Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos ÚLTIMA REFORMA DECRETO 596, APROBADO 28 JUL 2009, P.O. NO. 34, 01AGOS.- 2009. Ley publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el sábado 4 de enero de 1992. DECRETO 23.- Mismo que contiene la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su aprobación el siguiente Decreto: EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION II Y 37 FRACCIONES I, DE LA CONSTITUCION POLITICA ESTATAL EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE. D E C R E T O No. 23 LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA. TITULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES DEL TRABAJO BUROCRÁTICO. CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES. (REFORMADO, DECRETO 335, 31 DE MARZO DE 2006) ARTICULO 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar la relación de trabajo entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima con sus respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones. En el caso de los Trabajadores de la Educación y de los Trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se regirán de conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos en las leyes estatales a las que estén sujetos. ARTICULO 2.- Esta Ley es obligatoria y de observancia general para los Titulares y trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias respectivas; de los Ayuntamientos; de los Organismos Descentralizados del Estado y sus Municipios, así como de aquellas Empresas o Asociaciones de participación Estatal

o Municipal mayoritaria, en las que por cualquier ordenamiento jurídico llegue a establecerse su aplicación. Para los efectos de la presente Ley, los términos "ENTIDADES PUBLICAS" y " TRIBUNAL", se entenderán referido el primero, a cualquiera de los organismos mencionados en el párrafo anterior, y el segundo, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. ARTÍCULO 3.- La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida, para todos los efectos legales, entre las Entidades y dependencias representadas por sus Titulares y los trabajadores públicos a su servicio. ARTICULO 4.- Trabajador público es todo aquél que preste un trabajo personal físico, intelectual o de ambos géneros, en cualquiera de las Entidades o dependencias mencionadas en el Artículo 2 de esta Ley, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la Entidad pública que lo recibe. ARTICULO 5.- Los trabajadores se clasifican en tres grupos: I. De confianza; II. De base; y III. Supernumerarios. ARTÍCULO 6.- Los trabajadores de confianza son aquellos que realizan funciones de: a) Dirección en los cargos de: Directores Generales, Directores de Area, Directores Adjuntos, Subdirectores y Jefes de Departamento que tengan funciones de dirección; b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de jefaturas, cuando estén consideradas en el presupuesto de la Entidad o dependencia de que se trate, así como el personal técnico que, en forma exclusiva y permanente, esté desempeñando tales funciones u ocupando puestos que a la fecha son de confianza; c) Manejo de fondos o valores: cuando se implique la facultad legal de disponer de estos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido; d) Auditoría: a nivel de Auditores y Subauditores, así como el personal técnico que, en forma exclusiva y permanente, desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las áreas de Auditoría; e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la Entidad o dependencia de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras; f) Investigación científica y tecnológica: siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo; g) Asesoría o consultoría: únicamente cuando se proporcione a los siguientes servidores públicos superiores: Gobernador, Secretarios de Gobierno, Oficial Mayor, Procurador, Coordinadores Generales y Directores Generales, en las dependencias del Poder Ejecutivo o sus equivalentes en los demás Poderes y Entidades; y h) Almacenes e inventarios: el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. ARTICULO 7.- Además de quienes realizan las funciones anteriores, tendrán el carácter de trabajadores de confianza los siguientes:

I. En el Poder Legislativo: aquellos a los que se refiere el artículo 35 de su Ley Orgánica y los artículos 191 y 192 de su Reglamento; así como lo establecido por el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima; tales como: Oficial Mayor, Contador Mayor de Hacienda, Subcontralores, Secretarios Particulares, Secretarios Privados y Auxiliares, Directores, Asesores, Jefes de Departamento con funciones de Dirección, Auditores y Contralores; (REFORMADO, DECRETO 596, 28 DE JULIO DE 2009) II. En el Poder Ejecutivo: Secretario Particular del Gobernador, Representante del Gobierno en el Distrito Federal, Cuerpo de Seguridad, Ayudantes y Choferes al servicio directo del Titular del Ejecutivo; Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Procurador, Subprocuradores, Directores Generales, Directores de Area, Subdirectores, Jefes de Departamento con funciones de Dirección, Asesores; Secretarios Particulares, Secretarios Privados; Administradores; Coordinadores; Auditores, Contralores, Valuadores, Peritos, Supervisores, Visitadores; Agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios; Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Procuradores y Subprocuradores de la Defensa del Trabajo, Coordinadores e Inspectores; Integrantes de los Consejos Tutelares o Asistenciales; Vocales Representantes en Dependencias Públicas y Organismos Descentralizados; Directores, Alcaides, Celadores y Personal de Vigilancia en Cárceles e Instituciones de Asistencia y Prevención y Readaptación Social y el personal sujeto a honorarios; todos los miembros operativos de los Servicios Policiacos, así como los miembros de la Policía de Procuración de Justicia. III. En el Poder Judicial: a) Secretarios de Acuerdos del Supremo Tribunal; Secretario Particular; Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios Actuarios y Proyectistas; Directores, Jefes de Departamento con funciones de Dirección, Coordinadores, Visitadores, Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo, Asesores y Supervisores. (REFORMADO, DECRETO 596, 28 DE JULIO DE 2009 IV. En los Ayuntamientos de la Entidad: a) Los Secretarios de los Ayuntamientos, Tesoreros, Oficiales Mayores, Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento con funciones de Dirección, Contralores, Oficiales del Registro Civil, Auditores, Coordinadores, Supervisores e Inspectores, así como todos los miembros operativos de los servicios policiacos y de transito. V. En el Tribunal: a) Secretario General de Acuerdos, Secretarios Proyectistas y Secretarios Actuarios. VI. El Secretario y Segundo Vocal en la Comisión Agraria Mixta; VII. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): el Director General, Directores de Area, Subdirectores, Jefes de Departamento con funciones de Dirección, Administradores, Asesores, Auditores y Contralores. VIII. El titular de la Defensoría de Oficio así como los abogados adscritos a esta dependencia; y IX. En los Organismos Descentralizados, así como en las Empresas de participación mayoritaria Estatales y Municipales: Directores Generales, Directores de

área, Subdirectores, Gerentes, Subgerentes, Tesoreros, Jefes de Departamento con funciones de Dirección y Administradores. De crearse categorías o cargos no comprendidos en este artículo, se hará constar en el nombramiento el carácter de base o confianza. La categoría de confianza depende de la naturaleza de las funciones definidas en el Artículo 6 o de los puestos enumerados en este artículo. ARTICULO 8.- Son trabajadores de base los no comprendidos en los dos artículos anteriores. ARTICULO 9.- Los trabajadores de base serán inamovibles. Se entiende por inamovilidad el derecho que gozan los trabajadores a la estabilidad en su empleo y a no ser separado sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no lo serán sino después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicio, habiéndose desempeñado eficientemente en sus labores encomendadas. ARTICULO 10.- Los derechos consagrados en esta Ley en favor de los trabajadores de base son irrenunciables. ARTICULO 11.- Son trabajadores supernumerarios aquellos a quienes se otorgue nombramiento de los señalados en las fracciones II, III, IV y V del Artículo 19 de esta Ley. ARTICULO 12.- El cambio de Titulares de las Entidades o dependencias públicas, en ningún caso afectará los derechos de los trabajadores de base que esta Ley les concede. ARTICULO 13.- Los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al sueldo y a la seguridad social. ARTICULO 14.- Para los efectos de esta Ley, se entenderán como Titulares: (Reformado mediante Decreto 335, de fecha 31 de marzo de 2006) I. En el Poder Legislativo, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado de Colima, por conducto de su Presidente (REFORMADO, DECRETO 596, 28 DE JULIO DE 2009 II. En el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, por conducto del Secretario de Administración; y en sus dependencias, los servidores públicos de mayor jerarquía, conforme lo disponga la Ley Orgánica de la Administración Pública; III. En el Poder Judicial, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, por conducto del Magistrado Presidente; IV. En los Ayuntamientos, los Presidentes Municipales o Presidentes de los Concejos Municipales, en su caso; y V. En los Organismos Descentralizados y Empresas o Asociaciones de participación Estatal o Municipal mayoritaria, quien o quienes desempeñen el cargo de mayor jerarquía, de conformidad con los ordenamientos que los rijan. ARTICULO 15.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente y en su orden;

I. Los principios generales de justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado B, de la Constitución General de la República y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; II. Los principios generales de Justicia social que derivan del Artículo 123, Apartado A, de la Constitución General de la República y la Ley Federal del Trabajo; III. La Jurisprudencia; IV. La costumbre; y V. La equidad. En caso de duda en la interpretación de esta Ley y una vez aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere este artículo, si persistiere ésta, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ARTICULO 16.- El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones legales para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos. (ADICIONADO, DECRETO 596, 28 DE JULIO DE 2009) Los Reglamentos respectivos a que se refiere el párrafo anterior, contendrán y regularan en todo caso, el derecho de los cuerpos operativos policiacos a jubilarse y pensionarse, así como todos los demás derechos consagrados en esta Ley. ARTICULO 17.- Las actuaciones y certificaciones que hubieren de hacerse con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, no causarán impuestos o derechos estatales o municipales. CAPITULO II De los Nombramientos. ARTICULO 18.- Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo, excepto cuando se trate de trabajadores temporales para obra o por tiempo determinado, en cuyo caso el nombramiento podrá ser sustituído por la lista de raya correspondiente. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios. Los mayores de catorce y menores de dieciséis, necesitan de autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, por resolución del Tribunal. ARTICULO 19.- Los nombramientos de los trabajadores podrán ser: I. Definitivos, aquellos que se otorguen para ocupar plazas de base; II. Interinos, los que se otorguen para ocupar plazas vacantes temporales que no excedan de seis meses; III. Provisionales, los que de acuerdo con el escalafón se otorguen para ocupar plazas de base vacantes, por licencias mayores de seis meses; IV. Por tiempo determinado, los que se expidan con fecha precisa de terminación para trabajos eventuales o de temporada; y

V. Por obra determinada, los que se otorguen para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza no es permanente; su duración será la de la materia que le dio origen. ARTICULO 20.- Los nombramientos deberán contener: I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del nombrado; II. Los servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible; III. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo o por obra determinada; IV. La duración de la jornada de trabajo; V. El sueldo asignado para la categoría respectiva en el tabulador correspondiente; VI. Localidad y Entidad en que prestará los servicios; VII. Lugar en que se expide; VIII. Fecha en que deba empezar a surtir efectos; y IX. Nombre y firma de quien lo expide. ARTICULO 21.- El nombramiento aceptado obliga al trabajador a regir sus actos con el más alto concepto de profesionalismo, honestidad y rectitud; a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente y a las consecuencias que sean conformes a la Ley, a la costumbre y a la buena fe. ARTICULO 22.- Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción de un trabajador de una dependencia a otra de la misma Entidad Pública y localidad; o al interior de la misma Dependencia; por las siguientes causas: I. Por reorganización, en cuyo caso se estará a lo que determinen las condiciones generales de trabajo; II. Por desaparición del centro de trabajo; III. Por permuta autorizada; IV. Por solicitud del trabajador; y V. Por fallo del Tribunal. Cuando el cambio del trabajador, determinado por el Titular de la dependencia, sea de adscripción, el trabajador conservará su mismo nivel salarial, categoría, plaza, antigüedad, derechos y prestaciones correspondientes, pero de considerar el cambio improcedente el trabajador podrá recurrir al Tribunal. ARTICULO 23.- Los trabajadores del Gobierno del Estado se clasificarán conforme a lo señalado por los catálogos generales de puestos que al efecto se expidan. Los trabajadores de las demás Entidades sometidas al régimen de la presente Ley, se clasificarán conforme a sus propios catálogos que se establezcan dentro de su régimen interno. En la formulación, aplicación y actualización de los catálogos de puestos, participarán conjuntamente los Titulares de la dependencia o sus representantes y los sindicatos respectivos. CAPITULO III De la suspensión de los afectos de la relación laboral. ARTICULO 24.- Son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo, las siguientes:

I. La enfermedad del trabajador, que implique un riesgo para la salud de las personas que trabajen con él; II. La incapacidad física del trabajador, cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y así se determine clínicamente, en cuanto inhabilite al trabajador para desempeñar el trabajo correspondiente; III. La prisión del trabajador, cuando se le instruya proceso penal por delito doloso, seguido de auto de formal prisión. Cuando en el caso recaiga sentencia absolutoria, el trabajador se reincorporará a sus labores; IV. La que como sanción disciplinaria dicte el titular de la Entidad o dependencia respectiva, por faltas cometidas en el desempeño del servicio y que no ameriten el cese definitivo. Esta suspensión en ningún caso podrá exceder de cinco días hábiles. Los trabajadores que manejen fondos podrán ser suspendidos por el Titular de la dependencia respectiva, cuando apareciere alguna irregularidad en su gestión, mientras resuelva definitivamente el Tribunal. En caso absolutorio, se pagarán los salarios caídos y se reintegrará el trabajador a su puesto. ARTICULO 25.- La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no significa el cese del mismo. CAPITULO IV De la terminación y rescisión de la relación de trabajo. ARTICULO 26.- Se termina la relación de trabajo sin responsabilidad para la Entidad pública, en los siguientes casos: I. Por la muerte del trabajador; II. Por renuncia voluntaria; III. Por jubilación o pensión; IV. Por conclusión de la obra o vencimiento del término por el que fue contratado el trabajador; y V. Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida la prestación del servicio. En los casos de la fracción I y III subsistirá la obligación de las Entidades de cubrir a los beneficiarios o al trabajador las prestaciones correspondientes. ARTICULO 27.- Por resolución del Tribunal, serán causas de rescisión de la relación laboral, justificadas y plenamente comprobadas, las siguientes: I. Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez; o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeros, o familiares de unos u otros, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la relación de trabajo; II. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que desempeña el trabajo; III. Por abandono de empleo, consistente en faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin permiso y sin causa justificada. Se entenderá también por abandono de empleo, el retiro injustificado del trabajador de sus labores, cuando a su cargo se encuentre: la atención de personas, control de maquinaria o equipo, que por su

ausencia ponga en peligro la salud o la vida y en riesgo la operación técnica de los bienes de la Entidad pública; IV. Ocasionar el trabajador intencionalmente daños materiales en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; o causar dichos daños por negligencia tal, que ella sea causa del perjuicio; V. Por cometer actos inmorales durante el trabajo; VI. Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo; VII. Por desobedecer el trabajador reiteradamente y sin justificación, las órdenes que recibe de sus superiores; VIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista prescripción médica; IX. Por incumplimiento comprobado a esta Ley o a las condiciones generales de trabajo vigentes en la Entidad pública o dependencia; X. Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada y que se derive de un delito doloso, siempre que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando esta sentencia sea absolutoria, al trabajador deberá reintegrársele a sus labores, debiéndosele liquidar sus sueldos cuando haya obrado en defensa de los intereses de la Entidad pública; y XI. Por negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. ARTICULO 28.- En los casos a que se refiere el artículo anterior, exceptuando las fracciones III, VI, VII y IX, el Titular de la Entidad o dependencia respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en la que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad pública y población, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal. ARTICULO 29.- Por cualquiera de las causas a que se refiere el Artículo 27 de esta Ley, el Titular de la Entidad o dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento, si con ello está conforme el sindicato correspondiente. Pero si éste no estuviere de acuerdo y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en las fracciones I, IV, VII, VIII y XI el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los plazos en que corresponda, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. ARTICULO 30.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales de rescisión a que se refieren las fracciones que comprende el Artículo 27 de esta Ley, el Titular de la Entidad o dependencia procederá a levantar acta administrativa en la que se otorgará derecho de audiencia y defensa al trabajador y en la que tendrá intervención la representación sindical. En el acta se asentarán los hechos con toda precisión, la declaración del trabajador afectado y la del representante sindical sí intervinieron y quisieron hacerlo, las de los testigos de cargo y de descargo idóneos; asimismo se recibirán las demás pruebas que pertinentemente procedan, firmándose las actuaciones

al término de las mismas por los interesados, lo que harán de igual forma dos testigos de asistencia. De no querer firmar el acta los intervinientes se asentará tal circunstancia, lo que no invalidará el contenido de la misma, debiéndose entregar una copia al trabajador y otra al representante sindical. En las causales a que se refieren las fracciones III y X del Artículo 27, abandono de empleo y prisión del trabajador, respectivamente, para la formulación del acta administrativa no se requerirá la presencia del trabajador. ARTICULO 31.- Si del resultado de las actuaciones se demuestra que el trabajador incurrió en alguna de las causales de rescisión, el Titular enviará el acta levantada al Tribunal, así como los documentos que al formularse ésta se hayan agregado a la misma, demandando la rescisión de la relación de trabajo. El Titular comunicará personalmente al trabajador la decisión adoptada y le turnará copia del oficio de remisión al Tribunal. ARTICULO 32.- El trabajador que estuviere inconforme con la decisión del Titular, tendrá el derecho de acudir ante el Tribunal para hacer su defensa, de conformidad con las reglas del procedimiento establecidas en el capítulo correspondiente. ARTICULO 33.- El trabajador podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones, ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas condiciones que lo venía desempeñando o por la indemnización correspondiente. ARTICULO 34.- Cuando el Tribunal resuelva que proceden las causas de rescisión sin responsabilidad para la Entidad pública, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos, ni a la indemnización correspondiente. ARTICULO 35.- Si en el procedimiento correspondiente no comprueba el Titular la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho además a que se le paguen los sueldos vencidos, desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo. CAPITULO V De las relaciones entre las entidades públicas y sus trabajadores. ARTICULO 36.- Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. ARTICULO 37.- Es facultad de los Titulares de las Entidades públicas expedir todas las disposiciones reglamentarias que rijan el funcionamiento interno de las dependencias y oficinas del servicio público, oyendo la opinión del sindicato correspondiente. ARTICULO 38.- Es facultad de los Titulares de las Entidades y dependencias públicas imponer en sus respectivos casos a los trabajadores, las correcciones disciplinarias y sanciones a que se hagan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores, pudiendo consistir en

amonestación, nota desfavorable en su expediente, suspensión sin goce de sueldo hasta por cinco días hábiles en el empleo, cargo o comisión, y cese. En los casos de suspensión o cese se seguirá el procedimiento a que se refiere el siguiente artículo. ARTICULO 39.- Ningún trabajador de base podrá ser sancionado en su empleo sino por causa justificada y plenamente comprobada. En su caso, los Titulares instaurarán un procedimiento dentro del cual se otorgue el derecho de audiencia y defensa al trabajador y en el que, con vista de las pruebas rendidas, se dicte acuerdo fundado y motivado. En caso de que la falta pudiese ameritar el cese por su gravedad, se estará a lo dispuesto por el Artículo 30 de esta Ley. TITULO SEGUNDO De los derechos y obligaciones de las Entidades públicas y de los trabajadores. CAPITULO I De la jornada de trabajo. ARTICULO 40.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de la Entidad o dependencia pública para prestar sus servicios. ARTICULO 41.- La jornada de trabajo puede ser diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturna, que es la comprendida entre las veinte y las seis horas; y mixta, que es la que comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende mayor lapso, se considerará jornada nocturna. ARTICULO 42.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna; siete horas la nocturna y siete horas y media la mixta. ARTICULO 43.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera, la jornada máxima podrá ser reducida, teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal, sin sufrir quebranto en su salud. ARTICULO 44.- Durante la jornada continua de trabajo, si ésta fuera de ocho horas, se concederá al trabajador un descanso de media hora, por concepto de tiempo para la toma de alimentos. ARTICULO 45.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, podrá hacerse, considerando este trabajo como extraordinario, que nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana. Las horas extraordinarias de trabajo a que se refiere este artículo, se pagarán con un cien por ciento más del sueldo asignado a las horas de jornada ordinaria. ARTICULO 46.- En los casos de siniestro o riesgo para los trabajadores, de los servidores públicos o la seguridad de las instalaciones, la jornada de trabajo podrá afectarse por el tiempo estrictamente indispensable para restablecer las condiciones de

seguridad. Salvo el consentimiento del trabajador, éste deberá permanecer en su centro de trabajo para auxiliar en las labores que pueda desarrollar. ARTICULO 47.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, será facultativo para el trabajador y obliga al patrón a pagarle el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. CAPITULO II De los días de descanso. ARTICULO 48.- Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de descanso con sueldo íntegro, preferentemente los sábados y domingos. En los trabajos que requieran una labor continua, se fijarán los días en que los trabajadores disfrutarán el descanso semanal, de acuerdo a los roles de actividades que se establezcan por el Titular de la Entidad o dependencia pública, escuchando la opinión del sindicato. ARTICULO 49.- Serán considerados como días de descanso obligatorio, los que señala el Calendario Oficial, así como los días en que se verifiquen elecciones federales y locales. También podrán ser días de descanso los que convengan los Titulares de las Entidades con los trabajadores. ARTICULO 50.- Los trabajadores que por necesidad del servicio laboren en sus días de descanso obligatorio, independientemente de su sueldo, percibirán un doscientos por ciento más del mismo por el servicio prestado, sin que tal evento pueda repetirse en más de dos ocasiones en treinta días naturales. A los trabajadores que laboren en domingo, sin que éste fuere su día de descanso, percibirán una prima del veinticinco por ciento del sueldo que corresponda a un día de jornada normal. CAPITULO III De las vacaciones y licencia. ARTICULO 51.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno, en las fechas que se señalen en el calendario que para ese efecto establezca la Entidad pública, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, para las que se utilizarán, de preferencia, los trabajadores que no tuvieren derecho a vacaciones. Cuando por necesidad del servicio un trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en el período señalado, disfrutará de ellas durante los quince días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los trabajadores que laboren en períodos vacacionales tendrán derecho a

doble pago de sueldo. Las vacaciones son irrenunciables e intransferibles y no podrán compensarse con una remuneración. ARTICULO 52.- Los trabajadores percibirán una prima de vacaciones adicional al sueldo, equivalente al treinta por ciento de los días correspondientes a cada período. ARTICULO 53.- Cuando los trabajadores tengan que desempeñar comisión de representación del Estado o de elección popular, incompatibles con su trabajo, la Entidad pública les concederá el permiso o licencia necesarios sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho encargo. La Entidad pública, previo estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores, hasta por seis meses por cada año calendario, cuando estos tengan por lo menos un año de antigüedad en el servicio. Para que los permisos o licencia se concedan, es requisito previo la solicitud por escrito con cinco días anteriores a la fecha en que debe empezar a surtir efectos el mismo. ARTICULO 54.- Durante su embarazo, las mujeres no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación. Gozarán de cuarenta y cinco días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y cuarenta y cinco días más después del mismo. Durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponde. Durante la lactancia, las madres trabajadoras tendrán derecho a dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. ARTICULO 55.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, previa comprobación médica de los servidores correspondientes proporcionados o autorizados por la Entidad o dependencia, tendrán derecho a licencias, para dejar de concurrir a sus labores, en los siguientes términos: I. A los trabajadores que tengan más de seis meses pero menos de cinco años de servicio, hasta sesenta días con sueldo íntegro; hasta treinta días más con medio sueldo y hasta sesenta días más sin sueldo; II. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta noventa días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo y hasta noventa días más sin sueldo; III. A los que tengan más de diez años de servicio, hasta ciento veinte días con goce de sueldo íntegro; hasta sesenta días más con medio sueldo y hasta ciento veinte días más sin sueldo. Los cómputos deberán hacerse por servicio continuo o cuando de existir una interrupción en la prestación de dichos servicios, ésta no sea mayor de seis meses. CAPITULO IV De los sueldos ARTICULO 56.- Sueldo es la remuneración que debe pagarse al trabajador por los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones que se establezcan.

ARTICULO 57.- El sueldo de los trabajadores será uniforme para cada una de las categorías y se fijará en los presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la capacidad económica de cada Entidad pública, sin que puedan ser disminuídos durante la vigencia de estos. En ningún caso los sueldos podrán ser inferiores al mínimo general y profesional para la zona económica donde se preste el servicio, de acuerdo con las categorías similares contenidas en los tabuladores. Para compensar las diferencias que resulten del distinto costo de la vida, en las diversas zonas del Estado se crearán partidas destinadas al pago de sobresueldos, determinándose previamente las zonas en que daban cubrirse y que serán iguales para cada categoría. ARTICULO 58.- Los niveles del tabulador que consignen sueldos equivalentes al salario mínimo, deberán incrementarse en forma automática en el mismo porcentaje en que se aumente éste, de acuerdo con las disposiciones que emita la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ARTICULO 59.- El Titular de cada Entidad pública, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente, fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer las diferencias en las remuneraciones asignadas para los casos de alcances en los niveles de tabulador, que se originen con motivo de los incrementos a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO 60.- Los pagos se efectuarán en el lugar que los trabajadores presten sus servicios; se harán en moneda de curso legal, por medio de cheques nominativos y precisamente durante la jornada de trabajo. Se pagará directamente al trabajador y sólo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar el cobro, el pago podrá hacerse a la persona que designe mediante carta poder que suscriba ante dos testigos. ARTICULO 61.- El plazo para el pago de sueldo no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá el día hábil inmediato anterior. ARTICULO 62.- Sólo podrán hacerse retenciones, deducciones o descuentos al sueldo, cuando se trate: I. De deudas contraídas con la Entidad o dependencia por concepto de anticipos, de pagos hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas; II. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad; III. De aquellas ordenadas por la Dirección de Pensiones del Estado; IV. De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos; V. De descuentos en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social; y VI. Del pago de abonos para cubrir obligaciones derivadas de la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casa habitación, así como de su uso; o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos y siempre que la afectación se haga mediante fideicomisos en instituciones nacionales de crédito.

El monto total de los descuentos será el que convenga el trabajador y la Entidad o dependencia, sin que pueda ser mayor del veinticinco por ciento del sueldo, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y VI de este precepto. ARTICULO 63.- El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en la fracción IV del artículo anterior. ARTICULO 64.- Es nula la cesión de sueldos en favor de terceras personas. ARTICULO 65.- Se prohíbe la imposición de multas a los trabajadores en su centro de trabajo, cualquiera que sea su causa o concepto. ARTICULO 66.- El pago de sueldos será preferente a cualquiera otra erogación de las Entidades públicas. ARTICULO 67.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará comprendido en el presupuesto de egresos, equivalente por lo menos a cuarenta y cinco días de sueldo, mismo que deberá pagarse en una sola exhibición antes del diecinueve de diciembre de cada año. El pago de aguinaldo no estará sujeto a deducción impositiva alguna. Los trabajadores que no hayan cumplido un año de labores, tendrán derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo efectivamente trabajado. ARTICULO 68.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, hasta llegar a treinta, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima mensual individual como complemento del salario. En los presupuestos de egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima, oyendo la opinión del sindicato correspondiente. CAPITULO V De las obligaciones de las Entidades públicas ARTICULO 69.- Son obligaciones de las Entidades públicas, en las relaciones laborales con sus trabajadores: I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los que con anterioridad les hubiesen prestado servicios; y a los que acrediten tener mejores derechos con el escalafón. Para los efectos del párrafo anterior, en las Entidades públicas se formarán los escalafones con las bases establecidas en la presente Ley. II. Pagar puntualmente en los días previstos, los sueldos y demás prestaciones, de acuerdo a los tabuladores correspondientes a las categorías en que estén clasificados escalafonariamente los trabajadores; III. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que estén obligadas; IV. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desempeño normal del trabajo;

V. Hacer efectivas las deducciones de sueldos que ordenen la Dirección de Pensiones del Estado y la autoridad judicial competente, en los casos especificados en esta Ley; VI. Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; VII. Fijar las condiciones generales de trabajo, en los términos de esta Ley, escuchando la opinión del sindicato; VIII. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las condiciones generales de trabajo, en los siguientes casos: a) Para el desempeño de comisiones sindicales; b) Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en dependencia diferente a la de su adscripción o a cargos de confianza; c) Para desempeñar cargos de elección popular; y d) A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos del Artículo 55 de esta Ley. IX. Otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan treinta años de servicio y veintiocho a las mujeres, con el cien por ciento de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o muerte, de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente; X. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales; XI. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los sueldos caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, el trabajador tendrá derecho a optar porque se le otorgue otra similar o recibir la indemnización correspondiente; XII. Cubrir a los trabajadores la indemnización por separación injustificada, sin responsabilidad para los mismos cuando éstos hayan optado por ella, de acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto. La indemnización comprenderá el pago de tres meses de sueldo íntegro, más doce días por año de servicios prestados; XIII. Propiciar los medios que permitan a los trabajadores que no tengan en propiedad casa habitación o terreno, la compra o arrendamiento de viviendas económicas; XIV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores; XV. Contribuir al fomento de las actividades cívicas, culturales y deportivas de los trabajadores; y XVI. No distraer a trabajadores de la Entidad para realizar actividades propias de Partidos Políticos dentro del horario de trabajo. (Adicionado mediante Decreto 355, de fecha 31 de marzo de 2006) ARTICULO 69 BIS.- El Titular de la entidad pública o funcionario de la misma, en ningún caso podrá: I. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez a las mujeres que aspiren a un empleo en el servicio público, salvo cuando se trate de actividades o trabajos en los que se pueda poner en riesgo su vida o su integridad física o la del producto;

II. Negar la admisión a un empleo solo por el hecho de ser mujer, estar embarazada, pertenecer a un estado civil determinado o estar al cuidado de sus hijos menores. No se entenderá como negativa para los efectos de esta fracción, cuando la mujer esté embarazada y se trate de actividades o trabajos en los que se pueda poner en riesgo la vida o integridad física de la mujer o del producto. III. Provocar el despido o la renuncia de las mujeres trabajadoras por cualquier causa distinta a las mencionadas en el artículo 26; IV. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores el derecho a realizar sus funciones normales para las que fueron nombrados, así como el ejercicio de sus derechos sindicales y de los demás que otorga la presente Ley; V. Realizar actos de represión de cualquier índole, en contra de sus trabajadores, familias o dependientes económicos; VI. Hacer propaganda política o religiosa dentro de sus dependencias, y VII. Obligar a los trabajadores de la entidad para afiliarse a un partido político y a participar en actos partidistas incluso fuera del horario de trabajo. CAPITULO VI De las obligaciones de los trabajadores ARTICULO 70.- Son obligaciones de los trabajadores. I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y reglamentos respectivos; II. Observar buena conducta y ser atentos con el público; III. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo; IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros, así como la seguridad de sus centros de trabajo; V. Asistir puntualmente a sus labores; VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo; VII. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase dentro de los edificios y lugares de trabajo; VIII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad o Dependencia pública implante para mejorar su preparación y eficiencia; IX. Comunicar las fallas del servicio que ameriten su atención inmediata; X. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficiencia del servicio; XI. Realizar las labores que les encomienden sus superiores dentro de las horas de trabajo, quedando terminantemente prohibido suspender las labores o abandonar el local o lugar donde presten sus servicios, a excepción de las comisiones sindicales previo consentimiento del Titular de la dependencia o en caso de emergencia; XII. Guardar para los superiores jerárquicos y sus compañeros de trabajo, la consideración y respeto debidos; XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserven bajo su cuidado o a la que tengan acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de aquélla;

XIV. Comunicar por escrito al titular de la Entidad o dependencia en la que presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas o las dudas fundadas que les susciten la procedencia de las ordenes que reciban; XV. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular, incompatible con el desempeño de sus horarios y labores; XVI. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, directamente o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios, con motivo de su trabajo; XVII. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciban de la Secretaría de la Contraloría o de las Contralorías internas, conforme a la competencia de éstas; XVIII. Someterse periódicamente a reconocimientos médicos, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad contagiosa; XIX. Dar aviso inmediato de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; y XX. Abstenerse de realizar trabajos partidistas dentro del horario de trabajo. TITULO TERCERO Del escalafón. CAPITULO UNICO ARTICULO 71.- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada una de las Entidades públicas conforme a las bases establecidas en este título, para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base, así como autorizar las permutas y movimientos de los mismos. ARTICULO 72.- Tienen derecho de participar en los concursos para ser ascendidos, todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior. ARTICULO 73.- En cada Entidad pública se expedirá un reglamento de escalafón, conforme a las bases establecidas en este capitulo, el cual se formulará de común acuerdo por el Titular respectivo y el sindicato correspondiente. ARTICULO 74.- Son factores escalafonarios: I. Los conocimientos; II. La aptitud; III. La antigüedad; y IV. El buen comportamiento, la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. Se entiende: a) Por conocimientos: la posesión y el manejo de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el cabal desempeño de una plaza y su función; b) Por aptitud: la suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada; y c) Por antigüedad: el tiempo de servicios prestados a la Entidad pública respectiva.

ARTÍCULO 75.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios. ARTICULO 76.- Los factores escalafonarios se clasificarán mediante los tabuladores, a través de los sistemas adecuados de registro y evaluación que señalen los reglamentos respectivos. ARTICULO 77.- El personal de cada Entidad pública se clasificará, según sus categorías, en los grupos que señala el Artículo 23 de esta Ley. ARTICULO 78.- En cada Entidad pública funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con igual número de representantes de la Entidad y del sindicato, de acuerdo con sus necesidades, quienes para los casos de empate, designarán un árbitro que decida. Si no hay acuerdo para dicha designación, propondrán al Tribunal una lista de tres candidatos, para que este cuerpo colegiado, dentro de un término de diez días, lo haga. Si tampoco se ponen de acuerdo para integrar los nombres de la terna, el Tribunal designará directamente al árbitro. Contra estas resoluciones no procederá recurso administrativo alguno. ARTICULO 79.- Los Titulares de las Entidades públicas proporcionarán a las Comisiones Mixtas de Escalafón los medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento. ARTICULO 80.- Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las Comisiones Mixtas de Escalafón y de sus órganos auxiliares, en su caso, quedarán señaladas en los reglamentos respectivos, sin contravenir las disposiciones de esta Ley. ARTICULO 81.- Los Titulares darán a conocer a las Comisiones Mixtas de Escalafón y a los sindicatos las vacantes que se presenten, dentro de los diez días hábiles siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de base. ARTICULO 82.- Al recibir de los Titulares dicha comunicación, las Comisiones Mixtas de Escalafón procederán de inmediato a convocar a un concurso entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior, mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros de trabajo correspondientes. ARTICULO 83.- En las convocatorias señalarán los requisitos para aplicar derechos, plazos para presentar solicitudes de participación y demás datos que determinen los reglamentos respectivos. ARTICULO 84.- En los concursos se procederá por las comisiones a verificar las pruebas a que se sometan los concursantes y a calificar los factores escalafonarios, teniendo en cuenta los documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la valuación fijada en los reglamentos. ARTICULO 85.- La vacante se otorgará al trabajador que habiendo sido aprobado, de acuerdo con la calificación señalada en el reglamento, obtenga la mejor puntuación.

En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma dependencia o unidad administrativa. Cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que demuestre que es la única fuente de ingresos de su familia. ARTICULO 86.- Las plazas de última categoría, de nueva creación o disponibles en cada grupo, una vez corrido el escalafón respectivo con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio y examen de acuerdo a la categoria a cubrir realizado por el Titular de la Entidad o dependencia tomando en cuenta la opinión del sindicato que justifique su ocupación, serán propuestas en un cien por ciento por el sindicato. Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos señalen cada una de las Entidades y dependencias. ARTICULO 87.- Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses, no se moverá el escalafón; el sindicato propondrá al trabajador que deba cubrirlas cumpliendo los requisitos del artículo anterior. ARTICULO 88.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón; pero los trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal modo que si quien disfrute la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa el escalafón y el trabajador provisional de la última categoría correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el Titular. ARTICULO 89.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por licencias otorgadas a un trabajador de base en los términos del Artículo 69, fracción VIII, de la presente Ley. ARTICULO 90.- El procedimiento para resolver las permutas de empleos, así como las inconformidades de los trabajadores afectados por trámite o movimientos escalafonarios, será previsto en los reglamentos. La autoridad competente para resolverlos será el Tribunal.

TITULO CUARTO De las organizaciones colectivas de los trabajadores y de las condiciones generales del trabajo. CAPITULO I De los sindicatos ARTICULO 91.- Sindicato es la asociación de trabajadores constituída para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, orientado invariablemente a mejores metas de justicia social. ARTICULO 92.- Se constituirá un sindicato con los trabajadores de base del Gobierno del Estado. En cada uno de los Ayuntami entos y organismos descentralizados,

empresas o asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal habrá un sindicato. ARTICULO 93.- Todos los trabajadores de base tendrán la libertad de formar parte del sindicato correspondiente; pero una vez obtenido su ingreso, no dejarán de formar parte de él, salvo que fueren expulsados. ARTICULO 94.- Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. ARTICULO 95.- Cuando los trabajadores de base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección popular, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales. ARTICULO 96.- Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen por lo menos, veinte trabajadores de base en servicio activo de la Entidad pública correspondiente. ARTICULO 97.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos: I. El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación; II. Copia autorizada de los estatutos del sindicato; III. El acta de la asamblea o copia autorizada de la misma, en la que se haya designado la directiva del sindicato; y IV. Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión del nombre de cada uno, edad, estado civil, empleo que desempeña y sueldo que percibe. El Tribunal, al recibir la solicitud de registro, comprobará con los medios que estime más prácticos y eficaces, la veracidad de la información proporcionada, y de que no existe otro sindicato dentro de la Entidad pública de que se trate. El Tribunal certificará, en forma previa al registro, si el sindicato solicitante cuenta con la mayoría de los trabajadores. ARTICULO 98.- El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o por resolución del Tribunal, previo juicio correspondiente, cuando no llene los requisitos que esta Ley establece. ARTICULO 99.- Los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueran expulsados del sindicato a que pertenezcan, perderán por ese solo hecho los derechos sindicales que esta Ley les concede. La expulsión solo podrá votarse por mayoría no menor del noventa por ciento de los miembros del sindicato o por la aprobación de las tres cuartas partes de los delegados sindicales a sus congresos o convenciones. La expulsión deberá ser comprendida en el orden del día y el trabajador afectado deberá ser oído en dicha asamblea, para hacer su defensa y ofrecer las pruebas conducentes. ARTICULO 100.- Las Entidades públicas no aceptarán en ningún caso la cláusula de exclusión.

ARTICULO 101.- Los directivos sindicales designados por elección directa de los miembros de la organización, durarán en sus cargos por el término fijado por sus estatutos. ARTICULO 102.- Son obligaciones de los sindicatos: I. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta Ley, le solicite el Tribunal; II. Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a cada elección, los cambios que ocurran dentro de su directiva o su comité ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; III. Facilitar la labor del Tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, proporcionándole la cooperación que les solicite; y IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el propio Tribunal, cuando les fuere solicitado. ARTICULO 103.- Los sindicatos podrán adherirse a la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. El Tribunal solo reconocerá una Unión de Sindicatos. ARTICULO 104.- La Unión de Sindicatos se regirá por sus estatutos y en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley. Todos los conflictos que surjan entre la unión y los sindicatos o sólo entre estos, a petición de parte, serán resueltos por el Tribunal. ARTICULO 105.- Queda prohibido a los sindicatos: I. Hacer propaganda de carácter religioso; II. Ejercer actividades propias de comerciantes, con fines de lucro dentro de los centros de trabajo; y (Reformado mediante Decreto 355, de fecha 31 de marzo de 2006) III. Usar la violencia con los trabajadores no agremiados para obligarlos a que se sindicalicen o ejercer hostigamiento en contra de los expulsados. ARTICULO 106.- La directiva del sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras personas, en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a estos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades. ARTICULO 107.- Los sindicatos se disolverán: I.

Por el voto del noventa por ciento de los miembros que los integren; y

II.

Porque dejen de reunir el requisito señalado por el Artículo 96 de esta Ley.

ARTICULO 108.- En los casos de violación grave o sistemática a lo dispuesto por la presente Ley, el Tribunal podrá determinar la cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda, lo que se resolverá cumpliendo con las garantías de audiencia y defensa.

ARTICULO 109.- Los gastos que origine el funcionamiento de los sindicatos serán con cargo a su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del sindicato de que se trate. Los sindicatos gozarán de la más amplia libertad para fijar el monto de las cuotas sindicales, pero éstas no podrán ser descontadas a los trabajadores cuando excedan del uno por ciento de su sueldo mensual. CAPITULO II De las condiciones generales de trabajo. ARTICULO 110.- Las condiciones generales de trabajo se fijarán por los Titulares de las Entidades públicas respectivas, tomando en cuenta, específicamente, la opinión del sindicato correspondiente, a través de su directiva. ARTICULO 111.- Las condiciones generales de trabajo establecerán: I. La intensidad y calidad del trabajo; II. Las medidas que deban adoptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales; III. Las fechas y condiciones en que los trabajadores deban someterse a exámenes médicos previos y periódicos; IV. Las correcciones disciplinarias y las formas de aplicarlas; V. El lugar y dependencia en donde se presentará el servicio y los horarios relativos; VI. Las labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y la protección que se dará a las trabajadoras embarazadas; VII. Las labores insalubres y peligrosas que tengan que desempeñar los trabajadores mayores de edad, estarán sujetas a condiciones especiales donde se les proporcione los elementos o instrumentos necesarios para la protección de su salud; y VIII. Las demás que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo. ARTICULO 112.- Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, y que deban cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser consultadas a la Secretaría de Programación y Finanzas y las Tesorerías Municipales correspondientes. ARTICULO 113.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal, en donde se conservará un ejemplar. ARTICULO 114.- Los sindicatos que objetaren substancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán ocurrir ante el Tribunal, el que resolverá en definitiva. ARTICULO 115.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores: I. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley; II. Las labores peligrosas, insalubres o nocturnas para menores de dieciocho años; III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el trabajador, o para la salud de la trabajadora embarazada o el producto de la concepción;

IV. Un sueldo inferior al mínimo establecido para la zona económica de que se trate. Cuando el trabajador no preste el servicio todos los días de la semana o lo haga sólo por varias horas al día, percibirá la parte proporcional que corresponda; y V. Un plazo mayor de quince días para el pago de los sueldos y demás prestaciones económicas. CAPITULO III De la huelga ARTICULO 116.- Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de trabajadores, decretada en la forma y términos que esta Ley establece. ARTICULO 117.- Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de una Entidad pública de suspender las labores, con los requisitos que establece esta Ley, si el titular de la misma no accede a la corrección de las violaciones mencionadas en el artículo siguiente y no restituye a los trabajadores el respeto a sus prerrogativas o el contenido de las prestaciones a que tienen derecho. ARTICULO 118.- Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra la presente Ley. ARTICULO 119.- La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento. ARTICULO 120.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Los actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza sobre las cosas e instalaciones cometidos por los huelguistas, tendrán como consecuencia, respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajadores. ARTICULO 121.- Para declarar una huelga se requiere: I. Que se ajuste a los términos del Artículo 118 de esta Ley; y II. Que sea declarada por las dos terceras partes de los trabajadores de la Entidad o dependencia afectada, lo que se comprobará con la copia del acta de la asamblea en la que se haya declarado la huelga, misma que deberá adjuntarse al pliego de peticiones, para que el Tribunal tenga la certeza de su veracidad. ARTICULO 122.- Antes de suspender las labores, los trabajadores deberán presentar al Presidente del Tribunal, su pliego de peticiones con la copia del acta de la asamblea en la que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente una vez recibido el escrito y sus anexos, correrá traslado con copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa la solución de las irregularidades, para que resuelvan en el término de diez días a partir de la notificación. ARTICULO 123.- El Tribunal decidirá dentro de un término de setenta y dos horas, computado desde el momento en que se reciba copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según que se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren

los artículos 118 y 121. Si la huelga es legal, procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las juntas de avenimiento. ARTICULO 124.- Si la declaración de huelga es considerada legal por el Tribunal, transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el Artículo 122 y si no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los trabajadores podrán suspender las labores. El período de prehuelga podrá ampliarse discrecionalmente, a petición de las partes, si es que se están llevando a cabo pláticas de avenimiento, tendientes a solucionar el conflicto. ARTICULO 125.- Si la suspensión de las labores se lleva a cabo antes de los diez días de verificado el emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para la Entidad pública, salvo en caso de fuerza mayor o de error no imputable a los trabajadores y declarará que la Entidad pública o funcionarios afectados no han incurrido en responsabilidad. ARTICULO 126.- Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a los trabajadores que, en caso de suspender las labores, el acto será considerado como causa justificada de cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión. ARTICULO 127.- Si el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal, quedarán cesados por este solo hecho, sin responsabilidad para los Titulares, los trabajadores que suspendan sus labores. ARTICULO 128.- La huelga será declarada ilegal y delictuosa cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades o cuando se decreten en los casos del Artículo 29 Constitucional. ARTICULO 129.- En tanto que no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga, el Tribunal y las autoridades civiles y militares deberán respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten. ARTICULO 130.- La huelga terminará: I. Por avenencia entre las partes en conflicto; II. Por resolución de la asamblea de trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de los miembros; III. Por alguna de las causales previstas por los artículos 125 y 128 de esta Ley; y (REFORMA DEC. 332 APROB. 30 JUNIO 2008) IV. Por laudo del Tribunal que, a solicitud de los trabajadores en huelga, se avoque al conocimiento del asunto. ARTICULO 131.- Al resolver que una declaración de huelga es legal, el Tribunal, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos

servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o signifiquen un peligro para la salud pública. TITULO QUINTO Del tribunal de arbitraje y escalafón y de los procedimientos ante el mismo. CAPITULO I De la estructura y competencia del tribunal ARTICULO 132.- El Tribunal de Arbitraje y Escalafón es el máximo órgano jurisdiccional para resolver las controversias que se susciten entre las Entidades públicas con sus trabajadores, así como la instancia jurídica para impugnar los procedimientos en materia escalafonaria. (Reformado Dec, 591, P.O. NO. 30 Supl. 4, 18 JUL 2009) ARTICULO 133.- El Tribunal será colegiado, funcionará en pleno y estará integrado por cinco Magistrados, que durarán en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos por una sola vez. Dos Magistrados serán designados por el Poder Judicial y los Ayuntamientos. (Reformado Dec. 426, 19 de septiembre de 2006) Dos magistrados serán designados por los sindicatos, uno por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y otro por conducto de la Unión. Un Magistrado, que tendrá el carácter de Presidente, será electo por mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso del Estado, de una terna propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo. Este Magistrado deberá ser Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de tres años de ejercicio profesional y con experiencia acreditable en materia laboral. ARTICULO 134.- Para la designación de nuevos Magistrados, en caso de vacantes, se seguirá la forma indicada en el artículo anterior. ARTICULO 135.- Para ser Magistrado del Tribunal, se requiere: I. Ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles; II. Ser mayor de treinta años; III. Tener experiencia en materia laboral; y IV. No tener antecedentes penales. Los Magistrados designados por el Poder Judicial y los Ayuntamientos deberán ser empleados de confianza al servicio de cualquiera de las Entidades mencionadas; los representantes de los sindicatos deberán ser empleados de base, con antigüedad mínima de un año, en cualquiera de los organismos mencionados en el Artículo 1 de la presente Ley, quedando inhabilitados para desempeñar la magistratura al aceptar un cargo de confianza o si resultaren electos para ocupar un cargo de representación popular. ARTICULO 136.- El Presidente del Tribunal tendrá el sueldo que determine el presupuesto de egresos. Los demás Magistrados percibirán una compensación adicional a su sueldo por el desempeño de este servicio. Estos últimos tendrán todas las

facilidades para el desempeño de sus funciones, de parte de los Titulares de las respectivas dependencias. ARTICULO 137.- El Tribunal contará con un Secretario General de Acuerdos, Secretarios Actuarios, Secretarios Proyectistas y el personal administrativo que sea necesario para atender los asuntos de su competencia. ARTICULO 138.- El Tribunal en pleno, será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten entre Titulares de una Entidad o dependencia pública y sus trabajadores; II. Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación de los mismos; III. Efectuar el acuerdo de depósito de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las diferentes comisiones mixtas y de los estatutos de los sindicatos; y IV. Expedir su propio reglamento y los manuales de organización. ARTICULO 139.- Corresponderá al Presidente del Tribunal: I. Ejercer la representación del Tribunal y dirigir la administración del mismo; II. Cuidar el orden y la disciplina del Tribunal; III. Designar y remover libremente al Secretario General de Acuerdos, Secretarios Proyectistas y Secretarios Actuarios, comunicando lo anterior al resto de los Magistrados; IV. Asignar los expedientes a cada uno de los Magistrados; V. Llevar la correspondencia oficial del Tribunal; y VI. Promover a nombre del Tribunal las actuaciones que considere procedentes. CAPITULO II Del procedimiento ARTICULO 140.- El Tribunal actuará en pleno y las votaciones serán nominales sin perjuicio de que, en caso de discrepancia, el o los Magistrados inconformes emitan voto particular por escrito. ARTICULO 141.- En los conflictos de naturaleza individual comisionará a un Magistrado para que en compañía del Secretario General de Acuerdos, con el carácter de auxiliar de instrucción, se encargue del desahogo de las pruebas que se admitan en audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas. ARTICULO 142.- El procedimiento ante el Tribunal será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Los Magistrados y el auxiliar de instrucción, deberán tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el procedimiento. ARTICULO 143.- Todas las demandas e instancias que se formulen o sometan al conocimiento del Tribunal, deberán ser por escrito, sin sujetarse a forma determinada, pero las partes deberán precisar concretamente los puntos petitorios. Al escrito inicial deberán acompañarse las copias simples necesarias para la distribución entre las

autoridades o partes demandadas, así como una más para el promovente, que firmará el Secretario General de Acuerdos, haciendo constar día y hora en que se reciba. ARTICULO 144.- Son partes en el proceso los Titulares de las Entidades o dependencias públicas en donde hubiera desempeñado las labores el trabajador demandante; las personas físicas que ejerciten acciones por sí o como beneficiarios de los trabajadores; así como las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, comprobando su interés jurídico o que sean llamadas por el Tribunal. ARTICULO 145.- Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder . Los Titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante oficio. ARTICULO 146.- Cuando se ponga en duda la personalidad de alguna de las partes, será el Presidente del Tribunal quien resolverá sobre el particular. Lo anterior sólo procederá a petición de parte. ARTICULO 147.- Los Magistrados no podrán intervenir en asuntos en los que medie interés personal, por haber sido actor de los hechos que motivaron la demanda y por ello deberán excusarse. El reglamento interior determinará la forma en la que se tramitará la calificación de la excusa o impedimento. ARTICULO 148.- El procedimiento ante el Tribunal se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual se notificará a la parte demandada, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación, en el caso de no hacerlo. ARTICULO 149.- Concluído el término mencionado en el artículo anterior, el Tribunal a petición de parte, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar personalmente el acuerdo a las partes. ARTICULO 150.- La audiencia se iniciará con la intervención del Magistrado comisionado que hará una exhortación a las partes para que solucionen la controversia en forma conciliatoria. De lograrse un convenio entre ambas, será aprobado por el Tribunal, surtirá todos los efectos legales de un laudo y se dará por concluído el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes. ARTICULO 151.- En caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Magistrado comisionado tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante legal, para la ratificación o ampliación de la demanda. En el caso de que se ejerciten nuevas acciones o se adicionen hechos substanciales a los narrados en la demanda, se suspenderá la audiencia para dar conocimiento a los demandados de los nuevos conceptos, fijándose el término previsto en el Artículo 148 de esta Ley, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y se fije la fecha para la

reanudación de la audiencia, a partir del momento en que ocurrió la suspensión decretada. (REFORMADO DEC. 332 APROB. 30 DE JUNIO 2008) ARTICULO 152.- Concluida la intervención de la parte actora o transcurrido el plazo mencionado en el artículo anterior, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada para que por sí o por conducto del representante legal, ratifique o amplíe lo aseverado en la contestación producida, procediendo de inmediato a abrir la etapa del ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en forma física por los servidores del Tribunal. Los Titulares de la Entidad o dependencia, a juicio del Tribunal, en el ofrecimiento de la prueba testimonial, podrán rendir su declaración por medio de oficio. En cuanto a la confesional, deberán absolverse las posiciones personalmente. ARTICULO 153.- El Tribunal calificará las pruebas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la controversia planteada. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo: primero las del actor y después las de la parte demandada, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y procurando la celeridad en el procedimiento. ARTICULO 154.- En la audiencia de desahogo sólo se recibirán las pruebas admitidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos o la confesional, siempre que se ofrezcan antes de la declaratoria de haberse concluido el procedimiento y se cite a las partes a oír el laudo correspondiente. ARTICULO 155.- El Tribunal tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de las pruebas. Las autoridades pondrán a disposición del Tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieren o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el Tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal, se declarará concluído el procedimiento y se citará a las partes a oír el laudo. ARTICULO 156.- Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso, el Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias, siempre que no se trate de suplir la omisión o deficiencia en que pudiera haber incurrido alguna de las partes. ARTICULO 157.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas en su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que se funde la decisión.

ARTICULO 158.- Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará personalmente a las partes, sus resoluciones serán inapelables y deberán cumplirse desde luego por las autoridades correspondientes. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. ARTICULO 159.- El Tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias, en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTICULO 160.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto con efectos de mandamiento en forma y autorizará al Secretario Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo resolución favorable, se constituya en el domicilio u oficina de la parte contraria y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá al uso de los medios de apremio que establezca el reglamento. ARTICULO 161.- En caso de incumplimiento a sus resoluciones, el Tribunal podrá imponer las sanciones que establezca el reglamento, las que en caso de multa no podrán ser superiores a cien veces el monto del salario mínimo diario vigente en la zona económica en donde resida la persona o autoridad rebelde. En caso de que impuesta la sanción o la multa se continúe en la negativa de incumplimiento, este procederá en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ARTICULO 162.- La caducidad en el proceso se producirá cuando, cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción, durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada o de oficio, el Tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada. CAPITULO III De los procedimientos especiales ARTICULO 163.- Los conflictos que surjan entre la Unión de sindicatos y los sindicatos que la integren o sólo entre éstos, se resolverán a solicitud de parte por el Tribunal, mediante el procedimiento que se establece en este capítulo. ARTICULO 164.- Recibida la demanda por escrito, el Tribunal correrá traslado con todos los anexos y pliegos de peticiones al Titular de la Entidad pública demandada o al servidor o servidores públicos de quienes pueda depender la solución de lo solicitado o la suspensión de las irregularidades que originaron el conflicto, para que en el término de setenta y dos horas informen sobre la veracidad o falsedad de los hechos o actos atribuidos. ARTICULO 165.- Una vez transcurrido el término previsto en el artículo anterior, con la contestación de la demanda o sin ella, se citará a una audiencia de avenimiento, en donde la comparecencia de las partes será obligatoria. Si la parte actora no concurre, se dará por concluido el conflicto, ordenándose el archivo definitivo del caso. Si los

demandados no concurren, se ordenará hacerlos comparecer por medio de la fuerza pública, sin perjuicio de la sanción económica que fije el Tribunal, en los términos del Artículo 161 de esta Ley. ARTICULO 166.- En la audiencia de avenimiento, se procurará de inmediato la conciliación de intereses y, de lograrse el convenio, una vez aprobado por el Tribunal, dará por concluido el procedimiento. De no obtenerse la conciliación, se procederá a recibir las pruebas que aporten las partes en la misma audiencia y, con el resultado obtenido se dictará la resolución correspondiente. ARTICULO 167.- En el caso de conflicto entre los organismos sindicales, la resolución determinará cuál de ellos tuvo la responsabilidad en los hechos y se fijarán las normas mediante las cuales se provea a su petición. TITULO SEXTO Disposiciones finales CAPITULO I De los riesgos profesionales. ARTICULO 168.- Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo, se regirán por las disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo. CAPITULO II De las prescripciones ARTICULO 169.- Las acciones que surjan de esta Ley o del nombramiento expedido en favor de los trabajadores, prescribirán en un año, con excepción de los casos señalados en el artículo siguiente. ARTICULO 170.- Prescribirán en quince días hábiles: I. Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el trabajador no reúna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente, tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera; II. El derecho de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hubieran dejado por accidente no profesional o causas ajenas al servicio o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo, de acuerdo con la constancia médica respectiva; III. La facultad de los Titulares de las Entidades o dependencias públicas para suspender a los trabajadores, por causas justificadas y para disciplinar las faltas de estos, contando el plazo desde el momento en que se dé causa para la separación o que sean conocidas las faltas; IV. La facultad de los Titulares de las Entidades o dependencias públicas para cesar a los trabajadores, contando el término desde que sean conocidas las causas; V. Las acciones para impugnar los dictámenes escalafonarios; y

VI. Las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los Titulares de las Entidades o dependencias públicas que no ameriten cese, en los términos del Artículo 38 de esta Ley. ARTICULO 171.- Prescribirán en sesenta días las acciones de los trabajadores para pedir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que esta Ley les concede, contando el término a partir del momento en que les sea notificado el cese. ARTICULO 172.- Prescribirán en dos años: I. Las acciones de los trabajadores, como de sus beneficiarios dependientes económicos, para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios, en los casos de muerte por riesgo de trabajo; III. Las acciones de los beneficiarios, para reclamar el otorgamiento de pensiones; y IV. Los derechos determinados por los laudos o resoluciones del Tribunal. ARTICULO 173.- La prescripción se interrumpe: I. Por la presentación de la demanda ante el Tribunal; y II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquellos contra quienes prescribe. ARTICULO 174.- La prescripción no puede comenzar ni correr: I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la Ley; II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar, en tiempo de guerra; y III. Durante el lapso en que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que resulte absuelto por sentencia ejecutoriada. ARTICULO 175.- Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponde; el primero se contará completo, y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día hábil siguiente. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Ayuntamientos del Estado de Colima, expedida el 4 de agosto de 1972 y publicada el 19 del mismo mes y año; así como todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. ARTICULO TERCERO.- Para los efectos de la presente Ley se le concede reconocimiento jurídico pleno, al derecho que tienen los trabajadores de base en lo que respecta a la jornada de trabajo, ya que ésta será de seis horas y media, quedando a salvo los derechos de los trabajadores de confianza. Asimismo, se respetarán los horarios que a la fecha estén establecidos y cuya jornada de trabajo no exceda de las ocho horas.

ARTICULO CUARTO.- El Tribunal deberá quedar integrado de acuerdo a la nueva estructura prevista por esta Ley, a más tardar treinta días después de haber iniciado su vigencia dicho ordenamiento. Los asuntos pendientes serán resueltos conforme a la Ley anterior. ARTICULO QUINTO.- Las comisiones mixtas previstas por esta Ley, deberán estar integradas en un plazo no mayor de tres meses, a partir de la vigencia de la presente Ley. Sus reglamentos deberán estar expedidos noventa días después de su integración. ARTICULO SEXTO.- Dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, los Titulares de las Entidades y los Secretarios Generales de los sindicatos, tendrán la obligación de suscribir los documentos en los que se hagan constar las diversas prestaciones que actualmente perciben los trabajadores en cada una de las Entidades públicas como: canasta básica, despensa, ayuda de renta, bono extraordinario, ayuda para gastos escolares, estímulos a las madres trabajadoras por su día social, uniforme con motivo del primero de mayo, premiaciones y estímulos económicos por su desempeño, seguro de vida, permisos económicos para atender asuntos personales, pago de marcha, fondo de ahorro, etc. Este documento servirá en lo sucesivo como referencia y fundamento de dichas prestaciones, al que esta Ley le concede efectos jurídicos plenos. El Tribunal registrará dichos documentos y resolverá cualquier controversia que se presente con respecto a los mismos. ARTICULO SEPTIMO.- Las organizaciones sindicales que hasta la fecha se encuentren debidamente registradas en el Tribunal, quedarán por ese solo hecho subsistentes y no sufrirán modificación alguna. El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los dieciséis días del mes de diciembre de 1991. DIPUTADO PRESIDENTE PROFR. JERONIMO POLANCO MONTERO.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO LIC. ELISEO ARROYO ALCALA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA LICDA. MA. ELENA ESPINOSA RADILLO.- Rúbrica Por lo tanto mando se imprima, circule y observe. Palacio de Gobierno, Colima, Colima, diciembre 24 de 1991. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- LIC. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.-LIC. JOSE DELGADO MAGAÑA..- Rúbrica. N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY. P.O. 26 DE OCTUBRE DE 1996. UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DECRETO 332 APROB. 30 DE JUNIO DE 2008 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". DECRETO 391, APROBADO 14 JUL 2009, P.O. NO. 30 SUPL. 4, 18 JUL 2009 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". DECRETO 596, APROBADO 28 JUL 2009, P.O. NO. 34, 01- AGOS.- 2009. PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"