MODELO INFALIBLE PARA ARMAR UNA CRISIS. El caso de la industria azucarera Gisela Espinosa * Introducción

or enésirna vez en este siglo estamos ante una crisis de la agroindustria cañera azucarera mexicana. No es novedad que este sector productivo, del que actualmente dependen más de 2 millones de mexicanos, se declare en crisis. A lo largo de 100 años, la escasez o la sobreproducción, los conflictos agrarios entre hacendados y campesinos, entre cañeros e industriales, los vaivenes del mercado externo, la obsolescencia tecnológica, las deudas y otros motivos han generado situaciones críticas para el ramo o para alguno de sus actores centrales: cañeros, jornaleros, obreros, industriales, Estado. Sólo que al final del siglo, por vez primera, vanos de los adversarios sempitemos están unidos ante el riesgo de que un tercio de los ingenios y de los cañaverales desaparezcan definitivamente del mapa, junto con la vida, buena o mala, que para miles de familias han significado la caña y el azúcar. No parece una falsa alarma, varios síntomas confirman un diagnóstico sombrío: un stock de 1 millón toneladas de azúcar (Guerrero, 1997; Cruz y Martinez, 1998: 18 y 20) que no encuentran consumidor ni en el mercado intemo ni en el exterior. El dulce mexicano no se vende pese a que Estados Unidos importa entre 2 y 2 millones y medio toneladas de azúcar, pues apenas compra a México 25 000, es decir entre 1 y 1.5% de sus importaciones totales.' Pese a que el precio interno del azúcar es superior en 40% al del mercado libre internacional (El Financiero, 2 de mayo de 1997: 26), la sobreoferta ha ocasionado un estancamiento que, en medio de la inflación, significa en realidad una caída del precio, de la rentabilidad de la industria, de los caiiaverales y del ingreso de los campesinos.

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Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica, UAM-X.

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En cambio a Perú, con el que no tiene trato de libre comercio y que no produce lo suficiente ni para su consumo interno, le compra 80 000 toneladas, es decir 220% más azúcar que a México. El exceso de azúcar se agrava por las importaciones baratas de alta fructuosa de maíz (AFM) que viene de Estados Unidos y que desplaza al azúcar de caña en las industrias de alimentos y refrescos.

La sobreoferta y los bajos precios también dificultan el pago de la deuda contraída con el Estado por varios consorcios e inversionistas que se sumaron alegremente al proceso de privatización y se convirtieron en flamantes compradores de ingenios del sector público. Deudores que en un inicio creyeron hacer un gran negocio al comprar fábricas de azúcar a precios de remate, se vieron rebasados por el aumento desmesurado de la deuda que los famosos "errores de diciembre" y las Unidades de Inversión (UD¡) trajeron consigo. Entre 1995, cuando los pesos adeudados se convirtieron en UDI, y 1998, sus compromisos financieros se han incrementado en 58% (Cruz y Martinez, 1998: 17) y no dejan de crecer, así que la agroindustria no sClo padece sobreproducción, bajos precios y caída de la rentabilidad, sino que también está sumida en su cartera vencida y en una crisis financiera. Inspirados en la experiencia de las carreteras y los bancos, los industriales azucareros empezaron a idear un "plan de rescate" semejante al que se aplicó en aquellos negocios. Al final, y tal vez ante la imposibilidad de que el Estado asuma otro salvamento de este tipo, han prosperado nuevas propuestas para librar al ramo de la agonía y revivirlo. Los industriales azucareros, los cañeros y los obreros y empleados de ingenios se apoyan en argumentos sociales para defender la actividad y la fuente de ingresos. Y dicen: la agroindustria azucarera es la más importante del país, representa 3.5% de la rama de alimentos, bebidas y tabaco; el cultivo de caña es, despues del maíz, el que mds ingresos genera en el campo mexicano; la agroindustria en su conjunto da empleo directo a 385 000 mexicanos cuyo ingreso es el principal sostén de 2 300 000 dependientes económicos; demanda una diversidad de bienes y servicios de importantes industrias, de modo que dinamiza la economía municipal, re ional y nacional, generando 9,. . . cerca de 400 000 empleos indirectos, etcétera. SI la crisis no logra contenerse mediante medidas drásticas, advierten los afectados, 20 de los 61 ingenios tendrán que cerrar y con ello se perderan 150 000 empleos directos y cientos de miles de indirectos, impactando severamente la economía de 15 estados y de más de 200 municipios (CNIAA, y otros, 1997). La crisis tiene varias dimensiones y facetas, pues no sólo se trata de pesos y costales de azúcar, sino del empleo, el ingreso y la subsistencia de cientos de miles de fami!ias, es decir, se trata también de un problema social, cuya solución parece estar estrechamente vinculada a la salvación del ramo en su conjunto. Veamos cuáles son las aristas del problema y sus posibilidades de rehabilitación.

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Cruz Serrano y Martinez (1998:18) calculan que la agroindustria genera 420 000 empleos directos y 400 000 indirectos, de los que en conjunto dependen 5 millones de personas. Varias fuentes coinciden en que los jornaleros representan el 46% de los empleos directos que genera el ramo; 36% los agricultores catieros; 11% obreros y empleados de los ingenios y 7% transportistas (Colin, 1997:16A; Granados, 199516; Villagodoy, 1993).

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Razones y sinrazones de la privatización Octubre de 1987 es, para la industria azucarera, el punto de inflexión entre el reino del Estado y el de la iniciativa privada. En ese momento, el gabinete económico decidió reducir a la mitad la presencia del Estado en una industria que casi estaba totalmente en sus manos: 75% de las fábricas de azúcar (52 ingenios) pertenecían al sector Pero el Estado no sólo era propietario de la mayoría de las fábricas sino que intervenia decididamente en la producción y el mercado del azúcar y de su materia prima esencial, la caña. Monopolio y monopsonio, el Estado era omnipresente en cañaverales, ingenios y mercados. Con créditos blandos habilitaba el cultivo de la caña, subvencionaba la irrigación y el segun, agrícola, incidía decisivamente en el precio de las cosechas, cuidando que los subsidios y los excedentes de la producción agrícola fluyeran finalmente a los ingenios y al capital; la industria estuvo sujeta a regulaciones y condicionantes en materia de precios, sistemas de pago, métodos de producción y, por supuesto, vivió un control total en la comercialización del dulce por medio de la paraestatal Azúcar SA (Téllez Kuenzler, 1994: 214-223). Gracias a tan amplia y generosa intervención estatal, el consumo del dulce estuvo subsidiado, y aunque ya en el 87 las empresas refresqueras consumían 40% de la producción total y se apropiaban de un buena parte de las subvenciones, en realidad el capital en su conjunto se benefició con el bajo precio de un bien que junto con el maíz, el frijol y el trigo, forma parte de la dieta principal del mexicano (Romero, 1997: 2) e incide de manera importante en el salario. Ciertamente, los recursos públicos destinados a la agroindustria representaron una cuantiosa sangría difícil de contener y, sobre todo, difícil de recuperar, pues además del subsidio al consumo, se tuvieron que asumir los costos de la corrupción y de la ineptitud, del uso de una tecnología obsoleta, de la mala planeación de las zafras, y de la ineficiencia de un proceso agroindustrial cuyas pérdidas, aparentemente, no afectaban a nadie al ser asumidas cíclica y recurrentemente por todos los mexicanos a través del Estado. En 1988, las erogaciones fiscales para la industria azucarera alcanzaron la cuarta parte del presupuesto de la SARH (é le il z Kuenzler, 1994: 214-223). Así las cosas y en medio de la ola privatizadora que arranca en el sexenio

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En realidad, de los 65 ingenios que operaban en ese entonces, 14 eran de propiedad privada, dos operaban formalmente bajo el régimen de cooperativas (El Mante, en Tamaulipas y el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos), cuatro pertenecían a la Confederación Nacional Campesina y otros cuatro a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Estos 10 ingenios no habían sido formalmente adquiridos por el Estado, pero en términos reales operaban exactamente igual que la industria estatizada. Es por ello que en lugar de hablar de 41 ingenios del Estado (más uno que quebr6 en ese periodo), prácticamente todos los autores descuentan los 14 privados y agrupan en el sector esta- tizado al resto (Monjacis, 1990: 48-55).

de Miguel de la Madrid, la tecnocracia encontrd suficientes argumentos para afianzar su propuesta. El primer plan privatizador se diseñó en 1987, pero fue realmente en el sexenio de Carlos Salinas cuando se radicalizó y se llevó sin miramientos a la pr8ctica. En 1988, el gobierno federal decidid vender todos sus activos del ramo, eliminar los subsidios y retirarse total y velozmente del mercado. Ya no sdlo intentó desembarazarse de las perdidas que sus ingenios generaban, sino desregular el mercado: liberar el precio del azúcar y su comercializacidn, abrirse a las importaciones y someter a la agroindustria a la "libre competencia" internacional. En el reino de la Iniciativa Privada (IP), imaginado por el Estado, habría mayor eficiencia y competitividad, se garantizaría el abasto para el mercado interno y, en un plazo no muy largo, se podria aprovechar el enorme volumen de azúcar que los vecinos del norte consumen en el mercado mundial para exportar los excedentes mexicanos. El sector público presentó un futuro promisorio y un presente negro y ennegrecido. Pero ni unos ni otros escenarios eran totalmente verdaderos, pues si bien eran ciertas las deficiencias del Estado arriba señaladas, la omisión de algunos importantes datos evidencia los desatinos de una privatización acelerada. En realidad, antes del plan privatizador, el régimen delamadridista se propuso alcanzar la autosuficiencia y la eficiencia productivas, la autonomía financiera y la modernización del sistema de comercialización de la agroindustria. Al final de su sexenio, si la fiebre de la privatizacidn y las presiones de organismos internacionales no lo hubieran sometido De la Madrid no habría entregado tan malas cuentas: Entre 1982 y 1988, crecieron los cañaverales (3.5% anual), aumentó el rendimiento de azúcar por hectárea (de 5.9 a 6.4 tonlha), se incrementó el rendimiento de fábrica (de 8.4 a 9.7%) y el aprovechamiento de sacarosa (de 74.2 a 78.9%), se redujeron los tiempos perdidos en campo y en fábrica (de 33.6 a 26.2%), se redujo tambien el consumo de combustible por tonelada de caña molida (de 28.9 a 21.5 litros). No sólo se alcanzd mayor eficiencia téc~icasino tambikn financiera, pues disminuyó el déficit real de operación (como resultado de nuevas políticas de costos y precios que eliminaron el subsidio al azúcar refinado); las transferencias reales del gobierno federal bajaron en 88% (de 13 034 millones de pesos en 1982 a 1 591 en 1988). Los resultados de las zafras del periodo fueron crecientes: la producción pasó de 2.3 a 3.6 millones de toneladas entre 1983 y 1988, la tasa de crecimiento anual promedio fue de 4.4%, superior al crecimiento de ¡a demanda nacional. De ser un país deficitario en producción de azúcar en 1982, se alcanzó la autosuficiencia, e incluso, a partir de 1985 se destinb un volumen modesto pero creciente a las exportaciones (3.1 en 1985 y 27.5% de la producción nacional en 1988) (Crespo, 1992: 221-246). Pese a las deficiencias y costos que indudablemente tenía el sector azucarero estatal, estos datos muestran la otra cara de la moneda: en seis años había una mejora sensible en la eficiencia técnica del proceso productivo y se estaban contrarrestando las sangrías financieras, a la vez que se alcan-

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zaba la autosuficiencia azucarera e incluso se empezaban a obtener excedentes exportables y divisas. Pero estas consideraciones se ignoraron a la hora de privatizar. Cierto que faltaba un buen trecho para sanear a fondo la agroindustiia, pero tal vez la decisión de radicalizar el plan no provino tanto de resultados poco favorables de la "reconversión productiva" emprendida por De la Madrid, sino de los vientos librecambistas que imp3so la política neoliberal ordenada por organismos financieros internacionales y que fueron adoptados con tanto entusiasmo por el salinismo. Modelo infalible para armar una crisis Primer paso: desregular y abrir e l mercado prometiendo las perlas de la virgen En 1988 se diseñaron tres nuevas fases del plan privatizador que ampliarían el camino trazado por De la Madrid: la primera etapa de licitación (de s e p tiembre de 1988) incluyó la venta de seis ingenios; la segunda (de octubre del mismo año) puso a la venta todos los ingenios estatales, pero sólo logró vender nueve. La tercera y última se ubicó hasta el 25 de mayo de 1990, y logró la venta de 22 ingenios. Los cuatro restantes fueron despachados hasta junio de 1991. Los viejos industriales del azúcar, los que conocían el ramo y que con el favor del Estado habían resistido los vientos estatizadores, se vieron rebasados por una nueva clase de industriales con escasa experiencia en el manejo de una agroindustria tan compleja pero, esto es así, con buenas relaciones políticas y recursos líquidos, así como con proyectos que se ajustaban más a los tiempos de la globalización y a las expectativas de la apertura comercial. Así, los industriales refresqueros, entonces los principales consumidores de azúcar al mayoreo se abrieron paso y, ante el retiro atropellado del sector publico y de sus subvenciones, decidieron producir directamente su materia prima y aprovechar las ofertas estatales. La industria azucarera quedó básicamente en manos de ocho grupos, lo anterior se muestra en el cuadro l. La vieja oligarquía encumbrada sobre cafiaverales e ingenios fue desplazada por un nuevo grupo de empresarios, entre los que destacó Enrique Molina Sobrino, cabeza del grupo Escorpión y del consorcio refresquero Pepsico. Molina Sobrino muy pronto ganaría el título de Sugar King, pues en menos de dos años acaparó más de la quinta parte de la producción nacional. Algunas familias de abolengo en el ramo azucarero, como los Machado y los Sáenz, juntas, no alcanzan a producir los costales de azúcar que salen de las fábricas del Sugar King, y es que el nuevo monarca y su corte fueron apoyados desde amba, como se dice.4 4

En su edición del 11 de noviembre de 1993, Luis Soto reportaba en El Financiero que

Cuadro 1

1

Grupo

Ingenios

1

Producción de

1

Toneladas 965 702 498 448 425 704 418 753 373 985

1

Producción -

Escorpián México Beta San Miguel Machado Zucarmex Santos PlALA

9

7

1

S 7 5 6 2

357 072

% 21.4 11.4 9.8

1

9.6 8.6 8.2

231 279

5.3

3 550 223

81.7

(Zafra estimada de 1997: 4 363 757 toneladas de azúcar) Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, documento publicado en el suplemento comercial de Reforma (México, mayo de 1997).

FUENTE: Cámara

Hacerse de la infraestmctura azucarera tuvo su costo y su riesgo, pues aunque los ingenios se vendieron a un precio 27% menor al establecido por la valuación técnica (Cruz y Martínez, 1998:17), en 1991, cuando terminó la venta de los ingenios estatales, el sector privado habia adquirido deudas por casi 1 400 millones de pesos5 a través de distintas fórmulas financieras: durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se compraban ingenios con 40% de enganche y con créditos de la Financiera Nacional Azucarera (Finasa) a siete y 50 años de plazo. Ya en el salinismo, la fórmula cambió un poco: 20% de enganche, siete años de plazo y pagos con bonos azucareros con valor modificable de acuerdo al precio del azúcar: si el precio aumentaba o disminuía, el gobierno cobraba más o menos.6 Es decir, el Estado privatizó los ingenios a precios bajos, en cómodas anualidades y, además, compartió ei riesgo financiero del negocio. ¿Qué más querría un industrial azucarero? Como vanos de los nuevos dueños eran consorcios refresqueros, con el argumento de favorecer la integración vertical y la rentabilidad de sus

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prominentes empresarios del azúcar agradecían la intervención de las secretarias de Hacienda, de Comercio y de Agricultura, por salvar del desempleo a miles de trabajadores al solicitar al "Big Brother" (el otro alias de Molina) que comprara los ingenios de San Cristóbal, Atencingo, Zacatepec, Potrero, Modelo, San Miguelito y Pujiltic. Se dice ahí que los ex ministros de Estado, Jaime Serra Puche y Pedro Aspe Armella también favorecieron a otros inversionisias: Carlos Madrazo compró Juchiián y Santo Domingo; Juan Gallardo y Alberto Santos adquirieron Alianza Popular, Pedenales, El Dorado, Bellavista, Lázaro Cárdenas e Independencia. La nota hemerografica dice un billón 400 000 millones de pesos, pero hemos convertido la cifra a "nuevos pesos", porque en datos posteriores ya se habían reducido tres ceros a la moneda. Datos tomados de "El azúcar mexicano: entre el desorden y la cobreoferta", en Época (1991: 8).

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industrias consiguieron abolir (si usaban el azúcar en sus fábricas de sodas) el impuesto del 50% con que Azúcar SA castigaba la comercialización directa del dulce. Los únicos que siguieron sujetos a esa tasa imposiüva fueron los antiguos industriales del azucar, quienes no tardaron en protestar por trato tan desigual e injusto. Así, el discurso de la libre concurrencia fue una falsa pantalla para favorecer la creación de monopolios como el del Sugar King, quien, sin el apoyo y las facilidades brindadas por el Estado no habría llegado al trono, o cuando menos no lo habría logrado tan fácil y vertiginosamente. Además de vender las fábricas de azúcar, el Estado impulsó otras acciones a favor del libre cambio: desactivar Azúcar SA, pieza fundamental del intervencionismo estatal, resuitó también clave para el retiro y adelgazamiento del ~ s t a d oEn . ~ 1990, la paraestatal dejó de comprar dulce y casi no i n t e ~ n oen su comercialización, con ello desreguló prácticamente el mercado interno y dio pasos importantes para la liberación del comercio exterior. Medidas complementarias para instaurar el reino del libre cambio fueron la reestructuración del Decreto Cafiero en 1991 y un nuevo sistema de precios de la caña y del azúcar, ajustados automáticamente mes a mes (el precio de la caña sería el 54% del azúcar y, para promover la productividad en el campo se pagaría según la calidad de la caña por parcela).8 En 1992, se modificó el Contrato Ley (que regulaba las relaciones obrero-patronales) y, a cambio de un aumento salarial y del fondo de ahorro (Téllez Kuenzler, 1994: 214-223) se dejó la puerta abierta a los ajustes de personal. Éstas fueron las medidas más importantes del primer paso para armar la crisis. Para el Estado, el plan privatizador tenía sus atractivos: en principio, encajaba perfectamente en las condiciones que los organismos financieros internacionales establecieron en el planeta, que a su vez eran compatibles con las tesis antiestatistas y las políticas neoliberales de la tecnocracia en el poder; pero además, los "enganches" o pagos iniciales, 1 595 millones de pesos que hicieron los nuevos dueños de ingenios entre 1989 y 1992 (Cruz y Martínez, 1998:17), engrosaron las finanzas en un tiempo de vacas flacas para las arcas públicas; y por si ello fuera poco, el Estado creyó desembarazarse de gastos y sangrías que parecían incontenibles e irrecuperables. La estrategia no sólo se fin& en estos elementos, sino en la idea de que los 7

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Esta paraestatal se había creado en 1983 para administrar los ingenios estatales y comercializar todo el dulce nacional. Absorbía los costos financieros y de almacenamiento del dulce y era la encargada de importar y exportar el producto para regular el abasto en el mercado nacional. Reiteradamente fue setialada por el sector privado por desalentar la competencia y la modernización (Téllez Kuenzler, 1994: 214-223). En 1997 se ratificó la participación de la caña (54%) en el precio del azúcar, pero se estableció que este último se ponderaría considerando volúmenes y precios del mercado intemo, de la cuota vendida a Estados Unidos y del comercializado en el mercado libre internacional. Sin duda, ese nuevo mecanismo implica una caída del ingreso caiiero, pues en el mercado libre, el azúcar es 40% más barata que en el mercado intemo (CNIAA, y otros, 1997).

crecientes excedentes de azúcar fortalecerian a un sector privado con amplias ventajas comparativas en el mercado mundial del dulce. Para los nuevos industriales las expectativas no eran menos atractivas: de entrada, pudieron adquirir ingenios a precios de remate; pero ademds, los plazos y las condiciones de pago fueron favorables, los riesgos compartidos; la integración vertical entre producción de caña-azúcar-refresco parecla un negocio redondo, y la posibilidad de colocar excedentes en el mercado norteamericano colmó las expectativas. Cierto que tenían que invertir y desarrollar su iniciativa empresarial; cierto que tendrian que modernizar y ajustar al personal excesivo de las fabricas y que esto implicaba serios problemas sociales y politicos, pero el horizonte era halagüeño. Mas dice el dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho, y mds temprano que tarde el desbarajuste que produjo el retiro atropellado de Azúcar SA se manifestó en graves problemas económicos: al liberarse el mercado se hicieron importaciones cuantiosas e innecesarias y se saturó la oferta. En junio de 1991, Rudy Omar Albertos, director de las restos de Azúcar SA, reconocia que habia sobreoferta del producto y dificultad para proteger la industria nacional debido a la liberación de las importaciones. En el mismo mes, Acosta Lagunes, ex gobernador de Veracruz y socio del grupo azucarero Xabre declaró que en esta industria privaba la anarquía y no habia reglas claras para la producción, la zafra, las exportaciones e importaciones y la comercialización. En realidad, era tal el desorden del mercado que a ciencia cierta no se sabía cual era el stock de azúcar excedido, pero analistas internacionales estimaban que superaba al millón de toneladas y que esos inventarios s610 podrían terminarse hasta el segundo semestre de 1993.' Fueron optimistas, pues en 1993 el stock de azúcar en México era superior a la producción de las dos últimas zafras y todos los ingenios estaban saturados (La Jomada, 27 de enero de 1993). Los precios internos, las ganancias industriales y los ingresos campesinos se deprimieron sustancialmente: en 1992, los 64 ingenios reportaban perdidas mayores a los 940 millones de pesos (El Financiero, 15 de febrero de 1993); en 1993, el saco de azúcar se vendía a 65% del valor alcanzado a principios de la década (Ramirez, 1993). Los flamantes dueños de ingenios tenóan una cartera vencida de 366 millones en 1993 (E/ Finan- ciero, 22 de marzo de 1993); pero no fueron los únicos, pues como el precio de la caña era un porcentaje fijo del precio del azúcar (54%), los cafíeros vieron automaticamente reducidos sus ingresos y se les dificultó pagar sus cr6ditos.1° Pero a diferencia de los industriales, los cañeros no podian declarar la

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lo

Según algunas estimaciones, en 1990 Azúcar SA importó 1.5 millones de toneladas y los independientes 285 000 toneladas; en 1993, Azúcar SA import6 369.4 mil toneladas y los independientes 437.8 mil (El Financiero, MBxiw, 22 de marzo de 1993). El monto de los aéditos caiieros ascendia a mas de medio bill6n de viejos pesos (La Jomada, MBxiw, 4 de febrero de 1993).

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moratoria, pues los ingenios descuentan automáticamente sus deudas cuando liquida la caña recibida. La sobreoferta y sus efectos llegaron para quedarse. En un documento confidencial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se afirmaba que en 1996 México tendría un superávit de 800 000 toneladas (Época, 1991: 11 y s.). Como la historia demostró, sus proyecciones se aproximaron pero se quedaron cortas frente a la realidad, pues para entonces y hasta hoy se calcula que el excedente neto asciende a 1 millón de toneladas. De esta manera el paso inicial para armar la crisis se cumplió cabal y puntualmente: privatizar con celeridad apoyándose en el argumento de la incurable ineficiencia estatal; desregular atropelladamente el mercado y creer ingenuamente que la libre competencia es eficiente, racional y justiciera. En realidad, el Estado s i intervino, pero a favor de consorcios trasnacionales; y la IP no se preocupó por el ramo en su conjunto, sino por resguardar intereses individuales o de grupo, y con la "ley de la selva" como principio gestó un problema de tal magnitud que en ese momento sólo la acción reguladora del Estado hubiera podido ordenar el mercado. Pero ¿cómo reconocer que el sector privado no era racional ni repartía las ganancias con justicia? ¿Cómo reconocer que el Estado podría intervenir en la economía? Segundo paso: poner a competir caña con maíz subsidiado

En medio de un mercado saturado y anárquico, en 1993 se intensificó la búsqueda de acuerdos para el libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Pese a los tropezones, los azucareros conservaban la ilusión del negocio y tenían poderosas razones para ello: la cultura agrícola de los cañeros y una naturaleza bonancible con los cañaverales permiten que su productividad (69.63 tonlha) sea la tercera mejor del mundo y los rendimientos de azúcar por hectárea (7.585 tonha) colocan a México entre los primeros cuatro del planeta (Pinto Mazal, mayo de 1997). Pero además, Estados Unidos es uno de los grandes importadores mundiales de azúcar, sus compras al exterior se distribuyen entre 40 países mediante un sistema de cuotas. Y tener esas cuotas no es cualquier cosa, pues el precio de la tonelada vendida mediante este sistema representa más del doble del que se paga en el mercado libre." Por fin un producto en el que las ventajas comparativas frente a los vecinos del norte daba lugar al optimismo. Para los industriales mexicanos, hundidos y empalagados en su propio azúcar, naturalmente era urgente y estratégico ingresar al mercado norteamericano, la negociación del TLC creaba esperanzas. Para entonces y precisamente por los inventarios excedidos y el estancamiento del precio

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En 1997, la tonelada en el sistema de cuota era pagada a 650 dólares, mientras que en el mercado libre la cotización apenas era de 310 dblares. Estudio del Consejo Mundial de Alimentos y Bebidas de Canacintra, citado por El Financiero (14 de mayo de 1997: 26).

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PRODUCCIÓN ECON~MICA

interno, exportar era una salvación inmejorable que no sólo ofrecía una salida a la crisis del mercado interno sino la posibilidad de consolidar un gran negocio a largo plazo. Sin embargo, a última hora, cuando estaba en juego la aprobación del TLC en Estados Unidos y se sudaba por conseguir el voto de cada congresista, los negociadores mexicanos cedieron en el capitulo azucarero aceptando las condiciones norteamericanas y convirtieron en desventajas las ventajas comparativas de los industriales del sur del río Bravo. Los acuerdos finales del TLC consignaron que durante los primeros seis arios, México sólo podria exportar i7 258 toneladas anuales!, es decir, menos de la cuarta parte de la centésima parte de la producción nacional y menos de la mitad de la centésima parte de las importaciones norteamericanas. Una cláusula mejoraba el trato: si México acaso cubria totalmente su demanda interna, podría exportar 25 000 toneladas de azucar, es decir, un centésimo y medio de la producción nacional. En otras palabras, con la firma del TLC, practicamente se cerró la frontera norteamericana para el dulce mexicano. Para ofrecer una nueva ilusión, o sencillamente para taparle el ojo al macho, entre el allo 7 y el 14 la cuota de importación podria elevarse hasta 250 000 toneladas y ya en el 2009 la frontera seria totalmente derribada. Para los azucareros mexicanos, asta era una zanahoria inaccesible y demasiado lejana, pues en i993 se hablaba de un excedente neto de 800 000 toneladas de azucar, asl que el problema no era c6mo hacer negocio en el nuevo milenio, sino cdmo sobrevivir siquiera el Último lustro del agonizante siglo xx. Los malos acuerdos del TLC no sólo impedian la salida de azúcar acumulado gracias a la desregulación del mercado y a unas buenas zafras, sino que sometieron al ramo azucarero a una competencia verdaderamente desastrosa, pues en otra parte del Tratado se acordó que las importaciones de AFM no tendrían más restricción que un cómodo arancel de 15% en el primer ailo, impuesto que iría reduciéndose 1.5% anual hasta desaparecer. La situación no podia ser mejor para los productores estadounidenses de AFM y no podía ser más grave para los industriales mexicanos, pues este edulcorante compite fuerte y deslealmente con el azúcar de calla, ya que su materia prima principal (el malz), se produce en exceso y está ampliamente subsidiada en Estados Unidos y en MBxico a través de importaciones desgravadas. En resumidas cuentas, el gobierno mexicano acabó negociando el Tratado como si representara a los productores de alta fructuosa de maiz y dejó sin protección a los azucareros mexicano^.'^ Asl las cosas, en México los in12

Se manejaron distintas versiones sobre el porque los norteamericanos cerraron sus fronteras al azucar mexicano: que un grupo de senadores estadounidenses hizo correr el rumor de que México podria generar una sobreoferta de 2 millones toneladas de azúcar que harían quebrar a su industria azucarera. y que ademas el gobierno mexicano impediría la entrada de AFM a nuestro país. Que Estados Unidos no podria comprar mas dulce

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dustriales no sólo se quedaron con el problema de acomodar su dulce de caña en el mercado interno o de buscar precipitadamente opciones de mercado, sino que empezaron a competir con una industria altamente tecnificada y subvencionada que muy rápido les arrancó una franja del mercado, pues en los últimos tres años, el consumo de AFM pasó de casi cero a 600 mil toneladas (Enciso, 1998:19). Hoy, los azucareros no sólo enfrentan la competencia de alta fructuosa de maíz importada, sino también la producida por empresas trasnacionales que se están instalando en México y que consumen maíz estadounidense subsidiado.13 Así, para rematar el asunto o matar dos pájaros de un tiro, los acuerdos del libre comercio en granos no sólo afectan negativamente a los hombres de maíz, sino a los que viven de los cañaverales y el ingenio. El segundo paso para armar una crisis también se cumplió cabalmente.

Tercer paso: errar en diciembre... Después de los llamados "errores de diciembre" que elevaron las tasas de interés hasta 80%, el gobierno federal propuso convertir los pesos adeudados en u o i , cuyo valor se elevaría al ritmo de la tasa de inflación más una baja tasa de interés (de 7, 8 y 9% para pagos a 7, 10 y 15 años respectivamente, y un periodo de gracia de 3 años). Se fijaron plazos semestrales, trimestrales y mensuales para el pago de intereses. Los propietarios de ingenios reconocen que fue el peor error que pudieron haber cometido. Y los números les dan la razón: del 31 de julio de 1995, al 30 de junio de 1997, los adeudos reestructurados con Finasa superaron los 13 200 millones de pesos, lo que significó un aumento de 58.1% en tan sólo dos años. El monto de la deuda con Finasa estuvo a punto de llegar a los 15 000 millones de pesos y sus adeudos con otras instituciones financieras superan 600 millones de dólares en conjunto (Cruz y Martinez, 1998: 16 y s.). Pese a que no todos enfrentan situaciones apremiantes, se estima que 46 ingenios son presa de problemas financieros y que de éstos, 20 o 25 están al borde de la quiebra técnica. La conversión de los pesos adeudados en UDI fue el tiro de gracia, el último y decisivo toque para armar la crisis de la industria azucarera.

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a MBxico porque otros palses del Caribe protestarían (Enciso, 1998: 19). Sin embargo, a la luz de los resultados y de los beneficiarios del Tratado, parece lógico que los cabildeos de los productores de AFM obligaron al gobierno mexicano a poner las cosas a su favor. En 1997, se reportaba que la producción nacional de AFM era de 300 mil toneladas anuales y que sólo era producida por dos empresas: Almidones Mexicanos, ligada al consorcio internacional Tate and Lyle, y Arancia asociada a CPC Internacional (Olguín, 1997:32).Otros informes señalan que el consumo de AFM en MBxico es del orden de las 600 mil toneladas, de las cuales 400 000 se destinan a la industria refresquera. Según otra fuente. las importaciones del edulcorante alcanzan 400 000 toneladas y la producción interna es de sólo 200 000 (Enciso, 1998:19).

Los más poderosos son los más endeudados: asl, el grupo Escorpión manejado por el famoso Sugar King, tiene también la deuda más grande (5 582 millones de pesos); el grupo Santos, encabezado por el senador y actual presidente de la Cámara Azucarera, Alberto Santos, debe casi 2 000 millones de pesos. En situación similar está el consorcio de la familia Machado; en cambio, la familia Sáenz, ha logrado hacer manejable su deuda y el Grupo Azucarero México casi se ha librado del yugo. Pero no nos vayamos con la finta, pues algunos de los más endeudados son también quienes mas están ganando, ya que integrar verticalmente la producción cana-azúcarrefresco, es, en efecto, uno de los negocios más seguros (México disputa cada aiio el primero o segundo lugar en el mundo como consumidor de refresco), y la forma mds rentable de vender azúcar. En realidad, son los industriales que destinan su azúcar al mercado domkstico quienes mas han sufrido la crisis. La iniciativa privada, entre la nostalgia proteccionista y el sueiio del libre mercado Desesperados y sumidos en sus deudas, los azucareros han recurrido a diversas estrategias para salir de la crisis financiera y deshacerse del dulce embodegado: para empezar, al igual que los banqueros, pidieron un "rescate financiero", al finalizar la zafra pasada tan sólo para pagar a Finasa se habrían necesitado 11 000 millones de pesos, equivalentes a 2 000 millones de dblares (Martínez, 1998:20). Pero no es su única jugada, también se clama por otro trato comercial con Estados Unidos: que se limiten las importaciones de alta fructuosa de maíz; que suba su arancel de 15 a 25% (Morales, 1997:45) que "nuestro socio y vecino" dé preferencia al dulce mexicano que se negocie la exportacibn de un kilo de azúcar por cada kilo de alta fructuosa de maíz que se importa; que de una vez se abra la frontera estadounidense al azúcar mexicano. Se ha llegado al extremo de una reclamación antidumping de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera ante Secofi, que falló a su favor y provocó que de inmediato los productores de AFM se quejaran ante la Organización Mundial de Comercio para revertir el fallo. Se ha pedido incluso renegociar el Tratado en su capítulo "malz" para evitar que los productores de AFM sean subsidiados a través del grano (CNIAA,mayo de 1997). Se denuncia que el convenio comercial es desigual e injusto y que el negocio del azúcar con un mal tratado no es negocio. Por tanto, se exige la renegociación del n c y, ya entrados en gastos, se habla de nulificar las "cartas secretas" que a última hora modificaron los acuerdos del azúcar (Enciso, 30 de marzo de 1998: 20). Tarnbikn se piensa en el control de la producción y de los precios del mercado interno (Enciso, 26 de marzo de 1998:19) o en convenios directos entre productores y consumidores al mayoreo. Finalmente, y ya por no dejar, se busca la diversificación de los mercados (en Sudamérica) y el aprovechamiento alternativo del bagazo de cana en celulosa, resinas fenólicas y furfural, que en la industria

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química se usan para fibras textiles, pegamentos y plásticos. Se propone sustituir la petroquimica por sucroquimica para compensar las pérdidas del azucar con ganancias del bagazo. Diversificarse o morir, dicen los conocedores (Viniegra, 1998: IV). Ya nada más para ver si pega, se hacen campafias publicitarias que enfatizan las bondades del consumo de azúcar en la salud y se denuncia el "cáncer cerebral" o los riesgos desconocidos a que se somete el consumidor de aRa fructuosa de maíz. Se exige que en las botellas de refresco se aclare qué endulzante contienen para no engañar al cliente (CNIAA, mayo de 1997). Total, y en resumidas cuentas, el haberse abierto a las importaciones de la AFM y el haber restringido las exportaciones de azúcar indica que el TLC no es parejo, y si no es parejo por definición no es libre comercio. La desigualdad del trato perjudica a la industria azucarera mexicana. Es por ello que los industriales sienten nostalgia por el viejo Estado, el gordo aquel que subvencionaba, regulaba y protegía; a la vez que suefian con un genuino libre mercado, el único capaz de vaciar sus almacenes atascados de azúcar. Pero no piden una cosa o la otra sino las dos a la vez, a ver cuálpega. ¿Cómo ganar quebrando? A los reveses de los industriales y al peligro que ronda al gasto público, se han sumado las desventuras de cañeros, obreros y empleados de los ingenios quienes, también en desventaja, se juegan la posibilidad de seguir existiendo como trabajadores de la agroindustria. Desde que comenzó la privatización y durante todos los noventa, la liquidación de obreros y empleados ha sido pieza clave para reducir costos y racionalizar el funcionamiento de la agroindustria. Ciertamente, un sector acostumbrado a pagar con plazas las fidelidades políticas y los silencios o complicidades ante la comipción; un sector cuyas pérdidas a través del Estado eran asumidas por todos los m e i canos, obviamente tenía trabajadores de más. En 1993 se planeaba una "limpia de 30% del personal"14y en ese mismo año 8 000 personas quedaron sin empleo. Nuevos y viejos azucareros recurrieron a la "Ley de Quiebras", que permitía liquidar a los despedidos con menos de 50% de lo establecido en el Contrato Ley. Si la apertura comercial ocasionó pérdidas, las quiebras se convirtieron en un buen negocio, pues facilitaban los despidos sobre todo de trabajadores viejos y rebeldes, permitía el pago de liquidaciones a 40 o 50% de su monto legal y el ahorro de gastos por prestaciones, ya que el Contrato Ley deja de operar en esos casos (La Jornada, 22 de julio de 1993). A partir de 1993, se multiplicaron las notas y protestas contra patronales del

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Cuatro secretarias de Estado, junto con los industriales del azúcar y la Confederación de Cámaras Industriales, prepararon un Plan Integral de Rescate de la Industria Azucarera con cuatro ejes: financiamiento e inversión, tecnologla, comercialiación y liquidación de 30% del personal (González Pérez, 1993).

azúcar que recurrian a la quiebra para ajustar personal y escamotear una liquidación justa. En algunos ingenios se intentó quiebra tras quiebra para hacer ajuste tras ajuste de personal.15 El despido de los 8 000 y las liquidaciones injustas fueron sólo algunos de los problemas de los trabajadores, pues también desaparecieron cinco fideicomisos relacionados con la seguridad social de catieros, obreros y empleados de ingenios, y el Sindicato se declaró incapaz de pagar las pensiones a sus 7 000 jubilados (La Jornada, 5 de marzo de 1993) debido a que los nuevos industriales se negaron a liquidar 168 millones de pesos que adeudaban a los sindicados (El Financiero, 4 de marzo de 1993). No sólo los industriales trataron de evadir sus obligaciones patronales, también el Sindicato aprovechó el rio revuelto: en Zacatepec, por ejemplo, ya en 1994 los trabajadores buscaban el dinero que desde 1968 habían acumulado para la construcci6n de viviendas que jamás se levantaron y presentaron demanda contra Azúcar SA, el Sindicato y su propia Cooperativa, la de Zacatepec, sin que sus quejas fueran escuchadas por los tribunales de la Secretaría del Trabajo (La Jornada, 19 de marzo de 1994). Algunos de los desaparecidos fideicomisos afectaron directamente a los cafleros, también el Instituto Mexicano del Seguro Social modificó negativamente su relación con los labriegos (Romero, 1997: 1 l), pero los efectos más graves para ellos se vincularon por un lado con el cierre de ingenios, que de un día para otro dejó a muchos sin financiamiento agrícola y sin mercado, sólo "con el Jesús en la boca"; y por otro, que el precio de la cafla depende directamente de las cotizaciones del azúcar, se vio reducido por la saturación de la oferta,16 y mas recientemente, en 1998, porque el desorden del mercado mundial produjo una caída que arrastró al precio interno y condujo a que un costal que habia llegado a venderse en 300 pesos, tuviera

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El ingenio cooperativa Emiliano Zapata se declar6 en quiebra el 22 de agosto de 1991, en octubre de 1992 fue adquirida por el grupo Xafra (El Universal, MBxico, 15 de agosto de 1993), pero a mediados del 93 este grupo intentaba declarar una nueva quiebra para realizar otro ajuste de personal (La Jornada, 3 de julio de 1993). En el mismo diario, el 22 de julio se notificaba que siete ingenios recien privatizados podrian ser declarados en quiebra: San Cristbbal, La Gloria, El Higo y Providencia en Veracruz; Tenosique y Santa Rosalia en Tabasco; PujiAic en Chiapas... El diario sefiala que quienes recibieron casi regalados los ingenios insisten en declarar quiebras fraudulentas porque representan un gran negocio. El 26 de noviembre de 1993. El Financien, notificaba que la Secretaria de Hacienda habia decidido subastar cinco ingenios que estaban en proceso de quiebra: Purísima de Jalisco, Pujiltic de Chiapas, Hennenegildo Galeana y Santa Rosalía de Tabasco, e Independencia de Veracruz y que en el ingenio cooperativa de El Mante en Tamaulipas, habia concluido el proceso de quiebra. En todos los casos, el gobierno federal habia liquidado a los trabajadores para dejar manos libres a los nuevos dueños en la contrataci6n de personal. En 1993, el saco de azúcar costaba 58 pesos, cuando un aiio atrás habia llegado a venderse en 80 o 90 (La Jornada, 27 de enero de 1993),hasta los castigados precios de concertacidn fueron mayores al precio real de mercado del azúcar y por tanto de la caiia (El Financiero, 22 de marzo de 1993).

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que rematarse en 156, así que los ingresos catieros se redujeron en 50% y el gobierno federal otorgó un subsidio emergente de 42 millones de dólares para compensar parcialmente estas pérdidas (Cruz y Martínez, 1998: 20).

Una reflexión final El ingreso y las prestaciones sociales de los cañeros se han reducido, muchos han perdido o están en riesgo de perder compradores y habilitadores del cañaveral. Miles de obreros y empleados quedaron cesantes y han sido liquidados injustamente mientras los que quedan casi tienen que agradecer el seguir siendo explotados. Muchos ingenios están a punto de desaparecer del mapa. Ganancias e ingresos de subsistencia están en riesgo y por lo tanto la situación resulta tan amenazante para industriales, obreros y caiieros, que si bien no elimina viejas rencillas y contradicciones sí las atenúa y gesta nuevas posibilidades de alianza en el ramo azucarero. Por ahora los principales actores se unen por primera vez en este siglo, para impedir la devastación de lo que ha resistido a la apertura comercial y a la desregulación. Pero en estos tiempos, esta convergencia sectorial parece insuficiente para redefinir las reglas en la agroindustria azucarera, y esta crisis es, a la vez, sólo una muestra de lo que está ocurriendo en las sociedades urbanas y rurales. En este sentido, los conflictos, riesgos y propuestas que surgen desde cañaverales e ingenios muestran la necesidad de otra idea de desarrollo no sólo para el ramo sino de otras estrategias y alianzas en las que trabajadores, Estado y capitales asuman nuevos papeles.

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