Madrid 2025 Un estudio social de la Comunidad de Madrid. Presente y futuro

Madrid 2025 Un estudio social de la Comunidad de Madrid. Presente y futuro

Diciembre 2008

Madrid 2025. Un estudio social de la Comunidad de Madrid. Presente y futuro © Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social Han participado: Coordinadores: Manuel Aznar López, Benjamín García Sanz, Julio Iglesias de Ussel, Jaime Martín Moreno, Gerardo Meil Landwerlin Expertos: Antonio Abellán García, José Mª Alonso Seco, Luis Ayuso Sánchez, Jorge Benedicto Millán, Margarita Campoy Lozar, Demetrio Casado Pérez, Margarita Delgado Pérez, Enrique Gil Calvo, Francisco Javier Gómez Pavón, Juan Mª González-Anleo Sánchez, Mª del Mar González Rodríguez, Gerardo Hernández Rodríguez, Manuel Herrera Gómez, Mª Isabel Jociles Rubio, Isabel Madruga Torremocha, Margarita Mari-Klose, Pau Mari-Klose, Juan Antonio Márquez García, Jesús Ignacio Martínez Paricio, Iñaki de Miguel García, José Antonio Moro Calahorra, Lorenzo Navarrete Moreno, Salvador Perelló Oliver, Ana Mª Rivas Rivas, Mª del Mar Rodríguez-Brioso Pérez, Gregorio Rodríguez Cabrero, Mª José Rodríguez Jaume, Iván Rodríguez Pascual, Rosario Sánchez Morales, Francisco Zamora López

ISBN: Depósito legal: Gestión editorial: Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.

Índice

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julio Iglesias de Ussel

Bienestar social y familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julio Iglesias de Ussel Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . Benjamín García Sanz Infancia y familia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerardo Meil Landwerlin y Luis Ayuso Sánchez Mayores y envejecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaime Martín Moreno (coord.) Acción social y dependencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Aznar López (coord.)

Prólogo

Falta JULIO IGLESIAS DE USSEL

Catedrático de Sociología y de la Real Academia de Ciencas Morales y Políticas

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Prólogo

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Bienestar social y familia Julio Iglesias de Ussel

Una versión preliminar fue debatida en un seminario por intervención de: Luis Ayuso Sánchez, Jorge Benedicto Millán, Margarita Campoy Lozar, Gerardo Hernández Rodríguez, Manuel Herrera Gómez, Margarita Mari-Klose, Pau Mari-Klose, Lorenzo Navarrete Moreno, Mª del Mar Rodríguez Brioso Pérez

Aunque sólo fuera porque la familia es una institución muy anterior al Estado y más aún a que éste asuma como objetivo relevante el bienestar público, la familia ha desempeñado —durante milenios— un papel central y básico en las estructuras de solidaridad social. El apoyo, espontáneo u organizado, entre familiares ha sido el instrumento imprescindible para que pudieran atender, cuidar y sobrevivir ciudadanos. Hasta el reciente desarrollo histórico de instituciones públicas, la familia no compartía ese trascendental papel con ninguna otra institución. Por eso se puede decir que es imposible entender la historia y el presente del bienestar social sin dedicar atención al papel que en ello ha jugado y juega la familia. Este largo pasado histórico de solidaridad social de la familia ha cambiado naturalmente con el desarrollo de agencias públicas ya en el siglo XX. Pero lo nuevo —los servicios públicos— no ha hecho desaparecer las estructuras tradicionales de solidaridad familiar. Todo lo contrario. La han hecho todavía más importante, incluso por la aparición de muchos nuevos problemas en la sociedad industrial. En este sentido, la tercera edad constituye un ejemplo notorio de un nuevo sector social que, al mismo tiempo, es destinatario de la solidaridad y, por otra parte, agente activo de ella en la red familiar. Se reconozca explícitamente o no, la esencia subyacente de la familia es la solidaridad. Entendida de una u otra forma, basada en cualquiera de sus fundamentos, articulada en cualquiera de sus posibles modalidades pero en su núcleo —y en su desenvolvimiento— la familia constituye, antes que cualquier otra cosa, una sólida red de solidaridades. En el pasado, el apoyo de una generación a la siguiente podía interpretarse en sentido egoísta: la generación cuidada y protegida durante su infancia se convertía en protectora de sus padres cuando la enfermedad o la

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vejez lo requerían. El altruismo, pues, era susceptible de conseguir recompensa pasado el tiempo. Pero estas bases materiales del altruismo y la solidaridad han desaparecido. El desarrollo de los sistemas públicos sanitarios o de servicios sociales, al igual que los sistemas de pensiones y jubilaciones, hacen innecesario materialmente este protagonismo familiar. Y sin embargo con las garantías públicas no se ha reducido el altruismo familiar sino todo lo contrario: se ha incrementado considerablemente. Hoy día, con el incremento de la esperanza de vida, actúan en apoyo de la nueva generación no sólo sus padres sino también sus abuelos como lo acreditan numerosos estudios empíricos en España. Más que en cualquier otra modalidad familiar del pasado, en su forma actual la familia se mantiene en base a las solidaridades: “El gran misterio de la sociedad humana es por qué una generación hace tantos sacrificios para que pueda salir adelante la próxima. Esa solidaridad no es abstracta, sino que se realiza concretamente a través del grupo familiar de elección. Éste es el ámbito de la desigualdad y del privilegio, juzgados como legítimos. También del altruismo: los padres no esperan ya que los hijos les devuelvan la ‘inversión’ que ha supuesto traerlos al mundo y hacer que sobrevivan” (de Miguel, A., 1993, p. 302). Al margen de las concepciones teóricas y las investigaciones empíricas, existen numerosos indicios que avalan que la realidad marcha en dirección opuesta a las ideologías negativas sobre la familia. El alto valor que los españoles conceden a la familia —como lo acreditan innumerables encuestas— evidencia la consistencia social de la institución. Pero al margen de los datos y las teorías, es indudable que las relaciones familiares se asientan en un pilar peculiar: la solidaridad, el altruismo y la donación. De ahí la importancia fundamental que los propios expertos en España conceden a la situación familiar; consideran que uno de los principales factores de exclusión social es carecer de vínculos familiares. La ausencia de tejido familiar de apoyo coloca al individuo en posición desfavorecida y con riesgos de exclusión social. El relevante papel de la familia en el bienestar no siempre ha sido reconocido ni respaldado institucionalmente, sobre todo en España. En el ocultamiento del papel relevante de las estructuras familiares en el bienestar y solidaridad ha tenido gran peso factores ideológicos, en muchas ocasiones hostiles a la institución familiar. Pero los hechos pesan más que las palabras y en la sociedad española se han dado muchos rasgos singulares que han incrementado este papel de la familia en relación con lo que prevalece en otros países europeos.

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En lugar de argumentar respaldado por teorías sociológicas o datos de encuesta, mayor peso implica exponer los factores estructurales que explican la importancia de la familia en el bienestar y la solidaridad en España. Lo que se trata es de interpretar ahora la solidaridad y apoyo mutuo no en valores sustentados por la población, sino en procesos sociales, que pueden ser —o no— coincidentes con los valores y aspiraciones ciudadanas. Esta estrategia nos permitirá además señalar las dificultades que su desenvolvimiento tendrá en el futuro. Veamos pues por lo menos los factores estructurales más relevantes que han asentado y mantenido el papel de la familia en la solidaridad. Lo que nos corresponde es examinar las razones por las que es tan decisivo el papel de la familia en el bienestar y la solidaridad social. Se trata de causas estructurales y, por ende, consistentes y duraderas, al margen incluso de las voluntades personales.

1. LA RELEVANCIA ESTRUCTURAL DE LA FAMILIA EN EL BIENESTAR 1.1. El tardío estado de bienestar Una de las razones de fondo del papel tan importante que desempeña la familia —y en particular los mayores— en el bienestar social radica en la implantación del estado de bienestar en España de manera tardía e incompleta. Históricamente el sistema público ha desempeñado un papel pequeño y marginal en la provisión de garantías básicas del bienestar en la enfermedad, accidente, nacimiento o muerte. Ni siquiera el régimen democrático ha cambiado por completo la situación, al mantener unas políticas familiares notoriamente insuficientes o durante mucho tiempo inexistentes. En este contexto el protagonismo familiar ha resultado siempre obligado. No ha sido consecuencia de la fortaleza de los lazos familiares —aunque la haya tenido y la mantenga— sino por el vacío de su alrededor, lo que conducía a que la red familiar haya tenido —necesariamente— todo el protagonismo en la solidaridad. En ausencia de intervencionismo estatal, de grupos, asociaciones voluntarias y de fortaleza del mutualismo gremial —o cualquier modalidad de iniciativa social— y con el recelo al Estado que ha impregnado la mentalidad de generaciones de españoles, nada quedaba salvo la familia para proporcionar cobertura en las adversidades. No pretendo argumentar que la intervención de la familia venga causada por la ausencia del Estado. Familia y falta de intervención estatal se refuerzan entre sí,

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incluso hasta nuestros días. Aunque la presencia de la familia responda a dinámicas internas queridas, su presencia estaba obligada —cualquiera que fuera la calidad de su relación— por la ausencia de alternativa pública. Precisamente, el retraso más acusado en la sociedad española ha sido con la difusión de servicios sociales que pudieran ser utilizados por las familias. Todavía hoy son muy pocos los servicios de apoyo a la familia, de ayuda a domicilio, de servicios de asesoramiento a familias cuidadoras de personas con carencias acusadas —por minusvalías, enfermedad, etc.—. Precisamente uno de los aspectos más descuidados de la atención a los mayores radica en las insuficiencias de las ayudas a domicilio, que es dejado por completo a la esfera familiar y privada. La aplicación de la reciente Ley de Dependencia, destinada a respaldar a los cuidadores familiares de las personas dependientes ofrece un balance bien exiguo: de las 564.623 personas solicitantes tan sólo 24.090 personas han conseguido obtener la prestación económica de 500 euros con alta en la Seguridad Social en septiembre de 2008 (datos de la Secretaría de Estado de Política Social en la revista del Ministerio Minusval, septiembre de 2008, p. 49). Sin duda, desde la Constitución de 1978 se ha producido una gran expansión de las políticas públicas de bienestar y los servicios sociales. Pero muchas tendencias materiales de esos servicios continúan reforzando el protagonismo familiar en las necesidades. El caso más notorio es el sistema de salud. Por razones de ahorro económico, los hospitales están abreviando mucho las estancias de enfermos en los hospitales, incluso después de graves operaciones. Son desplazados a sus domicilios para terminar su tratamiento, pero sin ofrecer simultáneamente ayudas a domicilio, por lo que la tarea ha de ser asumida por la familia. Lo mismo ocurre al eliminar la institucionalización de los enfermos mentales. Y la propia Ley de Dependencia fundamenta el apoyo y cuidado de las personas dependientes a la red familiar. La evolución del estado del bienestar ofrece pues una ambivalente evolución. Por una parte, su expansión ha hecho decaer el protagonismo del sistema familiar. Pero muchas dinámicas de este mismo sistema se orientan a trasladar a la familia un protagonismo que nunca ha perdido.

1.2. El crecimiento económico Otro factor muy importante para entender la sólida consistencia de las estructuras de solidaridad se encuentran en el mismo desarrollo económico. En España, desde los años sesenta, se ha producido un crecimiento económico importante

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que ha generado una gran expansión de la clase media y el acceso a ciertos niveles de bienestar a sectores de la población más numerosos que en el pasado. Este hecho posibilita la materialización económica de las estructuras de solidaridad y el altruismo. En el pasado, en un contexto de pobreza, la solidaridad podía manifestarse sólo en su dimensión personal o humana. La presencia personal y el aporte de cuidados personales era el instrumento casi exclusivo de materializar la atención. Pero el acceso a una cierta prosperidad —incluyendo la mejora de pensiones y subsidios no contributivos— permite materializarla también en lo económico, incluso en la distancia. Frente a la imagen crepuscular de la familia, es preciso añadir que el acceso al bienestar de extensos sectores de la sociedad española ha permitido aumentar considerablemente el potencial económico y material de las solidaridades familiares y la diversificación de sus modalidades. En buena parte, este crecimiento ha ampliado la base patrimonial de las familias españolas. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de viviendas en propiedad. Pues bien, esta misma base patrimonial constituye uno de los instrumentos más empleados para materializar las estrategias de solidaridad de las familias españolas. Compartir la vivienda propia con alguno de los hijos, la cesión de las viviendas a uno de los descendientes o la venta para repartir su montante económico entre los hijos, son estrategias empleadas con frecuencia en la interacción familiar. Además, las estrategias de emancipación de los jóvenes pasan casi siempre por la adquisición de viviendas por los jóvenes, con aportaciones económicas decisivas de los padres. Esta solidaridad familiar con los jóvenes está favoreciendo la reaparición de una nueva modalidad de “familia extensa”: las parejas jóvenes que constituyen su propia familia pero no establecen su propio hogar y habitan con los padres de uno de sus miembros. A ello hay que añadir las parejas jóvenes residiendo en hogar independiente, pero que declaran depender económicamente de sus padres (Guillén, 1996, p. 339). El crecimiento económico ha ampliado las bases de la solidaridad familiar, también de manera especial entre la población mayor. Las políticas sociales implantadas desde la democracia han mejorado la situación de la vejez, con incrementos en la jubilación o pensiones asistenciales —sobre todo son mujeres quienes las reciben—, lo que ha favorecido su protagonismo en la solidaridad familiar. Pero lo singular es que la prosperidad económica de la tercera edad ha ido destinada,

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en mucha mayor medida, a transferencias de rentas en el seno de la familia —de padres a hijos, nietos o sobrinos—, que a incrementar el consumo o el bienestar de los mayores. Lo cual evidencia un comportamiento altruista entre los mayores muy arraigado y, al mismo tiempo, su protagonismo en el bienestar social de la población.

1.3. La calidad de las relaciones familiares Otra razón que explica el arraigo de las estructuras de solidaridad familiar proviene de la calidad de las relaciones familiares en España. Al tratarse de una afirmación que va contra corriente, merece una aclaración. La popularidad de imágenes negativas de la familia no puede darse como interpretación acertada de la realidad. Ni siquiera el divorcio —cuyas tasas en España son muy inferiores a las existentes en otros países europeos— puede asociarse sin más a la crisis de la familia o el matrimonio; se trata de un fenómeno mucho más complejo que no permite una conclusión tan limitada. En cualquier caso, hay evidencia empírica consistente que acredita en España el alto grado de compenetración familiar y de satisfacción con la vida familiar. Tanto la compenetración entre los padres, entre los hijos con el padre y la madre, y la evaluación que hacen de la calidad del clima familiar revelan, consistentemente, altos niveles de satisfacción. Y esos altos niveles de satisfacción se producen no por el alejamiento sino con grandes tasas de interacción entre ellos. Este sustrato armónico del grupo familiar alimenta la solidaridad familiar. La calidad y calidez de las relaciones familiares propician los intercambios y las dedicaciones intergeneracionales. La fortaleza de los vínculos afectivos que unen a padres e hijos legitima la actuación permanente del grupo familiar para manifestar la solidez de esos vínculos con hechos personales y económicos. En el futuro, en esta situación pueden producirse cambios con el crecimiento del divorcio en España. Aunque no existan datos precisos, la tendencia es semejante a la advertida por Roussel para Francia: “El divorcio no interrumpe la solidaridad entre padres e hijos, pero la desequilibra, ya que ésta se refuerza con la madre, mientras se atenúa sensiblemente con el padre. Las encuestas recientes del INED muestran que, en un 40 por 100 de los casos, las relaciones entre padres e hijos se convierten, en el mejor de los casos, en irregulares y esporádicas” (Roussel, 1995, p. 15).

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Pero dejando al margen las diferentes dinámicas que desencadena el divorcio en los padres y las madres, lo que es un hecho es que incluso el divorcio activa —y no restringe— el protagonismo familiar. En buena parte, uno u otro de los separados regresa a vivir con sus padres. El divorcio, en el mejor de los casos, puede duplicar los hogares donde se necesitan apoyos y ayudas por parte de los hijos y nietos; una cobertura que ofrece la red familiar en España.

1.4. La densidad de las relaciones familiares La intensa interacción familiar es otro elemento a considerar de su activo papel en el altruismo y la solidaridad. Se trata de una realidad en una doble dimensión: por una parte evidencia el protagonismo de la red familiar en el altruismo y, a la vez, lo facilita o promueve; como tienen relaciones intensas, se conocen las necesidades y se producen los soportes familiares. En este aspecto es muy acusada la singularidad de la familia española respecto a otras sociedades. Las relaciones familiares no se circunscriben en España al interior de la familia nuclear. Lo peculiar es la estructuración de la cotidianidad en contacto con la red familiar. El ocio diario se practica con el grupo familiar e incluso el ocio anual —vacaciones navideñas o de verano— se planifican en un porcentaje muy elevado de casos para hacer posible, precisamente, esos contactos familiares. Los intensos vínculos familiares cotidianos acreditan desde luego la calidad de sus relaciones. Pero al mismo tiempo sientan la base para incrementar los apoyos en las diversas situaciones de necesidad. El contacto cotidiano se convierte así, más allá de sus propósitos de encuentro, en un activador de la solidaridad cotidiana y de intercambios recíprocos. La generalización del teléfono y la difusión del uso de internet se emplean cada vez más para mantener contactos permanentes entre el grupo familiar, cuando existe alejamiento espacial entre ellos. La red de relaciones abarca a todo el grupo familiar, pero involucra de manera especial a los mayores en su doble papel —en ocasiones simultáneo— de agentes y de destinatarios de la solidaridad. Y España se encuentra a la cabeza en la frecuencia de relaciones familiares diarias de los mayores, muy superior a la media europea. Incluso en el caso en que existe alejamiento espacial entre los miembros de la familia, el gran crecimiento del parque automovilístico, la mejora de carreteras

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y de ferrocarriles facilitan cada vez más los encuentros de la población con sus familiares, y así ocurre en efecto como ponen de relieve gran número de encuestas de opinión: los desplazamientos están con alta frecuencia relacionados con la voluntad de reunirse con familiares. La gran densidad de las relaciones interpersonales entre la red familiar acredita la valoración de esa relación por los españoles; nos relacionamos con quienes deseamos mantener relación y contactos. Pero al mismo tiempo, la densidad de contactos activa la emergencia de necesidades o comodidades que pueden ser suministradas por esa red. Enfermedades, nacimientos, desplazamientos por razón de trabajo o de ocio, o atención a obligaciones domésticas en horarios difíciles son solventados con la presencia de otros miembros de la familia que, precisamente por la cotidianidad de los contactos, pueden asumir ese protagonismo porque se encuentran familiarizados con el desenvolvimiento habitual del otro hogar. Naturalmente eso no significa que carezca de otro tipo de efectos. De hecho, la frecuencia de chistes con conflictos con suegras en los países latinos revela su protagonismo en la dinámica interna de las viviendas de sus hijas, más que sus hijos. Pero esa misma conversión en crítica por la vía del humor, acredita la frecuencia de su intervención en los hogares de sus descendientes, que es de lo que se trata ahora. Los españoles, como otros países latinos, viven con contactos mucho más frecuentes con su red familiar y la frecuencia de las relaciones activan los mecanismos de apoyo y de solidaridad; naturalmente también de censura, aunque sea por la vía del humor.

1.5. La cultura del familismo La solidez de las relaciones del grupo familiar alimenta el altruismo entre sus miembros. Pero conviene destacar que son también factores estructurales los que favorecen la implicación familiar en la estructura de solidaridad. El familismo no ha sido sólo resultado de una orientación cultural, que también. Las situaciones de hecho han asentado con firmeza esas orientaciones culturales al posibilitar que se asienten, mantengan y se definan como valores u obligaciones ineludibles las relaciones familiares. La demografía se encuentra en la base de estas actitudes. La cultura del familismo, en efecto, ha estado favorecida históricamente por la elevada natalidad de la sociedad española La alta natalidad ha generado un tamaño

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igualmente alto de la red de parentesco accesible potencialmente en todo el ciclo vital. Si en España la red familiar tenía una presencia más activa en la solidaridad —y en los conflictos— que en otras sociedades, ha sido porque el tamaño de la red de parentesco ha sido siempre de los más grandes de Europa; cada adulto contaba con un elevado número de parientes donde seleccionar sus apoyos y compañías cotidianas. Al aumentar el número de parientes dentro de una misma generación, lo hace también el potencial del funcionamiento solidario de la red. Siempre era posible contar con una persona de la familia disponible para ayudar en cualquier eventualidad. Es más, con enorme frecuencia cada familia contaba con una persona que al estar desprovista de obligaciones familiares propias —la solterona o el solterón— e incluso laborales fijas, se especializaba en el papel de ayuda familiar permanente al resto de sus hermanos. Ciertamente, como han destacado Bahr, Dechaux y Stiehr (1995, p. 156), en teoría, el número de parientes de cada uno depende, en sentido horizontal, de la fecundidad y, en sentido vertical, de la mortalidad de cada familia. Pero, en la práctica, el concepto de parentesco como red de relaciones entre familiares, es más sociológico que genealógico. El condicionamiento biológico está supeditado a las definiciones culturales del parentesco “cercano” o “lejano” y por variables como los hábitos de ocio o la proximidad física de parientes lejanos o el contenido de las obligaciones recíprocas entre familiares en el afecto, contacto, ayuda y solidaridad. Son esas delimitaciones culturales y sociales las que perfilan el tamaño efectivo de las interacciones del parentesco. Pero en España lo singular ha sido la tendencia a incorporar y tratar como parientes a personas con las que no se tienen tales vínculos. Este hecho, observado reiteradamente por los antropólogos, revela la hondura de los lazos, la globalidad de las obligaciones, la universalidad de la interdependencia que asientan las relaciones con la red familiar. Tener conciencia de pertenencia a un grupo familiar alimenta la globalidad de sus deberes. Pero en el futuro muy próximo, el protagonismo de la red familiar en la solidaridad cambiará necesariamente en este aspecto. La generación nacida en la democracia, por su menor tamaño, cuando accedan a su vejez tendrá un número muy reducido de parientes con los que entretejer su red de relaciones cotidianas y las estructuras de solidaridad. El 80 por ciento de los niños que hoy nacen son de primer o segundo rango en los hogares. Aun contando con la actual paralización

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de la movilidad geográfica y si se añade el descenso de la mortalidad, los hoy jóvenes en su vejez dispondrán de un número muy reducido de parientes de su familia nuclear para interaccionar: vivir el ocio, apoyarse en las situaciones de necesidad, en el trabajo etc. La aspiración mayoritaria a tener como descendencia dos hijos —número considerado ideal desde hace décadas en España—, conducirá a evaporar, en buena parte, las bases sociales que han asentado las estructuras de solidaridad en España. La demografía que en el pasado favoreció el sólido papel de la solidaridad familiar, al cambiar de signo la dificultará extraordinariamente a corto plazo.

1.6. La proximidad residencial Otro elemento estructural que ha sido básico para mantener viva la solidaridad, la donación y el altruismo familiar ha sido la proximidad residencial entre los diferentes miembros de la familia. La proximidad guarda relación directa con el funcionamiento cotidiano de la red de solidaridad familiar. Cuanto más cerca se encuentren las residencias de los familiares entre sí, mayor será su apoyo recíproco (Bahr, Déchaux y Stier, 1995, p. 159). El apoyo personal viene potenciado por la accesibilidad entre las personas, la cercanía entre quienes pueden prestar y recibir ese apoyo. En los últimos cincuenta años, la población española ha tenido intensos movimientos de desplazamientos residenciales entre distintas regiones, provincias y localidades, a lo que ha de añadirse la emigración exterior. El acceso a la democracia, la mejora de las condiciones de vida en los núcleos rurales, las políticas lingüísticas de ciertas comunidades y la crisis económica que detuvo el poder de atracción de los lugares de destino, han bloqueado la movilidad geográfica incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Un fenómeno, por cierto, bastante anómalo en países desarrollados. No hay ni siquiera movilidad geográfica entre regiones con paro hacia otras más desarrolladas y con muy bajas tasas de paro. Pero la emigración puede debilitar tanto como intensificar los lazos familiares. Y los datos parecen indicar que la emigración sobre todo intensificó esos lazos. En la emigración exterior hasta los años setenta consistió, en alto número de casos, en emigración de retorno después de un corto número de años. Cuando eran personas con responsabilidades familiares, a menudo fueron otros familiares —los abuelos— quienes permanecían en los lugares de origen y se hacían cargo de los menores. Una generación de niños andaluces, gallegos

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o extremeños, fueron criados por familiares que suplieron a sus padres emigrantes en otros países europeos. En todo caso, en la emigración interior y exterior, ha sido sobre todo emigración asentada en sólidos lazos familiares y de vecindad. La salida del lugar de origen y la llegada al lugar de destino se ha hecho, en gran medida, en contextos de estrechas relaciones previas de grupo primario. Cualquiera que sea la implicación familiar de la emigración, lo cierto es que la proximidad residencial entre familiares constituye la regla y no la excepción en España. Los españoles viven en lugares donde tienen cerca, casi siempre, a familiares. Y esta proximidad ofrece la base para la materialización de la solidaridad, sobre todo entre los abuelos-hijos-nietos. El análisis de la proximidad familiar puede realizarse desde dos perspectivas: analizando la convivencia familiar en los hogares y la frecuencia con que se da la residencia en el mismo municipio entre la población. Son dos fenómenos que propician la estructura de solidaridad familiar. Nos fijaremos ahora en la proximidad residencial. El indicador más adecuado para analizar la posibilidad estructural del ejercicio de la solidaridad familiar intergeneracional, se obtiene conociendo la residencia en el mismo municipio o no de los miembros de la familia. La vecindad local con el padre —residencia en el mismo municipio— se da en el 82,4 por ciento de los casos de sujetos cuyo padre vive; con la madre la proporción es ligeramente menor (81,1%). La vecindad provincial o regional —residencia en la misma provincia o región— se da en el 92,6 por ciento de los casos en relación con el padre y el 92,1 por ciento con la madre. En los restantes casos el padre (5,9%) o la madre (6,7%) residen en otra región o en el extranjero (0,5% de los padres y 0,4 de las madres). Y en un 1 por ciento de los casos el sujeto desconoce su lugar de residencia. En muchas ocasiones esta proximidad residencial es deliberada. Los padres siguen los desplazamientos residenciales de sus hijos, precisamente para poder relacionarse con ellos. Pero en la mayoría de las veces no es necesario buscar esa vecindad. La escasa movilidad geográfica de la población posibilita compartir la localidad, convertida así en escenario fácil de ayudas, apoyos y solidaridad entre la familia.

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1.7. La convivencia intergeneracional El principal indicador de los lazos de parentesco existentes entre las personas que conviven en los hogares es examinar el número de órdenes generacionales a los que pertenecen sus miembros. La convivencia intergeneracional constituye en efecto la manifestación más evidente del sistema de apoyos, ayudas y solidaridad que configura la realidad familiar en España. • Con arreglo a los datos del INE, en España (INE 1991, pp. 92 y ss.) los hogares más frecuentes son los bigeneracionales: significan el 69,9 por ciento de los hogares pluripersonales. En su mayoría (69,5%) compuestos por dos generaciones de orden inmediato —generalmente padres-hijos— y una pequeña fracción (0,4%) compuestos por dos generaciones de orden mediato. En el censo de 2001, los hogares bigeneracionales alcanzan el 53,44 por ciento. • En frecuencia, le siguen los hogares pluripersonales, más frecuentes son los unigeneracionales; representan el 21,1 por ciento de la totalidad de los hogares pluripersonales. • Por último, los hogares poligeneracionales significan el 9,1 por ciento de los hogares pluripersonales. Están compuestos en casi todos los casos por tres generaciones de órdenes inmediatos (8,8%); o por tres órdenes no inmediatos (0,2 por ciento); o por cuatro órdenes generacionales (0,1%). Tabla 1. Número de generaciones que conviven según tamaño Tamaño del hogar

Generaciones en el hogar Censo de 2001 1 generación

Total % Total

2 generaciones

3 generaciones

4 o más generaciones

2,11

53,44

4,37

0,08

5.973.515

7.582.206

619.798

11.650

Total

14.187.169

Existen notables diferencias regionales en la frecuencia de hogares según el número de generaciones que los integran. Por encima de la media en hogares poligeneracionales se encuentra una región del interior —Navarra— y buena parte de las regiones costeras: Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, y Ceuta y Melilla. Según el tamaño de los municipios la relación es clara: aumenta la frecuencia de los hogares poligeneracionales al reducirse el tamaño de la población. Por encima de

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la media se encuentran los hogares situados en municipios con menos de 20.000 habitantes. La convivencia en los hogares se produce con abuelos (3,6%), nietos (3,6%), yernos/nueras (3,1%), suegros (2,0%), sobrinos (1,6%), cuñados (1,6%) y tíos (1,3%). Los datos evidencian la alta frecuencia —cercana al 10 por ciento— de convivencia entre tres o más generaciones. Al margen de las condiciones reales de empleo o salud en que se encuentren, en estos casos existe una relación simbiótica entre sus miembros. La convivencia de tres generaciones en el mismo hogar significa convertir en rutina cotidiana los apoyos, ayuda y solidaridad entre los miembros de la familia. Esta dinámica puede ser de ayuda mutua si la situación de salud o edad de todos los posibilita; pero si una de las partes —a menudo los más mayores— se encuentran en situación de dependencia, entonces la red familiar se organiza en función de la necesidad de prestar ayuda a la abuela o abuelo. Pero la solidaridad intergeneracional no sólo se materializa con la convivencia de tres generaciones. Se deben tener presentes también las peculiaridades de la emancipación de los hijos. En el caso español —y en general latino— lo singular es la muy tardía edad de emancipación de los jóvenes. La prolongación de los años de escolaridad, la multiplicación de la oferta educativa en todas las provincias, el retraso en la nupcialidad, y la carencia de la pauta foránea de abandonar los jóvenes el hogar familiar al llegar a una determinada edad, entre otros, han dilatado la permanencia de los hijos en el hogar familiar hasta edades mucho más avanzadas que en los países de nuestro entorno. La prolongación de los años de permanencia de los jóvenes en el hogar familiar es otra modalidad de ayuda, solidaridad y apoyo. Su permanencia hasta los 30 años es una singularidad latina en Europa. Sobre todo porque se hace en términos de eximir de cualquier aportación económica al desenvolvimiento del hogar y, muy a menudo, sin realizar ninguna tarea doméstica. En términos reales, por tanto, la convivencia intergeneracional cuando involucra tres generaciones y buena parte de los que cuentan con dos, son núcleos activos de ayuda material y personal entre sus miembros. Y en ambos casos son situaciones singulares en relación con la mayoría de los países europeos. Si las convivencias intergeneracionales se producen en el 9,1 por ciento de los hogares pluripersonales, y se añaden los supuestos de hogares con presencia de jóvenes

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entre 21 y 30 años podemos estimar que un 20 por ciento de los hogares pluripersonales involucran realidades de solidaridad intergeneracional.

1.8. La incorporación de la mujer al trabajo Otra circunstancia que afecta a las condiciones materiales del desenvolvimiento de la solidaridad familiar es la situación de la mujer en relación al trabajo extra doméstico. En España en gran parte del siglo XX se ha dificultado el acceso de la mujer al mercado de trabajo por: • Circunstancias culturales y políticas durante el franquismo que favoreció —incluso con imposiciones legales— la permanencia de la mujer en la esfera familiar sobre todo si estaba casada y con hijos. • Por el retraso de la economía española en relación con la europea, con menos peso del sector industrial y de servicios, éste el más proclive a la incorporación temprana de la mujer al trabajo. • Por el pequeño tamaño del mercado de trabajo que ha generado altas tasas de paro durante todo el siglo XX, incluso en fases con altas tasas de emigración. La imposición de la vida doméstica como destino a la mujer ha asentado, durante un largo periodo histórico, su protagonismo en la realización de actividades básicas para el bienestar social. Aunque siempre se ha dicho que la familia ha protegido a los mayores, por ejemplo, pero en realidad ha sido siempre la mujer a quien le correspondía asumir la tarea. La mujer ha sido el agente a quien se le asignaba, prácticamente en exclusiva, la responsabilidad en el cuidado de familiares enfermos, padres o suegros ancianos, minusválidos o drogadictos, la ayuda en ocasión de la maternidad de una hija o para hacer frente a situaciones de paro y desempleo sobrevenido a algún miembro de su red familiar. Estas tendencias históricas cambian por completo desde la recuperación de la democracia en 1978, cuando las políticas públicas sobre la mujer fijan como objetivo la equiparación entre los sexos. Se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo; entre 1985 y 1997, 12 años, la tasa de actividad de las mujeres crece cerca de 11 puntos y se sitúa en 38,2; los mismos puntos aumentan su actividad pero sólo en los 10 años siguientes. Se trata de un cambio estructural de la sociedad y que tenderá a seguir creciendo en el futuro, como se comprueba al examinar los datos por edad (véase la tabla 2). Disminuye el acceso temprano, se reduce en las edades más bajas 16-19 años,

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como consecuencia de la creciente escolarización de la mujer, que favorece su incorporación ulterior. Los niveles más altos de actividad se producen entre los grupos de edad entre 25-29 años (con un 80,9%) y 30-34 (con un 78,5%). Tabla 2. Tasas de actividad de las mujeres por grupos de edad, 1985-2007 1985

1997

2000

2004

2007

Total

Años

27,6

38,2

41,5

45,3

48,9

16-19

31,8

21,7

22,9

20,5

24,4

20-24

54,4

55,4

58,1

60,4

62,4

25-29

52,9

75,3

76,6

79,8

80,9

30-34

40,5

67,0

69,3

74,8

78,5

35-39

32,2

63,1

65,3

69,8

73,8

40-44

31,4

58,1

62,2

67,4

72,5

45-49

25,7

49,3

54,5

61,1

67,9

50-54

24,2

39,5

40,7

49,3

58,2

55-59

23,1

27,8

29,1

33,7

41,5

60-64

16,0

16,2

16,5

19,4

22,8

65-69

4,8

2,5

2,4

2,9

3,3

70 y más

1,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Fuente: INE: Encuesta Población Activa.

Aunque la tasa de actividad de la mujer en España es unos 10 puntos inferior a la de otros países de la Unión Europea, ha crecido muy rápidamente en las últimas décadas: pasa de 4 millones de mujeres activas en 1985 a más de nueve millones —9.528 millones— 20 años después en 2007. Pero los datos de actividad de la mujer por grupos de edad son extraordinariamente relevantes para entender la encrucijada actual de la solidaridad familiar. Los datos muestran el importante corte que se produce alrededor de los 50 años. Hasta llegar a esa edad, la tasa de actividad supera hoy ya el 60 por ciento. Pero con más edad, la actividad de la mujer desciende bruscamente. Sin embargo, se observa también el continuado aumento también en las edades superiores a los 50 años, crece con más lentitud pero de manera continuada como una marea progresiva. Una marea derivada de la llegada progresiva a esas edades de las nuevas generaciones, educadas ya con crecientes oportunidades educativas y laborales. El corte reseñado tiene alcance sustantivo. Significa que las mujeres con más de 50 años —precisamente por encontrarse fuera del mercado de trabajo— han esta-

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Madrid 2025

do hasta ahora en condiciones objetivas de desempeñar los papeles de apoyo familiar y agentes de la solidaridad familiar que históricamente se les ha asignado. Son las mujeres que sostienen todavía en la actualidad toda la estructura de la red de apoyos familiares en la sociedad española. Los cuidados de enfermos, la compañía familiar en los hospitales, el apoyo a los minusválidos, la atención cotidiana y parcial de los nietos sobre todo si son de sus hijas plenamente insertadas ya en el mercado de trabajo, y tantas otras tareas domésticas o no de refuerzo de los hogares de su red, son realizados por mujeres de estas edades. Si en 1985 sólo estaba activa una de cada cuatro mujeres, 20 años después lo están el doble; el ascenso es continuado y sin que haya finalizado la progresión. Su pertenencia a una generación que censuraba, o incluso prohibía, el trabajo extra doméstico de la mujer casada, sobre todo si tenía hijos —pero que en cualquier caso no favoreció su cualificación profesional para el empleo— las ha transformado —con los años— en los agentes decisivos para que sus propias descendientes hagan frente a las necesidades derivadas de la incorporación de la mujer al trabajo (sin incorporar pautas igualitarias de trabajo doméstico en los varones ni de los hijos). Pasaron de ser las grandes excluidas del trabajo a las grandes posibilitadoras del acceso de las nuevas generaciones de mujeres al trabajo. Las abuelas actuales pueden seguir desempeñando un extraordinario papel en el mantenimiento de las estructuras de solidaridad familiar porque, con anterioridad, la sociedad les impidió acceder al mercado de trabajo. Pero esta situación es, cada vez más, ya historia. La continuidad laboral de las mujeres de generaciones más jóvenes, al mejorar su nivel educativo y ocupacional, tenderá a ser completa, hasta su jubilación. Por esto no resulta difícil pronosticar que el próximo cambio que se avecina en el inmediato futuro: la presencia, cada vez más frecuente, de mujeres mayores —con más de 60 años— en puestos de trabajo. La novedad será encontrar mujeres mayores en puestos de alto rango; las que han accedido —todavía minoritariamente— desde la década de los setenta a altos niveles ocupacionales y que hoy las vemos jóvenes en la judicatura, medicina o universidad. En el futuro su continuidad laboral hasta la edad de jubilación será cada vez más frecuente. A corto plazo, por consiguiente, la dinámica laboral va a repercutir en la solidaridad. Va a generar un significativo descenso en la disponibilidad estructural de la mujer a poder compatibilizar el papel de agente principal de la solidaridad

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Bienestar social y familia

familiar. Y puesto que todos los estudios revelan que los españoles prefieren los cuidados familiares a los institucionales, como residencias, la perspectiva inexorable es el empeoramiento paulatino de la satisfacción de los españoles en su vejez. La Encuesta de Bienestar Once 96-97 [en S. Muñoz Machado, J. L. García Delgado y L. González Seara (eds,): Las estructuras de bienestar, 1997] se constata la gran responsabilidad que se asigna a la familia para garantizar elementos del bienestar social, el elevado nivel de apoyos que suministra y la muy alta valoración de la ayuda suministrada por la familia; en concreto (p. 786) la ayuda recibida por la persona discapacitada tiene la siguiente valoración media según su procedencia: • • • • •

De su familia: 8,8 puntos. De amigos: 5,9. De compañeros estudio o trabajo: 4,3. De asociaciones o instituciones privadas: 2,6. De instituciones públicas: 3,5.

Este futuro sólo puede contar con alguna de estas alternativas: • La proliferación de contratos fijos, pero a tiempo parcial. • La reducción sustantiva de la jornada de trabajo acompañada por la generalización de la jornada continuada. • Adelantar las edades de jubilación o flexibilizar, en términos ventajosos para quien lo solicite, las excedencias para cuidados de familiares. • La involucración plena de los varones y los hijos e hijas en la realización de las tareas domésticas. • Asalariar las tareas de cuidados de los mayores a cargo de personal —varones y mujeres— pero de procedencia extranjera, que es lo que por el momento se está produciendo en España. • Aceptar el empeoramiento de la calidad de vida. Lo que es un hecho inexorable es que, en adelante, las biografías laborales de la mujer van a impedir que desempeñen estas tareas de ayuda, apoyo y solidaridad que son básicas, históricamente, para sus propias familias y para toda la sociedad. Puede decirse que se realizaba por la existencia de vínculos afectivos entre los implicados, y no es necesario argumentar en función de estos sentimientos. Porque la cuestión real es que en el pasado esos apoyos eran efectivamente prestados por dentro del grupo familiar pero ahora es cada vez menos posible por razones estructurales. Y en un plazo muy corto, 10 años, va a crecer vertiginosamente

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Madrid 2025

el porcentaje de mujeres a quienes sus obligaciones laborales les van a impedir desempeñar ese papel, les satisfaga o no su situación. La mayor esperanza de vida también va a repercutir. Aumenta la esperanza de vida, y lo hace más la de la mujer que la del varón ampliándose la diferencia entre ambos. A medio plazo, esta tendencia demográfica va originar que sean cada vez más las mujeres quienes necesiten cuidados, apoyos o ayudas. No deja de resultar paradójico que cuando disminuye la disponibilidad de la mujer como suministradora de ayudas, sea cuando más se va a incrementar esa misma demanda por parte de las mujeres. El impacto laboral en las estructuras de la solidaridad va a ser acusado a corto plazo. O bien se distribuyen esas tareas entre todos los componentes del grupo familiar —lo que significa integrar a los varones, sobre todo, y a los hijos—, o se amplia la red familiar de apoyo —con primos, sobrinos o tíos— o degeneran los servicios prestados o se trasfieren a otras instancias públicas o privadas. Pero compatibilizar ese papel histórico de agente de solidaridad y la trayectoria laboral será sumamente difícil. No sólo el cambio de valores o el aumento del individualismo, las propias biografías personales, insertas ahora en la esfera pública, obligarán a otras instancias públicas y al conjunto de la red familiar a readaptar sus experiencias y cotidianidad, para asimilar el impacto global del cambio de papel de la mujer. Su acceso a posiciones más altas en la esfera laboral va a imponer, en suma, cambios radicales en el protagonismo que la mujer con más de 50 años ha tenido como sostén de las estructuras de solidaridad familiar. Es un cambio tan importante como el de las mujeres jóvenes en los años setenta y ochenta. Éstas han iniciado el acceso de la mujer a altos niveles ocupacionales. En dos décadas resultará cada vez más frecuente encontrarlas —en su vejez— en altos niveles ocupacionales.

2. LA NOTORIEDAD DEL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL BIENESTAR COLECTIVO

En España nunca ha cristalizado un esfuerzo analítico sostenido sobre el papel de la familia en la sociedad española. Intentos han existido desde luego, desde finales de los años cincuenta del siglo XX. Pero nunca han gozado de continuidad. El último intento, abruptamente interrumpido en 2005, fue la Cátedra Enrique Gómez Arboleya en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pese a sus excelentes resultados en los tres años funcionando.

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Bienestar social y familia

En todo caso, es un hecho notorio la escasa atención conciencia pública y reconocimiento otorgado en España a las funciones sociales que desempeña la familia y, en particular, a su papel en el bienestar social de los españoles. Pero esta situación está sin duda cambiando y no como consecuencia de la preocupación específica por la familia como tal —que sería lo lógico—, sino como resultado de los efectos de los importantes cambios sociales de la sociedad española en las últimas décadas que involucran a la realidad familiar. No es la preocupación por la familia la que desencadena la reflexión, sino una preocupación originada en otra esfera y que como consecuencia derivada se hace necesario fijar la atención sobre la familia. Fijar la atención sobre algunos de estos factores alumbra al mismo tiempo el papel de la familia en el bienestar. Por eso es necesario detenerse en algunos de ellos.

2.1. Las dimensiones familiares en la adaptación del estado del bienestar La nutrida literatura disponible sobre el estado de bienestar resalta los numerosos desafíos a los que debe hacer frente a principios del siglo XXI. Desde la óptica que aquí interesa, se hace necesario recordar que las políticas del estado de bienestar se gestaron bajo un supuesto implícito: se trataba de ayudas derivadas de un trabajo, al que se accedía a edades muy tempranas, duraba toda la vida, y se disfrutaba de un corto periodo de jubilación, si es que se llegaba a esa edad. Pero además, las coberturas iniciales que ofrecía el sistema eran mínimas, el objetivo era la mera supervivencia. Y en todos los aspectos se ha producido una extraordinaria dilatación de los destinatarios de la protección en todos sus aspectos. Inicialmente los beneficiarios eran, exclusivamente, los propios cotizantes ampliados pronto a sus familiares más próximos; hoy por el contrario toda la población es la beneficiaria, haya contribuido o no. Y lo mismo ocurre con la educación, que de una pretensión inicial de suprimir el analfabetismo en un número reducido de cursos académicos, se ha convertido en prácticamente gratuita hasta los 30 años. Y esta inimaginada prolongación temporal viene acompañada de becas para transporte, residencia, libros, comedor, idiomas, estancia en el extranjero, etc. Lo mismo ha ocurrido con la sanidad pública. Aunque nació con el objetivo de atajar las enfermedades graves, asume hoy especialidades muy ajenas a los propósitos iniciales del sistema: odontología, obesidad, anorexia, cambio de sexo, hospitalización en partos, abono de tratamientos especializados en el extranjero, etc.

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Madrid 2025

El alcance de todas las políticas ha cambiado por completo. Se han dilatado hasta lograr un alcance inimaginado para sus promotores. La sustancial mejora de las condiciones de vida y de protección de los ciudadanos merece desde luego un juicio muy positivo socialmente, pero tiene importantes efectos para la sostenibilidad del sistema como en tantas ocasiones han probado especialistas como Juan Velarde o José Barea. La evolución demográfica de la sociedad española supone un riesgo claro para la indefinida continuidad del sistema, si no se introducen prontas reformas. Cualquier indicador que se utilice avala esta apreciación. En primer lugar, debe aludirse al hundimiento de la natalidad desde 1975 por un conjunto de factores imposibles de examinar ahora. En una década, desde 1975, se reduce a la mitad la tasa bruta de natalidad. Han sido las generaciones que iniciaron su fase reproductiva desde la década de los sesenta del siglo XX, las que han modificado por completo sus comportamientos. En la década de los noventa nacían en España menos hijos que después de la Guerra Civil, una situación que no ha cambiado sustancialmente en los primeros años del siglo XXI. Con indicadores más sofisticados, el número medio de hijos por mujer o la tasa neta de reproducción por ejemplo, ofrecen el mismo dramatismo en la evolución de la natalidad en España. Tabla 3. Tasa bruta de natalidad, por 1.000 habitantes. Total nacional Nacidos por 1.000 habitantes 1975

18,76

1980

15,22

1985

11,88

1990

10,33

1995

9,23

2000

9,88

2005

10,75

2007

10,95

Fuente: INE.

Oro indicador importante es la esperanza de vida al nacer, que describe el promedio de años que viviría una persona que estuviera sometida a los niveles de mortalidad determinados; la mejora de la supervivencia en los primeros años ha repercutido en el continuado ascenso de la esperanza de vida en España. La evolución de la natalidad y de la esperanza de vida repercute en el creciente peso de la población mayor de 65 años. Las previsiones de Eurostat para 2050 son terminantes. En la actualidad en torno al 17 por ciento de los habitantes que

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Bienestar social y familia

integran la UE-17 tienen 65 o más años. Esta proporción se situará muy próxima al 29 por ciento en dicho año. Y España será en el año 2050 uno de los más envejecidos: el 32 por ciento de la población contará esas edades, duplicando prácticamente la correspondiente a 2008. El estudio promovido por el BBVA sobre las consecuencias sociales y económicas de la longevidad y dependencia en España (Montserrat Guillen: Longevidad y dependencia en España. Consecuencias sociales y económicas, Madrid 2006), ofrece numerosas estimaciones de los costes económicos de este fenómeno. Solamente el coste económico de un sistema de cuidados de larga duración de personas dependientes totales, que necesitan apoyo constante, con más de 65 años en el propio domicilio asciende a un 10 por ciento del PIB. En la hipótesis de cuidados formales, en los que se requiere menor implicación de las familias, pero un mayor desarrollo de la red de apoyo a la dependencia, el coste económico sería aproximadamente del 3,45 por ciento del producto interior bruto de 1999 (p. 158). Los economistas advierten de la gravedad de la situación. De la Dehesa (en “Del estado de bienestar a la sociedad de bienestar”, en VV AA: Estado de bienestar y Autonomías en el año de Maastricht) ha advertido que se han conseguido niveles avanzados en sanidad, educación, vivienda y seguridad social pero “los niveles alcanzados son insostenibles a lo largo plazo, no sólo por razones institucionales y demográficas, sino también porque el coste de los servicios del estado del bienestar crece, por definición, por encima de la inflación, ya que son actividades intensivas en mano de obra (doctores, enfermeros, profesores, asistentes sociales, etc.) que tienen una productividad inferior a la media de la economía, con lo que el coste del estado del bienestar representa cada año un porcentaje mayor del PIB. El hecho de que sean insostenibles a largo plazo provocará en algún momento futuro un grave problema de redistribución intergeneracional, que habrá que ir actuando ahora (p. 141). Los efectos de este escenario son muy relevantes a corto plazo. La nueva estructura de la población significará un incremento sin precedentes en los costes de la protección social por jubilaciones, gastos hospitalarios, en medicinas, atención a domicilio y, si se consolida, en atención institucional a la población dependiente. Y en toda esta dinámica, tiene una raíz central el comportamiento laboral y reproductivo de las familias. De ahí que los estudios y propuestas de reforma de la Seguridad Social se fijen necesariamente en la familia. Son tan importantes los efectos de los comportamientos demográficos en el futuro de la protección social, que incluso se ha modificado por ello un principio

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inmutable desde la democracia y hasta 1996 de rechazar cualquier forma explícita de política familiar y, sobre todo, cualquier propuesta con contenido natalista. En contra de esta consistente política, en los Pactos de Toledo se encuentra el primer acuerdo entre partidos políticos con propuestas de política familiar para favorecer el aumento de la natalidad; algo que se vinculaba negativamente hasta entonces al franquismo y sus políticas natalistas. Pues bien, las dificultades en el estado de bienestar han llevado a quebrar una constante desde el franquismo y propugnar ayudas para incrementar la natalidad. Y es que se reconozca o no explícitamente, en el futuro de la Seguridad Social juega un papel decisivo la realidad familiar. La consolidación del estado de bienestar pasa —guste o no— por prestar atención y ayudas a la familia. Tabla 4. Esperanza de vida al nacer. Total nacional 1900

1920

1940

1960

1980

2000

Hombres

Años

33,9

40,3

47,1

67,4

72,5

75,6

2005 76,9

Mujeres

35,7

42,1

53,2

72,2

78,6

82,5

83,5

Total

34,8

41,2

50,1

69,9

75,9

79,5

80,2

Fuente: BBVA: “Estadísticas Históricas de España” vol. 1, cap. 2, 2005, e INE.

En el escenario de los necesarios cambios para dotar de consistencia al estado de bienestar, la evolución demográfica agrava las perspectivas económicas. Una de las más acreditadas ha advertido sobre que la creciente incorporación de la mujer a la población activa obstaculizará el mantenimiento de esa ficción de que la familia cuidaba a los mayores o a los niños; era la mujer expulsada del trabajo extra doméstico quien lo asumió siempre en la práctica. Por eso su incorporación al trabajo fuera de casa obligará a múltiples readaptaciones en el estado de bienestar. En este sentido, Mª Teresa Bazo escribe que: “La próxima crisis del estado de bienestar no será la prevista para las primeras décadas del próximo siglo, cuando las generaciones más numerosas lleguen a la jubilación, ni tampoco la que provenga del crecimiento de la demanda debido al aumento de las personas mayores. La crisis será una crisis en la provisión de cuidados, debido a la disminución notable de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo no pagado por parte de las mujeres, dada su creciente participación en el mercado de trabajo”.

2.2. La emergencia de problemas sociales vinculados con la familia Junto a los debates sobre el estado de bienestar, otro factor ha impulsado la renovación de la atención sobre el papel de la familia en el bienestar en España. A lo mejor lo que ocurre es que se viven ahora en España debates ocurridos en otras

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Bienestar social y familia

sociedades en el pasado. De hecho, ya Durkheim advirtió de los límites del debate sobre la secularización y estatalización de la familia, y advirtió que la privatización de la familia se acompañará de una presencia, cada vez más acusada, del Estado en la familia; la secularización fue la vía para sustituir el intervencionismo de la Iglesia por el del Estado. En todo caso, el tipo de familia nuclear hoy predominante incrementa notoriamente el alcance de los problemas familiares. Cuando lo que prevalecía era la familia extensa, su núcleo integraba con mayor facilidad las disrupciones que se producían. La orfandad o el abandono o la viudedad temprana —extremadamente frecuentes en el pasado— eran asimilados con destreza por el grupo; otra persona de la red extensa pasaba a desempeñar el papel de la persona desaparecida o fallecida y cumplía desde entonces con las obligaciones asignadas al desaparecido. Nada de esto ocurre en la sociedad actual. La familia nuclear aislada hace mucho más complicado que en el pasado la sustitución en el desempeño de los papeles sociales asignados. Y por eso las consecuencias de las alteraciones son más graves hoy que en el pasado. Cualquier perturbación de la normalidad familiar adquiere por tanto mayor relevancia que en cualquier otro momento de nuestra historia. En diferentes dimensiones la sociedad está hoy descubriendo que la familia es una realidad muy relevante para el desempeño de tareas colectivas. Los nexos entre familia y educación son cada vez más reconocidos. Muchos de los problemas del rendimiento del sistema educativo cuentan con raíces familiares. Sin la actuación coordinada de ambas instituciones resulta difícil la progresión educativa adecuada de los niños. Y buena parte del fracaso escolar en España —el mayor de Europa— guarda relación con el defectuoso funcionamiento de la familia y de su ajuste con el sistema educativo. Y una argumentación análoga puede presentarse respecto a la relación entre familia y salud. Pero sin duda la dimensión más manifiesta de la emergencia de problemas sociales relacionados con la familia se refiere a la violencia y la familia. Se trata sin duda de la cuestión más grave y que ha dado lugar a numerosas medidas políticas y legales destinadas a reducir —sin éxito— la magnitud de la violencia familiar. Hay que decir que la violencia dista de ser un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. Recuérdese que ya el teatro clásico griego contiene numerosos argumentos con las más variadas modalidades de violencia familiar, y nunca ha desaparecido esta tradición literaria. Aunque la sensibilidad política, social y de los medios

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de comunicación se proyecta únicamente sobre la violencia que sufre la mujer, existe también la que se proyecta igualmente sobre otros miembros de la familia: abuelos, hijos y los propios padres. Esta última —ejercida por los propios hijos contra sus padres, habitualmente debido a la drogadicción— acaso sea la más ocultada; es difícil para los padres denunciar al hijo, cosa que ocurre en general cuando la magnitud de los malos tratos requiere auxilio médico o adquiere notoriedad pública. En cualquier caso, la violencia contra la mujer en el ámbito familiar ha adquirido protagonismo mediático por muchas razones. Entre ellas porque pese a los esfuerzos colectivos por atajarla, no dejan de aumentar los homicidios de mujeres por sus parejas. Ninguna de las múltiples estrategias de prevención parece dar resultado positivo. Aunque existe una sobre representación en la presencia de inmigrantes como autores y víctimas, ningún sector social se encuentra exento de estos censurables comportamientos que atraviesan clases sociales, niveles profesionales o núcleos residenciales. Sin entrar en el debate de si se han incrementado el número de casos o bien son el mismo número que antaño pero emergen con mayor frecuencia, el hecho es que su incremento y la activación de políticas muy variadas para atajarlo han dotado de gran notoriedad la dinámica interna de las familias. El mundo cerrado del hogar se encuentra ahora en el objetivo de esas políticas y en la publicidad en los casos de violencia. La familia salta con ello al primer plano como escenario, en alto número de casos, de uno de los principales problemas sociales. El divorcio y su incremento es otro fenómeno susceptible de ocasionar efectos sociales significativos de numerosas dimensiones de la vida de la familia. Desde la vivienda a la socialización, la atención cotidiana, el cuidado y rendimiento educativo de los hijos, a las consecuencias económicas, en todos los aspectos de la vida familiar pueden cristalizar efectos perturbadores. Pero entre ellos habrá que anotar también a los efectos en el empobrecimiento. Pero se trata de un aspecto que es preferible examinar en otro apartado.

2.3. Las nuevas fronteras de la pobreza Junto al debate sobre el estado de bienestar y la emergencia de problemas sociales vinculados a la familia, otro impulso específico a la reflexión sobre la familia procede de la constatación de nuevas fuentes de pobreza. Una realidad que choca frontalmente con los objetivos institucionales básicos en el estado de bienestar.

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Bienestar social y familia

Históricamente la pobreza ha estado vinculada con la carencia de recursos. En la mayoría de los casos, económicos o educativos, pero cada vez se amplia la convicción de que la pobreza guarda relación también con la carencia de oportunidades y la debilidad de capital relacional, que ha dado lugar al creciente empleo del concepto de exclusión social. Buena parte de las nuevas fuentes de pobreza guardan relación directa con la situación de la familia. Además, estas nuevas fuentes generan una modalidad específica de pobreza pero no originaria sino sobrevenida; se trata del empobrecimiento en muchos casos. Una situación poco frecuente en el pasado y hoy en crecimiento, precisamente por factores asociados a la realidad familiar. Una de las causas procede de las madres solteras muy jóvenes. Se trata de una circunstancia con efectos muy negativos a corto y medio plazo para la situación social de las mujeres. Interrumpe la continuidad académica de las mujeres y obstaculiza su plena inserción laboral, ocasionando altos porcentajes de movilidad social descendente. Y en España tenemos altas tasas de maternidad a tempranas edades, reducidas sustancialmente por las altas tasas de abortos provocados. Otro descubrimiento reciente por las ciencias sociales —que no por la literatura— ha sido la situación de carencia y pobreza de la infancia; unas edades que sufren problemas estructurales notorios: “Una de las notas más sobresalientes del nuevo análisis de la pobreza en España es el redescubrimiento de la pobreza infantil. La tasa de pobreza infantil en España no sólo es mayor que la media de la población —uno de cada cuatro niños vive con rentas por debajo del umbral—, sino que es una de las más altas de la UE-25. Esta realidad es especialmente visible en el caso de los hogares monoparentales o las familias numerosas. Entre los factores que explican esta situación destaca, en primer lugar, que el bienestar económico de los niños se ha hecho cada vez más dependiente de las rentas del trabajo, aumentando su riesgo de pobreza cuando los sustentadores carecen de estabilidad laboral. El otro gran factor determinante es el sistema de prestaciones sociales. La red actual de prestaciones monetarias aporta una menor protección relativa a la infancia que al resto de la población y, además, esta contribución ha disminuido en el tiempo” (Foessa, 2008, p. 40). Uno y otro actores mencionados —madres solteras y la infancia en situación de pobreza, como el divorcio— guardan relación con los negativos efectos que originan las familias monoparentales en la situación social de las mujeres. En el 90 por ciento de los casos las familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Y tienen

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efectos tan perturbadores para su promoción social que la Unión Europea, que carece de competencias en materia de familia, comenzó a promover políticas con incidencia sobre la familia para atenuar su asociación con el empobrecimiento de las mujeres. Se trata de una realidad que crece a un ritmo muy alto en España; el número de hogares en seis años ha pasado de 273.000 a 382.180 en 2006. Tabla 5. Familias monoparentales por sexo de la persona principal Total de familias

2000

2006

273,00

382,18

Encabezadas por varones

12,23%

13,12%

Encabezadas por mujeres

87,71%

86,87%

Fuente: INE en base a EPA.

Un peso semejante tiene la familia en el caso de pérdida de empleo. La experiencia española revela el protagonismo asumido por la familia para proteger a los parados en la crisis de empleo de los años ochenta. La EPA del segundo trimestre de 2008 revela que en el 5,1 por ciento de los hogares, todos sus miembros se encuentran en paro; en el 8,7 por ciento de los parados son las personas de referencia quienes se encuentran en paro; y en otro 9,7 por ciento son los cónyuges quienes están en paro. Los datos de la EPA muestran que la mayoría de los parados conviven con personas que tienen empleo y una parte importante lo hace con personas con otras rentas, sobre todo pensiones o subsidios. Esto se debe a que el paro afecta, menos a las “personas de referencia” (en su mayoría varones), que a su cónyuge o hijos; lo cual evidencia el papel esencial de la familia en situaciones de paro. El Informe Foessa 2008 advierte además (p. 93) que las situaciones de carencia de ingresos son bastante estables a pesar de las oscilaciones de la economía. En todo caso, la incidencia del paro en la vida cotidiana de la familia y, al mismo tiempo, la atenuación de sus efectos por las medidas de apoyo que pone en marcha la red familiar. En sus dos dimensiones, la familia viene cumpliendo un papel esencial en el respaldo a las situaciones de crisis de empleo. La situación de pobreza afectará también a sectores de población inmigrante que en ocasiones cuentan con pautas familiares diferentes a las predominantes en la sociedad española e incluso con rasgos divergentes con elementos esenciales de nuestro sistema cultural. El previsible crecimiento del paro afectará a este sector de la población con respaldos sustancialmente inferiores a los que dispone la

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Bienestar social y familia

población española. Los inmigrantes no podrán contar con el apoyo de la red familiar en buena parte de los casos por lo que, salvo que el grupo de compatriotas amigos actúe de forma análoga la cobertura de sus necesidades básicas —en España y los recursos comprometidos a enviar a sus países de origen— pueden ser mucho más difíciles de lograr en una situación de crisis y paro como la existente a finales del año 2008. Las muy débiles políticas públicas de apoyo a la familia —que convierten a la familia en destinataria de servicios de apoyo públicos— no deben ensombrecer el papel mucho más relevante de la familia como prestadora de servicios básicos para el bienestar colectivo de los españoles. Unas ayudas, apoyo y solidaridad que han configurado casi en exclusiva nuestro pasado y que han sido siempre muy positivamente valoradas por los ciudadanos. La sustitución o la retirada parcial de la red de apoyos familiares a sus parientes inmediatos, al margen de los muy altos costes económicos, requerirá inversiones muy altas si se quiere mantener el alto nivel de satisfacción con que hoy los presta por el sistema familiar. Se trata sin duda de un reto muy relevante para el inmediato futuro de nuestra sociedad. En todo caso, es mucho lo que necesitamos conocer sobre el funcionamiento de los sistemas de solidaridad en la familia española, esenciales para el bienestar colectivo. Y si esto es válido con carácter general, mucho mayor es nuestro desconocimiento del funcionamiento efectivo de las estrategias de ayuda según las variaciones regionales o por clases sociales. Y todavía más necesario sería conocer sus peculiaridades en otras familias no biparentales, como las monoparentales o las reconstituidas, o las divorciadas o en situaciones estables de cohabitación. O bien las dinámicas que se producen en las familias, en crecimiento, de cuatro generaciones. A pesar de todos los cambios y de la restringida política social, la familia en la sociedad española goza de buena salud y sigue siendo un escenario de solidaridades. Y como tal, un instrumento extraordinariamente importante para la cohesión social. Es tan importante su protagonismo, que puede decirse que la familia en España es el principal Ministerio de Asuntos Sociales. Aunque en España no existe una política familiar equivalente a la de otros países de la Unión Europea y a ser mucho más bajas las ayudas económicas que se le destinan (Iglesias de Ussel, 1998, cap. 10), la familia desempeña un papel básico para el bienestar social. La familia es la que presta ayuda en caso de enfermedad, es la que se ocupa de la crianza de los hijos, del cuidado de los ancianos, la que sustenta

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en las situaciones de paro prolongado y la que asume con las consecuencias de todo orden de los casos de droga y de enfermedades gravosas como los casos de sida, y en gran medida la que asume tareas domésticas de los hogares de sus descendientes donde la mujer se ha incorporado al trabajo extra doméstico. Incluso las instituciones hospitalarias funcionan, en gran medida, por la red de apoyos y cuidados que los familiares suministran a los internados. Y el proceso de emancipación de los hijos, la adquisición de vivienda y su desenvolvimiento cotidiano se realiza, en gran parte de los casos, con el respaldo activo de los padres en términos económicos y de ayuda personal. En un contexto socialmente tan cambiante, la familia ha hecho gala de una extraordinaria capacidad de adaptación. Pese al desafecto que se observan en las encuestas hacia múltiples formas de organización, de instituciones —sindicatos, partidos, burocracias, etc.—, este desafecto no se observa que afecte a la familia. Esta mantiene su estima en las actitudes y aspiraciones de la sociedad. La familia sigue siendo la institución más valorada por los españoles. En casi todos los sondeos sobre la jerarquía de valores, la familia aparece en primer lugar. El gran valor dominante propio es la familia, para el 45 por ciento de los entrevistados, seguido muy de lejos por el amor (19%) y el trabajo (16%) (De Miguel, A., 1994, pp. 479-480). Esta situación resalta todavía más la relevancia de la solidaridad en la sociedad actual, que acrecienta su valor debido a los profundos cambios familiares con el inmediato pasado: “En las familias tradicionales las obligaciones de los hijos eran más pesadas que hoy en día; no sólo comportaban una ayuda a los padres mayores, sino también un gran aporte de fuerza de trabajo, a lo largo de lo que actualmente consideramos la etapa de juventud. Los padres, por su parte, alimentaban a los hijos y les transmitían un patrimonio. Pero esta solidaridad era considerada, sobre todo, como una obligación estatutaria; las cosas eran así no porque los hijos fuesen amables o los padres fueran generosos, sino porque unos eran los padres y los otros eran los hijos. Cada uno sabía lo que debía hacer, lo cual no significaba que cada cual cumpliera su obligación. Todo el sistema estaba organizado en torno a la supervivencia como finalidad, aunque las personas mayores apenas contribuían a este objetivo. La obligación teórica apenas se mantenía por la utilidad social, y como bocas inútiles eran generalmente los ‘excluidos’ de estas sociedades. Actualmente, en nuestras familias las obligaciones estatutarias han dado paso, en gran medida, a los requerimientos afectivos. La solidaridad tiene un fundamento más sentimental; se cuida a los hijos no por deber, sino por amor” (Roussel, 1995, p. 21).

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Bienestar social y familia

Se da en definitiva la paradoja de que, después de unos años donde la familia no ha sido destino prioritario de las preocupaciones públicas y cuando ha gozado de cierta difusión se ha dado una imagen crítica sobre la familia, pese a todo la familia mantiene e incluso, en la práctica, ha visto reforzado su papel social. La solidaridad y ayuda entre las generaciones seguirá siendo el cemento de la sociedad y el núcleo de la felicidad personal. Eso es lo que evidencian las encuestas y respaldan los comportamientos reales en la estructura social española.

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid Benjamín García Sanz

Expertos consultados: Jesús Ignacio Martínez Paricio, José Antonio Moro Calahorra, Francisco Zamora López

1. INTRODUCCIÓN Estas dos palabras, demografía y sociedad, son dos palabras mágicas que están en el frontispicio de cualquier investigación social, de cualquier discusión política y, por supuesto, están en la mente de las personas que tienen una cierta responsabilidad para influir en la evolución de los asuntos públicos. La demografía, y su concreción en la evolución de la población, es una variable básica y fundamental para entender cualquier proceso social. Los individuos que forman parte de una comunidad son, como diría Stuar Mill, brazos que pueden trabajar, pero también bocas que hay que alimentar. Hoy ampliaríamos esta expresión introduciendo otras demandas como el trabajo, la vivienda, la demanda cultural, la demanda sanitaria, el ocio, la seguridad, etc. Inicialmente la población estaba muy circunscrita al territorio, pero poco a poco se ha ido separando de él, y en la actualidad son otras variables, muy diferentes de las territoriales, las que marcan la evolución. Determinar el número y su evolución es condicio sine qua non para preguntarse por otras cuestiones. Si la población crece o disminuye, si lo hace porque el crecimiento vegetativo es positivo o no, o es el resultado de gente que llega de fuera o de personas que se marchan a trabajar a otro lado, es algo que está en la base de la explicación. Todos estos problemas son muy importantes y deben estar permanentemente en la cabeza de los dirigentes políticos que quieren hacer frente a los problemas. Si la demografía (y su correlato en la población) es importante, no lo son menos todas las consecuencias que su evolución positiva o negativa acarrea para la sociedad. La posición geográfica, la red de comunicaciones, las estrategias políticas, la confianza de los inversores son, entre otros, factores que juegan a favor para asentar

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Madrid 2025

el crecimiento demográfico. Por el contrario, el aislamiento, la falta de redes con el exterior, la abulia política o la falta de seriedad en el cumplimento de los pactos, pueden jugar en su contra. Pero los hombres somos algo más que números. Formamos parte de una sociedad y en cuanto tales tenemos derechos y deberes; hacemos demandas, somos un potencial que contribuimos a su desarrollo, establecemos redes y hacemos compleja la relación. Una población numerosa puede ser un factor de primera línea para contribuir al desarrollo de una sociedad, o puede actuar como un peso muerto que haga difíciles el cambio y la evolución. Puede ser aprovechada para marcar el camino de un desarrollo sostenido y fructífero, o retardar el avance porque no se aprovechan bien sus recursos. Es el propósito de este capítulo abundar en estas dos cuestiones. En primer lugar, en la variable demográfica detectando cuál ha sido el crecimiento de Madrid a lo largo de las últimas décadas y cuál será su desarrollo en los próximos años. Como no podía ser de otra manera, interesa ajustar bien cuál o cuáles han sido las bases del desarrollo demográfico de Madrid, y cuáles serán las variables que influirán en la tendencia del futuro. Lógicamente en la base de la explicación están la natalidad y la mortalidad, pero sobre todo la inmigración extranjera que se ha encargado de tomar las riendas de la inmigración interior que había caracterizado el crecimiento de Madrid durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Siempre es un riesgo tratar de aventurar el futuro, pero como los fenómenos sociales futuros se sustentan en los presentes, siempre hay atisbos, más o menos asentados, de lo que nos puede deparar el futuro. La relación de la demografía con la sociedad es evidente, de ahí que tratemos también de indagar y aventurar alguna consecuencia. El conocimiento tanto de una como de otra es instrumento de primera mano que el político de turno debe tener siempre presente para no cometer grandes errores en su gestión.

2. GRANDES LÍNEAS DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE MADRID Y SUS CAUSAS1 2.1. Últimas tendencias Madrid tenía, según el Padrón del año 2007, 6.061.680 habitantes, 1,2 millones más que en el año 1985 (4,9 millones). Su crecimiento ha sido el más intenso, en números absolutos, de las 17 comunidades españolas. Su crecimiento ha estado

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

por delante de Andalucía y Cataluña, y sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, en términos relativos. Madrid es hoy la tercera comunidad en importancia demográfica, por detrás de Andalucía (8,59 millones) y Cataluña (7,2 millones), y por delante de la Comunidad Valenciana (4,9 millones). Como consecuencia de ello, Madrid ha mejorado en el ranking nacional, tiene un 13,4 por ciento de la población global, un punto más que el porcentaje que tenía en el año 1986. Retrotrayéndonos cuarenta o cincuenta años atrás se observan tres grandes fases en el crecimiento de la Comunidad de Madrid; una primera fase de crecimiento muy rápido debido a la inmigración interior y a la natalidad; una segunda fase, que se inicia a mediados de los años sesenta y cuya nota es el estancamiento debido a la caída de la inmigración interior y al descenso de la fecundidad; y una tercera que se inicia hacia mediados de los años noventa y llega hasta la actualidad, con tasas de crecimiento muy parecidas a las de la primera fase, pero basadas en la intensa inmigración exterior y, en menor medida, en una ligera recuperación de la natalidad. Así pues, el panorama del crecimiento ha cambiado radicalmente. Si en los años sesenta el crecimiento natural era responsable de un 81 por ciento del incremento demográfico y el saldo migratorio del 19 por ciento, estas magnitudes se invierten en la segunda mitad de los años noventa, en las que el componente migratorio representa el 83 por ciento y el crecimiento natural sólo el 17 por ciento.

2.2. La distribución en el espacio de la población: centralización o descentralización Ahora bien, el crecimiento no ha sido homogéneo sino que se ha distribuido de forma desigual a lo largo y ancho del territorio. La capital ha ganado cerca de un millón de habitantes pero ha ido perdiendo peso específico en relación con la corona metropolitana. En los años sesenta vivía en la capital el 87 por ciento de la población (2,2 millones) y ahora lo hace el 52,1 por ciento (3,13 millones). En la actualidad parece que la capital ha llegado a un equilibrio demográfico en torno a los tres millones de habitantes, ubicándose el resto en las áreas de influencia de la capital. El Sur ha tenido el crecimiento más rápido y más intenso, seguido del Norte, el Este y el Oeste. En este proceso hay que resaltar el gran avance demográfico de la zona rural en un doble sentido. Hay muchos municipios que hasta hace unos años eran rurales y lo han dejado de ser para convertirse en grandes centros urbanos; y el segundo, el aumento de la población rural, sobre todo la que reside en municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

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Madrid 2025

2.3. El juego de las edades y su evolución En cuanto a la estructura por edades se resaltan tres fenómenos: El ineludible envejecimiento como consecuencia del descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la llegada de generaciones llenas a la edad de 65 años y más. Una reducción del grupo de 0 a 14 años sobre todo entre los años 1992 y 1997 como consecuencia de la drástica caída de tasa de natalidad, aunque con una ligera recuperación en el quinquenio siguiente. Y un incremento de la población potencialmente activa, es decir, de las generaciones comprendidas entre 20 y 64 años. Ahora bien, sobre estas tendencias hay que resaltar la incidencia que ha tenido en los últimos años la inmigración. Por un lado ha contribuido a ralentizar el proceso de envejecimiento y, por otro, a mejorar levemente la tasa de natalidad y a ensanchar la población potencialmente activa. Haciendo un análisis del impacto de los diferentes grupos de edad se observa el crecimiento de la importancia relativa de los mayores de 65 años y más, sobre la población total, la población de los menores de 19 años y la población de 20 a 64 años; ahora bien, todo ello no se ha traducido en un empeoramiento del índice de dependencia2. Si en los años ochenta había 80 personas dependientes por cada 100 independientes, el porcentaje se ha reducido hasta el 50 por ciento. La causa radica en el descenso continuado de la población menor de 19 años que ha disminuido con más intensidad que ha aumentado el grupo de mayores de 65 años. Siguiendo con la estructura por edades, la más descompensada o envejecida es la capital, en la que hay muchas personas mayores y pocos niños (población con menos de 14 años). En el polo opuesto está la zona oeste con un porcentaje bastante mayor de niños y menor de mayores. Los municipios no metropolitanos se parecen a los de la zona oeste, por lo menos en cuanto al porcentaje de personas menores de 14 años, aunque cuentan con un porcentaje mayor de personas mayores. El resto de zonas están enmarcadas en un gradiente que tiene a la zona sur como la más envejecida y a la zona norte como la menos.

2.4. La importancia de la natalidad y la mortalidad en el crecimiento de Madrid El comportamiento de la natalidad, y más en concreto de la fecundidad, no invita al optimismo. Se ha reducido el número de hijos por mujer, con tendencia a la estabilización, o hacia un ligero repunte, en torno a 1,3 hijos, con un incremento de la edad a la que se tiene el primer hijo (antes, a los 26,2 años, y ahora a los 30,4

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

años). Lo reseñable de este proceso es la fuerte caída de la fecundidad en las edades más jóvenes, lo que indica un retraso en tener el primer hijo. Ahora bien, esta tendencia se ha visto ligeramente modificada en los últimos años con un pequeño incremento de la fecundidad de las mujeres de 15 a 24 años. Como apuntan las Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, “el fuerte descenso de la fecundidad durante la década de los ochenta desemboca en una dicotomía que contrapone al municipio de Madrid, con una fecundidad sensiblemente inferior a la de la comunidad, y el resto de grandes zonas, que presentan unos niveles relativos más elevados” (p. 54). A partir de 1995 se decantan dos grandes grupos: uno, con tasas inferiores a la media, integrado por la capital y las coronas sur, este y norte; y otro, con tasas por encima de la media de la comunidad, compuesto por la corona metropolitana oeste y los municipios no metropolitanos. El otro componente básico de la demografía madrileña es la mortalidad. Aun cuando se da un aumento de las tasas, no es verdad que esté aumentando, sino todo lo contrario. Se llega a esta conclusión después de estandarizar las tasas y aislar los cambios en la estructura poblacional. El descenso ha sido evidente tanto para los varones como para las mujeres, aun cuando el descenso se ha notado más entre las mujeres que entre los hombres. Descendiendo a un análisis más puntual se observa un desplazamiento de la mortalidad desde la infancia y la adolescencia hacia las edades avanzadas. Por otro lado, se observa la sustitución de un patrón de morbimortalidad dominado por las enfermedades infecciosas a otro en el que las principales causas de muerte son las crónicas y las degenerativas. Los más afectados por la reducción son sin duda las personas mayores entre las que hay un descenso continuado de las tasas de mortalidad debidas a enfermedades infecciosas, y un retraso en las que tienen su origen en causas degenerativas. Prácticamente se ha llegado a tasas mínimas de mortalidad tanto en el primer año de vida como en la niñez, no así entre los adultos y los jóvenes. Los accidentes, la drogodependencia y el sida son retos a los que tiene que hacer frente una buena política de salud pública. En estos tres campos se han logrado avances significativos, pero se puede mejorar mucho más. Lo mismo que en la disminución de las grandes causas de muerte que afectan a este colectivo como son los tumores y las enfermedades del aparato respiratorio. La visión es más positiva respecto al grupo de ancianos, cuyas tasas estandarizadas no dejan de disminuir. En estas edades destaca el favorable comportamiento de la mortalidad en la población de 75 a 84 años, algo más favorable para las mujeres que para los hombres, pero en todo caso es un signo de que se puede mejorar la supervivencia a estas edades.

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Madrid 2025

La expresión más clara de la reducción de la mortalidad es el aumento de la esperanza de vida al nacer y en años sucesivos. A lo largo de los últimos años este indicador no ha hecho más que crecer. Era 72,7 años para los varones y 79,6 para las mujeres, en el año 1980; y 77,3 para los varones y 84,3 para las mujeres, en el año 2001. La situación de Madrid en este campo puede considerarse muy favorable, ya que la esperanza de vida de los madrileños en los últimos años ha sido superior a la media de los españoles. Entrando en un mayor detalle de la evolución de este indicador se constatan ganancias muy similares en los hombres y en las mujeres. Ahora bien, de los cinco años más que viven los hombres actualmente en relación a los años pasados, se debe a ganancias de un año en el descenso de la mortalidad de la infancia y de la adolescencia; 0,25 años en el grupo de 20 a 40 años; 1 año en el grupo de 40 a 60 años; y 2,75 años en el grupo de 60 años y más. Otro tanto sucede entre las mujeres en las que se concentran aún más, 3,4 años, las ganancias en el grupo mayor de 60 años. En resumen, pierde peso el descenso de la mortalidad infantil y juvenil y lo gana el descenso a edades más avanzadas. “Este esquema, característico de las sociedades que han accedido a las últimas fases de la transición epidemiológica, es más claro en las mujeres, al encontrarse en un estadio más avanzado del proceso” (Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2004-2017, p. 32). No se dan diferencias de interés en la esperanza de vida de unas y de otras zonas; lo reseñable es la convergencia. Si en los años ochenta eran los hombres de la capital los que tenían una menor esperanza de vida, en la actualidad se han reducido las diferencias a menos de un año. Algo similar ha sucedido con las mujeres, que vivían más las que residían en la capital, pero en la actualidad han sido superadas por las que viven fuera.

2.5. El ‘boom’ de la inmigración extranjera Si bien el crecimiento de Madrid ha estado marcado por las migraciones del mundo rural al urbano en la primera fase, e intraprovinciales en la segunda, el fenómeno actual más importante es sin duda la inmigración extranjera. En él nos fijamos especialmente porque va a influir decisivamente en el futuro demográfico de la comunidad. El estancamiento de la natalidad se ha compensado con creces con la inmigración extranjera. Madrid es una de las comunidades que más ha crecido, junto a Cataluña y las Baleares. Suponen ya cerca de un millón, lo que significa en términos porcentuales cerca del 15 por ciento de la población madrileña. Como

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

notas a destacar de este colectivo están: su rejuvenecimiento y la repercusión en la estructura por edades; el aumento de los inmigrantes extracomunitarios sobre los comunitarios, y de los latinoamericanos por encima de los africanos, en concreto de los magrebíes3. La natalidad de los inmigrantes extranjeros madrileños representa el 25 por ciento de todos los nacidos, siendo su participación en la población sólo el 15 por ciento. Ahora bien, la propensión de las mujeres inmigrantes a tener más hijos que las españolas no ha repercutido en la tasa de fecundidad, que ha descendido o se ha estabilizado. Las mujeres inmigrantes tarde o temprano, más bien temprano, tienden a emular los comportamientos de las españolas, por lo que no hay que esperar que el fenómeno de la inmigración cambie la tendencia de la fecundidad. La capital es sin duda el principal atractivo de los inmigrantes, pero ante la saturación poblacional se da un desplazamiento de los inmigrantes hacia la corona metropolitana y los municipios no metropolitanos. El mayor desplazamiento se produce hacia la corona sur, seguida de las coronas norte y este; también los municipios no metropolitanos se caracterizan por el atractivo que suponen para los inmigrantes. Diferente es la situación de la corona oeste, que registra una ligera disminución ligada a la diferente composición social de la inmigración que ha llegado en la segunda mitad de la década de los noventa.

3. TENDENCIAS FUTURAS DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA Se presentan, a modo de síntesis, los principales cambios demográficos que se prevén para la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que se trata de proyecciones basadas en la situación actual. Hay que advertir que cualquier cambio en la tendencia actual desencadenará también cambios en las circunstancias previstas. Lo importante a retener de este apartado no son las cifras concretas, sino la tendencia. Ella es la que nos da el marco de lo que va a suceder, aunque sin la garantía de que se alcancen al pie de la letra las cifras previstas.

3.1. Madrid seguirá creciendo, pero menos Los 6,1 millones de habitantes (redondeando) que hay hoy se convertirán, según las recientes proyecciones de población para el año 2017, en 6,8 millones. Si hasta el año 2004 el crecimiento total de Madrid se mantuvo por encima de los cien mil habitantes, su número se redujo a poco más de sesenta mil en el 2011, y a tan sólo 38.000 en el año 2016. Si se mantiene esta tendencia de crecimiento moderado es

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Madrid 2025

probable que en el 2025 ya se hayan superado los siete millones, casi un millón más que en la actualidad. El secreto estará en la inmigración, puesto que no variarán significativamente ni el crecimiento vegetativo ni la emigración.

3.2. El crecimiento será muy desigual El mayor crecimiento porcentual se producirá en los municipios no metropolitanos, 3,4 por ciento anual frente a 1,60 por ciento anual de la corona metropolitana, y el 0,61 por ciento de la capital. La capital seguirá creciendo pero no aumentará más de doscientas o trescientas mil personas, lo mismo que también lo hará el área metropolitana, o el segundo cinturón. En este segundo espacio se concentrará el mayor crecimiento, en términos absolutos, aunque no en porcentajes. El espacio más dinámico será el tercer cinturón, o el formado por los pueblos no metropolitanos que llegarán a alcanzar un millón de personas. Gráfico 1. Proyección de las tasas de crecimiento natural, migratorio y total. Comunidad de Madrid, 2002-2017 30 Crec. total

Tasas por mil

25 20 15 Crec. Migratorio 10 5 Crec. Natural 0 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fuente: elaboración propia sobre Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid, tabla 6.2, p. 102.

3.3. Todo ello repercutirá en el peso específico que tendrá cada zona En la capital vivirá menos del 50 por ciento de la población (el 48% en el año 2017) y aumentará el porcentaje de la gente que reside en la corona metropolitana (37% de la población); pero el aumento más importante se dará en los municipios

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

no metropolitanos, que pasarán de tener el 11 por ciento de la población total de la comunidad al 15 por ciento. Asistiremos, pues, a una desconcentración de la población y a una redistribución mucho más homogénea y equilibrada por todo el territorio.

3.4. La causa de esta desaceleración se deberá principalmente a la caída de la inmigración y, en menor medida, al crecimiento vegetativo Las claves del crecimiento, que hemos apuntado, tendrán como base el crecimiento vegetativo y la inmigración, pero en una proporción muy diferente a la actual. Si hasta el presente el gran crecimiento de Madrid ha estado basado en las migraciones, primero en las inmigraciones interiores y después en la inmigración extranjera, de cara al futuro disminuirá el peso de estas variables y aumentará la importancia del crecimiento vegetativo. Se prevén cambios en la fecundidad, que aumentará, superando los 1,7 hijos por mujer y disminuyendo la edad a la que se tiene el primer hijo4. Gráfico 2. Evolución del peso relativo de las grandes zonas. Comunidad de Madrid, 2002-2017 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MM 2002

CME

CMN 2007

CMO

CMS 2012

MNM 2017

Fuente: elaboración propia sobre Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid, tabla 6.3, p. 104.

Por otro lado, descenderá ligeramente la inmigración interior y se reducirá drásticamente la extranjera5. Evaluando el impacto de ambas en el crecimiento, se estima que el 65 por ciento se deberá al crecimiento vegetativo y tan sólo el 35

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Madrid 2025

por ciento a la inmigración, cifras opuestas a las actuales, en las que el 84 por ciento del crecimiento se debe a la inmigración y tan sólo el 16 por ciento al crecimiento vegetativo6. Gráfico 3. Evolución y proyección del ISF y de la edad media a la maternidad. Comunidad de Madrid, 1976-2016 Índice sintético de fecundidad 3,0 2,8

Hijos por mujer

2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

Edad media a la maternidad 32

En años

31

30

29

28

27 1976

1981

Fuente: elaboración propia sobre Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid, tabla 4.7, p. 62.

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

La crisis económica en la que ya estamos inmersos desincentivará las llegadas y aumentará las salidas, alcanzándose un saldo migratorio que será positivo, aunque muy lejos de las cifras de crecimiento que actualmente se dan. También habrá una caída en el crecimiento vegetativo debido más que nada al aumento de la mortalidad, que se compensará sólo en parte con el ligero aumento de la natalidad. No hay que esperar que las mujeres inmigrantes repunten la natalidad puesto que su objetivo final no es tener hijos, sino trabajar. Tabla 1. Proyecciones de la población 2002-2017 2002

2017

Nacidos

63.150

71.451

Difuntos

39.265

49.542

C. natural

24.045

21.908

203.715

87.872

Inmigrantes Emigrantes

2002

2017

16%

65%

79.869

68.818

C. migratorio

123.846

12.054

84%

35%

C. total

147.891

33.962

100%

100%

Fuente: Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, año 2006.

3.5. El impacto de la caída de la inmigración en la Comunidad de Madrid será muy desigual La repercusión del descenso de la inmigración tendrá consecuencias muy distintas en la capital y en la zona metropolitana. En la capital el descenso de las migraciones tendrá una repercusión muy directa en la población, que debería iniciar un retroceso en ausencia de migraciones. Si, como se prevé, aumenta la población envejecida y disminuye la población con menos de 20 años, no es probable que el crecimiento vegetativo supla las cifras de población que no aporta la inmigración. El impacto del descenso de la inmigración será menor en la zona metropolitana debido a que el crecimiento actual es menos dependiente de la inmigración y a que hay más gente joven con capacidad de procrear. Los municipios no metropolitanos tendrán sus ventajas, ya que su crecimiento será más estructural (crecimiento debido a la inmigración interior) que coyuntural (inmigración extranjera). Esto hace pensar que el crecimiento de estos pueblos está más ligado al urbanismo (acceso a una vivienda más barata y reestructuración espacial) que a la coyuntura económica (atracción migratoria exterior).

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Madrid 2025

Gráfico 4. Evolución y proyección de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid según procedencia, 1988-2016

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Extranjero

España

16 20

14 20

12 20

10 20

08 20

06 20

04 20

02

00

20

98

20

96

19

19

94 19

92 19

90 19

19

88

0

Total

Fuente: elaboración propia sobre Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid, tabla 5.8, p. 90.

3.6. Hay dos hechos que van a influir en el comportamiento de la inmigración: el primero, el paro, y el segundo, la evolución económica de los países de origen Respecto del paro, no cabe duda que afectará más a los inmigrantes que a los nacionales. Pero hay que advertir que este grupo no viene a España para estar parado, sino para trabajar. Es más caro ser pobre aquí que en sus países de origen donde, además, tienen toda la estructura familiar de apoyo, junto con un mejor conocimiento del lugar. No obstante, hay razones que invitan a los inmigrantes europeos y comunitarios a volver a sus países de origen y, otras, a quedarse. Son estímulos para regresar los incentivos para cobrar de una vez todo el paro y apuntarse al desarrollo económico que están protagonizando estos países europeos; y estímulos para quedarse que la situación del paro puede ser coyuntural y que en este país hay un mayor número de medios (educativos y sanitarios) para desarrollarse como persona.

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

3.7. Se prevé una pirámide muy desequilibrada, con una disminución del grupo en edad de procrear que, a su vez, estrechará el número de nacidos Se notará el descenso de los activos, sobre todo entre los jóvenes, sobre los inactivos, lo que supone un incremento del gasto social. Éste es un dato a tener muy en cuenta. Si en la actualidad la población potencialmente activa se eleva hasta el 69 por ciento, en el año 2017 descenderá hasta el 64 por ciento, cinco puntos menos, y menos aún en el año 2025. Otro tanto sucederá con la población dependiente respecto a la independiente; si en la actualidad la ratio es 60 a 100, en el año 2016 será de 49 a 100. Por otro lado se incrementará el índice de vejez, que superará el 100 por cien, 100 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. En este punto habrá tres espacios muy marcados, la capital, la zona metropolitana y los municipios no metropolitanos. El primero más envejecido y dependiente, y el último más rejuvenecido y menos dependiente. Gráfico 5. Pirámide de población de la Comunidad. Diferencia de estructura entre 2002 y 2017 2002

2017 90+ 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-65 55-59

Mujeres Mujeres

50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 19-25 14-10

Hombres

Hombres

9-5 0-4 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000

50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000 250.000 300.000

Fuente: elaboración propia sobre Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid, tabla 6.8, p. 113

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Gráfico 6. Evolución de los grandes grupos de edad. Comunidad de Madrid, 2002-2017 43%

0-14

41%

17,0%

65+

37%

16,5% 16,0%

40-64 35%

15,5%

33%

15,0%

31%

0-14 y 65+

39% 15-39 y 40-64

17,5%

14,5% 15-39

29%

14,0% 2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fuente: Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, p. 114.

3.8. Se vivirá más años, aunque se acortarán las diferencias entre la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres7 La esperanza de vida seguirá aumentando y superará los 81 años en los hombres, y los 86 años en las mujeres8. Se acortarán, no obstante, las diferencias, aunque se mantendrán por encima de los cinco años y medio. El secreto para mantener un incremento de la esperanza de vida radica, en las mujeres, en la reducción de la mortalidad y de la supervivencia a edades adultas y maduras; y entre los hombres, en las edades de adultos y de jóvenes. En todo caso, hasta el 2017, los varones mayores de 50 años aportarán el 58 por ciento de las ganancias, y el 68 por ciento las mujeres, siendo poco significativos los avances que se pueden dar entre las personas con menos de 20 años (5% para los varones y 8% para las mujeres).

3.9. Respecto a la mortalidad se esperan cambios significativos Los resumimos en estos apartados: a) Disminuirá la mortalidad en los grupos que tienen menos de 65 años y aumentará en los que sobrepasen esta edad. De concentrar este grupo un

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

Gráfico 7. Proyección de la esperanza de vida al nacer. Comunidad de Madrid, 1976-2016 88 86

Mujeres

84 82 80 Hombres

78 76 74 72 70 1976

1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

Fuente: Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, p. 37.

67 por ciento de los difuntos en el año 1980, se ha pasado, en el año 2005, al 81 por ciento, y se prevé el 90 por ciento para el 2025. b) Se sustituye un padrón de morbimortalidad dominado por las enfermedades infecciosas a otro en el que las principales causas de muerte son las crónicas y degenerativas. c) Aumentarán las defunciones relacionadas con los tumores y, sobre todo, con el cáncer, y disminuirán las que tienen que ver con el aparato circulatorio. Otro tipo de causas, que habrá que tener en cuenta por su clara tendencia al alza, son las enfermedades del sistema nervioso y las debidas a trastornos mentales. Este incremento será especialmente relevante en la población de 85 años y más. d) También sufrirá un repunte la mortalidad vinculada al aparato respiratorio como consecuencia del deterioro de las condiciones medioambientales.

4. PRESENTE Y FUTURO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD MADRILEÑA 4.1. Introducción Tres son los hechos sobre los que se basa este segundo apartado: el primero, la economía madrileña y las estrategias para seguir manteniendo el crecimiento; el segundo, el mercado de trabajo y su tendencia; y el tercero, la delincuencia y la

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Madrid 2025

seguridad ciudadana. En los tres temas haremos un planteamiento dinámico y unitario recogiendo en un mismo apartado las tendencias pasadas, para aventurar ciertas hipótesis de cara al futuro. Advertimos que son simples apreciaciones, aunque apoyadas en hechos reales. No obstante, la realidad futura puede tomar otros derroteros. Si los expertos, con datos sobre la mesa, no han sido capaces de prever la crisis económica actual, y menos aún evaluarla, no nos vamos a arrogar nosotros el privilegio de saber lo que va a pasar en campos tan complejos como los que aquí se analizan. No obstante, las afirmaciones que se vierten tienen ciertos visos de realidad, pero al mismo tiempo adolecen de un cierto voluntarismo apoyado en la percepción de que las cosas pueden mejorar, si se ponen los medios para ello.

4.2. Las claves económicas del desarrollo de la Comunidad de Madrid 4.2.1. Pasado y situación actual de la economía madrileña No es fácil encontrar las razones estructurales que permitan explicar el éxito que ha llevado a la posición de privilegio que ocupa en la actualidad la Comunidad de Madrid, y su capital9, en España y en la Unión Europea. Madrid nunca ha dispuesto de recursos agrícolas que permitieran trasvasar sus excedentes económicos o de trabajo a otros sectores productivos. Cuando la Corte se asentó en la ciudad, su mercado se amplió pero no alcanzó el tamaño suficiente para promover un sector productivo importante. Y es que la Comunidad de Madrid nunca estuvo localizada cerca de las principales rutas comerciales, o en la costa, ni tampoco ha podido disponer de vías de comunicación rentables (ríos navegables) como en otras capitales y ciudades regionales europeas. En su entorno tampoco se han encontrado materias primas que le permitieran abastecer un mercado nacional para que de esta manera se convirtiera en un foco de desarrollo. Las razones del reciente desarrollo de la Comunidad de Madrid, y su posterior modernización, hay que buscarlas en variables más sutiles. Por un lado hay que destacar su localización geográfica. Si en un principio su localización fue un freno para su desarrollo (eran otras ciudades y espacios los que crecían, mejor situados y con mayor capacidad de compra, por ser puntos de intercambio comercial o por disponer de los recursos estratégicos de la época), después, cuando comenzaron a trazarse las primeras vías de comunicación, carreteras y sobre todo ferrocarriles, su condición política y administrativa de un Estado centralizado le permitió comenzar la rentabilización de su posición. La razón era que en la época no había mucho que administrar y los medios de transporte eran lentos, poco eficaces y costosos. Entre Madrid, el centro y la periferia apenas había nada. Los costes del

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

transporte por espacio y unidad transportada seguían siendo altos y se sumaban a los costes de producción, también elevados por razón de la baja productividad de campos y fábricas. Otras ciudades periféricas siguieron manteniendo su ventaja económica y demográfica, apoyadas en sus mercados, sus minas, sus fábricas, o sus puertos. En estos momentos, donde Madrid es una ciudad región, su espacio de influencia va más allá de las fronteras nacionales, su espacio de influencia es europeo, comunitario, y comienza a ser trasatlántico. El nuevo orden jerárquico de las ciudades región se establece por el nuevo medio de transporte: el avión. En el nuevo mundo, que está surgiendo por razón de los nuevos medios de comunicación, Madrid tendrá que buscar el lugar que le corresponde y tomar decisiones en ese sentido. Unas estrategias de lo que ha sido el desarrollo presente y futuro están expresadas de forma sintética en el gráfico 8. Si el crecimiento económico tradicional estuvo basado en la abundancia de mano de obra, y el presente en el equilibrio entre mano de obra, capital, gestión del conocimiento y tecnología, el futuro será de los que apuesten por la gestión del conocimiento y hagan inversiones en este campo. Desde luego los países, y las regiones, que se anticipen en la buena gestión del conocimiento tendrán ya un camino andado y serán las que marcarán el desarrollo futuro. Madrid, como veremos, tiene excelentes recursos para ello y se puede anticipar al resto de regiones. Gráfico 8. Claves del desarrollo económico de Madrid CAPITAL

Transición

Moderna GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

MANO DE OBRA Tradicional

TECNOLOGÍA

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Madrid 2025

Pero vayamos por partes y veamos cuál ha sido el desarrollo económico real de Madrid, y cuáles son las perspectivas de futuro. No resulta fácil localizar la fecha a partir de la cual se considera que comienza una nueva época sobre la que se va a asentar el futuro de la Comunidad de Madrid. Con datos históricos se puede señalar que el periodo 1995-2005 supone el afianzamiento del desarrollo que se estaba gestando desde años atrás. Un buen indicador de lo que ha sucedido en los últimos años es el PIB per cápita. Madrid ha sobrepasado a las regiones más desarrolladas, situándose en la actualidad más de 30 puntos por encima de la media nacional. Ahora bien, hay que hacer un matiz sobre la reducción que se aprecia en los últimos años y es el impacto de la inmigración. No hay que olvidar que los inmigrantes aportan renta, pero también son demandantes de enseñanza, sanidad, bienestar, opinión pública, integración, seguridad, etc. Tabla 2. Evolución del PIB per cápita de Madrid en términos reales Años

España = 100

2000

135,5

2001

134,3

2002

132,4

2003

131,1

2004

130,5

2005

130,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Pulido San Román: La economía de la Comunidad de Madrid, 2007.

La Comunidad de Madrid tiene unas características productivas muy especiales. Su estructura económica se caracteriza por su especialización en el sector terciario sin perder un peso significativo en los otros sectores productivos con la excepción, por razones evidentes, del sector primario (García Delgado, 2007). Hay que destacar la importancia que tienen las rentas del trabajo (61%) en la renta bruta de la comunidad al compararla con la del resto de España (53%) (datos de FUNCAS). Si la comparación del desarrollo económico de Madrid en relación a otras comunidades españolas es muy positivo, no lo es menos en una comparación con la Unión Europea. La de Madrid es una estructura económica que crece y que se encuentra por encima de los valores medios de la mayoría de las regiones de la

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

Unión Europea, situación que se reforzará por efectos estadísticos, pues los nuevos países comunitarios parten de unos niveles más bajos de desarrollo que los de España. Es interesante esta comparación, pues con ellos habrá que converger a partir de ahora. Se ha dicho que la consolidación del desarrollo económico de Madrid se produce cuando se ha abierto a mercados más amplios, dinámicos y competitivos. Aunque hace tiempo que se abandonó el modelo castizo de economía tampoco se puede actuar en términos de osadía ni de timidez (Víctor Pérez Díaz, 2008). Cada cual debe reconocer el papel que puede desempeñar y la posición que desea ocupar. En un sistema económico abierto deben aprovecharse las ventajas que supone la interdependencia económica en los momentos de expansión del ciclo, y actuar de manera cautelosa cuando el ciclo cambia su tendencia. Los datos confirman que la economía de Madrid aprovecha sobre todo las ventajas que supone la expansión económica comunitaria en este caso. El aprovechamiento de los impulsos externos, o la disminución de las consecuencias negativas en caso de crisis o de recesión, dependen de la diversificación de la estructura económica. Diversificar las actividades y tener sectores con cierta fortaleza refuerza las garantías de soportar las turbulencias económicas, o el cambio en la tendencia del ciclo. Para mantener el liderazgo de la economía de Madrid, según las conclusiones del informe Klein-UAM para un escenario situado en 2009, se apuntan tres prioridades: 1. Cuidar la vulnerabilidad del endeudamiento familiar debido a la carga financiera creciente a partir de 2004. 2. Sensibilidad del sector financiero ante los riesgos importados y por el fuerte crecimiento del sector de la construcción más allá de las necesidades reales de un mercado que presenta una tasa de crecimiento de la demanda que se reduce en los últimos años mientras se mantiene la oferta. 3. Mantener el liderazgo en los servicios innovadores. Una manera de medir el dinamismo de una economía, además de su apertura comercial, es la actividad inversora en otras economías, así como la reopción de inversiones de fuera de sus límites. En concreto, la inversión fuera del territorio comunitario, o nacional, es un indicador de su capacidad emprendedora. La inversión directa procedente del exterior, si no es la inversión especulativa, muestra la confianza que se ofrece a los de fuera. El cambio de tendencia en las inversiones del exterior supone, en parte, el retroceso en la confianza de los inversores

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extranjeros en la economía nacional en su conjunto. La evolución de ambas variables en España y en Madrid es un buen indicador de lo que ha sucedido en los últimos años. En las tendencias se observa la capacidad económica de Madrid al comprobar y comparar su capacidad inversora respecto del total de España. Puede que sea uno de los indicadores más precisos que muestra la posición central a la que se está aproximando. La innovación también ha llegado a las familias de la Comunidad de Madrid. La posición se mantiene con el uso y la integración de los nuevos medios de comunicación. Una de sus características es que las cifras alcanzadas en un momento no se retraen: aumentan, en algunos casos de manera exponencial. Las ventajas adquiridas son difíciles de perder y en cambio son fáciles de aumentar. Tabla 3. Indicadores de la penetración de las nuevas tecnologías. Año 2005 Ordenadores en las casas España

51,9

Madrid

62,2

Viviendas conectadas a internet España

32,6

Madrid

45,4

Porcentaje de población que utilizó internet en los tres últimos meses España

42,1

Madrid

51,4

Fuente: Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, 2006.

Medir la innovación no es fácil. Hay estudios comparados, con datos nacionales, y son menos los que presentan datos regionales o comunitarios. En España una aproximación a materia tan compleja son los análisis de innovación regional, que consideran cuatro aspectos: datos referidos al sector de la producción innovadora, universidades, administraciones públicas, y empresas con la categoría de innovadoras. El descenso del índice en Madrid se explica, de acuerdo con la evolución de las variables utilizadas, por la disminución de la calidad de varias de sus universidades y el menor gasto realizado por todas las universidades en el apartado de investigación, aumentando el gasto genérico en personal. El efecto estadístico del aumento de la población también ha repercutido, pues disminuyó el gasto en

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

investigación y desarrollo por habitante, como el porcentaje en el producto interior bruto. De cara al futuro, un futuro donde estará cada vez más presente la sociedad de la comunicación y la innovación, exige tener presente este apartado. El futuro se construye desde la continuidad del presente. Tabla 4. Evolución del índice IAIF de la innovación en España 2000

2001

2002

2003

2004

Cataluña

62,9

60,6

63,2

63,9

63,1

Madrid

67,0

66,3

66,6

64,6

62,5

Fuente: Observatorio FECYT-UCM, varios años.

4.2.2. Claves para prevenir el futuro económico de la Comunidad de Madrid Ésta ha sido la realidad presente. ¿Pero qué va a suceder en los próximos años? No somos adivinos. Una aproximación interesante para llenar este vacío es tratar de encontrar respuestas a una pregunta sencilla en su enunciado y difícil en su contestación: ¿por qué unas comunidades se desarrollan y otras no?, ¿por qué unas variables son fundamentales en unos casos y en otros apenas son significativas? En una situación tradicional la mano de obra resultó ser clave, era la variable fundamental; en la transición las cuatro macrovariables —trabajo, capital, tecnología y gestión del conocimiento— se ajustan, mientras que en el nuevo ciclo que se adivina, en el que se encontrará la Comunidad de Madrid, la gestión de conocimiento será la variable fundamental. Partiendo del análisis de la realidad privilegiada que ha conseguido la Comunidad de Madrid, se puede anticipar que si se desea mantener esa posición puntera en el futuro, la Comunidad de Madrid deberá mantener su interdependencia con el resto de las comunidades nacionales y, cada vez más, con lo que ocurra más allá de las fronteras nacionales. Mantener y reforzar su cosmopolitismo actual será la garantía de su éxito futuro. La flexibilidad de sus estructura social, económica, cultural, política, etc. hará que siga creciendo por encima de la media nacional, incluso por encima del crecimiento de la media de la Unión Europea, tal como se recoge en los datos de Eurostat. Esto no supone que haya que conformarse con mantener las ventajas comparativas, que ya se tienen en la actualidad. Ante el nuevo ciclo se van a exigir nuevas combinaciones de las variables explicativas del desarrollo y la modernidad. Conocimiento, flexibilidad, confianza, libertad,

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Madrid 2025

seguridad, competitividad, productividad, entre otras, van a ser las variables que se tendrán que considerar a partir de ahora. Lo meramente cuantitativo va a dejar paso a lo cualitativo, que lógicamente repercutirá en los indicadores cuantitativos. El análisis de la dependencia e independencia de las comunidades autónomas españolas (Flores de Frutos y Garriga Polledo) ponen de manifiesto la existencia de tres tipos de comunidades: flexibles, dependientes de ellas mismas, y rígidas. Los efectos son distintos si se considera el corto o medio plazo. En el primer grupo se encuentran, ordenadas de mayor a menor dependencia, la comunidad andaluza, la murciana y la valenciana. Son comunidades que, por ahora, se ven beneficiadas de lo que ocurre al resto de las comunidades. El crecimiento supone un efecto multiplicador importante para la actividad económica; las situaciones de crisis les afectan también de manera importante. De las tres comunidades, la más dependiente es Andalucía. Conforme se han ido desarrollando las dos restantes, Murcia y la Comunidad Valenciana, la dependencia se reduce, lo que no ha ocurrido en la comunidad andaluza. Sigue siendo la más dependiente. Las más rígidas, ordenadas también de menor a mayor rigidez, son País Vasco, Castilla y León, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Galicia. Su respuesta ante lo que ocurre fuera de ellas es menor tanto para progresar, como para estancarse. Su no dependencia del resto en un escenario caracterizado por el crecimiento, el progreso y la modernidad no deja de plantear futuros sombríos a medio plazo, pues los éxitos de las comunidades a corto plazo, las que ocupan los primeros puestos de esta tercera categoría, deben considerarse como éxitos relativos. La posición intermedia la ocupan, por orden, Cantabria, Cataluña, Baleares, La Rioja, Madrid y Navarra. Los valores del índice de dependencia (alrededor de uno) señalan que estas comunidades dependen de su propio dinamismo. Estas comunidades son lo suficientemente complejas, lo que les permite adaptarse a las exigencias de los dinámicos mercados nacionales y a los internacionales. La comunidad balear presenta una condición peculiar, pues su cosmopolitismo se debe a su especialización en un único sector: el del turismo. En el caso de Madrid se destaca como factor de riesgo la importancia del sector y de las actividades de la construcción en su actividad económica, que ha presentado un fuerte crecimiento en los últimos años. La ventaja que mantiene la Comunidad de Madrid frente a las demás comunidades es la diversificación de su estructura económica y la liberalización de sus políticas económicas. Se destaca también como señal para tener presente y a la que se debe prestar mayor atención, cuanto antes y de cara al futuro, es todo lo relativo al estancamiento, señalado en otro lugar, que se observa en los últimos años en la calidad de la enseñanza más competitiva: la

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enseñanza superior. Hay que insistir que el futuro de las sociedades modernas se va a caracterizar por las variables cualitativas que se pueden resumir en dos: la competitividad y la productividad. La simulación de escenarios demuestra que a corto plazo y ante la hipótesis de crisis, las comunidades más rígidas resisten mejor que el resto en su medianía. Andalucía se vería afectada de manera importante pues, como se ha indicado, es la comunidad más dependiente del ciclo económico nacional. Ante esa misma hipótesis, las demás comunidades se verían afectadas por efecto de la crisis a corto plazo pero se podrán defender mejor a medio y a largo plazo, siempre que no se pierdan las ventajas comparativas que mantienen en la actualidad. La diversificación y la flexibilidad garantizan el mantenimiento de posiciones privilegiadas; la apertura y la solidaridad refuerzan el éxito del todo como conjunto y de cada una de las partes, siempre que las partes mantengan planteamientos semejantes.

5. EL MERCADO DE

TRABAJO

Intentando sintetizar la estructura laboral actual cabe referirse a los hechos siguientes: una mano de obra inmigrante abundante y barata; una selección de los activos con jubilaciones anticipadas a edades en las que los trabajadores se encontraban con plena capacidad productiva; unas jubilaciones obligatorias a los 65 años y una abundante mano de obra femenina encargada del hogar y del cuidado de las personas del mismo, hijos, mayores y marido. La abundancia de mano de obra que caracteriza a la sociedad actual madrileña dará paso a otra con importantes restricciones y con una reorientación de la misma. He aquí algunas claves para entender la situación del futuro. 1. Se estima que el actual ciclo corto de la vida laboral deberá dar paso a un nuevo ciclo donde sea el propio trabajador el que decida abandonar su vida laborar a partir de un momento determinado, o de ir reduciendo su actividad de forma progresiva de acuerdo a la disminución de las capacidades personales. En este caso se propone como ejemplo el descenso del ritmo de trabajo doméstico realizado por la población femenina. 2. La flexibilidad en las decisiones deberá estar acompañada por la flexibilidad de las organizaciones para dar cabida a un nuevo estilo y forma de trabajar. Por supuesto, esta situación no se podrá generalizar pero sí se podrá adoptar en no pocas actividades terciarias y mucho más en las cuaternarias

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(servicios prestados al sector de los servicios). No pocas de esas actividades se podrán realizar incluso en los lugares de residencia de la población activa especializada aprovechando los recursos actuales de los nuevos medios de comunicación. Si esto ya se está realizando de manera experimental en unas pocas y concretas actividades laborales, lo por venir abrirá escenarios que apenas se pueden imaginar en estos momentos pero que sí serán posibles, probables, deseables y, por todo ello, aplicables. La deslocalización de la actividad laboral será una realidad cada vez más frecuente en las sociedades modernas, complejas y, en concreto, en la Comunidad de Madrid. 3. Vivir en un municipio y trabajar en otro es un fenómeno cada vez más frecuente en todo el territorio nacional y especialmente en las comunidades más desarrolladas como Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. En Madrid la movilidad afecta al 35 por ciento de los ocupados de 16 años y más, cinco puntos por encima de la media nacional. La movilidad es un fenómeno proporcionalmente más rural que urbano, puesto que las ofertas de trabajo abundan más en este medio. De hecho, nada menos que el 60 por ciento de los ocupados rurales tienen el trabajo en un municipio distinto del que viven, frente al 33 por ciento de los urbanos. Refiriéndonos a Madrid, es previsible que en el futuro este movimiento alcance otra dimensión. Si hasta el momento actual la movilidad ha afectado sobre todo a la capital y a la zona metropolitana, en el futuro se ampliará el radio de movilidad entrando también con fuerza en este movimiento los municipios no metropolitanos. El precio de la vivienda y las condiciones de habitabilidad influirán de forma decisiva para que la gente joven fije en estos espacios su residencia. La intervención de la autoridad hará que este proceso se acelere o se ralentice dependiendo de que se acorten las distancias y el tiempo que se invierte en recorrerlas. 4. El capital humano resulta cada vez más valioso y por eso mismo no se puede desaprovechar en la sociedad del futuro. En las sociedades poco desarrolladas ese coste es (era en el Madrid de años ya pasados) menor y afecta poco a la producción neta del conjunto de la sociedad; en las sociedades avanzadas ese coste es mayor y su tendencia es a crecer conforme avanza la sociedad. En el caso de la población activa femenina ese coste de oportunidad está condicionado además por otros factores no menos importantes. Al coste de formación hay que añadir la motivación de logro (David Mac Clelland) de una parte significativa de la población femenina que muestra el deseo y la necesidad de desempeñar un nuevo papel en la sociedad moderna. Por lo general, supone desarrollar una actividad remunerada fuera de la casa. En etapas de desarrollo, donde las rentas del salario de

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Demografía y sociedad en la Comunidad de Madrid

los varones no son altas, las rentas de la familia deben ser completadas por las aportaciones salariales de las mujeres. El coste del abandono es mayor en las situaciones donde faltan sistemas de apoyo a las familias con hijos, a las unidades familiares monoparentales y a las madres solteras. En estos casos el ciclo laboral se debe alargar. Esa ampliación se realiza, en ocasiones, en contra de los deseos de la mujer o de la pareja, que deben aceptar así una menor dedicación a la formación formal y afectiva de los hijos. Este coste intangible debería sumarse al coste de oportunidad. 5. Rentas salariales más altas y apoyos efectivos a las familias, del tipo que sean, pueden estimular la salida del ciclo laboral porque se acepta que las actividades domésticas también son un trabajo igual de necesario y digno que los demás. El cambio social y cultural terminará por reconocer que este trabajo doméstico produce satisfacciones a quien lo realiza, sea mujer o varón. Se terminará aceptando que aunque no se incluya en la contabilidad nacional es un ahorro efectivo para las familias y las administraciones públicas, pues de esta manera no tienen que hacer frente a los costes que supondría la oferta para atender la demanda real de atención a la infancia, el cuidado de las personas mayores y de las personas dependientes. 6. Por ahora y a medio plazo, mientras no cambien las variables intervinientes señaladas (mantenimiento del papel tradicional de la mujer y ausencia de apoyos sociales efectivos para la atención de la población infantil, la población anciana y la población dependiente), el ciclo laboral de varones y mujeres seguirá siendo diferente en la mayoría de las actividades laborales. El riesgo de abandono (medido en términos de probabilidad que varía de 0 —ninguna probabilidad de abandono— a 1 —abandono seguro—) aumenta en los varones con la edad y con los años de trabajo, mientras que en la mujer aumenta cuando tiene hijos, y según el número de hijos, reduciéndose el riesgo de abandono cuando esos hijos alcanzan una cierta autonomía con la edad. Otras variables que reducen ese riesgo tienen que ver con el tipo de trabajo (mayor remuneración y prestigio social), y con el nivel de formación de la mujer. En situaciones distintas disminuye el riesgo de abandono cuando se cuenta con el apoyo informal de la familia. El abandono aumenta cuando esa mujer tiene que atender a familiares dependientes, degradados, así como por la ausencia de centros de apoyo. 7. De acuerdo con lo que se observa en los ciclos de los países más avanzados, las nuevas generaciones de mujeres jóvenes, donde el coste de formación ha aumentado de manera considerable y la motivación y la necesidad del trabajo con el fin de obtener rentas salariales únicas o complementarias también aumenta, el ahorro social que supone actualmente la dedicación de

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Madrid 2025

las mujeres a las labores de apoyo a la población dependiente, ya no se producirá en el futuro inmediato. Esas mujeres jóvenes de hoy, serán las mujeres maduras y talludas de un mañana, no estarán dispuestas a soportar el coste de oportunidad que supondrá el abandono de su trabajo cuando lleguen a esas edades (las de sus madres y abuelas de ahora). El futuro va a exigir el reto de hacer compatible la vida laboral y familiar, o una de las dos, con el trabajo que necesariamente también tendrá que ser flexible. En el primer caso, se deberá contar con centros de apoyo real, satisfactorio para todos, y en el segundo, se tendrá que producir un cambio significativo en la valoración cultural y social, incluso contable, del trabajo doméstico que ya no será exclusivo de la población femenina.

6. LA SEGURIDAD COMO VARIABLE FUNDAMENTAL EN LA SOCIEDAD COSMOPOLITA

6.1. Seguridad, libertad y confianza como principios básicos de bienestar social La sociedad moderna se asienta sobre tres principios básicos: seguridad, libertad y confianza. Son tres bienes intangibles que difícilmente se pueden incluir como bienes contables en el producto interior neto (Martínez Paricio J. I., 2008). Sin estos principios, o alguno de ellos, una sociedad se podrá considerar como sociedad desarrollada, pero nunca como sociedad moderna, avanzada, o que avanza de manera decidida hacia la modernidad. La historia en general, y la historia económica en particular, demuestran que las épocas de libertad, en el sentido amplio del término o en el concreto de la política económica, se corresponden con momentos de crecimiento económico y esplendor cultural. Por el contrario, en los tiempos de crisis se está dispuesto a renunciar a buena parte de la libertad con el fin de garantizar lo mínimo, incluso la miseria en términos rigurosos. Se puede ver la relación que existe entre el ciclo de depresión económica y la presencia de ideas y teorías radicales, autoritarias, totalitarias; la bonanza y la expansión llevan aparejada la libertad individual y colectiva, así como la iniciativa creadora que refuerza el círculo virtuoso de la actividad económica. No es cuestión de señalar los muchos trabajos que destacan la importancia de la confianza como requisito imprescindible para que una sociedad pueda ser considerada en términos teóricos y reales como una sociedad moderna. Es más, sin confianza no existe la sociedad moderna. El trabajo estricto, a reglamento, es

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señal inequívoca de desconfianza y su aplicación puede llegar a suponer la paralización de la sociedad compleja. El tercer elemento de la tríada es la seguridad. La interacción entre los tres elementos es evidente. No caben los planteamientos en términos de suma cero: lo que se gana en uno es porque se pierde en los otros dos. La sociedad moderna de ahora, y más la del futuro, es la que plantea el juego de las tres variables en términos de suma positiva. Mejor aún, en el futuro esa tríada se deberá plantear en términos del punto óptimo de equilibrio. La seguridad es un deseo y una necesidad imprescindible para que se mantenga y consolide el progreso. Hay que insistir que la seguridad por sí misma no garantiza el éxito, debe estar presente junto a las otras dos variables.

6.2. Rigidez de la oferta y elasticidad de la demanda de seguridad en las sociedades modernas La demanda de seguridad se caracteriza por presentar una tendencia cada vez más elástica. Conforme se progresa se demanda más seguridad pues no se está dispuesto a perder lo que tanto costó conseguir. El crecimiento económico, el progreso y la modernización exigen cada vez mayores niveles de seguridad tanto objetiva (reducción de los delitos y las faltas), como subjetiva (sensación y clima de la opinión pública que muestra conductas de seguridad). Con datos de la opinión pública, Eurobarómetros, se reconoce que siempre existirá la posibilidad de que se cometan delitos y faltas, de que habrá corrupción, que la libertad de todos podrá ser alterada por unos pocos, pero en las sociedades modernas de la Unión Europea existe la confianza en las leyes y su aplicación ante las trasgresiones. Es la exigencia a la que no se podrá renunciar. Mientras que la demanda de seguridad nunca estará satisfecha del todo, la oferta es muy rígida y cada vez más costosa. Las administraciones tienen que hacer frente a una demanda mayor, así como a la especialización de los sistemas de seguridad para hacer frente a los nuevos delitos. En los dos casos se exigen mayores desembolsos económicos. A los costes económicos de los sistemas y elementos de seguridad hay que sumar los que suponen disponer de una organización de la seguridad cada vez especializada. No debe olvidarse que, ante la dificultad de hacer frente a necesidades crecientes, la seguridad ya no podrá ser competencia exclusiva del sector público: una parte, o algunas actividades se deberán privatizar. La exigencia inexcusable será la coordinación de todos los sectores que intervienen en la seguridad. La experiencia demuestra que si en estos momentos no es fácil, tampoco lo será en el futuro.

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Madrid 2025

6.3. Lo público y lo privado en la organización de la seguridad El sector de la seguridad abarca, además de la seguridad prestada por las administraciones públicas, la que buscan las organizaciones y los grupos privados, las familias y las personas particulares. Se está llegando al convencimiento de que las administraciones públicas difícilmente pueden hacer frente a la demanda creciente que aumenta conforme aumenta la complejidad de la sociedad. No se pueden hipotecar otros objetivos sociales para satisfacer esta necesidad básica. Como ocurre con el estado del bienestar, los costes se deben compartir entre las administraciones públicas, los grupos y las organizaciones, y los individuos. Se acepta que las administraciones en lugar de garantizar la seguridad deben proponer reducir tanto la inseguridad objetiva, como subjetiva: los delitos y las faltas seguirán cometiéndose, incluso aumentarán y serán más llamativos por su violencia y presentar aspectos desconocidos. La alternativa que se propone es garantizar a los ciudadanos que se mantendrá el Estado de Derecho frente a quien lo altera de manera violenta. El desarrollo económico crea condiciones que aumentan las situaciones de inseguridad objetiva y subjetiva. La inseguridad subjetiva aumenta por los medios de comunicación formales e informales. En una sociedad moderna, desarrollada económicamente, son cada vez más frecuentes los bienes calientes, expresión coloquial de policías y delincuentes. Los bienes calientes son los objetos visibles, que no están protegidos por sus dueños o por vigilantes en algún momento; son bienes que resultan atractivos y otorgan prestigio a quien los posee, son de gran valor económico y, lo importante, son de fácil colocación en los mercados negros gestionados por grupos y mafias especializadas en determinados productos. Por otro lado, el desarrollo crea nuevos espacios lúdicos, de esparcimiento, de compras, donde se producen grandes concentraciones de personas con un nivel de renta medio y medio alto. Esos espacios requieren que la seguridad activa y pasiva sea mayor. La concentración de seguridad en unos puntos determinados provoca que se termine por desatender otros espacios menos relevantes. La delincuencia conoce los vacíos y las concentraciones de sistemas de seguridad, por lo que aparecen formas de delincuencia que se desplazan a esos lugares para actuar y retirarse después a lugares seguros. La complejidad de la sociedad moderna exige contar con sistemas integrados de seguridad entre las administraciones públicas y las privadas. La experiencia demuestra que esas relaciones no son todo lo eficaces que deberían y los roces de competencias suele ser aprovechadas por los delincuentes cada vez más especializados. En

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el futuro este aspecto deberá ser tenido en cuenta. La sociedad moderna se caracterizará cada vez más como sociedad masa, donde la despersonalización, el desinterés y el desconocimiento de lo que no se considera como propio supone, en determinadas situaciones, abandonar a su suerte a quien tiene algunos contratiempos.

6.4. Cómo combatir la inseguridad Garantizar seguridad para todos resulta inviable. Contar con más medios y recursos materiales y personales es una de las maneras de conseguir ese objetivo, pero no es el único. En ocasiones la presencia notable de medios policiales puede crear inseguridad, pues se puede identificar como señal de alarma ante peligros indeterminados; lo contrario también es cierto: la ausencia manifiesta de servicios de policía puede crear situaciones de inseguridad objetiva. Recomendar el equilibrio es fácil, conseguirlo ya no lo es tanto. Los servicios policiales de proximidad demuestran su eficacia allí donde hay una cultura organizativa y cívica que los apoyan. Se requiere la acción integrada de todos los servicios de seguridad, objetivo que no resulta fácil de conseguir. Se debe contar con una amplia información local, regional, nacional e internacional, caso de la Comunidad de Madrid, donde la información sea elaborada por los servicios de análisis de manera que se transforme en inteligencia. Se sabe, como ejemplo, que unas malas condiciones climatológicas en la zona de producción de un tipo de droga es el anticipo de que se van a producir determinados tipos de delitos en Madrid: robo de coches, o de tarjetas de crédito; la concentración de profesionales en un determinado congreso va a producir el robo de pasaportes que serán adaptados a las necesidades de mercado en países remotos. Este tipo de conocimiento refuerza la seguridad preventiva siempre más barata, con mayores éxitos que la seguridad reactiva. Frente a las medidas estructurales debe existir la voluntad decidida de actuar en contra de las situaciones que crean inseguridad. Una de esas medidas, que ha demostrado su eficacia en las grandes concentraciones urbanas, es la de la tolerancia cero. Existe el convencimiento cívico de que determinadas conductas aparentemente menores no se deben tolerar pues son el punto de partida de una escalada de actos cada vez más violentos. Otras actuaciones tienen que ver con el desmantelamiento de la profecía que se autocumple, y la profecía suicida. En el primer caso se resume bajo el argumento de que si se define una situación como verdadera, aunque no lo sea, se termina actuando como si lo fuera; en el segundo caso se acepta de manera fatal que la situación es tan compleja y se ha deteriorado de tal manera (aunque no sea así en la realidad) que nada se puede hacer para orientarla en el sentido adecuado. Para recuperar estas situaciones excéntricas se exige no

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tanto acudir a la publicidad dirigida a tranquilizar a los ciudadanos, como a desmontar la falsedad del punto de partida. Si no hay voluntad política decidida en este sentido las situaciones se deteriorarán. Otra situación que crea inseguridad es el efecto perturbador de una peculiar alquimia moral donde se achacan todos los males, imaginadas en muchos casos, sin aceptar ningún rango positivo aunque lo tengan, a determinados grupos de personas consideradas como ajenas. Un aspecto de la inseguridad tendrá que ver con la delincuencia organizada de carácter internacional que ve facilitada su actuación en espacios desarrollados por la desaparición de las fronteras comunitarias y por la propia ampliación de la Unión Europea hacia el Este, hacia espacios estructuralmente más inestables e inseguros. Otra nueva, posible y por supuesto no deseada violencia que se deberá evitar es la promovida por bandas y tribus urbanas, cuya única razón de ser es la violencia por la violencia, como una manifestación de una peculiar muestra cultural de grupos marginados. Los movimientos migratorios pueden estimular la presencia de estas nuevas formas de violencia estimulada por la concentración de inmigrantes en determinados barrios y zonas de las ciudades.

6.5. Prevenir antes que curar La Comunidad de Madrid deberá hacer frente a los aspectos que tienen que ver con la seguridad preventiva mediante procesos que se están ensayando con éxito en otras metrópolis, así como las que se están estudiando en Madrid capital. Además de tener presentes los aspectos señalados más arriba, se trata de crear espacios seguros. De manera resumida se trata de implantar un sistema de georreferencia en tiempo real de las diferentes incidencias que se producen en el espacio de la comunidad. A partir del análisis de datos y tendencias se deben plantear acciones de vigilancia y control, así como de coordinación entre todos los protagonistas demandantes de seguridad. De esta manera se pueden elaborar indicadores de alarma anticipadora de posibles situaciones de riesgo futuro. Otra de las medidas es la elaboración de recomendaciones para el diseño de espacios urbanos y rurales, así como de edificios seguros. Las autorizaciones de uso de esos espacios deberían contar con el pertinente estudio de seguridad. Se hace difícil la elaboración de tendencias y comparaciones nacionales e internacionales. La razón, entre otras, es que en la seguridad siguen existiendo cifras negras, delitos y faltas que no son denunciados por las personas que los han sufrido. Incluso se desconoce, por aproximación, el porcentaje que pueden suponer estas cifras respecto de las cifras que recogen las denuncias registradas. Otro tipo de dificultad es que los delitos y faltas denunciados ante un cuerpo de policía no

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suelen comunicarse a los otros cuerpos que coexisten en la Comunidad de Madrid. Para calcular tasas, por un número determinado de policías, o por habitantes, las dificultades siguen estando presentes, pues mal que pese y resulte paradójico, se desconoce con exactitud el número de policías y agentes de seguridad que existen en una población y en un tiempo determinado. A la hora de calcular tasas por habitantes las dificultades no son menores, pues habría que calcularlas en función de la población de hecho, población residente, y población de paso. Las comparaciones internacionales añaden una dificultad mayor: no existen acuerdos a la hora de calificar el mismo hecho como delito o falta. La tendencia de la delincuencia, en números absolutos, tiende a aumentar por razón del propio crecimiento de la comunidad. Es una consecuencia del crecimiento. Por supuesto es un efecto no querido del desarrollo y la modernidad, de la libertad. El delincuente se aprovecha de las conquistas de la sociedad moderna: se garantiza el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; de libertad de movimiento; de la inviolabilidad de las comunicaciones y del espacio privado. Toda conquista tiene un coste, la fortaleza de la sociedad libre lleva aparejada una debilidad momentánea que debe corregirse con la aplicación de las leyes legítimas. De acuerdo con los datos objetivos sobre inseguridad (Observatorio de Seguridad), como de los subjetivos (Martínez Paricio, Ana Huesca), hay que concluir que no hay grandes diferencias respecto a lo que ocurre en otras capitales y grandes regiones europeas de los países comunitarios más desarrollados (la excepción es Roma, donde la inseguridad es mayor). Si se acepta que la tendencia futura en estas cuestiones será la misma, semejante, que los perfiles que presentan los países que están por delante, habrá que prestar más atención a las acciones encaminadas a reforzar la seguridad preventiva, así como el reforzamiento de los valores cívicos propios de la sociedad civil.

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS Se recogen algunas de las claves en las que se asentará el futuro de Madrid. Se sintetizan en los cuatro apartados que se han desarrollado en los epígrafes anteriores: demografía, economía, trabajo y seguridad. 1. Madrid tendrá que prepararse para hacer frente a las necesidades de siete millones de personas, un 16 por ciento más que la población actual, que demandarán trabajo, educación, sanidad y seguridad, entre otras.

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2. El modelo demográfico de crecimiento dependerá cada vez más del crecimiento vegetativo y menos de la inmigración. Por otro lado, disminuirá el peso de la capital y de la corona metropolitana, y aumentará el de los municipios no metropolitanos. 3. Aumentará la tasa de mortalidad, pero se vivirá más años y se retrasará la edad media de las defunciones. Por otro lado, se sustituirá un patrón de morbilidad dominado por las enfermedades infecciosas a otro en el que las principales causas de muerte serán las crónicas y degenerativas. 4. Disminuirá la población potencialmente activa, pero se compensará con la bolsa de parados y la incorporación de la mujer a la actividad remunerada. Por otro lado, las jubilaciones se retrasarán y serán los propios individuos los que decidan la fecha y el proceso de su retirada del trabajo. 5. Madrid debe seguir con su crecimiento económico aprovechando las ventajas que suponen tanto su ubicación geográfica, las relaciones con el resto de comunidades autónomas, así como la apertura a los mercados europeos. Tiene que seguir aprovechando su posición estratégica que lo acredita como una de las ciudades más importantes de Europa. 6. Madrid tiene las bases para cambiar su modelo de crecimiento económico apoyándose en la gestión del conocimiento, base del desarrollo económico del futuro. No en vano tiene las mejores universidades y el profesorado más cualificado. 7. Madrid tiene que seguir basando su desarrollo económico en su capital propio, apostando por la disminución de los costes de producción y por la competitividad de mercados abiertos. 8. El incremento de los costes de formación debe ser amortizado con los costes de producción por trabajador alargando la vida laboral, o no cortándola de forma obligatoria mediante las jubilaciones o las jubilaciones anticipadas. 9. Favorecer la movilidad laboral será una apuesta ventajosa para aprovechar mejor todos los recursos económicos, ambientales y sociales que ofrece el territorio. La movilidad tiene costes, pero se compensan con ventajas económicas, sociales y medioambientales. 10. Los principios básicos del bienestar social: libertad, confianza y, sobre todo, seguridad, son tres principios básicos que deben estar presentes en la buena organización de la sociedad del futuro. 11. La oferta y la demanda de seguridad tienen que estar ajustadas, del mismo modo que la demanda subjetiva y objetiva. Perseguir los delitos allí donde se produzcan, con la confianza de que se van a aplicar las leyes con rigor, debe ser una garantía con la que cuenten los ciudadanos.

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12. Para garantizar la seguridad no es suficiente que la Administración incremente sus recursos, es necesario también que se dé entrada a los recursos privados. La complejidad de la sociedad moderna exige contar con sistemas integrados entre las administraciones públicas y las empresas privadas. 13. Contar con más medios y recursos materiales y personales es una de las maneras de conseguir el objetivo de la seguridad. Pero a ellos, hay que añadir servicios policiales de seguridad, integración de los mismos, contar con una amplia información local y estar atentos a las zonas calientes. 14. Finalmente, en los temas de seguridad es mucho mejor prevenir que curar. Una de las medidas es crear espacios urbanos y rurales seguros, así como extender este principio también a los locales.

BIBLIOGRAFÍA Blanes, A., Recaño, J. y Penacho, T. (2004), Proyecciones de la población de la Comunidad de Madrid. Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (2006), Situación económica y social de la Comunidad de Madrid, Madrid, CES. Eurostat (2005), Flash Eurobarometer. Urban Audit. 2005. — (2007), Le chômage dans l’ue27, diciembre. Frutos, R. (de) y Garriga Polledo, S., “Un índice de dependencia económica entre regiones: El caso de España versus Reino Unido”, ICE. Tribuna de Economía, núm. 837, pp. 249-253. García Delgado, J. L. (coord.) (2008), Estructura económica de Madrid, 2007, Madrid, CIVITAS-Thomson. Hidalgo, A. (dir.), Panorama del sistema español de ciencia y tecnología. Madrid, FECYT-UCM, varios años. Instituto Nacional de Estadística, Tablas de mortalidad y de natalidad, varios años. — Proyecciones de población 2002-2059. I. R. Klein-Universidad Autónoma de Madrid, Situación y predicción de la economía madrileña, varios años. Labeaga, J. M. (2008), Estudios sobre decisiones del retiro, la sosteniblidad del sistema de pensiones y la viabilidad financiera del Sistema Nacional de Dependencia, FEDEA-BBVA, Estudios. Martínez Paricio, J. I. (2008), Seguridad e inseguridad en la opinión pública de la Unión Europea, Madrid, Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Pérez-Díaz, V. (2008), El malestar de la democracia, Madrid, Editorial Crítica.

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La mayor parte de las afirmaciones que se vierten en este texto son el reflejo de las manifestaciones hechas por los componentes de la mesa redonda, don Francisco Zamora, don Jesús Martínez Parcito y don José Antonio Moro, así como de los papeles resumen de sus intervenciones. No obstante, la responsabilidad de las mismas corresponde al autor. Por otro lado, para la realización de este texto se han tenido en cuenta, como se indicará, las Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, cuyos autores son Amand Blanes, Joaquín Recaño y Teresa Penacho, así como la actualización de las mismas. Población mayor de 65 años y menor de 19, sobre la población de 20 a 64 años. Según datos de la Encuesta de Inmigrantes 2007, la procedencia era la siguiente: el 30 por ciento eran europeos y el 26 por ciento comunitarios. De ellos, el 16 por ciento búlgaros y rumanos; el 52 por ciento latinoamericanos, con el 14 por ciento de ecuatorianos y el 8 por ciento de colombianos; y el 12 por ciento africanos, con el 8 por ciento de magrebíes. Las proyecciones para España dan 1,51 hijos por mujer para el año 2017, y un poco más, 1,52 hijos por mujer, para el 2025. Por otro lado, se estima que la edad media de la maternidad se mantendrá más o menos estable en torno a los 31 años. Se prevé para el quinquenio 2012-2016 la llegada a la Comunidad de Madrid de 228.057 inmigrantes procedentes de la inmigración interior y 155.800 de la inmigración extranjera, habiendo llegado en el periodo 2002-2006, 302.641 inmigrantes del interior y nada menos que 556.031, del extranjero (Proyecciones de población de la Comunidad de Madrid, 2002-2017, p. 90). Ahora bien, de estas cifras que constituyen el saldo positivo de los inmigrantes hay que restar los que se marchan. Las estimaciones previstas de llegada de inmigrantes a España, según las estimaciones realizadas por el INE, disminuirán desde 417.499, en el año 2006, hasta poco más de 100.000 cada año, desde el 2012 hasta el 2025. La estimación de crecimientos será de 517.078 personas en el quinquenio 2007-2011 con una media de 268.992 procedentes del país y 248.086 del

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extranjero; y una cifra mucho menor, 383.857, en el quinquenio 2012-2016, con una media de llegadas a Madrid de 228.057 procedentes del país y 155.800 de la inmigración. Si sigue la tendencia, la reducción será mucho más drástica en los quinquenios siguientes. Aunque algunos autores como Olshnsky (1990) han puesto un límite biológico en 85 años al nacer y en 35 a los 50 años, hay países como Japón y Francia que ya se acercan a estas expectativas. Más aún, la reducción de la mortalidad en edades avanzadas hace que la esperanza de vida pueda superar más de 90 años en el caso de las mujeres francesas. Para el conjunto de España la esperanza de vida será 79,35 años para los varones, y 85,25 años para las mujeres, según la hipótesis menos optimista; y 79,52 años para los varones, y 85,76 para las mujeres, según la hipótesis más optimista. En términos administrativos la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid son dos realidades distintas. Sin embargo, la importancia de la ciudad de Madrid en sí misma, reforzada por su dinámica económica y demográfica, ha desbordado los límites de la ciudad. La dependencia de los importantes núcleos de población que han surgido a su alrededor refuerzan la idea de que la comunidad y la ciudad deben ser tratadas como un todo donde también se deben incluir los núcleos rurales.

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Infancia y familia Gerardo Meil Landwerlin y Luis Ayuso Sánchez

Expertos consultados: Margarita Delgado Pérez, Enrique Gil Calvo, Mª del Mar González Rodríguez, Mª Isabel Jociles Rubio, Isabel Madruga Torremocha, Ana Mª Rivas Rivas, Iván Rodríguez Pascual, Rosario Sánchez Morales

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CAMBIO FAMILIAR EN LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS: LA EMERGENCIA DE LA FAMILIA NEGOCIADORA La vida familiar en Madrid, como en el resto de España y en general en los países desarrollados, y como sucede también en el resto de la sociedad, se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio que afecta a todas las dimensiones de la vida familiar. El hombre ha dejado de ser el único miembro que aporta ingresos a la unidad familiar y cada vez hay más familias en las que tanto el hombre como la mujer tienen un trabajo remunerado. El inicio de un proyecto de vida en común ya no sólo se hace a través del matrimonio, sino que cada vez son más frecuentes las uniones de hecho, unas veces como matrimonio a prueba, otras como alternativa al compromiso matrimonial. El divorcio, como una solución a un proyecto de vida en común insatisfactorio, es también cada vez más frecuente. Los modelos heredados del pasado han perdido su capacidad moldeadora de los proyectos vitales de las sucesivas generaciones de jóvenes. Al igual que ha sucedido en el resto de países occidentales, el control social ejercido sobre los comportamientos familiares e individuales se ha alterado profundamente en las últimas décadas. Mientras que, por un lado, se ha reforzado el control social ejercido sobre las dinámicas de poder que se desarrollan en el seno de la vida familiar, anteponiendo los derechos individuales a los de la institución (singularmente los derechos de los miembros socialmente más débiles) y ello tanto en el plano legislativo como en el de las actitudes, por otro lado, se ha reducido el control social

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ejercido sobre múltiples dimensiones de la realidad familiar tradicionalmente sujetas a modelos normativos fuertemente arraigados. Esta modificación del control social ejercido sobre la vida familiar ha dado lugar a un espacio social de libertad individual en la conformación de los proyectos de vida y en las formas de concebir y organizar la vida en pareja y en familia. En otras palabras, los proyectos y formas de vida familiar se han privatizado y los modelos heredados de organización de la vida familiar han perdido en fuerza vinculante. El “qué dirán”, que no es sino la manifestación de la interiorización por parte de los individuos de ese control social, ha sido sustituido por un “y a ellos qué les importa”, que marca un campo social de tolerancia hacia formas distintas de organización de la vida cotidiana y privada de los individuos. Este proceso ha sido sintetizado por Ulrich Beck mediante el concepto de “individualización”, con el que pretende poner de relieve ante todo el mayor protagonismo que la cultura actual concede a las opciones y decisiones individuales frente a las normas sociales en ámbitos tales como la profesión, la política y la vida familiar. La individualización significa “la creciente autonomía de las biografías individuales de las instancias que en el pasado han guiado la aparición de determinados hitos y tránsitos vitales, tales como el matrimonio, el nacimiento del primer hijo, el inicio de la biografía laboral, etc.; instancias que estaban constituidas fundamentalmente por el sexo, la edad y el origen social o regional”. Frente a la “biografía normal” o socialmente estandarizada surge así la “biografía elegida”, que, por un lado, significa una mayor posibilidad electiva en las opciones vitales fundamentales (dimensión liberatoria de la individualización), pero que, por otra parte, también significa mayores incertidumbres y menor seguridad en la validez de las normas e instituciones sociales tradicionales (dimensión de desencantamiento) (Beck, 1986). Por lo que se refiere a las transformaciones de las relaciones familiares, con el concepto de individualización no sólo quiere poner de relieve la dimensión de la pérdida del tradicional control social sobre los proyectos de vida individuales, que ha dado origen a nuevas formas de convivencia (uniones de hecho, segundas uniones derivadas de un divorcio, entre otras), sino también acentuar el hecho de que estos proyectos, y particularmente el de las mujeres, se han transformado profundamente, de forma que los derechos y aspiraciones individuales pasan a tener un lugar preeminente en los proyectos de vida no sólo de los varones sino también de las mujeres. Así, las aspiraciones vitales de las mujeres han dejado de definirse en la sociedad actual sólo en el ámbito de la familia como una vida orientada al servicio de los demás miembros de la familia, para afirmarse su derecho a tener

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también una carrera profesional propia, una vida propia (Beck-Gernsheim, 1998). En la tensión entre las aspiraciones individuales y las aspiraciones colectivas del grupo familiar, entre el “yo” y el “nosotros” ha habido un desplazamiento desde un énfasis en el “nosotros” de la mujer al servicio de la familia y del “nosotros” de los padres al servicio de los hijos (el hijo como rey de la casa), socialmente definido en el modelo de familia burguesa tradicional e institucionalizada en el Derecho de familia, hacia un mayor énfasis en los proyectos de realización personal de los propios padres y de la madre en particular. En cierta medida el “yo” pasa a pesar más que el “nosotros” pareja, aunque el camino ideal hacia la felicidad individual continúe pasando, entre otros espacios sociales, por el “nosotros” pareja (de Singly, 1993), por la formación de una pareja con vocación de estabilidad en el tiempo. El amor romántico no ha perdido así atractivo, por el contrario, éste no desaparece a las puertas de la iglesia o del juzgado una vez formalizado el compromiso vital, sino que pasa a constituir cada vez más la fuente de legitimación y el sentido del proyecto de vida en común, de forma que la satisfacción de las necesidades afectivas pasan a ocupar el lugar central del proyecto de vida en común. El matrimonio ha dejado de ser un contrato de intercambio de dependencia por seguridad económica, social y legalmente sancionado (a través del Derecho de familia y de la Seguridad Social, entre otros), para pasar a ser un espacio de convivencia con el objetivo de lograr lo que cada actor entiende por felicidad, o al menos lograr la satisfacción de sus necesidades afectivas. Y si no se logra a juicio de los actores, resulta legítima y socialmente aceptable poner fin a dicho proyecto de vida en común, independientemente de otras consideraciones, aunque a la hora de “explicar” (esto es, legitimar) la ruptura a los miembros de la red social haya que recurrir también a otro tipo de argumentos socialmente considerados “más sólidos”. No obstante, cada vez más la emocionalidad ocupa un lugar central en la relación conyugal y los conflictos de pareja hacen cada vez más vulnerable el proyecto de vida en común. Como consecuencia de estos procesos, que no son ajenos al desarrollo de la sociedad de consumo, las formas de entrada, permanencia y salida de la vida familiar se han flexibilizado quedando las formas que adopte al arbitrio de la negociación y acuerdo entre los protagonistas individuales, o, más precisamente, no siendo legítima la reprobación social de las formas que se apartan de los modelos heredados del pasado. Y es en este contexto de negociabilidad de las relaciones y de los roles familiares cuando emerge un “nuevo pacto conyugal” (Roussel, 1989) y se desarrolla la familia negociadora (Meil, 2006). Negociadora de los roles de género entre los cónyuges y negociadora también de las normas y ámbitos de libertad

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individual que regulan su convivencia. Y esa cultura de conciliación de intereses y visiones diferentes, en la que la autoridad del padre ya no es la última palabra y la norma a seguir, se ha hecho extensiva también a las relaciones intergeneracionales entre padres e hijos. La familia negociadora no es así, sino una manifestación más de esa concepción consensual de la vida conyugal, lo que a su vez es manifestación de ese proceso más general de individualización que se produce a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que se acelera en las últimas décadas y que ha dado lugar a la pluralización de las formas de entrada, permanencia y salida de la vida familiar. La emergencia de la familia negociadora es fruto, por tanto, de la posmodernización de la vida familiar o también, como gusta llamar a los demógrafos, de la segunda transición demográfica.

2. TENDENCIAS DE CAMBIO EN LA VIDA FAMILIAR MADRILEÑA En este apartado vamos a analizar cómo se ha manifestado esta pluralización de los modos de entrada, permanencia y salida de la vida familiar en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, analizaremos la evolución de la nupcialidad discutiendo las causas y características del descenso en el número de matrimonios y las tendencias de futuro que cabe identificar. En este mismo contexto analizaremos la evolución de las uniones de hecho discutiendo su uso social tanto como fórmula alternativa al matrimonio, como en su calidad de “matrimonio a prueba” para las nuevas generaciones y discutiremos su tendencia de futuro. En segundo lugar, analizaremos dos dimensiones básicas en el cambio en las formas de organizar la vida en común, a saber, por un lado los cambios en el rol de proveedor de recursos monetarios para la familia, esto es, la difusión de las familias en las que ambos cónyuges trabajan y, por otro, los cambios en el reparto del trabajo doméstico entre los cónyuges, discutiendo sus efectos para la estabilidad del proyecto de vida en común. En ambos casos señalaremos cuáles son las tendencias de futuro que cabe esperar. Por último se discutirá la evolución de la ruptura conyugal, centrando la atención en el divorcio y las tendencias de futuro que cabe esperar.

2.1. Evolución de la nupcialidad y de las uniones de hecho La nupcialidad en la Comunidad de Madrid ha conocido una evolución paralela a la registrada por el conjunto nacional, situándose en la mayor parte del periodo que va desde 1975 hasta la actualidad por encima de la media nacional, debido fundamentalmente a la estructura de edad más joven que existe en la

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comunidad. Así, en términos generales, dicha evolución se caracteriza por un descenso muy pronunciado desde 1975 hasta mediados de la década de los ochenta, para seguir después una evolución oscilante hasta cierto punto en paralelo a la evolución de la coyuntura económica. Sólo en los últimos años se ha registrado un descenso muy pronunciado que ha situado la tasa de nupcialidad por debajo de la media nacional (cfr. gráfico 1). En valores absolutos, el número de matrimonios presenta una tendencia oscilante y en este sentido hay que interpretar dicha evolución como un fenómeno fundamentalmente coyuntural (cfr. gráfico 2). Respecto a la evolución futura de la nupcialidad, por los motivos que se verán más adelante en el epígrafe 4, no cabe esperar un descenso sistemático y pronunciado en el futuro, puesto que el matrimonio a pesar de haber perdido su carácter vinculante como modo de materialización de un proyecto de vida en común, no ha perdido ni su utilidad individual para las parejas, ni su valoración social positiva. Gráfico 1. Evolución de la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por 1.000 habitantes) en la Comunidad de Madrid y en España 10 9 8 7 Comunidad de Madrid

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Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población, www.ine.es

La fuerte caída de la nupcialidad registrada en las pasadas décadas se debe al retraso sistemático en la edad a la que se contrae el primer matrimonio, que ha pasado entre 1980 y 2006 de 24,7 a 30,8 en el caso de las mujeres y de 26,7 a 32,6 en el caso de los hombres, reduciéndose la diferencia de edad entre los contrayentes de 2 a 1,8 años. Comparativamente con la media nacional, la edad al primer

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matrimonio en la Comunidad de Madrid ha sido superior tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Esta diferencia ha aumentado con la caída de la nupcialidad, lo que significa que se ha retrasado más la nupcialidad que en el resto de comunidades, si bien en la última década esta diferencia ha ido reduciéndose paulatinamente. El retraso en la edad a matrimoniar se ha producido a pesar de la existencia de una coyuntura económica favorable durante la última década que ha reducido sistemáticamente las tasas de desempleo tanto de las mujeres como de los hombres, pero como se verá más adelante cada vez más el matrimonio está desligado de la emancipación de los jóvenes del hogar de sus padres. Gráfico 2. Evolución reciente en el número de matrimonios en la Comunidad de Madrid 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 28.000 26.000 24.000

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Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población, www.ine.es

Por otra parte, al tiempo que ha aumentado la edad al primer matrimonio, también ha aumentado paulatinamente la proporción de segundas y sucesivas nupcias, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Así, en los últimos 20 años el porcentaje de varones no solteros que han contraído matrimonio ha pasado del 6 al 10 por ciento y el de mujeres del 3 al 8 por ciento. En este sentido, con el aumento del número de divorcios seguirá aumentando paulatinamente el número de segundos y sucesivos matrimonios, sin que llegue a haber un aumento espectacular por los motivos que se aducirán más abajo. La caída de la nupcialidad y el retraso sistemático de la edad de entrada en el primer matrimonio tiene su origen, por un lado, en el retraso sistemático en la edad

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de emancipación de los jóvenes del hogar de sus padres y, por otro lado, en la emergencia de las uniones de hecho como una forma alternativa al matrimonio de organizar la convivencia en pareja. En efecto, desde comienzos de la década de los ochenta se asiste a un retraso sistemático en la edad de emancipación de los jóvenes del hogar parental (Aguinaga et ál., 2005). Los datos que proporciona el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid evidencian, sin embargo, que al menos desde 2000 se asiste en la Comunidad de Madrid a un adelanto de la edad de emancipación de los jóvenes del hogar parental, con el consiguiente aumento sistemático de la proporción de jóvenes que no conviven con sus padres en todos los tramos de edad (cfr. gráfico 3). Si esta tendencia no se ha traducido en un aumento de la nupcialidad ha sido debido al incremento de las uniones de hecho y a que una parte de estos jóvenes son inmigrantes que han venido sin pareja ni padres. Gráfico 3. Porcentaje de jóvenes que no conviven con sus padres según su edad, años 2000 y 2005 en la Comunidad de Madrid 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000

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2000

2005 26-30 años

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Fuente: Instituto de Estadística Madrileño, Población y hogares en la Comunidad de Madrid, varios años, en http://www.madrid.org/iestadis/

Así, entre 2000 y 2005 el porcentaje de personas que convive en el marco de una pareja de hecho, como porcentaje del total de parejas conviviendo, ha pasado para el total de la población del 3,8 al 10,1 por ciento, si bien entre los jóvenes de 16 a 29 años el crecimiento ha sido del 27,2 al 47,3 por ciento (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2008). Por tanto, cada vez más jóvenes

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comienzan su proyecto de vida en pareja en el marco de una unión de hecho. Comparativamente con la media nacional, el porcentaje de uniones de hecho sobre el total de uniones es más alto para todas las edades en la Comunidad de Madrid que en el conjunto nacional (cfr. gráfico 4). Gráfico 4. Porcentaje de uniones de hecho sobre el total de uniones, 2006 60 50 Comunidad de Madrid 40 España 30 20 10 0 20-29

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70-79

Fuente: elaboración propia de los microdatos de CIS, Encuesta Fecundidad, Familia y Valores, estudio 2639, abril 2006.

El uso que se hace de las uniones de hecho en España, y por tanto también en la Comunidad de Madrid, es sobre todo como un “matrimonio a prueba” cuando se trata de la primera unión, mientras que entre las segundas y sucesivas uniones tiende a utilizarse generalmente como alternativa al matrimonio, particularmente cuando se trata de la segunda unión de las mujeres (Meil, 2003). Por otra parte, cuanto más joven se inicia el proyecto de vida en común, tanto más probable es que tome la forma de una unión de hecho más que de un matrimonio (Meil, 2003). Las primeras uniones de hecho, cuando no se rompen, tienden a formalizarse mediante el matrimonio sobre todo al hilo de la tenencia de hijos en común, aunque también con la compra de la vivienda, esto es, con las dos grandes hipotecas asociadas a los proyectos de vida familiar. Como se verá más adelante, el matrimonio es visto fundamentalmente como un “rito de confirmación” de un proyecto de vida en común, que proporciona un sentimiento de seguridad más profundo que la unión de hecho. Con el adelanto de la edad de emancipación de los jóvenes, la aceptación generalizada tanto por los jóvenes como por sus padres e incluso por los abuelos de las uniones de hecho y la identificación con la máxima

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Infancia y familia

“es mejor probar antes de casarse para ver si funciona la convivencia”, es de esperar que las uniones de hecho aumenten entre los jóvenes y pase a constituir una fase más en el proceso de consolidación de los proyectos familiares de las nuevas generaciones. La secuencia mayoritaria pasaría así del modelo “noviazgo-matrimonio-parentalidad” al modelo “noviazgo-unión de hecho-parentalidad-matrimonio”. Esta tendencia entroncaría con los usos habituales de las jóvenes generaciones actuales de los países del centro y norte de Europa, aunque con una edad de emancipación más tardía. En las segundas y sucesivas uniones, particularmente de las mujeres, la convivencia se organiza fundamentalmente en forma de unión de hecho más que de un segundo o sucesivo matrimonio. Ello no impide, sin embargo, que el número de segundos y sucesivos matrimonios esté aumentando de forma lenta pero sistemática, pues aunque se trata de una tendencia dominante, no todas las personas siguen el citado patrón. En este sentido, con el aumento del número de divorcios y la reducción de la duración media de los matrimonios es de esperar que aumente también la proporción de uniones de hecho entre la población de más edad, no sólo entre los más jóvenes. Los datos sobre la evolución de las uniones de hecho según la edad así lo permiten prever también (cfr. tabla 1). Esta evolución sería, no obstante, limitada dada la creciente dificultad de formar una nueva pareja a medida que aumenta la edad. Tabla 1. Porcentaje de uniones de hecho heterosexuales sobre el total de uniones (matrimoniales y de hecho) según la edad de la mujer en España Total

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

1985

1,1

2,1

1,2

0,8

0,8

0,6

0,8

1995

5,2

19,1

8,5

4,1

4,3

1,7

1,3

1999

6,9

34,0

15,3

7,2

5,1

3,4

3,0

2001

9,0

38,4

18,8

10,2

6,8

5,0

3,7

2006

19,3

63,5

43,7

21,6

13,0

8,1

5,7

Fuente: INE, Encuestas de fecundidad de 1985 y 1999; CIS, estudios 2,121 y 2,182, Encuesta de Fecundidad y Familia FFS/ONU, noviembre 1994/1995; INE, Censo de población 2001; CIS, estudio 2639, Fecundidad, Familia y Valores, abril 2006.

En conjunto, por tanto, cabe esperar un aumento de las uniones de hecho sin que ello ponga en cuestión el matrimonio como la forma socialmente más aceptada y deseada de formalización de un proyecto de formación de una familia con vocación de estabilidad en el tiempo. El vínculo matrimonial daría a este proyecto una mayor sensación de seguridad para los miembros de la pareja.

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Madrid 2025

2.2. Cambios en las formas de organización de la convivencia Como consecuencia de los profundos cambios en los roles de género, la dinámica familiar se ha transformado profundamente. El modelo de organización de la vida familiar tradicional, también conocido como “ganapán”, en el que hay una división estricta de responsabilidades según el sexo, se ha resquebrajado sin dar origen todavía a una división igualitaria de responsabilidades. Así, la tasa de actividad de las mujeres de 25 a 54 años, que mide el porcentaje de mujeres que tienen un empleo remunerado o buscan activamente tenerlo (desempleadas), en los últimos 30 años se ha multiplicado por tres y alcanza a la gran mayoría de la población femenina de dicha edad, tanto en España en su conjunto como con más intensidad aún en la Comunidad de Madrid. Si en 1976, la proporción de mujeres de dicha edad empleadas o que buscaban un empleo en la Comunidad de Madrid se situaba en torno al 26 por ciento, tres puntos por debajo de la media nacional (29%), en 2007 dicha proporción se sitúa en el 79 por ciento, seis puntos por encima (73%). La proporción que efectivamente tenía un empleo ha variado según fuera la coyuntura económica, pero en el periodo indicado ha pasado desde el 24 por ciento al 75 por ciento (del 28% al 66% en el caso del conjunto nacional). Aunque hay diferencias según el estado civil de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres casadas y con hijos tienen un empleo remunerado, o lo buscan activamente. Así, para el conjunto nacional, la tasa de actividad de las mujeres casadas de 25 a 54 años se situaba en 2007 en el 67 por ciento frente al 83 por ciento de las solteras, siendo mayor la proporción cuanto más joven. Ni el INE, ni el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid proporcionan datos al respecto para esta comunidad autónoma, pero es razonable suponer que dicha diferencia sea menor y el porcentaje de mujeres casadas con empleo mayor en la Comunidad de Madrid. El papel del hombre como proveedor de recursos económicos para la familia no ha cambiado en todo este periodo. Su tasa de actividad apenas sí ha cambiado en este grupo de edad, pues si en 1976 en la Comunidad de Madrid era del 97 por ciento, tres décadas más tarde seguía siendo del 95 por ciento, aunque su tasa de empleo haya variado también en función de la coyuntura económica. Consecuencia de ello ha sido la generalización del modelo de familias en el que ambos cónyuges tienen un trabajo remunerado. Según una encuesta que hemos realizado en distintos países entre este grupo de edad en 2007, en dos de cada tres parejas ambos cónyuges tienen un trabajo remunerado (parejas casadas o no, con hijos o no, pero que conviven en un mismo hogar), una proporción que en el caso de

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Infancia y familia

la Comunidad de Madrid será algo mayor y que se ha acercado mucho a la que cabe encontrar en otros países de nuestro entorno (Schneider y Meil, 2008: 307). Aunque la crisis económica genere desempleo y en este sentido las familias en las que sólo tiene trabajo remunerado uno de los cónyuges o incluso ninguno aumente, cuando se recupere el empleo, aumentará la proporción de “familias de doble ingreso” sin llegar, no obstante, a generalizarse entre todas las familias. Dos razones cabe aducir para no prever una generalización de las familias en las que ambos cónyuges tienen un empleo remunerado. Por un lado, el gran aumento del empleo que se ha producido en las dos últimas décadas ha supuesto un aumento importante de este tipo de familias, pero el nivel de empleo de las mujeres casadas no ha llegado al de los hombres casados. La entrada masiva de población inmigrante ha bajado los salarios reales, lo que ha tenido como consecuencia que para una proporción importante de mujeres no les compense los costes que representa la conciliación de la vida laboral con la vida familiar con los potenciales ingresos que pueden obtener en el mercado de trabajo y/o las condiciones laborales que se exigen, particularmente entre la población con menor nivel de cualificación profesional. Por otra parte, el modelo de familia en la que la mujer se dedica en exclusiva al hogar y a los miembros de la familia, aunque ha perdido su atractivo para la gran mayoría de la población, sigue siendo compartido por una parte no despreciable de la población, sobre todo en la fase del ciclo familiar en la que los hijos son pequeños o muy pequeños. Tabla 2. Porcentaje de parejas convivientes (matrimoniales o de hecho) según tengan trabajo remunerado uno, ambos o ninguno de los cónyuges en 2007 Alemania Ningún cónyuge

3

Bélgica 4

Polonia 8

Francia 2

España 2

Suiza 3

Un cónyuge

30

23

36

23

32

33

Ambos cónyuges

68

73

56

75

66

65

100

100

100

100

100

100

Total

Fuente: Schneider y Meil, 2008: 307.

En este sentido, el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral continuará siendo un problema central en la vida de las familias madrileñas. ¿Se han traducido estos cambios en un cambio en las pautas de división del trabajo doméstico entre los cónyuges? Los datos disponibles evidencian que, aunque menos espectaculares, también se han producido profundos cambios en este

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Madrid 2025

ámbito de la dinámica familiar en dirección hacia una mayor implicación de los hombres en las tareas domésticas y en la atención y cuidado de los niños. A partir de la información recogida en dos encuestas realizadas en la Comunidad de Madrid en 1995 y 2003 podemos clasificar a las familias madrileñas con hijos (menores de 14 años) según el grado de división del trabajo doméstico entre los cónyuges, tanto en la dimensión de las tareas domésticas, como en la de cuidado de los hijos. Tabla 3. Distribución de las familias biparentales madrileñas con hijos menores de 14 años según el grado de reparto de las responsabilidades familiares y domésticas entre los cónyuges 1995

2003

Porcentaje variación

Modelo tradicional

41

32

Modelo colaborador

51

47

–8

8

21

+163

Total

100

100

Tamaño de la muestra

582

600

Modelo cuasi igualitario

–22

Nota: clasificación realizada a partir de las respuestas dadas por las mujeres entrevistadas sobre quién realizaba una lista de 13 tareas domésticas ordinarias, y 12 de cuidado y atención de niños diferentes (véase tabla 4). Los casos en los que una determinada tarea era realizada por una tercera persona han sido tratados como si fuesen realizados a medias. Fuente: G. Meil, (2005a), “Continuidad y cambio en la división del trabajo doméstico en la familia urbana” en varios autores, Estructura y procesos sociales. Libro homenaje a José Cazorla, CIS, Madrid.

Como puede observarse en la tabla 3, las familias que se rigen por un modelo de reparto de las responsabilidades familiares de carácter tradicional han disminuido apreciablemente, dejando de ser el modelo dominante para convertirse lentamente en un modelo de carácter cada vez más minoritario, al tiempo que las que se rigen por un modelo que cabe calificar como cuasi igualitario han aumentado sustancialmente, pero sin que lleguen a ser el modelo dominante. El modelo de familia colaborador en el que el hombre se implica más allá de poner la mesa, sacar la basura y llevar a los niños al colegio también en otro tipo de tareas es el más extendido y supone el tránsito, en términos globales, hacia una familia más igualitaria. Los mayores cambios que se han registrado han sido en las tareas domésticas rutinarias o más “duras”, como son las de lavado y en menor medida planchado de ropa, limpieza de la casa, recoger las habitaciones y fregar los platos. Este cambio, aunque no signifique que se realice en la mayor parte de los casos de forma igualitaria entre los cónyuges, no es sólo aparente, sino que refleja un cambio más profundo en una importante proporción de familias. El hecho de que la proporción de

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Infancia y familia

familias en las que el menú diario se fija exclusivamente por la mujer haya bajado del 78 al 57 por ciento y la proporción de aquellas en las que lo hacen a medias haya subido del 8 al 21 por ciento es significativo, pues este indicador se suele tomar como representativo del reparto de responsabilidades domésticas. En las tareas consideradas típicamente “masculinas” en la definición tradicional de los roles, tales como el cuidado del coche y el bricolaje, se ha registrado un descenso en la responsabilidad mayoritaria del hombre a favor también de una mayor responsabilidad compartida, lo que probablemente guarda relación con el aumento de familias en las que ambos cónyuges tienen coche propio. Por lo que se refiere a las tareas de cuidado y atención de los niños, puede observarse que en todas las dimensiones se ha producido un aumento apreciable de la participación de hombre en las mismas. La mayor implicación de los padres varones en el cuidado de sus hijos no se produce así en los aspectos más lúdicos de la relación, sino sobre todo en los que tienen más costes personales en términos de trabajo o incomodidad, además de ser rutinarios, como es el caso de levantarse por la noche, atenderles por las mañanas o llevarles al colegio. El indicador más global de valoración de la implicación en la atención y cuidado, el “estar con ellos”, sin embargo evidencia un cambio mucho más modesto, aunque la proporción de familias en las que las mujeres entrevistadas afirman que esta responsabilidad la asumen a partes iguales ha aumentado un 50 por ciento, pasando del 26 por ciento en 1995 al 34 por ciento en 2004. Los principales factores que propician este cambio son, por un lado, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (remunerado) y, por otro lado, un cambio en los modelos de rol de género tanto de los varones como de las mujeres. Para una implicación activa de los varones en la producción doméstica que vaya más allá de ayudas más o menos puntuales, es necesario que los varones hayan aceptado el cambio en los modelos de rol de género y, en consecuencia, se muestren dispuestos a asumir este tipo de trabajos. La socialización en casa de los padres en esta misma dirección facilita indudablemente esta implicación y su grado de implicación en casa de los padres es un potente predictor de la implicación en el propio hogar, aunque en casi la mitad de las familias en las que el modelo de división del trabajo doméstico es cuasi igualitario el hombre no colaboraba nada o casi nada en casa de sus padres. Pero además de la predisposición de los varones a asumir responsabilidades domésticas, las actitudes de las mujeres en este sentido juegan igualmente un papel relevante, pues en la medida en que consideren que determinado tipo de tareas son impropias para que las realice un hombre o considere que éste las realiza deficientemente, su implicación será menor.

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Madrid 2025

Tabla 4. Proporción de familias biparentales en las que las tareas se realizan, según la mujer entrevistada, “a medias” o principalmente por el hombre 1995

2003

Porcentaje variación 1995-2003

Tareas domésticas rutinarias Compra de todos los días

23

28

22

Preparar desayuno y meriendas

28

27

–4

Preparar comida

19

18

–5

Preparar cena Fijar el menú diario

29 9

22

144

Poner y recoger la mesa

39

45

15

Fregar platos

26

38

46

Lavar la ropa

8

22

175

4

13

225

20

28

40

Planchar la ropa Limpieza de la casa Recoger la ropa sucia

23

28

22

Hacer las camas

21

26

24

Recoger las habitaciones

18

30

67

26

34

31

16

27

69

Cuidado de niños Atención y vigilancia en el hogar (“estar con ellos”) Levantarles y ocuparse de ellos hasta que van al colegio Transporte y acompañamiento al centro escolar

18

29

61

Ayudarles con los deberes

33

37

12

en el colegio

25

32

28

Atención durante las comidas

27

32

19

a la cama

42

55

31

Atención durante la noche

35

52

49

Jugar con ellos entre semana

52

60

15

Jugar con ellos los fines de semana

70

82

17

Llevarlos al médico

27

31

15

20

26

30

Ir a las reuniones de los padres

Acostarles o hacer que se vayan

Quedarse en casa o buscar que alguien se quede con ellos cuando están enfermos

Fuente: G. Meil, (2005a), “Continuidad y cambio en la división del trabajo doméstico en la familia urbana” en varios autores, Estructura y procesos sociales. Libro homenaje a José Cazorla, CIS, Madrid.

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Infancia y familia

En cualquier caso, los roles familiares y domésticos tienen que ser negociados explícita o (como sucede en la mayoría de los casos) implícitamente, habiendo perdido los modelos heredados del pasado su legitimidad. En la medida en la que el reparto de las responsabilidades alcanzado no sea satisfactorio para los propios miembros de la pareja, la conflictividad conyugal aumentará, y disminuirá la satisfacción con el proyecto de vida en común, propiciando con ello la ruptura conyugal. En otro trabajo hemos podido constatar cómo se ha incrementado la conflictividad conyugal por el reparto de las responsabilidades familiares y domésticas en la última década, y cómo ello se ha traducido en un aumento de la proporción de mujeres que han pensado y han hablado con su cónyuge sobre la eventualidad de una ruptura de su proyecto de vida en común (Meil, 2005b). No se trata tanto de que la insatisfacción con los términos del reparto del trabajo doméstico sea “la causa” de la ruptura conyugal, como del hecho de que forma parte de un cuadro mucho más amplio de circunstancias que propician la ruptura y en las que la insatisfacción con el desigual reparto de responsabilidades familiares no juega un papel menor. La familia madrileña, por tanto, se encamina paulatinamente hacia un modelo de reparto más igualitario en las responsabilidades domésticas y familiares, con una mayor implicación de los hombres tanto en el cuidado de los hijos como en las tareas domésticas, no sólo en aquellas más puntuales y que requieren menos trabajo, sino también en las más “duras”. El que este proceso se produzca a satisfacción para las partes es de importancia para el bienestar subjetivo de los miembros de las familias y para propiciar su estabilidad en el tiempo.

2.3. Evolución de la ruptura conyugal Otra de las dimensiones del cambio familiar es el aumento de la ruptura conyugal por voluntad de al menos una de las partes, al tiempo que las rupturas derivadas de la muerte de uno de los cónyuges se van retrasando a edades cada vez más avanzadas. La expansión del divorcio y particularmente del divorcio por mutuo acuerdo que han conocido todos los países occidentales desde la década de los setenta y en España a partir de los ochenta (Alberdi, 1995) deriva de los cambios en el significado social e individual atribuidos al matrimonio en los proyectos de vida de las personas, que se han mencionado al comienzo del capítulo. Esto es, la expansión del divorcio deriva de la generalización del “nuevo pacto conyugal” (Roussel, 1989) y de la “familia negociadora” (Schneider et ál., 2002; Meil, 2006). Las rupturas conyugales, tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto nacional, presentan una tendencia creciente desde la instauración del divorcio

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en 1981, sólo truncada en 2007. Esta inversión de la tendencia hay que interpretarla en términos coyunturales y como resultado del cambio en la regulación legal del divorcio realizada en 2005. Hasta la reforma legal de 2005 (Ley 15/2005, de 8 de julio), la ruptura conyugal estaba regulada en dos fases, de forma que la mayoría de las rupturas se regulaban en primer término como separaciones, y tras un mínimo de un año de separación legal, tras una segunda sentencia, la ruptura podía dar lugar a un divorcio y a la posibilidad de contraer nuevas nupcias. Como consecuencia de ello, muchas rupturas conyugales se computaban doblemente, primero como separación y después como divorcio. Con la entrada de la reforma legal del divorcio se ha suprimido la obligación de separación legal previa al divorcio. La consecuencia lógica de este procedimiento es el espectacular aumento que se registra en el número de divorcios a partir de la segunda mitad de 2005 y la igualmente espectacular caída de las separaciones. La suma de ambos (junto con las nulidades matrimoniales) tiene que caer lógicamente, como consecuencia de la doble contabilización de las rupturas. Gráfico 5. Evolución del número de separaciones y divorcios en la Comunidad de Madrid, 1998-2007 19.000 17.000 15.000

Total

13.000 11.000 9.000

Separaciones

7.000 5.000 3.000

Divorcios

1.000 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: INE, Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, en www.ine.es

El alcance de las rupturas conyugales en la Comunidad de Madrid es equivalente al conjunto nacional. Así, en 2007, la proporción de disoluciones matrimoniales (separación, divorcio y nulidad) por 1.000 habitantes era de 3,07 frente a la media nacional de 3,04, muy alejada del 4,05 de la comunidad canaria, pero también de los 2,1 registrados en Extremadura, y Castilla y León. En términos relativos, por el contrario, la propensión al divorcio es mayor: la proporción de

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Infancia y familia

divorcios en relación con el número de matrimonios ha crecido más rápido en los últimos años en la Comunidad de Madrid que la media nacional, alcanzando en 2007 el 75 por ciento frente al 63 por ciento. La edad más frecuente a la que se produce el divorcio es, tanto entre los hombres como entre las mujeres, entre los 40 y los 49 años. Así, un 35 por ciento de los hombres separados en 2007 se encontraba en dicho tramo de edad y un 63 por ciento tenía más de 40 años. Comparativamente con una década antes, la edad modal al divorcio se ha retrasado como puede verse en el gráfico 6: tanto si comparamos la edad al divorcio de los hombres en 2007 con la edad al divorcio o a la separación en 1998, la curva de edad se ha desplazado hacia la derecha, esto es, se produce a edades algo más tardías. Ello puede deberse al propio retraso en la edad al matrimonio o a que los matrimonios tienden a durar más tiempo. Gráfico 6. Edad del hombre a la separación y divorcio en la Comunidad de Madrid, 1998 y 2007 40 35 Divorcios 2007 30 Divorcios 1998

25 20 15

Separaciones 1998 10 5 0 Hasta 18

19 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 y más

Fuente: INE, Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, en www.ine.es

Si desagregamos los datos según la duración del matrimonio y comparamos los divorcios en 2007 con las separaciones en 1998, esto es, con las dos formas más frecuentes de ruptura en ambos años, podemos observar que la duración de los matrimonios disueltos en 2007 era mayor (hay una mayor proporción de matrimonios de larga duración que se han disuelto en 2007 que en 1998). No obstante, los datos de 1998 son incompletos, pues hay un 6 por ciento de matrimonios disueltos en dicho año cuya duración no se conoce, por lo que la comparación no resulta concluyente, pero, en cualquier caso, puede afirmarse

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que no hay una tendencia de fondo hacia una menor duración sistemática de los matrimonios, aunque haya habido variaciones en tal sentido entre dos años puntuales (por ejemplo, los dos últimos años). Gráfico 7. Porcentaje de matrimonios según su duración en 1998 y 2007 en la Comunidad de Madrid 35 30 25 20 15 10 5 0 Menos de 1 año

1a2 años

3a5 años

6 a 10 años

Separaciones 1998

11 a 15 años

16 a 19 años

20 y más años

no consta

Divorcios 2007

Fuente: INE, Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, en www.ine.es

En conjunto puede afirmarse que hay una tendencia creciente a la ruptura matrimonial, que probablemente ya no sea tan sistemática como la que se ha registrado en los pasados veinte años, por haber alcanzado unos niveles ya muy elevados (un 75% de los matrimonios en 2007), pero no creemos que seguirá aumentando pese al cambio en el significado social e individual del matrimonio arriba mencionado y al aumento de la autonomía económica de las mujeres. Por este mismo motivo, y aunque no existe una tendencia clara en tal sentido, es de esperar una reducción en la duración media de los matrimonios. Consecuencia de este aumento de las rupturas conyugales es el aumento de las familias monoparentales, entendiendo por tales las que tienen hijos a cargo (menores de 16 años o mayores hasta los 25 pero que no tienen trabajo remunerado). De 2000 a 2005 han aumentado en la Comunidad de Madrid de 63.300 a 75.000, aumentando la proporción de las encabezadas por hombres

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desde el 6 al 21 por ciento, así como aquellas que sólo tienen un hijo del 60 al 73 por ciento (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2008). Cada vez más la causa de estas familias es el divorcio, la separación o la maternidad en solitario, habiendo disminuido aquellas que tienen su origen en la viudedad, al pasar del 25 al 21 por ciento del total, en razón del aumento sistemático en la esperanza de vida. Estas tendencias es de esperar que continúen operando en la misma dirección en el futuro.

3. PAREJA Y FAMILIA EN EL HORIZONTE VITAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES MADRILEÑAS Para fundamentar las previsiones sobre las líneas de tendencia se van a presentar los principales resultados de una encuesta que realizamos en 2005 entre los jóvenes madrileños de 15 a 25 años (Meil, 2008), elaborada en el marco de un proyecto internacional comparado en el que han participado especialistas en familia y juventud de Alemania, Polonia, Lituania, Corea y Chile (Busch y Scholz, 2006) y financiada por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid (Proyecto 06/ HSE/0006/2004). En efecto, preguntados los jóvenes acerca de sus opiniones y actitudes hacia distintos cambios familiares, puede comprobarse que las formas de entender la vida familiar se han transformado profundamente. Los jóvenes madrileños, y en general los jóvenes españoles, demuestran en las encuestas que están “au courant de las ideas modernas” (González Blasco, 2006: 207) y desean mostrarse como modernos y tolerantes, aunque en sus comportamientos no se ajusten tanto a lo que dicen que piensan. En cualquier caso y como se ha argumentado más arriba, se ha registrado una pérdida de legitimidad del control social sobre la configuración concreta de los proyectos de vida futuros de las nuevas generaciones, de forma que aunque los padres puedan mostrarse disconformes con las opciones vitales de sus hijos, su autoridad en este plano queda en entredicho cuando éstos quieren afirmar sus propias opciones vitales. Ante el argumento “es mi vida” de los hijos, pierde legitimidad el argumento del “que dirán (los abuelos, la familia, los vecinos, la gente, etc.)” de los padres. Las nuevas generaciones pueden y tienen que configurar sus proyectos de vida en pareja y familia en un marco normativo muy distinto al que conocieron sus padres y radicalmente diferente al que reguló el de sus abuelos (como se ha argumentado más arriba).

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3.1. La importancia de la formación de una familia A pesar de la “liberación de las ataduras tradicionales” (Beck, 1986) vivida por las nuevas generaciones, que hace que una mayoría perciba que cada vez más se concede menor importancia a la familia y que las opciones vitales para satisfacer las necesidades sexuales se hayan multiplicado, no haciendo necesaria la formación de una pareja con vocación de estabilidad en el tiempo, esta aspiración y la formación de una familia continúan ocupando un lugar preferente en las opciones vitales de la mayoría de los jóvenes. Preguntados los jóvenes encuestados sobre la importancia que atribuían en sus propios proyectos de vida a una serie de objetivos existenciales, un 73 por ciento atribuía mucha o bastante importancia a la formación de una familia, porcentaje que se eleva al 92 por ciento cuando se asocia con la felicidad (“estar a gusto con la familia que forme”). Comparado con otros objetivos vitales, los entrevistados atribuían una media de 5,2 puntos de importancia (sobre una escala de 6 puntos) a la formación de una familia en sus proyectos vitales (5,7 puntos a “estar a gusto con la familia que forme”), sólo unas décimas por debajo de tener buenos amigos (5,7 puntos), poder hacer realidad sus proyectos (5,7) o tener éxito en el trabajo o en la carrera profesional (5,3) y por encima de otros objetivos más materialistas (ganar mucho dinero, 4,4 puntos) o más hedonistas (tener mucho tiempo libre, 4,5). Ahora bien, el proceso de individualización que ha conocido la sociedad española ha hecho perder centralidad a la formación de una familia en los proyectos vitales de las jóvenes generaciones. Y es que ésta tiene que competir en los proyectos vitales de los jóvenes no sólo con la aspiración a tener unas relaciones sociales altamente satisfactorias con amigos y padres, lo que es coherente con el marco de referencia de la fase vital en que se encuentran, sino también con las posibilidades de poder llevar una vida confortable e interesante. La tenencia de una vivienda en propiedad y el haber vivido, viajado y visto mundo concita mayor importancia entre los jóvenes de hoy que el formar una familia e incluso que formar una pareja con la que compartir un proyecto de vida en común. A diferencia de la generación de sus padres y más aún de la de sus abuelos, la realización de un proyecto familiar no es un objetivo vital en cualquier circunstancia, sino que está condicionado para muchos jóvenes de hoy a ocupar primero el lugar que les corresponde en la sociedad de consumo. Desaparecida la presión social para formar una familia y convertido en opción libremente elegida, se hace necesario para la mayoría de jóvenes “haber vivido” antes, esto es, no asumir compromisos a largo plazo y asegurar el bienestar material.

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3.2. La formación de una pareja con vocación de estabilidad en el tiempo Con todo, preguntados los jóvenes sobre cómo ven el tránsito a su vida adulta, los que rechazan el formar en algún momento de su vida una pareja y afirman querer vivir solos como proyecto vital es testimonial (2%). El deseo de iniciar un proyecto de vida en común con vocación de estabilidad en el tiempo sigue siendo así compartido por la inmensa mayoría de los jóvenes, incluso entre los hijos de padres separados o divorciados. El crecimiento constante en el número de hogares unipersonales y en el número de rupturas conyugales no puede considerarse, por tanto, como un indicador de la pérdida de atractivo de la pareja, sino, como señalan entre otros Nave-Herz (1999), Alberdi (1999) y Kaufmann (1993), del hecho de que la vida en pareja se ha hecho más difícil, de que se le exige mucho más a la relación, pero no de que haya perdido atractivo y sentido en la sociedad actual, ni entre las nuevas generaciones. El anhelo de “autodeterminación”, de independencia y de control del propio destino vital, sobre todo por parte de las mujeres que lo reclaman en plano de igualdad con los hombres, no impide el anhelo y el deseo de comprometerse en un proyecto de vida común. La individualización, la aspiración a “vivir la propia vida”, no supone el fin de los vínculos de pareja, sino su redefinición (Beck-Gensheim, 2003), aunque también conlleva la aceptación no estigmatizada de que la no convivencia en pareja es una opción igualmente válida. Ahora bien, aunque la formación de una pareja continúe estando presente en el horizonte vital de las nuevas generaciones, las formas idealmente deseadas de transición desde la familia de orientación hasta la familia de procreación se han modificado profundamente respecto al pasado. El modelo tradicional de emancipación del hogar paterno a través del matrimonio ha sido puesto en cuestión y no sólo ha dejado de ser mayoritario, sino que sólo es visualizado como deseable por una minoría muy pequeña de jóvenes (González Blasco, 2006: 225). Frente a este modelo tradicional no ha surgido un modelo claramente alternativo caracterizado por el rechazo del matrimonio y la afirmación de la unión de hecho como modelo de convivencia preferido. Más que la emergencia de un nuevo modelo alternativo socialmente dominante entre las nuevas generaciones, el cambio que se ha registrado ha sido en dirección a una pluralización en los modelos ideales deseados. Así, aunque el modelo de cohabitación no matrimonial con rechazo expreso del matrimonio encuentra un eco entre una proporción apreciable de jóvenes, no son mayoría los que rechazan el matrimonio. La mayoría de las nuevas generaciones de jóvenes visualizan como más deseable la cohabitación previa

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a un matrimonio posterior como fórmula más deseable para comprobar si la convivencia resulta satisfactoria y se desarrolla conforme a sus aspiraciones. El matrimonio aparece así como una fase posterior en el tránsito desde la familia de origen a la familia de procreación. Ahora bien, una proporción significativa de jóvenes, tanto más cuanto más jóvenes, consideran también como deseable el poder vivir solos antes de iniciar un proyecto de vida en común. Tabla 5. Pensando en el futuro, ¿cómo te imaginas tu vida? Comunidad

Santiago

Noroeste de

de Madrid

de Chile

Alemania

Oeste de Seúl-Corea Polonia

Me gustaría casarme algún día, pero sin convivir antes

8

14

5

43

21

45

25

66

39

7

13

11

11

3

4

2

8

1

1

6

23

40

(*)

(*)

(*)

8

2

12

9

61

Me gustaría casarme, pero antes preferiría vivir juntos sin casarme para probar si funciona o no Me gustaría vivir junto a mi pareja pero sin casarnos Me gustaría vivir solo Me gustaría vivir solo un tiempo y más tarde casarme o vivir en pareja Todavía no lo sé Ya estoy casado Total

1

(**)

6

5

1

100

100

100

100

100

Notas: (*) No se incluyó esta opción. (**) Porcentaje sobre el total de solteros. Fuente: G. Meil, 2008.

3.3. El matrimonio en los proyectos vitales de las nuevas generaciones En las opiniones expresadas por las jóvenes generaciones no se aprecia un cambio sustancial en dirección hacia un creciente rechazo del matrimonio como fórmula confirmatoria del proyecto de vida en común. Junto a la concepción tradicional del matrimonio como “un rito de tránsito” desde la familia de orientación hacia la familia de procreación, ha emergido así una nueva concepción del mismo como “rito de confirmación” (Nave-Herz, 1997) de un proyecto de vida en común ya iniciado y al que se quiere dotar de un nuevo significado.

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Infancia y familia

¿Cuál es este nuevo significado que se asocia con el matrimonio? Por una parte, el matrimonio ha dejado de ser necesario para la formación de una familia y, por otra, también ha dejado de ser considerado como un vínculo que necesariamente debe durar toda la vida, pudiendo ser disuelto como consecuencia de la pérdida del amor que dio fundamento a la unión. En este sentido, el matrimonio es visto idealmente como fundamentado exclusivamente en el amor que une a los miembros de la pareja, y como una prueba del mismo y de la voluntad de compromiso en un proyecto de vida en común. Y así preguntados los entrevistados por las razones que les llevarían a contraer matrimonio en un hipotético futuro, el 89 por ciento de los entrevistados contestaron que el motivo por el que se casarían sería ante todo “por verdadero amor a mi pareja”. El matrimonio es concebido así más en términos expresivos que institucionales, por tanto, de forma privatizada, esto es, como un compromiso privado, aunque públicamente sancionado, entre los miembros de la pareja y no como una forma social impuesta a la que los individuos tienen que adaptarse. Además de la concepción expresiva del matrimonio como manifestación del amor que une a los miembros de la pareja, también éste es percibido como una fórmula válida para ganar seguridad en el proyecto de vida en común por parte de una mayoría de jóvenes, particularmente de los varones. Así, aunque ya no haya una convicción generalizada de que el matrimonio protege el proyecto de vida en común y que contribuye a evitar su fracaso, a pesar de que se acepte el divorcio como fin legítimo de la unión, lo cierto es que la percepción de que el matrimonio contribuye a dar “cierta” seguridad está bastante extendida: dos de cada tres varones y una de cada dos mujeres (62 y 51% respectivamente) consideran que, o bien “el casarse da más seguridad que la pareja sin casarse”, o que “los niños crecen más seguros si sus padres están casados”, o bien ambas cosas. Pero incluso una proporción importante (35%) de quienes en abstracto no asocian matrimonio con seguridad y sí contemplan el matrimonio en su horizonte vital, aducen como motivo para ello, más allá de ser expresión de amor, el sentirse más seguro. El matrimonio aparece así para una mayoría de los jóvenes de ambos sexos que no lo rechazan, no sólo como una manifestación de amor por la pareja, sino también como una forma de búsqueda de garantías para las inversiones que se hacen en el proyecto de vida en común. Y esta búsqueda de seguridad se hace más de una forma implícita que explícita y consciente, pues son relativamente pocos quienes explícitamente señalan como motivos para casarse en un futuro el sentirse más seguros. Esta mayor seguridad no se ve sólo en la regulación legal del proyecto de vida en común, sino también en el compromiso formal que ello

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representa, en el rito como expresión sacralizada (religiosa o profana) que representa el compromiso entre la pareja y la constelación familiar (Segalen, 1998). Es la escenificación del compromiso ante los grupos de referencia, la familia y los amigos, la que dota al matrimonio de un carácter más atemporal, más “seguro”; es el rito el que contribuye a generar el sentido de pertenencia a una nueva realidad supraindividual que es el nosotros “esposos” y que es percibido como cualitativamente distinto del “nosotros pareja”. Aunque, como se ha indicado, el matrimonio no sea visto ni concebido como un compromiso que debe durar necesariamente toda la vida, su atemporalidad implícita manifestada en su concepción como “en principio para toda la vida, salvo que… [fracase, se rompa o cualquier otra expresión similar]”, frente a la temporalidad inherente a la unión de hecho manifestada en su concepción como “el proyecto dura mientras… [dure, nos amemos, nos comprendamos, etc.]”, es la que parece proporcionar la seguridad perseguida para las inversiones que se hacen en el proyecto de vida en común. Con otras formulaciones, el estudio sobre la juventud de la Fundación Santa María abunda en la misma dirección (González Blasco, 2006: 233). Tabla 6. En ese hipotético futuro, ¿por cuál de los siguientes motivos te casarías (o te has casado)? Comunidad

Santiago

Noroeste de

de Madrid

de Chile

Alemania

Oeste de Seúl-Corea Polonia

Porque socialmente se está mejor considerado

4

14

4

7

33

5

11

4

9

6

20

10

17

4

16

Cuando mi pareja o yo quede embarazada Para aprovechar las ventajas económicas del matrimonio Porque es lo que mi familia espera de mí

7

20

5

10

33

40

44

73

34

75

62

32

62

48

6

hacia mi pareja

90

77

90

69

78

No lo sé exactamente

12

4

6

3

–

Otros motivos

34

1

14

6

–

274

213

275

190

247

Por sentirme más seguro/a Porque quiero tener hijos con mi pareja Por verdadero amor

Total (tres respuestas eran posibles) Fuente: G. Meil, 2008.

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3.4. La importancia atribuida a la maternidad y paternidad en los proyectos vitales El deseo de tener niños tampoco ha desaparecido entre las nuevas generaciones, pues sólo un testimonial 3 por ciento declara expresamente no querer tener niños (aunque hay un 12% de indecisos), pero la intensidad de este deseo y la importancia que se atribuye a los niños en el proyecto vital se ha relativizado. Sólo uno de cada cuatro entrevistados declara conceder mucha importancia a tener hijos, aunque el 84 por ciento declara concederle al menos cierta importancia. Esta limitada importancia puede considerarse un reflejo de la cultura del vivir el presente, propia de la sociedad del consumo y de la juventud. No obstante, ya se ha indicado cómo la tenencia de hijos ocupa un lugar preferente pero subordinado en los proyectos vitales de las nuevas generaciones, tanto de los varones como de las mujeres jóvenes, estando condicionado a la acumulación de experiencias vitales diversas (haber “vivido la vida”) y a la acumulación de suficientes medios materiales de vida. Al igual que sucede con la pareja, las exigencias para tener niños también han aumentado sustancialmente en el sentido de una mayor demanda de responsabilidad tanto por parte de la sociedad como por parte de los individuos (Alberdi, 1999). Con la generalización de la planificación familiar, los hijos ya no “vienen”, sino que se “tienen”, en el sentido de que los potenciales padres tienen que decidir el momento vital que consideran más oportuno sopesando sus aspiraciones vitales, las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran y las expectativas de socialización de sus hijos (nivel de vida y educativo que quieren proporcionarles, tiempo que pueden y quieren dedicarles, etc.). Preguntados los encuestados explícitamente por las condiciones que deberían darse para decidirse a tener un hijo, las respuestas dadas por los jóvenes señalan, por un lado, la dimensión de la planificación (“desear tener hijos” —42%— y “el que los dos así lo quieran y lo decidan” —49%—) y, por otra, la dimensión de las condiciones socioeconómicas (“ser económicamente independiente o tener suficientes ingresos” —59%— y “tener un trabajo seguro” —46%—). El número de hijos deseado con más frecuencia es 2 (54%), aunque el ideal de una familia algo más grande (3 hijos) también está relativamente extendido (30%). La familia numerosa, por el contrario, sólo es vista como deseable por una proporción muy pequeña de jóvenes (13%).

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En el contexto de la planificación familiar, las motivaciones declaradas para tener hijos y el significado que se les atribuye en los proyectos vitales y de pareja son primordialmente expresivas, aunque las razones instrumentales no están del todo ausentes. Más allá de los motivos privados o de carácter personal, las razones institucionales carecen prácticamente de relevancia. Así, para casi la totalidad de los entrevistados (89%) el tener hijos supone, ante todo, un enriquecimiento de la vida individual y del proyecto de pareja. Además de este enriquecimiento personal, otras razones frecuentemente aducidas abundan en la idea de que es la forma social “natural” o “normal” de organizar la existencia como individuo adulto en la sociedad, y así casi todos señalan o bien que es “parte natural de la vida” (55%) o porque han “crecido con hermanos y por ello me gusta que haya niños en casa” (44%). Ello no significa, sin embargo, que se asocie necesariamente el matrimonio y por extensión el proyecto de pareja con formación de una familia, pues sólo un 4 por ciento señala como razón posible que “tener hijos es consustancial al matrimonio”. Las aspiraciones a formar una pareja y a tener hijos en el contexto de la planificación familiar se han diferenciado. Las motivaciones para tener hijos ya no son institucionales, sino privadas, como proyecto individual y de pareja. Las respuestas de carácter instrumental son minoritarias, aunque tampoco han desaparecido del todo, y así los que señalan como motivación importante la transmisión del apellido sólo alcanzan al 8 por ciento (aunque en el caso de los varones es un 15%), los que consideran que los hijos son una protección contra la soledad en la vejez alcanzan el 13 por ciento y los que piensan que pueden ayudarles en el futuro cuando necesiten ayuda económica o práctica se elevan al 2 por ciento. En conjunto, un 18 por ciento atribuye alguna motivación instrumental a la tenencia de hijos. A estas motivaciones tradicionales también pueden añadirse quienes consideran que así se dota de mayor estabilidad al proyecto de vida en común al elevar los costes psicológicos y económicos de salida de la unión y que es citado por uno de cada tres entrevistados tanto varones como mujeres (30 y 32%). En conjunto, por tanto, casi la mitad de los entrevistados aducen algún tipo de motivación instrumental, más presente en los varones (45% de los varones y 38% de las mujeres) y entre los jóvenes de clase baja o trabajadora. A pesar de esta generalizada motivación expresiva y la convicción de que los hijos enriquecen la vida de los adultos, éstos ya han dejado de ser considerados por la mayoría de las nuevas generaciones, sobre todo por las mujeres más que por los varones, como vía para lograr la felicidad o la realización personal, tanto de las mujeres como de los varones. Así, preguntados los encuestados por quiénes son más felices, las mujeres o los hombres con hijos o sin hijos, la mitad de los varones y dos de cada tres mujeres respondieron que la felicidad de uno y otro no depende de la tenencia de hijos.

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Tabla 7. Importancia de la tenencia de hijos para la felicidad de una persona Comunidad

Santiago

Noroeste de

de Madrid

de Chile

Alemania

Oeste de Seúl-Corea Polonia

31

47

33

48

46

24

–

29

38

46

Porcentaje que considera que la mujer necesita tener hijos para ser feliz Porcentaje que considera que el hombre necesita tener hijos para ser feliz Fuente: G. Meil, 2008.

4. CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL FUTURO DE LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA: EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS Junto con el análisis de los datos referidos a la evolución de la natalidad, las parejas de hecho, los matrimonios o las rupturas, etc., y a las respuestas de los jóvenes en relación con las expectativas de su vida familiar en los próximos años, en este trabajo se contó con la opinión de diversos expertos que profundizaron en los aspectos más destacados del cambio familiar1. Los discursos de estas personas coincidieron en subrayar las tendencias hacia la posmodernización de la familia española, los cambios en los roles familiares, y los desafíos que ello supone para la familia actual y la de los próximos años (gráfico 8). Gráfico 8. El futuro de la familia desde el punto de vista de los expertos Tendencias hacia la posmodernización familiar Transformación de los roles familiares Desafíos de la familia actual Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

Incrementar la participación del hombre en las tareas domésticas

Dificultades para la formación de la familia

Tener el número de hijos deseados

Integrar las demandas de pluralización familiar

Mejorar la educación de los hijos Mantener la calidad y frecuencia de las relaciones intergeneracionales

Fuente: elaboración propia.

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4.1. Tendencias hacia la posmodernización de la familia La familia española en general y la madrileña en particular se encuentra actualmente inmersa en un conjunto de cambios que afectan tanto a sus estructuras como a la cultura con la que se interpretan. Sin embargo, según la opinión de los expertos, la configuración de la familia del futuro no se observa como una ruptura brusca con respecto a la familia actual (al menos a corto y medio plazo), sino más bien como su extensión o una prolongación de las tendencias de cambio actuales. Su organización futura depende de cómo evolucionen también el resto de instituciones sociales con las que interaccionan. En la actualidad, las sociedades avanzadas se caracterizan por sus rasgos ambivalentes; mostrando por un lado una inclinación hacia un mayor individualismo pero sin perder el sentido comunitario, o hacia una mayor globalización pero teniendo siempre lo local como referencia. En el ámbito de la familia estas dinámicas también pueden observarse en el encuentro de varias tendencias contrapuestas. Por ejemplo, tal y como se ha mostrado anteriormente, el número de rupturas matrimoniales y la inestabilidad de la pareja tienden a aumentar con el paso de los años; sin embargo, y al mismo tiempo, los jóvenes siguen mostrando mayoritariamente su intención de formalizar sus relaciones de pareja, una alta valoración de la familia y de valores como la fidelidad, el amor y el respeto como base de sus relaciones (González Blasco, 2006). Una de las tendencias que está más presente y que ha sido considerada de forma clave por los expertos consultados, ha sido el proceso de individualización de la vida familiar. Dicho proceso se interpreta como una mayor independencia respecto al pasado en la realización de los diferentes roles familiares, y una mayor posibilidad de elección que rompe con la tradicional linealidad de las generaciones precedentes. “Creo que es una de las notas características ahora. Que la gente reflexiona mucho sobre qué quiere y lo que antes venía dado, pues había que casarse y tener hijos para formar una familia, pues ahora ya no viene tan dado, sino que uno se lo plantea: ‘me caso o no me caso, me voy a vivir o no, tengo hijos, no tengo hijos, con alguien, solo’ [...]”. Esta mayor independencia y/o autonomía se espera que continúe en los próximos años y que incluso esté más presente en regiones como la madrileña con un especial dinamismo a nivel económico, social y cultural. Los efectos de este proceso de individualización son múltiples y pueden afectar a todas las esferas de la vida familiar. Algunas de las opiniones recogidas incidían

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incluso en la posibilidad de elegir la propia red familiar a la que pertenecer. Frente a criterios adscriptivos tradicionales caracterizados por la unión biológica, en el futuro pueden tener más importancia los vínculos familiares electivos basados en la amistad “[...] la posibilidad de elegir tú aquellos amigos que quieres como tus auténticos parientes […] es decir, que esos límites entre parentesco y amistad empiezan ya a ser algo más ambiguo y te permite pasar de un lado a otro”. De una forma o de otra el aumento de esta tendencia individualizadora, junto con la mayor libertad y posibilidad de elección, traerá consigo una mayor probabilidad de reestructuración de la vida familiar a lo largo del ciclo vital, debiendo buscar la solidez de estas relaciones en un compromiso particular revisable entre los propios miembros. Derivado de este proceso de individualización, otra tendencia clave de la familia actual es la privatización de los comportamientos. Frente al carácter público que adoptaban las decisiones familiares en el pasado que hacía que estas relaciones estuvieran fuertemente pautadas y controladas por el colectivo, en la actualidad la mayor independencia en el desempeño de los roles flexibiliza también el control social existente sobre los mismos. La forma de organizar la vida familiar depende en mayor medida del “pacto conyugal” que se establezca entre los miembros de la pareja. Curiosamente, este proceso de privatización coincide actualmente con la época en la que más información tenemos sobre lo que ocurre dentro de los hogares, y cuando mayor visibilidad han tenido distintas formas familiares que, aunque minoritarias, siempre han existido. “[...] como es el caso de las madres solteras, que existían, quizá mucho más numerosas que ahora, pero como eran ilegítimas, clandestinas, inscribían los hijos a nombre de la abuela, etc., […] eran esas familias que estaban ahí invisibles y ahora han recibido el derecho a la visibilidad y a la legitimidad”. Un tercer elemento clave señalado por los expertos es la identificación de la familia actual como una unidad principalmente emocional. Si en las sociedades agrarias del pasado, la familia era considerada como una unidad básica de producción, en las sociedades actuales de la información la familia destaca más por su carácter sentimental, subjetivo y emotivo. Según Alberdi (1999) este hecho se debe a varios factores. En primer lugar, a que actualmente se puede elegir entre formar una familia o no, es decir ésta es una decisión “opcional” frente a la “institucionalización” anterior. En segundo lugar, a que las familias actuales no se caracterizan por su forma sino por su finalidad, la cual es principalmente la búsqueda de la felicidad. En tercer lugar, a que crece la tendencia a privilegiar el valor a corto plazo de las relaciones, de tal modo que las parejas valoran la calidad de las relaciones

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afectivas, del sentimiento amoroso, por encima de aspectos más propios del medio y largo plazo, de carácter más racional. Y en cuarto lugar, porque cada vez se tiende más al modelo familiar que da más prioridad a lo inmediato, que implica mayor intensidad afectiva y emocional en las relaciones conyugales y trae como consecuencia una mayor vulnerabilidad de estas mismas relaciones. Curiosamente y a pesar del poder emocional de la familia actual, este hecho no implica una pérdida de su carácter productivo. Según han puesto de manifiesto distintos autores [Pérez Díaz y otros (1998), Leal (2002), Meil (2005), etc.], la familia española y sus relaciones de solidaridad siguen siendo clave en los procesos educativos, de inserción en el merado laboral, de emancipación, de conciliación de la vida laboral y familiar y, sobre todo, en los cuidados ante situaciones de dependencia y en la tercera edad. La combinación de las tendencias hacia la individualización, la privatización de los comportamientos y el mayor poder emocional de la vida familiar, contribuye significativamente a que la familia se convierta en negociadora. “Sigo pensando que las decisiones vitales no se toman como un cálculo, sino que se toman relacionalmente, en contextos muy pautados, algunos mucho más decisivos que otros [...] El criterio de negociación es un elemento nuevo, pues antes en una pareja no se hablaba de esto y ahora es clave”. Según Meil (2006), este carácter negociador de las relaciones familiares puede observarse en distintos comportamientos, por ejemplo, en que las relaciones intergeneracionales están menos jerarquizadas y son más democráticas; en el predominio de unas normas de convivencia menos rígidas, en la mayor autonomía de los hijos y de la pareja, o en las estrategias educativas actuales basadas más en la confianza que en el respeto. La proyección de estas tendencias puede ser interpretada de forma diversa, para algunos expertos es consecuencia de los desarrollos sociales que complejizan y desestructuran la sociedad, aumentando el riesgo de una mayor anomia social y pérdida de referentes estables. Mientras que para otros, estos cambios están motivados por la búsqueda de la identidad en las relaciones entre las nuevas parejas, entre padres e hijos y entre géneros. La nueva dinámica familiar sería la consecuencia de la lucha contra la anomia social buscando adaptarse mejor a las demandas de autonomía e identidad que existen a nivel general.

4.2. Los cambios en los roles familiares La forma en la que mejor se aprecian las tendencias de cambio en la familia actual es analizando el desempeño de los distintos roles familiares y comparándolo con el de generaciones pasadas. En este sentido, los expertos consultados mostraron

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distintas opiniones sobre la transformación que ha experimentado la mujer en la sociedad, las nuevas demandas de cambio que afectan a los hombres (que, aunque lentamente, también van asumiendo), el “nuevo poder” de los hijos y su nueva percepción social, e incluso la “reconstrucción social” del rol de los abuelos con el aumento de la esperanza de vida.

4.2.1. Las transformaciones en el rol femenino La incorporación de las mujeres de forma masiva al trabajo remunerado fuera de casa es uno de los cambios sociales que más han influido en la transformación de las relaciones familiares en España. Este fenómeno ha implicado un cambio no sólo en la tradicional dependencia o sujeción económica de las mujeres respecto al varón (el predomino del modelo de varón sustentador), sino que ha tenido un importante efecto psicológico en relación con sus motivaciones, deseos, metas en la vida, etc. “En las entrevistas que nosotras hemos realizado se observa el cambio que ha acontecido en la mujer, en el sentido de que nos comentaron ‘ahora tengo 46 años y la generación a la que pertenezco ha roto con esos mandatos tradicionales, con esa canalización y ha luchado primero por la autonomía en lo económico, lo psicológico […] y conquistada la autonomía, ha seguido adelante con otros proyectos vitales de emparejamiento, de maternidad y otros [...]’. Son mujeres más autónomas en lo vital, y que se saben competentes psicológicamente”. Esta incorporación de la mujer al ámbito laboral tiene características importantes (Iglesias de Ussel, 2005). El aumento de las tasas de actividad va acompañado de nuevas condiciones de inserción; las mujeres se incorporan con mayor edad que en el pasado y con mayor nivel de estudios, ocupando puestos de más cualificación y categoría. El trabajo femenino se convierte en parte de sus biografías vitales, y en elementos de su propia identidad, lo que en ocasiones hace emerger nuevas tensiones debido a las demandas sociales en la construcción de este rol, pues las mujeres deben demostrar que son competentes en el trabajo fuera de casa y al mismo tiempo no descuidar la maternidad. En este sentido, la mayor novedad actual la constituye no tanto que la mujer trabaje fuera de casa, sino que ahora no salga del mercado laboral cuando se casa o cuando tiene un hijo. El hecho de que la mujer tenga estabilidad laboral es un elemento clave en las estrategias de maternidad de la pareja (Delgado, 2007). Esta mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo se espera que aumente en los próximos años debido a las importantes tasas de actividad de las mujeres de las nuevas generaciones. Sus motivaciones laborales se encuentran influidas

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no sólo por razones de tipo económico (que son fundamentales), sino que muchas lo asocian también con tener independencia, una alta vocación laboral, relacionarse con otras personas o “liberarse de la casa” (Alberdi y Escario, 2003). El trabajo extra doméstico femenino implica una mayor influencia de la mujer en el equilibrio de poderes y a la hora de demandar un incremento de la participación del hombre en las tareas del hogar. Sin embargo, este hecho no significa que disminuyan sistemáticamente las desigualdades de género, tal y como ha subrayado Dema (2006) en relación con las parejas de doble ingreso, existen diferencias significativas en la forma en la que se ejerce el poder dentro de estas parejas relacionadas con los propios ideales igualitarios de las mismas. Desde el punto de vista de la percepción social, el incremento de la participación femenina en el mercado laboral y su difusión entre todas las clases sociales han dado lugar a una depreciación de la mujer que no trabaja fuera de casa y se ocupa solamente de las tareas domésticas. A diferencia de generaciones pasadas, esta opción aparece como no deseable y cada vez se observa con mayor necesidad que la mujer tenga un trabajo remunerado para considerar su vida como completa. Sin embargo, en las familias donde la mujer no trabaja fuera de casa también existen indicios de que se están produciendo transformaciones relacionadas con su mayor autonomía, privacidad e independencia, aunque faltan trabajos específicos que lo confirmen.

4.2.2. Las incertidumbres de la nueva masculinidad El rol masculino también se encuentra actualmente en un proceso de profunda transformación. Tradicionalmente, el varón se ha asociado con la fuerza, la virilidad y la autoridad (Gil Calvo, 1997), sin embargo estos ideales se están modificando siguiendo las tendencias de la posmodernización familiar. A diferencia de la mujer, los cambios en el varón se producen de forma mucho más lenta, moviéndose en unos ámbitos desconocidos y de mayores incertidumbres. Las trayectorias vitales de los hombres pierden la linealidad y seguridad características del pasado (nacimiento, servicio militar, acceso al mercado de trabajo, matrimonio, paternidad y envejecimiento) y hacen que se enfrenten a nuevos escenarios donde tienen que adoptar roles e identidades novedosas, como por ejemplo el rol del hombre cuidador. En este contexto de cambios se encuentran a remolque de la mujer, que le demanda adaptarse a las nuevas situaciones. Por ejemplo, se le sugiere abrirse al mundo de lo sensible y de los afectos dominado por elementos como la belleza, la moda, la imagen o los sentimientos, que tradicionalmente no entraban dentro del ideario masculino. Así como se le exige una mayor participación en el ámbito doméstico,

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tanto en las tareas propias del mantenimiento del hogar como en asumir un rol paternal más comprometido con las labores educativas de los hijos. En este escenario el hombre debe “competir” con la mujer fuera del ámbito doméstico (y donde con mayor frecuencia puede encontrarse a mujeres en niveles superiores al suyo), y al mismo tiempo debe responder a las demandas de mayor implicación con su propia pareja y con sus hijos. El hecho de moverse en el terreno de los afectos (tradicionalmente femenino), el cuestionamiento de su autoridad, o las demandas de un comportamiento más igualitario para el que a veces no ha sido educado, ha dado lugar a que algunos autores consideren actualmente al hombre como el “nuevo sexo débil” (Gil Calvo, 1997). Aunque con diferente intensidad, el rol masculino muestra cada vez mayores signos de este cambio, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Su mayor participación en las tareas domésticas se dirige sobre todo a una mayor implicación en la paternidad (tanto por necesidad como por vocación), apareciendo incluso la figura del “padre intenso” en la que priman los aspectos emocionales y afectivos, prestando gran atención a su hijo y dejando a la madre en un lugar menos preponderante (Alberdi y Escario, 2007). “[...] poco a poco los hombres se están vinculando al cuidado de la infancia, para su suerte [...] lo último que te esperas es que fueran paternales y cuando han tenido un niño la madre se ha ido a trabajar y de pronto han descubierto una vena que ni se sospechaba [...] En el cuidado de los mayores, todavía, yo creo que no. En las tareas domésticas, en algunas, sobre todo en la ejecución […] o sea, lo que es el diseño, tener en la cabeza lo que hay que comer, lo que hay que comprar, si el niño tiene o no tiene zapatos […] eso, todavía no han entrado ahí, pero en lo que es la ejecución de periféricos sí y sobre todo en el cuidado de los hijos”.

4.2.3. Percepción social y poder efectivo de los hijos La posición que han ocupado los niños en la sociedad ha cambiado según los distintos momentos históricos; durante la modernidad se les responsabilizaba muy pronto y se les hacía asumir roles propios de la vida adulta a edades muy tempranas (véase por ejemplo la importancia de la mano de obra infantil en el mundo agrario o al comienzo de la revolución industrial). En las sociedades avanzadas se les considera “sujetos de derechos específicos” y adquieren una mayor presencia pública, motivada sobre todo por los problemas que les afectan: la caída de la natalidad, la pobreza infantil, el fracaso de los sistemas educativos, el cambio en las formas de vida familiar, los flujos migratorios, los problemas de integración social, etc. Paulatinamente han dejado de ser un problema exclusivo de la vida privada para ser un asunto cada vez más público (Rodríguez, 2007).

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Este cambio en la posición de los niños en la esfera pública también ha trascendido al ámbito privado y a su rol como hijos dentro de la familia. Según la opinión general de la sociedad española, los hijos son importantes pero no imprescindibles para una relación de pareja; en el caso de tenerlos, existe un gran consenso en afirmar que necesitan un hogar con un padre y una madre para ser felices (Camarero, 2003). En la actualidad, las estrategias de fecundidad en las parejas posibilitan que los hijos sean más deseados, queridos y planificados que en el pasado. Se accede a la maternidad y/o paternidad relativamente tarde, se tienen menos hijos, y se elige el momento más apropiado para tenerlos; la maternidad se presenta como una forma de realización personal y de la pareja. A los hijos se les considera como agentes activos en la construcción de su propio rol, ganando en autonomía y capacidad de elección a edades cada vez más tempranas. En este sentido, la educación de los hijos adquiere un valor importante para los padres, que deben combinar el trabajo fuera de casa (cada vez más de ambos miembros de la pareja), con las demandas educativas de sus hijos. “Yo creo que los padres sienten un déficit grande, porque están presionados por un lado por la biografía laboral, que es muy exigente y muy precaria, con horarios que no terminan nunca y, por otro, por una importante culpabilización de los padres, que muchas veces se sienten como si hubieran fracasado en ese proyecto vital de criar, no solamente de tenerlos y reproducirse, sino de criar y educar a sus hijos”. Los padres se enfrentan ante el dilema de sobreproteger a sus hijos, que puede dar lugar a que éstos estén excesivamente consentidos y no preparados para asumir responsabilidades, pero por otro lado, también corren el riesgo del aislamiento social y de una socialización deficiente si tienen demasiada autonomía. Para enfrentarse a estos retos, los padres han evolucionado en sus estilos educativos siguiendo las tendencias de la familia negociadora, pasando desde el rol “autoritario” que considera a los hijos demasiado consentidos y acentúan la necesidad de mayor obediencia y disciplina (aunque disminuye, esta figura no desaparece), a los “padres dialogantes”, que tratan de dialogar con sus hijos buscando consensos y acuerdos que tengan en cuenta sus inquietudes, necesidades y demandas (Meil, 2006).

4.2.4. El nuevo rol de los abuelos El alargamiento de la vida característico de las sociedades avanzadas afecta también a las personas mayores y a su vida familiar. Con el aumento de la esperanza de vida, la ruptura de la linealidad del pasado y un contexto de mayores posibilidades, los “nuevos abuelos” adquieren nuevas posibilidades para desempeñar su

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rol. Éste, como es bien sabido, es un rol sobrevenido por sus hijos, lo que puede crear conflictos entre lo esperado por éstos y los deseos individuales de sus padres. Estas personas tendrán una mayor presencia en las sociedades de los próximos años, pero su rol no debe identificarse exclusivamente con la imagen social de los abuelos existente actualmente. Actualmente asisten a una pluralización en sus estilos de vida, se sienten más activos social y económicamente, y con mayores posibilidades de cambiar sus trayectorias vitales. Por ejemplo, el aumento de los años de convivencia dará lugar a que se incremente el número de abuelos divorciados, y a nuevos emparejamientos en la vejez. Entre las funciones sociales que cumplen, los expertos consideran que no se esperan cambios importantes respecto al apoyo en la educación de los hijos, sentimental y económico; aunque el modelo de “abuelas cuidadoras” tienda a modificarse a medio y largo plazo como consecuencia de la incorporación masiva de las jóvenes generaciones de mujeres al mercado de trabajo.

4.3. ¿Cuáles son los desafíos de la familia actual? El impacto de las tendencias posmodernizadoras sobre la vida familiar y su visibilidad a través del desempeño de los distintos roles muestra por un lado los deseos que sigue manteniendo la sociedad española de articular su vida alrededor de la familia y, por otro, los desafíos que deben afrontarse en los próximos años para adaptar los ritmos de vida característicos de las sociedades avanzadas a las nuevas demandas procedentes del ámbito familiar. Los expertos consultados para analizar el futuro de la familia en la Comunidad de Madrid resaltaron desafíos relacionados con la fecundidad, la infancia, la emancipación, la conciliación de la vida familiar y laboral o la política familiar. Uno de los primeros retos que se ha de afrontar hace referencia a la dificultad existente en España para la formación de la familia. Éste ha sido un rasgo característico en la familia española, donde han existido históricamente unos altos índices de soltería definitiva. Sin embargo, es una de las mayores demandas de muchos jóvenes que quieren acceder a la vida matrimonial y/o en pareja, y que por causas estructurales y/o culturales no pueden hacerlo. Representan lo que Gil Calvo denomina como “familias fallidas” (Quieres y no puedes) y suponen un freno importante para el acceso a la vida adulta y a la asunción de responsabilidades. “El retraso en la emancipación familiar trae consigo un retraso y una falta de hábito para responsabilizarse, factor clave para montar su propia ‘empresa familiar’”. Aunque esta dificultad en la constitución de la familia afecta principalmente a los jóvenes, éstos no son los únicos, pues en España existe una escasa formalización de

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segundas uniones en comparación con la media europea. Una mayor libertad para las separaciones y los divorcios debería venir acompañada también de una mayor facilidad para los nuevos emparejamientos. Nuevamente en este caso existen importantes barreras culturales (“existe poca tolerancia ante el volverse a enamorar”) y estructurales, sobre todo la vinculada a la adquisición de la vivienda en propiedad (“la importancia estructural de la vivienda como ‘lujo latino’ que impide que las parejas rotas se separen y que las nuevas se formen”). El desafío de tener el número de hijos deseado. Un retraso en la edad de emancipación suele traer consigo un aplazamiento en el acceso a la maternidad y una reducción del número final de la descendencia. Aunque el número de hijos fuera del matrimonio sigue aumentando en España (26,6% en 2006) y éste es un elemento que cada vez tiene una mayor importancia (Castro, 2007), en la sociedad española sigue prevaleciendo como deseable la “norma cultural” de tener los hijos dentro del matrimonio. La dificultad para el emparejamiento y emancipación entre los jóvenes repercute por tanto en la fecundidad, y tiene como resultado un aumento del número de parejas sin hijos o con uno solo. Los deseos en cuanto al número de hijos no se corresponden con el número final de su descendencia, dando lugar a una “fecundidad fallida” que frustra los deseos de muchas parejas y al mismo tiempo contribuye al envejecimiento progresivo de la población. En el futuro se deben poner los medios que faciliten que la población madrileña pueda tener el número de hijos deseados. El análisis que realizaron los expertos sobre las causas que dificultan tener hijos conduce a otro de los principales desafíos que debe afrontar la familia madrileña en los próximos años, nos referimos a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Este aspecto se presenta como clave no sólo en relación a la fecundidad, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de las familias. El principal reto en este sentido es proponer una reestructuración general de los horarios que permita compatibilizar el ritmo de vida familiar con el ritmo laboral y facilite a las familias la disponibilidad de mayor tiempo libre para dedicarlo a enriquecer su esfera privada. Este gran pacto necesita de la participación de todos los actores, sobre todo del mundo empresarial, al que hay que reivindicarle una mayor flexibilidad entendida en términos no sólo de mercado sino también de familia. Ésta es una de las principales demandas de las familias sobre todo de aquellas que actualmente se encuentran desbordadas, “estas familias se caracterizan porque existen unos horarios irracionales que no tienen en cuenta la conciliación ni los horarios de la vida laboral, unas madres agotadas por el sobreesfuerzo de todos los días, unos padres que no han cambiado sus patrones laborales […] y niños que no tienen hermanos”.

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Muy vinculado con este aspecto también se encuentra el reto de incrementar la participación del hombre en las tareas domésticas, promoviendo una conciliación más real también en el ámbito privado. El rol del hombre no se puede limitar a ser un mero complemento de apoyo a la mujer cuando ésta se lo demanda “o no le queda más remedio”, sino que tiene que venir desde la convicción igualitaria en la construcción de los nuevos proyectos de vida en pareja. El cambio apunta en esta dirección, aunque el ritmo con el que se produce es menor al deseado. Una mejora en las estrategias de conciliación redundaría en la mejora de la educación de los hijos, que es otro de los retos señalados por los expertos. La mala organización de los ritmos de vida de la familia repercute en ocasiones en un descuido de la educación y atención que requieren los hijos. Precisamente, uno de los aspectos que más demandan las personas sobrecargadas laboralmente es precisamente el poder disponer de más tiempo para dedicarlo a la educación de sus hijos (Schneider y Meil, 2008). “[...] Efectivamente, yo creo que estamos teniendo un problema de socialización deficiente a veces simplemente por falta de los padres que no pueden aparecer y a veces por un modelo poco claro del poco tiempo que voy a estar con mi hijo, cómo voy a orientar ese proceso de socialización”. Otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta la familia madrileña en los próximos años es integrar las demandas de pluralización familiar sin que ello implique una disminución de la calidad de vida de estas familias. Desde el punto de vista de las separaciones y los divorcios, se deben paliar las consecuencias negativas de este proceso en términos de empobrecimiento de la pareja y sobre todo de los niños; éstos deben mantener el contacto con ambos progenitores, también con los padres, jugando un papel clave los procesos de mediación familiar en la gestión de estas rupturas. “Los niños que evolucionan mejor son los niños que también ven a su padre, que tienen con ellos relaciones de convivencia realmente, que no lo ven dos horitas cada dos semanas, sino que no pierden a ninguno de los dos […] éstos son dos de los factores que clarísimamente en todos los estudios y en todos los países salen como factores fundamentales”. En esta línea, se debe también prestar especial atención a las familias monoparentales, teniendo en cuenta sus distintos orígenes (como consecuencia de una ruptura de la pareja, viudedad, o la elección de la maternidad en solitario), así como sus diversas necesidades. El crecimiento de las rupturas matrimoniales aumentará la probabilidad de formación de familias reconstituidas. En la Comunidad de Madrid representan un 4,1 por ciento de familias, y agrupan al 13,2 por ciento de todas las existentes en España (Rivas y otros, 2007: 18). Estas formas familiares se articulan a partir de una amplia variedad de nuevas situaciones que, aunque han existido históricamente, plantean

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diferentes dificultades desde el punto de vista de la gestión pública; por ejemplo, se trata en muchas ocasiones de relaciones familiares que “no tienen nombre” (familias recompuestas, reconstituidas, familias mosaico, puzzle, familias complejas, mixtas o familias sin nombre) o tienen un carácter peyorativo (madrastra, padrastro, etc.), no existe una regulación legal de estos vínculos, ni servicios o personal preparado para intervenir en este tipo de familias. Son familias que tienen que gestionar diferentes universos familiares a la vez, multiplicándose el tipo de relaciones (por ejemplo, niños que tienen ocho abuelos) y diversos lugares de residencia. El reto en relación con este tipo de familias sería una mayor regulación, visibilidad y apoyo. Por último, los expertos también señalaron el desafío que supone para la familia futura el seguir manteniendo la calidad y la frecuencia de las relaciones intergeneracionales. A pesar de los efectos de la individualización sobre la vida familiar en nuestro país, estas redes familiares siguen funcionando como proveedoras de ayuda material y afectiva, así como símbolos en muchos casos, de la calidad de vida (“lo único que nos queda son los vínculos”). A pesar de su “buena salud” estas redes también están cambiando, por lo que en el futuro su mantenimiento dependerá sobre todo de diferentes factores como la reducción del número de personas de la red como consecuencia del descenso de la fecundidad, el aumento de la tasa de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la distancia geográfica entre las generaciones, o el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías de la comunicación en las relaciones sociales. A nivel particular, se coincidió en demandar a los poderes públicos un mayor reconocimiento de la labor que realizan estas redes, considerando estas funciones un asunto público y no exclusivamente privado, así como fomentando una mayor igualdad de género dentro de las mismas.

4.4. ¿Qué medidas se pueden impulsar desde los poderes públicos? Para responder a las demandas actuales de las familias de la Comunidad de Madrid con vistas al año 2025, se pueden poner en marcha una serie de medidas que deben tener en cuenta no sólo a los poderes públicos, principales responsables del bienestar familiar, sino que también deben implicar al sector privado, a las propias familias (no considerándolas como actores pasivos) y a sus asociaciones. Nuestros expertos coincidieron en señalar que la política familiar no debe interpretarse simplemente como una lista de prestaciones o ayudas económicas, sino que más bien debe basarse en una mejor coordinación y planificación de actividades que pongan su énfasis en la familia y sus relaciones. “El error que hay es

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considerar que política familiar es exclusivamente las prestaciones familiares [...] no son ayudas realistas, que no están construidas sobre la base real de las demandas de la familia”. Algunas de las acciones que aparecieron en las sesiones hacían referencia a: 1. Impulsar medidas económicas dirigidas a las familias con hijos a cargo. España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea donde menos se reconocen las cargas familiares, los hijos siguen considerándose un asunto exclusivamente privado, existiendo una importante discriminación entre las familias con dos o más hijos donde sólo trabaja un miembro de la pareja, y aquellas sin hijos donde trabajan los dos. Desde los poderes públicos se debe reconocer la desigualdad existente en este sentido y el riesgo de pobreza que graba la tenencia de hijos. Los instrumentos a impulsar en este sentido deberían ser medidas a partir de subvenciones, mayores desgravaciones fiscales o ayudas directas dirigidas especialmente a las familias numerosas, y familias monoparentales. 2. Desarrollar iniciativas dirigidas a los jóvenes que permitan mayores posibilidades en sus estrategias de emancipación y emparejamiento. Las medidas impulsadas de ayuda a la vivienda no son suficientes y deben ser evaluadas, complementadas y ampliadas con otro tipo de ayudas; por ejemplo, facilitar préstamos a bajo interés, reducir impuestos en la compra de la primera vivienda, o impulsando la construcción de viviendas dirigidas a ellos a bajo coste. En este sentido, la mejor política de ayuda a la juventud debe venir de la mano de su incorporación al mercado de trabajo con mayor seguridad y menos precariedad en los primeros empleos, sobre todo en el caso de la mujer. 3. Medidas que contribuyan a mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional. Se debe debatir sobre cómo se organizan los tiempos familiares para a partir de ahí hacer una política de horarios que permitan a las familias estar tiempo juntas, salir antes del trabajo, tener mayor disponibilidad de servicios a todas horas, etc. En este sentido, se debería impulsar un gran pacto por los horarios que contribuyera a una mayor racionalización en el uso del tiempo; campañas que propiciaran el aumento del reconocimiento social y económico del trabajo a tiempo parcial; el desarrollo de iniciativas como el banco de horas, la flexibilidad laboral o el trabajo en casa, siempre que éstas favorezcan especialmente a la familia y a su organización; la ampliación y mejora tanto de servicios escolares o de guarderías como de centros de mayores; o la liberación de horarios de centros públicos y privados.

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4. Mejorar e impulsar el uso de los permisos parentales. A pesar de que la existencia de éstos es una medida que tiene una tradición bastante dilatada en las relaciones entre el mercado de trabajo y la familia, su uso social es bastante limitado. En general los usos de larga duración son menos frecuentes que los permisos cortos, y las excedencias mucho menos que las reducciones de jornada. Las razones deben buscarse sobre todo en las características de los propios permisos (sobre todo económicas) y en las actitudes de las empresas hacia quien los coge. Desde los poderes públicos se pueden desarrollar diversas iniciativas que permitan mejorar las condiciones de los mismos e impulsar su uso; por ejemplo, se pueden realizar campañas de difusión y concienciación entre las empresas que subrayen los beneficios relacionados con esta práctica, así como cursos de organización dirigidos a cuadros intermedios para gestionar estas bajas; al mismo tiempo se deben impulsar campañas informativas entre los propios trabajadores para que conozcan las ventajas de su uso (por ejemplo una guía), y promover el acogimiento de los mismos por parte de varones y altos cargos. 5. Medidas para mejorar la igualdad entre géneros y la lucha contra la discriminación. Ésta es una de las principales reivindicaciones de familias y asociaciones, y para su cumplimiento se debe trabajar en el ámbito público a través de regulaciones que promuevan la igualdad en todos los ámbitos, y en el ámbito privado, contribuyendo a un cambio cultural hacia una mayor igualdad en el trabajo doméstico y en los cuidados familiares. Los expertos consultados coincidieron en afirmar que deberían existir dos líneas preferentes de actuación: una referida a la educación en igualdad de niños y niñas desde la infancia, luchando contra estereotipos culturales; y otra centrada en poner énfasis en la educación en igualdad entre el colectivo de inmigrantes tanto de los niños como de los padres. 6. Medidas para mejorar la educación de los hijos y las relaciones entre familia y escuela. Distintos indicadores muestran la necesidad de una mayor dedicación de los padres y madres a la labor educativa de los hijos, además se ser ésta una de las demandas más señalada por los mismos. Desde la Comunidad de Madrid éste es un tema en el que se viene trabajando en los últimos años, pero que requiere de una mayor atención y originalidad. Entre las iniciativas que se pueden llevar a cabo, se sugirió el desarrollo de las escuelas de padres indicadas para orientar a los progenitores en las labores educativas y asesorarles ante dificultades en la socialización de sus hijos, flexibilidad en los permisos laborales para que los padres pudieran implicarse más en la vida escolar (sobre todo en los primeros años), o impulsar la figura de los profesores de servicio técnico a la comunidad, encargados de

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mediar entre los padres, los profesionales de la educación y los servicios sociales existentes en el entorno, estas personas conocen mejor que nadie las dificultades con las que actualmente se encuentran muchas familias y pueden contribuir a su ayuda. 7. Impulsar iniciativas para desarrollar el sector asociativo familiar. La nueva configuración de la sociedad y los sistemas de bienestar hacen necesario que el Estado reconozca a las asociaciones familiares como interlocutores privilegiados a la hora de articular políticas sociales (Ayuso, 2007). Este estatus deben alcanzarlo sobre todo aquellas asociaciones más especializadas en prestar servicios a las familias. Desde los poderes públicos se pueden impulsar diferentes medidas encaminadas a proteger las peculiaridades de este tipo de asociacionismo y contribuir a su desarrollo y expansión. Por ejemplo, se puede estructurar un sistema de representación que permita a los poderes públicos conocer las demandas, necesidades y problemas de las familias a través de sus representantes, así como establecer ámbitos de actuación específicos dentro de los diversos planes de servicios sociales (autonómico y local) que contemplen actividades que puedan ser realizadas por estas asociaciones, por ejemplo en programas de ayuda a domicilio, apoyo a familias con niños de cero a tres años, servicios de integración de la infancia, realización de programas de formación e información con jóvenes, escuela de padres, gestión de bancos de tiempo, mediadores escolares entre familias y profesores, apoyos a familiares de dependientes, etc. 8. Medidas dirigidas a paliar los efectos del divorcio y la ruptura matrimonial. Los efectos de la ruptura matrimonial pueden tener importantes repercusiones en la calidad de vida de las familias, ante la previsión de su aumento en los próximos años se pueden impulsar algunas iniciativas, por ejemplo garantizar los recursos económicos de estas familias (sobre todo a las más necesitadas), a través de un fondo público que asegure el pago de las pensiones, tanto la alimenticia (cuando hay hijos) como la compensatoria; desarrollar los servicios de mediación familiar que permitan la mejoría en la gestión de las rupturas sin que éstas perjudiquen demasiado a los hijos. En este sentido, se deben regular y profesionalizar más estos servicios, así como aumentar su número y el de otros como los de asesoramiento familiar o los puntos de encuentro. En este ámbito también se debe regular a favor del mantenimiento de las relaciones familiares de los hijos de padres divorciados con sus abuelos, tanto maternos como sobre todo paternos. 9. Medidas dirigidas a la integración de las diferentes formas familiares reconstituidas. Su presencia se prevé mayor en los próximos años, por ello es necesario realizar iniciativas que tengan en cuenta sus demandas y necesidades.

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El grupo de expertos coincidió en afirmar la necesidad de una ampliación de la definición legal y social de la familia. Dentro de esta sugerencia, destacan diversas propuestas entre las cuales nos encontramos el desarrollo gubernamental de campañas de visualización-normalización de este tipo de familias, así como la promoción de programas educativos que amplíen el concepto tradicional de familia y ayuden a superar los estereotipos clásicos asociados a ésta. A nivel institucional se sugiere aumentar la tipificación legal de los diferentes tipos de familia y revisar los conceptos que se usan en los documentos y convocatorias oficiales. 10. Medidas para promocionar la sociabilidad intergeneracional. La situación y calidad de estas relaciones es clave para el mantenimiento de la calidad de vida. Desde los poderes públicos se deben impulsar iniciativas que permitan la convivencia intergeneracional entre padres e hijos, hermanos, hijos y abuelos etc. Las medidas deben tener en cuenta desde la distancia residencial, la organización de actividades conjuntas, hasta los propios diseños urbanísticos. Una de las iniciativas demandas por los expertos consistía precisamente en promover modelos residenciales que tuvieran en cuenta las demandas de sociabilidad actual, tanto de las familias como de las comunidades locales. “Tenemos que pensar en construcciones urbanísticas que favorezcan que la gente se encuentre, que los niños jueguen en la calle y que padres e hijos coincidan”.

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NOTA 1

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Los autores agradecen muy especialmente la participación en estas sesiones de los profesores e investigadores: Enrique Gil Calvo, Iván Rodríguez, Mª del Mar González, Isabel Madruga, Ana María Rivas, Paloma Martín, Margarita Delgado, Rosario Sánchez y Maria Isabel Jociles.

Mayores y envejecimiento Jaime Martín Moreno (coord.), Juan Mª González-Anleo Sánchez, Juan Antonio Márquez García, Iñaki de Miguel García, Salvador Perelló Oliver, Mª José Rodríguez Jaume

1. INTRODUCCIÓN El reto más importante que en un futuro muy próximo tendrán que afrontar las sociedades avanzadas en general, y la Comunidad de Madrid con la vista puesta en 2025 en particular, tendrá que ver con la gestión de su proceso de envejecimiento. Desarrollo y riqueza parecen ir asociados a incremento de esperanza de vida, a baja natalidad y a un progresivo envejecimiento de la estructura poblacional. Este escenario demográfico plantea enormes incertidumbres que es necesario, a nuestro juicio, relativizar. El envejecimiento, como construcción social, es un fenómeno tradicionalmente jalonado de elementos negativos. A él se asocia de forma casi automática un contexto social caracterizado por baja productividad, la baja capacidad de adaptación, la insostenibilidad fiscal del modelo europeo-occidental de estado de bienestar, etc. El proceso de envejecimiento, por tanto, se identifica con una especie de patología esclerótica que inmoviliza e incapacita para la adaptación y el cambio. Desgraciadamente esta percepción social del envejecimiento está sentando las bases para retroalimentar esa larga lista de hipótesis negativas que, por repetidas y asumidas, corren el riesgo de que se acaben haciendo realidad. De ser así, de no intervenir, serán innumerables las contradicciones que podría llegar a vivir una sociedad que rechaza su propia realidad demográfica y que la niega hasta extremos depresivos. Y es que llegar a envejecer, se mire como se mire, es siempre un éxito y nunca un fracaso. Pero no sólo debe ser un éxito en términos de esperanza de vida, sino

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también de vida. Es necesario sustituir el tradicional concepto de viejo, por el de mayor; la sociedad de viejos por una sociedad de mayores no sólo con esperanza de vida saludable, sino integral y productiva. Los viejos o los ancianos cuentan con cierta experiencia de vida y demuestran su autoridad de conocimiento y poder sobre los que todavía no han alcanzado esa frontera. No se trata de un límite de edad fijo sino de un convenio socialmente aceptado donde se reconoce a los viejos. No existe una clara hegemonía entre los que son viejos y los que se sienten orgullosos de serlo. El sentimiento de vejez lo percibe cualquier persona con independencia de su edad. Se podría deducir una definición sociológica de la vejez: vieja es toda persona que tiene al menos diez años más que uno mismo. Lo cual nos ilustra sobre lo que podría ser un sentimiento común sobre la vejez pero no nos delimita el campo de trabajo. La reflexión en torno al envejecimiento demográfico en un escenario en el que un tercio de la población europea será vieja en 2050 exige dejar de lado la imagen de la vejez como un problema y patología social para ser abordado desde las múltiples dimensiones que le dan contenido y significado. Con frecuencia se suele vincular el envejecimiento biológico con el demográfico. El envejecimiento biológico se relaciona con el incremento de la esperanza de vida en las poblaciones y el demográfico con el aumento relativo de la población de edad sobre el conjunto de la población. Confundir vejez individual y vejez poblacional propicia que al envejecimiento demográfico se le atribuyan y se le identifiquen connotaciones del envejecimiento biológico. Es frecuente que el aumento de la edad media de las poblaciones se vincule, erróneamente, con procesos de decadencia y “senectud” o “senilidad” social. Es necesario, por tanto, avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del envejecimiento para conseguir la consolidación de una construcción social emergente, la sociedad de mayores, pero de mayores que aportan valor en todos los ámbitos en una sociedad para todas las edades. En las páginas que siguen vamos a apoyar, a sostener esta idea a través del análisis de lo que se entiende por envejecimiento. Lo haremos tambien confrontando la legitimación de la jubilación anticipada frente a la retardada, describiendo la manera de envejecer en las áreas urbanas más desarrolladas europeas, generando ideas para la construcción de un sistema de indicadores cualitativos sobre el envejecimiento y, por último, anticipando, con un epílogo para madrileños mayores en el 2025, las consecuencias políticas, económicas y sociales que estarán presentes

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alrededor de ese año en la Comunidad de Madrid como consecuencia del envejecimiento.

2. QUÉ ES EL ENVEJECIMIENTO El envejecimiento demográfico apunta, en sentido genérico, al incremento proporcional de personas viejas en la estructura y/o composición por edad. La población mayor gana peso como consecuencia de la doble tendencia del descenso de la fecundidad —que propicia la disminución del grupo de niños y jóvenes—, y del descenso de la mortalidad, —que junto con el incremento de la esperanza de vida, motiva que cada vez sean más los que llegan a la vejez—. Ambos efectos se denominan, respectivamente, “envejecimiento desde abajo” y “envejecimiento desde arriba”1 y pueden actuar de forma simultánea, o bien secuencialmente. El porcentaje de población vieja en el mundo en el año 2000 era del 6,9 por ciento mientras que en Europa era del 14,3 por ciento. Se estima que en el año 2050 el 16,1 por ciento de la población mundial será vieja alcanzando al 27,6 por ciento de los europeos2. El periodo en el que Europa vive su incremento más notable de personas mayores se sitúa entre 1920 y 19503. En España el ritmo de crecimiento de los mayores ha superado, a lo largo del siglo XX e incluso en los años del baby boom, no sólo al del conjunto de la población, sino también al de los adultos y, en concreto, al de los jóvenes4. Crece la preocupación en relación con la financiación del envejecimiento (distribución de los recursos económicos que aseguran el bienestar de la población mayor ya sea de forma directa —pensiones— o indirecta —servicios asistenciales y sanitarios—) y ha alimentado el debate demográfico-ocupacional en Europa. Naciones Unidas (2000) cuantificó cuál sería el volumen de población necesario para contrarrestar las tendencias demográficas actuales que conducen al declive de la población y a su envejecimiento. El informe de Naciones Unidas popularizó el concepto de inmigración de sustitución ya formulado y dimensionado en el ámbito de la demografía a través de los trabajos de Ron Lesthaeghe y sus colaboradores5. Con él se pretendía demostrar que la inmigración no era una solución realista a los problemas demográficos derivados de un cambio en la estructura demográfica y, en particular, no podría paliar los efectos del envejecimiento sobre la relación entre capacidad productiva y necesidades de la población. Así pues, se llegó al reconocimiento de que el envejecimiento demográfico en los países que culminan su transición demográfica es no sólo ineludible sino que se acentuará

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en los próximos años cuando lleguen a la edad de la jubilación las generaciones más voluminosas de la historia demográfica: las generaciones procedentes del baby boom. La reflexión en torno al envejecimiento demográfico en un escenario en el que un tercio de la población europea será vieja en el 2050 exige dejar de lado la imagen de la vejez como un problema y patología social para ser abordado desde las múltiples dimensiones que le dan contenido y significado. La consolidación de nuevas perspectivas teóricas en la vejez, en las que se cuestiona el enfoque funcionalista dominante en las décadas de los años cincuenta y sesenta y en las que se atiende tanto al marco individual de la historia personal como al marco más amplio de su interrelación con los distintos procesos económicos y políticos6, ha contribuido a este propósito. La transformación de la composición por edad arrastra, obviamente, un cambio en su estructura, pero también alcanza a todas y cada una de las facetas de la vida individual, familiar y social que se vinculan con aquélla. El envejecimiento demográfico es, en sentido estricto, un cambio en las estructuras por edad, pero es también un proceso social al alcanzar a las dimensiones laborales, económicas, sanitarias o asistenciales y a la forma de vivir y relacionarse de este colectivo. Resulta imprescindible abordar el proceso secular del envejecimiento en relación a su contexto social porque si la población es el vehículo de la sociedad, el análisis de uno de los dos ámbitos pasa, ineludiblemente, por la comprensión del otro7. Desde esta óptica, el envejecimiento demográfico debiera contemplar e interrelacionar en su definición criterios demográficos (edad cronológica) y criterios sociológicos (edad social). Una revisión a la literatura especializada nos advierte de la movilidad semántica y ambigüedad terminológica que acompaña al estudio y análisis del envejecimiento demográfico. En las líneas que siguen se aborda el concepto del envejecimiento demográfico, junto con otros afines, desde las distintas dimensiones que conforman el contexto social. Sólo a partir de ellas se podrán diseñar y articular políticas y medidas tendentes a mejorar las condiciones y calidad de vida de un grupo de población en aumento. Es en 1946 cuando se alude, por vez primera, al término envejecimiento demográfico en un artículo anónimo publicado en el primer número de Population8. El término se nutre, de un lado, de la doctrina poblacionista y, de otro, de la concepción organicista de las poblaciones. El incremento de población de edad es visto, a la luz de estas dos corrientes, como síntoma de decadencia y extinción de la población que sólo sería contrarrestado con la implementación de políticas

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natalistas. No deja de ser éste un bautismo tardío, pues en 1907 el demógrafo neerlandés H. Westergaard9 ya había anticipado el efecto del incremento de la esperanza de vida en la estructura de la población. El término envejecimiento demográfico no deja de ser una alusión metafórica del proceso porque no son las poblaciones las que envejecen sino las personas10. Esta confusión semántica nos remite a la necesidad de delimitar dos conceptos que con frecuencia aparecen estrechamente relacionados: el envejecimiento demográfico y el envejecimiento biológico. Con frecuencia se suele vincular el envejecimiento biológico con el demográfico. El envejecimiento demográfico no alude a un proceso biológico (envejecimiento individual) sino a un proceso de transformación en las estructuras por edad11, en la que la población mayor gana protagonismo en detrimento de la población joven. El envejecimiento biológico se relaciona con el incremento de la esperanza de vida en las poblaciones; y el envejecimiento demográfico con el incremento de la población de edad sobre el conjunto de la población. Esta confusión entre vejez individual y vejez poblacional propicia que al envejecimiento demográfico se le atribuyan y se le identifiquen connotaciones del envejecimiento biológico. Es frecuente que el aumento de la edad media de las poblaciones se vincule, erróneamente, con procesos de decadencia y “senectud” o “senilidad” social12. Atendiendo a la dimensión temporal, el envejecimiento demográfico puede ser contemplado como proceso (“geridad”) o en su estado (“gerescencia”). Como proceso analiza diacrónicamente el aumento de la proporción de ancianos a lo largo de tiempo, En su estado mide sincrónicamente el nivel alcanzado por la proporción de población de edad en una fecha determinada13. Una de las cuestiones vinculadas con el envejecimiento demográfico que todavía hoy permanece confusa, no resuelta y poco abordada por los expertos es determinar qué volumen de población de edad se tiene que alcanzar para considerar que una población está envejecida. Un criterio clásico establece que una población está envejecida cuando el porcentaje de personas mayores supera el 10 por ciento14. Otro criterio establece que una población está envejecida cuando esta proporción es más del doble de la media mundial15. A partir de este valor teórico, y considerando que el porcentaje de población vieja en el mundo en el año 2000 era del 6,9 por ciento, y la estimación para el 2050 es de 16,1 por ciento16, España,

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Europa y, en general, los países desarrollados eran ya sociedades envejecidas a principios de siglo XX pero sólo lo será España en el ecuador de la centuria (se estima que el porcentaje de población vieja en el 2050 en los países desarrollados sea de 25,9% y en Europa sea de 27,6%). Sea cual fuere el grado de envejecimiento demográfico que alcanzan las poblaciones, lo cierto es que los países europeos han visto cómo surge un nuevo fenómeno social: el de la vejez. El envejecimiento demográfico, definido como el incremento de población mayor, delimita y aparece estrechamente vinculado a un subgrupo demográfico específico. La terminología con la que se designa a este grupo no queda exenta de ambigüedad. La prolongación de la vida ha permitido que en aquellos países en los que se disfruta de elevadas esperanzas de vida al nacer convivan seis grupos de edad comúnmente identificados con: niños, jóvenes, maduros, talludos, viejos y ancianos17. Más habitual es la distinción de la estructura por edad en tres grupos: primera, segunda y tercera edad. Esta triple clasificación pierde vistosidad académica pero gana en síntesis: la primera edad estaría formada por niños y jóvenes; la segunda edad por maduros y talludos; y la tercera edad por viejos y ancianos. Esta clasificación, en la que se ordena a la población demográficamente en tres subgrupos, es la más utilizada por su sencillez pero también por su clara y fácil aplicación en el cálculo de uno de los indicadores que intenta medir la relación entre estructura demográfica y potencial económico. Efectivamente, el índice de dependencia mide el peso de la población dependiente económicamente (primera y tercera edad) en relación con la población económicamente activa (segunda edad). Se ha apuntado que una de las ventajas de esta triple clasificación de la población según los tres grupos de edad es su sencillez operativa. Sin embargo, con ella se pierde riqueza analítica al homogenizar realidades muy complejas. Con el término “cuarta edad” se alude a la cada vez mayor presencia de población octogenaria en la estructura demográfica de las sociedades. De este modo, dentro de los viejos (tercera edad) se diferencia a los ancianos (cuarta edad) pues sus características, necesidades y demandas difieren considerablemente. Con esta doble distinción en el último de los grupos demográficos se subraya que realmente el envejecimiento demográfico no empieza a los 65 años sino a los 75 años pues es a partir de esta edad en donde se concentran el 98 por ciento de las enfermedades degenerativas y, en consecuencia, el gasto médico y sanitario. En la literatura especializada no sólo no encontramos consenso terminológico en la clasificación de la población por edad sino que, además, ésta viene acompañada

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con una multitud de términos alusivos a este último grupo de edad. Así pues, es frecuente referirse a este grupo con los calificativos de viejos y ancianos, pero también con los de personas mayores envejecidas, adultos mayores de edad, senescentes, abuelos, abuelas, gerentones, etc. Pese a que en España el término “viejos y viejas” cuenta con mayor tradición cultural, éste viene siendo reemplazado, desde los organismos oficiales, por el de “personas mayores”. Se busca, con ello, homogeneizar y unificar la terminología en el ámbito internacional pero, sobretodo, generar eufemismos para evitar la connotación peyorativa que figura que va implícita en “lo viejo” o “lo anciano”. Sea cual fuere el término con el que se haga referencia al colectivo de personas que permiten hablar del envejecimiento demográfico, todos ellos designan al grupo de población que se sitúa por encima de una edad. Ahora bien, ¿a partir de qué edad o duración de la vida se contabiliza el envejecimiento demográfico? Uno de los aspectos que más se ha debatido y que menos consenso aglutina es el que nos remite al umbral de edad a partir del cual una población está envejecida. La Real Academia Española (RAE) define el “envejecimiento” como la acción de envejecer. En su primera acepción “envejecer” se define como hacer viejo a alguien o algo y, también en sus primera acepción, “viejo” se presenta como un adjetivo que se aplica a la persona de edad. La definición añade que “comúnmente” puede entenderse que es vieja la persona que cumple setenta años. No deja de ser sorprendente que los setenta años también fuera el límite de edad que el Diccionario de Autoridades del siglo XVIII tomaba para delimitar a la población vieja18. El umbral que perfila la RAE, 70 años, contempla la edad en términos fisiológicos y funcionales. Sin embargo, éstos no han sido los criterios que han prevalecido en la concreción del individuo como viejo, del grupo de personas mayores y del envejecimiento demográfico. El criterio que se ha impuesto para definir a las personas viejas es el económico-laboral. Desde esta óptica, y dado que la edad de la jubilación se establece en la mayoría de los países europeos en torno a los 65 años, una persona será clasificada como vieja al alcanzar este aniversario. Ésta es la definición asumida por los órganos políticos y administrativos del Estado, quienes aun reconociendo que el umbral es arbitrario, ratifican la edad de 65 años para designar estadísticamente a una persona como mayor, de edad, o vieja ya que ésta es la edad “generalmente” aceptada19. Dado que es sobre los mayores de 70 años donde se concentran la práctica totalidad de las enfermedades degenerativas, el 65 aniversario no significa el ser “antiguo o del

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tiempo pasado”, ni que se es “deslucido, estropeado por el uso”120; los 65 años delimitan, sencillamente, la condición de actividad o dependencia económica entre la población. Interesa, pues, determinar si realmente con envejecimiento se está evaluando un fenómeno sociodemográfico o un “problema” demográficopolítico cuya raíz deviene de la contradicción existente entre un sistema de pensiones diseñado en, y para, otra coyuntura y la vigente estructura demográfica. Si bien el criterio de la edad cronológica es el más aceptado (establece que a partir de los 65 años se es viejo), está también sometido a constantes vaivenes. En España a partir de la generalización en las dos últimas décadas del siglo pasado de los procesos de prejubilación forzosa se ha adelantado la jubilación a los 55 años y, en determinados casos, la jubilación efectiva se ha dado a los 50; se ha ampliado el derecho de jubilación anticipada a los 64, 61 y 60 años; se han aprobado medidas que fomentan la continuidad en la actividad laboral más allá de los 65 años; se estimula la jubilación parcial; y se aplica el criterio de los 60 años para acceder a determinados programas o centros de servicios socioculturales21. Esta compleja casuística anticipa la excesiva homogeneidad que deriva de contemplar y operacionalizar a los viejos, al grupo de mayores, y al envejecimiento demográfico a partir de los 65 años. Con la aplicación del criterio de edad cronológica se alcanza a dar contenido a un concepto, “envejecimiento”, pero poco se aporta sobre su significado. En el estudio demográfico del envejecimiento ha prevalecido la descripción del grupo de personas mayores y de su situación política, social y económica a partir de la edad alcanzada —efecto edad— por los miembros de una población. El grupo de personas mayores se viene definiendo a partir de un corte transversal de la estructura demográfica homogeneizando un grupo que a medida que viven más años es cada vez más heterogéneo. La referencia de la edad no es equivalente para todas las personas, pues no todos transitan de la misma manera por la experiencia de la vejez; ni la inactividad tiene las mismas consecuencias en unas profesiones y otras; ni es lo mismo ser vieja que viejo; ni la viven de igual manera los que perciben algún tipo de pensión que carecer de ella; los que se encuentran solos de los que viven acompañados; los que viven en familia o en centros especializados; los que tienen una elevada formación de los analfabetos; los que tienen buena salud de los que no; y los que sienten dependencia de los que disfrutan de autonomía personal. Se ha obviado que el estudio del envejecimiento demográfico, ya sea como proceso o en su estado,

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exige contemplar las características, situación, contexto y comportamientos de las personas mayores a partir del conjunto de cohortes o generaciones —efecto cohorte/generación22— de pertenencia de los individuos, máxime en un contexto de cada vez mayor longevidad. Es preciso atender a la heterogeneidad de este grupo de edad contemplándolo desde las diferencias que se aprecian entre generaciones según clase social, género, raza, nivel formativo, grado de actividad y dependencia23. Tratemos ahora de diferenciar la edad cronológica de la edad personal y ésta, a su vez, de la edad interpersonal. La edad personal, con la que cada uno de nosotros nos sentimos, difiere de la edad cronológica, años cumplidos (normalmente nos sentimos más jóvenes de lo que realmente somos) pero, a su vez, la edad cronológica y la personal difiere de la edad interpersonal o estatus de edad, esto es, la edad con la que nos percibe e identifica la sociedad24. La edad interpersonal se nutre de los estereotipos definidos socialmente. La imagen que la sociedad tiene de los viejos, de la vejez como fenómeno social, y del envejecimiento como proceso y estado demográfico, juega un importante papel. A partir de esta imagen se está construyendo una realidad nueva sin modelos que tomar como referencia. Desde la perspectiva del cambio social, la delimitación del grupo de viejos a partir de los 65 años y, en consecuencia, el estudio del envejecimiento demográfico a partir del incremento de este grupo de edad, pierde relevancia y capacidad interpretativa. En un contexto de capitalismo tardío posmoderno —o segundo modernidad—, y en relación con la estructura, el modelo de división de clases ya no se basa en la producción (el sueldo, la ocupación o la clase) sino en el consumo (estilo de vida)25. Desde esta óptica, las distintas formas de consumo permiten identificar no a “clases”, sino a “grupos de estatus” que, a su vez, representan “estilos de vida”26 particulares. La sociedad del consumo pone en valor al grupo de viejos porque estando excluidos de la actividad productiva tienen mayor poder adquisitivo que antaño y sólo participarán del consumo. De todas formas, para la población vieja el consumo no es sólo su medio sino que se convierte en la senda desde la que expresar y forjar una identidad. Si bien la juventud fue la edad privilegiada del siglo XVIII, la infancia la del XIX y la adolescencia la del XX27, la revolución biográfica del siglo XXI viene de la mano de la vejez28. Los viejos, en un contexto carente de modelos de referencia, reinventan una nueva vejez y diseñan su rol a través de los patrones de consumo pues es a partir de ellos como se construye su identidad.

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3. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA FRENTE A LA JUBILACIÓN RETARDADA

Una de las políticas sociales y laborales más difíciles de adoptar por los poderes públicos, en una situación de crisis económica como la que vivimos, hace referencia a las decisiones sobre si prejubilar o posjubilar a la población activa. El problema de envejecimiento que vive España ha generado un debate sobre las consecuencias que dicho proceso puede tener en relación con si se podrán garantizar las pensiones de generaciones futuras de seguir la tendencia actual. ¿Estaríamos desperdiciando un valioso capital humano de jubilar a mayores con gran capacidad activa o estaríamos dejando paso a las nuevas generaciones si lo hacemos? Y es que, según las proyecciones de Naciones Unidas (tabla 1), en el año 2020 el 19,2 por ciento de la población de España tendrá 65 o más años. En el 2050 será de algo más del 34 por ciento, con lo que se convertirá en una de las poblaciones más envejecidas del planeta. Tabla 1. Evolución relativa de la población de 65 años y más sobre la población total (%) Zona geográfica

2005

2020

2050

Población mundial

7,4

9,4

16,1

África

3,4

3,9

6,7

Asia

6,4

8,9

17,5

Europa

15,9

19,1

27,6

Europa del Este

14,2

16,6

26,1

Europa del Norte

15,8

19,0

23,9

Europa del Sur

17,5

21,0

32,5

Europa Occidental

17,4

21,3

27,7

España

16,5

19,2

34,1

Latinoamérica y Caribe

6,1

8,7

18,4

Norteamérica

12,4

16,1

21,1

Oceanía

10,0

13,4

19,3

Fuente: elaboración propia con datos de United Nations Population Division´s World Population. Prospect: 2004 Revision Population Database.

Los datos (tabla 1) siembran muchas dudas sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones en España y en otros muchos países europeos. El número de pensiones ascendería en el año 2040 a un total de 12.554.251, casi cinco

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millones más de las abonadas en 200229. Este aumento del volumen de pensionistas supone un incremento del gasto muy importante. Algunas proyecciones realizadas sobre el gasto en pensiones contributivas de jubilación apuntan a subidas que pueden variar desde 2,4 a 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2040 (tabla 2). Tabla 2. Pensiones contributivas de jubilación: previsiones del gasto en pensiones en el año 2040 según diferentes estudios Estudio

Gasto en pensiones (% PIB) Situación de partida año 2001

Balmaseda y Tello Jimeno

5,6

Ministerio de Trabajo

2040

Incremento

8,0

+2,4

9,1

+3,5

9,1

+3,5

Fuente: Conde-Ruiz y Alonso Meseguer, 2004.

Hay un consenso notable entre los economistas con respecto a que el aumento previsto del gasto exigirá emprender reformas y que éstas serán más efectivas en la medida en que se anticipen en el tiempo, implantándose cuanto antes. Algunas de las reformas que están siendo ampliamente debatidas en los últimos años, habiéndose llevado algunas de ellas a la práctica en muchos países industrializados30, son: 1. Actualizar el poder adquisitivo de las pensiones con la variación del “IPCX”. Proyecciones realzadas aplicando una revalorización del IPC-0,5 por ciento retrasaría la aparición del déficit hasta 2014. 2. Computar en la base reguladora de la pensión de todos los años de la vida laboral en sustitución de los últimos quince años en los que se basa actualmente. Medidas de este tipo se han aplicado en algunos países europeos. Con este tipo de acciones se podría retrasar el déficit hasta 2015. 3. Introducir cuentas de capitulación individual y de gestión privada. Según parece, esta medida tiene efectos positivos sobre el mercado de trabajo. 4. Retrasar la edad legal de jubilación a los 70 años. Las proyecciones de población ya venían anticipando que el progresivo envejecimiento de la población española podría traer como consecuencia un descenso de la oferta de mano de obra. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de contar con el fenómeno de la inmigración, pues puede ayudar a aliviar el problema. Sin embargo, la inmigración por sí sola no será suficiente. Es cierto que el importante volumen de entradas de inmigrantes que se ha registrado desde mediados

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de los noventa está ayudando a paliar algo la situación de escasez de mano de obra. Sin embargo, no es de esperar que las entradas puedan compensar el déficit de mano de obra. Para compensar los cambios demográficos que se producirán en España hasta mediados del siglo XXI, se necesitarían más de 18 millones de inmigrantes, es decir, 400.000 por año31. Para Europa hay que recordar los cálculos de Naciones Unidas del año 2000 en los que apuntaba que necesitaría hasta el año 2050 un flujo anual de cerca de millón y medio de inmigrantes para mantener constante la población teóricamente activa de 2000. Cuando se habla sobre los efectos de la inmigración en el sistema de Seguridad Social, hay estudios que sostienen el efecto negativo de la inmigración sobre las cuentas públicas, al tener los inmigrantes, por lo general, bajo nivel salarial, lo que les convierte en beneficiarios netos del estado del bienestar. Otros estudios apuntan, sin embargo, a la existencia de beneficios netos para el país receptor, dado que el colectivo de inmigrantes es, en su mayoría, población trabajadora y con posibilidad de regreso a sus países de origen con anterioridad a la recepción de beneficios sociales. El aumento de la vida laboral de la población para, de esta forma, engrosar el número de cotizantes a la Seguridad Social es otro tema de debate que supone un cambio importante en las políticas que durante mucho tiempo se han puesto en práctica y que estaban encaminadas al adelantado de la jubilación de los trabajadores. La pregunta es ¿por qué las personas se retiran antes? A medida que los países se van haciendo más ricos, sus ciudadanos tienden a retirarse de forma más rápida. El retiro anticipado suele ser considerado como un gran éxito de bienestar social. La mayoría de las personas puede poner sus esperanzas en muchos años de ocio para disfrutar con buena salud. Hasta hace poco, según datos de la OCDE, los hombres trabajaban 50 de los 68 años de vida media. En la actualidad se ha rebajado a 38 años el tiempo de trabajo remunerado. Según este organismo el número de años sin trabajar ha aumentado de 18 a 35 años. Una de las razones de los retiros anticipados en muchos países ha sido la existencia de elevadas tasas de desempleo. Pocos son los trabajadores de avanzada edad que pierden el trabajo y encuentran uno nuevo. Además algunos gobiernos han fomentado el retiro con la convicción de que de esa forma se reduciría el desempleo. Y es que las jubilaciones anticipadas han sido utilizadas durante mucho tiempo como una política de sustitución de empleo maduro por un empleo

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joven. Un buen análisis indicaría que estas acciones no fomentan la creación de empleo, sino más bien una sustitución de un tipo de trabajador por otro. Ocurre que durante algunos periodos esta sustitución fue rentable en tiempos en los que las tasas de paro juvenil eran muy elevadas. También ha sucedido que en épocas de destrucción de empleo, a ciertas edades era más rentable la jubilación que el desempleo y esto llevaba a muchos trabajadores a partir de los 55 años a optar por esta vía. En otras ocasiones, el recurso a las jubilaciones anticipadas no ha ido unido a la sustitución de un tipo de trabajador por otro, sino que ha sido una forma de regulación de empleo en empresas con problemas. La jubilación actúa así como una medida de apoyo al ajuste de plantillas. Desde hace tiempo se reconoce, sin embargo, el coste de las jubilaciones anticipadas, coste que termina perjudicando el sistema de pensiones. Y es que, cada año menos en la edad media de retiro de un país suele generar un aumento de pensionistas en más de un 5 por ciento, así como un 2 por ciento menos de trabajadores. Pero los retiros anticipados tienen otras consecuencias económicas aparte de las pensiones. Mantener a un gran número de retirados podría generar recortes en medio punto porcentual al año en los índices de crecimiento en Europa y en los Estados Unidos. Esto iría acumulando una caída en el nivel de vida de más de un 10 por ciento al cabo de 25 años. No sólo el problema de la Seguridad Social es el causante del cambio de planteamiento. Los problemas generados en el mercado de trabajo también son importantes. Para que se tenga una idea, en España la participación laboral de los trabajadores de 55 a 64 años ha descendido del 84,2 por ciento en 1970 al 60,3 por ciento en 200032. A partir de 2000 se invirtió la tendencia como consecuencia de la mejora en el ciclo económico y de las políticas de fomento del trabajo. Y es que la baja tasa de actividad de las personas de más edad preocupa por la pérdida del capital humano que supone. La sociedad se plantea si es apropiado, en términos de equilibrio intergeneracional, que personas con mejor salud y esperanza de vida continúen jubilándose a la misma edad, o incluso antes, que hace varias décadas. Los efectos negativos de la prejubilación llevaron a que el “Consejo de Laeken en 2001” generase el objetivo número cinco de los once acordados, en el que se establecía evitar las jubilaciones anticipadas: “[…] asegurar a través de políticas de mercado de trabajo y económicas que todas las ramas importantes de protección,

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en particular el sistema de pensiones, ofrezcan incentivos efectivos para la participación de los trabajadores mayores; que los trabajadores no estén estimulados para jubilarse anticipadamente y que no estén penalizados por permanecer en el mercado de trabajo más allá de la edad estándar de jubilación; y que los sistemas de pensiones faciliten la opción de la jubilación gradual”. En España, por ejemplo, la Ley 35/2002 introdujo los siguientes cambios: 1. Aumentó la edad mínima permitida para optar a una jubilación anticipada, de 60 a 61 años. 2. Incrementó el factor de penalización de las jubilaciones anticipadas y se hizo más dependiente del número de años contribuidos. 3. Creó un nuevo sistema de incentivos al jubilarse después de los 65 años. En definitiva, lo que ha ocurrido es que se produjo un cambio de tendencia muy claro en cuanto al tema de la edad de jubilación. Pero ¿es el retraso en la jubilación la solución a todos los problemas? La respuesta es no. Los incentivos para el retraso de la edad de jubilación deben ir acompañados de otras políticas como el fomento de la natalidad y las ayudas a las familias. Y es que, bien pensado, ¿es lo mismo jubilarse a los 70 años para un profesor de universidad en plenitud de facultades que para un taxista o un albañil cuyas profesiones conllevan un desgaste físico mucho mayor? ¿Cuántas profesiones permiten realmente prolongar tanto la vida laboral? Retraso en la edad de jubilación sí, pero siempre hay que tener en cuenta que debería ser algo flexible y nunca general.

4. ENVEJECER EN LAS ÁREAS URBANAS EUROPEAS MÁS DESARROLLADAS En el informe Conjunto de la Inclusión del Consejo y de la Comisión Europea, entregado en Laeken en 2001, se utilizaba un concepto amplio de exclusión social, entendido como la situación en que se encuentran las personas de la Unión Europea que no pueden participar plenamente en la vida económica, social y civil y cuyos recursos, sean éstos personales, familiares o socioculturales, son insuficientes para permitirles participar de un nivel y una calidad de vida considerado aceptable por la sociedad en la que viven, no pudiendo, en estas condiciones, ejercer plenamente sus derechos fundamentales33. Veamos datos y proyecciones que nos permitan, además de hacernos una imagen clara de la situación actual en la Unión Europea, una comparación entre las diferentes realidades, incluida la española, con

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respecto al concepto de exclusión social de las personas de la tercera edad en tres ciudades europeas y sus respectivos países. La razón de dependencia de la tercera edad, que refleja la proporción de personas mayores de 60 años frente a las personas en edad laboral, definidas entre los 20 y los 59 años, pese a presentar gran similitud en la gran mayoría de los países europeos, ofrece también diferencias dignas de mención. Según el informe del MEA34, Italia actualmente alcanza el máximo nivel de dependencia registrado en Europa, siendo por su parte España el país que mayor crecimiento ha detectado en los últimos años. Su evolución estimada en los próximos 45 años, hasta el año 2050, también varía considerablemente entre los diferentes países, siendo España el país para el que se espera mayor aumento, de 0,38 a 0,89. En el resto de países será inferior. Concretamente, Reino Unido pasará durante este mismo periodo de tiempo del mismo ratio que España (0,38) a 0,66, Alemania de 0,41 a 0,77 y Francia de 0,38 a 0,7. La esperanza de vida, por su parte, ha aumentado 10 años en Francia entre 1960 y 2005, hasta alcanzar los 80,5 años, en Alemania hasta los 79, igual que en el Reino Unido, según los datos de la OCDE35. En los últimos 20 años, el aumento de la esperanza de vida ha venido acompañado de un incremento de las condiciones de vida para los ancianos en todas las edades, y en todos los países y grandes metrópolis. Atendiendo a algunos de los indicadores más utilizados, hoy en día se calcula que, dentro de la Unión Europea, solamente el 32,7 por ciento de las personas mayores de 80 años se encuentran limitadas en sus actividades cotidianas (29% de 80 a 84 años y 40,3% mayores de 85)36, un 34,3 presentan problemas de salud a largo plazo (33,5 de 80 a 84 y 35,9% mayores de 85), y un 23,8 por ciento limitaciones en su movilidad (22,9% de 80 a 84 y 25,6% mayores de 85). Éstos y otros indicadores como la movilidad y la capacidad para realizar actividades instrumentales son recogidos por el informe MEA bajo el concepto de Being Healthy, que se calcula en 21,9 para esta misma población (21,4% de 80 a 84 y 22,8% mayores de 85)37. Además de los datos objetivos, basados en los indicadores anteriormente utilizados, los autoinformes son una valiosa fuente de información a la hora de medir el estado de salud, tal y como lo perciben los ciudadanos de diferentes países38. Según los datos del SHARE, de los diez países tenidos en consideración, los ancianos que autodeclaran disfrutar de mejor salud son los daneses, los suecos y los suizos, que declaran disfrutar de una salud muy buena o excelente en una proporción mayor al 40 por ciento. Francia, Alemania y España, por el contrario, se

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encuentran en el extremo opuesto, con porcentajes apenas superiores al 20 por ciento en el caso de los dos primeros y del 17 por ciento en el de España, el último país de la lista. Este estudio también pone de relieve que, si se cruzan los indicadores objetivos de salud con los datos de los autoinformes, las personas mayores en España infravaloran su salud, en comparación con los alemanes, que tienden a sobrevalorarla, y los franceses, que tienen una percepción bastante ajustada de ella39. En Alemania se estima que la proporción de personas mayores de 65 años en 2005 alcanza los 16 millones de personas, con previsión de que aumente para el año 2030 hasta llegar al doble de la situación actual, para comenzar, a partir de este año, un leve descenso. En 2050 se estima que habrá en torno a los 23 millones de personas. Se prevé que el número de mayores comprendidos entre los 65 y los 80 años, actualmente 12 millones, aumente hasta el año 2030 hasta los 16 millones. La esperanza de vida de Alemania se sitúa, tanto para hombres como para mujeres, muy cerca de la media europea, con 75,9 (75,9 EU) y 81,5 (81,8 EU), calculándose que llegará hasta los 83,5 años para los hombres y los 88 para las mujeres en el año 205040. En la ciudad de Berlín se prevé para el año 2020 que el porcentaje de personas de 65 y más años aumente un 28 por ciento, pasando de un 16 por ciento del total de la población actual a un 20 por ciento. Este aumento se verá reflejado con mayor fuerza en la población mayor de 75 años, que pasará de 6,6 por ciento a 10,1 por ciento. De esta forma, la proporción de personas mayores de 65 años aumentará casi un 10 por ciento para el año 2020, uno de los aumentos más modestos de toda Alemania junto con Hamburgo, pasando de un 26 por ciento a un 35 por ciento de la población. La esperanza de vida en la ciudad es de 75,7 para los hombres y 81,2 para las mujeres, algo inferior a la media nacional. Para el año 2035 se prevé un aumento de la esperanza de vida para las personas de 60 años de 22,7 para los hombres y 27,1 para las mujeres. Quince años más tarde, en 2050, el incremento será aún mayor, llegando a los 23,7 para los hombres y 28,2 para las mujeres41. Por su parte, la proporción de personas mayores de 85 años que se calcula que necesitarán cuidados debido a su incapacidad para llevar por sí solos una vida cotidiana normal aumentará del 33 por ciento actual a un 41 por ciento en el año 2020 y al 48 por ciento en 203042. El crecimiento de población más destacable en Reino Unido en los últimos 20 años es el registrado para la población de más de 85 años. La proporción de personas mayores de 65 años se prevé que aumente desde el 16 por ciento en el año 2006 hasta el 22 por ciento en el año 2031. Como consecuencia de lo anterior, la razón de dependencia pasará del 3,3 hasta el 2,943. En los últimos 20 años, la esperanza de vida ha aumentado y continuará haciéndolo hasta 2021, año para el

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que se prevé un estancamiento. Las proyecciones estiman un aumento de la esperanza de vida hasta los 23 años tras la edad de jubilación (65 años) de las mujeres y de 21 para los hombres. En 2004 se calculaba una esperanza de vida saludable de 12,5 años a partir de la jubilación para los hombres y de 14,5 para las mujeres. En Londres, la esperanza de vida es muy similar a la del resto del país: 75,8 para los hombres y 80,5 para las mujeres en el año 2003, según el informe de la Comisión de Londres para la Salud44. Sin embargo, la diferencia entre barrios hace que, pese a la similitud de la esperanza de vida en la capital con el resto del país, algunos barrios alcancen cifras de las más altas del Reino Unido, como Richmond o Harrow, mientras que otros se sitúan en las más bajas, como Lambeth, Southwark o Lewisham. La esperanza de vida saludable para el conjunto de la ciudad es aún mayor que en el resto de Reino Unido, llegando a 67,6 años para los hombres y 69,6 para las mujeres. En Francia la estimación del porcentaje total de personas de 65 y más años en las principales metrópolis se estima en un 20,1 por ciento para los mayores de 65 años en 2020, un 14,3 por ciento en 2040 y un 26,2 por ciento en 2050. La proporción de personas mayores de 75 años será de 9,1-14,3-15,6 por ciento respectivamente para estos mismos años45. Dentro de la región de Île de France, con una esperanza de vida apenas unas décimas superior a la del resto de zonas metropolitanas, París destaca con una esperanza de vida superior a la media: 79,5 años para los hombres y 85,3 para las mujeres (Media de Île de France: 78,4 y 84,5). Aproximadamente, de las 332.000 personas de todos los grupos de edad que declaran tener un handicap en salud, 190.000 son personas mayores de 60 años en la actualidad, de las cuales 51.000 necesitan asistencia. Para el año 2030 se calcula que este número se reduzca un 15 por ciento, frente a un aumento del 28 por ciento en el resto de Île de France. Además, las estimaciones para este mismo año calculan una disminución de las personas sin plena autonomía hasta un 15 por ciento46. La esperanza de vida saludable y los niveles de salud objetivos y autopercibidos, pese a ser indicadores de gran peso en la calidad de vida de las personas mayores, no dan cumplida cuenta de todas sus dimensiones. Otros factores, como la discriminación, la riqueza de las relaciones familiares o la seguridad económica juegan también un papel de gran importancia y han de ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la calidad de vida de los ancianos. Probablemente, una de las mejores maneras de calibrar este tema de forma genérica es preguntar simplemente a las personas mayores en qué medida la vejez les

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ha resultado de alguna forma tonificante o estimulante. Los datos del eurobarómetro a este respecto, indican que existe una cierta ambigüedad a la hora de contestar entre los ciudadanos mayores de la Unión Europea. A la pregunta “la vejez me ha resultado tonificante”, el 44,8 por ciento de las personas mayores de la Unión Europea mostraban su total o parcial acuerdo frente a un 50,6 por ciento que mostraban su desacuerdo. Las diferencias entre países son, en este sentido, más que notables. España se sitúa a la cabeza, con un 60,3 por ciento de personas mayores que se muestran de acuerdo con esta afirmación, seguida por Reino Unido (54,1%), Francia, ya levemente por debajo de la media europea (44,1%) y, por último, Alemania (36%). También se constata que las personas mayores de estos países difieren en su percepción sobre la forma de ser tratados por la sociedad, aunque en menor proporción que en el anterior caso. ¿Sienten los ancianos que se les trata con mayor o menor respeto a medida que van envejeciendo? A esta pregunta, el 34 por ciento de los ingleses y franceses, el 33 por ciento de los españoles y el 24 por ciento de los alemanes afirman sentirse tratados con mayor respeto, frente al 25 por ciento de los ingleses, el 26 por ciento de los franceses, el 28 por ciento de los españoles y el 31 por ciento de los alemanes47. Un descontento similar se percibe en el último eurobarómetro sobre salud y cuidados médicos, en relación al cuidado de las personas de la tercera edad tanto por parte de sus propios parientes como de personal profesional. La mayoría de los europeos de todas las edades, 55 por ciento (EU27), afirmaban en este estudio que “muchos ancianos dependientes están siendo víctimas de abusos por parte de personas que se supone deberían cuidarlas”, siendo esta proporción mayor a la media europea en Reino Unido (63%) y en Francia (60%), y menor en España (53%) y en Alemania (48%)48. Como puede observarse, estos últimos datos contrastan fuertemente con los anteriores, reportados por los propios ancianos, invirtiendo el orden de los países, excepto para el caso de España, lo que sugiere la posibilidad de que se trate de una percepción fuertemente ligada a interés o desinterés por la tercera edad. En esta línea de argumentación y a la vista de los anteriores datos, no es de extrañar que, a la hora de preguntar a la población sobre la necesidad de los gobiernos de introducir leyes para tratar de frenar la discriminación por edad, los ciudadanos ingleses vuelvan a mostrar su acuerdo muy por encima de la media europea (71,8%) con un 83 por ciento, los españoles con un 77 por ciento y los franceses con un 72,8 por ciento, mientras que los alemanes quedan muy por debajo de ésta, con un 60,3 por ciento de población que apoya esta idea49. Los anteriores datos concuerdan bastante con la percepción que se tiene de la familia y del papel que ha de desempeñar ésta, y concretamente los hijos, en la vida del anciano. La opción de enviar al anciano a una residencia de la tercera edad no

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es muy apreciada entre los europeos a la hora de planear el futuro de su propio padre o madre. Solamente un 10 por ciento de los europeos ven en ésta la mejor de las opciones, constatándose pocas diferencias entre países: 12 por ciento en España y Francia, 10 por ciento en Reino Unido y 8 por ciento en Alemania. Por el contrario, la opción de servicios públicos o privados que visiten a los ancianos en sus propias casas, en la que tampoco jugaría un papel relevante la familia, sí tiene bastante más aceptación, superando con mucho tanto Francia como Reino Unido la media europea del 27 por ciento con un 46 y un 34 por ciento respectivamente, coincidiendo Alemania con ésta y quedando bastante por debajo España, donde solamente el 15 por ciento de la población se decantaría por esta opción. En cuanto a las que incluyen a la familia como apoyo fundamental de los ancianos, España, como era de esperar por los anteriores datos, destaca a la cabeza de los países en los que la convivencia con los hijos es la opción predominante, con un 39 por ciento frente a la media europea del 30 por ciento, a mucha distancia de Alemania, Inglaterra y Francia, que se sitúan por debajo de la media con un 25, 20 y 18 por ciento, y que prefieren la opción de visitas regulares de los hijos a casa de los padres50. Los anteriores datos concuerdan bastante con los referentes a los contactos familiares, obtenidos de las personas mayores. En España el 60 por ciento de los ancianos afirman tener contactos con la familia todos los días y el 15,5 por ciento dos o más veces por semana, una proporción muy superior a la de alemanes (49 y 15%), franceses (34,2 y 16,2%) e ingleses (21,9 y 28,3%), mientras que aquellos que tienen contactos menos de una vez al mes o menos descienden hasta el 9 por ciento en Alemania, el 11 por ciento en España, 16 por ciento en Francia y el nada despreciable 20 por ciento en Inglaterra. Lo anterior confirma la dicotomía del modelo familiar fuerte y el débil que existe entre los países del norte y los del sur de Europa, influenciada por los modelos más tradicionales en países mediterráneos y los menos, en los países escandinavos, quedando en resto entre ambos51. Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar estos datos, sin embargo, el carácter cultural de cada una de las nacionalidades, ya que no todos los ancianos en todas las culturas tienen la misma necesidad de compañía y relaciones familiares. Por eso no es de extrañar que sean precisamente los ciudadanos de mayor edad en España y en Francia los que en mayor medida se sienten solos con frecuencia, entre un 10 y un 14 por ciento, mientras que en países como Alemania y Reino Unido esta proporción cae hasta quedar entre un 5 y un 9 por ciento52. La situación en las ciudades que estamos analizando varía acorde con las diferencias detectadas para los diferentes países. En Berlín, una de cada tres personas

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mayores de 60 años es viuda y un 14 por ciento es soltera, por lo que la situación mayoritaria, con el 48 por ciento de los casos, es vivir solos. Solamente un 33 por ciento viven con su pareja y un 19 por ciento con sus familiares (hijos y nietos). Sin embargo, de acuerdo con los datos analizados anteriormente correspondientes a las necesidades de compañía de cada cultura, solamente un 13 por ciento de las personas mayores declaran sentirse solas y un 28 por ciento “en algunas ocasiones”, por lo que una gran mayoría, el 63 por ciento declara no sentirse sola nunca o casi nunca53. En la ciudad de Londres, la mayoría de las personas mayores de 50 años viven aún con su pareja. Uno de cada tres pensionistas vive solo: en el centro de la ciudad 36,9 y en las afueras 32,9 por ciento, llegando hasta el 57 por ciento en Chelsea. Las personas que viven solas son mayoritariamente mujeres mayores, blancas o de color (frente a los asiáticos y chinos). Hay evidencias de que el incremento de aquellas personas que viven solas tiene relación con las pautas migratorias de las parejas jóvenes, que se van de la ciudad o, por lo menos, del centro de ésta, mientras que las personas mayores tienden a quedarse. Por el contrario, una mínima parte de la población mayor, un 3 por ciento, vive con sus hijos. El contacto con éstos es, sin embargo, muy intenso, acorde con el modelo preferido por los ciudadanos ingleses: el 58 por ciento de los hombres mayores entre 50 y 75 años y el 64 por ciento de las mujeres ven a sus hijos como mínimo una vez a la semana, mientras que el 82 por ciento de los hombres y el 91 por ciento de las personas mayores hablan con ellos con la misma periodicidad. Solamente una pequeña proporción tiene un mínimo contacto con hijos y nietos: el 10 por ciento solamente una vez cada tres meses y, aún con menos frecuencia, el 11 por ciento54. Por su parte, en París, como en el resto del territorio francés y concretamente en la región de Île de France, los hogares de un solo componente han aumentado su número en los últimos 15 años. Esta región es la que registra mayor numero de personas viviendo solas, en todas las edades, siendo esta situación especialmente pronunciada en el caso de la ciudad de París y por lo que respecta a las personas mayores: 26 por ciento en el caso de las personas mayores entre 60 y 74 años, y 47 por ciento de personas mayores de 74 años55. De las que tienen hijos, aproximadamente la mitad tiene contacto con ellos por lo menos una vez por semana. Además, una de cada tres personas mayores tiene contacto con otro tipo de familiares, como hermanos o sobrinos, por lo menos una vez al mes. El 71 por ciento de los ancianos contesta negativamente a la pregunta sobre si se sienten solos, mientras que un 21 por ciento contesta afirmativamente56.

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Por lo que respecta al tema de la seguridad económica, lo primero que llama la atención es que una gran mayoría de los pensionistas europeos viven fundamentalmente de pensiones del Estado, frente a una minoría que lo hacen de las pensiones laborales o personales. Esta proporción es considerablemente mayor en Alemania y en España (93,3% y 92,2%) que en Francia (88,5%) y, sobre todo, en Reino Unido (42,25%). Lo segundo que llama la atención es que, entre un 70 y un 80 por ciento, consideran sus pensiones muy insuficientes en comparación con sus salarios de trabajadores. Según nacionalidad, se muestran especialmente insatisfechos los pensionistas alemanes 87 por ciento, los españoles 84 por ciento, y los franceses 82 por ciento, a distancia del 55 por ciento de los pensionistas ingleses. De aquellos ciudadanos que aún no han llegado a la edad de jubilación, los ingleses son los que en mayor medida ven dificultades en el futuro para salir adelante con sus pensiones, concretamente un 66 por ciento, frente al 55 por ciento de los alemanes, el 43 por ciento de los franceses y el 42 por ciento de los españoles. Sin embargo, la mayoría de los pensionistas de la Unión Europea prevén no tener problemas en los próximos 5 y 10 años con el dinero que reciben de sus pensiones, algo menos que los ciudadanos no pensionistas de 40 a 50 años, al mismo nivel que los de 25 a 39 y por encima de los más jóvenes, de 15 a 24: concretamente el 55 por ciento de los ingleses, el 60 por ciento de los franceses, el 64 por ciento de los españoles y el 75 por ciento de los alemanes57. El eurobarómetro ofrece datos claros sobre el pesimismo de los ciudadanos europeos frente al desarrollo del estado de bienestar y su capacidad para mantener una cierta seguridad económica para las personas mayores, es decir, sobre el futuro de las pensiones. Desde 1992, se viene detectando con claridad una tendencia general hacia el pesimismo y, en algunos casos concretos, una marcada falta de esperanza ante este tema. De 1992 a 1999 la proporción de europeos que consideran que “el estado de bienestar continuará desarrollándose en el futuro y que los jubilados estarán mejor que ahora” decrece, en la Unión Europea, de 31,7 a 18,3 por ciento. Puede constatarse un mayor optimismo en España, con un 20,6 por ciento y en Alemania (19,9%), frente al mayor pesimismo del Reino Unido (15,6%) y Francia (13,1), ambos por debajo de la media europea58. La situación de las personas de la tercera edad en las diferentes capitales, a pesar de coincidir con la del país, presenta algunas diferencias. En Berlín, la renta media de las personas mayores se ha venido incrementando considerablemente en los últimos 15 años, existiendo aún notables diferencias entre hombres y mujeres y, especialmente, entre los de Berlín este y Berlín oeste. La situación de pobreza de las personas mayores, un problema atacado por las autoridades locales entre los

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años setenta y los ochenta, prácticamente ha desaparecido ya de la ciudad, pudiéndose considerar que, hoy en día, su situación económica se encuentra por encima de la del resto de la población, especialmente los jóvenes, cuyo poder adquisitivo sí ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, como pone de relieve el informe “Socialreport 50+”59, el miedo a la falta de condiciones económicas satisfactorias, incluso a la pobreza, ha aumentado en los últimos años entre las personas mayores, especialmente entre aquellos que entran en la jubilación tras un largo periodo de paro, situación aún demasiado común en Berlín este. Entre las personas mayores de esta zona, el porcentaje de aquellos que se sienten satisfechos con sus ingresos para hacer frente a los gastos del mes ha descendido en los últimos 8 años de un 52 por ciento a un 31 por ciento. En París, debido a la predominante participación y mantenimiento en sus puestos de trabajo de cuadros intermedios y altos de las empresas, los ingresos de las personas mayores son bastante altos. El ingreso medio anual de las personas de más de 60 años (23.000 euros, el 40% más que la media nacional) coloca a la ciudad a la cabeza de los departamentos franceses. Sin embargo, las diferencias de ingresos son también de las más marcadas de todo el país. El 10 por ciento de las personas entre 60 y 70 años dispone de unos ingresos inferiores a los 5.400 euros, mientras que el 10 por ciento superior cuenta con ingresos superiores a los 48.750 euros60. Por su parte, la situación en Londres es muy diferente a la de las dos ciudades anteriormente analizadas. Especialmente en las partes centrales de la ciudad se constata un alto grado de pobreza de los jubilados. Un 17 por ciento de la población mayor de 65 años en la ciudad vive a costa de los subsidios sociales. De hecho, algunos de los distritos de Londres, como Hackney (55,5%) o Islington (55%) o Newham (53,9%) están entre los primeros de toda Inglaterra en pobreza. Las tasas de empleo de las personas mayores en los diferentes países estudiados varían sustancialmente: apenas algo por debajo del 40 por ciento en España, y Alemania (37%) y algo superior al 30 por ciento en Francia. Así, de los países contemplados, solamente Reino Unido, con un 52 por ciento, consigue superar el objetivo de la Unión Europea del 50 por ciento61. La edad media a la que los ciudadanos europeos prevén retirarse es de 60,3 años, un año con retraso de lo que lo han hecho los actuales pensionistas. Sin embargo, en este sentido existen amplias diferencias entre los diferentes países. Mientras en España los no pensionistas calculan que la edad de retiro será de 62,1, por encima de la media europea, en Alemania esta estimación desciende hasta los 60,3, en el Reino Unido hasta los 59,9, y hasta los 58,8 en Francia. Una gran mayoría de pensionistas

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y no pensionistas opina que los trabajadores de mayor edad deberían disponer de la posibilidad de retirarse gradualmente del trabajo, a través, por ejemplo, de la opción de combinar una pensión parcial con trabajo a tiempo parcial. Aunque existe un gran consenso sobre este tema en casi todos los países de a Unión Europea, esta opción es especialmente bien vista en Alemania (84% manifiestan su total acuerdo), Reino Unido (76%) y Francia (74%). Los ciudadanos españoles, junto al resto de los países mediterráneos (Grecia e Italia), apoyan en menor medida esta opción, con un 65 por ciento. Si tenemos en cuenta las variables sociodemográficas, piensan que los trabajadores tendrían que retirarse a una edad fija, en mayor medida los trabajadores de menor nivel de estudios y con trabajos menos cualificados62. Acorde con lo anterior, la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea (56%) opina que los trabajadores de avanzada edad deberían ser ayudados a permanecer en el mercado de trabajo y recibir las mismas oportunidades que los más jóvenes para acceder a la formación. Pese a esto, también existen diferencias entre los diferentes países, siendo Francia el único país en el que esta opción no es apoyada de forma mayoritaria, con un 48 por ciento y Reino Unido el que lo hace en mayor medida, con un 72 por ciento. Alemania, con un 60 por ciento, y España con un 52 por ciento se encuentran en posiciones intermedias frente a este tema. No hay tanto consenso, por el contrario, a la hora de determinar si aquellos ciudadanos que deciden retirarse antes de la edad fijada deben o no cobrar una pensión reducida. Los países que menos apoyan esta opción son Reino Unido (25%) y España (28%), seguidos de lejos por Francia (47%) y Alemania (50%). Berlín presenta, a pequeña escala, la misma ruptura que la totalidad de Alemania entre el trabajo de las personas mayores de la parte este de la ciudad, menos cualificada y desplazada a partir de los noventa por la sustitución de la industria por las empresas de servicios, y los mayores de la parte oeste de la ciudad, que pudieron hacer frente y adaptarse sin mayor dificultad a la nueva situación. De los mayores de 55 de Berlín este solamente un 6 por ciento está de acuerdo con la afirmación “quien quiere trabajar puede conseguir un trabajo”, en fuerte contraste con el 48 por ciento de los jóvenes de 25 años y el 27 por ciento de los de 25 a 2963. De acuerdo con los informes del Instituto de Trabajo64, las personas mayores son tan apreciadas para ocupar un puesto de trabajo como las jóvenes: el 61 por ciento de las empresas contratarían personas mayores sin condiciones, el 13 por ciento no contrataría a personas mayores y el 6 por ciento solamente cuando no hubiese jóvenes disponibles para desempeñar el mismo trabajo. Además, el 11 por ciento de las empresas exige a sus empleados mayores que sigan formándose, aunque solamente

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el 1 por ciento ofrece por sí misma esta oportunidad. Asimismo, el 2 por ciento toma medidas para la conservación del trabajo de los mayores. El informe constata que no se han detectado cambios en la composición de las empresas en los últimos cuatro años y que no es previsible que esto se produzca en los venideros. En París, el 10 por ciento de las personas mayores de 60 años está en activo (132.000), aproximadamente tres veces más que el resto del territorio francés. Los factores que explican este fenómeno son, fundamentalmente, la salida de los jubilados a zonas no urbanas del país y la preferencia por mantenerse más tiempo en activo por parte de las personas de la tercera edad. Las personas de estas edades que mantienen sus puestos de trabajo son predominantemente profesionales de cuadros superiores de las empresas. Dada esta composición de los mayores en activo, se constata una fuerte disposición en la ciudad a alargar la vida laboral, por encima del resto de Île de France y del resto del país65. Debido entre otras razones a su situación económica, una gran parte de la población londinense sigue trabajando pasada la edad de jubilación. Al mismo tiempo que decrece la proporción de pensionistas sobre el total de población en la ciudad, la proporción de aquellos que mantienen su trabajo pasada la edad de jubilación se incrementa con los años. Actualmente el 3,7 por ciento de los hombres mayores de 65 y de mujeres mayores de 60 continúan en activo (en comparación con el 3% en 2002), una proporción algo inferior a la media nacional (3,9%). Asimismo, Londres cuenta con la mayor tasa de desempleo de personas mayores de 50 años (7,8%) de toda Gran Bretaña (3,3%)66.

5. IDEAS PARA UN SISTEMA DE INDICADORES CUALITATIVOS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

Los sistemas de medida actuales engloban un complejo entramado de indicadores que miden según qué situación en un tiempo determinado y ofrecen visiones sobre las tendencias y proyecciones. Son numerosas las ecuaciones que nos ofrecen información precisa sobre el panorama que rodea al mundo de los viejos y, en especial, en la Comunidad de Madrid. Digamos que nos encontramos ante un nutrido catálogo de índices demográficos estándar que nos ayudan a tomar decisiones en materia económica y política. De esta manera, hallamos conclusiones muy consolidadas sobre la proporción del envejecimiento y los fenómenos asociados. Se trata tan sólo de algunos ejemplos relevantes destacados entre otros muchos que se recogen de la literatura especializada:

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La influencia de la tasa de fecundidad. El índice de masculinidad. Proporción de envejecimiento. Comparación de tasas de edad según población activa y mayores jubilados. Balanza demográfica. Tasas de crecimiento. Coste de dependencia. Margen fiscal por costear. Grado de dependencia de las prestaciones institucionales o privadas. Nivel de vida relativo. Condiciones objetivas de salud. Satisfacción del sistema sanitario. Integración social en el estrato de edad proporcional. Grado de acceso a otras ventajas económicas y sociales. Proyecciones demográficas.

Nuestro objetivo ahora, sin embargo, consiste en elaborar un plan de indicadores que permita cualificar los datos cuantitativos que se desprenden de fuentes estadísticas oficiales o no oficiales, centrándonos en aportar ciertas revisiones a estos parámetros e investigar sobre nuevas alternativas de medida que sean útiles para los problemas y las inquietudes que hoy ya se detectan. Digamos que vamos a realizar un ejercicio de planteamiento e inspección para el diseño de nuevos y robustos indicadores que permitan inducir la influencia del comportamiento de nuestros mayores en la sociedad española en general y madrileña en particular. Hay dos conceptos que es necesario que revisemos previamente al análisis y a las propuestas. Hablamos de los viejos y de los procesos de envejecimiento. Se trata, obviamente, de dos asuntos diferentes que hay que encuadrar con precisión. Lógicamente, cuando hablamos de los viejos miramos a personas mayores, generalmente jubiladas o con una edad que supere los 65 años. Si bien cuando nos referimos a problemas o situaciones relacionadas con los viejos hemos de incorporar dos elementos bien diferentes que a veces se auto excluyen del colectivo. Por un lado, hay un nutrido grupo de personas que desde algo más de los 50 años alcanzan una jubilación anticipada y comienzan a contar para ilustrar las estadísticas que tienen que ver con los procesos de envejecimiento. Es curioso que de manera natural no tengan el sentimiento de viejos. Sucede lo mismo con personas especialmente activas o vitalistas que cuentan, por ejemplo, con más de 70 años y tampoco dirían de sí mismos que son viejos.

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En sociedades mucho menos avanzadas, incluso aborígenes, este asunto está bien resuelto si bien es cierto que tampoco cuentan con elaboradas estadísticas que ilustren su comportamiento. Los viejos o los ancianos cuentan con cierta experiencia de vida y demuestran su autoridad de conocimiento y poder sobre los que todavía no han alcanzado esa frontera. No se trata de un límite de edad fijo, sino de un convenio socialmente aceptado donde se reconoce a los viejos. En nuestro ambiente no existe una clara hegemonía entre los que son viejos y se sienten orgullosos de serlo. Es curioso que después de haber analizado numerosas encuestas de tipo sociológico en España se desprendía una conclusión común. El sentimiento de vejez lo percibe cualquier persona con independencia de su edad. Se podría deducir una definición sociológica de la vejez: viejo es toda persona que tiene al menos diez años más que uno mismo. Lo cual nos ilustra sobre lo que podría ser un sentimiento común sobre la vejez pero no nos delimita el campo de trabajo. De manera que hablamos de viejos y no tanto de mayores. Nuestro campo de investigación se centra en las personas que están involucradas en los procesos de envejecimiento, con independencia de la edad que cuenten. Los que están relacionados con un rito de paso tan inevitable como la transición de la infancia a la adolescencia. Así pues, los episodios que se desprenden de este estudio tendrán un denominador común relacionado con un sentimiento extenso de vejez. Trataremos de precisar el encuadre estadístico más habitual que consiste en diferenciar el carácter estático de los indicadores a los que aludimos respecto a su comportamiento dinámico. Cualquier indicador, tasa, índice, proporción o ecuación que nos indique un valor numérico representa el estado de una determinada magnitud en un instante determinado. Digamos que está fijo en el tiempo y suele presentarse delimitado en el espacio. Con frecuencia el análisis del comportamiento de cualquier fenómeno precisa un factor dinámico que le dé sentido analítico al valor. Nos referimos al significado que aporta bien cualquiera de las siguientes evoluciones: 1. Proyecciones y secuencias temporales. 2. Comparaciones territoriales. 3. Predicciones por proximidad a otros fenómenos. De esta manera nos aseguramos de estar refiriéndonos a la definición de un indicador de manera independiente a su comportamiento dinámico. Este comportamiento será lo que posteriormente lo dote de sentido pero inicialmente hemos de

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postular las proporciones como reflejo de un estado puntual. Es decir, conviene recurrir a definiciones previas y específicas de las magnitudes que queremos dimensionar y que adquieran significado propio. En nuestro caso, la mayoría de las conclusiones estarán relacionadas mediante comparaciones territoriales, referidas a un espacio (la Comunidad de Madrid), y evoluciones temporales. Tradicionalmente, se han tomado los datos censales y de los anuarios estadísticos como datos ciertos sin desviación medida sobre la realidad. Lo que evidentemente no es una verdad absoluta. Cualquier medida contiene una posible separación del valor real que se observa. Lo que no quiere decir tampoco que sea sencillo ni siquiera posible medir el factor de corrección adecuado para obtener una sensación adecuada del fenómeno que se observa. Al elaborar indicadores o calcular índices con mayor o menor complejidad, los errores de los valores que integran los cálculos se acumulan y los resultados pueden ser más inciertos. El cálculo del grado de incertidumbre corresponde al reino de la lógica borrosa. Toda una rama dentro de la matemática y de la lógica que alberga una compleja, a la vez que densa, teoría estadística. Así como se trata en la cuántica, los fenómenos que se observan no tienen un grado de certeza absoluto o completo. Ocurre más bien que cuando algo sucede o algo se observa lo solemos dotar de un grado de verdad, de un grado de certidumbre. No se trata ahora de trasladar la compleja teoría de la lógica borrosa al tratamiento de los índices que utilizan magnitudes obtenidas de los anuarios estadísticos. Lo que no significa que sería un atractivo campo para investigar. Más bien lo que intentamos es sensibilizar, para que cuando calculemos nuevos indicadores o manejemos otros ya existentes seamos conscientes de que las cantidades que contemplamos no son exactas. Es decir, se podría calcular un grado de precisión que mida la posible desviación con la realidad. Lo que nos aporta este razonamiento es que, sepamos o no cuantificar el error, lo más habitual es que exista una tolerancia que nos haga tomar con mayor o menor precaución conclusiones analíticas precisas. Es muy posible que haya datos más susceptibles que otros a presentar un error y que éste sea más o menos considerable. Por ejemplo, algunos datos simples de la estructura familiar suelen ser bastante precisos. El número de personas que forman un hogar suele ser un número poco sujeto a desviaciones. Sin embargo, en el otro extremo, los cálculos de ingresos o la categorización profesional no ofrecen un fiel reflejo de la realidad. Naturalmente, cualquier indicador que se calcule o se elabore a partir de estas magnitudes acumulará errores reales.

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Un modelo claro que ilustre las consecuencias de manejar datos con factores de corrección no calculados es el que tiene que ver con indicadores sobre la economía sumergida. Las estimaciones suelen presentar abultadas imprecisiones. Lo que no impide calcularlas y cuantificarlas dentro de una escala reconocible. De hecho, como ejemplo, en el Censo de Establecimientos Comerciales de Canarias del año 2002 se contempló como una iniciativa fronteriza manejar indicadores y magnitudes donde se medía un factor de corrección sobre la realidad. En concreto sobre el número de empleados reales de los comercios, el número de metros cuadrados de los locales y otros factores económicos. Los datos del censo ofrecían el dato medido y el error que se estimaba, así como la influencia en las estadísticas de los datos no recogidos y también estimados. Resulta cuando menos curioso que en una encuesta, con un tratamiento matemático estadístico similar, siempre se tenga en cuenta el error muestral para obtener conclusiones al cuantificar los resultados de las medidas. No ocurre siempre con el tratamiento de los datos censales. El discurso sobre el factor de corrección nos permite tener en cuenta que los indicadores relacionados con sentimientos, con percepciones, con situaciones vergonzantes, con asuntos económicos, etc. suelen presentar desviaciones de mayor o menor relevancia. La idea central es contemplar la posibilidad de medir la corrección adecuada o el error asociado. Todo ello contribuiría a mejorar las decisiones tomadas bajo el atento análisis estadístico. El primer paso previo al cálculo de indicadores fiables que muestren el comportamiento de los procesos de envejecimiento pasa inevitablemente por cualificar la información. Lo que sigue comprende un recorrido para cualificar sobre las ideas y propuestas sobre sistemas de medida precisos que sirvan de manera especial a la observación del comportamiento social. De manera general existe una serie de parámetros básicos sobre los cuales se practican los análisis más frecuentes relacionados con el mundo de las personas involucradas en el envejecimiento de la población. Básicamente, la balanza demográfica que establece el equilibrio, o la desviación del mismo, entre la población activa y la que por edad se sale del grupo marca las tendencias demográficas y las conclusiones típicas del sector de estudio. Tan sólo es un ejemplo como ya vimos anteriormente. Hay muchos indicadores ya consolidados que nos ayudan a tomar una perspectiva adecuada. Vamos a realizar un repaso a ciertos aspectos esenciales del mundo de los mayores. Sabemos que el envejecimiento demográfico ha sufrido un crecimiento heterogéneo

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en el territorio nacional. Ya suena a antiguo también la división de dos Españas que hoy podemos separar en una dinámica sociedad orientada a los servicios y otra más castigada con carácter rural e incluso con cierta decadencia industrial. Madrid como comunidad es aún más un ejemplo atípico, un lugar de peregrinaje donde muchos fenómenos suceden de manera simultánea y con un carácter mucho más marcado. Quizá por esta sola razón sería suficiente enmarcar un proceso de estudio de nuevos indicadores de sentimiento y para el conocimiento de la situación. De manera comparativa, Madrid puede destacar por índices de envejecimiento muy dispares a su entorno geográfico e incluso económico a lo largo de los últimos años. Lo más relevante entonces es enfocar con una mirada pausada cómo se produce y evoluciona el hecho de envejecer. Digamos que lo que es susceptible de estudio son los fenómenos que pueden influir en cómo la población envejece o cambia cuando los individuos se hacen mayores. Se detectan numerosas consecuencias relacionadas con los desequilibrios económicos, familiares, de salud, entre otros. Veamos dónde podríamos contribuir al estudio de estos lugares comunes desde el punto de vista estadístico. Lo que hace particularmente atractivo al acercarse a la Comunidad de Madrid es que los asuntos que realmente destacan son más fácilmente medibles o cuantificables en esta región. A continuación veamos cada uno de los indicadores cualitativos que se proponen: 11. Uno de los síntomas más elementales que se desprenden de los procesos de envejecimiento se relaciona con la percepción o el sentimiento de soledad. No se trata de asociar directamente a las personas mayores con individuos que viven solos. Más bien la idea consiste en medir cómo el proceso de envejecer lleva asociado o no un sentimiento más hondo de soledad. La impresión es subjetiva, pero se puede establecer un criterio más objetivo para procurar cuantificar un estado que claramente influye en el estilo de vida de estas personas. Hay que revisar qué parámetros influyen o contribuyen a acrecentar o amortiguar este sentimiento. Naturalmente que la estructura familiar, el lugar donde vivan y con quién se relacionan son claros exponentes de este sentimiento. También lo son el uso del tiempo, las tareas cotidianas, las responsabilidades, el grado de dependencia, entre otros. Todos estos parámetros son ya otros indicadores que debidamente analizados llevan a integrar un sentimiento sobre la soledad de las personas mayores. 12. La necesidad de ayuda y el índice de recepción de ayuda también son motores para comprender la realidad social de los que poco a poco pierden los recursos propios para valerse por sí mismos. Al medir la necesidad que sienten o muestran algunas personas cuando requieren cuidados o atenciones

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que antes no habían sido necesarias se prevén los síntomas de dependencia que se pueden suplir con las ayudas precisas. En realidad se trata de una doble dimensión para detectar las necesidades, por un lado, y si se satisfacen adecuadamente, por otro. Otro aspecto muy relevante que contribuye al bienestar de este colectivo es la integración en el sistema económico, sanitario, familiar y cultural que planea alrededor de los mayores. Parece evidente que el proceso de envejecimiento lleva asociado un cambio de vida. Lo más habitual es que dejen de suceder los acontecimientos cotidianos que se han conocido en los últimos treinta o cuarenta años. De manera más o menos inminente se precipita una nueva visión del mundo de la que es necesario tomar una postura receptiva para la adaptación. Se trata de medir pues el grado de integración a la experiencia que ofrece la última etapa de nuestra vida. Un indicador más poético pero fiel reflejo de lo que supone la vida cotidiana de las personas mayores es el tiempo en la vida cotidiana. Es conocido el cambio en la percepción del paso del tiempo una vez que se dejan aparte las obligaciones cotidianas de toda una vida. O bien que llegue la hora de hacerlo y se dilate ese rito de paso. En cualquier caso, sería muy interesante preguntar de forma cuantitativa sobre la sensación con la que se vive el tiempo. Desde la lentitud a la fogosidad se contemplaría una escala sobre este sentimiento común a todos los individuos. Sobre la influencia económica podríamos enfocar un indicador para medir el índice de negocio de la tercera y cuarta edad. Sin entrar en la discusión sobre la definición de estos grupos etáneos, la idea consiste en investigar sobre la contribución positiva a la economía de los negocios, empresas o actividades que se nutran de los servicios e industria relacionados con los procesos de envejecimiento. De manera natural se entiende que nazcan y se desarrollen numerosas iniciativas relacionadas con los mayores. Sucede lo mismo con relación al mundo de los recién nacidos. Si bien la percepción es bien diferente, tanto como la aceptación natural de las actividades lucrativas en torno a los más viejos. El indicador es simple, y sencillamente nos muestra cuál es la relevancia de este tipo de actividades con respecto al conjunto de las actividades económicas de la región donde se mida el valor. Con relación directa, se propone una tasa de retorno fiscal que nos indique la relación entre el gasto social derivado del margen fiscal y sanitario que se dedica al mundo de los mayores con respecto al índice de negocio definido anteriormente. La idea consiste en obtener una proporción que marque la sensación de intercambio económico y social entre un sector de

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la población que supuestamente es pasivo o se configura como un sumidero económico. Quizá se trate de un síntoma de prosperidad tratar los resultados de esta tasa con rigor y ecuanimidad científica. 17. Resulta inevitable una apelación al fenómeno de la economía sumergida. Los individuos por el hecho de jubilarse formalmente no dejan de formar parte de una población realmente activa, quizá no tanto de un núcleo fiscalmente contributivo. La tasa de permanencia económica nos ilustraría sobre la cantidad de personas o la cuantificación económica que supone que se siga o no trabajando de manera real generando actividad y prosperidad económica. Se trata de una práctica que se sucede en cualquier etapa de la vida pero que una vez jubilado supone un exponente esencial para medir una parte del desarrollo económico de una región. Naturalmente que el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones en bienestar social permiten una mayor proliferación de este tipo de actitudes. Se trata, en definitiva, de medir con cierto rigor cuál es la contribución económica, positiva y no tanto de gasto de los impuestos del resto de la población, de un sector que supuestamente sólo consume y no produce. Sería una forma de calcular el grado de potencial como miembros activos de los que ya legalmente no forman parte de este grupo. No es fácil medir esta realidad. Desde luego que mediante datos censales o la recogida de los resultados oficiales no podemos ni intuir un método fiable de medida. Es posible que por medio de una inspección periódica a través de encuestas se pudiera obtener una percepción más ajustada a la realidad. En cualquier caso, siempre quedan bajo estas técnicas bien delimitados los factores de corrección necesarios deducidos por el cálculo de error muestral. 18. Por último, dentro del capítulo económico sería interesante recoger el sentimiento del dinero. Es decir, la percepción que se le atribuye al dinero, a la necesidad de tenerlo y a la disposición que se mantiene sobre él. En realidad, se trataría de establecer una escala de valores donde podríamos colocar el sentimiento del dinero entre otras prioridades en la vida cotidiana de los más mayores. Más bien la orientación se centra en conocer una posición relativa de valores o de asuntos a los que se les asignan valores dentro de una escala elaborada en la que el sentimiento del dinero suponga tan sólo una de las referencias a considerar. 19. Sobre los movimientos de población se puede medir el índice de contribución externa. Con este cálculo se obtiene el grado de influencia de los movimientos migratorios en el sistema impositivo. De esta manera se elaboran proyecciones temporales que permiten predecir cómo van a cotizar las masas migratorias en el futuro del bienestar de los jubilados. Se trata

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de indicadores funcionales que ilustran sobre la relevancia de la incorporación de trabajadores de otras zonas o países al sistema de una región determinada. Se mide de esta manera el desafío que supone la incorporación de elementos externos que refuercen o también que mengüen los márgenes fiscales que se asignan a los mayores. Habrá que tener muy en cuenta la estructura familiar de los que llegan para conocer si incluyen o no población no activa que consuma recursos con los mismos derechos que el resto de la población. 10. La última etapa de la vida se relaciona con el retiro, una actitud que supone la recogida de todo un estilo de vida en algo más sencillo, más cómodo y más acogedor. Según el nivel económico propio y las posibilidades de las ayudas institucionales, se configura un nuevo estilo de vida que puede llevar al cambio de residencia o a una movilidad muy específica de los que dejan la vida laboral en el pasado. Se hace preciso calcular el índice de asentamiento y de movilidad para conocer cuánto tiempo se pasa en un domicilio determinado o si se reside cuánto tiempo en un mismo lugar a lo largo del año. Se sabe que en otros países donde los mayores de hoy vivieron en naciones que eran ya prósperas cuando contaban con menos edad tienen un nivel elevado de tránsito entre diferentes lugares de residencia. Bien se puede detectar cómo evoluciona este estilo de vida en una región que cuenta con un sistema de envejecer propio y característico. Sólo hay que definir bien estos parámetros para arrojar mayor y mejor luz sobre estos datos objetivos. 11. El último de los indicadores propuestos se configura como la vivencia del ocio. De qué manera influyen los movimientos cotidianos, que no migratorios ni de grandes masas, según la práctica del ocio. Se trataría de un índice de intensidad de ocio. Habría que medir la frecuencia con la que se practican movimientos desde la residencia habitual para disfrutar de actividades lúdicas fuera de casa.

6. EPÍLOGO PARA MADRILEÑOS DE 2025 Por todo lo que hasta aquí hemos escrito y por lo que se percibe en la realidad social, parece que desde el ámbito de las ciencias sociales existen dos paradigmas a partir de los cuales se analizan e interpretan la inmensa mayoría de los cambios económicos, políticos y sociales que viven las sociedades postindustriales: el primero de ellos, percibido por el conjunto de la sociedad como positivo, es el paradigma de la sociedad global y del conocimiento. El segundo, percibido como negativo, es el paradigma del envejecimiento.

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De forma sistemática parecen contraponerse el uno al otro. Hasta conceptualmente parecen enfrentados entre sí estos dos paradigmas: las dinámicas y sinergias positivas que genera la sociedad global y del conocimiento frente a las rigideces de las sociedades envejecidas. La velocidad de la sociedad global y del conocimiento, frente a la lentitud de las sociedades envejecidas. O si se quiere: capacidad de adaptación frente a poca flexibilidad. Las sociedades envejecidas parecen entrar en contradicción con la esencia de las sociedades “ideales” más avanzadas, hasta el punto de que todas las limitaciones estructurales a las que deben hacer frente las sociedades modernas, de una forma u otra, parecen venir determinadas por el rostro envejecido que presentan. Es urgente resaltar lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Lo obvio es señalar que envejecer es bueno. O si se prefiere podríamos decir que malo no es. Una sociedad “envejecida” es la consecuencia de una larga lista de dinámicas sociales, políticas y económicas de carácter positivo. Todas y cada una de esas dinámicas tienen como elemento central el actor de modernización social más potente que existe: la mujer. Las consecuencias futuras de las políticas natalistas que se promueven no van a ser de la misma índole que en el pasado. Especialmente porque la mujer en España en general, y en Madrid en particular, está instalada ya en otras coordenadas. Eso sí, pueden presentar efectos negativos en el tránsito hacia la modernidad demográfica de determinados colectivos. Paralelamente, este tipo de medidas llevan asociadas un esfuerzo fiscal enorme difícilmente sostenible en escenarios de incertidumbre y crecimiento moderado. Los cambios que en términos de funciones y roles juegan las mujeres en el seno de una sociedad determinan la propia reformulación de las lógicas de la misma. Las sociedades envejecidas son consecuencia de cambios muy profundos en los factores que determinan la evolución de las variables demográficas básicas, pero de todos ellos el más importante es el papel que la mujer ha jugado y juega en esas sociedades. Desde un punto de vista estrictamente demográfico, las sociedades desarrolladas se han ido transformando bajo la lógica de la primera transición demográfica. En la actualidad avanzan con alguna contradicción por la segunda de las transiciones, y se disponen a asentarse en lo que podríamos llamar la tercera transición demográfica cuyo análisis, interpretación y gestión pasa necesariamente por una

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redefinición del concepto de envejecimiento, que en última instancia debe culminar en una visión positiva del mismo. La visión positiva del concepto de envejecimiento como elemento central de lo que hemos llamado la tercera transición demográfica es imprescindible. No hablemos pues de sociedad envejecida. Hablemos de una sociedad de mayores. Una sociedad donde no solamente la experiencia se pone en valor, sino que además la acumulación de población mayor presenta importantes potencialidades emergentes. El núcleo básico del paradigma del envejecimiento sostiene que sin jóvenes no se podrá hacer frente a una sociedad de mayores, con alusiones permanentes al reto de la sostenibilidad del estado de bienestar y del sistema de pensiones. El Banco de España, en su informe anual de 2007, apostó por acometer “pronto” reformas adicionales en los sistemas de pensiones, dado que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas será cada vez “más costosa y difícil”. La autoridad monetaria indica que es necesario adoptar medidas para aumentar el “grado de contributividad” del sistema público de pensiones y fomentar “el desarrollo de sistemas complementarios”, ante unas finanzas públicas que se enfrentarán a “importantes retos” en el medio y largo plazo, como consecuencia de la presión sobre el gasto público que ejercerá el envejecimiento de la población. Es evidente que sin jóvenes no hay futuro, pero no debemos caer en la trampa de las políticas de rejuvenecimiento a corto plazo. El futuro no lo garantizan directamente los jóvenes, sino los jóvenes y no tan jóvenes que pueden desarrollar su actividad productiva de forma equilibrada. Es la parte de la estructura demográfica que traduce su actividad económica en niveles de productividad razonables la que hace sostenible el modelo social que disfrutamos actualmente. Correlación no implica causalidad. Más jóvenes son necesarios, pero del rejuvenecimiento de la población no se derivan directamente las soluciones a los problemas que las sociedades avanzadas tienen que afrontar en los próximos lustros. Envejecer no es un proceso uniforme que marche a velocidad cronológica como se puede comprobar en la actitud de las personas mayores en los países europeos (epígrafe 4). Para algunos, un elemento esencial de su calidad de vida es seguir llevando una vida activa. Para otros, aquellos que no pueden salir de casa y sufren incapacidades físicas, la calidad de vida se la proporcionan la familia, los amigos y el apoyo social que reciben.

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La capacidad funcional y el estado de salud no son prerrequisitos para una buena calidad de vida en la vejez, sino que suelen ser relativos a las expectativas y la capacidad de adaptación de cada persona. Los factores que las personas mayores mencionan en mayor medida como relevantes para la calidad de vida suelen ser la familia, la salud, la vivienda, la sensación de bienestar, la independencia (libertad para elegir) y la movilidad. Es el entorno social (vivienda, seguridad, economía, servicios, ocio y transporte) donde se encuentra el factor predictivo más importante de la calidad de vida del individuo mayor. En ciencias de la salud y en ciencias sociales, los conceptos de calidad de vida normalmente se basan en la opinión de los expertos más que en la opinión de la gente. En esa dirección la vejez ofrece muchas oportunidades para un cambio positivo que no debe ser confundido con enfermedad. Muchos hombres y mujeres, por ejemplo, califican su calidad de vida en grados diferentes, no únicamente como buena o mala. Y es que lo que más influye en la calidad de vida en la vejez es: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Los estándares comparativos de las personas. Las expectativas. Su sentido del optimismo. La buena salud y la capacidad física. La implicación en muchas actividades sociales. Sentirse apoyados. Y residir en zonas seguras con buenas comunicaciones y buenos servicios.

Por otro lado, todos sabemos que el envejecimiento se explica en base a teorías basadas en la biología evolutiva y molecular. La biología evolutiva sostiene, en líneas generales, que los organismos envejecen y mueren porque hay pocas fuerzas de selección natural que favorezcan la supervivencia de los individuos una vez que éstos rebasan la edad en que son capaces de reproducirse. La biología molecular se centra en los mecanismos celulares específicos mediante los cuales el cuerpo pierde su funcionalidad y muere. La biología molecular admite dos tipos de células humanas: las células germinales, contenidas en el óvulo de la mujer y en el esperma del hombre, y las células somáticas, que incluyen los otros cien billones de células, más o menos, que componen el resto del organismo. Leonard Hayflick descubrió que existía un límite en cuanto al número total de divisiones que podían experimentar las células somáticas llegando un momento en que se producía el envejecimiento y la muerte.

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A continuación anticipamos una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales, producto del envejecimiento, en la Comunidad de Madrid para al año 2025. Son tendencias que hemos detectado teniendo en cuenta que la previsión temporal es una cosa y la previsión de tendencias otra muy distinta. Equivocarse de fecha no es equivocarse de tendencia. Veámoslas: 11. Dentro de 20 años es muy probable que esté abolida en la Comunidad de Madrid la jubilación obligatoria y habrá lo que se llama la “jubilación a la carta” para todos los ciudadanos. La jubilación obligatoria es una norma formal de carácter impersonal, y es útil precisamente porque evita que las instituciones tengan que emitir juicios personales matizados sobre la capacidad de una persona mayor concreta. Sin embargo, para evitar que dichas normas impersonales discriminen a personas mayores que son perfectamente capaces de seguir en su puesto es por lo que es previsible dicha tendencia. 12. A partir del año 2025, es muy probable que en la Comunidad de Madrid las personas vivan y trabajen normalmente con 60, 70, 80 y más años. La pirámide laboral se transformará de manera paulatina en trapezoide e incluso en rectángulo. La tendencia natural de una generación a apartarse para dejar paso a otra nueva será sustituida por la existencia de varias generaciones trabajando de manera simultánea. 13. Hasta la fecha, el envejecimiento de la población de la Comunidad de Madrid se ha analizado principalmente en función de la carga social que ocasionará. Esta crisis que amenaza tiene visos de ser real y generará en el 2025 dos trabajadores activos escasos por persona jubilada, cuando actualmente hay cuatro trabajadores activos por cada persona jubilada. 14. La población madrileña que quiera jubilarse en el 2025 verá limitadas sus opciones de hacerlo por el hecho de que aún tendrá un pariente, un progenitor anciano vivo que dependerá todavía de ellos. 15. En el 2025, con tres o más generaciones en activo y trabajando al mismo tiempo, los grupos de edad más jóvenes seguramente nunca serán más que una pequeña minoría de voces que luchen por hacerse oír, y lo más probable es que el cambio generacional podría ser menos determinante en el cambio social. 16. Para adaptarse con mayor rapidez a los cambios, a medida que nos vayamos acercando al 2025 la Comunidad de Madrid tendrá que establecer normas que impongan un reaprendizaje constante y un descenso obligatorio en el escalafón social de los mayores activos. La gente mayor tendrá que descender en la jerarquía social no sólo para someterse a un

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reaprendizaje, sino también para dejar sitio a los nuevos competidores que asciendan desde la base. A partir de 2025 se distinguirá en la Comunidad de Madrid dos periodos de mayores que el alargamiento de la esperanza de vida aportará. La primera categoría abarcará desde los 65 años hasta los 80, más o menos, y quienes se encuadran en ella tendrán esperanzas de llevar una vida sana y activa, todavía con recursos suficientes. Gran parte de la visión optimista sobre el aumento de la longevidad se refiere a este periodo y, en efecto, la aparición de esta nueva fase vital como una expectativa real para la mayoría constituye un logro del que la medicina moderna puede enorgullecerse. Para el año 2025 los habitantes de la Comunidad de Madrid con edad de votar experimentarán una fuerte feminización, en parte porque dentro de ese grupo cada vez más envejecido las mujeres que lleguen a edades avanzadas serán más numerosas que los hombres, y en parte por un cambio sociopolítico a largo plazo hacia una mayor participación de la mujer en la política. De hecho, las mujeres mayores emergerán como uno de los bloques de votantes más importantes y cortejados por los políticos madrileños en 2025. La comunidad de Madrid podría quedar dividida a partir de 2025 en una almendra central habitada por mujeres de edad avanzada, y una periferia impulsada por lo que ya se denomina “varones jóvenes y airados”. Fue un grupo ellos el que llevó a cabo los conflictos en Fuenlabrada, Costa Polvoranca, etc. Esto no significa, por supuesto, que la almendra central no consiga estar a la altura de los desafíos impuestos por la periferia. La biología no marca el destino. Sin embargo, los políticos madrileños tendrán que actuar dentro de unos marcos establecidos por hechos demográficos básicos, y uno de estos hechos puede ser que muchos espacios de la almendra central verán sus poblaciones menguadas, envejecidas y femeninas. A medida que rebasemos el año 2025, la Comunidad de Madrid acogerá una cada vez más baja proporción de niños con parientes colaterales (es decir, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, etc.). Las personas estarán emparentadas principalmente con sus padres, abuelos, bisabuelos, y con su propia descendencia. Es probable que una línea generacional tan tenue fomente nuevas actitudes pro paz favorecedoras de políticas más de centro y de izquierdas y políticas sociales novedosas que permitan generar relaciones sociales más densas. En la Comunidad de Madrid dentro de 20 años existirá, como consecuencia de la inmigración, una población autóctona cada vez más envejecida

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y femenina que convivirá con una población foránea, inmigrante, culturalmente distinta y sustancialmente más joven y masculina. 12. En el año 2025, en la Comunidad de Madrid, la discriminación por razón de edad estará al mismo nivel de rechazo social que el racismo, el sexismo y la homofobia actual. El éxito del rechazo será proporcional a la velocidad con que desaparezca la obsesión por la juventud. 13. Dentro de 20 años, en la Comunidad de Madrid la segunda fase de ancianidad, la segunda categoría, los mayores de 80 años, resultará mucho más problemática. Es la etapa que toda sociedad preferiría no tener en cuenta —y sobre todo no experimentarla—, porque atenta contra los ideales de autonomía personal que en general tanto se valoran. Para concluir repetiremos lo que dijimos al principio: posiblemente, el reto más importante que tendrá que afrontar la Comunidad de Madrid de cara al año 2025 tendrá que ver con la gestión del proceso de envejecimiento de su población. Es necesario que la Comunidad de Madrid avance hacia un nuevo modelo de gestión del envejecimiento que se sustancie en la consolidación de una construcción social emergente: la sociedad de mayores. Esta sociedad de mayores aportará valor en todos los ámbitos de la sociedad porque será una sociedad para todas las edades. Es necesario que la Comunidad de Madrid avance hacia un nuevo modelo de gestión del envejecimiento que se sustancie en la consolidación de una construcción social emergente: la sociedad de mayores. Esta sociedad de mayores aportará valor en todos los ámbitos de la sociedad porque será una sociedad para todas las edades.

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Acción social y dependencia Manuel Aznar López (coord.), Antonio Abellán García, Jose Mª Alonso Seco, Demetrio Casado Pérez, Francisco Javier Gómez Pavón, Gregorio Rodríguez Cabrero, Isidoro Ruipérez Cantera

1. INTRODUCCIÓN Teniendo por objeto este trabajo la acción social y la dependencia, es menester, como primera providencia, delimitar aquél. A tal efecto, se entenderá convencionalmente por acción social aquella forma institucional de dispensación de prestaciones sociales, de competencia exclusiva, en este caso, de la Comunidad de Madrid, y que está integrada por prestaciones técnicas, económicas y materiales, conforme define cada una de estas modalidades la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. De este modo, a tenor del sentido expuesto, la acción social se correspondería con la asistencia social que cita el artículo 148 de la Constitución Española. A su vez, teniendo en cuenta, por razones prácticas, la definición recogida en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por dependencia se entenderá la situación en que se encuentran quienes necesitan la atención de otra o de otras personas, o precisan ayudas para realizar actividades básicas de la vida diaria, o para desarrollar su autonomía personal. La finalidad que se persigue es realizar un análisis prospectivo, de carácter polifacético, que ponga en relación la acción social con la dependencia. No obstante, dado que una respuesta cabal a las necesidades de las personas dependientes requiere inexcusablemente la intervención coordinada de los servicios sociales y de los servicios sanitarios, se ha considerado imprescindible, a fin de obtener una visión completa, hacer una referencia al ámbito de la salud, focalizándola en la asistencia geriátrica, por concentrarse el riesgo de dependencia en mayor medida en la población de edad avanzada. Mediante este análisis, se pretende avizorar los trazos esenciales de los aspectos considerados (demográfico, social, económico, jurídico, sanitario) en el horizonte

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tenido en cuenta, proponiendo las medidas que vengan aconsejadas por los resultados obtenidos, para lo cual habrá de partirse de la situación actual y de las cuestiones que, a la vista del presente estado de las cosas, están aún por resolver. A tal fin, para evitar que el análisis se limite a una proyección rebus sic stantibus de la situación actual, habrán de tomarse en consideración, hasta donde sea posible y sin desconocer las dificultades para ello, las líneas tendenciales del contexto demográfico, económico, político, científico y social, como son, entre otras, las posibles consecuencias de las economías emergentes, la probable evolución del modelo de organización territorial de España y sus efectos sobre las competencias autonómicas, y los previsibles avances en el ámbito sanitario. La estructura del documento se acomodará, en consecuencia, a lo que acaba de expresarse, de modo que, tras una somera descripción de la situación actual, se realizará un análisis prospectivo, para desembocar en una serie de recomendaciones. Partiendo de las aportaciones, tanto orales como escritas, realizadas por los participantes en el seminario, que se desarrolló en dos sesiones, la redacción final del documento ha sido realizada por el coordinador de los trabajos, quien, en consecuencia, asume la responsabilidad de cualquier discordancia que pudiera, en su caso, existir entre el pensamiento de los integrantes del grupo de debate y su plasmación documental.

2. SITUACIÓN ACTUAL 2.1. Demografía y dependencia Desde la perspectiva demográfica, la Comunidad de Madrid se ha caracterizado, en los primeros años del siglo XXI, por un fuerte incremento de la población, que ha pasado de 5.205.408 habitantes en 2000 a 6.251.876 habitantes en 20081. El motor de este crecimiento ha sido la inmigración, hasta el punto de que la población de origen extranjero representaba, en 1 de enero de 2008, el 15,9 por ciento de la población empadronada en la comunidad2. Los masivos flujos inmigratorios, que han incluido a un significativo número de mujeres en edad de procrear, han permitido que se registre un repunte de la fecundidad, cuyo índice sintético ha pasado de 1,31 en 2002 a 1,43 en 20083. No obstante, los referidos flujos tienen un efecto ambivalente, puesto que, si en la vertiente indicada producen la ralentización del proceso de envejecimiento de la población, por otro lado podrían tener una repercusión directa en el incremento del gasto sanitario y social, en especial al

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contribuir, a través de la reagrupación familiar, al aumento del número de los mayores. Destaca, en la estructura demográfica, el peso femenino (51,5% de la población y 59,5% de los mayores de 65 años)4, a consecuencia de la mayor mortalidad masculina. Este último fenómeno debería ser mejor conocido, al ser un factor que contribuye a acentuar el riesgo de dependencia. Esta acentuación se deriva asimismo del incremento de las rupturas familiares, al afectar la dependencia, en mayor medida, a los hogares unipersonales. Además, se está produciendo el fenómeno del envejecimiento, si bien en la Comunidad de Madrid tiene, en términos relativos, una menor incidencia que en la totalidad de España (en 2006, la población de 65 y más años era el 14,5% y el 16,7%, respectivamente)5, como también es menor el envejecimiento del envejecimiento6 que la media nacional (en 2006, 3,8% y 4,4%, respectivamente)7, lo cual no obsta para destacar este fenómeno, puesto que los mayores de 80 años son el 26,6 por ciento de los mayores de 65 años. Se trata de un fenómeno predominantemente femenino, ya que, a partir de los 85 años, hay 270 mujeres por cada 100 varones, debido a la mayor mortalidad masculina8. Por su parte, las tasas de discapacidad o de dependencia de los mayores de 65 años son, en la Comunidad de Madrid, más bajas que en la totalidad de España (en 2006, 26,5% y 31,9%, respectivamente)9. La estructura de la dispensación informal de cuidados a las personas dependientes se caracteriza por una desigualdad por razón de sexo, al recaer aquélla sobre las hijas, de edad comprendida entre los 45 y los 65 años, aun cuando la mayoría sea ayudada en la prestación de cuidados por otros miembros de la familia y pese al significativo incremento de los cuidadores retribuidos. En la Comunidad de Madrid, la hija ejerce las funciones de cuidadora principal en un 36,7 por ciento de todas las tareas posibles de ayuda, lo que está por debajo de la media nacional (38,5%)10. El patrón de cuidados tiene, además, en la Comunidad de Madrid, algunas diferencias que le separan del nacional. Así, en la Comunidad de Madrid el cónyuge asume las tareas de cuidados en menor medida (15,7% y 22,2%, respectivamente) y, en cambio, los cuidados son prestados en mayor medida por empleados del hogar (16,4% y 9,2%, respectivamente)11. En este marco general, las personas dependientes viven mayoritariamente en hogares plurigeneracionales, siendo, por añadidura, los casos más severos. Puede estimarse que en torno al 15 por ciento de los hogares tiene una persona dependiente. Todos estos rasgos están en una cierta contradicción con la tendencia de la política social

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a concentrar la protección en los hogares unipersonales. Además, se producen situaciones de falta de equidad, pues a mayor solidaridad familiar se recibe menos apoyo, dado que la política en la materia es de tipo subsidiario12.

2.2. El sistema de acción social Desde la perspectiva de la población protegida, el sistema de acción social de la Comunidad de Madrid se encuentra en una fase de transición desde el marginalismo al universalismo. A este respecto, la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales, establece la universalidad y la gratuidad de las prestaciones técnicas, entendiendo por tales intervenciones de contenido informativo, evaluador, orientativo, asesor y protector en el ámbito jurídico-social, así como, en general, los actos profesionales necesarios para garantizar la atención social. Se trata, en consecuencia, de una universalización parcial, que afecta a ciertas prestaciones de atención primaria y bajo coste. Esta misma fase de transición se observa en cuanto a la estructura prestacional, en la que desde el modelo residencialista se tiende al modelo comunitario. Por otra parte, es destacable la débil presencia de la acción preventiva, frente al énfasis puesto en otras modalidades de intervención. Merecen también una mención especial las barreras arquitectónicas, al ser un aspecto de prevalencia absoluta de la discapacidad y que se olvida en el caso de los mayores. Por su parte, la estructura organizativa sigue el criterio de distinguir entre los servicios sociales generales13 y los especializados. En los últimos años, los recursos sociales han experimentado un incremento muy significativo en la Comunidad de Madrid. Por referirnos tan sólo a los destinados a las personas mayores, que son las que en mayor medida concentran las situaciones de dependencia, el aumento de los recursos disponibles puede observarse en la siguiente tabla: Tabla 1. Recursos sociales para mayores en la Comunidad de Madrid (Índice de cobertura 2002-2007)14 Recurso

2002

2007

Ayuda a domicilio (servicio público)

2,71

6,62

Teleasistencia (servicio público)

1,80

10,46

Centros de día para dependientes

0,16

1,08

Servicios residenciales

3,72

4,96

Fuente: Observatorio de Personas Mayores.

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Por otra parte, la Comunidad de Madrid dispone de un parque de recursos sociales para personas mayores de 65 años por encima de la media nacional, tal y como puede observarse en la siguiente tabla: Tabla 2. Recursos sociales en la Comunidad de Madrid y en España (Índice de cobertura en 2007)15 Recurso Ayuda a domicilio (servicio público) Teleasistencia (servicio público)

Madrid

España

6,62

4,39

10,46

4,30

Centros de día para dependientes

1,08

0,73

Servicios residenciales

4,96

4,27

Fuente: Observatorio de Personas Mayores.

De las cifras anteriores se desprende, en consecuencia, el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid para cubrir el déficit de servicios sociales, destacando, en especial, tanto el servicio de teleasistencia, donde Madrid se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en el índice de cobertura, como el servicio de ayuda a domicilio, respecto del cual dicho índice era, en 2002, inferior a la media nacional (2,71 y 2,80, respectivamente), mientras que en 2007 se encontraba por encima de la citada media (6,62 y 4,39, respectivamente), siendo también mayor la intensidad protectora, medida en número de horas de atención por usuario al mes, que la media nacional (18,34 y 16,61, respectivamente)16. Sin embargo, existe un problema de desigualdad protectora, ya que la atribución de algunas competencias a los municipios incluye no sólo la gestión, sino también la decisión sobre ciertos aspectos de la acción protectora. En cuanto al papel de la iniciativa privada, la política pública es, en ocasiones, excesivamente dependiente de las asociaciones de los potenciales usuarios de los servicios sociales en cuanto a la gestión de la oferta, existiendo el riesgo de ruptura de la equidad protectora, ya que la protección ofrecida no se rige, en estos casos, por la valoración de la necesidad y su carácter prioritario, sino que se acomoda a la capacidad de presión de las diferentes agrupaciones de posibles destinatarios, de modo que los poderes públicos van a remolque de las propuestas y presiones de grupos que defienden sus interés particulares. Por otra parte, respecto de la prestación de servicios, se observa que por la Administración Autonómica se admiten y promueven ofertas privadas de carácter fraccional (de ayuda a domicilio, de teleasistencia, de centros de día, etc.), lo que puede perjudicar la continuidad de los cuidados, principio que se preservaría mejor si las ofertas fueran integrales.

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2.3. La financiación de la acción social y la dependencia Desde la perspectiva de su financiación, la acción social se caracteriza, en el ámbito nacional, por la limitación derivada de la naturaleza asistencial de su concepción originaria, la cual, con diversos matices, fue asumida por las leyes autonómicas, de primera y de segunda generación, reguladoras de esta rama. Esta limitación viene favorecida asimismo por la posición subordinada de los servicios sociales en el entramado institucional y por los compromisos financieros de cobertura de las prestaciones, restringidos a los presupuestos anuales o, en el mejor de los casos, a la previsión legal de alcanzar un compromiso mínimo de gasto, situado entre el 4 y el 6 por ciento. Todo ello ha producido un desplazamiento relativo de la financiación hacia las familias, en especial hacia las integrantes de las capas medias de la población, y un aplazamiento en el tiempo de los compromisos públicos en este ámbito de la financiación. Dentro de este marco, la segunda ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid (Ley 11/2003, de 27 de marzo) dedica su Título IV a la financiación del sistema público, contemplando los recursos generales destinados a aquélla, la financiación autonómica y local, y la posible participación de los usuarios en el coste de las prestaciones de carácter material17, además de regular, respecto de ésta, los factores que deberán tomarse en consideración para establecer la posible obligatoriedad de las aportaciones y su cuantía18, que deberá respetar, en todo caso, el principio de equidad. La contribución de los usuarios se graduará según su capacidad económica. La suficiencia financiera de la acción social se proyecta sobre dos vertientes: De una parte, la dimensión sustantiva; de otra, la dimensión del esfuerzo financiero, y su impacto económico y social. La primera de estas dimensiones está directamente relacionada con la fortaleza o la debilidad de la posición jurídica del ciudadano respecto del acceso y disfrute de los servicios sociales, por lo que procede la remisión a lo que al respecto se señalará en los apartados correspondientes. En cuanto a la segunda de las dimensiones reseñadas, el cuadro financiero general está caracterizado, en el ámbito nacional, por la falta de suficiencia dentro de un proceso de crecimiento contenido del gasto público. La financiación está limitada a los presupuestos generales, mediante créditos no ampliables, o a techos porcentuales. Por otro lado, el modelo jurídico-político tiene como consecuencia la diversidad de las fuentes de financiación que, si bien no es en sí misma un problema, va aparejada a una falta de delimitación clara de las fuentes públicas y de la aportación de los usuarios, lo cual impide, en ocasiones, cifrar el esfuerzo real

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de cada una de las administraciones (general, autonómica y local). Una mención especial merece el copago, acerca del cual es menester señalar, en primer término, que se trata de una práctica generalizada en todos los regímenes de bienestar social, incluso en los más desarrollados, como es el caso de los países nórdicos. Sin embargo, el problema consiste en la existencia de desigualdades y de falta de equidad, en la medida en que se produce una diversidad de situaciones de copago ante situaciones de necesidad relativamente idénticas. Por lo demás, pese al uso creciente de la figura del convenio o del contrato de gestión de servicios públicos dentro de la lógica de la racionalización y contención del gasto público, la aplicación de la técnica subvencional tiene aún un peso considerable. Los servicios sociales, además de aportar teóricamente un valor añadido en la lucha contra la exclusión y la vulnerabilidad, y de desarrollar funciones de prevención del riesgo social, producen importantes impactos económicos, destacando la elevada capacidad de generación de empleo, si bien se trata de un sector de baja productividad, al ser intensivo en mano de obra y estar caracterizado por una fuerte dispersión de actividades, así como por variados campos de intervención, que exigen una formación polivalente.

2.4. Aspectos jurídicos del sistema de acción social No existen diferencias relevantes entre el régimen jurídico de la acción social en la Comunidad de Madrid y el vigente en las demás comunidades autónomas, presentando, en consecuencia, una serie de rasgos comunes. En este marco, el derecho a los servicios sociales es un derecho emergente, que debe situarse en el ámbito del Derecho administrativo. En términos generales, las prestaciones del sistema público de acción social de la Comunidad de Madrid no tienen, en cuanto a su establecimiento se refiere, el carácter estricto de derecho subjetivo perfecto, situándose en el ámbito de la discrecionalidad administrativa. Ello no es óbice a que pueda considerarse que ciertas prestaciones están revestidas de dicho carácter de derecho subjetivo, como sucede con la prestación económica de renta mínima y también, pese a su configuración subvencional, con las prestaciones económicas para prótesis dentales. Otra es la posición jurídica del ciudadano en cuanto al acceso a las prestaciones establecidas, ya que, una vez cumplidos los requisitos exigidos en la norma aplicable, se adquiere el derecho a la prestación correspondiente, caracterizándose, por tanto, ésta por la nota de la exigibilidad. En este marco general, merece una

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consideración especial la atención a la dependencia, para indicar que Madrid fue la primera comunidad autónoma que incluyó en su nueva ley de servicios sociales un título dedicado específicamente a aquélla, donde se habla de derechos y de prestaciones, a cuya dispensación viene obligada la Administración Autonómica. Sin embargo, el título jurídico de acceso del ciudadano a las prestaciones se encuentra condicionado cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las solicitudes, obligando a establecer sistemas de racionamiento o dando lugar a listas de espera, de modo que, cuando existe un derecho subjetivo, éste se encuentra debilitado. En cuanto a los derechos y deberes de los usuarios, Madrid fue pionera en el reconocimiento de estos derechos a través de una norma de rango legal (Ley 8/1990, de 10 de octubre, reguladora de las actuaciones inspectoras y de control de los centros y servicios de acción social) y, junto con Asturias, también lo ha sido en cambiar la orientación de las leyes de servicios sociales, ya que si las de primera generación tuvieron por finalidad establecer las prestaciones y regularon, partiendo de esta base, el acceso a las mismas, en las de segunda generación se procede a la inversa, recogiéndose, en primer lugar, los derechos de los ciudadanos, de los cuales se derivan las prestaciones correspondientes. La sistemática seguida está indicando que las prestaciones responden a los derechos previamente enunciados. En la Comunidad de Madrid, estos derechos están regulados actualmente en la Ley 11/2003, de de 27 de marzo, de Servicios Sociales, y en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales.

2.5. Dependencia y salud. La coordinación entre los sistemas de salud y de acción social El fenómeno del envejecimiento del envejecimiento está comportando un incremento notable de la morbilidad asociada a procesos crónicos y degenerativos incapacitantes, así como una tendencia al aumento de la discapacidad y de la dependencia en la población de más edad. Este segmento poblacional, al ser el más vulnerable y al concentrar el mayor riesgo de dependencia y las mayores cifras de dependencia ya establecida, consume en mayor medida recursos sanitarios y sociales, teniendo consecuentemente un mayor gasto en salud. Sin embargo, la edad no significa ni enfermedad, ni dependencia. Ésta es el resultado de la combinación de cambios fisiológicos relacionados con la edad, las enfermedades crónicas y los procesos agudos o intercurrentes, además de la influencia del entorno psicosocial, ambiental y sanitario.

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La prevención y la promoción de la salud, el control de las enfermedades crónicas y la disposición de servicios sanitarios eficientes permitirían reducir, de forma significativa, la incidencia, la prevalencia y la intensidad de la enfermedad y de la discapacidad y, con ello, de la dependencia. Sin embargo, en el momento actual no se producen, en grado suficiente, las intervenciones preventivas, precoces y rehabilitadoras que facilitarían tal disminución, la cual, además de cumplir el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida, producirían el efecto colateral de contribuir a la moderación de los gastos sanitarios, según muestran estudios realizados para el caso de los Estados Unidos de América19. Por su parte, existe un déficit en los dispositivos hospitalarios destinados a la asistencia geriátrica, de modo que, en 2005, sólo 4 de los 14 hospitales generales de titularidad pública de la Comunidad de Madrid disponían de un servicio completo de geriatría y otros 4 tenían alguna dotación20. Por otro lado, únicamente existían tres centros hospitalarios públicos de crónicos con unidad de media estancia, cuidados paliativos y unidad de larga estancia. De ello se desprende la existencia de un problema de equidad territorial, al haber áreas sin recursos geriátricos, si bien la situación está en trance de ser paliada, al preverse, en los hospitales de nueva creación, la disposición de medios para prestar atención geriátrica especializada. Además, en términos comparativos, Madrid estaba situada en aquel año entre las comunidades autónomas que, en términos relativos, contaban con un mayor número de unidades geriátricas de agudos, siendo el porcentaje muy superior a la media nacional. La coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales no está satisfactoriamente resuelta, dificultando así la aplicación del principio de continuidad de cuidados. En relación con ello, se observa un fuerte déficit en la garantía de la atención sociosanitaria. Debe recordarse, en tal sentido, que de las nueve modalidades que componen el catálogo de prestaciones del sistema nacional de salud21, la única que no fue incluida en la norma que desarrollaba la cartera de servicios de dicho sistema fue precisamente la denominada “atención sociosanitaria”. El establecimiento de un marco coherente en este ámbito se ha visto dificultado por las divergencias entre los sectores sanitario y social en aspectos tales como la diferente configuración jurídica del acceso a las prestaciones; el criterio, universal o selectivo, para determinar el ámbito subjetivo; la financiación de ambos tipos de servicios; las diferencias de la estructura organizativa; el desarrollo disímil de ambas ramas; y la falta de armonía entre los criterios funcionales, ya que, al establecerse las pautas de funcionamiento de un sector, no se tienen en cuenta las del otro.

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Entre los distintos modelos de atención sociosanitaria, el de la Comunidad de Madrid es el de coordinación entre las ramas sanitaria y social. En aplicación de este modelo se han producido importantes avances, como ha sucedido, por ejemplo, en la atención a las personas con enfermedad mental. A este respecto, la coordinación sociosanitaria pivota en torno a comisiones de distritos (nivel operativo) y de áreas (nivel táctico), además de una comisión técnica-directiva de seguimiento (nivel estratégico)22. Existe, no obstante, una falta de armonía entre los instrumentos de planificación23, ya que mientras el Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid 2005-2008 se refiere al impulso para la creación y desarrollo de las comisiones sociosanitarias, previendo su constitución para 200624, el Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009 alude simplemente a la “valoración de la constitución” de una comisión sociosanitaria en cada área de salud, en la que intervengan las administraciones sanitaria y social25. Los problemas de coordinación afectan, en algunos casos, al acceso de determinados usuarios de uno de los sistemas, sanitario o social, a determinadas prestaciones dispensadas por el otro sistema. Esto no se produce únicamente, como ha venido siendo relativamente frecuente, en detrimento de los usuarios del sistema de salud, a consecuencia de la tradicional escasez de recursos sociales, con la ruptura de la continuidad asistencial y el efecto derivación-expulsión, sino también en perjuicio de los usuarios de los servicios sociales, que, en ocasiones, pueden tener dificultades para acceder a determinados servicios sanitarios26.

3. ACCIÓN SOCIAL Y DEPENDENCIA EN EL HORIZONTE DE 2025 3.1. Demografía y dependencia. Perspectivas en el horizonte de 2025 A modo de premisa, debe indicarse que la gran complejidad que caracteriza el marco conceptual de la discapacidad y de la dependencia dificulta la adopción de un concepto operativo, de modo que es previsible que en los próximos años se produzca un debate en la materia, que apenas ha existido hasta el momento. Aunque se cuenta con definiciones generales y con marcos conceptuales respaldados por organizaciones internacionales, es lo cierto que, de no adoptarse medidas clarificadoras, la confusión podría acrecentarse. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que el mismo término es utilizado, en ocasiones, de forma diferente en distintas comunidades autónomas.

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Existen asimismo diferentes mediciones de la dependencia, que se corresponden con los distintos conceptos27. Estas discrepancias conceptuales y la irregularidad en la provisión de la información estadística dificultan los estudios prospectivos. El debate reseñado no habría de ser exclusivo de las organizaciones internacionales, sino abierto, debiendo extenderse además al diálogo entre el sector público y el sector privado, entre los diversos organismos productores de datos estadísticos, y entre el ámbito sanitario y el social. El cálculo de efectivos futuros de población anuncia un incremento notable de la población de edad, con un crecimiento especialmente significativo del grupo de los mayores de 80 años, que en la Comunidad de Madrid llegarán al 29,9 por ciento en 201728, aun cuando seguirán estando, en términos relativos, por debajo de la media nacional. En este escenario, incluso en el optimista, el número de personas dependientes crecerá considerablemente en el horizonte considerado, como consecuencia de la llegada de cohortes nutridas a este estadio final del ciclo de vida. Sin embargo, este ejercicio de prospectiva sólo tiene en cuenta la evolución reciente de la dependencia, por lo que no es descartable que otros factores hagan evolucionar de forma diferente las tasas y los niveles de dependencia, pudiendo ser posible que aumente la discapacidad leve y moderada, y retroceda la grave. En cualquier caso, es primordial para las familias y para los gestores de las políticas sociales conocer los calendarios de entrada en la discapacidad y en la dependencia, la duración de las diferentes etapas de la discapacidad y la perspectiva de la carga de dependencia. De otra parte, es previsible que se ponga un mayor énfasis en las políticas de envejecimiento activo, pero debería también prestarse atención a los factores de riesgo. Así, la viudedad es un factor de dependencia leve y moderada, lo que haría necesaria la implementación de políticas para favorecer la estabilidad del hogar, a cuyo efecto sería conveniente adoptar medidas para disminuir la mortalidad masculina. La reducción de ésta a partir de los 55 años sería un elemento que disminuiría el riesgo de dependencia de la mujer. En relación con ello, según anteriores estudios prospectivos, la diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina podría seguir incrementándose hasta el año 2016, en el que se estabilizaría. Sólo a partir de 2026 —ya fuera del horizonte considerado— empezaría a disminuir la diferencia entre ambas29. Este dato parece, sin embargo, contrastar con los relativos a la Comunidad de Madrid, ya que, en los últimos años, se ha producido

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una ligera reducción de la diferencia de esperanza de vida entre ambos sexos, que de 7,12 años en 2000 pasó a 6,55 años en 200530. Las tendencias observadas conducen a sostener que habrá una significativa disminución de las ayudas potenciales de carácter informal por persona dependiente y hacen previsible que se produzcan cambios en el patrón de cuidados, los cuales deberían ser favorecidos mediante la implantación de políticas tendentes a aliviar la carga que recae sobre los familiares de las personas dependientes y a eliminar las desigualdades derivadas de la dedicación más intensa de la mujer a la prestación de estos cuidados.

3.2. El sistema de acción social. Perspectivas en el horizonte de 2025 Resulta posible que el horizonte considerado se culmine la fase de transición en que actualmente se encuentra la acción social en la Comunidad de Madrid, pero para ello debería apostarse decididamente por el universalismo, a través de medidas dirigidas a acomodar el ámbito de aplicación subjetivo del sistema al referido principio. Esta universalidad constituye un medio indirecto de integración social y lleva asociado el beneficio de evitar la estigmatización. Supone, además, la superación del racionamiento de la oferta y de la adjudicación de prestaciones por aplicación de baremos económicos selectivos, con la consiguiente exclusión de la acción protectora de los ciudadanos con rentas medias y altas, lo que ha resultado especialmente gravoso para los primeros, al no poder acceder a los recursos públicos, por sobrepasar el nivel de renta establecido como umbral de admisión al disfrute de las prestaciones, ni disponer de medios económicos suficientes para sufragar la adquisición de los servicios en el mercado. El principio universalista no es, empero, de alcance universal, por cuanto no será de aplicación a programas que, por su naturaleza, son selectivos (así, la renta mínima de inserción). La aplicación del principio universalista plantea, no obstante, el problema de la sostenibilidad del sistema, pero debe esclarecerse que la universalidad del campo de aplicación no tiene por qué ir aparejada necesariamente con la gratuidad total en el acceso a las prestaciones. La universalidad es, en efecto, compatible con el copago, si bien la participación del usuario debe ser establecida en términos tales que no produzca de hecho un efecto de expulsión. Esta tendencia a la universalidad podría verse reforzada por la aplicación de la Ley 39/2004, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que institucionaliza este principio y que podría impulsar la aplicación del mismo a otras prestaciones. Esta

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norma legal, además, podría contribuir a potenciar el objetivo de la asistencia supletoria, pero ello no debería ir en detrimento de los demás objetivos de los servicios sociales: la prevención, la habilitación y rehabilitación y la accesibilidad. Desde la perspectiva de la estructura prestacional, podría asimismo, en el horizonte considerado, consolidarse la tendencia hacia el cambio del modelo residencial y su transformación en un modelo predominantemente comunitario. Esta tendencia debería reforzarse mediante la adopción de medidas destinadas a favorecer la permanencia en el propio medio y los alojamientos alternativos, sin olvidar la intervención respecto de los establecimientos residenciales, al objeto de introducir modificaciones que lleven a su “comunitarización”. El modelo comunitario conlleva, de otro lado, la promoción del apoyo familiar, incluso en los casos en que la atención pasa a prestarse en régimen residencial31. De este modo, el enfoque comunitario no debería limitarse a la atención primaria, sino que habría de afectar al conjunto del sistema. En otro orden de cosas, de no introducirse las medidas correctoras, se podría perpetuar la desigualdad protectora que se deriva de la asignación de ciertas competencias a los municipios, tal y como se ha indicado al describirse la situación actual. En concreto, la atención primaria no debe depender de la capacidad técnica y económica de los ayuntamientos, sino que debe seguir el criterio de cubrir el máximo posible de demandas32. Junto al principio de igualdad protectora, debería conseguirse, en el horizonte considerado, la garantía del principio de continuidad de la protección, para lo cual sería necesario adoptar las medidas necesarias que permitan hacer efectiva dicha continuidad, en la línea que se ha aplicado en la Comunidad de Madrid para el caso de la enfermedad mental. De esta forma, podría ponerse remedio a los inconvenientes derivados de la división de competencias administrativas. La opción, reflejada en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales, de pasar la atención domiciliaria del primer nivel organizativo al segundo podría favorecer una mayor operatividad del principio de continuidad de cuidados. Además, uno de los objetivos a lograr en el horizonte estudiado consistiría en la aplicación de la técnica de la gerencia o gestión de casos, con la finalidad de lograr una correcta aplicación de la acción protectora, sea cual fuere la modalidad prestacional, en especial respecto de las situaciones de dependencia. Esta aplicación habría de responder a un criterio integral, de modo que no sólo debería limitarse a articular y a concretar intervenciones de una rama o nivel dentro de una

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rama, como hacen los profesionales de referencia, sino que habría de abarcar todos los recursos relevantes para la protección que requiera, en concreto, cada una de las personas dependientes. Un desarrollo racional del sistema de acción social requeriría que la oferta de servicios sociales se acomodara a las necesidades de los potenciales usuarios, evitándose así que sea el ciudadano quien deba hacerlo a aquélla. Ello exige la realización de estudios prospectivos de necesidades y de demandas, que permitan llevar a cabo ajustes periódicos de la oferta. El nivel educativo más elevado de las generaciones venideras puede llevar, de otra parte, a realizar demandas relativamente diferentes de las actuales, siendo posible que, junto a los servicios comunitarios, se soliciten en mayor medida que ahora otras alternativas residenciales, como son los pisos tutelados o los centros de apartamentos con servicios. Además, tal y como previó el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 2005-200833, la oferta debería extenderse a la atención a situaciones de emergencia, a cuyo efecto es interesante el precedente del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid, cuya experiencia debería ser tomada en consideración a la hora de implantar un servicio de emergencias sociales, de funcionamiento ininterrumpido, para toda la comunidad. La opción preferencial por las prestaciones dispensadas en forma de servicios continuará vigente durante el periodo considerado, impulsada además por el criterio seguido en tal sentido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Esta opción no parece incorrecta, si se consideran razones de eficacia, además de su efecto en la creación de empleo34, pero podría verse desvirtuada, en especial en el caso de la atención a la dependencia, por factores tales como la insuficiencia de la oferta de servicios, la importancia de la atención informal y las preferencias del beneficiario, lo que puede favorecer una tendencia al equilibrio entre los servicios y las prestaciones monetarias, en el marco de una mayor flexibilidad gestora35. En cualquier caso, salvo cuando se dirijan a garantizar una renta mínima o a compensar genéricamente un exceso de gastos derivado de una presunta situación de necesidad tipificada, las prestaciones monetarias deberían estar vinculadas a la prestación del servicio y, por ende, tener naturaleza finalista, debiendo quedar subordinada la percepción a su utilización efectiva para la finalidad a la que están dirigidas. A la vista de los sistemas experimentados tanto en España como en otros países (v. gr., Finlandia), deberían asimismo evaluarse las ventajas e inconvenientes de las fórmulas de subvención al consumo, como es el cheque-servicio, que podrían conciliar la ampliación de la libertad de elección de los usuarios con el objetivo de la creación de empleo.

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Desde la perspectiva cuantitativa, se estima que se producirá un crecimiento paulatino de los recursos sociales de provisión pública y de carácter comunitario, al ser los demandados preferentemente por los ciudadanos y al tener que afrontarse la presión social derivada de la carga de cuidados de la dependencia y de los cambios en la estructura de los cuidados informales. Se confirmarían así, en el horizonte de 2025, otras predicciones, realizadas tomando en consideración el horizonte de 2015, que ponen el acento en el incremento de la oferta de servicios personales, la cual, de otra parte, será de naturaleza mixta, pública y privada 36. La mayor disposición de recursos sociales y el carácter mixto de la oferta podría conducir a ensanchar el margen de elección de los usuarios entre los servicios ofertados. Así parece indicarlo, en efecto, la tendencia seguida en su día en los países con mayor gasto en servicios sociales, singularmente los del norte de Europa, en los que, manteniéndose la garantía pública de las prestaciones, se ha pasado de una provisión predominantemente pública a una provisión mixta, reconociéndose a los usuarios el derecho a elegir libremente entre los servicios ofertados. En este marco tendencial, se inscribirá la consolidación de las entidades que agrupan a los proveedores de servicios, de carácter lucrativo o no, el afianzamiento de la negociación de estos proveedores con la Administración sobre las condiciones de la contratación de la provisión de servicios, el incremento de la competencia entre los proveedores, una dimensión organizativa más adecuada, una mayor calidad de los servicios y la concentración empresarial. Ello no será óbice a que el sector público siga desempeñando el papel de proveedor de servicios, además de regulador y contratista37. De todos modos, la política pública sobre la iniciativa privada habría de experimentar un cambio, en un doble sentido. De una parte, debería salirse al paso de la excesiva dependencia de la presión de las asociaciones privadas en cuanto a la determinación de la oferta de prestaciones, de manera que, sin dejar de tener en cuenta sus pretensiones, prime la perspectiva de la necesidad, preservándose, de este modo, el principio de equidad y evitándose los inconvenientes de configurar los servicios según los grupos de afectados y no según la modalidad de las prestaciones. En concreto, en el supuesto de la discapacidad, para evitar este riesgo, debería apostarse por centros polivalentes, en lugar de centros por clases de discapacidad. Por otra parte, debería tenerse en cuenta que el principio de continuidad de cuidados aconseja que se otorgue preferencia a las ofertas integrales sobre las fraccionales.

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3.3. La financiación. Perspectivas en el horizonte 2025 Para encuadrar el análisis en el contexto de una visión de prospectiva activa ha de partirse, como premisa, de que la evolución de la acción social en general y de la atención a la dependencia en particular estará relacionada con tres factores: la estructura económica, la estructura social y las políticas públicas. En cuanto a la primera, se parte de la hipótesis de que, en el horizonte considerado, no se producirán, pese a la presente coyuntura desfavorable, cambios drásticos en la estructura económica de la Comunidad de Madrid, de modo que ésta no se descolgará del proceso de modernización. Respecto de la segunda, se producirá un retraso en la entrada en dependencia, además de una mejora de la salud y de los ingresos, pero también un mayor aislamiento, al estar más dispersas las redes informales. Por lo que se refiere a las terceras, la tendencia debería inclinarse, en el plano nacional, a favor de políticas que eviten la carrera hacia lo centrífugo, so pena, en caso contrario, de que se consoliden las desigualdades territoriales. En este marco, el principal reto que habrá de afrontarse en los próximos años es la financiación de la protección a la dependencia, tal y como está regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Esta financiación dependerá del coste de la misma y del reparto de la carga financiera entre las administraciones públicas y los usuarios. El coste de la atención a la dependencia estará relacionado con: la demanda efectiva, que vendrá dada por los solicitantes que hayan sido admitidos en el sistema protector por aplicación del baremo correspondiente; el modelo prestacional, en el que deberá tenerse en cuenta el peso relativo de servicios y prestaciones monetarias; el modelo de servicios que se consumen; y el coste de las prestaciones abonadas finalmente a los usuarios, según el tipo y grado de dependencia. Las estimaciones de gasto realizadas en el periodo 2003-2005, con anterioridad, por tanto, a la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se situaban en un abanico muy amplio, que oscilaba entre los 6.774,4 y los 13.085,5 millones de euros, lo que significaba, en términos porcentuales del PIB, el 1,20 por ciento y el 1,89 por ciento. Por su parte, la Memoria adjunta al anteproyecto de la referida ley estimaba el coste de la aplicación de la misma en 9.355,5 millones de euros para el año 2015. Sin embargo, la Memoria no esclarecía cuáles eran los criterios para el cálculo del coste y su contraste con otras fuentes, que sí explicitan las variables e indicadores

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de coste, revela que la estimación recogida se encontraba infravalorada en torno a un 25 por ciento, de modo que la cantidad global que supondría el coste de la aplicación de la ley ascendería, en 2015, a 11.562,8 millones de euros (8.842,4 en servicios y 2.720,4 en prestaciones monetarias), cuantía calculada con base en los posibles costes medios de prestaciones por usuario y año, sin incluir los costes de valoración del grado de dependencia y de gestión del sistema protector38. La financiación del sistema establecido en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de dependencia es tripartita, realizando aportaciones, a partes iguales, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los usuarios. En términos globales, sobre un gasto a la entrada en vigor de la ley en torno al 0,30 por ciento del PIB, el gasto adicional estaría entre el 0,50 y el 0,80 por ciento. Así las cosas, hay que plantearse si el esfuerzo financiero será suficiente, estable y sostenible a largo plazo. En cuanto a la suficiencia del sistema de financiación, la posible respuesta es que con la aportación estimada de la Administración General del Estado podría garantizarse una amplia cobertura, pero de baja intensidad protectora, de forma que la garantía de la suficiencia del sistema se trasladaría a las comunidades autónomas y a los usuarios. Por ello, la clave podría estar en el copago, sobre el que anteriores estudios prospectivos han señalado la inevitabilidad de su aplicación para determinados servicios39. No obstante, el copago debe fundamentarse en la diferenciación entre servicios asistenciales y servicios hoteleros, de forma que una parte, al menos, de los primeros sea gratuita para todas las personas dependientes. Además, el copago debe ser establecido en términos tales que no lleven a la exclusión de las capas medias de la población. Por su parte, la estabilidad dependerá de los recursos financieros disponibles y del cumplimiento de los compromisos financieros por las administraciones públicas. En relación con ello, se han de destacar dos circunstancias que podrían repercutir en dicha estabilidad: De un lado, la debilidad del mecanismo convencional establecido en la norma; y de otro, el condicionamiento que, respecto de las funciones del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, pueda venir derivado de la necesidad de respetar las competencias de cada una de la comunidades autónomas. Por fin, la sostenibilidad del sistema a largo plazo dependerá de factores tales como la demografía, la evolución de la esperanza de vida libre de discapacidad, el peso relativo de la ayuda informal y la capacidad de financiación del sistema. Si

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bien la ley no apunta líneas de sostenibilidad futura, requerirá, en todo caso, un esfuerzo fiscal adicional, previsiblemente importante a medio plazo, a pesar de las medidas de contención del gasto y de incremento de la eficiencia de los recursos que pudieran aplicarse. De todos modos, se espera que el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia tenga un impacto económico significativo, contribuyendo a elevar la capacidad de generación de puestos de trabajo de los servicios sociales. Respecto de la acción social en general, el esfuerzo financiero que llevará aparejada la consolidación de la tendencia hacia la universalidad del ámbito subjetivo de aplicación, podría verse aliviado mediante la aplicación de medidas de racionalización, como son la acentuación de las medidas preventivas y la orientación prestacional hacia el enfoque comunitario, además del copago de los usuarios, que, como ya se ha señalado, debería, en lo posible, ceñirse al alojamiento y a la manutención. De otra parte, es imprescindible, también desde la perspectiva financiera, perfeccionar los mecanismos de coordinación sociosanitaria, ya que, en caso contrario, de persistir la disociación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, la satisfacción de las necesidades emergentes se realizará a través de nuevas prestaciones, que vendrán a añadirse a las anteriores, siguiendo la lógica de la acumulación, con el consiguiente incremento de costes, al no redistribuirse los recursos disponibles en un sentido más eficiente.

3.4. Aspectos jurídicos del sistema de acción social. Perspectivas en el horizonte de 2025 Es previsible que en el periodo tomado en consideración se acentúe la tendencia hacia el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho subjetivo. Sin embargo, la experiencia de la rama educativa muestra que el perfeccionamiento de la posición jurídica del ciudadano en cuanto al reconocimiento y disfrute de los derechos prestacionales está en íntima relación con la suficiencia de los recursos para hacer posible la satisfacción de la demanda existente en el ámbito de que se trate. Mientras no exista tal suficiencia, difícilmente se corresponderá la citada posición con el reconocimiento de un derecho subjetivo perfecto a las prestaciones que integran la acción protectora. Pues bien, resulta previsible que, en el horizonte considerado, se produzcan importantes incrementos de los recursos del sistema de acción social de la Comunidad de Madrid, lo que abriría la posibilidad de perfeccionar el título jurídico que los ciudadanos pueden invocar para

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reclamar el establecimiento, acceso y disfrute de las prestaciones del sistema y de avanzar en el carácter exigible de éstas. Este probable perfeccionamiento de la posición jurídica del ciudadano respecto del establecimiento, acceso y disfrute de los servicios sociales podría, de otra parte, recibir un impulso como consecuencia de los efectos que el desarrollo de las prestaciones del sistema de atención a la dependencia puede producir sobre el conjunto de la acción protectora del sistema de acción social40. El perfeccionamiento debe ir asimismo vinculado a los avances en la disposición de catálogos de prestaciones y de carteras de servicios, a cuyo efecto es interesante tener en cuenta el precedente del campo sanitario41. Reconocidos los derechos y deberes de los usuarios, en el periodo de tiempo considerado se abre la oportunidad de realizar un cambio de paradigma, de modo que a su reconocimiento y respeto se añada un enfoque promocional de estos derechos, en especial cuando se trate de derechos fundamentales. La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, orienta las actuaciones en el sentido indicado cuando regula las líneas fundamentales de actuación de los servicios sociales. Así, respecto de la atención a las personas con discapacidad, se refiere al principio del favorecimiento de la vida independiente y a la finalidad de conseguir la mayor autonomía (artículo 22.4) y, en relación con la atención a los mayores, alude también a la promoción de su autonomía (artículo 23.3). Sería oportuno, en consecuencia, profundizar en esta línea, reconociendo expresamente en el plano legal que los cuidados se prestarán siempre con la menor restricción e intrusión que sea posible. Por otra parte, será necesario poner el acento en el conocimiento y eliminación de las situaciones de discriminación indirecta por razón de edad, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social. No resulta ocioso recordar, en tal sentido, el pronóstico, recogido en un análisis prospectivo, realizado en el año 2000, con el horizonte de 2015, respecto al posible aumento —o cuando menos, a la ausencia de mejoras significativas de la situación— de la discriminación de alguno de los segmentos de la población más vulnerables, como son los mayores, en cuanto al acceso a las prestaciones sociales y, en particular, a los servicios sanitarios42. En consecuencia, parece conveniente abordar la tarea de analizar si en los sistemas sanitario y social de la Comunidad de Madrid podrían, en su caso, estar dándose algunas de estas situaciones indirectas de discriminación y, si así fuera, evaluar con qué intensidad se producen, al objeto de tomar medidas para erradicarlas

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y para prevenir su reaparición o la aparición de nuevas manifestaciones discriminatorias. Igualmente, resulta necesario profundizar en el conocimiento, emersión y erradicación de las diversas formas de maltrato, familiar o institucional, a los segmentos de la población en riesgo potencial, por su mayor vulnerabilidad. En tal sentido, el acento puesto en la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer debería ser extendido a las diversas manifestaciones de violencia y maltrato contra otros grupos, incluyendo las formas suaves socialmente aceptadas (por ejemplo, la excesiva familiaridad en el trato de algunos profesionales con los mayores). Una actuación coherente requiere, en primer término, un mayor conocimiento de las causas, magnitud, formas y consecuencias de un fenómeno oculto en gran medida, en especial en el ámbito familiar, así como la implantación de mecanismos para detectar los casos de violencia. La experiencia del sistema establecido en la Comunidad de Madrid para la prevención y atención a las víctimas del maltrato infantil desde los servicios sanitarios y sociales podría servir a la hora de ampliar la intervención en este campo. En tal sentido, el Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009 incluye, entre los objetivos y líneas estratégicas, la detección de situaciones de alto riesgo sociosanitario, para lo cual debe contemplarse el diseño e implantación de un protocolo, estando previsto su desarrollo para el bienio 2008-200943, a cuyo término deberían evaluarse los resultados obtenidos, con objeto de adoptar las medidas necesarias para seguir avanzando en esta línea de actuación. En cuanto a las modalidades de garantías de los derechos en el ámbito de los servicios sociales, es previsible que, por su flexibilidad y antiformalismo, pueda acentuarse la intervención de los mecanismos extrajudiciales del tipo defensor del pueblo. Renunciando a implantar una defensoría autonómica de competencia general, la Comunidad de Madrid, al crear la figura del Defensor del Menor, abrió el camino hacia el establecimiento de defensores sectoriales, tendencia que continuó con la implantación del Defensor del Paciente y que, en el horizonte estudiado, es posible que persista mediante la creación de nuevos defensores de alcance sectorial. De no corregirse la tendencia, esta manifestación del fenómeno de la ombudsmanía, consistente en la proliferación sin cuento de defensores sectoriales, sería muy inconveniente, por acarrear dificultades en cuanto a la delimitación de sus respectivos ámbitos de actuación, con la confusión correspondiente, además de un incremento injustificado del gasto público, para desembocar finalmente en la ineficacia de la fórmula por saturación.

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En otro orden de cosas, la Comunidad de Madrid fue pionera en la garantía de los niveles de calidad de los servicios públicos y, entre ellos, los de contenido social. En tal sentido, en desarrollo del Decreto 27/1997, de 6 de marzo, en el que se preveía la elaboración y aprobación de cartas de servicios por las entidades y órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid que gestionaran servicios directos a los ciudadanos, la Resolución 848/1999, de 17 de marzo, de la Gerencia del Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, aprobó las cartas de servicios de los centros adscritos al organismo autónomo44. Pues bien, parece previsible que, en el horizonte analizado, se siga insistiendo en la garantía de la calidad y de la excelencia de estos servicios. De este modo, a través de este canal y mediante la determinación de patrones de calidad, podrán seguirse concretando los niveles cualitativos de las prestaciones y, consecuentemente, será posible limitar la extensión de las potestades discrecionales de la Administración a la hora de fijar dichos niveles. Al concretarse aquellos aspectos de la actividad prestacional que la norma no establece y, en especial, la extensión e intensidad de las prestaciones, podrá hacerse efectivo, por esta vía, el derecho reconocido. En tal sentido, podrá ponerse, en dicho horizonte, el acento en perfeccionar los diversos instrumentos para la calidad, como las cartas de servicios, a fin de determinar el contenido de los servicios y los compromisos que asume la entidad dispensadora en relación con aspectos tales como las características de aquéllos y las formas de su provisión. La mejora de la calidad de los servicios quedará así enlazada con el refuerzo de la posición jurídica de los usuarios, pero siempre que la determinación de los patrones de calidad no sea genérica, sino específica y referida a cada una de las prestaciones, así como verificable directamente por el usuario. El avance en la implantación de mecanismos de calidad, junto al mayor grado de suficiencia de los recursos, permitirá dar más relieve a los mecanismos automáticos de compensación por el incumplimiento de los niveles de calidad comprometidos, que deberían completar el conjunto de instrumentos para la calidad, abriendo nuevas perspectivas dentro del panorama de la responsabilidad patrimonial de la Administración, al hacer abstracción de la producción de un daño efectivo al usuario, económicamente evaluable. En este sentido, la operatividad de las normas sobre calidad en orden a perfeccionar la posición jurídica de los usuarios está vinculada a la existencia y funcionamiento adecuado de estos mecanismos de compensación por el incumplimiento de los compromisos asumidos. En el mismo ámbito de calidad, parece asimismo oportuno acentuar la elaboración de manuales de buena práctica, extendiéndolos de forma sistemática a la totalidad de las modalidades de prestación de servicios sociales.

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3.5. Salud y dependencia. La coordinación entre los servicios sanitarios y sociales. Perspectivas en el horizonte de 2025 Se prevé que el escenario, en el horizonte considerado, sea similar al actual, pero con edades mayores. Así pues, se producirá un incremento del envejecimiento del envejecimiento, con una mayor longevidad. La entrada en dependencia se retrasará como consecuencia de las políticas de mejora de la salud. Si en la actualidad, dicha entrada se produce entre los 75 y los 80 años, se prevé que la misma pueda situarse entre los 80 y los 82 años. Sin embargo, al aumentar la esperanza de vida, no se producirá una disminución de las tasas de dependencia globales en los años ganados a la vida, por lo que, si bien se retrasará la entrada en la dependencia, al vivir más no se disminuirán los años libres de discapacidad. Por tanto, se prevé que la situación será de equilibrio dinámico, con tasas de dependencia y de morbilidad hospitalaria parecidas a las actuales, pero a edades más avanzadas. El incremento de la longevidad comportará el aumento progresivo de enfermedades crónicas degenerativas e incapacitantes, confirmándose la tendencia hacia el crecimiento de las principales enfermedades causantes de discapacidad y dependencia, como son la artrosis y la osteoporosis, así como de las de mayor carga de dependencia. Aumentará así el consumo de recursos sanitarios relativos a enfermedades claramente geriátricas, como la demencia y el ictus. Como consecuencia de todo ello, proseguirá la tendencia al incremento del gasto sanitario, tanto en atención primaria, como en asistencia especializada, sobre todo por el segmento de la población de mayor edad. La necesidad de reforzar los dispositivos asistenciales no debería relegar a un lugar secundario las intervenciones dirigidas a la prevención, a la atención temprana y a la rehabilitación, actuaciones que deberían tener carácter preferente. Existe, en efecto, suficiente evidencia científica para sostener que la prevención y la promoción de la salud tienen efectos positivos en orden a disminuir significativamente la incidencia, la prevalencia y la intensidad de la enfermedad, la discapacidad y la dependencia45. La promoción de la salud debería comprender medidas que favorezcan una vida saludable en diversas vertientes: física (fomento de una actividad física adecuada y de una alimentación saludable), mental y social. En este marco, y dado que el riesgo de entrada en discapacidad se acentúa a partir de los 65 años, podría ser conveniente poner un mayor acento en los programas de preparación para la jubilación, escasamente desarrollados hasta el momento, pero de los que se dispone

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de algunas experiencias en la Comunidad de Madrid46. La investigación para concretar la eficacia y la eficiencia de las actividades de educación sanitaria y promoción de la salud debería ser prioritaria. Dentro de ella, deberían evaluarse en su momento los resultados obtenidos en aplicación de la línea relativa a la potenciación del autocuidado, mediante la promoción de la salud en general y de la educación sanitaria en particular, que recoge el Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009, a fin de medir su eficacia y su eficiencia y con vistas a adoptar, en su caso, las medidas necesarias para su incremento47. Las actividades preventivas deberían abarcar la prevención primaria, secundaria y terciaria. La puesta en práctica de una política integral en este ámbito requerirá la aplicación de medidas colectivas e individuales y una actuación coordinada de los servicios sanitarios y los servicios sociales, así como de los distintos niveles de atención en cada uno de ellos. En este sentido, si bien el nivel de atención primaria es clave para la prevención primaria de la dependencia, la atención especializada debería reforzar sus actividades preventivas, actuando, entre otros aspectos, en relación con la iatrogenia derivada de la hospitalización de las personas de edad avanzada, puesto que se calcula que el 30 por ciento de los pacientes mayores hospitalizados presenta deterioro funcional al alta, lo que lleva a sostener la conveniencia de evaluar este riesgo al ingreso de los pacientes de mayor edad en el hospital. A este respecto, se ha propuesto que la ganancia o pérdida de la capacidad funcional durante la permanencia en una unidad de agudos o de estancia media, medida por la comparación al ingreso y al alta hospitalaria, constituya un criterio de calidad asistencial48. La prevención de la iatrogenia debería, además, extenderse a los medios diagnósticos, en especial si se trata de pruebas invasivas, así como a la prescripción farmacológica, pudiendo plantearse al efecto la conveniencia de revisar periódicamente los fármacos que consumen las personas de edad avanzada49. Por otra parte, es previsible que se produzca un aumento progresivo de los recursos hospitalarios en geriatría, si bien probablemente no en la medida suficiente. La apertura de los nuevos hospitales conllevará el incremento de los recursos geriátricos, pero en todos ellos se ha optado por el modelo asistencial consistente en un equipo de geriatría consultor, que debe considerarse insuficiente, frente al modelo más completo de las unidades o secciones de geriatría, que disponen, además, del equipo consultor de las unidades geriátricas de agudos y de consultas externas. Los hospitales no dispondrán, por tanto, de una sección específica de geriatría, al contrario de lo que sucede respecto de las demás especialidades, lo que acarreará el riesgo de que se perpetúe la falta de equidad entre las áreas sanitarias, al existir áreas con recursos geriátricos adecuados y suficientes, otras con

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recursos insuficientes, y otras sin ningún tipo de recurso geriátrico hospitalario. Tampoco se compensará posiblemente el déficit de unidades de media estancia o de convalecencia, calculado en la actualidad entre un 68 y un 80 por ciento, según se tomen las 0,93 o las 1,5 camas por 1.000 habitantes, recomendadas respectivamente, por el extinto Instituto Nacional de la Salud en 199550 y por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología en 200051. A no ser que se tomen las medidas adecuadas para resolver el problema, el actual déficit de médicos especialistas, así como el del resto de profesionales, irá en aumento, con la consiguiente dificultad para desarrollar programas específicos de atención a los mayores, tanto en el ámbito de la atención primaria, como en el de la asistencia especializada. La atención sociosanitaria se desarrollará en el sentido de mantener la separación institucional de las ramas sanitaria y social, de modo que evolucionará hacia el perfeccionamiento de las medidas de coordinación, sin un cambio de modelo. Las medidas deberán ir dirigidas a reforzar la estabilidad de las estructuras de coordinación, a contemplar en forma conjunta las sectorizaciones sanitaria y social, a armonizar los instrumentos de valoración, a facilitar la disposición de protocolos y circuitos de derivación compartidos, a desarrollar un sistema único de información, a utilizar instrumentos comunes de evaluación y, en resumen, a asumir una cultura de atención integral52. Parece en cambio descartable que, en el periodo tomado en consideración, se opte por implantar una rama específica de atención sociosanitaria, que supondría la necesidad de resolver nuevos problemas de coordinación entre esta suerte de tertium genus y los servicios sanitarios y sociales. Nunca se han evaluado, en cambio, las ventajas e inconvenientes que tendría la implantación de un modelo de prestación de servicios sanitarios y sociales a través de dispositivos únicos en el ámbito de la atención primaria, como es el que se estableció en su día en la provincia canadiense de Quebec53, por lo que convendría estudiar su posible viabilidad y los aspectos positivos y negativos que presentaría en comparación con el modelo de coordinación de ambos tipos de servicios. No obstante, sin entrar en otras consideraciones, parece a priori que la implantación de tal modelo sería sumamente difícil, dado el punto de partida, caracterizado por la separación institucional de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, fuertemente consolidada por el transcurso del tiempo y firmemente arraigada en las respectivas culturas profesionales. Con independencia de ello, la mayor disposición de recursos sociales será un factor que facilite la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios

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sociales, ya que uno de los elementos que tradicionalmente ha obstaculizado dicha coordinación ha sido la resistencia de estos últimos a asumir la atención de personas derivadas desde el sector sanitario, dada la dificultad para ello, como consecuencia de la limitación de recursos disponibles. En el ámbito específico de la atención a la dependencia, la omisión de la regulación de aquélla desde la perspectiva sanitaria en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y su enfoque exclusivo desde el sector de la acción social exigirán que por la Comunidad de Madrid se adopten las medidas necesarias en orden a asegurar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales para llevar a cabo dicha atención, garantizando la continuidad de cuidados. Además, la atención sanitaria dispensada en los centros de la red de servicios sociales debería estar coordinada con los servicios sanitarios del área de salud correspondiente, a fin de que los usuarios de aquéllos tengan garantizado el acceso a las prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones con los demás usuarios del sistema de salud. Por otro lado, las medidas de coordinación deberían extenderse a otros ámbitos, cuando así lo demande la modalidad de intervención. Éste es el caso de la atención temprana a menores con discapacidad o con riesgo de adquirirla, en la que se requiere la acción coordinada no sólo de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, sino también del sistema educativo.

4. RECOMENDACIONES Primera. Promover y mantener un debate conceptual, que permita adoptar visiones más comprensivas de la realidad, facilitar el desarrollo de instrumentos de medida y permitir comparaciones internacionales. Segunda. Desarrollar un sistema de estadísticas, regulares en el tiempo, sobre discapacidad y dependencia, de las que se ocuparía el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, en defecto de que el Instituto Nacional de Estadística actúe en la misma forma. El debate conceptual y los estudios sobre mediciones deberían conducir a cuestionarios bien delimitados, reproducibles en el tiempo. Además, la planificación de las operaciones estadísticas debería incluir la explotación de datos por los equipos de investigación, como una parte más del proceso estadístico.

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Tercera. Llevar a cabo estudios prospectivos e investigaciones de carácter longitudinal, que permitan conocer mejor el proceso evolutivo de problemas y limitaciones, así como evaluar los cambios producidos en las cohortes estudiadas, como consecuencia de las medidas sanitarias y sociales aplicadas, lo que aportaría elementos de juicio para rediseñar las políticas y las acciones. Cuarta. Desarrollar programas de investigación, que incorporen líneas prioritarias sobre factores de riesgo, atinentes a aspectos conductuales, de hábitos, medioambientales, físicos, sociales y biológicos, además de investigaciones socioeconómicas, indicadores de evaluación funcional y estudios sobre calidad de vida. Las convocatorias de investigación para el desarrollo deberían señalar como prioridad la utilización de fuentes estadísticas ad hoc. Debería incrementarse asimismo la investigación sobre las intervenciones preventivas, curativas y rehabilitadoras. Las investigaciones deberían conducir prioritariamente a orientar las políticas de prevención, entre las que habrían de figurar las destinadas a favorecer la estabilidad en el hogar, atacando, entre otras medidas, las causas de muerte evitable del miembro del hogar con mayor riesgo de mortalidad54. Quinta. Realizar los estudios conducentes a la determinación de las medidas necesarias para acelerar la modificación del patrón de cuidados, en el sentido de aliviar la carga de los hogares, favorecer las redes de proximidad, fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar y promover el reparto de las tareas, así como para apoyar la profesionalización de los cuidados, mediante la adopción de medidas formativas, de carácter presencial o a distancia, y para prestigiar la tarea del cuidado y la figura del cuidador. Sexta. Adoptar las medidas necesarias para culminar la transición desde un modelo de servicios sociales marginalista, en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, a un modelo universalista, sin perjuicio de las prestaciones que sean selectivas por naturaleza. Séptima. Seguir desarrollando la oferta de servicios de apoyo a la permanencia en el hogar, mediante prestaciones tales como la teleasistencia, la ayuda individualizada a domicilio y, fuera de éste, los centros de día y de noche y las estancias temporales en centros residenciales. Octava. Incrementar la oferta de alojamientos alternativos, tales como pisos tutelados y acogimiento familiar, así como valorar la posibilidad de dar a este último una regulación sustantiva.

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Novena. Atemperar la expansión de la oferta de centros residenciales y darles un sesgo comunitario, mediante su integración en los entornos vecinales. Décima. Desarrollar el servicio de emergencias sociales, de funcionamiento ininterrumpido, para toda la Comunidad de Madrid, conforme a las previsiones recogidas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2005-2008. Undécima. Determinar, al objeto de corregir la desigualdad en la oferta de servicios, una cartera de prestaciones, cuya garantía podrá instrumentarse, bien mediante la centralización regional de la provisión, bien mediante la centralización de su financiación, conservando los municipios la libertad de la oferta respecto de las prestaciones no incluidas en la cartera. Duodécima. Garantizar la continuidad de la protección mediante la adopción de medidas destinadas a unificar o a integrar, sea por centralización, sea por concertación, la fuente de las decisiones de derivación. Decimotercera. Generalizar la técnica profesional de la gestión de casos, con un sentido integral, que abarque todos los recursos necesarios para la protección, en especial en el supuesto de las personas con dependencia funcional. Decimocuarta. Promover ofertas de contenido integral, dando preferencia a los operadores privados que oferten conjuntamente, por sí o en forma consorciada, un conjunto de prestaciones, compuesto como mínimo de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y estancias temporales en centros residenciales. Decimoquinta. Consolidar la tendencia hacia el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho subjetivo, acompasando a tal efecto el perfeccionamiento del título jurídico de los ciudadanos en el establecimiento, acceso y disfrute de las prestaciones a la paulatina suficiencia de los recursos sociales para responder a la demanda de servicios. Decimosexta. Modificar el sentido de la intervención de la Administración en cuanto a los derechos de los usuarios del sistema de acción social, de modo que, además de realizar su reconocimiento y de asegurar su respeto, se les contemple desde un enfoque promocional. Decimoséptima. Analizar las discriminaciones indirectas que pudieran producirse en el establecimiento, acceso y dispensación de las prestaciones sanitarias y sociales,

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o en el disfrute de los derechos de los usuarios de los sistemas de salud y de acción social, a fin de adoptar medidas para su supresión. Decimoctava. Realizar estudios para profundizar en el conocimiento de las diversas formas de maltrato, familiar o institucional, que pudieran infligirse a los segmentos de la población en riesgo por su mayor vulnerabilidad, con vistas a adoptar las medidas encaminadas a su prevención y erradicación. Decimonovena. Ponderar la utilidad de establecer la figura del defensor del pueblo autonómico de competencia general, como mecanismo de garantía de los derechos de los ciudadanos, modificando la tendencia hacia el establecimiento de defensores sectoriales en los ámbitos social y sanitario. Vigésima. Acentuar la implantación de sistemas de garantía de la calidad de los servicios sociales, incluyendo mecanismos automáticos de compensación por el incumplimiento de los patrones de calidad establecidos y, en general, de los compromisos asumidos por la entidad dispensadora de aquéllos. Vigésima primera. Dar carácter preferente a las intervenciones preventivas y de atención temprana, optimizando los recursos existentes en la actualidad. Vigésima segunda. Promover programas de envejecimiento saludable, activo satisfactorio, que comprendan aspectos físicos, mentales y sociales, y en los que intervengan, de forma conjunta, las redes sanitaria y social. En relación con estos programas, debería darse prioridad a las investigaciones destinadas a valorar la eficacia de estas actividades. Las estrategias de envejecimiento activo deberían dirigirse a evitar la enfermedad y la discapacidad, con un acento especial en los accidentes en el hogar, en los que su falta de visibilidad no permite adquirir conciencia de sus dimensiones cuantitativas; a mantener la actividad física y mental; y a participar en la vida social. Vigésima tercera. Potenciar los programas de atención domiciliaria a las personas dependientes, a fin de prevenir los ingresos hospitalarios, facilitar las altas y garantizar la continuidad de la atención, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. Vigésima cuarta. Potenciar la interconsulta entre los servicios hospitalarios que atienden a pacientes de edad avanzada y los dispositivos que prestan asistencia geriátrica especializada, en especial respecto de las patologías más incapacitantes.

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Vigésima quinta. Generalizar progresivamente la cobertura geriátrica en todos los hospitales generales, mediante la creación de las secciones correspondientes, con cartera de servicios de unidad geriátrica de agudos, consultas externas, interconsulta preferentemente ortogeriátrica y asistencia geriátrica domiciliaria, resolviendo así la inequidad entre las diferentes áreas. De este modo, en cada área de salud debería existir en 2025 una unidad de geriatría de referencia, con los servicios ya indicados, lo que significaría una media de 5 camas por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años. Vigésima sexta. Garantizar el acceso a las unidades geriátricas de media estancia o de convalecencia, con sectorización de las mismas, así como disponer de hospital de día de geriatría, para recuperación funcional y control clínico, para cada área de salud, siendo la media recomendada de un mínimo de 1,5 camas por cada 1.000 habitantes mayores de 65 años. Vigésima séptima. Contar con suficientes camas de larga estancia hospitalaria, sectorizadas y con protocolización común para todas las áreas sanitarias, con disposición equitativa en cada una de ellas. Vigésima octava. Potenciar la cobertura sanitaria de los centros geriátricos de carácter residencial, mediante su adscripción a la unidad de geriatría hospitalaria de referencia, y el establecimiento de protocolos y guías de actuación ante los principales síndromes geriátricos incapacitantes y de derivación hospitalaria. Vigésima novena. Potenciar la formación universitaria de geriatría y gerontología de las diferentes disciplinas que participan en la atención a los mayores y facilitar la formación continua en tales materias de todos los profesionales que participen en la atención a los mayores. Se debería, además, aumentar progresivamente la acreditación docente MIR de las unidades hospitalarias de geriatría, para hacer frente al déficit de médicos especialistas y a la necesidad creciente de estos profesionales. Trigésima. Potenciar la coordinación sociosanitaria, mediante la armonización de las áreas sanitarias y de las áreas sociales, y la utilización de instrumentos comunes en todas ellas, con criterios consensuados y protocolizados, debiendo tenderse hacia una zonificación común. Trigésima primera. Implantar mecanismos eficaces de coordinación de los servicios sanitarios y de los servicios sociales con otros sectores, cuando así lo exija la modalidad de intervención, en especial respecto de la atención temprana a menores con discapacidad o con riesgo de adquirirla.

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Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 2006-2009, Madrid, Consejería de Sanidad y Consumo, 2006, p. 28. Así, el hecho de que las residencias dispongan de un servicio médico, que, por otra parte, puede no ser permanente, no debe enervar el derecho de los residentes a acceder, en igualdad de condiciones con los demás usuarios, a determinadas prestaciones del sistema de salud, como es la asistencia médica a domicilio. En 1999 se realizó la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDES) y en 2007 se inició el proceso de campo de la Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y dependencia (EDAD). Informe sobre el Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2007…, ob. cit., p. 213. Cfr. Puga González, Mª Dolores: Dependencia y necesidades asistenciales de los mayores en España. Revisión al año 2010, Alcobendas, Fundación Pzifer, 2002, pp. 41-42, 145 y 148. Informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2007…, ob. cit., p. 69. Cfr. Casado, Demetrio: “Demandas y reforma de la oferta técnica de los servicios sociales”, en Perfeccionamiento de los servicios sociales en España. Informe con ocasión de la Ley sobre autonomía y dependencia, Madrid, Fundación FoessaCáritas, 2007, p. 296. Cfr. Seminario de Intervención y Políticas Sociales: Síntesis de criterios y propuestas para el perfeccionamiento de los servicios sociales en España, Madrid, Polibea, 2007, p. 16. Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 2005-2008, pp. 69 y 90. Cfr. Rodríguez Cabrero, Gregorio: Modelos de atención sociosanitaria. Una aproximación a los costes de la dependencia, Madrid, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 2002, p. 39. Cfr. Rodríguez Cabrero, Gregorio: “Los pilares de la Ley de la Dependencia. Especial referencia a la coordinación institucional, en Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y sociales…”, ob. cit., p. 77. Fundación Salud, Innovación y Sociedad: Envejecimiento y dependencia: futuros deseables y futuros posibles. Análisis prospectivo, Barcelona, 2000, pp. 60 y 66. Cfr. Rodríguez Cabrero, Gregorio: Los pilares de la Ley de Dependencia…, ob. cit., pp. 91-92. Cfr. Rodríguez Cabrero, Gregorio: “Financiación de los servicios sociales con especial referencia a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Situación y propuestas de mejora”, en Perfeccionamiento de los servicios sociales en España…, ob. cit., p. 365, que recoge cálculos realizados por Julia Montserrat Codorniú. Fundación Salud, Innovación y Sociedad: ob. cit., pp. 12 y 76. Cfr. Guillén, Encarna y Vilà, Antoni: “Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en los servicios sociales de las Comunidades Autónomas”, en Perfeccionamiento de los servicios sociales en España…, ob. cit., p. 184. El Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 2005-2008 (p. 71) prevé la aprobación de un catálogo de centros y servicios.

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Fundación Salud, Innovación y Sociedad: ob. cit., p. 15. En tal sentido, se han descrito, por ejemplo, casos de menor empleo de tratamientos en mayores que en adultos más jóvenes, pese a haberse demostrado su mayor eficacia respecto de los primeros, o del establecimiento de límites máximos de edad para programas de detección de patologías, cuando su incidencia es mayor por encima de esos límites (cfr. Defensor del Pueblo: La atención sociosanitaria en España: Perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos. Recomendaciones del Defensor del Pueblo e informes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología, Madrid, Defensor del Pueblo, 2000, pp. 118-120). Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid…, ob. cit., pp. 28 y 33. Con posterioridad, el Decreto 85/2002, de 23 de mayo, reguló los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y aprobó los criterios de calidad en la actuación administrativa en la Comunidad de Madrid. En el ámbito específico de la acción social, la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de la Acción Social y de Mejora de la Calidad de la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, previó el impulso de la implantación de sistemas de evaluación de la calidad. Cfr. Gómez Pavón, Javier et ál.: “Prevención de la dependencia en las personas mayores. Primera Conferencia Nacional de Prevención y Promoción de la Salud en la Práctica Clínica en España”, Madrid 15-16 de junio de 2007, en Revista Española de Geriatría y Gerontología, núm. 42 (supl. 2), 2007, p. 17. Así, en el Plan de formación para 2008 del Instituto Madrileño de Administración Pública se incluye un curso de preparación para la jubilación, cuyo destinatario es el personal del Servicio Madrileño de Salud. Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid…, ob. cit., p. 24. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: Estándares de calidad en geriatría, Madrid, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 2007, pp. 84, 91, 93 y 97. Gómez Pavón, Javier et ál.: Prevención de la dependencia…, ob. cit., pp. 41-46. Criterios de ordenación de servicios de atención sanitaria a las personas mayores, Madrid, Instituto Nacional de la Salud, 1995, pp. 68-73. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología: Geriatría XXI. Análisis de las necesidades y recursos en la atención a las personas mayores en España, Madrid, Editores Médicos, 2000, p. 307. Cfr. Gómez Pavón, Javier: “La coordinación sociosanitaria a debate y opciones aplicadas: visión y experiencias desde la asistencia sanitaria”, en Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios sanitarios y sociales…, ob. cit., p. 47. En la actualidad, estos dispositivos son los centros de salud y servicios sociales. En concreto, los varones en edad comprendida entre los 50 y los 60 años.

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