación con los aspectos en que efectivamente existen dudas razonables. Hubiera preferido -y lo conversamos con el colega Montes- dejar el punto para el debate sobre el fortalecimiento de la educación pública, y eso hubiese dado un espacio mucho mayor respecto de un asunto en que se toma una decisión con un clima recargado, que impide muchas claridades. Más allá de lo que hemos expuesto y planteado, la materia no se encuentra bien determinada, en mi opinión. Está resuelto políticamente que ha sido parte de un acuerdo, pero no ha sido definida, por cierto, en el ámbito de lo que quisiéramos. Como digo, hubiera preferido tener la posibilidad de discutirla respecto de la educación pública, con mayor tiempo, no solo para escuchar a la gente del Instituto, sino también para saber exactamente que lo que estamos haciendo va a ser lo adecuado. No sé si ello aún se puede hacer. Es decir, en un área en donde estamos tomando una decisión de bastante trascendencia, en donde hay opiniones encontradas al interior de la Nueva Mayoría, no tuvimos el tiempo suficiente para una decantación. Sobreviene el debate, por lo tanto, entre el deber de cumplir con los acuerdos y ser leal a la coalición, y el legítimo derecho a abrigar una duda razonable sobre algo muy importante. Pido una reunión de Comités, en mi calidad de Comité Movimiento Amplio Social, para ver si es posible abordar la situación. Si no, se verá. Pero estoy en mi derecho al solicitarla. La señora ALLENDE ( Presidenta ).A ello no puedo darle curso en plena votación, señor Senador. Solo cabe plantearlo antes o al término. Puede proseguir su intervención. El señor CHAHUÁN .¡Sus Señorías se tienen que atrever a votar en contra¿! El señor NAVARRO.El debate data de 1900. Invito a los Senadores de la Derecha a revisarlo. Fue toda la discusión sobre la instrucción primaria y el viejo dogma en cuanto al papel del Estado y a la decisión de los padres. Hay una cierta matriz, pero la situación del Instituto Nacional y de los liceos emblemáticos escapa a ese marco. Todos aspiramos a que el proceso sea de tal manera ascendente que en diez años no tengamos necesidad de ellos. Sin embargo, durante todo ese tiempo se va a ver alterado un cierto equilibrio de la sociedad en el que una cantidad importante de jóvenes de escasos y medianos recursos tienen una oportunidad como la que se les ofrece a los estudiantes del Instituto Nacional. No he llegado a un total convencimiento, señora Presidenta . Ha sido la presión propia del proyecto, tan estrechamente debatido. Le hubiera pedido a mi Coalición hacer un esfuerzo adicional. Si no hay posibilidades, lo lamento. Con el Senador señor Montes formulamos una indicación, pero no a fin de eludir el tema, lo que no me gusta. Siempre tomo decisiones. No voy a abstenerme.

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Sin embargo, creo que el intento valía la pena. Siempre que hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Entiendo que la salida era más factible con el texto que venía de la Cámara de Diputados, y, paradójicamente, el Senado lo radicalizó. Comprendo la naturaleza de los acuerdos, pero manifiesto una aprensión que creo que comparten otros señores Senadores de la Nueva Mayoría. Gracias.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Sesión: Sesión Ordinaria N° 18 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 17 de mayo de 2006

MARCO JURÍDICO PARA TRABAJOS EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y EN EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORARIOS El señor NAVARRO.Señor Presidente , particularmente con relación a lo planteado por el Senador señor Espina... El señor LONGUEIRA .¡El Honorable señor Espina no ha hablado! El señor NAVARRO.Perdón. Me refiero al Senador señor Allamand . Señor Presidente , creo que la flexibilización derivada de establecer en la norma la expresión "o bien por medios idóneos" da cuenta de una experiencia que hemos tenido: la autorización de los notarios para certificar el pago de las obligaciones previsionales. Ésta es una situación compleja. Hemos visto frente a las notarías de nuestro país decenas de trabajadores esperando poder certificar dicho pago, pero sin ninguna asesoría legal en materia laboral. Más aún, el que la acreditación pueda no hacerse con documentos de la Dirección del Trabajo sino "por medios idóneos" y el que se autorice a empresas privadas para ello, francamente, me parece un exceso. Éste es el estado de excepcionalidad. En definitiva, me preocupa que, aparte de tener "medios idóneos" no claramente establecidos, podamos ampliar tal procedimiento a la externalización de servicios -por así decir-, al punto de que quien certifique en definitiva sea un tercero cuya calificación desconocemos. En ese sentido, creo que la regla general debe ser la Dirección del Trabajo, con todos los problemas que tiene. Llevar esto más allá implica flexibilizar al infinito la norma. No estoy de acuerdo con la interpretación extensiva que dio el Senador señor Allamand respecto de este inciso.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: jueves 10 de marzo de 2016

MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES El señor NAVARRO.Señor Presidente , si hubiéramos continuado anoche hasta el total despacho de este proyecto, ¡los grados de temperatura del debate habrían sido mucho mayores...! Afortunadamente, tuvimos la racionalidad de hacer hoy una discusión más tranquila, pero no por ello menos apasionada. Me quiero referir a lo que señaló recién el Senador Larraín, pues aquí se omite un hecho: ¡la negociación es al interior de cada empresa! La asociación permite un mayor diálogo, una posibilidad de comparación. Pero lo más importante, y ahí está el punto por el cual voy a apoyar este artículo, es que la negociación se hace en cada una de las empresas. Debemos buscar el mecanismo para que no haya huelga. Ciertamente todos nos conocemos en las mipymes: no hay ventas, no hay facturación, no hay quincena. Nadie pretende destruir la empresa. Lo que se busca es un equilibrio que también es el de las grandes empresas. Cuando los trabajadores producen más, la empresa obtiene mejores beneficios: mayor distribución de las utilidades, y no la acumulación de ellas. En la mipyme, a lo menos está la posibilidad de la obligatoriedad versus la voluntariedad. Hoy día es voluntario. Ahora se establece la obligatoriedad. Pero en ambas está contenida la voluntariedad. Porque aun siendo obligatoria la negociación, es la propia mipyme o pyme la que decide si se lleva a cabo o no. Si no están dadas las condiciones para hacer negociación, porque la industria está en pésima situación económica, no habrá negociación colectiva. ¿Me explico? La obligatoriedad establece un mecanismo de seguro para los trabajadores. Pero, por favor, ¡estamos hablando de trabajadores que tienen la mayor relación directa con su empresa! Si, por ejemplo, la competencia de China nos tiene en el piso, si no hemos hecho salvaguardas, si hemos firmado tratados de libre comercio que nos han perjudicado y nadie ha ido en rescate de las empresas afectadas, uno confiará en que tanto estas como sus trabajadores son plenamente conscientes de que en esas condiciones no puede haber negociación colectiva. Porque si no, se destruirá más aún la empresa. A mi juicio, el concepto de obligatoriedad olvida el elemento que le da sustento: para que ella exista debe haber consenso. Dentro de la obligatoriedad se halla contenida también la voluntariedad. Porque será decisión de los trabajadores de la empresa si llevan a cabo o no la negociación colectiva, si ejercen ese derecho. ¿O me equivoco? Le pregunto, entonces, al Ejecutivo: ¿Siendo obligatoria la negociación, los trabajadores están forzados a realizarla? No. Tienen el derecho y pueden ejercerlo. ¿O es irrenunciable el derecho? El derecho se puede ejercer si ello se acepta voluntariamente. Por tanto, aquí debemos resguardar más derechos para los trabajadores.

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Ojalá pudiéramos ampliar los derechos de los trabajadores de las bencineras, quienes nos dicen: "Cuándo se van a acordar de nosotros. Estamos en condiciones absolutamente perversas. Y el que reclama, se va". Respecto de los sindicatos interempresas, se permite que estos gremios puedan disponer de algún mecanismo para defender derechos que de ninguna otra manera van a ser respetados. Señor Presidente , conozco a muchos emprendedores: en mi región, en Santiago. Y creo que hay conciencia suficiente en los trabajadores y en los empleadores para saber cuándo es posible llevar adelante un proceso de negociación. A mi juicio, la obligatoriedad establece un derecho. Y ese derecho se puede ejercer o no. Yo tengo la más profunda convicción de que ningún trabajador va a querer destruir su empresa. Y en ese nivel, donde se conocen permanente y directamente, ningún empleador querrá estar con un trabajador enfrentado y en crisis. Por tanto, voy a votar a favor de este artículo. Los temores a que se refirió el Senador Allamand ciertamente forman parte del gran espectro de lo que puede suceder. Pero ese es el lado más pesimista. Yo llamo a la Oposición a ser un poco más optimista, porque para que el país crezca, debe haber crecimiento económico. Ninguna empresa pyme o mipyme ha cerrado por una cuestión de orden sindical. Ello ha ocurrido por la economía. Y la economía es responsabilidad de todos, en particular de quienes estamos sentados en esta Sala.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: martes 19 de junio de 2007

CREACIÓN DE FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA DE TRANSANTIAGO Y RECURSOS PARA REGIONES El señor NAVARRO.Señor Presidente , la verdad es que Gobierno y Oposición han coincidido ampliamente en el diagnóstico. He leído en el diario "El Mercurio" la inserción del Senador señor Zaldívar , y estoy mil por ciento de acuerdo con Su Señoría respecto de ese punto. Porque hay que ser ciego para no ver los errores cometidos. Los cinco pilares que ha planteado el señor Ministro , y que ha repetido el Honorable señor Allamand , claramente no estaban listos. Entonces, surge la pregunta, sin duda: si era así, ¿por qué se partió? Grave error de mi Gobierno. Alguien le mintió a la Primera Mandataria . Alguien le entregó información que no correspondía a la realidad. Porque si han transcurrido alrededor de cuatro meses desde que comenzó a operar el Transantiago y ninguno de esos pilares se encuentra listo, la pregunta es quién le dijo que sí lo estaban en febrero. ¿Quién lo garantizó? ¿Y por qué le señalaron que se aplicarían multas y que el Estado debería pagar ante demandas de los operadores y del Administrador Financiero por no cumplimiento de contrato? Alguien asustó a la Presidenta de la República con los 5, 6, 8 millones de dólares mensuales que sería preciso cancelar por lucro cesante. Y, en definitiva, se están pagando 30 millones. Grave error. ¿Quién se equivocó? ¿Quién asume las responsabilidades? Ello constituye un punto que será parte del análisis político de nuestro Gobierno por un largo tiempo, porque las repercusiones también durarán mucho. La Presidenta declaró que no hizo caso a su intuición. Los Secretarios de Estado que pudieron ser responsables -por cierto, no están presentes en la Sala- no son de los que están buscando la salida del problema. Y, claramente, señor Ministro , es preciso revisar los contratos. Se lo ha pedido gente de Gobierno y otra de Oposición. No sé si esta última tendrá la misma consistencia cuando efectivamente tengamos que "pegar el caballazo", porque para romperlos es necesario enfrentar a los principales bancos. Por eso, no puedo dejar de mencionar la amnesia que de repente sufre la Oposición cuando se trata de establecer con claridad quiénes son los culpables. ¿Existen Ministros de mi Gobierno con responsabilidad y culpabilidad? Sí. Pero la pregunta es: ¿quiénes son los culpables de la empresa privada que no cumplieron? Aprovecho que está presente el Senador señor Allamand para expresar que tengo en mis manos "El desalojo". Su Señoría, con citas muy activas, ha hecho referencia al Senador señor Frei . Por mi parte, voy a citar al Honorable señor Allamand . Diez páginas del libro dicen relación al Transantiago, pero no se contiene ni una sola mención del nombre de las empresas privadas responsables. Y coincidimos: "El desastre del Transantiago". Bajo ese subtítulo se lee que "el sistema antiguo funcionaba mal.". La verdad es que eso no constituye una novedad, pues lo sabían los millones de usuarios. Lo de "la sobreoferta de buses en horas de baja demanda" lo conocíamos todos. Que se cambió la fecha de inicio, respecto del anuncio formulado, también. Asimismo, compartimos lo que se señala en la página 194: "Las dificultades continuaron. ¿Solución? Una nueva postergación". En la página 196 se indica: "A principios de abril, dos meses después de la puesta en marcha del plan, aún no funcionaban en los buses el sensor de puertas abiertas, las cámaras de seguridad, el panel de información variable, el contador de pasajeros, el panel del conductor ni el botón de alarma. Tampoco estaba operativo el GPS, necesario para monitorear las frecuencias y con ello el funcionamiento de todo el plan, pues en los contratos de licitación no se establecieron claramente las sanciones

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por dicho incumplimiento.". Surge una pregunta ante la amnesia: ¿dónde están los responsables? ¿Quién era el que debía hacer que esto funcionara? Me refiero a todo lo que dice el Senador señor Allamand en la página 196 de su libro. ¿Dónde está el padre de la criatura? ¿Dónde está quien debía tener la casa funcionando y tecnológicamente en orden? No se dice: se trata de SONDA, de Andrés Navarro, quien nada tiene que ver conmigo, afortunadamente. El autor menciona también al Senador señor Zaldívar y al Club de la Pelea. Pero lo que más me llama la atención, en la página 200, es que se pregunta: "¿Y quién es el responsable de todo el descalabro?". Y, por cierto, consulta a los lectores, entre quienes me cuento. En seguida expresa: "A principio de marzo, la Intendenta Adriana del Piano declaró que "si nosotros [Gobierno] hubiéramos tenido todas las empresas cumpliendo sus contratos, ninguno de los problemas que tuvimos los hubiéramos tenido. ¡Ninguno!". Así de tajante.". Y Su Señoría acota: "Y de ridículo.". El texto continúa: "Más adelante, la Presidenta Bachelet agregó: "Los privados no dieron el ancho".". El señor Senador expone que "No hay duda que algunas empresas privadas fallaron, ¿pero quién redactó los contratos...?". Y puntualiza: "el gobierno". Lo que se debe aclarar al Honorable señor Allamand es que falló SONDA , la cual mintió permanentemente y sigue haciéndolo. Por eso, hemos pedido al Gobierno que cuando revise los contratos no pague ni un dólar, ni un peso, a una entidad que es proveedora tecnológica y, además, socia. En cualquier empresa de las que Sus Señorías conocen, al proveedor tecnológico que incurriera en tal grado de fallas lo hubieran echado a patadas. Pero SONDA sigue manteniendo esa calidad y nadie la echa, porque tiene 9 por ciento de participación. Y uno se pone muy quisquilloso con esto. Porque no sé si alguien, sin querer queriendo, se quedó callado porque sabía lo que venía. Claramente, la persona a que me he referido y que opera en este ámbito no es cercana al Gobierno ni a la Concertación. Ha participado en campañas presidenciales de otros candidatos y ha sido fiel colaborador de ellos. El señor LARRAÍN.Es una conspiración. El señor NAVARRO.Entonces, al menos surge el mérito de la duda. Porque era de tal envergadura la situación que no iba a funcionar, que uno se niega a creer que un hombre exitoso en los negocios y en la vida, que ha generado empresas y que lo hace bien en algunas partes -en otras, no tanto- no haya tenido la capacidad de visualizar lo que ocurriría. Tengo la suerte de que el Senador señor Allamand también me consigne en su libro, citando lo que dije en un programa de televisión, en el sentido de que esto "Nos puede costar el Gobierno". Y así es, efectivamente. Y porque puede costarnos el Gobierno -agradezco la mención- decimos que esta es una materia de la máxima seriedad. Y cuando hablamos respecto de qué hacemos para ser parte de la solución, sostengo, considerando lo dicho por el Honorable señor Longueira , que si se escuchara al Ministro señor Viera-Gallo la Oposición votaría a favor, porque se contempla un pago programado y un escalonamiento para efectuarlo. No se trata de un cheque en blanco, ni estoy dispuesto a darlo. Por cierto, coincidimos en que el proyecto no resuelve el tema de fondo. Y cuando todos decimos eso, y, particularmente, lo señala con fuerza la Oposición, ¿cuál es la propuesta? Porque si se pide que, en forma consecuente con un discurso crítico al Plan, al proyecto, se vote en contra, ello asimismo significa pronunciarse a favor de algo. Y ese algo no ha estado en el debate. Porque hemos escuchado a todos los señores Senadores de Oposición y no se registra una sola propuesta para lo que tanto reclaman: qué viene después de diciembre. El análisis del Honorable señor Longueira termina en ese mes, al igual que el del Honorable señor Novoa . El señor LONGUEIRA .¡Lo del proyecto también! El señor NAVARRO.Consideramos que si la Oposición hiciera la pega, contaría con una propuesta para decirle al señor Ministro : "Esto es lo que se debe hacer; este es el diseño que deseamos. Y queremos que hoy se resuelva lo de que no suba el pasaje, pero esto es lo

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que proponemos". Sin embargo, no existe una propuesta de la Oposición,¿ El señor LARRAÍN .¡Esa no es pega nuestra! El señor NAVARRO.¿ como tampoco del Gobierno, señor Ministro . Y tenemos que reconocerlo. Estuvimos en Hacienda para preguntar qué hacíamos en diciembre y no hubo respuesta. Pero ¿dónde está la pega de la Oposición? El señor LARRAÍN .¡Si no somos Gobierno, señor Senador ! El señor NAVARRO.Entonces, se plantea la decisión de votar en contra, junto a una Oposición carente de una propuesta, o de hacerlo a favor de un Gobierno que, al menos, ha anunciado que la preparará. Por mi parte, esperaba una cierta estrategia. Pero ¿por qué no se expone? Me surgen dudas ante el hecho de que la Oposición no mencione a los bancos. Y el Gobierno tampoco lo hace. La señora MATTHEI .¡El BancoEstado! El señor NAVARRO.Porque el Banco Santander, al cual vamos a pasarle millones de dólares, ganó 185 millones de dólares el primer trimestre del año en curso, y el Banco de Chile, 122 millones de dólares. Este es un país en donde al final le prestamos plata a los bancos. Pero estos se metieron en un negocio que no conocían, pues nunca habían transportado un mísero pasajero¿ La señora MATTHEI .¡El BancoEstado sí...! El señor NAVARRO.Y ello tuvo lugar con contratos de Gobierno. Pero cuando a la hora nona debemos decidir qué hacer, la Oposición sólo se queda en la crítica al Gobierno, a la fórmula propuesta, y nada dice de los que han fallado. Porque aquí falló el Gobierno, pero también el AFT -los bancos hicieron mal el negocio- y el proveedor tecnológico: SONDA. Eso tiene nombre y apellido. Y el dueño de esa empresa decía, hasta hace tres meses, que la dificultad se resolvía en treinta días, sin que ello todavía haya sucedido. No le creo. En consecuencia, debemos ver quién presenta propuestas. Por nuestra parte, le hemos planteado indicaciones al Gobierno. Le hemos destacado la conveniencia de un seguro de vida y accidentes para los cuatro millones y medio de santiaguinos que hoy día viajan en un transporte mucho más inseguro, quienes se encuentran mucho más desvalidos. El Gobierno ha aceptado abrirse a las proposiciones, e incluso a las de la Derecha. El Senador señor Longueira ha venido sugiriendo la posibilidad de escalonar el pago, y el Honorable señor Flores , con mucha dignidad, así lo ha reconocido¿ El señor PROKURICA .¡Tenemos propuestas, entonces¿! El señor NAVARRO.¿ y lo ha recogido. Y lo propio ha hecho el Gobierno. Mi pregunta es por qué la Oposición insiste, si se ha acogido su principal planteamiento -que el aporte sea escalonado, evaluado y fiscalizado-,¿

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La señora MATTHEI .¡Se expuso algo concreto¿! El señor NAVARRO.Asimismo, se ha aceptado la idea que formulé respecto del seguro de vida y accidentes. Le hemos señalado al Gobierno que lo lógico es que SONDA salga del negocio, porque lo ha hecho pésimo. Y es un punto que vamos a discutir en la Comisión Mixta o donde sea. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).Ha concluido su tiempo, señor Senador. El señor NAVARRO.Termino de inmediato, señor Presidente. Y hemos dicho, además, que aspiramos a que exista un subsidio claro y transparente. Porque estamos subsidiando, por ejemplo, el pasaje escolar a través del que pagan los adultos. Creo que en esta materia debemos actuar de manera directa y abierta, para lo cual debemos precisar con nitidez cómo vamos a asignar los subsidios, porque, al final, los habrá. El Transantiago no funcionará sin ellos. Y ello debe ser aclarado y especificado en este proyecto y en el que viene. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 51 Sesión: Sesión Ordinaria N° 51 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: martes 11 de septiembre de 2007

PRÁCTICAS ANTISINDICALES Y DESPIDOS EN EMPRESAS DE OCTAVA REGIÓN. OFICIOS Señor Presidente , deseo que oficie a la Dirección del Trabajo de la Región del Biobío en relación con el problema que paso a exponer. Desafortunadamente, en las últimas horas hemos tenido conocimiento de una importante cantidad de despidos en Comercializadora de Productos S.A., FANALOZA, empresa tradicional de la comuna de Penco que proporcionó miles de empleos y hoy día se encuentra en proceso de reestructuración. Sin embargo, independiente de la legitimidad del derecho que asiste a todas las empresas privadas para ajustar su personal en virtud de las cláusulas establecidas en la legislación del trabajo, es del todo evidente que existe gran inquietud entre los trabajadores de FANALOZA por la circunstancia de que en esta el ajuste se está llevando a cabo sobre la base de lo que ellos denominan "prácticas antisindicales". Los despidos se han centrado en uno de los tres sindicatos existentes en la empresa, donde se presentó una situación que ya fue denunciada a la Dirección del Trabajo regional. Espero de esta un informe detallado en cuanto a las denuncias sobre prácticas antisindicales en el año 2006 y en lo que va corrido de 2007 en las cuatro provincias de la Región: Concepción, Arauco , Biobío y Ñuble . De esa manera sabremos si efectivamente la Dirección del Trabajo y los tribunales laborales se encuentran acogiendo las reclamaciones por tales prácticas -lamentablemente, cada vez más extendidas- en orden a que, cuando es preciso efectuar ajustes, ellos se hacen en contra del sindicato que ha levantado una mayor defensa de los derechos de los trabajadores, con la insinuación explícita de que si se cambian de sindicato el ajuste definitivo no va a ocurrir. En mi opinión, la denuncia formulada por los trabajadores en la Dirección del Trabajo es grave, toda vez que las prácticas antisindicales han sido demostradas y hay testimonio de ellas. En ese aspecto, debemos profundizar la legislación. No sé si la reforma laboral presentada por el Senador Allamand o por el Senador Longueira -a esta altura no sabemos con certeza quién es su autor- contempla elementos que permitan hacer frente a problemas reales y concretos como los reseñados. Teniendo a la vista el caso concreto a que me estoy refiriendo, espero un informe general, señor Presidente . La Dirección del Trabajo podrá llevar a cabo la fiscalización frente a las denuncias tanto de empleadores como de trabajadores. En la situación en comento, la denuncia ante el juzgado laboral expresa: "A su vez, en cuanto a funcionamiento sindical, existen en la empresa actualmente CUATRO (4) sindicatos: Coprosa Nº 1, trabajadores del área técnica; Coprosa Nº 2, del área de mantención; Coprosa Nº 3, del área de producción y nuestro Sindicato Sanisur, también del área de producción. De estos sindicatos dos de ellos agrupan a los trabajadores que en calidad de operarios participan directamente en la manufactura de los productos que exporta y vende la empresa" en el mercado nacional: el Sanisur-Coprosa y el Coprosa Nº 3, formado con posterioridad por ex dirigentes que habían resultado derrotados en la última elección anterior a su constitución. Uno podrá decir: este debe de ser un problema interno de la sindicalización y, por ende, de la autonomía propia de los trabajadores. Y desde entonces, como ha ocurrido y por desgracia ocurre en las grandes cadenas de tiendas y supermercados por parte de algunos empleadores (no de todos, por cierto), ha habido una intervención abierta, brutal de la empresa. Ello ha llevado a que los trabajadores lleguen a sentir temor en vez de protección al incorporarse a un ente gremial. ¡Esa práctica no puede ser permitida! La Cámara de Diputados ha realizado innumerables investigaciones y formado Comisiones con el objeto de poder visualizar, comprender y, en definitiva, detener ese tipo de práctica antisindical. Lo que me interesa, señor Presidente , es contar con un informe global, al menos respecto de la Región del Biobío, sobre cuántas denuncias se han efectuado en los tribunales del trabajo acerca de prácticas antisindicales, y saber si la Dirección del Trabajo y el Ministerio del ramo poseen antecedentes que permitan determinar si los tribunales respectivos se hallan

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funcionando con eficiencia. Hemos sostenido que se requiere personal y financiamiento para que la justicia laboral actúe. Y, por supuesto, nos interesa tener una evaluación al respecto antes del debate del proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, con la finalidad de mejorar el personal de dicha Secretaría de Estado. --Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Sesión: Sesión Ordinaria N° 10 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 359 Fecha: martes 19 de abril de 2011

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Y PUBLICIDAD SOBRE LA MATERIA El señor NAVARRO.- Señor Presidente , este debate a ratos confunde, a ratos orienta. Pero, en definitiva, algo pasó. Y pasó en este proyecto de ley. Allamand dijo: "En Chile hay poderes fácticos". Pues bien, habló la SOFOFA, y las cosas cambiaron: cambiaron en el Gobierno, cambiaron en el Senado. ¡Esa es la definición de los poderes fácticos: hablan los empresarios, y las cosas cambian! Señor Presidente , hay una sobreingesta de este proyecto de ley. Tiende a la saturación. A algunos les está causando colon irritable; a otros, indigestión. ¡A mí me provoca indignación! ¿Por qué? Tiene 13 años; mide 1 metro 80 centímetros; se comporta como si fuera una guagua, y pesa ¡180 kilos! ¡Es el niño más gordo de Chile: José Daniel Campos Llanquihuén! Está en la UCI Pediátrica del Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco. "El chico nació con más de 5 kilos de peso y siempre fue bueno para comer. Yo me daba cuenta que estaba engordando, pero la gente copuchenta empezó a decir que yo lo maltrataba quitándole la comida, entonces preferí que siguiera engordando, para no tener problemas", relata el padre. El adolescente dormía en un sillón, no asistía al colegio y usaba pañales especiales. En este momento se halla intubado, conectado a ventilador mecánico. Está consciente, pero no respira por iniciativa propia. Es difícil dar un pronóstico sobre su patología, pues se encuentra muy complicado en el aspecto respiratorio. Uno quisiera evitar tales situaciones, señor Presidente. Y para eso se necesita educación. Entonces, cuando la Derecha dice que va a votar en contra del artículo 4°, que habla sobre la educación y abre la posibilidad de evitar que en Chile haya otro José Daniel Campos , uno no termina de comprender. El texto que aprobó el Senado expresaba: "Los establecimientos educacionales del país deberán incluir en sus programas de estudios, en todos sus niveles de enseñanza...". Ya se aclaró que la UDI metió a las universidades. Uno podría decir: "Es bueno que restrinjan los alimentos chatarra". Otros dirán: "Ojalá que se vendan preservativos," -no se venden- "que podrían ser más útiles". El artículo 4° habla de disponer programas de enseñanza en los establecimientos educacionales. Y aquí se amenaza con votarlo en contra, haciendo caer uno de los preceptos más importantes de la ley en proyecto: el vinculado con la educación. ¡Qué sentido tiene votar en contra de lo concerniente a la educación! ¿Que no haya educación física tres veces a la semana en los referidos establecimientos? Entiendo que a algunos Senadores esto les moleste. Pero a mí me apasiona. Tengo a mi hijo en un colegio particular pagado. Entonces, hace gimnasia, practica atletismo, algunas artes marciales. Los niños pobres de los colegios municipalizados, ¡no! Y deben hacer gimnasia; tienen que contar con profesores de educación física. No disponen de otra forma para hacerla.

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En consecuencia, como lo ha expresado el mismo Ministro , mientras más pobres los niños, más obesos, menos información, menos educación. Aquí, señor Presidente , ha habido un abuso con la falta de quórum. Se sostiene: "Vamos a votar en contra del artículo 4°". Entonces, esa norma, vinculada con el tema educacional, se va a caer por falta de quórum. Pero la Oposición tiene 20 votos. Y yo quisiera verla, con esa votación, siendo de verdad oposición a este Gobierno de Derecha. Porque durante muchos años se aplicó la política de los consensos. El actual Gobierno lleva un año, y termina con ella. La Concertación mantuvo por 16 años la política de los consensos, pero la Derecha la desahucia el primer año. Claramente, ¡están sepultando la política de los acuerdos! Cuando de manera abrupta, al final de la tramitación de un proyecto de ley, se rompen los acuerdos, estos son traicionados. Aquí no rompió el acuerdo la Oposición: lo rompió quien ha señalado -y el Senador Chahuán lo sabe muy bien- que hay que hacer modificaciones a una iniciativa que estaba acordada. ¿Y el veto? ¡Que lo decida el Presidente de la República! Yo tengo disposición a estudiarlo cuando llegue. ¿Saben por qué? ¡Porque ya estoy chato con la existencia de protocolos de acuerdo que no se cumplen! Señalamos que iba a haber proyecto acerca de los polimetales. Esta mañana estuvo en el Senado la Ministra María Ignacia Benítez . ¿Y saben? ¡No existe iniciativa de ley sobre esa materia, porque el Gobierno dice que es necesario crear una comisión de trabajo! Y el acuerdo con los vecinos de Arica y con los parlamentarios de Oposición era que iba a haber proyecto. Este Gobierno iba a asumir el enviado por la Presidenta Bachelet . No lo hizo esta mañana. Respecto al Transantiago, acordamos una ley espejo: plata para las Regiones. ¿Qué nos dice el Ministro Larraín ? Que hay recorte para el Transantiago. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¡Tampoco se cumple ese acuerdo! Entonces, como no existe certeza en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, la garantía del veto no es del todo segura. Señor Presidente , por cierto, voy a votar a favor del informe de la Comisión Mixta. Y si hay un veto, lo estudiaremos en su mérito para, de ser necesario, perfeccionarlo. Pero no me parece adecuado presionar con la eliminación de las normas atinentes a la educación. Los niños de Chile requieren la ley en proyecto. El Ministro lo sabe perfectamente. Y espero que asuma que ella le hará bien al país, tal como lo expresó muchas veces en el Senado. ¡Patagonia sin represas!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 27 de enero de 2016

CREACIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE El señor NAVARRO.Señora Presidenta , este es un cambio en torno a la vulnerabilidad, que antes denominábamos "desempeño difícil". Quiero llamar la atención en cuanto a que, aunque represento muchas comunas rurales, también se produce el desempeño difícil en zonas urbanas. Por tanto, el aumento de 10 por ciento del tramo respectivo en zonas rurales no va a equilibrar lo que hoy día ocurre en varias comunas urbanas: acceso difícil, riesgo, falta de locomoción colectiva, aislamiento y un conjunto de otros elementos que provocan un desempeño difícil. Este se produce no solo porque haya vulnerabilidad, sino por el contexto en que ella se encuentra: socioeconómico, infraestructura particular del colegio y conectividad. O sea, hay profesores que deberán seguir haciendo un esfuerzo adicional. Mi pregunta -la hizo también el Senador Allamand- es la siguiente: ¿Cuántos docentes tienen 44 horas? Deberíamos contar con las cifras, para cuando hablemos con los profesores, ahora o en marzo, porque van a estar muy ávidos de conocerlas. Yo dije que este proyecto había que despacharlo ahora, para no tener que dar explicaciones en marzo y sufrir movilizaciones, por toda la expectativa que genera. O sea, cuando debamos explicar esta disposición hay que hacerlo en detalle y sin equivocarse. Se han de sincerar absolutamente las cifras. Planteo a los Ministros presentes que si tienen las cantidades, que las entreguen, para poder decir en Tomé, en Hualqui o en Santa Juana: "Esto va a pasar". La idea es que existan cuentas claras respecto de lo que ocurrirá con este incentivo. Además, deseo señalar que no me parece que el concepto "vulnerabilidad" dé cuenta de toda la diversidad que se va a tener. El hecho de que los profesores que se encuentren en el tramo inicial o temprano reciban por una vez, hasta por el término de cuatro años la asignación de vulnerabilidad, también va a generar una desincentivo. Yo sé que se han realizado esfuerzos, y que esto se ha hecho de la mano con los profesores. Pero yo digo que, a poco andar, habrá que evaluar este asunto en el camino. Porque una cosa es el diseño teórico en una Comisión, con un grupo de profesionales, todos de altísimo nivel, y otra, la praxis diversa de la larga y loca geografía territorial de Chile, que también se expresa en materia de educación, con más de 11 mil establecimientos. Tendríamos -reitero- que analizar si ese diseño va a generar problemas, pues no todos los profesionales cuentan con contratos de 44 horas -me lo puntualizan los Senadores Montes y Quintana- cronológicas semanales, incluidas las lectivas y no lectivas. Yo espero que no haya ningún incentivo para achicar las horas: para bajar de las 44 e irnos a las 36. Porque hay que apretar la caja de educación. En materia de salud hemos dicho muchas veces que ojalá tuviéramos médicos de tiempo completo, con dedicación exclusiva. En el caso de los profesores, ese tiempo sería para prepararse, educar y ser mejores cada día. Ojalá que ellos tuvieran 44 horas de dedicación completa, con una carga no lectiva adicional de 35 por ciento. Porque todo lo que viene es aplicación práctica: desde Villa Las Estrellas, en la Antártica, hasta el lago Chungará, en la provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. Entonces, la pretendida uniformidad de la ley se encuentra con la diversidad de la realidad.

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Yo solo espero que exista el criterio suficiente para que el Ministerio adapte la política que estamos ejerciendo a las mejores condiciones y que el bien supremo a proteger sea el profesor y la calidad de la educación, el profesor más que el tema presupuestario. Porque siempre la mirada se hace desde abajo: el recorte, el ajuste. En tal sentido, los ministros de Hacienda son todos parecidos. Lo he señalado más de alguna vez: no se destacan por ser muy generosos; la mayoría de las veces son "manito de guagua", pues cuidan el Presupuesto Fiscal. Lo señalo para que después no tengamos sorpresas y no se aumenten las horas, aun cuando el colegio, la comunidad escolar y el director así lo estén pidiendo: que yo quiera incrementar las horas no lectivas o las 44 horas cronológicas semanales, y luego que me digan que no hay caja. O sea, que el estancamiento no se produzca al final por la falta de incentivos para pasar del período inicial al más avanzado; sino porque no hay caja para pagar lo que conlleva el área de vulnerabilidad. Tendremos, entonces, a profesores avanzados que quieren cobrar el referido incentivo, pero mediante el mecanismo de reducir las horas no podrán acceder a esos mayores beneficios. Debe haber amplia transparencia en tal sentido. Voto a favor, con las observaciones que señalé. ¡Patagonia sin represas!

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 85 Sesión: Sesión Especial N° 85 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: miércoles 12 de diciembre de 2012

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO TRANSITORIO PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES El señor NAVARRO.- ¡Vamos a apoyar con todo a la JUNJI, señor Presidente , como siempre...! --(Aplausos en tribunas). Señor Presidente , no solo hemos aspirado a que se elijan los consejeros regionales, sino también a los intendentes regionales bajo la figura del secretario regional, bajo el concepto de que haya, de verdad, liderazgo, participación y representación de las Regiones. ¡Yo quiero intendentes regionales electos por la gente! ¡Quiero que existan los mayores grados de participación ciudadana en las Regiones! ¡No quiero un delegado del Presidente de la República elegido con el dedo! ¡Quiero un hombre que tenga legitimidad o una mujer con liderazgo para encabezar la Región! Eso no significa un Estado federal, sino resguardar la identidad de las Regiones para enfrentar a la monarquía presidencial. Por eso decimos que no solo los consejeros regionales debieran ser elegidos por votación popular, ya que ello es una pretensión bastante minimalista. ¡Queremos intendentes regionales electos! ¡Queremos gobernadores electos! ¡Queremos mayor participación! Ese es el mensaje que nos envió la ciudadanía en las últimas elecciones municipales donde votó el 40 por ciento de la gente. El 60 por ciento no lo hizo y el sistema cayó, francamente, en un fuerte grado de ilegitimidad. Señor Presidente , ¿cuál es el rol de los consejeros regionales? En mi Región repartir cien mil millones de pesos. ¡Año electoral presidencial! ¡Año electoral parlamentario! ¡Interesante y atractiva repartija! ¿Cuáles son los criterios que aplican para repartir esos recursos? ¿Consultan a los concejales que los eligen? ¿Consultan a los parlamentarios que fuimos electos en las Regiones? ¿Consultan a la ciudadanía cómo van a asignar los cien mil millones de pesos durante el 2013, año en que se elige Presidente , Senadores y Diputados? ¡No hay consulta alguna! Lo que hay allí es un acuerdo tácito político entre quienes son elegidos mediante este mecanismo indirecto. Por lo tanto, cuando hablamos de mayores grados de participación, de legitimidad democrática, no estamos refiriéndonos al hecho de elegir por elegir: estamos hablando de personas que van a decidir sobre importantes recursos regionales. ¿Y cómo evitamos la venta y la compra de votos como lamentablemente ya ha ocurrido? Porque como se vota en secreto -y yo lo he vivido-, uno conversa con los concejales, pero luego sucede que faltan votos. ¡Alguien se movió e hizo una mejor oferta para tener un consejero! ¿A quién pertenecen los consejeros? ¡Ni siquiera a los partidos! Pertenecen a ellos mismos, porque ellos son quienes consiguen los votos. Aquí se quiebra toda la institucionalidad partidaria, se cruzan los votos. En consecuencia, el mecanismo que tenemos hoy día no es el mejor, más bien, es el peor. Por eso que la innovación que ha detallado, de manera profusa y expresa, el Senador Lagos era en mi opinión la más importante. Señor Presidente , la elección debiera garantizar que cualquier ciudadano pueda ser consejero regional: el derecho a elegir y ser elegido. Ese es el principio básico que debe imperar si queremos lograr una mayor legitimidad en todas las elecciones que hagamos -¡en todas!-, no solamente en las primarias partidistas, como son las que acabamos de aprobar en esta Sala: primarias para los partidos, no para los ciudadanos, porque estos pueden votar pero no ser elegidos. Esas son las primarias que se van a celebrar para elegir Presidente de la República y, en algunos casos, también candidatos al Parlamento. Siento que esta indicación nos pone en una disyuntiva. ¿Los consejeros regionales que se designen en elección indirecta podrán ser candidatos? Yo creo que esta reforma se va a aprobar tal como está ¿Los consejeros cuyo mandato se prorroga podrán ser candidatos? Todo indica que sí, ¿cierto?

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El señor PÉREZ VARELA.- La ley debe decirlo. El señor NAVARRO.- ¿La ley debe decirlo? Por eso, me hubiera gustado que esa materia quedase clara de manera inmediata. Podríamos haber hecho un esfuerzo mayor para realizar un debate político y ojalá el Ministro Larroulet hubiese conversado con todos y no solamente con la nueva mayoría. Pero lo entiendo. El power se aplica en política y es sin llorar, como dice Allamand. Entonces, bueno, los chicos no lloramos. Solo ejercemos nuestro derecho a minoría y siento... El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .- ¿Cómo que no llora? El señor NAVARRO.- No, no me gusta llorar. Me gusta actuar. Y, por eso, vamos a aprobar esta indicación, aun cuando sabemos que, una vez más, se ha conformado una nueva mayoría con la exclusión de los partidos de Izquierda. Y aunque a algunos no les gusten los partidos de Izquierda, sobre todo mi Partido de Izquierda, anuncio que vamos a votar en contra de este proyecto de reforma constitucional y a favor de la indicación del Senador Tuma. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora!

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Diario de Sesión: Sesión Especial N°88 Sesión: Sesión Especial N°88 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: miércoles 21 de enero de 2015

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES La señora ALLENDE ( Presidenta ).Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.Señora Presidenta , la contradicción señalada por el Senador Allamand es sin duda observable y constituye una interpretación de un artículo de la Constitución. Y si bien la observación resulta adecuada, la lógica que la acompaña no la comparto. Está claro que el problema no se halla en la norma propuesta, sino en el artículo 19, número 11°, de la Constitución, que hace una estricta, abusiva y excesiva definición de la libertad de enseñanza. Tanto es así que se ha tenido que establecer una interpretación que, respecto de la Ley Zamudio, se considera razonable, y aquí, como no razonable. ¿Por qué? Porque, en definitiva, durante muchos años no ha habido un contrapeso entre la libertad de enseñanza, custodiada por dicha disposición constitucional, y el derecho a la educación, que resulta inexistente. Para el derecho a la educación la actual Constitución no contempla el instrumento del recurso de protección. Es decir, en Chile se puede recurrir en contra de una medida que afecte la libertad de enseñanza, pero no se puede recurrir de protección por una medida que afecte el derecho a la educación. Por lo tanto, como aquí hay un empeño por mantener la Carta Fundamental vigente, lo que se está haciendo ahora es interpretar, en un sentido u otro, uno de sus artículos base -el 19, número 11°-, que durante 30 años (desde 1980) ha mantenido la sacrosanta libertad de enseñanza. Quiero recordar que la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) fue la que rigió en Chile por casi tres décadas, hasta que se cambió a la LGE (Ley General de Educación), que estableció lo principal: ¡educación! Pero, cuando se definió la Constitución, el énfasis estuvo en la libertad de enseñanza, con los resultados que todos conocemos. Y conviene tener presente que el derecho a la educación es una necesidad. La UNICEF, en un estudio de hace dos años, producto de la "revolución pingüina" del 2007 y el 2008, elaboró un informe en donde indicaba que más del 55 por ciento de los reglamentos que derivaron del movimiento estudiantil eran inconstitucionales. Es decir, los establecimientos educacionales, para resguardarse de ciertas acciones, generaron reglamentos con claras contradicciones que afectaban los derechos constitucionales. En ese sentido, quiero resaltar que en esta materia es lícito preguntarse quiénes van a ejercer este derecho si efectivamente se viera perturbado. Y, bueno, lo harán los directamente afectados, esto es, los estudiantes. Le he dicho al señor Ministro -y lo lamento, porque así ha sido la dinámica de la discusión- que deberíamos fortalecer los centros de alumnos; que deberíamos fortalecer la institucionalidad de los centros de padres y apoderados; que deberíamos reglamentar una participación reglada, para que no dependiera del estado de ánimo del director de turno, como ocurre siempre. Si hay un director "buena onda", hay buena relación con el centro de alumnos, y, por lo tanto, "no hay gran demanda o agitación en su contra". Como no lo hemos tocado y es un tema al cual se ha aludido, claramente vamos a tener problemas. Yo auguro que cuando se trate de establecer quiénes son los "directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria" en materia educacional, nos vamos a encontrar con una asimetría muy fuerte, porque los que demanden aquello tendrán que recurrir a esta interpretación, un tanto oblicua. Yo la voy a votar a favor. Pero, digámoslo claramente, se trata de una interpretación un tanto rebuscada, pues no se ha querido entrar al fondo del artículo 19, número 11°, de la Carta Fundamental, es decir, a la definición de la libertad de enseñanza. Aquí pedimos una "Nueva Constitución". Hay que rediseñar aquello; cambiar este concepto absoluto de libertad de enseñanza; fortalecer el derecho a la educación. Sin embargo, mientras tanto, "es lo que hay", como se dice; "es lo que ahora

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se puede hacer al no existir consenso". Por último, señora Presidenta , quiero señalar que resulta necesario fortalecer los mecanismos de participación. Sobre la base de este artículo, se presentarán innumerables acciones, porque muchos estudiantes se sienten afectados diariamente en materia de educación. La norma tendrá restricciones, por cuanto en su definición se remite a la Ley Zamudio, no solo en materia de género o de orientación sexual. Estamos hablando de derechos que los estudiantes tienen y que deben ser respetados. Aquí, en la Sala, hay muchos Senadores que fueron dirigentes de centros de alumnos y que se tomaban los liceos -estoy mirando las bancadas de enfrente-, lo cual parecía "normal". Yo no creo que sea normal tomarse un liceo. Pero, si no hay mecanismos para que los estudiantes manifiesten su voluntad a la autoridad¿ La señora ALLENDE ( Presidenta ).Lo siento, señor Senador. Se cumplieron sus cinco minutos. El señor NAVARRO.¡Allamand se tomaba el Liceo N° 7!

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 20 Sesión: Sesión Especial N° 20 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 7 de junio de 2006

PROBLEMÁTICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR El señor NAVARRO.Señor Presidente , como hemos dicho, bienvenidos los ciudadanos críticos. Así lo señaló la Presidenta de la República en su Mensaje del 21 de mayo, refiriéndose al tema de la educación: que quería ciudadanos críticos con reivindicaciones, con propuestas, con demandas. Y sin duda los ha tenido. Los ha tenido en las calles, en el resto del país, ¡y bienvenidos! La pregunta que todos nos hacemos es por qué fue necesario que hubiese esta movilización si el diagnóstico y el parecer de esta Sala son unánimes: la educación chilena está en crisis, hay que cambiarla radical y profundamente. Entonces, si ello es compartido por todos, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿por qué fue menester la movilización para intentar hacer las reformas? Y digo "intentar", por cuanto no tengo la certeza de que al final de este debate legislativo, de país, se realicen cambios sustantivos. La educación no es sólo fierro y cemento. Invertimos mil 440 millones de dólares en transformar muchos liceos y escuelas en establecimientos más dignos. Sin duda, aún persisten carencias: faltan gimnasios, baños. En tal sentido, claramente hay a lo menos una responsabilidad compartida. La JEC tuvo una evaluación pública moderada, no obstante que directores, estudiantes y profesores, señalaban que era un fracaso, que había más de lo mismo y que, en definitiva, debía cambiarse el sistema. Sin embargo, los informes oficiales -y lo planteo francamente- de mi Gobierno indicaban que, de manera progresiva, la JEC iba a superar todas sus deficiencias. Pero ello no ocurrió. Y dado de que la inversión de miles de millones de dólares -como ha señalado la Derecha- para intentar subsanar el problema de la calidad de la educación no lo resolvió, entonces, hay que ir en busca de las causas. Claramente, la construcción de nuevos liceos y escuelas no solucionó lo concerniente a la calidad. Mejoramos las condiciones; no obstante, en muchos casos, no lo hicimos. Pero, ¿cuál es la causa? A mi juicio, lo que ha surgido en el debate, particularmente a raíz de la movilización, no es sólo lo relativo al pasaje escolar, a la PSU o a la ración de alimentación. La clave -y lo han dicho los estudiantes en forma nítida y concreta- está en el fondo de lo que origina la desigualdad y la inequidad. Los diarios El Mercurio y La Tercera han abierto la discusión. Se sostiene, legítimamente, que se halla en riesgo la libertad de enseñanza. Se señala que el modelo requiere cambios. Y yo pregunto a mis Honorables colegas de la Derecha ¿qué cambios queremos? Porque, conforme a lo que hemos escuchado en la Sala, todos estamos de acuerdo en que es preciso cambiar. La pregunta clave es qué tipo de cambio debemos hacer y con qué objetivo. Sin embargo, yo no deseo cambios sólo en la educación, sino también en la sociedad chilena. No me gusta el tipo de sociedad que estamos construyendo, porque el hecho de tener liceos pobres con jóvenes pobres se debe a que sus padres son pobres; a que el sistema económico que hoy hemos implantado en el país, con responsabilidad al menos compartida, es claramente discriminatorio y excluyente, lo cual se refleja en la educación. Y la educación es el reflejo de la sociedad. Es decir, la educación que tenemos es el resultado del tipo de sociedad que estamos construyendo. En ese sentido, el debate de fondo es si la Derecha, la Oposición, está dispuesta a alterar el concepto básico de libertad de enseñanza con relación al derecho a la educación. Que la primacía de uno sobre otro -que se ha ejercido con la LOCE- pueda ser modificada y sea regulada por ley. Por lo tanto, cuando todos dicen en esta Sala que están de acuerdo en realizar cambios, el desafío es si la Oposición votará a favor o no de la reforma constitucional para establecer que la libertad de enseñanza se regule mediante ley, de manera que no sólo sea mercado, no sólo sea empresa, sino educación de calidad para todos y no únicamente para quienes puedan pagar. En ese sentido, tenemos abierto el debate y queremos emplazarla. --(Aplausos en tribunas).

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El señor NAVARRO.Hemos dicho que la municipalización de la educación fracasó. La enseñanza municipalizada no es obra de la Concertación, sino que fue implementada mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1-3063, de 1980. Pero hemos sido incapaces de cambiarla. Todos los alcaldes señalan que tal sistema es un fracaso. Y la pregunta que surge es: si un número importante de ellos quiere devolver la educación al Ministerio o a quien fuera, ¿por qué no lo hacemos? Yo los desafío a actuar en tal sentido. La Concertación tiene mayoría simple en el Senado, cuenta con 20 votos para terminar con el sistema de municipalización e ir a lo que he denominado "Corporaciones Regionales de Educación Pública". Es decir, transferir la educación desde los municipios a los gobiernos regionales, de manera que no persiga lucro, sino eficiencia y calidad, resguardada con los objetivos estratégicos del desarrollo regional y también del desarrollo país. Eso requiere una ley. Y discutamos la LOCE. Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes en los liceos fiscales, como el Enrique Molina, de la Octava Región -que yo represento-, con los Parlamentarios de Oposición, hemos dicho: "Definamos el cambio que queremos". Para ello necesitamos de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio. En consecuencia, no hay que llamar a engaño. No depende sólo de la Concertación cambiar la LOCE. No hay que engañar a los jóvenes y decirles que vamos a modificarla, porque para ello se requieren al menos dos votos de la Derecha. Y si no los hubiere, habrá negociación. Y la verdad es que yo he dicho que la Concertación tiene que usar las mayorías. Porque costó mucho trabajo y tiempo terminar con los Senadores designados y vitalicios; había que doblar al menos en una circunscripción para contar con una mayoría en la Cámara Alta y así poner fin al chantaje per se de la negociación con la Derecha para aprobar los proyectos de ley. --(Aplausos en tribunas). El señor NAVARRO.Porque cuando se estableció el financiamiento compartido... Sé que a los señores Senadores de las bancas del frente no les cae bien lo que estoy diciendo, y no me extraña. Sin embargo, cuando los Honorables señores Allamand y Escalona eran estudiantes secundarios se tomaron más establecimientos que los estudiantes de ahora, y hacían movilizaciones a nivel nacional. La señora MATTHEI .¿Pagó el crédito universitario, señor Senador ? El señor NAVARRO.Desafío hoy a la Oposición a que no nos hagan tener esquizofrenia; o sea, decir una cosa y hacer otra. Basta de esquizofrenia en la política, porque los jóvenes no nos creen. La masividad y simpatía nacional que su movimiento han tenido se debe, entre otras razones -en mi opinión, la más importante-, a que los partidos políticos se han mantenido lejos. No ha habido intervención política. Por eso, la movilización estudiantil creció y creció, pues es un movimiento auténtico, espontáneo y particularmente coincidente con el interés país y con el programa de la Concertación. Sin embargo, para que dicho programa se haga realidad, la Derecha debe comportarse de acuerdo con lo que dice. Yo desafío a que nos señalen qué quieren cambiar de la LOCE, porque nosotros deseamos cambiarla total y absolutamente. ¡Queremos reformar la LOCE! --(Aplausos en tribunas). El señor NAVARRO.Para eso, necesitamos hacer un debate político. Y éste tiene que ser transparente, no puede llevarse a cabo entre cuatro paredes, ni en sesiones secretas. Debe ser de cara a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos; en las Comisiones -ojalá televisado-, con participación masiva de los actores (profesores, codocentes, alcaldes, ciudadanos en general, universidades), de manera que podamos entrar al fondo del asunto. Es dable decir, entonces -y es bueno que esto se sepa-, que el financiamiento compartido instituido en 1994 (fui Diputado en 1995) fue una negociación, un chantaje. En 1994, cuando el Gobierno del Presidente Aylwin quería proseguir con los dos

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puntos porcentuales del IVA a objeto de que la Administración del Presidente Frei dispusiera de cuatro mil millones de dólares para gasto social, ¿cuál fue la negociación en el Senado? Que hubiera continuidad en los dos puntos del IVA para financiar los programas sociales, pero a cambio había que entregar el financiamiento compartido. Y lo digo, porque el Ministro de Educación don Jorge Arrate , socialista, fue quien participó en ello. Por tanto, la responsabilidad es compartida. Sin embargo, no me responsabilizo del silencio. No más negociación a espaldas de la ciudadanía sobre los temas de educación. Porque si decimos que coincidimos en que hay que efectuar cambios, ¡hagámoslo de cara a la gente! --(Aplausos en tribunas). El señor NAVARRO.En ese ámbito, cuando queramos modificar el artículo 19 de la Constitución, en sus números 10º y 11º, a fin de establecer el recurso de protección, algunos dirán que éste no servirá para resguardar el derecho a la educación, como no ha servido para preservar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No obstante, hoy día esa libertad de enseñanza tan protegida, tan salvaguardada, que ha dado tantos buenos frutos respecto de los que pueden pagar su educación -porque hay muchos liceos y colegios que sí pueden pagarla; aquí, la inmensa mayoría de los Senadores de esta bancada estudiamos en liceos con números, liceos públicos, cuando la educación al menos daba esa posibilidad-, que se defiende de manera tan taxativa, ha provocado segregación y discriminación: liceos para ricos, liceos para pobres. Y cuando uno va a un liceo marginal, de una población, de la periferia de cualquier ciudad, encuentra jóvenes pobres, apoderados pobres, profesores pobres, directores pobres, entorno pobre. Se ha segregado. Y la educación no sólo refleja la sociedad, sino también el alma y el espíritu. Ello es un deber ético. Yo he dicho que ojalá podamos concordar en que el concepto de "Honorable" tanto en Diputados como en Senadores se remplace por el de "ciudadano". Porque la honorabilidad se gana con una conducta de vida, no con una elección ni con un título universitario, ni con una chequera ni una cuenta bancaria. La honorabilidad se gana con conductas de vida. Y llamo a tener honorabilidad respecto de lo que decimos y lo que hacemos. Por tanto, ¿vamos a cambiar la municipalización? Queremos saber lo que piensa la Derecha. ¿Vamos a rectificar la LOCE? Queremos conocer la opinión de la Derecha, porque deseamos cambios estructurales, profundos. Los jóvenes hoy día se han movilizado. Ahora escuchan el debate. Han participado de esta gesta histórica, porque, sin duda como todos hemos coincidido-, este hecho quedará escrito en la historia del país. Y se registrará como un éxito si el Gobierno -mi Gobierno- es capaz de decir "los jóvenes ganaron", si es capaz de reconocer que efectivamente los estudiantes han ganado esta pelea, que han salido airosos de ella. Y hay que facilitarles que la ganen. Y ello se define en el Parlamento, no en La Moneda. Los proyectos de ley se votan acá, con las mayorías que tenemos hoy día, con sistema binominal incluido. Por lo tanto, espero que en el debate de la LOCE la Derecha explicite sus posiciones y no tenga miedo a defenderlas. El tipo de educación existente... Señor Presidente , sé que al Senador señor Espina le molesta lo que señalo, pero la verdad es que debiera causarme... La señor MATTHEI .¡Molesta la demagogia, no lo que dice...! --(Manifestaciones en tribunas). El señor NAVARRO.La verdad, señora Senadora, es que acostumbro a decir lo que pienso siempre. Y particularmente pienso... El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa! El señor NAVARRO....que la demagogia la pone la Derecha cuando va a los liceos a decirles a los jóvenes que están con ellos, y luego votarán la

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LOCE en contra. ¡Ojalá me equivoque, Senadora Matthei! La señora MATTHEI .¿Tiene bola de cristal? El señor NAVARRO.Por último, debo señalar que hay un compromiso dentro de las 36 medidas planteadas por el Gobierno de la Presidenta Bachelet . Porque en democracia estos temas no se resuelven solamente movilizándose en las calles, no se solucionan atentando contra los fundamentos del Estado, sino a través de la vía democrática y la constitución de instancias como el Parlamento. Y cuando el Gobierno envíe la iniciativa -o le dé urgencia- sobre inscripción automática y voto voluntario y posibilitemos que 2 millones de jóvenes, que se han mantenido al margen de votar, se pronuncien en las elecciones, espero que lo hagan con plena conciencia respecto de las propuestas de quienes van a elegir. Como se dijo: inscripción automática, voto voluntario y que los jóvenes decidan. Porque si hoy día no logramos cambiar la LOCE, si hoy día no ponemos fin a la municipalización, que cada cual asuma sus responsabilidades: mi Gobierno, pero también la Oposición y la Derecha, porque ésta tiene que ser coherente y terminar con la esquizofrenia de decir a los jóvenes que quiere cambiar la LOCE cuando, en definitiva, desea mantener incólume la libertad de enseñanza. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Sesión: Sesión Ordinaria N° 26 Legislatura: Legislatura número 361 Fecha: miércoles 22 de mayo de 2013

PROBIDAD EN EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA El señor NAVARRO.Señor Presidente , la que nos ocupa es una legislación necesaria, pero, a todas luces, sirve para que legítimamente los empresarios puedan estar en el Parlamento, con igualdad de derechos, del mismo modo que cualquier ciudadano. Estaba revisando la composición del Senado de los Estados Unidos: el 85 por ciento de sus integrantes son multimillonarios, quienes poseen patrimonios extraordinarios. Diversos análisis demuestran que la fortuna de esos legisladores creció un 25 por ciento en dos años, a pesar de la crisis económica, y que casi el 90 por ciento del aumento se concentra en los 50 miembros más ricos de ese Poder Legislativo . Reitero que la iniciativa en análisis es necesaria, por cuanto creo que los empresarios pueden participar en política. El proyecto que discutimos busca que haya transparencia e igualdad de condiciones para cualquier ciudadano. Porque está claro que con la legislación actual, sobre todo con la del sistema binominal -¡el perverso y maldito binominal!-, no todos cuentan con la misma posibilidad de llegar al Parlamento. Lo que hace el sistema binominal es establecer el monopolio de los partidos, y el duopolio de las coaliciones. Son las tiendas políticas las que eligen a quienes acceden al Congreso Nacional. Y a pesar de que el Ministro Larroulet transpiró para que hubiera Ley de Primarias -la denominé "Allamand-Golborne", pues pretendía resolverle el lío presidencial a la Derecha-, esta no fue aplicada por los partidos. El señor CHAHUÁN .Salvo Renovación Nacional. El señor NAVARRO.Por lo tanto, nos hallamos legislando para que quienes poseen enorme patrimonio puedan integrar el Senado o la Cámara de Diputados, despejados de todo cuestionamiento que diga relación con la poca transparencia respecto del origen de sus recursos. Así se cautela que su función en el Congreso no aumente ilegítimamente su patrimonio. En el fondo, les pedimos claridad, que declaren sus bienes. Con ese fin, hacemos una pesada ley. Por cierto, habrá quienes lleguen al Senado, a la Cámara Baja, al Poder Judicial o a la Fiscalía Nacional sin mucho patrimonio que declarar. Pese a ello, esta legislación se aplica a todos, tengan bienes en pequeña, mediana o gran proporción. Ello me parece adecuado. Pero el proyecto en análisis es insuficiente en el ámbito parlamentario. Doy lectura al artículo que nos incluye, el cual establece que la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria apercibirá a quien no haga su declaración de intereses y patrimonio para que la efectúe dentro de cierto plazo "y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa a beneficio fiscal". Señor Presidente , ¡todo se reduce multas! A quien no declare, a quien no cumpla la ley se le aplica una multa. ¡Otra vez la lógica implacable del dinero! Pagar por una infracción de tránsito, por cara que sea, no es lo mismo para un gerente general que para un conductor del transporte público que recibe un sueldo inferior a los 500 mil pesos. Por ende, las multas no constituyen un disuasivo. Los parlamentarios la pagan y punto. Es más, al Congreso llegan también quienes violan la normativa vigente al invertir en la campaña más de lo que establece la ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. De hecho, sobrepasa en diez, cien veces lo que dispone dicho cuerpo legal y se les condena -¡si es que el SERVEL los fiscaliza, porque este organismo no tiene capacidad para ello!- a pagar una multa. Y con eso obtienen el escaño. Es decir, los que han de confeccionar las leyes pueden violar la normativa en vigor y llegar igual al Parlamento. Hemos

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permitido que eso ocurra al fijar solo el pago de una multa por tal infracción. Al que tiene plata se le tolera todo. No hay ninguna sanción de carácter penal por la no declaración del patrimonio. Al entonces Diputado Zarko Luksic y a mí -yo también era parte de la Cámara Baja- nos costó años hacer que el Senado incorporara la declaración de patrimonio. Presentamos la moción pertinente y vinimos a defender la iniciativa a esta Corporación. Se rechazó aquí y tuvimos que ir a Comisión Mixta. Se les pedía a los Senadores que declararan sus intereses. Las declaraciones eran una simple hojita de papel sin detalle alguno: "Sí, tengo intereses en la minería", "Poseo acciones en el área de la madera". Logramos abrir el debate y establecer la declaración de patrimonio. Fue una discusión muy fuerte. Señor Presidente, de la lectura del proyecto de ley en examen uno piensa: "Está bien orientado, pero hay que revisarlo, pues dispone una serie de condiciones". Cabe preguntarse: ¿con esta futura legislación hubiera estado obligado el ex Ministro Golborne , candidato presidencial, a declarar sus inversiones en las islas Vírgenes? Si uno revisa el articulado propuesto, advierte que sí. Dice: "También deberán incluirse los derechos o acciones que la autoridad o funcionario declarante tenga en sociedades u otras entidades constituidas en el extranjero". Me parece positivo que todos tengan la obligación de declarar. Pero también establece: "En todo caso, la declaración deberá incluir las actividades señaladas precedentemente, realizadas durante los doce meses anteriores a la fecha de asunción en el cargo.". Y las especifica: "Actividades profesionales y económicas sean éstas remuneradas, no remuneradas, gremiales o de beneficencia". Creo que doce meses no es un lapso suficiente. Debiera abarcar un período mayor para conocer la real situación de la persona. Si no, vamos a tener, por ejemplo, gerentes generales de centrales eléctricas en el sillón del Ministro de Energía , como ha pasado ahora y en otros Gobiernos también. Actualmente, el Presidente del Directorio de ENAP , que antes fue Ministro de Energía , ocupó por 18 años la gerencia general de COPEC, su principal competidor. Como efectivamente ello no está legislado, cuando alguien deja la función pública no se aplica un período de inhabilidad para trabajar en ámbitos relacionados. En Estados Unidos se imponen dos años. En este caso, el Estado se encarga de resguardar que la información estratégica que posee un superintendente o un ministro no sea utilizada. Lo anterior se lo planteamos a varios Gobiernos de la Concertación. Pero -"no se escucha, padre"- no hubo posibilidad de que se considerara. Aquí debe incorporarse una norma que prohíba a los funcionarios que dejan la Administración del Estado trabajar en actividades vinculadas directamente con su cargo anterior, ya sea en calidad de superintendentes o de supervisores. Señor Presidente, quiero ver el proyecto de ley sobre el lobby que el Ministro nos promete. Fui el primero que presentó una propuesta legislativa en esta materia. Cuando discutimos la iniciativa en su oportunidad, planteamos que fuera la Contraloría General de la República la que velara por el cumplimiento de esa regulación. Me acuerdo que vino Enrique Correa y propuso que esa función la hiciera el Ministerio de Justicia. Y ahí nos empantanamos. Desde entonces, ha habido sucesivas reformas, pero aún no hay ley de lobby. Esta actividad es regulada en Estados Unidos, donde se mueven miles de millones de dólares por concepto de pago a los lobbistas y costos de funcionamiento. Dicho país es el único donde el lobby se encuentra reglado. Chile pasaría a ser la segunda nación del mundo donde tal actividad estaría normada. En Estados Unidos opera aquello porque la política se encuentra intrínsecamente ligada al dinero. Ya lo señalaba: los hombres más ricos de ese país copan el Senado. El que quiere ser Senador allá primero debe hacerse millonario. Afortunadamente, en Chile existe la posibilidad de llegar a la Cámara Alta sin ser millonario. Eso es algo que debiéramos resguardar. Quiero ver la ley de lobby, señor Presidente. Asimismo, debiéramos modificar lo relativo a las donaciones secretas. Ya lo dije: el que gasta más debiera perder el cargo. Esa fue la indicación que presenté cuando se acordó este asunto entre José Miguel Insulza y el entonces Diputado Longueira . Muchos de los colegas que integraban en ese momento la Cámara Baja recordarán que el Diputado Longueira señaló: "Si Navarro no retira la indicación, no hay acuerdo". El Diputado Carlos Montes , que la había suscrito, retiró su firma (¡fue más obediente que Navarro...!). La verdad es que la resistencia me duró poco, porque, sin acuerdo, se caía el financiamiento público a las campañas políticas, lo cual constituía un paso importante, por cuanto estimo que la democracia -y, por ende, la participación- debe ser financiada. Finalmente, retiramos la indicación y señalamos: "Vamos a proponer un proyecto, primero, que elimine la calidad reservada,

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anónimas o secreta de las donaciones y, segundo, que castigue con la pérdida del cargo a quien gaste más de lo que la ley establece". De lo contrario, no tiene sentido alguno la legislación. Las donaciones secretas no pueden estar excluidas del paquete legislativo integral que nos plantea el señor Ministro. Señor Presidente , el Secretario de Estado habla de un conjunto coherente de reformas sobre probidad en la función pública. Está claro que las donaciones secretas van en contra de ese principio, como quedó demostrado con el caso de la Ley de Pesca, más allá de la figura de una Diputada . Lo que se ha logrado conocer refleja la injerencia de las empresas interesadas, a través del lobby directo y de las donaciones secretas, en la actividad parlamentaria. Algo similar ocurre con las inhabilidades. Por lo tanto, debemos abordar una serie de temas, señor Ministro . Votaré a favor del proyecto que nos ocupa -anuncio que prepararé muchas indicaciones-, si efectivamente llegamos a acuerdo sobre varias otras materias, que no dicen relación con los millonarios que quieren llegar al Senado o a la Presidencia de la República . Suelen algunas leyes tener nombre y apellido. La que nos ocupa, por cierto, es una de ellas: la "Ley Piñera". Digámoslo claramente. Llegó a Presidente un empresario prestigiado que poseía una fortuna superior a los dos mil millones de dólares. Entonces se encendieron las alarmas; se pidieron resguardos, y se buscó establecer un conjunto de normas que no existían. Esta es una normativa importante, porque -reitero- a todos, sea empresario, obrero o empleado, nos asiste el derecho de llegar al Senado o a cualquier otra institución pública. Y estoy dispuesto a aprobar en general esta legislación, esperando que el Ministro nos detalle cuáles son las otras actividades que quiere incorporar. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 32 Sesión: Sesión Ordinaria N° 32 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: martes 6 de julio de 2010

PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, BIANCHI, ESCALONA, GÓMEZ, LONGUEIRA, NAVARRO, TUMA Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDA A TRABAJADORES DEL COMERCIO, QUE DEBAN LABORAR CON OCASIÓN DE FERIADOS RELATIVOS AL BICENTENARIO, EL DERECHO A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS (S 1263-12) PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES ALLAMAND, BIANCHI, ESCALONA, GÓMEZ, LONGUEIRA, NAVARRO, TUMA Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN EL ENVÍO DE UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDA A TRABAJADORES DEL COMERCIO, QUE DEBAN LABORAR CON OCASIÓN DE FERIADOS RELATIVOS AL BICENTENARIO, EL DERECHO A PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS (S 1263-12) Honorable Senado: Que, atendido el hecho de que tanto el presente Gobierno, como los anteriores, han implementado una serie de obras, actividades y medidas tendientes a destacar las fechas de conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia. Que tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron que los feriados legales de los días 18 y 19 de septiembre, los cuales este año 2010 caen en días sábado y domingo, sean complementados por dos días feriados adicionales, el viernes 17 y el lunes 20 de septiembre. Que, de acuerdo al régimen legal existente en materia laboral, en dichos feriados pueden prestar servicios a) los trabajadores sujetos a jornada general o regular, en tanto lo hagan en jornada extraordinaria; b) los que se desempeñen en labores ligadas al funcionamiento de los servicios básicos; c) los que se desempeñen en labores que por su naturaleza son de carácter continuo; d) aquellos sujetos a un sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso y, finalmente, e) los trabajadores del comercio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 Nº 7 del Código del Trabajo en concordancia con la Ley 19.973, que establece como irrenunciable el feriado del día 18 de septiembre con las excepciones que indica; Que las personas que trabajan en esos días en jornada extraordinaria, en acuerdo con su empleador, reciben por mandato legal un recargo de un 50% en sus remuneraciones; Que, los que laboran en servicios básicos y faenas continuas, dada su planificación anual, normalmente ya tienen pactados recargos por turnos en festivos y por trabajo nocturno; Que, quienes se desempeñan en jornadas excepcionales autorizadas, reciben por el trabajo en domingos y festivos, el equivalente un mes de remuneración extra en el año calendario, sumando los recargos de un 50% en las remuneraciones en los días adicionales de feriado anual, y por el trabajo en días festivos; Que en el caso de los trabajadores del sector público, ellos reciben un 50% de recargo en sus remuneraciones si deben prestar servicios en días sábados, domingos o festivos (Art. 69 Estatuto Administrativo). Que, en cambio, los trabajadores del comercio que laboran en dichos feriados en jornada ordinaria son los únicos que no reciben compensación extra alguna por sus servicios, lo cual en este caso se ve agravado por el hecho de tratarse de fechas emblemáticas del próximo Bicentenario, en el que se espera, más aún un incremento sustantivo de las ventas y ganancias de los empleadores en este sector. Más aún, cuando un trabajador del comercio tiene acumulado en una semana el derecho a dos o más días de descanso por haber trabajado en festivos las semanas anteriores, la propia ley previene que se puede pactar el pago de dichos días con

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recargo de un 50% en caso de que el empleador requiera que su dependiente no se tome tales descansos, posibilidad contenida en el inciso quinto del artículo 38 del Código del Trabajo; Que, en razón de todo lo anterior, se han formulado propuestas en orden a consecuentes con lo anterior, en orden a legislar que para las remuneraciones de los dependientes del comercio que presten servicios en los festivos del 17, 19 y 20 de septiembre de 2010, no podrán ser inferiores a la prevista en el artículo 32 del Código del Trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 38 del mismo Código. Este Senado acuerda lo siguiente: Oficiar a S.E. el Presidente de la República, a fin de envíe un proyecto de ley, en orden a establecer que los trabajadores del comercio que presten servicios en jornada ordinaria en los días antes señalados tendrán derecho a que sus remuneraciones por dichos días se recarguen en un 50% sobre su valor ordinario. (Fdo.): Andrés Allamand Zavala, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Pablo Longueira Montes, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.-

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Diario de Sesión: Sesión ordinaria N° 66 del 2014-11-25, legislatura 362 Sesión: Sesión ordinaria N° 66 del 2014-11-25, legislatura 362 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: martes 25 de noviembre de 2014

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015 El señor NAVARRO.- Señora Presidenta , estamos iniciando el debate del proyecto de Ley de Presupuestos, la normativa más importante que puede haber cada año en el Congreso Nacional, pues es la que fija el Presupuesto de la nación. No fue parte de los acuerdos. Por eso el señor Secretario no dio cuenta de ello. Pero es bueno señalar que no contamos en la Sala con la presencia del Ministro de Hacienda. También hay que hacer presente el impasse que se ha explicitado en los Comités en el sentido de no autorizar, por una parte, la incorporación de las indicaciones que llegaron con unos minutos de retraso a la Mesa, y por otra, el ingreso a la Sala del Director de Presupuestos y sus asesores. En ambos casos se quiebra el fair play que ha habido permanentemente en los últimos veinte años en que yo he participado en este Congreso. Claramente, esta es la instancia para debatir el Presupuesto. Por tanto, las indicaciones son parte del ejercicio democrático y del derecho de cada parlamentario a hacer presente su observación al Presupuesto. Si no, estamos en presencia de la monarquía presidencial absoluta. Es decir, aquí llega un Presupuesto inalterable. Las indicaciones son para aquello. Lamento profundamente que no haya existido consenso para que ingresaran las indicaciones. Ello, a fin de llevar adelante una discusión representando fielmente los intereses de los múltiples sectores ciudadanos que están viendo este debate y se hallan interesados no solo en lo que el Ejecutivo mandó, sino también en aquellos aspectos en que el Congreso puede innovar, es decir, en lo que el Parlamento puede aportar a la discusión del Presupuesto. Lamento, además, que en una decisión inédita la Oposición no haya autorizado la entrada a la Sala del Director de Presupuestos. O sea, no tenemos contraparte. ¿Con quién vamos a discutir este Presupuesto? El señor ALLAMAND .- ¡Con el Ministro ! El señor MOREIRA .- ¡Con nosotros! El señor NAVARRO.- ¿Con quién lo vamos a discutir? El Director de Presupuestos , quien elabora el Presupuesto de la nación, no fue autorizado por la Oposición, en una legítima opción de esta. Eso es ser Oposición. Yo no lo cuestiono. Por el contrario, creo que están usando sus facultades de ser Oposición y se encuentran ejerciendo un derecho reglamentario. Por lo tanto, no hay una observación, sino más bien un alcance político. El señor LARRAÍN .- ¡Llegó el Ministro ! El señor NAVARRO.- Señora Presidenta , pido que la Oposición y también las bancadas de la Nueva Mayoría -me asiste el derecho de solicitarlo- reconsideren ambas decisiones: que se puedan incorporar las indicaciones (pues tanto parlamentarios de la Alianza como de Gobierno quedamos con indicaciones sin ingresar) y que se permita la entrada a lo menos del señor Director de Presupuestos . He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 36 Sesión: Sesión Ordinaria N° 36 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 359 Fecha: miércoles 20 de julio de 2011

AUMENTO DE PLAZAS EN GRADO DE CONTRAALMIRANTE. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , con mucho orgullo represento en el Senado a la Circunscripción 12ª, que incluye a la zona naval de Talcahuano, donde está ASMAR. "Talcahuano y la Armada, un solo corazón" es la consigna de ese puerto. Y, en verdad, toda decisión que se tome sobre la Armada, necesariamente, tiene que generar un debate. Hemos planteado que los desafíos de ASMAR son extraordinarios desde California hasta el Cabo de Hornos, y que la Armada debe propiciar, cada día, que esa empresa -con una modalidad única- disponga de una adecuada administración. Y sostenemos que, en este contexto, todas las responsabilidades de la Armada de Chile, entre ellas la de administrar ASMAR, merecen una discusión parlamentaria. Como el proyecto de ley se refiere a la letra A del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales y el único lugar donde se construyen naves es en ASMAR Talcahuano, me habría gustado saber cuál será la destinación de los oficiales en esta ampliación de plazas. Por otra parte, espero que ellos estén en servicio activo. Porque en ASMAR Talcahuano hay un gran debate. Muchos oficiales en retiro -según me han comentado los dirigentes de los trabajadores-, en repetidas oportunidades, asumen cargos gerenciales y reciben un segundo ingreso. Sin embargo, la empresa constantemente plantea que va a reducir los costos. A mi juicio, esta es una materia cuya discusión está instalada, y ya se la hemos representado al Ministro de Defensa Nacional, señor Allamand, y a anteriores Secretarios de Estado de la misma Cartera. Por lo tanto, si se amplía el Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales es para que estén dispuestos a realizar funciones en ASMAR -según se desprende-, porque allí se ejecuta ingeniería naval. Puede ser de proyectos, de ejecución y también de guerra; no sé. Sin embargo, me hubiera gustado tener, primero, un informe más acabado respecto del aumento de plazas en el grado de Contraalmirante y que el señor Ministro de Defensa hubiese estado presente en esta sesión. Señor Presidente , al respecto, quiero precisar que durante los Gobiernos de la Concertación -el Senador Prokurica lo sabe muy bien-, cuando los Ministros no concurrían al debate de los proyectos, se hacían enormes críticas por su ausencia. El señor PROKURICA .- ¡Pero el Ministro de Defensa vino! El señor NAVARRO.- ¿Estuvo en la Sala? El señor PROKURICA.- Sí, pero se fue a la Comisión de Hacienda. El señor NAVARRO.- No lo vi. Si no, me habría acercado a él inmediatamente. No supe que el señor Allamand hubiese estado presente. Me habría gustado conversar con él. El Parlamento es un poder colegislador. Si durante la discusión de este proyecto de la Cartera de Defensa me surge una duda -yo integro las Comisiones de Educación y de Medio Ambiente y no tengo por qué dominar todas las materias-, y si se requiriera mi voto, necesito contar con la información necesaria. Por lo tanto, aquí disponemos de los antecedentes entregados por los Senadores integrantes del órgano técnico, pero también requerimos la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional , como exigía la Oposición durante los Gobiernos de la Concertación de manera rotunda, a veces, agresiva y odiosa, la presencia de los Secretarios de Estado. Sin embargo, ellos vienen ahora al Senado de paseo; entran a la Sala y se van. Y, como en esta ocasión, no se quedan. Entonces, ¡otra cosa es con guitarra!, ¡otra cosa es gobernar!

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Entendemos que no es bueno que los Ministros se peguen un plantón de toda una tarde cuando se tratan proyectos que tal vez no necesitan su presencia. Y, quizás, el que nos ocupa sea uno de ellos. Solicito a los miembros de la Comisión de Defensa Nacional que están pidiendo nuestros votos favorables que nos informen dónde la institución va a insertar a los nuevos oficiales después de este aumento de plazas en el grado de Contraalmirante. ¿En ASMAR? ¿En una tarea específica en la Armada? Estoy dispuesto a votar a favor, porque tengo una relación de cercanía, de cariño, con la Armada de Chile. Y en el caso de Talcahuano, queremos apoyar su desarrollo y, en particular, el de ASMAR para convertirlo en el astillero más grande de Sudamérica. Y si esto contribuye a que lo sea, me hubiera gustado acogerla favorablemente, porque hace posible alcanzar ese objetivo. Pero también requiero información sobre el concepto global de ampliación de planta, de manera que la señal no sea únicamente la incorporación de más marinos a ASMAR, sino que haya cierta acción estratégica, aunque dicho proceso exista y ASMAR lo haya presentado. Acompañé al Ministro de Defensa en su primera visita a Talcahuano, cuando hubo una exposición completa sobre el desarrollo de ASMAR. En esa oportunidad, él se comprometió -tiene mucha capacidad para hacerlo- a apoyar de manera decidida ese proyecto. Solo me hubiera gustado contar hoy día con más información al momento de votar. Sin embargo, voy a hacer confianza en los señores Senadores de la Comisión de Defensa Nacional y apoyaré la iniciativa de ley. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! ¡Nueva Constitución ahora!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 50 Sesión: Sesión Ordinaria N° 50 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 8 de septiembre de 2010

DECLARACIÓN DE 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 COMO FERIADOS OBLIGATORIOS E IRRENUNCIABLES PARA TRABAJADORES DEL COMERCIO El señor NAVARRO.Señor Presidente , nosotros pensábamos que íbamos a tener un Ejecutivo proactivo. Y como no lo es, deben pagar el costo las bancadas de la Oposición. Ese es el precio de ser Gobierno, Y hoy lo asumió el Senador Allamand. Yo entiendo que las bancas oficialistas deben cumplir su rol. Pero todo tiene un límite. Dicen que este proyecto perjudicará a los pobres; dañará a los pequeños empresarios, y, en definitiva, afectará los intereses del país. El colega Longueira nos acusa de estar haciendo demagogia porque deseamos darles un día más de descanso a los trabajadores. ¡Un mísero día en 200 años (no en 20 años como dicen algunos Senadores)! Cada vez que debatimos una materia económica, los que gustan de la globalización, del libremercadismo, nos señalan entre los países emprendedores y nos ponen a la par de naciones de Europa, de Oceanía. Pero sucede que allá se trabaja 35 horas semanales. Y quien visita alguna de ellas puede observar que los domingos todo el comercio se halla cerrado, pues ese día no se trabaja. La señora MATTHEI .¿Y China...? El señor NAVARRO.China es otro ejemplo. Entonces, uno reflexiona. Porque felicitamos a los países de Europa por su desarrollo económico; por su economía social; porque en ellos hay una jornada de 35 horas semanales, los trabajadores se desarrollan con mayor igualdad y, por ende, las diferencias remuneracionales son menores y los derechos laborales se hallan protegidos. Pero cuando en Chile pretendemos mayor equidad, se nos señala que aquí se trabaja poco, en circunstancias de que está demostrado que somos uno de los países del mundo con más horas laborales semanales acumuladas. Considero, pues, que este debate es un poco surrealista. Seguramente, en 20, 30 ó 50 años más -ojalá sean menos- se dirá: "¡Cómo el Senado pudo gastar dos días para discutir si se les otorgaba o no un día más de feriado a los trabajadores!". Recuerdo que en esta misma Cámara, allá por 1920, cuando se debatía la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, algunos partidos señalaban que los campos iban a quedar desiertos si los pobres debían terminar el sexto básico. "¡No habrá quién los trabaje!", decían. Y se oponían a que se aprobara ese nivel de educación. Son las visiones contemporáneas de gente con una mirada bastante limitada, señor Presidente. Pues bien, espero que en el futuro se diga: "El Senado debatió y, después de la discusión, dio paso al entendimiento de que el trabajo no lo es todo y de que hay trabajar para vivir y no vivir para trabajar". Entonces, planteado el debate, debemos hacernos cargo de la necesidad de innovar. Y si tal es el punto de partida para que el Gobierno actúe anticipadamente frente a estas materias y mantenga en el tiempo todo lo que ha ofrecido hoy a los efectos de consagrar mejoras para los trabajadores, bienvenido. Yo, por cierto, voy a sostener mi rechazo a un solo día feriado. Estoy porque se otorguen el 19 y el 20, con la salvedad -y se lo he comentado a los Diputados- de las panaderías, cuyos representantes han manifestado inquietud al respecto. Creo que los expendios pequeños podrán producir y vender pan. Me habría gustado presentar una indicación sobre el

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particular. Sin embargo, dicen que no hay tiempo. No quiero, pues, retrasar el despacho de la iniciativa pertinente, porque podríamos agotar un plazo parlamentario que es estrecho y con ello abrir la posibilidad de que la iniciativa se caiga. Creo además, señor Presidente , que hay que hacerle modificaciones profundas a nuestra legislación laboral. Se requieren reformas de verdad revolucionarios, como lo han expresado el Ministro Lavín y el propio Presidente Piñera . Algunos se asustan. Pero Chile -reitero- necesita cambios revolucionarios en materia laboral para ponernos al día, particularmente en una ecuación muy simple: cuando se trabaja más, se gana más. Esa es la negociación colectiva, a la cual accede hoy solo el 6 por ciento de los trabajadores. Wal-Mart, Lider, las grandes cadenas aplastan a sus empleados: les crean sindicatos paralelos y, en definitiva, persiguen a los existentes para destruirlos. Hoy día hay más sindicatos, pero de mucho menor peso, porque se ha diseñado una legislación para ello. En mi caso, intentaron sacarme del Senado por marchar con los trabajadores en una protesta nacional contra el modelo económico. Fui al Tribunal Constitucional. Y Ségolène Royal , a la sazón candidata a la Presidencia de Francia , me decía: "¡No logro comprender cómo en Chile se pretende destituir a un Senador por marchar con los trabajadores!". En Europa, a los parlamentarios que no están con los trabajadores los saca de sus cargos la ciudadanía. En tal sentido, señor Presidente, voto a favor de la irrenunciabilidad de los feriados del 19 y 20 de septiembre. ¡Patagonia sin represas!

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°91 Sesión: Sesión Extraordinaria N°91 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: martes 27 de enero de 2015

PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y GIRARDI, SEÑORAS ALLENDE, GOIC, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTIN, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, BIANCHI, COLOMA, DE URRESTI, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, HARBOE, HORVATH, LAGOS, LARRAÍN, LETELIER, MATTA, MONTES, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, TUMA, WALKER, DON IGNACIO, WALKER, DON PATRICIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE REMITA UNA INICIATIVA DE LEY CON EL FIN DE CREAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (S 1.799-12) PROYECTO DE ACUERDO, DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y GIRARDI, SEÑORAS ALLENDE, GOIC, MUÑOZ, PÉREZ SAN MARTIN, VAN RYSSELBERGHE Y VON BAER Y SEÑORES ALLAMAND, ARAYA, BIANCHI, COLOMA, DE URRESTI, GARCÍA-HUIDOBRO, GUILLIER, HARBOE, HORVATH, LAGOS, LARRAÍN, LETELIER, MATTA, MONTES, MOREIRA, NAVARRO, ORPIS, OSSANDÓN, PÉREZ VARELA, PIZARRO, PROKURICA, QUINTANA, QUINTEROS, ROSSI, TUMA, WALKER, DON IGNACIO, WALKER, DON PATRICIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SOLICITAN A SU EXCELENCIA LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE REMITA UNA INICIATIVA DE LEY CON EL FIN DE CREAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (S 1.799-12) Considerando: 1º.- Que recientemente ha concluido exitosamente el Cuarto Congreso de Futuro, organizado por esta Corporación, durante cuyo desarrollo se tuvo el honor de contar con la participación de S.E., la Presidenta de la República. 2º.- Que durante la realización de este evento, algunas intervenciones de los participantes evidenciaron el anhelo que por largos años ha venido expresando tanto el mundo académico, organizaciones civiles y parte importante del sector político, en el sentido de contar con una nueva institucionalidad científica, lo que se vio reflejado en las palabras inaugurales de la Sra. Presidenta del Senado, al manifestar que “una institucionalidad adecuada hará posible el encuentro entre el saber y el desarrollo de Chile”. 3º.- Que en este mismo sentido, en el mes de diciembre recién pasado, se envió una misiva a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, en la que se señaló: “Existe claridad respecto a que debe surgir una institucionalidad nueva, que responda a una estrategia de Estado de largo plazo a favor del aumento del conocimiento avanzado”. 4º.- Que en este orden de ideas, es necesario plantear por qué se busca, tanto desde el mundo de la ciencia como de la política, tener una institucionalidad nueva, coherente y coordinadora. Porque es necesario contar con una entidad que defienda políticas pro investigación, desarrollo e innovación; pero que también rinda cuentas a la sociedad. Una institucionalidad de este tenor sería una señal potente y decidida para un país que considera estas disciplinas como motor central del progreso de la nación. 5º.- Que resulta indudable que nuestro país requiere con urgencia de una “Política de Ciencias” para no repetir la lamentable historia del salitre. Se hace necesario aprovechar la ventana de recursos naturales para desarrollar una especialización inteligente de Chile con una sociedad y economía centrada en la educación y la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología. 6º.- Que para dicho propósito se necesita elaborar un proyecto-país desde los territorios, promoviendo bajo el principio de participación, un consenso local, construido desde abajo hacia arriba, que aúne conocimientos científicos, sociales, políticos y culturales, identificando la vocación de uso de los territorios, definiendo las estrategias necesarias para que a través de la ciencia, la educación y la institucionalidad se concrete el desarrollo endógeno de los territorios.

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7º.- Que para construir esta herramienta se requiere una política de ciencia que no esté encasillada sectorialmente, sino que se potencie y desenvuelva en todos los ámbitos de la sociedad, que ponga énfasis en la educación, desde su nivel básico, en el desarrollo de sus capacidades de creación e innovación y que habilite a los chilenos a integrarse a los desafíos del siglo XXI, colaborando en la democratización del conocimiento científico, la innovación y la tecnología para lograr una gobernabilidad inclusiva y equitativa del futuro. 8º.- Que la realidad del actual escenario en ciencia y tecnología demuestra que Chile destina el solo 0,35 % del PIB en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). La participación privada es muy baja e inferior a lo observado en países desarrollados. Los parámetros de la OCDE recomiendan que sus países miembros destinen por lo menos el 1 % del PIB a este propósito, y el promedio de su esfuerzo alcanza el 2,3 %. 9º.- Que tanto el mundo universitario, como la Academia de Ciencias, organizaciones ciudadanas y los miembros de este Senado han manifestado que no es posible seguir aplazando una política de Estado que dignifique el rol de la investigación científica -social y exacta-, la tecnología y la innovación para el desarrollo del país. 10º.- Que no habrá posibilidad alguna de que Chile alcance niveles de desarrollo si no se decide hoy un cambio estratégico que implique: 1) Una nueva institucionalidad científica, materializado a través de un Ministerio de ciencia y Tecnología, que unifique, coordine, implemente políticas públicas y defienda en el gabinete la inclusión de la ciencia en todos los sectores. 2) Un aumento por parte del Gobierno al Presupuesto en Ciencia y Tecnología de, a lo menos, un 1 % del PIB al año 2018. 11º.- Que valoramos el reciente decreto presidencial que restituye la condición de Consejo Asesor de la Presidencia, a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONYCIT), que constituye una importante noticia que ha sido largamente esperada por la comunidad científica, porque vuelve a posicionar a la ciencia chilena en la ruta del progreso, lo que concita nuestro resuelto apoyo para avanzar en las iniciativas que doten a Chile de una política de Estado permanente para el fortalecimiento de las ciencias, el desarrollo tecnológico y la investigación. 12º.- Que consecuente con lo anteriormente expuesto, venimos en reiterar la petición contenida en el Proyecto de Acuerdo Nº 1685-12, aprobado unánimemente en este Senado el 18 de noviembre de 2014, en el sentido de solicitar el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que disponga la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para los efectos de permitir un desarrollo institucional adecuado en estas materias y, de esta forma, acercar estas ramas del conocimiento a los habitantes de nuestro país. Por las consideraciones anteriormente expuestas, EL SENADO DE LA REPÚBLICA ACUERDA: Solicitar a S.E., la Presidenta de la República, el envío de un proyecto de ley a este Congreso Nacional, que disponga la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de permitir un desarrollo institucional adecuado en estas materias y, de esta forma, acercar estas ramas del conocimiento a los habitantes de nuestro país. (Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Adriana Muñoz D’Albora, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Jacqueline van Rysselberghe, Senadora.- Ena von Baer Jahn, Senadora.- Andrés Allamand Zavala, Senador.- Pedro Araya Guerrero, Senador.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Alfonso de Urresti Longton, Senador.- Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Senador.- Alejandro Guillier Álvarez, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Antonio Horvath Kiss, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Carlos Montes Cisternas, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.- Víctor Pérez Varela, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 36 Sesión: Sesión Ordinaria N° 36 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: miércoles 18 de julio de 2012

REAJUSTE DE MONTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL. VETO El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley que se discute desde las alturas. Yo le quiero preguntar al Ministro y a los miembros de la Comisión de Hacienda: ¿Dónde estuvieron los trabajadores? ¿Escuchó la Comisión la voz del pueblo? ¡Esta iniciativa se ha hecho desde la altura, desde la opulencia, desde la distancia! ¡Y no me cabe ninguna duda de que el Presidente Piñera va a seguir cayendo en las encuestas, en las que ha registrado entre 57 y 64 por ciento de desaprobación! Se nos argumenta lo peor: que esto se hace para proteger el empleo. O sea, el mensaje que le estamos dando a toda la clase trabajadora es, por un lado: "Si tú produces más, pide un aumento de sueldo", y por otro: "Si pides un aumento de sueldo, te pueden despedir". Claramente, el Ejecutivo no se atrevió a subir más el sueldo mínimo para evitar el desempleo. Y aquí la Derecha nos dice que si los trabajadores ganan más, pueden ser despedidos. El mensaje es brutal para quienes trabajan más y legítimamente aspiran a ganar más. Pero les decimos: "¡No, no pidan aumento de sueldo!". ¡Es un mensaje de extorsión, de chantaje! ¡Yo califico este proyecto de reajuste del ingreso mínimo como un chantaje cuando se argumenta que un mayor monto producirá la caída del empleo! Se dice que se trata de apoyar a los trabajadores, pero la idea es generar mayor igualdad. Y se hace uso del veto. O sea, esta monarquía presidencial, por cierto, usa el veto. Y la Derecha, también. El veto es un mecanismo que existe desde la Constitución de 1833 y continuó en la de 1925 y en la de 1980. Se ha utilizado 73 veces: Aylwin, 12; Frei Ruiz-Tagle, 24; Lagos, 14; Bachelet, 15, y Piñera, hasta ahora, 8. ¡El veto presidencial se ha usado como un elemento para doblegar la facultad popular! Y entonces, cuando el Senador Novoa -por su intermedio, señor Presidente - alaba la política económica de la Concertación, yo me empiezo a preocupar. Porque, evidentemente, en Chile tenemos un problema estructural. ¡Cuando cuatro familias, según la OCDE, acaparan el 47 por ciento de todo lo que la Bolsa chilena ofrece, estamos con un problema estructural! Con este veto se cierra un ciclo: el presidencialismo extremo, la monarquía presidencial. Y, al final del día, esta Derecha y este Gobierno ponen de rodillas no solo a millones de trabajadores, sino también al Senado y al Congreso en general, que no tienen facultad alguna para poder interpretar el sentir popular, para poder interpretar con nitidez lo que los trabajadores quieren. Hemos asistido a una obra griega: El ineluctable destino. ¡Todo el debate es un drama, una gran obra de teatro! Porque si en definitiva hoy se aprueba este proyecto ratón, ¡qué validez tenía, entonces, discutirlo durante 3 o 4 días si finalmente vendría el veto presidencial y sabíamos a todas luces que se iba a aprobar igual! ¿Para qué ese desgaste político? ¿Por 500 pesos, 200 pesos, 2 mil pesos, 3 kilos de pan más al mes? ¿Ese es el debate que hacíamos: cuántos kilos de pan más se podían comprar al mes? ¡Esto es una burla! ¡Esto sí implica pisotear la dignidad de la gente, de los trabajadores y también del Senado! ¡No significa pisotear la dignidad del Senado el hecho de que los trabajadores, en un debate, le den la espalda a la Derecha! No fuimos capaces de respetar que los trabajadores le dieran la espalda, de manera pacífica, a la Derecha, sin reprimirlos con

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las fuerzas especiales. Siento que la Constitución del 80 se ha agotado; esta Constitución agonizante del 80; esta Constitución nauseabunda, maloliente, que, en definitiva, no contempla instrumento alguno para que la gente pueda expresarse. Y me asiste la convicción de que en un próximo debate sobre el salario mínimo, si los trabajadores quieren subir el monto y llegar a 250 mil pesos, no tienen que confiar en el Senado, no tienen que confiar en el Congreso, sino organizarse y movilizarse. Esa es la fórmula que, en último término, a quienes queremos ser electos el año entrante, nos obliga a defender los intereses de la gente: organización y movilización. Aquí, señor Presidente, hay una Constitución que debe morir porque ha colapsado el sistema. Yo sostengo que se agotó el sistema neoliberal. Porque -y este es un emplazamiento a los colegas de la Derecha-, ¿permite distribuir la riqueza? ¡La crea, pero no la distribuye! Y ahí están las familias, absolutamente endeudadas. Como dice el Banco Central en su informe del 2010, las familias chilenas se hallan endeudadas, en promedio, en 10 millones de pesos. Cada compatriota destina el 52 por ciento de su ingreso líquido a pagar las cuotas de su deuda. Ello demuestra, por tanto, el agotamiento, no de la capacidad de diálogo del Gobierno, no de la capacidad del Ministro, sino del modelo económico. Algunos pueden sonreír, pero yo les digo: ¿vamos a convencer a alguien de que se puede mejorar, incluso por la Izquierda, la situación de los trabajadores con este modelo neoliberal de acumulación de riqueza? Había 27 AFP; hoy día hay 6. Y lo mismo ocurre con los bancos, las farmacias, los supermercados. ¡Ahí está la concentración! En Chile hay cuatro multimillonarios: Piñera posee 2 mil 400 millones de dólares; Matte , 10 mil 400; Horst Paulmann , 10 mil 500; Luksic , 19 mil 200. O sea, estas cuatro personas reúnen el ingreso anual del 80 por ciento, no de los trabajadores, sino de la población del país. Y aquí, señor Presidente , este proyecto de reajuste del salario mínimo se discute sin los trabajadores, a quienes se les niega la posibilidad de participar. Y eso sí es una falta de respeto. Ojalá en nuestro país existiera el referéndum revocatorio, porque es un instrumento de control, una suerte de contraloría social para los elegidos por voluntad popular. Ojalá tuviéramos plebiscito vinculante. Ojalá tuviéramos voto de los chilenos en el exterior. Ojalá tuviéramos elección directa de los intendentes. Ojalá tuviéramos indígenas en este Parlamento. Ojalá tuviéramos un Defensor del Pueblo . Ojalá tuviéramos iniciativa popular de ley. Ojalá tuviéramos prensa de Oposición, para enfrentar el debate político. Porque, ¿qué ha hecho un diario de Gobierno? El ex Presidente Frei se reunió en su casa con el Ministro de Hacienda . ¿Y qué dijo "La Tercera"? "La Oposición está dividida frente al sueldo mínimo". ¿Estaba dividida la Oposición? ¿Cómo le podemos replicar desde nuestro sector si no tenemos ni un solo periódico, ni un solo canal de televisión para discutir de verdad sobre política? Considero que esta situación se agota. Deberíamos establecer el mapa de la extrema riqueza. Porque unos pocos han crecido y se han enriquecido. Se enriquecieron, por cierto, durante los Gobiernos de la Concertación. Pero hoy esto se ha extremado a la barbarie de la explotación. Señor Presidente , se nos ha dicho de manera permanente que podemos mejorar el salario mínimo si hay crecimiento económico. Y la verdad es que no me explico por qué ello no ocurre si estamos con pleno empleo. ¡Eso es lo que le escucho al Ministro de Hacienda ! Y aquí afirman: "Hoy día los empresarios salen a buscar a los trabajadores, no como antes, en que los trabajadores buscaban al empresario para solicitarle un puesto". Entonces, ¿cuándo llega la posibilidad de distribuir? ¿Cuándo "pelamos bien el chancho"? ¿Cuándo será factible tener,

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realmente, una adecuada distribución del ingreso? Un gerente general gana 102 veces más que un trabajador que percibe el sueldo mínimo. Y el 5 por ciento más rico gana 832 veces más que el 5 por ciento más pobre. Señor Presidente, este sistema no da para más. Yo hago un llamado a la Oposición: ¿Cuándo discutimos el modelo? Por supuesto, no vamos a ir al socialismo, como algunos quisiéramos. El señor GARCÍA-HUIDOBRO .- ¡Al modelo venezolano...! El señor NAVARRO.- Pero este modelo neoliberal, este modelo capitalista, esta Constitución Política nauseabunda y agonizante tienen que cambiar. Pregunto: ¿es ratón el proyecto? Es ratón. ¿Es indigno? Es indigno. ¿Es miserable? Es miserable. ¿Es mezquino? Es mezquino. ¿Por qué debemos apoyarlo, entonces, si hemos venido rechazando constantemente el salario mínimo que se propone? Tengo la convicción profunda de que este mismo debate lo vamos a realizar el próximo año, en plena campaña presidencial. Y espero que los trabajadores tengan la capacidad de discernir respecto al fondo del problema, que no lo constituyen las canastas familiares, las prebendas ni el dinero que pone el Gobierno de turno, sino un hecho concreto: este es un modelo que se agota, que no distribuye y que va a crear efervescencia y movilización social. Yo no estoy disponible, señor Presidente , desde la Izquierda, para seguir avalando ese modelo. Lo criticaremos e intentaremos cambiarlo. Vamos a discutir cómo lo podemos cambiar, con la ciudadanía y en democracia, no por la vía de las armas. Porque así se hacen los cambios. Y espero que, a poco andar, los Ministros señores Laurence Golborne y Andrés Allamand , tal como lo hizo la Presidenta Bachelet , que renunció a la Cartera de Defensa 15 meses antes de la elección presidencial, salgan del calorcito de sus Ministerios y entren a la política real. A mí me gustaría preguntarles cuál es su opinión sobre el sueldo mínimo. Porque este Gobierno, definitivamente, va de salida. Señor Presidente , voto con rabia, voto con pena, voto con decepción, voto "no" a este reajuste ratón del sueldo mínimo. ¡Nueva Constitución ahora! ¡Patagonia sin represas! He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Especial N° 16 Sesión: Sesión Especial N° 16 Legislatura: Legislatura número 361 Fecha: miércoles 17 de abril de 2013

ORDEN DEL DÍA

El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el Ministro Beyer dijo que esta acusación muestra la peor cara de la política y, además, nos trató de "politiqueros", o sea, de ser intrigantes, de recurrir a bajezas, de incurrir en actos perniciosos. Señor Ministro -lo señalo por intermedio de la Mesa-, usted está en el Senado. Esta Cámara fue elegida democráticamente, popularmente. Aquí hay expresión de la soberanía. Señor Ministro, si quiere que lo respeten, parta por respetar a este Senado. ¡Aquí no hay politiqueros! Aquí estamos ejerciendo una función que nos asigna la propia Constitución, a la que ustedes apelan. A mí no me gusta: la quiero cambiar. Y en esta Sala usted se halla rodeado de políticos. Ahí está el Ministro Chadwick : ¡Chacarillas, antorchas...! Ahí está el Ministro Larroulet . Ahí está el Ministro de la Cultura. Ahí está la Ministra Cecilia Pérez , quien dice que Bachelet es una pesadilla. El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, diríjase a la Mesa. El señor NAVARRO.- Está rodeado de políticos. Y no sé qué función cumplen aquí. Podría acudir a argumentos rebuscados, como los del Senador Coloma. Pero la verdad es que no sé qué rol cumplen los Ministros que se encuentran en la Sala en este momento. Porque no tienen derecho a hablar. Solo están mirando. Son observadores: ¡los observadores del Ministro Beyer! En ninguna parte de la Constitución hay alguna norma que les permita a los demás ministros pasar el día completo custodiando al Ministro Beyer . En este Hemiciclo nadie va a agredirlo: ¡aquí venimos a debatir! Señor Presidente , los ministros vienen repoco a la Sala del Senado. Lo sabemos quienes llevamos siete o más años en la Cámara Alta: los colegas Espina , Coloma , etcétera. Mientras eran Oposición, los Senadores de Derecha criticaban brutalmente cuando no asistían los ministros. Cuando hay que discutir proyectos de ley importantes, los ministros no están. Hoy día concurrieron casi todos. Ahí veo al Ministro Pérez Mackenna ; acaba de llegar Longueira , quien también criticaba duramente cuando los ministros de la Concertación no venían. ¡Ocho ministros en la Sala del Senado! ¿Qué rol constitucional cumplen? ¡Ninguno! La señora RINCÓN.- ¿Y los que no son ministros? El señor NAVARRO.- Está claro: ¡no van a ser candidatos...!

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Señor Presidente , con toda consideración, le digo al Ministro Beyer que si quiere ser respetado también respete. He escuchado a los Senadores Coloma, Espina, Carlos Larraín, Hernán Larraín, quienes nos plantean que estamos juzgando a un inocente. A decir verdad, la intervención del colega Coloma me emocionó casi hasta las lágrimas. Pues bien, cuando se acusó a Yasna Provoste Campillay , en las bancadas de enfrente, las de la Derecha, no hubo piedad. Los argumentos fueron terribles. Y yo defendí a la Ministra en su oportunidad (mi intervención está en mi página web). Aquí, señor Presidente , la Derecha hace una invocación a la ética. Pero hablemos con franqueza: esto no es un tribunal; no es un jurado; aquí no existen jueces. ¿Hay en esta Sala un Senador imparcial? ¿Acaso la Derecha se abre, por ejemplo, a que el Senador Navarro la convenza? ¿Entraron a esta Sala pensando que podían ser convencidos? ¡Todos ingresaron con la decisión de votar en contra ya tomada! Y lo mismo la Oposición: ¡todos con la decisión de votar a favor! ¡Eso espero...! Aquí -insisto- no hay ningún juez imparcial: todos son parciales. Este no es un juicio como los que se ventilan en la Corte Suprema: en esta Sala no hay ningún supremo. Este es un juicio político. A decir verdad, aquí escuchamos argumentos ad hóminem. O sea, dicen que el señor Beyer es talentoso; tiene buena calidad moral; es un servidor público; es un buen padre, un buen académico, un buen hombre, un buen amigo. Pero sucede que lo estamos juzgando como Ministro de Estado , no como amigo, no como amigo del Presidente que lo nombró. El Ministro se halla en esta Sala para dar cuenta de sus responsabilidades políticas. Fue designado por el Presidente de la República: está bien. En este Hemiciclo en ningún caso se halla en juego la honorabilidad del señor Beyer : están en juego su condición de ministro y su responsabilidad política. ¡Háganse cargo de la responsabilidad política! En La estrella y el arco iris, Allamand dice que hay que asumir las responsabilidades políticas. Allamand y la ex Diputada Marcela Cubillos sostienen que la acusación contra la Ministra Provoste fue ¡el hito principal del desalojo! ¡El ex Ministro Allamand , el ex Senador Allamand, el ex Diputado Allamand expresa que el desalojo comenzó sacando a Yasna Provoste! El juicio seguido contra Yasna Provoste fue igualmente político, hecho reconocido por el precandidato presidencial Andrés Allamand , de quien tengo la mejor opinión. ¡Es uno de los pocos de la Derecha que siempre hablan con la verdad! Señor Presidente , tras ingresar al Senado, presenté un proyecto para sacar el concepto de "Honorables" que se nos asigna de manera gratuita. Y propuse que se nos dijera "Ciudadano Senador", no "Honorable Senador". ¿Sabe por qué? Porque la honorabilidad no se gana con una elección, no se gana con una designación como ministro , no se gana con una buena cuenta bancaria, no se gana con un buen título universitario: se gana con una conducta de vida. Por tanto, señor Ministro , aquí no estamos juzgando su honorabilidad, sino su responsabilidad política. De la honorabilidad del Ministro tendrán que hablar sus amigos, o bien, ella deberá ponerse de manifiesto, por ejemplo, en un juicio ante los tribunales. La Derecha, señor Presidente, se pisa la cola con esta Constitución nauseabunda; con esta Constitución de Pinochet, que lleva la firma de Lagos y que todos queremos cambiar. Yo los desafío a aprobar una nueva Carta Fundamental. Pero no vengan a decir "Vamos a modificarla para que no sean cinco

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años de inhabilidad, sino un año o seis meses". ¡Cambiemos la Constitución! Esta Constitución no representa a nadie: es la Constitución de Pinochet; es la Constitución autoritaria, del presidencialismo monárquico. Hay que cambiar esta Carta para que la gente pueda participar de verdad: plebiscito vinculante, intendentes electos. Entonces, la Derecha no puede venir a llorar por un Texto Fundamental que ellos mismos han amparado y que no han querido cambiar. Esa es la Constitución que nos obliga a este juicio político contra el Ministro Beyer. Señor Presidente , aquí, en esta Sala, no hay ni un hombre ni una mujer imparciales: son todos parciales. No somos el Poder Judicial : somos el Poder Legislativo . Antes de entrar al Hemiciclo, todos teníamos determinado cómo íbamos a votar. Si alguien se deja convencer, en buena hora. Si alguien apela a su conciencia, en buena hora. Pero la UDI no vino a escuchar argumentos para ser convencida: vino a defender a su ministro . Se ha hablado de libertad de acción. Yo veo difícil que algún Senador de la Oposición rechace la acusación. Si alguien lo hace, bien: pero que cada cual asuma sus responsabilidades. La actual Oposición estuvo un largo período en el Gobierno, y tampoco fiscalizó; no hizo mucho. Pero ustedes fueron Oposición durante veinte años, y no fiscalizaron en la Cámara de Diputados. Porque son los padres del modelo. El Ministro fue el ideólogo, el padre de la criatura, el defensor, el protector, el guardián del lucro. --(Aplausos en tribunas). El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Silencio, por favor! El señor NAVARRO.- Eso es lo que tenemos. Y en veinte años la Derecha, siendo Oposición, no fiscalizó. --(Manifestaciones en tribunas). El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Silencio! El señor NAVARRO.- Ahora dicen: "El Gobierno no hizo cambios". ¡Pero si a ustedes les correspondía fiscalizar! ¡Los Diputados de Oposición debían fiscalizar! --(Manifestaciones en tribunas). El señor PIZARRO (Presidente).- Les pido por favor a quienes se hallan en las tribunas que se mantengan absolutamente en silencio. De lo contrario, no podremos seguir con su presencia. Nos interesa que escuchen, pero con tranquilidad. El señor NAVARRO.- No me molesta, señor Presidente: es parte de las reglas del juego. Solo pido que se me devuelva el tiempo perdido. El señor PIZARRO ( Presidente ).- No se preocupe: así se hará. Puede proseguir, señor Senador. El señor NAVARRO.- Entonces, señor Presidente , habrá en la Oposición, de la que formo parte, libertad de acción. Tal vez los Senadores que no irán a la reelección tengan más libertad. Los que sí iremos tenemos una presión potente: el 80 por ciento de la ciudadanía quiere educación gratuita. Y el señor Beyer ha dicho que mientras sea Ministro no habrá educación gratuita en Chile. ¡Soberbia, señor Presidente! Ese Ministro ha sostenido que la ley no permite el lucro. Emplazado por Boric en el hotel Crowne Plaza, expresó: "En la ley no está permitido el lucro". Pero todos sabemos que se lucra. Y el que lucra comete un delito. Y los que cometen delitos son delincuentes. Eso es así. Y como muchos lo han dicho, existe lucro, y los delincuentes de cuello y corbata aún deambulan, aún están ahí.

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Numerosas personas vendieron universidades para acceder después al cargo de Ministro . No los acuso de haber cometido un delito. Pero muchos tenían universidades: el Ministro señor Lavín , el Ministro señor Larroulet . Ya no son dueños de ellas: las vendieron. Ganaron mucho dinero. Y, por eso, creo que si se cumple la profecía de que se va a manifestar una Oposición de verdad, va a salir Beyer , pero va a venir otro Ministro a hacer lo mismo. Porque es el modelo formativo neoliberal el que está en juego. Aquí no se trata de la cuestión pedagógica, señor Presidente . Es la cuestión ideológica. Es el tipo de ciudadano, de sociedad que queremos formar. Eso es lo que está en el fondo. Por eso, la UDI defiende el modelo. Por eso, este Gobierno de Derecha empresarial defiende el modelo. Y, por cierto, la Concertación. ¡Si la Concertación y la Derecha tienen negocios, universidades, colegios, señor Presidente ! Por eso no se ha podido acabar con el sistema. Porque hay una transversalidad en el negocio de la educación. Por todos lados tienen negocios. Por todos lados tienen universidades. Por todos lados han ganado mucha plata. Y por eso es que no hemos podido echarlos abajo. Pero, también -y cabe aclararlo y no mentir-, porque se requieren 22 votos para cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación. De ahí la foto más hipócrita en la historia política de Chile: la de "las manitos alzadas", en La Moneda. Porque había que negociar. Porque se requerían -repito- 22 votos, no 20. Se ha dicho: "La Presidenta Bachelet tuvo mayoría". Falso. Negociación. Política de los acuerdos. Me he opuesto desde hace muchos años a eso, señor Presidente . Y creo que esa política llevó al fracaso. Por cierto, el pago para la Concertación fue perder el Gobierno. El artículo 53 de la Carta, en el párrafo segundo de su número 2), dispone que "El Senado resolverá como jurado". Pero después expresa: "El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente". Esta es una Constitución rara. Se nos pide que condenemos a Beyer y luego le digamos: "Vaya a los tribunales para ver si usted es culpable o no"... Hay algo malo en la Constitución. Algo y mucho. Ojalá tengamos una nueva Carta. Pero la Derecha va a impedirlo: quiere seguir con el maldito binominal. Por ese mecanismo es que tiene mayoría. El país nos observa. El 86 por ciento de los chilenos cree justa la demanda de los estudiantes. El 78 por ciento no quiere el lucro. La Comisión de Educación trabaja dos horas semanales, esto es, seis horas en el mes. Vamos a completar dos días y no va a pasar nada, porque se va a nombrar un nuevo Ministro o Ministra y la situación va a seguir igual si no cambiamos la Constitución o no contamos con una mayoría parlamentaria para modificar la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Ello requiere 22 Senadores y tenemos dos menos. Este presidencialismo monárquico se ha pisado la cola. La Oposición tiene que hacer la pega. No nos juzguen por realizar el trabajo. Estimo que efectivamente lo que se ha hecho es fiscalizar, tal vez tardíamente. Y fracasado el sistema del juicio político o aprobada la acusación, el escenario va a ser muy similar, sin duda. Señor Presidente , la OCDE ha expresado, en su informe de 2007: "La Educación en Chile está conscientemente estructurada en clases sociales". "Conscientemente". Lo han dicho los países más ricos, no Navarro, ni la Izquierda. Lo ha expuesto la OCDE. Es una educación de ricos y de pobres. Y el Ministro ha venido a reforzar, con su llegada, el proyecto de Educación Superior. El Gobierno va a registrar cuatro titulares de la Cartera en tres años. Es un cargo de alto riesgo. La mortandad es alta: o se van o los echan. Pero me parece que la cuestión de fondo es ideológica, no pedagógica. Aquí hay un modelo ideológico en juego, en pugna. Y es lo que hemos estado debatiendo ahora.

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No se está discutiendo la honorabilidad del Ministro Beyer , sino su responsabilidad política. Y creo que la tiene. Existe un fundamento jurídico en relación con el capítulo tercero, atinente a la negación de fiscalización. Tengo todo el expediente de los estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Informática (UCINF), quienes alegaron por sus carreras. Fueron al Juzgado de San Miguel y ganaron. Fueron a la Corte Suprema y ganaron. Fueron al Honorable Consejo Nacional de Educación y los mandaron al Ministerio. Fueron al Ministerio de Educación y aquí está la carta de Beyer, de 17 de abril de 2012. Fueron al Ministerio de Educación nuevamente, advirtiendo que se iban a vender los bienes, y el Jefe de Educación Superior , señor Juan José Ugarte , respondió el 3 de agosto de 2012: "se desprende que no resulta procedente la sanción solicitada, por cuanto los alumnos afectados han ejercido las acciones judiciales correspondientes, y en la actualidad no concurre ninguna de las causales que en virtud del artículo 64 aludido ameriten una revocación total o parcial del reconocimiento oficial de la Universidad UCINF". Eran carreras tales como la de Perito Forense, mención en Documentología, en Dactiloscopía. Y la Universidad efectivamente justificaba una revisión. A mayor abundamiento, tengo en mis manos las denuncias formuladas el año pasado por académicos de la Universidad de Chile. La primera de ellas corresponde al 2 de septiembre recién pasado. En ella se pidió "proceder a fiscalizar el cumplimiento de la ley que exige a las Universidades Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que correspondieren". Ello, en virtud del artículo 64 de la Ley General de Educación. La denuncia fue realizada por los académicos Carola Canelo , Miguel González y Joaquín Polit , de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El 25 de junio del año pasado, los tres profesores le solicitaron una cuenta al Ministro de Educación por no haber fiscalizado. "Lo pedimos" -explica uno de ellos- "porque es obligación legal del ministro de Educación fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas con posterioridad al año 1981". La segunda denuncia corresponde al 19 de octubre, también del año pasado, y la plantea el profesor Eric Palma, también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En ella se hace presente que "Contrariando la normativa legal y estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio universitario, cuyos rasgos característicos son los siguientes", y se detallan. Por ello, "los profesores y estudiantes firmantes de esta presentación solicitamos del Ministerio de Educación que investigue y fiscalice las actuaciones de las universidades Santo Tomás ; Universidad de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia por haberse verificado respecto de ellas o intentado verificar, según informa la prensa, actos calificados como compra y venta y que son constitutivos del llamado negocio universitario". Entre las diligencias que acompañaban a las denuncias se solicitó, por ejemplo, la concurrencia de Harald Beyer, entonces Coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), "quien en declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades pertenecen a holdings"... El señor PIZARRO .- Tiene un minuto y medio más para terminar, Su Señoría. El señor NAVARRO.- Y, por tanto, se le pediría explicar la razón de sus afirmaciones. Si son instituciones sin fines de lucro, ¿por qué van a formar holdings? Ello se inserta en la lógica de mandar un síndico de quiebras cuando se dice que se ha intervenido la Universidad del Mar. Es la lógica empresarial. En definitiva, si se pretende resolver las crisis en la educación con síndicos de quiebras, ello implica no hacer uso de las escasas facultades fiscalizadoras de que disponía el Ministro Beyer , como ocurrió. Por eso, señor Presidente , creo que los elementos necesarios se configuran al menos en relación con el capítulo tercero, respecto a la falta de fiscalización. La Derecha ha reclamado permanentemente respecto a la constitucionalidad. Aquí están todos los antecedentes de los profesores de la Facultad de Derecho. Y, por favor, no los acusen ni de revolucionarios, ni de ser de Izquierda, ni de querer quebrantar la institucionalidad. Ellos prepararon un informe en derecho para pedirle al titular de la Cartera fiscalizar y este no lo hizo. Al Ministro lo llaman " Harold Bayer ". Hasta la Ministra Matthei le dice "Bayer". Todo el mundo se equivoca con su nombre. ¡Y es Harald Beyer , guardián del lucro...! Ese es el nombre.

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Y creo, señor Presidente, que si es procedente y hay mayoría para destituirlo, le habremos hecho un bien a Chile.

El señor PIZARRO .- Perdón, Su Señoría. Señora Ministra , ¡no tiene ningún derecho a insultar al señor Senador ! ¡Acabo de verla! El señor NAVARRO .- ¡La señora Ministra tiene patas grandes, señor Presidente ...! El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Así que, por favor, le pido respeto al interior de la Sala! ¡A usted más que a nadie! El señor NAVARRO .- ¡La señora Ministra insulta a la candidata Bachelet y no va a insultarme a mí...! El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Y no me venga a decir que no, porque acabo de verla! La señora ALLENDE .- ¡No me extraña, señor Presidente! El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¡Lo que le corresponde es pedir disculpas! ¡No venga a mentir! ¡Repito que acabo de verla! ¡Por favor...! Puede proseguir el Senador señor Navarro .

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Derecha se irrita cuando le dicen la verdad. Termino diciendo: ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! Voto a favor de la acusación contra el Ministro Harald Beyer .

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 83 Sesión: Sesión Ordinaria N° 83 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 357 Fecha: martes 19 de enero de 2010

MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN MATERIA DE ACUICULTURA El señor NAVARRO.- Señor Presidente , este es uno de los artículos más comunes en los proyectos que se han tramitado durante mi permanencia en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado: normas genéricas que dejan en manos del Ejecutivo la dictación de un estatuto. Tengo todo el derecho a pensar que al próximo Gobierno no le interesa el Estatuto de la Acuicultura de Pequeña Escala; que le importa fortalecer a los poderosos y a los grandes, como lo ha hecho en toda su trayectoria política. Señor Presidente, a la Senadora Matthei le rechazaron sus indicaciones -yo las respaldé- para incluir en la iniciativa -no con rango menor de estatuto- la acuicultura de pequeña escala, que se desarrolla en las Regiones Cuarta, Sexta, Octava. Aquellas fueron absolutamente desechadas. El señor ALLAMAND .- ¡Por ser ajenas a las ideas matrices! El señor NAVARRO.- El Senador señor Allamand hace referencia a las ideas matrices. Pero la verdad es que la concesión que el Estado ofrecía a las grandes empresas era de tal envergadura que motivó la unanimidad de la voluntad política, el acuerdo político entre la Derecha y la Concertación. Constituye parte esencial de la derrota de la coalición gobernante en la reciente elección el conjunto de acuerdos que permanentemente hubo entre tales conglomerados en ambas ramas del Parlamento. Ello, pese a que la Concertación era mayoría. Cuando ingresé al Senado, había 20 Senadores oficialistas. Pero la perdieron por la llamada "política de los acuerdos", "política de los consensos". ¡Si no había nada que consensuar! ¡Ya todo se había acordado durante 16 años! Ello forma parte del análisis político luego de la derrota electoral presidencial. Quiero señalar que el plazo de seis meses contemplado en el artículo 14 transitorio no se va a cumplir. La disposición es un desafío, ya no para la Concertación, que se va del poder, sino para las bancadas de enfrente, que serán parte del próximo Gobierno. Ahí se verá si este es capaz o no de dictar en seis meses el mencionado estatuto. Cabe recordar que, cuando se trató el proyecto que regularizó un conjunto de caletas pesqueras a lo largo de todo Chile -el Senador señor Sabag participó en su discusión-, en la Cámara de Diputados se aprobó una indicación que disponía que en seis meses se haría un estudio para incorporar todas las caletas que quedaron fuera. Hubo muchas que reclamaron legítimamente ese derecho. Sin embargo, han pasado más de cuatro años y nada se ha hecho. Por lo tanto, no creo que se cumpla la promesa contenida en el artículo 14 transitorio de que en un plazo de seis meses se establecerá un Estatuto de la Acuicultura de Pequeña Escala. En ese período el futuro Gobierno no se va a preocupar por los pequeños acuicultores; estará dedicado a muchas otras cosas. Por ello, el plazo planteado es mentiroso. Asimismo, siento que el estatus de ese reglamento marca una diferencia sustancial con la Ley de Pesca y Acuicultura que estamos despachando. Yo quiero que esa materia sea parte de la futura ley. Me pregunto, señor Presidente : ¿Se va a incorporar el estatuto dentro de esta normativa, como parte del articulado? Si así fuera, habría que efectuar una reforma a la ley. La calidad de estatuto la asimilo a la de un reglamento. Es decir, habrá un reglamento administrativo, que no será debatido por el Senado, para la pequeña acuicultura, porque así lo dice el texto legal. Por eso, señor Presidente , tengo la convicción de que se debe reglamentar, regular, incentivar, financiar y estimular el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala. A muchos acuicultores -profesionales brillantes en sus universidades- no se les permite desarrollar dicha actividad y deben prestar servicios en grandes empresas, porque el Estado los deja abandonados. Los emprendedores carecen de oportunidades. Para tenerlas, requieren un fuerte respaldo, financiamiento y, por cierto, regulación de la actividad. Si el estatuto referido se convertirá en un reglamento discrecional dictado por el nuevo Ejecutivo, un Gobierno de Derecha, la verdad es que tengo serias dudas de que aquel se concrete a la brevedad.

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Lamento mucho que haya sido parte del acuerdo político de la Concertación con la Derecha la generación del Estatuto de la Acuicultura de Pequeña Escala y que este no se haya incorporado como norma esencial del proyecto. Debiera haber igualdad de condiciones entre empresarios: por una parte, los "grandotes", los que lo hicieron mal y que hoy son beneficiados por el Estado, y por otra, los pequeños, los que aportan su capacidad, su inteligencia, para desarrollar una actividad que también da mucho empleo. Por las objeciones expuestas, señor Presidente , nuevamente me voy a abstener. Esta materia, al igual que la referida a educación, forma parte de un acuerdo político entre la Concertación y la Derecha, lo que genera ciertos frutos: incertidumbre y absoluta desaprensión respecto a los temas importantes. A mi juicio, muchos acuicultores no votaron por la Concertación, porque no se vieron reflejados en el proyecto que nos ocupa. Se pronunciaron por Piñera. Yo espero que les cumplan. Me abstengo. ¡Patagonia sin represas!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Sesión: Sesión Ordinaria N° 21 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: martes 5 de junio de 2007

CREACIÓN DE ESPACIO COSTERO MARÍTIMO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS El señor NAVARRO.Señor Presidente , este proyecto ha sido elaborado en conjunto con MIDEPLAN, y también con la especial e intensa colaboración de las comunidades indígenas, en particular la lafquenche. Lo que ha pretendido el Gobierno es reconocer un uso consuetudinario -como se ha señalado- de manera de llevar garantía jurídica tanto a los actuales ocupantes, es decir, los pescadores artesanales, cuanto a las comunidades, dada la ausencia de una legislación al respecto. Porque ni la Ley General de Pesca y Acuicultura ni ninguna normativa territorial costera han establecido la existencia de lo que las comunidades consideran un derecho y de lo que yo estimo un elemento absolutamente necesario para incorporar a nuestro ordenamiento el borde costero original. En Chile existen más de dos mil quinientas comunidades indígenas, mil asociaciones indígenas. Y de lo que estamos hablando específicamente es de establecer, mediante una ley, determinada reglamentación que otorga cierta facultad a las comunidades que hayan tenido un uso consuetudinario, que no es -como se señaló aquí- un uso ancestral, sino un uso de práctica, religioso. Se trata particularmente del uso que han dado las comunidades a dicho espacio, y que hoy no es reconocido en nuestra legislación. Por lo tanto, con este proyecto se busca establecer una regulación. Y en tal sentido, se consideran al menos tres elementos (las prácticas o hábitos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales de comunidades o comunidad indígena; la habitualidad del uso, y el reconocimiento colectivo como manifestación cultural) como parte esencial respecto de lo cual se quiere hoy establecer dicho reconocimiento. Sin duda, la iniciativa no ha estado exenta de debate ni de cuestionamiento. En efecto, vale la pena aclarar las dudas. Se ha hecho un largo esfuerzo con las comunidades. Algunos Senadores, específicamente los señores Allamand y Horvath , han manifestado reparos en particular respecto de la precisión del concepto "consuetudinario". Este no colisiona con otros derechos que existan, o preexistan. Se respetan absolutamente todos los derechos adquiridos: áreas de manejo, uso por parte de las comunidades costeras, en este caso, de pescadores artesanales. Ello se dispone de manera clara y precisa en el inciso segundo del artículo 7º. Además, tal como lo ha señalado la Ministra de Planificación , señora Clarisa Hardy , no hay argumento jurídico que pueda establecer que efectivamente vaya a existir dicha confrontación de derechos. ¿A quiénes queremos beneficiar? Sin duda a las comunidades indígenas. Pero particularmente quienes podrían optar a esta figura administrativa son el pueblo rapa nui (de la Isla de Pascua, Quinta Región), el pueblo mapuche, específicamente el lafquenche (ubicado entre la Región del Biobío y la de Los Lagos), el pueblo kawashkar (entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes), el pueblo yámana o yagán (habitantes de las islas al sur de Tierra del Fuego, en la Duodécima Región). Esto, respetando claramente todos los derechos mencionados. Se ha manifestado que este proyecto podría establecer un conflicto constitucional, en orden a que con esta figura se violaría la igualdad ante la ley. La Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca ha aclarado de manera taxativa que en este caso se pretende discriminar positivamente para reconocer el uso ancestral de ciertas comunidades indígenas, y, por lo tanto, no se están conculcando otros derechos. El señor Adolfo Millabur , alcalde de Tirúa , quien asistió a una de las sesiones de la Comisión, señaló de modo reiterado que, desde el inicio, el beneficio para las agrupaciones indígenas no se ha planteado para crear nuevos conflictos. Estos existen y han existido con pescadores artesanales. Lo que se persigue es regular dichos conflictos y resolverlos de forma consensuada. Aquí se ha trabajado en conjunto con todas las asociaciones de pescadores, con la CONFEPACH, con la CONAPACH, con la FIPASUR. Todas han manifestado inquietudes, las que han sido aclaradas debida y concretamente. Es decir, cada vez que se ha planteado si este proyecto va a lesionar algún derecho o generará algún tipo de conflicto se ha señalado claramente que busca resolver la superposición de solicitudes, que hoy existe, mediante un informe que deberá emitir la CONADI, que da cuenta del uso consuetudinario, pero que, a su vez, incorpora necesariamente los informes de la Subsecretaría de Pesca y del

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resto de entidades administrativas que regulan el borde costero. La iniciativa persigue dar manejo gratuito, por las condiciones que todos conocemos, a dicha administración y, además, establecer de manera clara y precisa la configuración que ha generado tanto debate. Siento que el principal problema se dio en el artículo 4º, que disponía que el uso consuetudinario se aplicaba sobre playas, borde de mar, fondo de mar, aguas superficiales y profundas. Y ese precepto fue modificado en la Cámara de Diputados, estableciendo una definición genérica, que si bien no ha sido del todo unánime, por lo menos quienes han participado de la discusión la han mencionado. Así, la Comisión aprobó el siguiente texto: "Artículo 4º.- Delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios. La delimitación del espacio costero marino de pueblos originarios deberá considerar el uso consuetudinario que se ha realizado en él, de conformidad con el artículo 6º, así como los usos que el solicitante pretenda incluir en el plan de administración, los que deberán ser indicados en la solicitud [¿]". Es decir, existe normativa y regulación. Había otra definición. Pero, sin restringir el que podamos tener ese debate, a través de las indicaciones, creo que lo esencial ahora es despejar todas las dudas acerca de si este proyecto va a generar mayores complicaciones. La apuesta, sin duda, es que él facilitará la organización de las comunidades indígenas, su participación activa en la administración del borde costero, y particularmente su incorporación a actividades de carácter económico, en armonía con el resto de los administradores, pues no se lesionan derechos y se respetan los ya adquiridos. Por ejemplo, en la Octava Región hay áreas de manejo establecidas para pescadores artesanales. Allí no podrán constituirse usos similares por parte de las comunidades, pues ya existen derechos legalmente constituidos en favor de terceros. En ese caso, habrán de abocarse a otro tipo de derechos. Y el área deberá ser definida de acuerdo con los informes técnicos señalados. La CONADI ha planteado la necesidad de que la aprobación de esta iniciativa sea del todo urgente, porque cada vez que se aplaza su debate y se dilata la concesión se generan más condiciones de incertidumbre. Por tanto, queremos despejar las dudas y tener una regulación que permita a los pueblos costeros hacer administración. Señor Presidente , junto con los Senadores de la Comisión, quiero saldar toda duda acerca del uso. De manera reiterada, las autoridades administrativas, políticas, han dado señales, y así se ha establecido, de que el uso consuetudinario no representa conflicto ni choque de derechos, que estos están garantizados y que, por lo demás, lo que sí implicaría claramente una negación de derecho sería no permitir a las comunidades usar el borde costero en las condiciones que el proyecto reclama. Hemos ordenado el borde costero, reconocido un número importante de caletas pesqueras y asignado condiciones y reconocido derechos a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Hemos establecido un plazo de diez años antes de que las caletas asentadas puedan venderse, si así se requiere. Yo me opuse a esa normativa, pues eso puede llevar a que, en definitiva, otros sean los propietarios luego de ese lapso. Con esta iniciativa estamos posibilitando un uso del borde costero en una denominación totalmente diferente: es la comunidad la que administra, no hay una administración individual. Por lo tanto, existe un concepto diferente de administración, que se respeta sobre la base de la Ley Indígena, que establece claramente quiénes son sus beneficiarios. Algunos Senadores plantearon el hecho difuso de cómo se obtenía la calidad de indígena y que eso podía dar oportunidad a que algunos abusaran de dicha definición para incorporarse a los beneficios en comento. La calidad de indígena la otorga claramente la ley pertinente, a través de factores regulados y dispuestos en ella. En consecuencia, no se trata de que de la noche a la mañana cualquiera pretenda ser beneficiario de la ley en proyecto. Se encuentra establecido cómo se incorporan, dónde están ubicadas y cuáles son las comunidades. En consecuencia, el proyecto en debate es una extensión de la ley Nº 19.253 -establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas- respecto al tratamiento de tierras ubicadas en el borde costero. Por eso, apelo, no a la buena voluntad, sino a la racionalidad de que lo mejor en materia de propiedad es que exista regulación. En tal sentido, realizamos una exhaustiva discusión acerca del significado de los usos, concebidos como prácticas reiteradas y constantes de ciertos actos que corresponden a los hábitos establecidos por la tradición o por la repetición de los mismos actos en una comunidad. Nos referimos en particular al uso consuetudinario, entendido como el hábito de obrar o proceder determinado por la tradición o por la repetición de los mismos actos sin que llegue a constituir fuente de derecho. Y nosotros queremos que se constituya en fuente de derecho, para que exista claridad sobre el particular y no haya confrontación con otros derechos. Por ello -reitero-, se entiende por uso consuetudinario el conjunto de prácticas o conductas -sean de carácter pesquero,

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religioso, recreativo o medicinal- realizadas por la generalidad de los integrantes de una comunidad indígena que dan cuenta de una tradición seguida de manera habitual como expresión de su cultura y modo de vida. Eso es precisamente lo que hacemos aquí. No se va a inventar una tradición o un uso consuetudinario. Se evaluará su existencia por las instituciones a que me he referido, para poder arribar a la entrega del beneficio correspondiente. Por lo tanto, señor Presidente, concurrimos con nuestro voto favorable, en el espíritu de avanzar de manera decidida en esta materia. Participé en el debate del proyecto como Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados . Ahora, como Presidente de su homónima en el Senado, ratifiqué lo ya resuelto por la otra rama del Parlamento. Siento, entonces, que están dadas todas las condiciones para aprobarlo. Y si existe algo que se deba aclarar, estamos dispuestos a hacerlo. Aquí nadie busca ocultar nada, señor Presidente . Por el contrario, el manejo del borde costero con relación a la Ley Indígena y a las comunidades debe ser plenamente transparente, de tal modo que el reconocimiento de que se trata sea un factor de desarrollo de aquellas y no de conflicto. Por consiguiente, procuramos ordenar. Hemos conversado largamente con los pescadores artesanales. Sus problemas no se relacionan con las comunidades indígenas. Ellos están determinados por la falta de recursos marinos, como la merluza; por un caótico ordenamiento del sector -entre industriales y dentro de los propios pescadores-; o por la carencia de recursos del Estado a fin de generar condiciones diferentes para los pescadores artesanales, en el sentido de que no continúen como cazadores -lo que son hoy día- sino como elaboradores y comercializadores, que es la clave en ese ámbito. Existe una crisis profunda con la merluza, la sardina común y la anchoveta, y no se ve solución. En consecuencia, el debate de una iniciativa sobre los pescadores artesanales debe seguir otros parámetros. Afortunadamente, Chile cuenta con una costa generosa, de sobre 4 mil 500 kilómetros de extensión. De manera que hay espacio para todos: para las comunidades indígenas y para los pescadores artesanales. Ese es el sentido de esta iniciativa, señor Presidente . Por ende, estamos dispuestos a apoyarla y a apresurar su tramitación en el Senado. Y si es necesario aclarar algún punto, hagámoslo durante su debate. Se pidió un estudio en Derecho acerca del artículo 4º. Como era de esperar, no llegó a la Comisión. Porque los constitucionalistas de este país cobran por realizar estudios de esa índole. No hubo, pues, estudio en Derecho. Lo que sí hubo fue un debate muy fuerte con los abogados de las comunidades, con los del Ministerio respectivo y con los abogados asesores de los propios Diputados. Siento, señor Presidente, que este es el espacio para aclarar los conceptos jurídicos que den paso al voto favorable -esperode todos los señores Senadores. He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°91 Sesión: Sesión Ordinaria N°91 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: martes 12 de enero de 2016

FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA El señor NAVARRO.Señor Presidente , gran parte del debate que se suscita estaría salvado si tuviéramos un órgano contralor capaz de dar garantías. Lo que sucede es que el SERVEL, tal como está -y no se va a modificar en lo sucesivo-, no se halla en condiciones de garantizar ni la fiscalización ni las tareas que le estamos confiriendo. Todas las advertencias que nos hacen los Senadores Allamand y Montes tienen algo de asidero en la realidad. Pero lo concreto, lo que ocurre hoy y que sí desvirtúa absolutamente una campaña electoral, es que uno llega a sectores populares o de cualquier tipo y está lleno de carteles o banderas. Y eso influye en el ánimo del elector, al igual que las encuestas de última hora. Por lo tanto, se está tratando de generar igualdad, que efectivamente no sea posible producir un efecto electoral mediante un gasto no imputado. Si existe una fórmula mejor, que la presenten. Pero yo siento que las críticas para echar abajo este artículo, al no ir acompañadas de una propuesta alternativa que logre el objetivo buscado, apuntan simplemente a no querer que se realice esta fiscalización y a mantener la situación actual. Pero lo que hoy existe es pésimo, es malo, es perverso, genera condiciones de inequidad inaceptables. En consecuencia, si no hay una propuesta alternativa, prefiero quedarme con estas normas. Es cierto que presentan problemas, pero apuntan al corazón de una situación que queremos cambiar. No es posible mantenerla. Es factible que Maquiavelo esté presente en todas las campañas. Alguien podría decir: "Voy a concentrar en la comuna más pequeña toda la publicidad y la voy a poner en cada casa". Se deberá crear un reglamento sobre el particular. Y el candidato podrá apelar frente a esta situación. Estamos elaborando la norma general, y hay que ver con qué criterio se va a fiscalizar. Lo primero que digo es que el SERVEL no va a fiscalizar nada, porque no posee ni las atribuciones, ni los funcionarios suficientes, ni las capacidades. No sé de cuántos vehículos dispone dicho Servicio, ni con cuántos funcionarios cuenta para recorrer las 345 comunas, todos sus poblados y todas sus localidades. Estamos planteando una norma que sienta el principio disuasivo en torno a este tema. Y genera un principio de fiscalización que deberá ser aplicado con racionalidad por parte del órgano pertinente, en este caso, el SERVEL. Reitero: es más bien un principio. Por tanto, yo prefiero esta norma, que presenta algunos detalles -como manifestó el Senador Montes-, a seguir con lo que tenemos en la actualidad, porque es perverso. Someter a gente que requiere recursos a que instale propaganda de un candidato que no es el suyo es utilizar, aprovecharse y, en definitiva, desvirtuar el sentido último de una elección, que es la expresión básica de los apoyos ciudadanos y populares. En consecuencia, si alguien va a utilizar a una persona, a lo menos se plantea una norma que dispone que el gasto le sea imputado al candidato. A mi juicio, el SERVEL tendrá que generar un criterio más amplio en torno a esta materia. Es factible que surja un candidato que arrase en la opinión pública y que genere mucha vocación ciudadana. Varios candidatos emergentes podrían contar con bastante adhesión y tener poco dinero. Y esta norma regula la situación para que haya igualdad, porque ella se aplica para la Derecha, el Centro, la Izquierda y los Independientes, con el mismo tope para todos los candidatos: hay un principio de igualdad.

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Lo que hoy existe es un principio de discrecionalidad, de desigualdad, porque solo quien cuente con recursos puede utilizar este subterfugio de tener propaganda pagada pero disfrazada de apoyo popular, de apoyo ciudadano, cuando en definitiva es un negocio, que nosotros no hemos criticado. Solo queremos regularlo, aclararlo, por el bien de la transparencia. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! El señor MONTES.¡Eso es propaganda...!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Legislatura: Legislatura número 360 Fecha: martes 27 de noviembre de 2012

REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN El señor NAVARRO.- Señor Presidente , nuevamente estamos frente a una ambigüedad permanente respecto a la aplicación de los principios de preservación y conservación. La Senadora Rincón hace un punto extraordinariamente relevante. El artículo de la ley vigente, durante estos diez años, entregó facultades supremas al Consejo Nacional de Pesca. Se precisa la aprobación por mayoría absoluta. ¿De quiénes? De los miembros de la industria. Porque este era un sector regulado por los mismos operadores. Y ahora se reemplaza "mayoría absoluta" por "consulta previa". Señor Presidente, que alguien me explique cuál es la diferencia. La consulta previa va a generar un proceso de negociación. Se deja o no al Consejo Zonal de Pesca. Ese es el tema. O impulsamos un criterio científico. O van a definir la pesca los actores nombrados por el Gobierno -la mayoría de ellos- y los que no lo son, quienes se encuentran secuestrados -como diría Allamand -, cooptados, capturados. Porque así ha operado el sistema. ¿Cómo ha funcionado el Consejo Zonal de Pesca? ¿Quiénes eran los que lo integraban? Los dirigentes de los tripulantes, los pescadores artesanales; o sea, los "regalones" de la Subsecretaría. ¡Y los regaloneaban, cual gatitos, con pescaditos...! Entonces, si me vienen a decir que ahora no se hará "por mayoría absoluta", sino con "previa consulta", no veo gran diferencia. Y espero que el informe técnico del que habla el artículo sea el informe científico. No debiéramos suprimir este. Yo no quiero un informe técnico, pero sí uno del Comité Científico, clara, rauda y concretamente. Entonces, señor Presidente , estamos dilatando, generando ambigüedad. Porque aquí sí están los criterios fundamentales. Y le creo al Ministro cuando dice: preservación, conservación. Entonces, si alguien va a fijar o no las áreas de manejo, como señaló el Senador señor Orpis , podrán modificarse las unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación. Estas no son áreas de manejo, pues presentan la condición que acabo de señalar; es decir, se trata de aquellas donde es susceptible que haya peces. El carácter "no vinculante" del Consejo Nacional de Pesca disminuye a una previa consulta. Y si es previa y no hay acuerdo, ¿para qué hacerla? Para que se emita una opinión, ¿no? Y, en virtud de esta, ¿qué se hará si no hay consenso? Porque la opinión será de mayoría y de minoría, como ocurre en las Comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el asunto quedará sujeto al criterio de mayoría y de minoría de ese Consejo. Esto significa que el veto y la capacidad de incidencia serán iguales, porque el parecer de los científicos va a seguir relegado a un informe técnico. Y si lo quisiéramos valorar de verdad, habría que cambiar los informes técnicos por los del Comité Científico, que es lo que estamos aprobando en esta ley en proyecto, y modificar toda la legislación. Así queda a firme que solo se trata de un informe técnico de ese Comité. También queda a firme la capacidad de veto del Consejo Nacional de Pesca, el cual podrá sufrir variaciones, pero va a tener incidencia igual. Señor Presidente , en el sistema para autorizar nuevas áreas de pesquerías o mandan los científicos o el Subsecretario. Si este quiere seguir haciéndolo porque mediatiza al Consejo Zonal de Pesca , a través de la formulación de preguntas para que haya la posibilidad de debate y de presión, el Comité Científico va a tener una incidencia menor. Y yo quiero que sea mayor. Por lo tanto, "el previa consulta al Consejo Nacional", donde están los "incumbentes", por cierto -en él siguen estando representados todos los sectores- tendrá primacía por sobre el informe del Comité Científico Técnico. Mis preguntas son dos. La primera, ¿por qué el informe técnico no dice "Informe del Comité Científico"?; y la segunda, ¿qué necesidad tienen los científicos de preguntar a los mismos de siempre su opinión sobre el tema? Por eso, o regulamos desde el Estado y del ámbito científico, o lo hacemos desde los operadores industriales. Porque el dejar

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esto abierto va a significar que el artículo en cuestión minimice o disminuya la condición de incidencia de los informes científico-técnicos. Señor Presidente, voy a votar en contra de este precepto así como está redactado. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Sesión: Sesión Ordinaria N°99 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: miércoles 27 de enero de 2016

CREACIÓN DE SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE El señor NAVARRO.Señor Presidente , aquí se ha hablado de "demagogia", "poco serio", "payasada", "espejismo", "algo imposible de alcanzar". En esta misma Sala -y esta es la cuarta vez que lo digo- el Ministro Felipe Larraín , el respetable, preparado y profesional Secretario de Estado del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera , desde ahí mismo, donde ahora está sentado el Ministro Eyzaguirre , afirmó, en noviembre del 2013, que íbamos a crecer al 4,9 por ciento. ¡4,9 por ciento! Desde este mismo puesto, este Senador le dijo que todos los indicadores, incluso para los que no éramos economistas, indicaban que eso era imposible. El Presupuesto fijado por ese Gobierno para el 2014 se calculó al 4,9 por ciento, y no crecimos a más del 2,5. Es decir, ¡un error del cien por ciento! Por lo tanto, veo que los economistas no solo se equivocan, sino se equivocan en el cien por ciento. Bueno, ahí hubo una payasada, hubo demagogia, hubo espejismo, hubo un criterio poco serio. ¿Cuál es el punto? Cuando llegó la Concertación (ahora Nueva Mayoría), a principios de los noventa, teníamos en el país un ingreso per cápita de 8 mil dólares. Hoy estamos en 23 mil. El punto es que está mal distribuido, "mal pelado el chancho". La riqueza está concentrada en unos pocos. Esta es una norma redistributiva. Es para repartir la riqueza donde más se requiere: en educación y en los profesores. ¿Y qué hay? ¡Responsabilidad fiscal! Entonces, todos quienes respetamos al Senador Allamand nos preguntamos: ¿Dónde está el discurso del respeto al déficit fiscal? ¿Dónde está el discurso del equilibrio en las cuentas fiscales? ¿Dónde está el discurso de la razonabilidad, del criterio? ¡Se fue! ¡Se esfumó en un discurso apasionado! Porque, si fuera al revés y la Oposición estuviera acá y el Gobierno allá, escucharíamos exactamente el mismo discurso de futuro, el mismo discurso mesurado y no un discurso apasionado. Lo que estamos tratando de hacer es garantizar que, independientemente del Gobierno que llegue, independientemente de la ideología que se intente imponer o cambiar, habrá una ley que asegurará la redistribución del ingreso, para que los profesores tengan claro que, cuando se cumpla la hipótesis y haya crecimiento, las ganancias se van a repartir. Hasta ahora había crecimiento, pero las utilidades estaban concentradas. Nadie sabía dónde estaban los 23 mil dólares que le correspondían a cada chileno. ¡Concentración de la riqueza! La clase media, destruida, apagada. Los subsidios a los sectores vulnerables, dependiendo del gobierno de turno, pero en todo caso bastante miserables y sin poder para resolver los problemas de fondo. Ahora estamos invirtiendo en educación, en futuro. Y lo estamos garantizando con una ley de futuro; una ley que progresivamente va a ir garantizando, hasta el 2025, que, si el país crece -es tarea de todos-, efectivamente habrá una mejora en la calidad de la educación y en la calidad de vida de los profesores. Tanto es así que en la página 251 del comparado se establece: "En el año en que se cumplan los requisitos indicados en el inciso primero, el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley que regule la disminución de las horas lectivas de la función docente a los valores establecidos". A mí lo que me preocupa es qué pasa si ello no ocurre. Es una pregunta para nuestros Ministros. El texto señala: "el Presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley" que garantice aquello. Pero había un Presidente que decía que la educación es un negocio, que nada es gratis en la vida, que no es un derecho, que es un bien de consumo.

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Y eso podría repetirse por alguna azarosa casualidad y por un error del cual nosotros también seríamos parte. Porque el actual es un Gobierno que ha cometido errores. Más que una Oposición decidida y asertiva, hemos tenido un Gobierno que comete errores y que debe mejorar su gestión. No sería mérito de la Oposición. Estamos frente a una Oposición dispersa, poco asertiva, poco clara y, además, inequívocamente contrariada en sus propios principios. Si la apuesta de la Oposición fuera el crecimiento del país, debiéramos estar trabajando de manera conjunta para que ello aconteciera; como lo hace la Derecha, como lo hace la economía, como lo hace el mercado. Por lo tanto, la apuesta de ustedes -por su intermedio, señor Presidente- debiera ser a que el país crezca, para poder cumplir estas exigencias. Voto a favor. Creo que estamos ante una norma posible. Y, si no lo fuera, que nos digan cómo conseguir el mismo propósito. Se lo pregunto al Senador Allamand , al Senador Larraín, por su intermedio, señor Presidente . ¿Cómo lo harían si no es con una ley que establezca crecimiento responsable y gasto fiscal responsable? ¿Con un royalty a la minería? Ahora sería imposible. Esta es una alternativa, y, si no, que la Derecha nos diga cómo cobramos más impuestos.

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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Sesión: Sesión Extraordinaria N°107 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: jueves 10 de marzo de 2016

MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RELACIONES LABORALES El señor NAVARRO.Señora Presidenta , la argumentación del Senador Allamand respecto de la entrega de la información omite -creo que está más adelante, en el artículo 318, y lo acaba de mencionar la señora Ministra - que, en definitiva, la información debe ser proporcionada siempre y cuando haya cinco trabajadores en cada cargo o función. La información deberá ser entregada a las pequeñas y las medianas empresas cuando haya... El señor ALLAMAND .Son casos distintos. El señor NAVARRO.Es que se están votando juntos. Ese es el problema, señor Presidente , de discutir y votar artículos de manera conjunta. El señor ALLAMAND.No estamos votando de esa manera. El señor LARRAÍN .Solamente uno. El señor NAVARRO.Señor Presidente , ¿estamos votando solo el artículo 317? El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).Señor Secretario , precise al Senador señor Navarro qué estamos votando, por favor. El señor LABBÉ ( Secretario General ).Se está votando la letra a) del artículo 317, que figura en la página 102 del comparado. Y, después, la última oración del inciso final. El señor WALKER, don Patricio (Presidente).En el inciso final, la frase que empieza con la expresión "La entrega" y termina con la palabra "Código". Puede continuar, señor Senador. El señor NAVARRO.Señor Presidente , solo quiero señalar que el artículo 318, en lo que respecta a que haya cinco trabajadores de la misma función, da cuenta también de las remuneraciones. Exactamente. Estoy leyendo: "remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones", lo que se ratifica en el último inciso. Mientras más transparencia haya en materia de sueldos, más vamos a combatir algo que hemos condenado reiteradamente: la discriminación de sueldos entre hombres y mujeres que realizan la misma función, con la misma responsabilidad y la

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misma carga laboral. Y uno se pregunta: ¿Por qué ocurre esto? Porque la información no es conocida. Siento que la mayor transparencia en materia de sueldos ayuda a conocer cómo está la empresa. Ello, pues si se han elevado las remuneraciones de determinados trabajadores, significa que funciona bien. Por tanto, es esencial para tener un muy buen proceso de negociación saber si la empresa ha subido sueldos en algunos niveles, y por qué en otros no lo ha hecho. De ahí que la información respecto de la confidencialidad o de la privacidad debe insertarse en el marco de la negociación colectiva; o sea, ¿van a publicar las listas de remuneraciones? Siento que forma parte de la discusión de la mesa de negociaciones. Y uno puede pensar "como es parte de la discusión de la mesa, podrá ser sin copia". Se buscará el mecanismo, pero no puede suceder que los dirigentes se sienten a negociar sin saber cuánto ganan los propios trabajadores, ya sean afiliados o no afiliados. Yo habría preferido que se supiera en ambos casos. La Ministra ha señalado -y está también en el artículo 318- que para los no afiliados no existe obligación. Lo anterior introduce oscuridad, opacidad en torno a la buena fe de la empresa a la hora de sentarse a negociar remuneraciones, por ocultar o no entregar información acerca de los no afiliados. O sea, no habrá afiliación. ¿Eso implica que la información de las remuneraciones no se entrega porque hay sueldos distintos? Se trata de la práctica antisindical de mejorar las condiciones de unos trabajadores, que además ahora quedan con la posibilidad de la extensión de beneficios pero manteniendo en secreto cuánto ganan. O sea, el sindicato va a ganar derechos remuneracionales sin saber cuánto ganan, sin saber si están en igualdad de condiciones con el resto de sus representados. Me parece esencial que haya un mecanismo mediante el cual se dé a conocer exactamente cuáles son las remuneraciones, a fin de saber si la extensión de los beneficios, por ejemplo, o la condición de crecimiento de la empresa es la adecuada para negociar. Debe existir un instrumento para una mínima transparencia y resguardo de los datos personales, pero en caso alguno puede ocurrir que no se entregue información respecto a remuneraciones de determinados trabajadores que forman parte de la empresa y que pueden incidir también, por cierto, en el proceso de negociación colectiva. Por tanto, vamos a aprobar el inciso final del artículo 318, señor Presidente , porque la entrega de la planilla se plantea de manera positiva. Y también voy a votar a favor de la letra a), coherentemente con lo que hemos venido diciendo: la información solo sirve para generar mejores negociaciones, mayor transparencia y mayor confianza. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP!

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Sesión: Sesión Ordinaria N° 15 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: martes 29 de abril de 2008

PARTICIPACIÓN CUIDADANA EN PROCESOS CALIFICATORIOS DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL El señor NAVARRO.Señor Presidente, al calor del debate sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente y, en particular, el perfeccionamiento de la legislación medioambiental, se abre un horizonte de reforma ¿espero, profunda- a la Ley N° 19.300, que actualmente regula un sistema normativo en esta materia. Sin embargo, es un proceso que puede demorar uno o más años. Las estadísticas indican que el 97 por ciento de los proyectos que evalúa la CONAMA ingresan como declaraciones de impacto ambiental y solo el 3 por ciento corresponde a estudios de impacto ambiental. En dicha evaluación no hay participación ciudadana. Es decir, en términos crudos, concretos y reales -las cifras no mienten-, de cada 100 proyectos 97 se realizan sin que la comunidad, organizada o no, dé a conocer su opinión acerca del impacto que estos pueden significar para sus viviendas, sector, comuna o Región. Por lo tanto, es preciso incorporar una mayor participación de la ciudadanía sobre el particular. La iniciativa que nos ocupa ratifica que ningún proyecto que se ejecute en el país puede lesionar los derechos que la Constitución asegura a las personas, y estos incluyen lo relacionado con el medio ambiente. Aparte del porcentaje antes mencionado, en muchos casos la autoridad ha otorgado a determinados proyectos el carácter de estudios de impacto ambiental, y a otros -de enorme envergadura-, el de declaraciones. Por lo tanto, deberíamos aprobar la moción en discusión, con independencia de que el Gobierno en los meses sucesivos espero que pronto- presente una iniciativa tendiente a reformar profundamente la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En muchas ocasiones hemos señalado que el propio estudio de impacto ambiental es un mecanismo deficiente, que excluye la participación ciudadana. Este proyecto es un paso pequeño, pero importante. El sistema de evaluación de impacto ambiental otorga plazos muy cortos y precisos. Es decir, hay participación ciudadana en la primera etapa, pero si existen observaciones o addendum ¿esto es, entrega de nueva información- aquella no interviene. Incluso en el 3 por ciento de los estudios que mencioné denantes existe una sesgada participación a la hora de debatir, no digo de decidir, porque aquella no es vinculante en esta materia. Y tampoco lo es en la iniciativa en discusión. No es que los ciudadanos vayan a decir: "Observamos, nos oponemos y determinamos que no se realice el proyecto"; pero por lo menos se establece el sagrado "derecho a pataleo", en cuanto a que las personas tengan la posibilidad de hacer oír su voz y exponer sus argumentos. El sistema de declaración de impacto ambiental, como no contempla la participación ciudadana, no ha arrojado experiencia sobre el particular. En cambio, los estudios de impacto ambiental, sí. Debo señalar que la batalla es desigual. Para los ciudadanos comunes y corrientes, que laboran y se ganan el pan de cada día, que nunca han cursado un magíster o una licenciatura en Harvard, enfrentarse a equipos compactos, organizados y de grandes recursos -como los que poseen las empresas tras cada proyecto-, o a los equipos jurídicos de la CONAMA y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -actualmente-, les genera una situación de desequilibrio. No es admisible pedirles que participen en un proceso para el cual no se hallan capacitados ni cuentan con recursos para acceder a él de manera informada y con conocimientos técnicos. Por lo tanto, esa es una de las falencias del proyecto que espero remediar en su debate. Es preciso posibilitar la participación, pero, además, la normativa debe consagrar el beneficio de pobreza -existente en otros casos-, de manera que las personas puedan acceder a información calificada y a una asesoría técnica y jurídica -elegida por ellas, pero pagada por la propia empresa-, a fin de generar una participación regulada y acotada. Lo anterior resultará beneficioso para la empresa, el proyecto y los propios ciudadanos.

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En innumerables ocasiones he presenciado una participación carente de conocimientos técnicos, de asesoría jurídica y, particularmente, de información básica. Si bien la CONAMA publica un extracto del estudio de impacto ambiental de que se trate en un periódico de circulación regional o nacional, ello es insuficiente. Se debe garantizar siempre un acceso gratuito y expedito a todos los documentos, en cualquier minuto, durante ese proceso. Ello es esencial para asegurar una participación real. Señor Presidente , como he señalado en otras oportunidades, nuestro ordenamiento constitucional se basa en un sistema presidencialista, que se cae a pedazos. Esta monarquía presidencial, que excluye a los ciudadanos de participar en la construcción del país, se agota. Y con la iniciativa en discusión estamos dando un pequeño paso, es decir, permitiendo un poco de participación: los ciudadanos no van a cambiar el curso del proyecto sujeto a evaluación, pero a lo menos serán escuchados. Estimo que el Senado debería aprobar la iniciativa, al menos para abrir el debate en torno a la materia en comento. Ella tiene el mérito de poner el dedo sobre la llaga de un tema latente y urgente: la exigencia de mayor participación ciudadana en todos los procesos donde se involucren el Estado y el sector privado, a fin de garantizar accesibilidad e igualdad. Por lo anterior, vamos a apoyar el proyecto iniciado en moción de los Senadores señores Horvath y Sabag, y a sumarnos a otras iniciativas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, la que sanciona a quien elabore una declaración o estudio de impacto ambiental fundado en antecedentes falsos. Lamentablemente, ello lo hemos observado en reiteradas ocasiones, y solo mediante un recurso judicial es posible aclarar y condenar dichos ilícitos. Por lo tanto, es necesario que la legislación actual contemple sanciones de oficio, tanto para los estudios como para las declaraciones, una vez constatada la falsificación. Hoy día, debe recurrirse a los tribunales de justicia y demostrarse la falsificación para que sea posible aplicar penas que, en todo caso, no afectan al proyecto sujeto a evaluación, dado que los procesos judiciales son de larga duración. Como expuse anteriormente, este es un paso en la línea de ir perfeccionando la legislación ambiental. La Comisión de Medio Ambiente del Senado -que integro junto con los Senadores señores Longueira , Allamand , Ávila y Horvath - revisó la iniciativa, cuyo debate entendemos como una manera de ir conformando elementos a la espera de que el Ejecutivo presente un proyecto -en el más corto plazo-, que nos permita llevar a cabo una discusión general mucho más profunda. Mientras tanto, negarse a debatir asuntos de tanta preocupación ciudadana como este, no parece procedente. Y, por ello, anuncio que voy a votar a favor del proyecto.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 65 Sesión: Sesión Ordinaria N° 65 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: miércoles 14 de noviembre de 2007

CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN El señor NAVARRO.Señor Presidente, todos coincidimos en la importancia de poder colaborar al mejoramiento del alicaído y deprimente estado de la educación pública. Por mi parte, me preocupan no solo los resultados concretos de la presente iniciativa -como dijo el Honorable señor Chadwick , la estudiamos y aprobamos en la Comisión de Educación antes de los llamados "acuerdos" con la coalición opositora-, sino también las declaraciones del Senador señor Allamand en el sentido de que este sería el primer triunfo del "desalojo". No sé si quienes alzaron las manos en La Moneda se hallaban conscientes de que al menos un importante parlamentario de la Alianza atribuye tal significado a ese gesto. Por cierto, el Senador que habla no se encontraba entre ellos. Soy tan socialista como el Honorable señor Núñez y la verdad es que no comparto plenamente las conclusiones expuestas. Espero que tengamos la oportunidad de debatir en el Congreso los acuerdos políticos que mi Partido legítimamente ha tomado, pero que no son vinculantes para la soberanía que los ciudadanos han depositado en los parlamentarios a fin de analizar y decidir las leyes, máxime si no ha mediado ningún documento sobre ellos. Y como no conozco ni una línea, ni un solo concepto de los acuerdos, salvo una versión general, por supuesto no pude experimentar la alegría que algunos sintieron. Y esa versión general me inquieta, porque creo que, en definitiva, podíamos avanzar, dar algunas batallas y no rendirnos a la primera. No soy de los que claudican sin disparar un tiro. Me hubiera gustado un debate mucho mayor. Ya existe el lucro, establecido por la dictadura. Ahora tendremos un lucro controlado, establecido por la democracia, una democracia controladora. Debo puntualizar que el fenómeno de la Superintendencia no lo inventamos nosotros: existía una desde 1953. Ese año se creó una entidad específica para ejercer las funciones pertinentes. Sin embargo, disponía de poca capacidad ejecutiva. La ley concebía como un organismo asesor y consultivo a la Superintendencia de Educación Pública, que albergó en su seno al Consejo Nacional de Educación. En 1974, el Gobierno militar dispuso que se disolvieran los órganos colegiados del sector de la educación y que sus facultades se concentraran en las respectivas autoridades ejecutivas. Así, la Superintendencia fue absorbida por el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Educación, pero mantuvo su denominación hasta desaparecer formalmente dentro de la nueva Ley Orgánica de esa Secretaría de Estado. Entonces, existía tal concepto. Llama la atención algo por lo cual nos alegramos mucho de haber discutido en la Comisión lo relativo a la Superintendencia, una muy buena idea e iniciativa del Ministerio. Ello se refiere a lo siguiente. Se concibe a esa entidad como un organismo fiscalizador, funcional, y se establece, de manera particular, que ejercerá funciones extraordinarias, como proporcionar información, atender a los usuarios, disponer la fiscalización, evaluar el grado de cumplimiento de los estándares establecidos, fiscalizar el uso de los recursos públicos traspasados a los sostenedores, exigir rendición de cuentas, en fin. Luego se consigna que también podrá acceder a cualquier documento o libro que sea necesario para fines de fiscalización; ordenar auditorías a la gestión financiera de los sostenedores que reciban recursos públicos; impartir instrucciones; verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para mantener el reconocimiento oficial del Estado como establecimiento educacional, y, además -una cosa vital-, disponer el nombramiento de un administrador provisional cuando un colegio fracase, eventualidad en la que este será intervenido. Considerando lo anterior, uno se pregunta: ¿es que nada de ello se podía hacer durante 26 años? ¿Desde 1981 todos los organismos, todos los liceos, todos los colegios recibían plata sin que ninguna de las medidas expuestas se pudiera aplicar? ¿El Estado no ejercía control alguno sobre esos establecimientos?

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¡Así era! ¡Nada se podía hacer! Ninguna de las facultades que hoy día se propone entregar a la Superintendencia -¡y en buena hora!- se podía llevar a la práctica. ¿Por qué la educación pública se encuentra hoy en condición catatónica? Precisamente porque el Estado no contaba con ninguna de esas atribuciones para fiscalizar. Había un laissez-faire absoluto, es decir, la más amplia impunidad. Por eso, la iniciativa en examen representa un avance sustantivo para poder ejercer mayor control, administrar mejor los recursos y, por cierto, ir en pos de una educación pública de más calidad. Solo sabremos si tal objetivo de la Superintendencia va a tener éxito cuando se informe respecto de los acuerdos políticos. El Senador que habla, al menos, no los conoce. Así nos impondremos de si lo que se pretende es poner más gendarmes para cuidarle el lucro a la señora Patricia Matte , a quien reconozco una capacidad extraordinaria en la Sociedad de Instrucción Primaria -estudié en uno de sus establecimientos-,... El señor PROKURICA .¡Malagradecido! El señor NAVARRO.... y de si la Superintendencia va a ser la guardiana del lucro de los privados o la guardiana de la calidad de la educación pública. ¡Porque se pueden querer más gendarmes para que, cuando haya lucro controlado -como se consigna en los acuerdos políticos-, se evite que se lo lleve alguien más que los sostenedores! Ese es un aspecto que se debe dilucidar al calor del debate. La Superintendencia se encargará de administrar la calidad de la educación y, efectivamente, controlará más, pero quiero saber qué va a controlar. ¡Sesenta y siete por ciento de los establecimientos educacionales de enseñanza media en la Región Metropolitana -que cuenta con seis millones de habitantes- son particulares subvencionados! No es cierto, sino falso, y constituye una ironía sostener que se está privatizando la educación, Senador señor Ávila . Esta ya se encuentra privatizada en una forma muy amplia. Lo que hemos de hacer es rescatar, básicamente, lo que está quedando y tratar de recuperar terreno. Porque, como no variará de modo sustancial la institucionalidad; como no se modificará la municipalización y las corporaciones comunales seguirán haciendo perder la vida a millones de estudiantes al entregarles una pésima educación, la fiscalización recaerá en un sistema cuyas bases se hallan severamente dañadas. El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).Concluyó su tiempo, señor Senador. El señor NAVARRO.Termino de inmediato, señor Presidente. Estamos dando pasos sustantivos, pero no yendo al fondo del problema. En los acuerdos políticos no se toca el financiamiento compartido; se mantiene la selección, y se habla de "lucro controlado", tal como antes se empleaba la expresión "democracia protegida". Como lo hice en la Comisión, voy a votar favorablemente la iniciativa, señor Presidente. Ya conoceremos las indicaciones anunciadas por la señora Ministra. Solo pido que también se nos permita formularlas. Si el Ejecutivo las presentará en un plazo para tal efecto, entiendo que los Senadores tendremos la misma posibilidad. El señor ÁVILA .¡Siempre que se tomen de las manos...! El señor NAVARRO.Así es.

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Espero que no sea parte del acuerdo político, señor Presidente , el que no podamos presentar indicaciones. No estoy dispuesto a entregar la facultad que nos han concedido los ciudadanos para debatir sobre la educación pública.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°15 Sesión: Sesión Ordinaria N°15 Legislatura: Legislatura número 363 Fecha: martes 12 de mayo de 2015

ESTABLECIMIENTO DE LEY MARCO PARA INVERSIÓN EXTRANJERA Y CREACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD RESPECTIVA El señor NAVARRO.Señor Presidente, este proyecto es de vital importancia. En tal sentido, es bueno que haya llegado el Ministro de Economía a la Sala. Quienes hemos intentado atraer inversiones extranjeras desde las regiones nos hemos encontrado con las grandes y severas limitantes que presenta la institucionalidad tanto a nivel nacional como regional. Por tanto, ha sido imposible adaptar tales requerimientos. La iniciativa en análisis busca fomentar la inversión extranjera que Chile necesita para el desarrollo del empleo y, particularmente, normar. Sin embargo, es primera vez que ella llega a la Sala. No habíamos tenido posibilidad de conocerla. El Ejecutivo le ha puesto urgencia de "discusión inmediata". Y les quiero recordar a los parlamentarios de la Derecha que cuando la Nueva Mayoría ponía tal urgencia ellos se transformaban, se lanzaban graves acusaciones. Un proyecto de esta envergadura con "discusión inmediata" nos obliga solo a debatirlo, sin poder presentar indicaciones. Tenemos que discutirlo bajo presión. En consecuencia, señor Presidente , pediré votación separada de todos los artículos, salvo que el señor Ministro de Economía , que nos acompaña, nos diga: "El Gobierno tiene urgencia en sacar este proyecto, pero les va a permitir conocer su orientación a quienes no poseen la virtud o la capacidad para estar en la Comisión de Hacienda". La iniciativa contiene elementos muy debatibles en torno a la no discriminación absoluta en relación con la inversión. El decreto ley N° 600 establecía una limitación en cuanto a que si había producción nacional de buena calidad y una inversión extranjera quería ingresar, se debía tener consideración respecto a si la inversión nacional era suficiente. En caso de no serlo, se permitía el ingreso de la extranjera. Pero ahora el procedimiento es indiscriminado. Se elimina toda la regulación. O sea, neoliberalismo puro. El que quiera venir a producir lo que desee, aunque haya ya un producto nacional, en cualquier condición, lo puede hacer sin sufrir ningún tipo de discriminación. Por otra parte, este proyecto nos permitiría darles una función mayor a los gobiernos regionales en lo que respecta a la atracción de la inversión extranjera. Se crea una agencia, que será más agresiva, como manifestó el Senador Zaldívar . Sin embargo, hay regiones que poseen muchas capacidades y se hallan absolutamente limitadas. Las regiones deben tener capacidad de promocionarse, de venderse, de atraer inversiones extranjeras. Esto no debe ser una función exclusiva de una agencia centralizada. En tal sentido, el proyecto puede ser perfeccionado. Es decir, podemos mejorarlo, incorporarle una visión más amplia. Lo más preocupante, señor Presidente , y por eso pido la votación separada, es lo referente al numeral 10 del artículo 12° del decreto ley Nº 825. Allí se señala que estará exenta del impuesto establecido en el Título pertinente la importación de especies efectuadas por quienes ahí se especifica. Este es uno de los elementos que vale la pena analizar, porque lamentarse o arrepentirse después será lo más fácil. Y se habla de los "bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión extranjera formalmente convenido con el Estado de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley N° 600, de 1974," -ya no existe- "o en bienes de capital que no se produzcan en Chile en calidad y cantidad suficiente, que formen parte de un proyecto similar de inversión nacional, que sea considerado de interés para el país, circunstancias todas que serán calificadas por resolución fundada del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción". Es decir, a lo menos había una limitante. Porque si la intención es generar más desarrollo productivo, más empleo, si a la débil industria nacional, por ejemplo, la farmacéutica, la de medicamentos, se le vienen a instalar los gigantes del rubro, los que van a realizar toda la importación de los bienes de uso y de capital sin estar afectos a un régimen de impuestos, entonces, habrá una competencia desleal. Aquí tenemos la expresión máxima del neoliberalismo. Y llamo al Senado para que tengamos, por lo menos, la capacidad de

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conversar, de abrir el debate cuando estamos modificando la legislación. Todos queremos que venga la inversión extranjera, que haya las mayores facilidades para ella. Pero no deseamos que venga a destruir la escasa industria nacional que nos queda en algunos ámbitos. Señor Presidente , entiendo que el proyecto proviene del Ministerio de Hacienda, en el que ha habido cambios importantes en las últimas horas. Como sea, aprovecho la presencia del Ministro de Economía para señalar que a mi juicio esta materia amerita un debate. En lo personal, me hubiera gustado participar en su tramitación en la Comisión de Hacienda, pero el Reglamento establece un procedimiento: la Comisión lo ve, viene a la Sala, se aprueba en general y se abre plazo para indicaciones. Pero eso no ha ocurrido. No hay posibilidad de introducirle ninguna modificación. Por tanto, me veo compelido a pedir votación separada respecto de cada uno de los artículos. Leo solo lo que propone el artículo 9°: "Los inversionistas extranjeros se sujetarán al régimen jurídico común aplicable a los inversionistas nacionales, sin que pueda discriminarse arbitrariamente respecto de ellos, sea de manera directa o indirecta.". O sea, esto es una autolimitación del Estado, a través de una ley, que incluso está por sobre la Constitución. Porque esta última contempla formas de discriminación, de limitar la actividad productiva o la propiedad privada cuando se trata del bien común o cuando así sea demandado. Este concepto de "sin ninguna discriminación, directa o indirecta" lo que dice es "todo", ninguna posibilidad de discriminar. Eso queda en la ley. El artículo 9° es preciso y concreto. Y yo digo que venga la inversión extranjera; es importante; Chile y las regiones la necesitan. Pero esa inversión no debe producir lo contrario de lo que todos esperamos: no puede venir a competir de manera desleal con la industria nacional; no puede venir a generar empleos más precarios. Porque no se contempla ningún tipo de discriminación. En general, la inversión extranjera se adapta al régimen nacional. Sin embargo, hay áreas sensibles. Pienso, por ejemplo, en la Región del Biobío. Cuando firmamos el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el arancel cayó de 6 por ciento a cero. Eso significó la muerte de Bellavista Oveja Tomé, una industria chilena que exportaba a más de 89 países, con telas de calidad mundial. En el lugar al que se fuera del mundo se encontraban sus productos. La rebaja del arancel en los hechos la terminó de destruir. Desapareció la industria textil en Chile. Por tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es fomentar la inversión donde queremos que ella exista: en la minería, en energía. Pero no en todos y absolutamente todos los aspectos de la productividad nacional. Eso sería entregarse absolutamente al capital internacional y limitarnos en demasía en la protección de nuestra industria. Señor Presidente , ha llegado el Ministro de Economía . Yo he pedido la votación separada. Sé que eso alargará el debate, pero no hay ni una sola posibilidad¿ El señor COLOMA .Es votación general. El señor NAVARRO.El proyecto se encuentra con urgencia de "discusión inmediata". Ello obliga a discutirlo en general y en particular hoy día. O sea, la Sala debe despacharlo esta tarde sin haberlo conocido con anterioridad. Ese es mi punto¿ El señor COLOMA .Tiene razón, señor Senador . El señor NAVARRO.Los únicos que lo conocen son los miembros de la Comisión de Hacienda. Señor Presidente , yo confío en el criterio de los Senadores; desconfío del proyecto, porque no lo ingresaron los miembros de la Comisión de Hacienda, sino que vino del Gobierno, no sé si del actual o del anterior¿ El señor ALLAMAND .-

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Del actual. El señor NAVARRO.Da lo mismo. En definitiva, a nosotros nos corresponde la responsabilidad de aprobarlo o rechazarlo. Señor Presidente , en esta Sala hay 34 Senadores de regiones -¡34 de 38!-, y la iniciativa no contiene una sola palabra acerca de promover a los gobiernos regionales en una tarea tan importante como esta. Yo no sé a qué van los cores a recorrer China, Japón , Asia, Estados Unidos, dadas las limitaciones que tienen para trabajar. Son elegidos tan democráticamente como los Senadores que están en la Sala, pero no se contempla su incorporación a la Agencia propuesta. Mi Intendente, Rodrigo Díaz , quien lo ha hecho muy bien, fue a China. Estuvo 12 días. Volvió con iniciativas de convenios, de inversiones. Pero nada: aquí pasan a depender de la Agencia de Santiago y de una CORFO que lo ha hecho mal. Los últimos 25 años de esta Corporación son una mala experiencia: multiplicidad de instrumentos que no dicen relación alguna con el interés de los inversionistas. Refiero un hecho muy brevemente: trajimos a la delegación china de Yutong, los mayores fabricantes de camiones y de buses del mundo, que por cierto tienen presencia en América Latina. Estuvieron en mi Región dos días y medio. Después de largas visitas a puertos, lugares de inversión, parques industriales, en la reunión con el Intendente, con CORFO, con SERCOTEC, tras escuchar dos horas y media de exposición, con la sabiduría oriental les dijeron: "Bien, los hemos escuchado todo este tiempo y hemos conocido la Región y todo lo que ustedes nos ofrecen. Ahora queremos plantearles lo que nosotros necesitamos". Pues bien, hicieron una intervención de 20 minutos y nada de lo que ellos requerían había estado en el marco de la visita, en el marco de la propuesta de CORFO. Necesitaban cosas muy distintas: exención tributaria; fomento muy fuerte de la mano de obra; terrenos y concesiones por más de 40 o 50 años. Y como nada de eso estaba, se fueron a Brasil. Entonces, si de inversiones¿ El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).Ha concluido su tiempo, señor Senador. Dispone de un minuto más para redondear su idea. El señor NAVARRO.Señor Presidente , si de atracción de inversión extranjera se trata, me parece bien la creación de una Agencia, pero la incorporación de los gobiernos regionales es vital. En la agenda prodescentralización y prorregionalización que mi Gobierno y la Presidenta Bachelet han comprometido no puede haber una ley de este impacto que no los tenga incorporados. Por tanto, señor Presidente, a pesar de que la iniciativa está bien orientada, contiene falencias graves que espero se puedan subsanar si el Ejecutivo se allana a la apertura de un plazo de indicaciones, para despacharla tan prontamente como se requiere, pero con las modificaciones que he señalado. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! He dicho.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Sesión: Sesión Ordinaria N° 77 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: martes 9 de diciembre de 2008

ESTABLECIMIENTO DE LA LEY GENERLA DE EDUCACIÓN El señor NAVARRO.Señor Presidente, estamos en el debate más importante del siglo XXI, en Chile, sobre materia educacional. La cobertura entregada por el Estado ha sido prácticamente nula. Esta es una discusión política ideológica. Soy de los que creen que no estamos debatiendo sobre pedagogía, sino, fundamentalmente, acerca de la ideología tendiente a construir un tipo de sociedad y un tipo de ciudadanos. Estamos hablando de educación. De allí que haya tal debate y que, efectivamente, el consenso sea tan difícil. Estamos hablando de la sociedad a la que queremos alcanzar y de la clase de ciudadanos que se requiere para construirla. Y hay quienes creen, en una visión conservadora, que existe un tipo de ciudadano, a través de cierta educación, que debe fortalecerse. Para quienes seguimos pensando en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más socialista, la educación es un elemento clave. Hay que dejar de lado eso de Robin Hood "de quitarles a los ricos para darles a los pobres". Lo que conlleva a una sociedad moderna es dar condiciones de igualdad a todas las personas para poder desarrollarse y cumplir con su misión en esta vida. Ese es el objetivo de la educación. Solo ella establece niveles de igualdad. Por lo tanto, el debate debiera centrarse en si el proyecto de ley que nos propone el Gobierno genera las condiciones para ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa, y en si los jóvenes chilenos que egresan de la educación pública o estatal, efectivamente, tienen esa posibilidad. Soy de los que creen, y tengo la convicción, que la iniciativa en debate traiciona la revolución pingüina. Y no lo sostengo solo yo. ¡Por favor! Porque, al final, dicen: "Mira, esta es una visión con cierto sesgo ideológico", que, en realidad, reconocemos. ¿Qué señaló el señor Juan Zolezzi , Presidente del CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) y Rector de la Universidad de Santiago? Que la Ley General de Educación tiene "escasas exigencias para la entrada y salida de los proveedores educativos, limitada información sobre la calidad de las instituciones educativas, escasa difusión de la información sobre calidad y equidad educativa hacia los actores del sistema, débiles herramientas para demandar mejoras educativas entre los proveedores educativos y uso de mecanismos de selección a temprana edad que reducen las posibilidades de integración educativa.". ¿Qué dijo don Abelardo Castro , representante de los Decanos de las Facultades de Educación de Chile? Que "este proyecto de ley sólo ordena el sistema de educación particular vigente sin entrar a modificar la estructura central de la educación chilena.". Eso es lo que opinan quienes participaron en la Comisión presidencial. Y así, suma y sigue. El señor García Huidobro , Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que lo más difícil y complejo de la iniciativa fue su silencio, lo que no dice, lo que oculta, lo que evita, en pos del denominado "acuerdo político". Desde un principio yo declaré en la Comisión que no solidarizo con ese acuerdo político; lo rechazo por espurio. Creo que es la fotografía más hipócrita de la política chilena y que va a quedar en los anales de la política nacional, donde la mitad de los que alzaron las manos en La Moneda quieren desalojar a la otra mitad. Eso es lo que hay. Una pugna por el poder. Uno se pregunta, entonces, por qué hubo acuerdo sobre educación si, efectivamente, quienes alzaron las manos allí tienen un profundo debate sobre cómo gobernar y dirigir el país. ¿Por qué se ponen de acuerdo en materia educacional? ¿De verdad ellos quieren cambiar a Chile? ¿Desean hacer una reforma profunda -digo revolucionaria- en el sistema educativo, en el sentido estricto de que aquí se requieren cambios estructurales esenciales? Siento que algunos no pretenden hacer esos cambios, sino más bien, como dicen los especialistas, efectuar reformas cosméticas que, en definitiva, mantengan lo esencial del programa. El Senador señor Allamand ha dicho aquí que Renovación Nacional votará en contra del proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública, cuyo principal elemento es el cambio de la institucionalidad. Fin de la fracasada municipalización, que

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es la promesa que hace el Gobierno a objeto de poder proponer que votemos a favor del proyecto, que no es completo. Pero vienen otras iniciativas: la de fortalecimiento de la educación pública; la de fortalecimiento de la educación superior, y otra sobre la Superintendencia. Es decir, el mosaico más abstracto para tomar definiciones claras y concretas respecto a qué hacer con la educación. Habrá cinco normativas sobre educación. Por tanto, me surge la siguiente pregunta: ¿hay ingenuidad o se ha estructurado un mecanismo preciso y concreto para diversificar tanto el debate que, al final, nadie sepa efectivamente qué se aprueba? Porque si queríamos una reforma educacional, tendría que ser integral, incluyendo a la educación superior, básica y media, la creación de la Superintendencia y el cambio de la institucionalidad y su financiamiento. En Nicaragua se gastan 190 dólares al año por estudiante; en Chile, 1.400 dólares, y en la OCDE, 4.800 dólares. El diagnóstico concluye claramente que la educación municipalizada viene en retroceso, que nuestro país invierte poco en educación: recién en 1992 se igualaron los ingresos del PIB y, en la actualidad, no supera el 4 por ciento del gasto público. Sin embargo, en algunas naciones, como Cuba y Finlandia, el gasto llega al 10 por ciento del PIB. Uno se pregunta, entonces, cuál es la decisión, ¿subir el aporte financiero para poder establecer una subvención mayor? Porque no se debe pensar que estamos en contra de la educación pagada. Mis hijos se hallan en colegios particulares y caros, porque puedo pagar. Pero a la inmensa mayoría de los chilenos, de los trabajadores, no les es posible solventar una educación de calidad. Por tanto, es un deber del Estado proveerles educación en igualdad de condiciones. Por cierto, todos los que estamos en esta Sala tienen a sus hijos en colegios particulares, porque pueden pagar la educación. Por lo tanto, debemos proveer un sistema educativo de calidad y financiado. Pero en el proyecto no hay una sola letra sobre el tema del financiamiento. Cuando se votó la iniciativa que establecía 130 mil millones de pesos para subvencionar a los niños más vulnerables del país, hubo quienes dijeron que queríamos rechazar el proyecto. Y lo que planteamos en su oportunidad era que los municipios no estaban en condiciones de administrar esos mayores recursos, porque han fracasado en su gestión. Por eso, señor Presidente , decimos que este es un proyecto que no cumple con el objetivo, que tiende a distorsionar y que políticamente no tiene ninguna coherencia. Los profesores están en contra; los padres y apoderados están en contra; los estudiantes están en contra; un sector menor pero importante de parlamentarios está en contra. Entonces, ¿quiénes están a favor, aparte el Gobierno? ¿Cuál es el objetivo de llevar adelante la iniciativa? No se toca el financiamiento compartido. Debo decirlo aquí: el financiamiento compartido no lo instaló Pinochet, sino la Concertación, en 1994. ¡Con doscientos mil millones de pesos han tenido que contribuir los padres y apoderados, a partir de esa definición, para financiar la educación de sus hijos! El señor MUÑOZ ABURTO .Fue el Ministro Arrate . El señor NAVARRO.El Ministro Arrate , por cierto, con el voto en contra del entonces Diputado Juan Pablo Letelier -como lo dijo la semana pasada-, pero con la aprobación de algunos colegas que están detrás de mi asiento en esta Sala. El señor MUÑOZ ABURTO .¿Y cómo votó usted? El señor NAVARRO.Señor Presidente , según hemos dicho, la pregunta a la señora Ministra es qué modelo queremos instaurar a través de esta reforma. Hemos dicho que el modelo de Finlandia debiera ser el apetecido por Chile. La Presidenta de la República ha estado en Helsinki. Conversamos con Erkki Aho, líder de la revolución educacional de aquel país. ¿Y saben qué se nos dijo? "La clave del éxito es profesores bien formados y bien pagados".

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Entonces, si uno quiere parecerse a los neoliberales en un país que cada día se afana por ser más neoliberal, incluso más que los neoliberales del resto del mundo, debe preguntarse cuál es el modelo. ¿Acaso el de Finlandia: educación cien por ciento pública y cien por ciento gratuita? ¿Quiénes conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? ¿Qué ha dicho esta entidad sobre nosotros? El Informe de la OCDE de 2004 señala en su Capítulo Cuarto que "el experimento del mercado educacional no ha producido progreso en aprendizajes ni en el ahorro de costos". Y agrega un punto importante: que no es el valor agregado lo que hace tan diferente el sistema, sino más bien la circunstancia de que el sistema educacional chileno está conscientemente estructurado por clases (página 277-278, Capítulo Séptimo, "Igualdad de oportunidades para aprender en Chile"). ¡La educación chilena está conscientemente estructurada por clases sociales! Eso nos dicen los especialistas del mundo -Francia, Grecia , Portugal , Suiza , Suecia, Japón , Holanda , Finlandia-: que la educación de nuestro país tiene una estructuración clasista. ¿Qué señala el mismo Informe en cuanto a la ideología de mercado? "La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje". (Capítulo Octavo, página 290). La pregunta es: ¿hace caso o recoge este proyecto lo que la OCDE plantea para estructurar una educación de calidad? Por cierto, hay avances. ¿Son suficientes? ¿Obedece la iniciativa a la política de "en la medida de lo posible"? Yo quiero puntualizar que la política de "en la medida de lo posible" es lo que tiene a la Concertación a punto de perder el Gobierno, lo que provoca la frustración más profunda en vastos sectores ciudadanos. Ella implica evitar el debate de fondo, eludir definiciones, llegar a acuerdos aunque sean insatisfactorios. En el proyecto no está claro el rol del Estado como garante de la calidad de la educación (artículo 3º, letra b). ¿Cómo es posible aceptar -y el Senado tiene una visión histórica- que el articulado exprese que el Estado "propende a asegurar una calidad educativa", cuando debiera "asegurar una calidad educativa"? En consecuencia, debemos definir muy bien el rol del Estado. La iniciativa en debate carece de una definición profunda sobre lo que debe ser la educación pública. ¿Qué es educación pública? La financiada por el Estado. Y la que imparten los colegios particulares subvencionados, ¿es o no educación pública? La ley en proyecto carece de definición a este respecto. De otra parte declara la existencia de la libertad de enseñanza, pero la garantiza más para los sostenedores que para los usuarios. Como he dicho, los sostenedores son sostenidos por el Estado. Muchos no sostienen a nadie; el Estado los sostiene a ellos, y entregan una educación de pésima calidad. No reconoce la obligatoriedad de la educación preescolar. No establece normativas de no discriminación por la situación civil de los padres. Yo no puedo aceptar un proyecto de ley en virtud del cual el Estado le pague a un sostenedor que sea capaz de discriminar al alumno por el estado civil de los padres, más allá del reconocimiento a los colegios religiosos, que tienen legítimo derecho a establecer discriminaciones. ¡Pero no si reciben recursos públicos! ¡Si quieren plata del Estado, las condiciones debe ponerlas este! Y entre ellas, la de no discriminación. El 52 por ciento de los niños de nuestro país nacen fuera del matrimonio. Es decir, cuando entregamos plata a colegios que no aceptan a alumnos en esa condición estamos permitiendo una discriminación con dineros fiscales. Por otro lado, se debilita la labor docente. Yo me pregunto si el Colegio de la Orden, a raíz del proyecto de ley que establece el Examen Nacional, va a aceptar que operen o diagnostiquen quienes no sean médicos. Pero como se trata de profesores y de educación, la iniciativa que nos ocupa ahora dispone que pueden hacer clases sin

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haber estudiado pedagogía quienes se hallen en posesión de un título profesional o de un grado de licenciatura de al menos ocho semestres en una especialidad afín con la que se imparta. O sea, estamos consagrando que hagan clases en el aula personas que no hayan estudiado pedagogía. Esa es la única área donde aquello ocurre. Porque si se tratara de los ingenieros civiles, de los médicos o de cualesquiera otros profesionales, aquí estaríamos poniendo el grito en el cielo para denunciar una discriminación tan absurda como la que vengo connotando. El proyecto no se hace cargo de la educación técnico-profesional. El 70 por ciento de los estudiantes de 3º y 4º medio pertenecen a liceos técnico-profesionales. Ahí están las CORPRIDE: ¡un desastre! El Senado rechazó un proyecto de acuerdo encaminado a fiscalizarlas. Señor Presidente , los mismos males que acechan hoy día a la educación pública están en las corporaciones privadas de desarrollo, que tienen un régimen especial; que reciben más de 3 mil 600 millones de pesos y un diez por ciento adicional para pagos a directivos, y que no se encuentran sometidas a ninguna fiscalización solo porque son dirigidas por la SOFOFA, por la Cámara Chilena de la Construcción. El proyecto nada dice sobre educación superior. ¡La educación superior se muere en Chile! La Ministra lo sabe. Quiere resolver el problema, por supuesto; el Subsecretario , también. ¿Pero qué han dicho los rectores? En mis tiempos de universitario, cuando presidí la gloriosa FEC de la Universidad de Concepción, los estudiantes hacíamos las huelgas de hambre. ¿Qué ha dicho Zolezzi? "Estamos dispuestos a hacer una huelga de hambre si no nos entregan los recursos para establecer un sistema de jubilación que permita el recambio generacional al interior de las universidades públicas". Lo que pretendemos es tener en Chile una Ley de Educación que satisfaga el anhelo de todos los padres: que sus hijos accedan a una educación de calidad que les permita surgir en la vida. El proyecto en debate, sin duda, no consigue aquello. El Gobierno nos ofrece una ley para el fortalecimiento de la educación pública. Y el Senador Allamand ya dijo que no votará favorablemente el proyecto respectivo. Por lo tanto, es un bluf el término de la fracasada municipalización. Lo dijimos hace dos años y lo hemos planteado reiteradamente: la municipalización debe terminar; hay que dar paso a las corporaciones públicas de educación para permitir que todos los estamentos (universidades, centros de padres, empresarios) conformen de manera descentralizada una propuesta diferente de la que hoy día tienen los municipios. Ahora bien, el proyecto que nos ocupa propone una composición del Consejo Nacional de Educación muy singular. ¿Quién va a administrar en el ámbito de la calidad? De una lectura atenta se desprende que, de los diez miembros que integrarán dicho Consejo, seis provendrán del sector privado, con la prohibición de recibir sueldo del sector público. O sea, condenamos a que la composición se halle ampliamente homogenizada por particulares. Entonces, no me digan que la ley fortalecerá el rol del Estado. Más bien, sanciona y regula el sistema de financiamiento de los proveedores privados. Y quiero que estos sigan existiendo, pero también aspiro a un Estado fuerte, pequeño y eficaz al momento de establecer el modelo educacional. Porque así lo hace el mejor país del mundo en este ámbito: Finlandia. Chile debe tener un modelo a seguir. Y me parece muy bien si no quieren el de Cuba, país que invierte 10 por ciento del PIB y logra una educación básica, media y superior de extrema calidad, la mejor de América Latina. Entonces, miremos a Finlandia. Cuando he preguntado cuál es el modelo que vamos a seguir, me responden: el chileno; o sea, educación privada y pagada.

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Ello, versus el de Finlandia, el mejor del mundo: educación pública y gratuita. Entonces, no logro entenderlo. Por eso, votaré en contra de este proyecto, a la espera de que el Gobierno recapacite y establezca una normativa que intente interpretar a la mayoría de los chilenos. He dicho. --(Aplausos en tribunas).

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Incidentes Intervención Petición de oficio Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Sesión: Sesión Ordinaria N° 13 Legislatura: Legislatura número 361 Fecha: miércoles 10 de abril de 2013

DAÑO AMBIENTAL EN CALETA LO ROJAS Y PLAYA NEGRA, CORONEL. OFICIOS El señor NAVARRO.- Señor Presidente , la Superintendencia del Medio Ambiente es un chiste, en verdad, en la Región del Biobío. Cuando la visité el otro día, sentí vergüenza ajena... Fue vergüenza propia, en realidad. ¿Cómo lo digo? Había un solo funcionario. En una Región de dos millones de habitantes, la segunda más importante de Chile, funciona en un sucucho, con una persona que, con mucha dignidad, hace lo que puede. Con Cindy García , una de las recolectoras orilleras de playa Negra, en Coronel, fuimos a denunciar a la termoeléctrica Santa María de Colbún por tragarse su ducto de captación de agua cientos de toneladas de langostinos y jaibas. Como contrapartida, se nos pasó un formulario de denuncias ambientales que era preciso descifrar; que requería un curso de un par de semanas para saber cómo llenarlo, el cual luego se envía a Santiago. No contamos con una institucionalidad de protección medioambiental. Lo dijimos cuando nos pronunciamos sobre la iniciativa legal respectiva. Voté en contra de la Superintendencia, porque sostuve que su existencia en la Capital implicaba el centralismo más abyecto, en circunstancias de que los problemas de esta índole se presentan en todo Chile. Pido que la señora Ministra del Medio Ambiente nos informe cuándo ese organismo funcionará en las demás Regiones y cómo lo hace hoy, ya que no está cumpliendo su labor. Y lo anterior, no porque el personal no lo quiera o carezca de la capacidad profesional suficiente, sino debido a que la institucionalidad no da para ello. Bocamina II, de ENDESA, y la Termoeléctrica Santa María de Colbún, han provocado en la caleta Lo Rojas y la playa Negra, en Coronel, un perjuicio expuesto a la Fiscalía. La Fiscal señora Ana María Aldana lleva adelante la investigación. Se han recogido elementos probatorios a través de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente, de la PDI. Hicimos la denuncia en la precaria Superintendencia regional y luego vendrá una querella por daño ambiental. Pero, en este país, el peso de la prueba sigue recayendo en la gente. Cuando estuvimos en Colbún, los gerentes de la planta nos decían: "Queremos formar una mesa de trabajo y que vengan las algueras para discutir cómo vamos a enfrentar la situación". Señor Presidente, ello es odioso, desmedido. En el caso de Cindy y de las dirigentes, muchas de ellas no han terminado la enseñanza básica, y, frente a las algueras, las empresas quieren poner a su mejor equipo de abogados e ingenieros, todos muy bien pagados, para discutir soluciones. La ley es abusiva y presenta vacíos y omisiones, porque deja en la absoluta indefensión a los afectados por la contaminación y el daño ambiental generados. Con Colbún se plantea una cuestión aparte. Conversé con las gerencias nacionales y negaban la situación, la cual se hizo evidente apenas 48 horas después. Como quieren ocultarla, a los trabajadores les quitan la ropa, los zapatos, todo, y les pasan un traje de la empresa, para que no lleven cámaras fotográficas ni celulares para grabar. De todas maneras, la audacia de las dirigentes permitió obtener imágenes de lo que era una verdad a gritos: Colbún y ENDESA succionan cientos de toneladas de langostinos, depredando el mar, y los devuelven muertos, generando una situación muy precaria para orilleras y algueras. Por eso, pido que la señora Ministra del Medio Ambiente visite la Región del Biobío . La necesitamos en terreno, no solo en Santiago. Ella es titular de la Cartera correspondiente a ese ámbito y sus funciones no dicen relación solo con la Capital. Además, le solicito que nos informe qué pasa con los tribunales ambientales. Por mi parte, fui derrotado por la dupla Frei-Allamand cuando discutimos sobre la materia. Debo reconocer que el lobby fue más potente. Uno de los tribunales ambientales, entonces, quedó en Valdivia, no en Concepción. Pero me dicen que para

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presentar una querella tengo que ir a Santiago. O sea, para denunciar y ejercer una acción por el daño ambiental que se está registrando en las playas de Coronel, es preciso concurrir al organismo jurisdiccional en la Capital, porque todavía no se constituye el de Valdivia. Espero que, en lo sucesivo, el Ministerio pueda elaborar políticas que permitan al menos aumentar el número de tribunales. Y quiero saber por qué estos no se constituyen. Nosotros aprobamos la ley respectiva -el actual Ministro de Economía , Pablo Longueira , era entonces Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y "chicoteó" el proyecto- y tenemos ya los tribunales, los cuales no están funcionando. Quiero saber dónde deben hacerlo, si los jueces tienen la capacidad de actuar y si podemos utilizar dichos organismos. Porque, si no, el otro camino es la calle, la movilización, los neumáticos. Los tribunales están para defender los derechos de las personas, uno de los cuales esperamos ejercer. Pido que en la cuestión relativa al daño ambiental puedan participar el SERNAPESCA y la DIRECTEMAR, tal como lo planteamos directamente en la Gobernación Marítima de Talcahuano. La DIRECTEMAR controla el cuerpo de agua y le es posible actuar en forma inmediata. Solicito que el señor Ministro de Defensa y, en particular, esa última entidad hagan llegar, entonces, todos los antecedentes que han recopilado respecto de estas denuncias. Con respecto a la varazón de langostinos, a la "alfombra roja" que salió en todos los canales de televisión a nivel mundial, algunos señalan -y ha habido estudios sobre el particular- que forma parte del cambio climático. Deseo consignar que miles y miles de metros cúbicos de agua que entran a Santa María de Colbún y Bocamina II son devueltos a mayor temperatura. ¿Dónde está el monitoreo? Le exijo a la señora Ministra del Medio Ambiente que nos entregue copia de los seguimientos de ese factor. Ahora, si ella me va a expresar que la medición la hacen las empresas, ¡esa información es basura! ¡No sirve de nada! Tiene que existir un mecanismo controlador independiente y no ser la propia industria la que tome la temperatura para que se pueda certificar que está cumpliendo con la ley y no se verifica una variación del cuerpo de agua. Hago presente que todos los estudios indican que una variación de uno o dos grados genera una importante alteración en la biomasa, particularmente en algas, microalgas y todo el cuerpo marino. Y eso pude apreciarlo, señor Presidente. Estuve en el lugar con Marisol Ortega y todas las algueras de la caleta Lo Rojas, y resultaba triste, agobiante, ver cómo cientos y cientos de toneladas de peces eran expulsados por el ducto de ENDESA, para morir en la playa, cubriendo vastos sectores. Todavía no hay acuerdo. Todavía algunos creen estar haciendo un gran aporte a Coronel. Pero lo único que saben esas mujeres es que el costo de la electricidad sube. Baja un poquito por los subsidios, pero vuelve a elevarse. En definitiva, Coronel se ha vuelto la comuna con más alta concentración de termoeléctricas. A pesar de que su alcalde , Leonidas Romero , se refirió al Senador que habla y a la Diputada señora Clemira Pacheco de manera absolutamente descalificatoria en un programa de televisión, espero que comprenda el clamor de la ciudadanía y no se dedique a defender a las empresas. Si opta por esto último, bien. Tendrá que asumir los costos y beneficios de su actitud. Ahora le formularemos una petición a esa Municipalidad. Capaz que nos responda con los mismos insultos con que lo hizo el jefe comunal, a quien, por cierto, respeto. Es hijo de ferretero. Y hay otro que también lo es. Creen que por ser tales merecen consideración en forma inmediata. Pero no es así. Ello se gana con una actitud de cordialidad, de mesura, aun en las diferencias. Y el alcalde no la ha mantenido ni con la señora Diputada , a quien ha agraviado, ni con este Senador. Por mi parte, he dicho: "A duro, duro y medio". Pero todavía no nos ponemos duros. Cuando lo hagamos, lo va a saber. Aún estamos en la etapa del diálogo. Quiero pedirle a ese municipio que nos entregue todos los antecedentes con que cuente acerca de la actuación de las termoeléctricas y de las denuncias formuladas por la contaminación de la playa de Coronel. Y, por último, deseo consignar que conversé largamente con la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente. Solo mencionaré un dato, haciendo constar que respeto su profesionalismo, del cual no abrigo ninguna duda: era la encargada medioambiental de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (ASIPES). Durante años,

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sostuvo la posición del sector. Le manifesté: "La escucho, y usted plantea siete argumentos, más que la propia industria que se defiende. O sea, su posición en tal sentido es más acentuada que la de ENDESA y Colbún". Con esa funcionaria, señor Presidente , difícilmente vamos a poder llevar adelante nuestros razonamientos. Ella actúa desde el punto de vista profesional, y la respeto. Sin embargo, no comparto su estrecho alegato en relación con lo probatorio. Es la racionalidad cartesiana más potente. O sea, ¡pruebas, pruebas! Estas se encuentran a la vista. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 90 Sesión: Sesión Ordinaria N° 90 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 7 de marzo de 2007

CONFORMACIÓN DE BANCADA PRO DESARROLLO ECONÓMICO DE OCTAVA REGIÓN El señor NAVARRO.Señor Presidente , me referiré a diversas materias. Primeramente, quiero dar a conocer que la prensa regional, el empresariado y las organizaciones de trabajadores de la Octava Región del Biobío han observado con incredulidad, pero también con mucho nerviosismo, las estadísticas que reflejan el desarrollo y el crecimiento económicos locales. Si bien los índices fueron positivos, se concluye que sólo se creció 2,2 por ciento en 2006. Diversos empresarios, como Marcos Israel y Leoncio Toro , de la Cámara de la Producción y del Comercio, han reiterado la necesidad de que la actividad económica de la Región adquiera un mayor dinamismo. Resulta claro que esta última, con esa tasa de crecimiento, se halla lejos de poder liderar un proceso económico que le permita resolver los graves problemas que enfrenta, relacionados con la pobreza, la desigualdad, el poco desarrollo educacional y, particularmente, el aumento de los índices de desempleo. Todos señalan que se requiere un gran esfuerzo del Gobierno, pero también de los principales actores regionales, es decir, empresarios -y la MIPYME, en general- y trabajadores. Las medianas y pequeñas empresas han manifestado reiteradamente que una de las claves del éxito es poder contar con más apoyo, a fin de incursionar en el ámbito de la exportación y, en especial, en el desarrollo de tecnologías que hagan de la Octava Región un área de verdad emprendedora. Los efectos de la concentración de la actividad económica en las áreas forestal, pesquera y de la celulosa deben ser evaluados. Diversos economistas sostienen que, no siendo prioritaria y no representando más de 30 por ciento de la producción de la Región, no hay motivos para culpar del estancamiento a la concentración en estos sectores. Cabe destacar que las cifras de 2006 son preocupantes. El INACER se expandió en 2,2 por ciento; la industria manufacturera se incrementó 3 por ciento; la demanda de energía eléctrica creció en 10 por ciento; la generación, en 11,8 por ciento; los permisos de edificación se estancaron en 13,1 por ciento; el movimiento portuario aumentó en 9,4 por ciento; el desembarco pesquero regional, en 9,5 por ciento; las exportaciones, en 19,1 por ciento; las ventas reales de supermercados, en 6,1 por ciento; la tasa de desempleo alcanzó a 8,5 por ciento en el trimestre noviembre 2006-enero 2007. Estas cifras fueron entregadas por la Cámara de la Producción y del Comercio y, sin duda, requieren la atención de todos los actores. Conversé sobre el particular con el Senador de la UDI señor Pérez Varela , representante de la provincia del Biobío, y con quien acordamos asumir el desafío. Por lo tanto, señor Presidente , llamo a la conformación de la Bancada Regional por el Desarrollo de la Región del Biobío. No existe posibilidad alguna de mejorar si no median esfuerzos unidos de todos los Parlamentarios de la Octava Región: 14 Diputados y 4 Senadores. La medida tendrá como objetivo, primero, evaluar los motivos del estancamiento económico, y segundo, analizar las propuestas que lleva a cabo el Gobierno y que han sido ineficientes o han significado un absoluto fracaso. Al respecto, el sector empresarial siempre ha demandado ser escuchado, a fin de que los incentivos para el desarrollo sean los que, sin duda, él requiere. Hasta ahora, la CORFO tiene un menú de ofertas de diversos instrumentos para fomentar la inversión que reiteradamente los empresarios, tanto de la Región como del nivel nacional e internacional, han planteado que no son suficientes. La Región del Biobío tiene una oferta educativa extraordinaria. Cuenta con más de 9 universidades y centros de educación superior. A escala humana, ofrece múltiples posibilidades de desarrollo. Sin embargo, se ha estancado. Y si se detiene, ocurre lo mismo con el país. Porque el crecimiento y la pujanza que representan para el Fisco la venta y los precios del cobre no son reflejo suficiente de una economía sana. Por eso, anuncio que vamos a conformar la bancada regional. No es una idea del Senador que habla, sino un anhelo que ha estado permanentemente en los Parlamentarios de todos los partidos políticos de la Región del Biobío, quienes asumimos -y

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lo asumo- el desafío de trabajar colectivamente. No basta la crítica: hay que hacer propuestas. No basta el análisis, hay que desarrollar acciones. En ese sentido, la Región no puede soportar una tasa de crecimiento de 2,2 por ciento sin tener una reacción fuerte de todos sus actores, en especial los productivos y los trabajadores. Durante mucho tiempo funcionó una mesa de trabajo regional que aunó los esfuerzos de trabajadores y empresarios, a fin de convenir no sólo el respeto de las leyes laborales -en una zona donde son violados sistemáticamente los derechos de los trabajadores-, sino, en particular, de lograr un acuerdo público-privado que posibilitara potenciar la Región. Soy partidario de un proyecto nuevo en el ámbito local que concentre y dinamice la actividad público-privada. Para ello, el Estado debe jugar un rol y los empresarios otro. ¿Qué demanda nuestra Región? Eso es lo que la bancada referida -reitero que es una idea que no proviene de ninguna colectividad en especial, sino que es la concreción de una aspiración de muchos años- espera que pueda materializarse. Necesitamos reactivar la Región del Biobío y asumir que sus cifras de crecimiento en el empleo y, especialmente, respecto en el desarrollo pueden hacer que el pesimismo sea un elemento que se enraíce, en circunstancias de que otrora tenía tasas de crecimiento de 8,6 y de 9 por ciento, cuando la media nacional no superaba el 4 ó 5 por ciento. Por ello, señor Presidente , como lo conversé con los Senadores señores Pérez Varela y Ruiz-Esquide, tendremos que realizar un esfuerzo conjunto, más allá de nuestras legítimas diferencias. La gente así lo pide. Ésta es una elección política que espero que se concrete, porque, a mi juicio, constituye la mejor señal que nuestra actividad puede dar respecto de los intereses ciudadanos. Muchas personas de la zona me han dicho que se levantan con el Transantiago en Concepción y en Chillán, y se acuestan con él en Tomé y en San Carlos. Pero dicho plan no es un problema nacional, sino de los santiaguinos. Sin embargo, la relación directa que podría tener para quienes nos hemos involucrado en el tema es el Biovías II, en la intercomuna Concepción-Talcahuano. Y la experiencia del Transantiago debe ser determinante para que ese proyecto de modernización, calcado del de la Capital -también con Administrador Financiero- se corrija y no se implemente hasta que estén sacadas las lecciones. El Gobierno tiene que atender los problemas regionales. Los Senadores señores Allamand y Frei , según entiendo, están aunando esfuerzos para sacar adelante la Región de Los Lagos. Es algo que quienes representan al resto de las Regiones también deben hacer. Yo espero que los Senadores y Diputados de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista podamos unirnos en ese empeño. No se trata de pedir privilegios al Gobierno central, sino de comprender de mejor manera cuáles son las necesidades y cuáles las fórmulas para posibilitar que la inversión público-privada sea efectiva y exitosa. Porque esfuerzos se han realizado. Pero sucede que los resultados son magros y pobres. Y al respecto no se puede responsabilizar ni al sector privado por haber equivocado sus inversiones, ni al sector público por no llevar adelante los proyectos de infraestructura necesarios o no dar los incentivos adecuados para el desarrollo de las Regiones. Determinar qué pasa en la Octava Región del Biobío y saber por qué ha tenido un crecimiento de sólo 2,2 por ciento -¡un campanazo y una luz de alerta tremenda para el país entero!-, es lo que queremos los Parlamentarios que la representamos

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 89 Sesión: Sesión Ordinaria N° 89 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 19 de enero de 2011

URGENCIA PARA DESPACHO DE PROYECTO SOBRE ACOSO LABORAL. OFICIO El señor NAVARRO.- Señor Presidente , este año voy a insistir en el despacho del proyecto sobre el mobbing -es decir, el acoso psicológico en el trabajo-, que se encuentra en la Comisión de Trabajo. Se trata de una iniciativa que hemos impulsado con la Diputada Ximena Vidal. Espero que dicho órgano técnico la despache pronto. Está casi lista. La Senadora Matthei , quien nos abandonó para formar parte del Gobierno, cuando integraba dicha Comisión era partidaria de legislar en esta materia. Por su parte, el Senador Allamand, quien también fue miembro de dicha instancia e igualmente nos abandonó, estaba de acuerdo. Yo espero que tales deserciones, en pos de fortalecer al Gobierno, no dañen la voluntad positiva de sacar adelante la iniciativa sobre el mobbing, o acoso laboral. En otras legislaciones del mundo, ese fenómeno se halla tipificado. Pero en Chile, lamentablemente, pese a que existe, no se encuentra regulado mediante ley. Cientos de trabajadores padecen de acoso psicológico en el trabajo. Sin embargo, ello no está sancionado. Muchos empleadores y jefes cometen abusos contra sus subordinados, quienes terminan con serias secuelas psicológicas y físicas. Por lo anterior, pido que se oficie en mi nombre a la Ministra del Trabajo para que nos remita su opinión acerca de dicho proyecto, a fin de facilitar su despacho. --Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Sesión: Sesión Ordinaria N° 17 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: martes 6 de mayo de 2008

EFECTOS NEGATIVOS DE EXPANSIÓN DE SANTIAGO. OFICIOS El señor NAVARRO.Hay una mala noticia para los santiaguinos y para la gente de Regiones, una pésima noticia para los regionalistas de corazón, no para los de baquelita, quienes suman y suman votos cuando tienen que hablar de regionalización y descentralización, pero siguen fortaleciendo a Santiago a la hora de votar y tomar decisiones. Lo que era un rumor en febrero parece ya convertirse en realidad. Entonces se lo consulté a la Ministra de Vivienda y me dijo: "Ese no es un tema que tengamos presente". Pero algo yo sabía en febrero de 2008. Toda la información de prensa confirmaba el dicho: "Cuando el río suena es porque piedras trae". En un medio escrito se publicó: "En la primera quincena de marzo, el Ministerio de Vivienda entregará al Consejo Regional su propuesta para modificar el Plano Regulador Metropolitano". Tal cambio es el más importante desde 1994, pues intenta sumar 9.266 hectáreas al suelo urbano de dicha megalópolis. "Una nueva Las Condes", dicen algunos. En efecto, la superficie de esa comuna es equivalente a la que hoy día se quiere ampliar para edificar. Mil hectáreas consume cada año la industria inmobiliaria en la Capital, y 2.595 millones de dólares sumaron las ventas inmobiliarias en el Gran Santiago en 2007. Es un negocio interesante. Señor Presidente , todo indica que se avanza hacia una nueva distribución del suelo urbano. El costo de ello es que los terrenos agrícolas, tipo I y II -los mejores del país-, atraviesan una situación muy compleja. No hay acuerdo entre los urbanistas en torno a si la densificación urbana debe hacer crecer las ciudades hacia arriba o hacia los lados. Lo concreto es que Santiago lo ha hecho hacia los lados: la gente prefiere casas, no departamentos. A consecuencia de ello, el nuevo territorio urbano permitirá, si se aprueba la propuesta, construir 163 mil nuevas viviendas para 652 mil habitantes. Se han entregado algunas explicaciones respecto de por qué se pretende expandir dicha megalópolis, que ya bordea los 6 millones de santiaguinos. El señor Carlos Estévez , Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, tiene una versión interesante. Yo la paso a exponer. Para justificar las casi 10 mil nuevas hectáreas, dice: "Cinco millones y medio de personas se reproducen". Argumenta que el fenómeno migratorio de otras Regiones a Santiago es un factor marginal, a la gente ya no le interesa venirse a la Capital. El problema, a mi juicio, es la tasa de natalidad. Y continúa diciendo que la migración "ocurrió hace ochenta años, ahora no. Aquí el tema es que nuestros hijos y los hijos de quienes viven en Cerro Navia, Maipú y Quilicura y en comunas que no tienen disponibilidad de viviendas, se están yendo porque hay una importante escasez de suelo. No escasez para hoy o mañana, sino para 20 ó 30 años más". Es decir, la expansión de Santiago está pensada para dar viviendas a los hijos de los actuales capitalinos. ¡Curiosa afirmación del Seremi que valdría la pena estudiar, pues hemos abandonado la investigación sociológica de las tribus urbanas acerca de cómo se comportan aquellos que viven dentro de la ciudad! Sin embargo, el argumento de que las viviendas serán ocupadas solo por santiaguinos contrasta con los datos internacionales que maneja la OMS y con otros estudios, los cuales aseveran que la tasa de natalidad en Chile se halla levemente por encima de la de mortalidad. ¡Tenemos la natalidad más baja de América Latina! Y todo hace prever que, de no mediar un fuerte incentivo a la protección de la maternidad, Chile se convertirá en un país de viejos donde, de aquí al año 2030, más del 45 por ciento de la población superará los 55 años, lo cual requerirá una enorme inmigración de mano de obra, como ha ocurrido en otras naciones. Todo indica que Santiago y el resto del país han llevado un proceso de crecimiento por debajo de lo esperado y, por tanto, la información no parece adecuada. Más bien, yo tiendo a creer que aquellos que propician esta reforma únicamente se preocupan de la plusvalía de los terrenos,

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no de las viviendas para nuestros futuros hijos. Piensan solamente en que si hoy día tienen mil millones de pesos en terrenos, cuyo valor subirá seis veces, en 24 horas podrían contar con seis mil millones de pesos para depositar en el banco como garantía de nuevas transacciones financieras. Eso pasó en Chacabuco. Asimismo, la prensa informa -y es un tema que vale la pena aclarar- quiénes son los propietarios de tales terrenos: la familia Pérez Yoma , Daniel Yarur , Andrés Allamand -ignoro si será nuestro colega Senador-, Agrícola del Monte . Esos suelos permanecieron dentro del nuevo radio de la ciudad. Y los propietarios de los predios que quedaron fuera acusan que la propuesta es poco transparente, mientras el Seremi asegura que fue hecha sobre bases objetivas. Es posible que los valores de los suelos rurales que pasarán a ser urbanos se multipliquen por seis. Cada metro cuadrado, que hoy vale 0,5 UF, pasaría a costar entre 1,5 y 3 UF. Los especialistas inmobiliarios dicen que "El terreno cuesta lo que puedes construir ahí. El precio dependerá de qué construcciones hay en torno al terreno que se declararía urbano. Un terreno donde pueden construirse viviendas de 1.500 UF cuesta en promedio 1,5 UF el metro cuadrado, mientras que donde pueden hacer casas de 3.000 UF, el metro cuadrado de terreno vale 3 UF". Sin embargo, el problema no radica solo en que algunos van a ganar mucho dinero sin mover un dedo. El negocio inmobiliario parece ser, por cierto, extraordinariamente potente. Los efectos de la expansión que albergará a 625 mil nuevas familias será un gran incentivo para venirse a la metrópolis. Ello es un atentado directo al corazón del crecimiento de la Región del Biobío. O sea, las oportunidades están en Santiago, no solo mayores sueldos por igual trabajo, sino también mejores condiciones: subsidios a la vivienda, a la electricidad, al transporte. Es decir, la gente debe irse a la Capital. "¡Si quieres ser feliz, ven a la Región Metropolitana; si quieres pagar menos y ahorrar más, ven a la Región Metropolitana!". Eso le estamos diciendo al 60 por ciento de la población que vive en el 98 por ciento del territorio nacional. ¡Solo el dos por ciento del territorio nacional alberga al 40 por ciento de la población chilena! Por eso, señor Presidente , no resulta comprensible que en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de noviembre de 1994 se diga que la Capital debe crecer hacia adentro. Por ello, se estableció un aumento de la densidad habitacional, de modo que al año 2020 debíamos llegar a los 150 habitantes por hectárea. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de mayo de 1998 se prohibió de manera expresa tal expansión por razones de orden ambiental. Señor Presidente , presidí la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Hicimos una investigación que duró un año y medio. ¡Concurrieron setenta instituciones de la más variada naturaleza, desde representantes de las Fuerzas Armadas hasta expertos de la Universidad de Chile! ¡El consenso fue absoluto: Santiago debe congelar su crecimiento, por cuanto es una ciudad que no acepta mayor expansión! Eso es lo que piden a gritos los especialistas. Sin embargo, ¿qué hacemos? Contribuimos a que la Capital se siga expandiendo. Existen profundos problemas sanitarios en Santiago derivados de la calidad del aire. El doctor Andrei Tchernitchin , toxicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, afirma que los cambios urbanos deben supeditarse a la mejoría de la calidad del aire metropolitano. De lo contrario, estaremos invitando a medio millón de familias a compartir parte del esmog que ya respiran los santiaguinos. Por otro lado, la tasa automotriz es una locura. ¡247 mil nuevos automóviles el año pasado! El 45 por ciento de ellos se queda en Santiago y el mercado de vehículos usados alcanzó a 520 mil transacciones. La tasa vehicular en la Región Metropolitana crece al 15 por ciento anual y las inversiones para el Plan de Descontaminación no garantizan que los santiaguinos podrán respirar un aire limpio, si no se toman medidas de fondo. Entonces, deberemos volver a leer -ya lo hicimos en aquella época- el informe del científico Luis Cifuentes de la Pontificia Universidad Católica, a través del cual nos informa que en esta megalópolis mueren alrededor de cuatro mil personas cada año como consecuencia de la lacra tóxica en la cual estamos inmersos. Todos los estudios indican que en Santiago fallecen personas por esa causa y nos hemos aburrido de reiterarlo. Sin embargo, señor Presidente , no solamente se ven comprometidos la producción agraria o el medioambiente. Con esta medida, sin duda, las autoridades dan la señal de que el Estado se encuentra más preocupado del desarrollo inmobiliario que del crecimiento armónico del país. En este sentido, la localización de los habitantes más pobres, que en rigor es infraurbana, no se halla garantizada. Nos dicen que habrá más viviendas para los pobres. La verdad es que en Chacabuco y en Chicureo no se construyeron casas para ellos, sino para los más ricos, los que tienen la capacidad de pagar. Dejando atrás la farsa de la Ficha CAS que no respondía a los ingresos reales de las familias, las políticas habitacionales -que otorgan subsidios directos a la compra de viviendas- nos han demostrado que la gente no quiere casas en "Chuchunco" ni en un radio urbano donde aumenta el número de viajes y colapsa el tránsito del transporte público y privado, sino que lo que se precisa es densificación. Todos los estudios urbanos y científicos sobre la materia apuntan en esa línea.

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Por ello, no logro comprender cuál es la política que está detrás de esta decisión. En razón de todos estos argumentos, solicito que se oficie al Ministerio de la Vivienda, al MIDEPLAN. También, al Ministerio de Obras Públicas para que nos dé cuenta de todas las inversiones proyectadas en esas áreas, porque, ¿sabe, señor Presidente ?, uno comienza a ponerse desconfiado. Se fijan proyecciones de inversión en desarrollo urbano, se hacen gastos millonarios en obras públicas en ciertos puntos de la capital y, luego, esos terrenos suben su plusvalía por el cambio de características. Me gustaría saber qué inversiones se han hecho durante los últimos quince años en la zona de crecimiento que se ha proyectado; quién tuvo la bola de cristal para anticiparse a las inversiones, compró barato y ahora puede vender muy caro, por cuanto esos suelos van a requerir mucha inversión pública y gran desarrollo urbano. Todas las organizaciones medioambientalistas, con mucha razón, se hallan en pie de guerra. Además, los especialistas urbanos han sostenido que esta decisión es increíble. Se originaron los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado. ¡Ninguno ha sido aprobado! O sea, las normas que despacha el Congreso Nacional después se borran. Aquí dijimos que podía admitirse algún grado de expansión, pero condicionada. Por eso voté favorablemente tal proyecto en la Cámara de Diputados. El entonces Ministro Jaime Ravinet nos convenció de que esos proyectos eran la mejor fórmula para evitar este crecimiento. Sin embargo, todos ellos han sido rechazados y ahora se nos propone que la Capital siga creciendo. En consecuencia, solicito que se oficie también al Ministerio de Agricultura para que entregue una evaluación económica real respecto del tipo de suelo a reemplazar, porque se trata de terrenos de primera, segunda y tercera categoría. ¡Los más ricos del país! Millones de años ha demorado formar una capa de humus de cinco centímetros. ¡Esos suelos son irremplazables! Además, se requiere un informe del Ministerio de Transportes. Porque, señor Presidente , nos van a decir después que será necesario cambiar el Transantiago debido a que no estaba considerado ese crecimiento de 600 mil viviendas. Si no, nos van a manifestar que, a los 40 millones de dólares mensuales que hay que subsidiar, cuando se encuentre consolidado el nuevo plan de transporte público -y existe gente que va a ganar mucha plata- el Estado va a tener que agregar cada mes 20 millones de dólares a raíz del crecimiento en cuestión. A este respecto no puede haber una disgregación, sino una integración de políticas públicas. --Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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Adhesion Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Sesión: Sesión Ordinaria N° 31 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 356 Fecha: martes 1 de julio de 2008

PLANTEAMIENTOS SOBRE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN VALDIVIA Y OSORNO. OFICIOS El señor ALLAMAND.Señor Presidente, en estos días los distintos medios de comunicación han estado informando en forma profusa sobre las críticas condiciones de contaminación del aire en la ciudad de Santiago, problema que se arrastra desde hace muchos años y que, lejos de encaminarse por una vía de solución, parece empeorar cotidianamente. Sin embargo, lo grave de la situación es que ya no se trata de un patrimonio negativo -por así señalarlo- de la Capital. Desde hace bastante tiempo se conocen las dificultades que en ese mismo ámbito presentan otras ciudades, entre ellas la de Temuco. Y lo que resulta sorprendente es constatar cómo dicho fenómeno se ha ido extendiendo a ciudades respecto de las cuales uno podría haber imaginado que no se iba a producir: Valdivia y, en menor medida, Osorno . ¿Qué ocurre en Valdivia, señor Presidente? Recién a principios de este año se instaló la estación de Parque Krahmer, destinada precisamente a efectuar mediciones de la calidad del aire. Y lo cierto es que hasta el 9 de junio se habían registrado ocho episodios que superaban la norma primaria de material particulado grueso (PM10), de 150 microgramos por metro cúbico. Y aún más, dos de dichos episodios, los de los días 29 de mayo y 1º de junio, excedieron los 195 microgramos por metro cúbico, cifras que en Santiago habrían llevado consigo inmediatamente declaraciones de preemergencia, con restricción vehicular, suspensión de clases de educación física y todas las medidas que se deben aplicar frente a una situación de tal naturaleza. ¿Cuál es la situación de la ciudad de Osorno? También recién a principios de este año, se instaló un medidor de material particulado en El Alba. En todo caso, es curioso que la situación de Osorno en materia de transparencia de la información sea bastante distinta a la de Valdivia. La información del referido medidor se procesa en Santiago y los resultados se dan a conocer una vez al mes en la ciudad de Osorno. De hecho, personal de mi oficina parlamentaria de Osorno se comunicó hace unos días por teléfono con las autoridades respectivas para pedir las mediciones. Se le hizo presente que solo era factible entregarlas en forma personal. Entonces, un empleado de aquella concurrió a retirarlas a la dependencia correspondiente de dicha ciudad, donde, dándose el mejor ejemplo de lo que puede ser la burocracia estatal, se le manifestó que debía formularse una solicitud por escrito. En consecuencia, advierto que el fenómeno de la contaminación atmosférica está afectando gravemente a ciudades distintas de Santiago. Al respecto, cabe señalar en primer término que resulta fundamental la existencia de una entrega transparente de la información tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Es incoherente que, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de Santiago pueda revisarse en línea y que en el caso de Valdivia y Osorno ello tenga lugar con demasiado retardo y en forma muy poco oportuna. Lo cierto es que esa es una primera medida que debe adoptarse con urgencia. Por otra parte, las ciudades de Valdivia y Osorno se encuentran en un verdadero atolladero normativo. La declaración de zona latente o de zona saturada, paso previo para la elaboración de los planes de prevención y de descontaminación, requiere entre dos y tres años de mediciones. Solo un ejemplo: en el caso de Temuco, las mediciones comenzaron en 1997 y recién ocho años después, en 2005, se emitió el decreto que declaró a esa ciudad zona saturada; y tres años más tarde, el plan de descontaminación aún no se aprueba.

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Resulta evidente, pues, que tal situación genera un deterioro en la salud de los habitantes de las referidas urbes y, además, en el potencial de ellas en todos los ámbitos: industrial, turístico, productivo, etcétera. No parece razonable que, frente a situaciones de tal naturaleza, las autoridades esperen -por ponerlo de alguna forma- una tramitación tan larga y tan burocrática antes de adoptar el conjunto de medidas de mitigación esenciales. Como usted comprenderá, señor Presidente , es absolutamente absurdo que, ante una situación de mala calidad del aire en Santiago o en cualquier otra ciudad que cuente con un plan de descontaminación, se tomen medidas de protección -por ejemplo, la suspensión de clases de educación física- y en otra donde la calidad del aire puede ser incluso peor, por no existir un plan de aquella índole, no se aplique norma de ninguna naturaleza. En consecuencia, quiero solicitar dos tipos de oficios que lleven de la mano las medidas consiguientes. Por una parte, pido que se oficie a las autoridades del Ministerio de Salud, que son las que se encuentran a cargo de las estaciones de medición de las ciudades de Valdivia y Osorno, para que dispongan ya, ahora, sin más dilaciones, la entrega de la información disponible. De otro lado, solicito que se oficie a los Intendentes de las Regiones de Los Ríos y Los Lagos y a los Gobernadores de las provincias de Osorno y Valdivia para requerirles que, en uso de sus facultades de coordinación y de otras que les confiere el ordenamiento legal, establezcan desde ya una mesa de trabajo, con autoridades de competencia ambiental, con organizaciones de la sociedad civil, con entidades de carácter empresarial -es decir, con todos aquellos que tengan algo que decir en la materia-, a fin de ir, a lo menos, delineando un plan de emergencia o de contingencia conforme al cual puedan implementarse medidas que más adelante habrán de ser incorporadas en los programas de prevención o en los de descontaminación. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).Se dará curso a los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría. El señor KUSCHEL .También en el mío, señor Presidente . El señor NAVARRO.Y en el mío. El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).Se agregarán las adhesiones de los Senadores señores Kuschel y Navarro .

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Comisiones y Grupos Integración Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Sesión: Sesión Ordinaria N° 2 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 354 Fecha: miércoles 15 de marzo de 2006

PROPUESTA SOBRE COMPOSICIÓN DE COMISIONES PERMANENTES PROPUESTA SOBRE COMPOSICIÓN DE COMISIONES PERMANENTES El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, el señor Secretario dará cuenta de la propuesta para la conformación de las Comisiones del Senado. El señor HOFFMANN (Secretario).La proposición del señor Presidente es la siguiente: Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: Senadores señores Hosaín Sabag , Ricardo Núñez , Víctor Pérez Varela , Carlos Bianchi y Hernán Larraín . Comisión de Relaciones Exteriores: Senadores señores Jorge Pizarro , Jaime Gazmuri , Roberto Muñoz Barra , Juan Antonio Coloma y Sergio Romero . Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: Senadores señora María Soledad Alvear y señores Pedro Muñoz Aburto, José Antonio Gómez , Hernán Larraín y Alberto Espina . Comisión de Economía: Senadores señora Evelyn Matthei y señores José García , Jorge Pizarro , Roberto Muñoz Barra y Guillermo Vásquez . Comisión de Hacienda: Senadores señores Hosaín Sabag , Camilo Escalona , Carlos Ominami , Jovino Novoa y José García . Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide , Ricardo Núñez , Alejandro Navarro , Andrés Chadwick y Carlos Cantero . Comisión de Defensa Nacional: Senadores señores Adolfo Zaldívar , Jaime Gazmuri , Jorge Arancibia, Juan Antonio Coloma y Baldo Prokurica . Comisión de Obras Públicas: Senadores señores Juan Pablo Letelier , Mariano Ruiz-Esquide , Víctor Pérez Varela , Sergio Romero y Carlos Ignacio Kuschel . Comisión de Agricultura: Senadores señores Jaime Naranjo , Guillermo Vásquez, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina y Andrés Allamand . Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Senadores señores Pablo Longueira , Antonio Horvath, Andrés Allamand , Alejandro Navarro y Nelson Ávila . Comisión de Trabajo y Previsión Social: Senadores señora María Soledad Alvear y señores Pedro Muñoz Aburto , Juan Pablo Letelier , Pablo Longueira y Andrés Allamand . Comisión de Salud: Senadores señora Evelyn Matthei y señores Carlos Ignacio Kuschel , Carlos Ominami, Mariano RuizEsquide y Guido Girardi . Comisión de Minería y Energía: Senadores señores Ricardo Núñez , Adolfo Zaldívar, José Antonio Gómez, Jaime Orpis y Baldo Prokurica .

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Comisión de Vivienda y Urbanismo: Senadores señores Jaime Naranjo , Hosaín Sabag , Víctor Pérez Varela, Pablo Longueira y Carlos Cantero . Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: Senadores señores Roberto Muñoz Barra , Jorge Pizarro, Jovino Novoa , Jaime Orpis y Antonio Horvath . Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Senadores señores Jaime Naranjo , Adolfo Zaldívar, Fernando Flores , Andrés Chadwick y Carlos Ignacio Kuschel . Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: Honorables señores Nelson Ávila , Camilo Escalona, Jorge Arancibia , Antonio Horvath y Carlos Bianchi . Comisión de Régimen Interior: Honorables señores Roberto Muñoz Barra , Hosaín Sabag , Alejandro Navarro, Sergio Romero y Jorge Arancibia . El señor FREI, don Eduardo (Presidente).Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición. --Se aprueba. El señor FREI, don Eduardo (Presidente).En consecuencia, quedan en condiciones de constituirse todas las Comisiones. El señor HOFFMANN ( Secretario ).Una vez que se agreguen los últimos nombres sugeridos, se distribuirá la lista a todos los señores Senadores. El señor NAVARRO.Muy bien.

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Página 202 de 204 Integración

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Sesión: Sesión Ordinaria N° 7 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 358 Fecha: miércoles 7 de abril de 2010

INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES DEL SENADO Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales: Senadores señor Andrés Allamand , señoras Isabel Allende y Soledad Alvear y señores Pablo Longueira y Alejandro Navarro .

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Página 203 de 204 Integración

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°4 Sesión: Sesión Ordinaria N°4 Legislatura: Legislatura Ordinaria periodo 2014-03-11-2015-03-10 Fecha: martes 1 de abril de 2014

COMPOSICIÓN DE COMISIONES PERMANENTES -Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: Senadores señora Goic , señores Quinteros , Navarro y Allamand y señora Lily Pérez .

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Página 204 de 204 Asistencia a sesión de sala

Permisos y otros Asistencia a sesión de sala Diario de Sesión: Sesión Especial N° 66 Sesión: Sesión Especial N° 66 Legislatura: Legislatura Ordinaria número 355 Fecha: martes 14 de agosto de 2007

ASISTENCIA -Concurrieron, también, la senadora Soledad Alvear, y los senadores señores Hosaín Sabag, Alejandro Navarro, Camilo Escalona, Hernán Larraín, Guido Girardi, Pedro Muñoz, Mariano Ruiz-Esquide, Jaime Gazmuri, José García Ruminot, Andrés Chadwick, Andrés Allamand, Guillermo Vásquez. -

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