a1 | Sinergia | Vol. VII | 11 Revista del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera | Vol. VII | No 11 | enero-junio | 2010
Reforma laboral
¿Modernidad o retroceso histórico?
Secretaría General María Luisa Velázquez Galicia
Pantone 7462, pantone cool gray 6
Secretaría de Trabajo y Conflictos Titular | Arturo González González Suplente | Pedro Estrada Cano
contenido
Secretaría de Organización Titular | José Guadalupe García Valdés Suplente | Benjamín Jiménez Chávez
Vol. vii | 11
Secretaría de Prensa, Difusión y Exterior Titular | Mónica Cravioto Galindo Suplente | Juan Carlos Polo Hernández Secretaría de Finanzas y Tesorería Titular | Lourdes Barradas Lagunes Suplente | Ana María Aldana Herrera Secretaría de Capacitación, Actas y Archivo Titular | Emilio Alcaraz Fuentes Suplente | Sergio Madrigal Espinosa
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Secretaría de Equidad, Género y Previsión Social Titular | Sandra Hernández García Suplente | Odila Landa Figueroa
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Secretaría de Acción Deportiva, Cultural y Recreativa Titular | Carlos Gutiérrez Segura Suplente | Raymundo Velásquez Ruiz Secretaría de Pensionados Titular | Teresa Desales García Suplente | David Vázquez Bárcenas Comisión Autónoma Normativa de Vigilancia Presidente | Gabriela Cuéllar Soriano Secretario | Mario López Cruz Vocal | María del Carmen Villarreal Palacios
Comité Coordinador del CNR Presidente | Luis Albarrán Barón Secretaria | Celene Romero Bugarín Vocal | Ana Lilia Escalante Zamudio Sinergia es una publicación editada y distribuida por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera. Cracovia 34, colonia San Ángel, 01000, Álvaro Obregón, D.F., teléfono 5616-2258, www.suntnafin.org, correo electrónico
[email protected]. La responsabilidad de los textos es de quien los firma; el Comité Editorial es responsable de aquéllos que aparecen sin rúbrica, y la opinión del Comité Ejecutivo Nacional sólo se expresa en el Editorial. Textos y edición: Mónica Cravioto Galindo. Diseño: Miguel Marín. Impresión: Grupo San Jorge.
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Informe 2000-2010
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Se pronuncia el pleno por ampliar la gestión del CEN
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Los retos de México
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Reforma Laboral: ¿Modernidad o retroceso histórico?
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Entrevista a Alfredo Farid Barquet
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Entrevista a Martha Lara Lois
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Entrevista a Gerardo Gutiérrez Palacios 16
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Comisión Autónoma Normativa de Honor y Justicia Presidente | Maritza Valladares Riveroll Secretario | Samuel Amador Romo Vocal | Elizabeth Murguía Sánchez Comisión Autónoma Normativa de Fiscalización Hacendaria Presidente | Gema Sánchez Novoa Secretario | Daniel Gómez Zaleta Vocal | Roberto Bustos Lozano
Editorial
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Marcha del Día del Trabajo
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Retos del sindicalismo en México en materia de equidad de género
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Los límites de la transparencia
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De buena fuente
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Finanzas personales
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De aquí, de allá, de todas partes…
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Buzón
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Día del Niño
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Transparencia
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Apoyemos la defensa de los derechos laborales
La
crisis económica mundial amenaza con convertirse en una crisis social de grandes dimensiones, dado que los intentos de recuperación se hacen con el sacrificio del empleo, el nivel de vida de los trabajadores y, en general, con el sufrimiento de la sociedad. En México, los impactos no son distintos a los de otros países afectados por esta crisis global, aunque para ello algunos de nuestros improvisados secretarios y políticos hablen de gripitas o blindajes que, según sus conocimientos fantasiosos, impiden que nuestro país pueda sufrir las consecuencias de este fenómeno, cuando la realidad nacional muestra un rostro cruel de más pobreza; más cierre de empresas; más desempleo (en los últimos nueve años, el crecimiento fue de aproximadamente 1.9% en promedio); más actividades informales; más gente echada a la calle a delinquir; más campesinos emigrantes que, aparte de abandonar sus tierras por improductivas y por falta de políticas de apoyo al agro mexicano, se enfrentan todavía a un racismo retrógrada y lacerante; o más egresados de las universidades sin porvenir... En sí, más penurias para el estrato productivo de nuestro país y más doble discurso de la política nacional. Aunado a lo anterior, estas circunstancias se ven agravadas por una política económica que subordina el desarrollo del mercado interno y el poder de compra de los salarios en aras de la integración a los mercados internacionales, en lugar de una economía de carácter social. En el Suntnafin, como organización de los trabajadores, tenemos como firme convicción no favorecer el cierre de fuentes de empleo ni la disminución de plazas como alternativa a la situación económica del país, sino apoyar una política económica que fomente el desarrollo, la inversión productiva en el campo y la ciudad, que aliente la innovación tecnológica e investigación, así como el incremento del empleo formal y estable, que contribuya a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y el bienestar social. Demandamos, en síntesis, una política para el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno bajo condiciones de justicia y equidad. En los últimos 25 años, prácticamente desde que se constituyó el modelo económico neoliberal, el país ha crecido alrededor de 2% en promedio, lo cual demuestra un fracaso de este modelo y una inconsciencia de los gobiernos por perdurarlo. Compañeros: apoyemos y no soslayemos la defensa de los derechos laborales, hoy en día bajo asedio; reivindiquemos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población; demandemos la implantación de una política integral de desarrollo agropecuario e industrial, así como la democratización y modernización del mundo del trabajo. México necesita un gran acuerdo político para lograr estos objetivos, con la participación de la sociedad en la construcción y ejecución de las políticas públicas. Sólo de esta manera será posible arribar a conclusiones benéficas para todo el país. Y si no, sigamos esperando que se agudicen aún más los problemas que nos aquejan, y esperemos las consecuencias de un final más amargo que el que ya comenzamos a vivir. §
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editorial
informe 2000-2010
“El sindicato es el constante esfuerzo por avanzar”
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Durante la XXVI Asamblea General Ordinaria del Suntnafin, la secretaria general presentó el informe 2000-2010 del Comité Ejecutivo Nacional
Desde
que asumimos la dirigencia sindical, hace más de nueve años, nos propusimos crear un sindicato cuya fortaleza radicara en la garantía de la pluralidad y la democracia; que respetara plenamente la libre filiación política y la libertad de disentir que tiene cada uno de los afiliados; que mantuviera firme su autonomía a salvo de la influencia de cualquier organización política y al margen, también, de la intervención de alguna autoridad administrativa o laboral. De igual manera, nos propusimos cambiar las formas de acción y el trabajo sindical para construir una representatividad efectiva, que estuviera verdaderamente al servicio de los compañeros, principalmente en la defensa y promoción de sus derechos e intereses laborales, para mejorar sus condiciones de vida y la de sus dependientes, pero también contribuir, desde el espacio sindical, a opciones más amplias de recreación, convivencia, capacitación, oportunidades de desarrollo personal y profesional, así como un manejo claro y transparente de nuestros recursos. Todo esto, compañeros, lo logramos; estos, que fueron compromisos de campaña y preceptos fundamentales de nuestro quehacer cotidiano, los cumplimos a través de la dedicación, esfuerzo y trabajo permanente y lo cual nos permitió alcanzar, entre otros tantos objetivos, los que a continuación menciono: • Preservar la permanencia laboral de los compañeros afiliados a través de prolongados análisis, discusiones, propuestas y serias negociaciones con las autoridades de Nafinsa, a raíz de los diversos procesos de reestructuración institucional. • Separar al Suntnafin de la Fenasib, por las continuas corruptelas de esa federación, y acordar su adhesión activa y permanente a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como su vinculación con otras organizaciones sindicales independientes y representativas de los trabajadores, tanto nacionales como extranjeras. • Contratar, en materia laboral, un despacho de abogados profesionales y de irrefutable hono-
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rabilidad para defender nuestros derechos. Por voluntad de los afiliados, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani y el doctor en Derecho, Eugenio Narcia Tovar, fueron nombrados apoderados del Suntnafin. Lograr el respeto a la autonomía sindical y a nuestra razón de ser por parte de la administración de Nacional Financiera con la cual, conjuntamente, después de algún tiempo de afinar nuestras divergencias, acordamos dirimir nuestros asuntos a través del diálogo, reglas compartidas, proyectos comunes y consensos estratégicos que beneficiaron a los trabajadores. Reubicar a los compañeros que se encontraban sin adscripción fija. Defender y hacer valer los derechos laborales de los compañeros en sus conflictos e intereses colectivos y personales. Llevar a cabo reuniones permanentes con las autoridades institucionales para dar seguimiento a los asuntos laborales colectivos e individuales, así como de la Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, el Comité Técnico del Fondo de Ahorro, la Comisión del Servicio Médico y los comités técnicos de los fondos de Pensiones y Prima de Antigüedad y de Pensiones de Contribución Definida. La reinstalación de las comisiones de Escalafón, Capacitación y Adiestramiento, así como la de Seguridad e Higiene. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, en las que se salvaguardaron los derechos de los trabajadores y se incluyeron los derechos de los jubilados que se encontraban al margen de éstas, así como la elaboración del Régimen de Contribución Definida actualmente vigente. Del mismo modo se logró que la institución otorgara dos licencias más para el Sindicato, que en la actualidad suman ocho. Este acuerdo quedó establecido en las Condiciones Generales de Trabajo como un derecho de la organización colectiva de los trabajadores. Asimismo, la inclusión de 50% de apoyo económico institucional para los eventos sindicales establecidos en nuestros Estatutos.
• El respeto a los procesos escalafonarios, directo e indirecto, con los que se han beneficiado más de 202 compañeros, incluso en puestos de funcionario. • El esfuerzo permanente del Comité Ejecutivo Nacional, junto con los representantes sindicales, para promover la afiliación de 353 nuevos compañeros que nos permitió que de los 539 afiliados que recibimos en 2000, a pesar de las 158 pensiones por jubilación e incapacidad otorgadas durante este tiempo, de los 61 compañeros que cambiaron de estatus a funcionario, de los ocho decesos, de los 197 retiros voluntarios, de los cuatro ceses justificados y de los siete compañeros en demanda, actualmente nuestro padrón sindical está conformado por 457 compañeros en activo. • El fiel y estricto apego a los ordenamientos de nuestro Estatuto, para defender y hacer valer la decisión de los afiliados, así como su seguimiento y cumplimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. • La reforma estatutaria realizada en 2006 que, además de actualizar nuestros Estatutos, permitió la afiliación de los compañeros pensionados al Suntnafin. Por tal motivo, hasta el 31 de enero de 2010, nuestro padrón tiene registrados a 149 compañeros en ese estatus. • En ese mismo tenor, la reforma estatutaria de diciembre de 2009, donde la Asamblea General otorgó a los compañeros pensionados los mismos derechos de los compañeros en activo, con excepción de votar en los procesos electorales para elegir al Comité Ejecutivo Nacional y a ser votado para ocupar puestos de representación. • El que, a planteamiento del Comité Ejecutivo Nacional, la Asamblea se pronunciara a favor de que cuando los compañeros en activo cambien su estatus a pensionados, continúen afiliados al Suntnafin, mientras no expresen lo contrario por escrito. De estas últimas reformas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgó la toma de nota el día 9 de febrero de 2010. • La reinstalación o jubilación de los 27 compañeros que fueron afectados por los procesos de reestructuración institucional en el año 2001 y que optaron por hacer valer sus derechos laborales por la vía legal. Actualmente se encuentran en este proceso siete compañeros y en breve tres de ellos serán reinstalados.
Compañeros y amigos sindicalistas: Durante este tiempo, el Comité Ejecutivo Nacional buscó diversos caminos para el cumplimiento de sus objetivos, pero algunos de ellos cuando apenas parecían abiertos, se volvieron a cerrar. Sin embargo, puedo asegurar que detrás de cada acierto y aún de los errores cometidos, se encontró la realización de grandes esfuerzos y de la mejor voluntad por hacer bien las cosas. Estos nueve años nos dejan grandes lecciones: en ellos, por primera vez, el Suntnafin logró la confianza de sus afiliados, pero también por primera vez, logramos el respeto institucional a nuestra organización. Sin duda, todo balance da lugar a la polémica. Esto es inevitable, pero provechoso en lo que hace a nuestra democracia, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en la vida sindical las tareas nunca están concluidas, pues el sindicato es el constante esfuerzo por avanzar en el logro de objetivos, que nos permiten realizar las circunstancias. §
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• La negociación con la administración de Nacional Financiera, mediante la cual se acordó que, a cambio de las instalaciones que ocupaba el Suntnafin en Río Magdalena No. 4, en Tizapán, San Ángel, se nos proporcionara el inmueble donde actualmente se encuentran las instalaciones sindicales. Cabe mencionar que en ese acuerdo se estableció que el actual inmueble estará en posesión del Suntnafin mientras éste exista. • La creación del comedor sindical, para lo cual se adecuaron las instalaciones, se adquirió mobiliario y se concesionó el servicio. • La adquisición, para uso del Sindicato, de equipos de cómputo, fotográfico, sonido, grabación e instalaciones de equipo para la purificación de agua. • La optimización de los recursos del Sindicato, a pesar de la disminución del padrón sindical y de cubrir la obligación patronal que se tenía con el compañero Jerónimo Quiroz Hernández, quien prestó sus servicios como administrativo durante 21 años. Cabe mencionar que con esta política rigurosa de austeridad para preservar y optimizar los recursos, compromiso permanente de la actual gestión, se logró que de los 364 mil 299 pesos 77 centavos que recibimos de la anterior administración sindical, este patrimonio se incrementara a más de 900 mil pesos. • Celebrar convenios con médicos generales y especialistas, para prestar sus servicios a los familiares de los afiliados que no son derechohabientes del servicio médico institucional. • Mantener permanente supervisión de la guardería institucional. • Celebrar conferencias, foros y diversos cursos de carácter sindical, humanísticos, de superación personal, inglés, baile, música, yoga y manualidades. • Celebrar los aniversarios del Suntnafin; los días Internacional de la Mujer, del Niño, de la Madre y del Padre; la organización de la jornada vacacional y del campamento de verano, así como la continua entrega de un presente simbólico a los compañeros sindicalizados en el día de su cumpleaños. • Realizar reuniones periódicas con los órganos de gobierno del Suntnafin y representantes sindicales para el seguimiento de los asuntos de nuestra competencia. Asimismo, llevar a cabo reuniones con compañeros afiliados a solicitud expresa de ellos mismos o por iniciativa de la dirigencia sindical.
crónica
XV Asamblea General Extraordinaria
Se pronuncia el pleno por ampliar la gestión del CEN
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La XV Asamblea General Extraordinaria del Suntnafin se celebró el 26 de febrero, en la sede sindical, con sólo dos puntos en el orden del día: instalación de la sesión y ampliación de la gestión del actual Comité Ejecutivo Nacional
En
desahogo del primer punto, a las 16:30 horas, en su carácter de secretaria general del Suntnafin, María Luisa Velázquez declaró formalmente instalados los trabajos, con la asistencia de 129 afiliados. Asimismo, informó que en representación de los compañeros de las oficinas estatales asistían: Martha Olivas Romero, de Chihuahua; Odila Landa Figueroa, de Guerrero; Carlos Diegopérez Ramírez, de Oaxaca; Víctor Manuel Valdespino Hernández, de Guanajuato, e Irene Figueroa Romero, de la Dirección Regional Noroeste, con sede en Hermosillo. El proceso de la Asamblea A continuación, la secretaria general relató que en la primera quincena de febrero se recibió en el Sindicato una petición, firmada por 154 compañeros (110 activos y 44 jubilados), de que se convocara a una asamblea general extraordinaria, a fin de analizar, discutir y, en su caso, aprobar la ampliación de gestión del actual Comité Ejecutivo Nacional. De inmediato se notificó a Gabriela Cuéllar Soriano, presidenta de la Comisión Autónoma Normativa de Vigilancia, quien citó a una reunión conjunta con la Comisión Autónoma Normativa de Honor y Justicia. De esta manera, ambas comisiones se reunieron en la sede sindical la tarde del 22 de febrero para autenticar las firmas de los solicitantes y verificar su afiliación. Asimismo, comprobar que se cumplía con el artículo 18, inciso I, de los Estatutos, que a la letra dice: “Para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria, las comisiones autónomas normativas, el Comité Coordinador del Consejo Nacional de Representantes, o 20% de los afiliados la solicitarán por escrito al secretario ge-
neral, quien deberá publicar la convocatoria dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud…”. Maritza Valladares, presidenta de la Comisión Autónoma Normativa de Honor y Justicia, informó a la Asamblea que el padrón sindical consta de 455 compañeros activos y 152 jubilados, de modo que el número de firmas que avalaba la solicitud representa 25.5% del padrón sindical, por lo cual instruyeron a la secretaria general para convocar a la Asamblea General Extraordinaria dentro del plazo marcado por los Estatutos. Acto seguido y en uso de la palabra, Virgina Parra pidió información sobre el proceso para recabar las firmas. Específicamente, preguntó si se había forzado a alguien o si se le había convencido de alguna otra manera. Dijo también no saber en qué momento se llevó a cabo el proceso, pues a ella nadie le pidió su firma. En respuesta, Gabriela Cuéllar precisó que la Comisión de Vigilancia no recibió ningún reporte o queja en el sentido de que hubiera habido coerción; asimismo, reiteró que no todos los afiliados firmaron la petición, únicamente el equivalente a 25.5% del padrón sindical. En seguimiento a la inquietud de Virginia Parra, Luis Albarrán, presidente del Comité Coordinador del Consejo Nacional de Representantes, solicitó se precisara el origen de las relaciones de firmas: “¿Salen de aquí, las inicia cada compañero o quién las creó?”, preguntó. En respuesta, Martha Gutiérrez recordó que en la XXVI Asamblea General Ordinaria, al saber que el CEN estaba por concluir su gestión, “decidimos recabar firmas porque estamos muy contentos con el actual Comité. No nos lo pidieron ni nos lo sugirieron, no hubo presión. Fue espontáneo y este es el resultado”. Por su parte, Lucila Chávez abundó: “Yo fui una de las que alboroté a la raza para las firmas y, de los jubilados, la primera
fue la mía. Fue tan derecho que ni siquiera tenemos la certeza de que [los integrantes del Comité] vayan a aceptar, pero queremos que se queden”. Finalmente, María Luisa Vargas preguntó directamente a la secretaria general si aceptaba quedarse. La líder respondió que no era prudente pronunciarse antes de escuchar la opinión de los asambleístas, por lo que abrió una ronda de oradores. Ronda de oradores El primer orador, Manlio Chávez, agradeció al Sindicato “que nos hayan abierto los brazos para estar directamente con ustedes. Tener voz y voto es importante para darle más fuerza al Suntnafin”. Enseguida, Alfredo Ceballos relató que en años pasados, como presidente de la Comisión de Fiscalización Hacendaria, tuvo la oportunidad de revisar mes a mes los estados financieros del Sindicato y comprobar que todo estaba en orden y los gastos eran muy austeros. “Es un comité que hace las cosas como se tienen qué hacer, cuando se tienen qué hacer y de una manera muy formal”, dijo, por lo que pidió la ampliación de la gestión por el mayor plazo posible. En su oportunidad, Virginia Parra afirmó: “También reconozco el trabajo que han hecho todo este periodo, pero yo siento que debemos también tener otras oportunidades compañeros que también queremos el desarrollo y las oportunidades para poder dirigir este tipo de lugares. Yo votaría porque se instalara el Colegio Electoral y se diera una ampliación de seis meses”. A su vez, Víctor Hugo Argueta, en su carácter de representante de la Dirección Fiduciaria, dijo sentirse satisfecho “porque hemos trabajado en serio y ha habido buenos resultados”. Asimismo, subrayó: “Este comité le ha dado personalidad al Sindicato ante la institución”. Gilda Ruiz, quien ha sido representante e integrante de la Comisión de Vigilancia, hizo un llamado a los afiliados a comprometerse y participar más en la vida sindical, así como a capacitarse y conocer en profundidad el estatuto. Enseguida, Carlos Diegopérez enfatizó que quienes, como él, asistían por parte de las oficinas estatales, habían recabado previamente la opinión de sus compañeros. Hay consenso en la ampliación, dijo; sin embargo, también la preocupación de que se está tomando un camino fácil al esperar “que el actual Comité Ejecutivo Nacional (dicho sea de paso, el mejor que ha habido en la historia del sindicato) siga y siga…” Exhortó a los presentes a capacitarse, a participar y a responsabilizarse, de forma tal que la ampliación de la gestión sirva para
La votación Después de aclarar las inquietudes de los compañeros y de escuchar diversos planteamientos respecto al plazo de la ampliación, se acordó que éste sería por un periodo de 24 meses, a partir del 5 de abril de 2010 y hasta el 5 de abril de 2012. Acuerdo que fue aprobado por 127 votos a favor, uno en contra y una abstención. Una vez agotado el orden del día, la secretaria general agradeció el voto de confianza de la Asamblea, refrendó el compromiso del Comité Ejecutivo Nacional y dio por concluidos los trabajos, a las 18 horas con 15 minutos. §
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preparar a “gente que ojalá pueda hacer un trabajo por lo menos igual al que está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional actual”. Finalmente, Marco Antonio España, quien en fecha reciente se reincorporó a Nacional Financiera tras un juicio por despedido injustificado, destacó el apoyo recibido por parte del CEN a lo largo del proceso. “Todos estamos expuestos a una liquidación”, reflexionó, “y en ese supuesto no encontraríamos en ningún equipo de trabajo un apoyo como el del actual comité. Y más allá del despido, en la vida de la institución pueden pasar muchas cosas y con la experiencia y el compromiso que tiene este comité, dudo mucho que cualquier otro compañero, incluyéndome, pudiera alcanzar los logros que ellos han conseguido, en beneficio de todos los empleados de Nacional Financiera”. Para cerrar la ronda de oradores, María Luisa Velázquez enfatizó la legitimidad de aspirar a la dirigencia sindical, pero también la importancia de prepararse para ello: “Su sindicato merece contar con compañeros formalmente capacitados, preparados, que cuando lleguen sepan qué, cómo, y cuándo, y todos los que estamos en la trinchera nos sintamos seguros de que se enfrentarán con valor y con coraje. Una parte de la labor será defender la permanencia laboral y los derechos, pero también defender al sindicalismo que, en su conjunto, está enfrentando fuertes arremetidas”. Posteriormente solicitó a los miembros del CEN externar si estaban o no dispuestos a continuar. Después de agradecer la distinción, cada uno expresó su aceptación y reiteró su compromiso con el Suntnafin. La secretaria general concluyó: “Si hay compromiso por formar cuadros sindicales, si están dispuestos a prepararse, a formarse, a comprometerse, a aportar lo mejor de sí mismos, entonces no me queda más que agradecer la oportunidad para expresar nuestro sentir y nuestra satisfacción ante esta propuesta, independientemente de la decisión de la Asamblea”.
opinión Alfonso Zárate
Los retos de México
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En el marco del 27 Aniversario del Suntnafin, el prestigiado analista político Alfonso Zárate reflexionó sobre los retos que enfrenta nuestro país y el compromiso que debe asumir nuestra generación para resolverlos
El
momento que vive el país es realmente difícil: desplome histórico del crecimiento económico, un incremento muy grave del desempleo, aumento de la pobreza y la desigualdad. Difícilmente podríamos imaginar un tiempo político, económico y social, tan complejo como el que estamos viviendo. Pienso que se explica por la agregación de crisis estructurales. Somos un país donde la pobreza alcanza niveles de vergüenza. La mitad de la población en la pobreza y en los últimos años se ha incrementado en aproximadamente seis millones de mexicanos en pobreza alimentaria, de mexicanos que no tienen para cubrir la canasta básica. Es un dato perturbador.
El tema de la desigualdad. En los países en desarrollo, la distancia que hay entre el 10 por ciento de la población de la base de la pirámide que gana menos y el 10% de la población que gana más es de aproximadamente siete veces. En el caso mexicano, la distancia es de 45 veces. Somos una de las naciones más desiguales del planeta y si a eso le agregamos la enorme crisis medioambiental del país, el hecho de que tenemos contaminadas nuestras aguas, ríos, lagos, mares, vamos avanzando en la deforestación, nos plantea un reto significativo. Otro reto de la mayor importancia es el demográfico. Somos un país que ha crecido a una tasa de población muy alta y cuando se plantearon algunas de las instituciones del México moderno, como las de seguridad social, la base de trabajadores que podían sostener los sistemas pensionarios era muy amplia y el país estaba viviendo un momento de auge, crecimiento y enorme desarrollo que garantizaba que la cooperación, la solidaridad de los trabajadores podría mantener a los trabajadores en retiro sin problema. Hoy sabemos que el país está envejeciendo, no estamos preparados para atender a nuestros viejos. No tenemos la infraestructura para atender enfermedades que son más difíciles de tratar y mucho más costosas. Y tenemos un enorme desastre en el sistema educativo. No habría forma alguna de que el país saliera adelante a menos que haya una transformación a los cimientos del sistema educativo. Hoy tenemos un problema de inempleables, gente que egresa de las universidades y las escuelas técnicas, pero cuyos conocimientos no corresponden a las necesidades del sector productivo del país. Por no mencionar el tema del desempleo que ha crecido de una manera asombrosa debido, entre
otros, al hecho de que en los últimos 25 años, prácticamente desde que se constituyó el modelo económico neoliberal, el país ha crecido alrededor de 2%, en promedio. En los últimos nueve años, el crecimiento fue de aproximadamente 1.9. Si se le deduce el crecimiento de la población, estamos hablando de un retroceso, no sólo de un estancamiento. Y uno se preguntaría por qué a pesar de ese gran estancamiento y sus impactos perversos sobre el empleo y el bienestar de la población, no hemos tenido una conflictividad más evidente en las calles y yo creo que no la hemos tenido, en primer lugar, porque existe una especie de amortiguadores sociales que permiten paliar esta difícil situación. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, la estructura solidaria de la familia: el hermano pierde el empleo y hay una red de protección para él. Otro es la inmigración, de acuerdo con el INEGI, en el gobierno de Vicente Fox se fueron a Estados Unidos 500 mil mexicanos en un año. Si esto se mantuvo en los seis años, solamente en esa administración se fueron a EUA tres millones de mexicanos. Y la paradoja es enorme: se requiere fibra, determinación y coraje para abandonar a los padres, a la mujer, a los hijos e ir a exponer la vida a EUA y llegar a una sociedad que los discrimina, que no los quiere, en la que se habla un idioma distinto, con otras culturas, con otra religión y, sin embargo, lo hacen y si estuvieran en México exigiendo empleos, la conflictividad se nos habría disparado. Y la paradoja es, también, que buena parte del manejo macroeconómico, la balanza de pagos, se sostiene por la cantidad de remesas en dólares que envían esos mexicanos a los que el país no puede dar empleo. En 2008 se hablaba
de una cifra del orden de 24 mil millones de dólares que no sólo sirve a las grandes cuentas económicas sino también a las comunidades, porque las familias reciben un dinero que algunas veces usan en el gasto corriente y otras en un pequeño ahorro para comprar un terreno, reparar la casa, poner una miscelánea, y ese ha sido otro amortiguador importante. Otro más, el crecimiento de la economía informal. Hemos visto cómo nuestras ciudades se pueblan en las calles, en las plazas, de mujeres y de hombres, que sacan un comal y se ponen a hacer quesadillas o a vender tacos o artículos que muchas veces son ilegales, piratas, contrabandeados, robados, etcétera. Pero todas esas distorsiones han servido, de alguna manera, para mantener un equilibrio social en el país. Pero el momento es difícil porque esas válvulas de escape se están cerrando, porque la crisis en EUA implicó que muchos mexicanos no pudieran llegar, que otros tuvieran que regresar y que, por primera vez desde que empezó la cuenta de las remesas, éstas hayan caído también. El otro tema que todos experimentamos y que nos afecta severamente es el tema de la delincuencia. Como nunca, hoy tenemos una delincuencia en un desbordamiento y en una brutalidad que no habíamos conocido. El caso del secuestro y de la extorsión que no se ceba solamente en las capas altas sino que también a la gente más ordinaria la hace su objetivo. El hecho de haber llegado a condiciones múltiples en distintos aspectos nos está obligando a hacer algo. Es decir, la vieja costumbre de la clase gobernante de decir: “El de
“Difícilmente podríamos imaginar un tiempo político, económico y social, tan complejo como el que estamos viviendo”
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atrás paga” ya no tiene opciones porque esta generación está obligada a pagar las cuentas y eso implica que tengamos la determinación, el valor, para emprender transformaciones profundas en todos los órdenes de nuestra vida individual, familiar, comunitaria, gremial, social y política. Creo que a lo largo de más de 100 años en México no existió la democracia. En el gobierno de don Porfirio Díaz porque decían sus intelectuales, como don Justo Sierra, que la prioridad del país era la paz: preservar la unidad, porque el país venía de guerras civiles, de guerras con el extranjero en las que había perdido más de la mitad del territorio. La prioridad era que el país no se nos fuera de las manos, la democracia podía esperar. Cuando irrumpe la Revolución Mexicana, el gran tema era la justicia social: había que atender el reclamo de las masas empobrecidas de campesinos, de obreros, y de nuevo la democracia podía esperar. Así que el porfiriato nos secuestró la ciudadanía y los gobiernos de la posrevolución nos expropiaron la ciudadanía. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que asumir que la condición indispensable para corregir la marcha del país está en una participación decidida, valiente, de parte de cada uno de nosotros, para exigir a quienes están en los puestos de gobierno que cumplan sus responsabilidades y hacerles pagar un costo cuando no lo hacen. A nivel federal hemos avanzado muy modestamente en la transparencia y la rendición de cuentas, pero muy poco a nivel estatal. Tenemos en los estados una profunda regresión, hoy la mayoría de los gobernadores se ha convertido en los verdaderos dueños de sus entidades, tienen bajo control a los tribunales superiores de justicia, al congreso del Estado, a los órganos supuestamente autónomos, a los medios de comunicación, y esto no va a cambiar a menos que asumamos la responsabilidad del cambio. Alguna ocasión escuché decir que un hombre se había dispuesto a transformar el mundo, empezó a intentarlo y se dio cuenta de que el mundo no cambiaba. Decidió que había sido muy ambicioso y que tenía que empezar por transformar su país y ocurría lo mismo: no había forma de transformarlo. Decidió transformar su colonia, su barrio y un poco pudo lograrlo, pero la verdadera transformación empezó cuando asumió que el primero que tenía que cambiar era él. En la medida en que cada uno de nosotros asuma este compromiso de cambio, desde luego en los distintos espacios, seguramente podremos ver, no pronto pero en los próximos años, una reversión que deje atrás estos años difíciles. §
reportaje Reforma laboral
¿Modernidad o retroceso histórico?
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Mónica Cravioto
La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y presentada por diputados del PAN en la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo, ha desatado una intensa polémica en la que participan legisladores, especialistas en la materia y sindicatos, entre otros actores sociales
La
iniciativa de reforma laboral elaborada por el gobierno del presidente Felipe Calderón propone el cambio, adición o supresión de 429 de los mil 10 artículos que conforman la Ley Federal del Trabajo (LFT). Entre sus principales propuestas destaca el pago por hora, la modificación de reglas sobre el derecho de huelga, plazos límite en el pago de salarios caídos, mayor transparencia y democracia sindical y regulación del esquema de subcontratación.
De acuerdo con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, el objetivo es modernizar la legislación con el fin de promover la generación de empleo, la productividad y la competitividad. Si la reforma laboral se aprueba como está planteada, explica, “nuestro país avanzaría entre 20 y 25 lugares en el índice mundial de eficiencia en el mercado laboral”. Tesis “profundamente equivocada” en opinión del abogado laboralista Arturo Alcalde, “ya que las dificultades que sufre nuestro sector productivo no devienen de la existencia de altos salarios, ni del ejercicio de los derechos colectivos, sino de un modelo económico que ha debilitado el mercado interno, los niveles de vida y las posibilidades de sobrevivencia de la pequeña y la mediana empresas, las cuales crean más empleo”. ¿Creación de empleos versus estabilidad laboral? La iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional “parte de cinco ejes rectores”. En el primero de ellos, “facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos”, se propone incluir nuevas modalidades de contratación individual (pago por hora, contrato a prueba, con capacitación inicial
o de temporada); limitar la generación de salarios caídos; eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido, y darle la opción de notificar el aviso de despido directamente o por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior, opina Arturo Alcalde, “facilita el despido libre de los trabajadores creando nuevas figuras de contratación temporal, aun tratándose de actividades de carácter permanente; da forma legal a mecanismos de subcontratación hasta ahora prohibidos por la ley; permite a los empresarios correr a los trabajadores incluso sin justificación cuando tengan una antigüedad menor de tres años y, en caso de juicio, pone un límite a los salarios caídos hasta un máximo de seis meses, no importando que el juicio dure cuatro o cinco años, como sucede en la práctica, facilitando la impunidad patronal. En términos reales, deja a los trabajadores en estado de indefensión”. Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el planteamiento pretende alentar “la flexibilización salvaje y unilateral de los sistemas de trabajo”, en tanto que para el laboralista Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el objetivo de la iniciativa es “terminar con la estabilidad del empleo”.
Flexibilización versus equidad de género El segundo eje, “promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la protección de derechos”, plantea establecer la obligación patronal de contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad; eliminar certificados médicos de ingravidez para el ingreso, permanencia o ascenso; medidas protectoras a favor de las madres trabajadoras; sancionar el acoso u hostigamiento sexual; considerar como trabajo a domicilio el teletrabajo; mejora de condiciones laborales de los jornaleros agrícolas y de trabajadores domésticos, y regular la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero.
Arturo Alcalde, abogado laboralista
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“La receta es formalizar la informalidad”, afirma la investigadora Graciela Bensusán. Y añade: “Para el secretario Lozano, lo importante es tener empleo, no su calidad”. Estudios elaborados por la OIT y la Cepal, explica, “han mostrado el drástico deterioro de los indicadores laborales generados por las reformas de los 90, inspiradas en las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este fracaso llevó al BID en 2004 a relativizar las ventajas de los contratos temporales y a varios países de América Latina a restaurar la protección en materia de despidos y derechos colectivos. Ello ocurrió a la par que la política macroeconómica colocó en el centro la generación de empleo formal y protegido, los sindicatos recuperaron o fortalecieron su capacidad de interlocución, aumentaron los salarios y se amplió el mercado interno. Se lograron paralelamente altas tasas de crecimiento y menores pérdidas en la reciente crisis”, enfatiza. No obstante éstas y otras opiniones, en conferencia de prensa el secretario del Trabajo argumentó: “Muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras contra este tipo de propuestas, que se pongan a pensar, si ellos estuvieran en la condición de no tener empleo, si ellos estuvieran en la condición de ser un joven que terminó la carrera técnica o la universidad y que se le cierran todas las puertas y los grandes defensores de estos postulados que les expliquen: ‘no te preocupes, estamos velando por la estabilidad de tu empleo’, cuando no tienen empleo”.
Francisco Hernández Juárez, diputado
Al respecto, el diputado perredista Francisco Hernández Juárez explica que la propuesta carece de una perspectiva de género transversal, “únicamente presenta algunos conceptos sobre maternidad, responsabilidades familiares, acoso y hostigamiento sexual y exámenes de gravidez, sin atacar el fondo de la problemática que viven las mujeres en estos y otros rubros y no garantiza herramientas, mecanismos, procedimientos para su aplicación y hacerlo efectivos para erradicar la discriminación y la violencia laboral”, a lo que añade que “la flexibilización presentada en la iniciativa abona a la relación individual y a la competencia desigual debido a que las responsabilidades familiares recaen sobre las mujeres por condición de género toda vez que la sociedad y el estado no asumen la responsabilidad social sobre la reproducción de la fuerza de trabajo”. ¿Se atenta contra los derechos colectivos? Los ejes rectores tres y cuatro están directamente relacionados con los derechos colectivos de los trabajadores. Así, el cuarto eje “fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”, prevé el arbitraje obligatorio de huelgas; mayores requisitos para demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo; nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos por firma de contrato; declaración de inexistencia de la huelga si no se cumplen requisitos previstos en los estatutos sindicales, así como negar el trámite a emplazamientos por incumplimiento al contrato colectivo cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación. Para Arturo Alcalde, lo anterior equivale a cancelar la libertad de asociación, ya que se cierran “las dos únicas rendijas que permitían subsistir a un reducido número de sindicatos independientes”. Nuestro país, explica el especialista, “es el único en el mundo donde los patrones escogen al sindicato para firmar el primer contrato colectivo de trabajo al que estarán obligados a afiliarse los futuros trabajadores. Las únicas opciones para superar esta imposición son intentar cambiar de sindicato o buscar la firma de un contrato colectivo mediante un emplazamiento de huelga; la iniciativa impone obstáculos imposibles de superar para lograr estos fines. Reclama como requisito de procedibilidad que los trabajadores antes del juicio desahoguen
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un procedimiento administrativo registral que los obliga a exhibir los nombres, las firmas y los documentos de los trabajadores inconformes y a obtener la autorización previa de la autoridad registradora, que en el caso de las juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas, ni más ni menos, que por el patrón y el líder sindical a quien pretenden demandar […] Sin exagerar, se puede afirmar que de aprobarse la iniciativa Lozano no podrá subsistir un sólo sindicato democrático en México”, subraya. El tercer eje, “Fortalecer la transparencia y la democracia sindical”, hace obligatorio el voto libre, directo y secreto para recuentos y elección de directivas sindicales; se obliga a éstas a difundir la información sobre el patrimonio de la organización; se prevé la difusión en internet de los registros de organizaciones sindicales y los contratos colectivos de trabajo; se elimina el descuento de cuotas sindicales por nómina; se suprime la cláusula de exclusión por separación; se incorpora la noción de “trabajo decente” y se establecen “principios rectores” que deben regir la actuación de las autoridades. Al respecto, Hernández Juárez considera que “los propósitos enunciados en esta materia serían difícilmente alcanzables si subsisten las juntas de Conciliación y Arbitraje como autoridades jurisdiccionales que, particularmente en los estados, aplican la ley con criterios francamente feudales”. La transparencia sindical, añade, “no se alcanza con auditorías externas sino con un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y la eliminación de la toma de nota por parte de la autoridad laboral”. En cuanto a la prohibición de descuento de las cuotas sindicales ordinarias del salario de los trabajadores, “sería la muerte anunciada de los sindicatos auténticos que viven y funcionan por las cuotas de sus miembros, porque los sindicatos de protección, que son los que abundan, medran de las igualas patronales y poco les afectaría esa prohibición”. Aunque la reforma Lozano sirviera para la democratización de las organizaciones sindicales, subraya el presidente colegiado de la UNT, “las despoja de su objeto y de su efectividad para representar a sus agremiados”.
Legalización del outsourcing El quinto eje, “fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo”, propone tipificar como delito la contratación de menores de 14 años, fuera del círculo familiar; regular la subcontratación, tercerización u outsourcing; clausura inmediata de los centros de trabajo, cuando exista peligro inminente para la salud y la vida de los trabajadores; uso obligatorio de unidades de verificación para el caso de actividades de alto riesgo; incorporar derechos y obligaciones de patrones y trabajadores ante contingencias sanitarias; eliminar de la Ley las tablas de enfermedades y de valuación de incapacidades permanentes de trabajo, e incrementar el monto de las sanciones por infracciones a la Ley. Para el líder de los telefonistas, se pretende “elevar a rango de ley formas de contratación lesivas para la dignidad y la calidad de vida de los trabajadores, como es la subcontratación u outsourcing , fomentando las formas de simulación patronal, los contratos de protección, evadiendo el cumplimiento de responsabilidades sociales y laborales y desprotegiendo a trabajadoras y trabajadores que se emplean por este medio”. También se “eleva a rango de ley el uso indiscriminado de la fuerza laboral en tareas múltiples, sin que el trabajador intervenga en el control de los procesos de trabajo. En contraparte, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores se reducen a medidas reglamentarias expedidas por la STPS al eliminar de la Ley las tablas de enfermedades del trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes”. La reforma necesaria El diputado perredista Francisco Hernández Juárez anunció que su partido presentará una propuesta de reforma basada en la que, de manera conjunta, presentaron la UNT y el PRD a la 58 Legislatura. “Se trata de implantar un seguro de desempleo, reforzar la inspección del trabajo y de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet), perfeccionar el procedimiento en los conflictos de orden económico, actualizar las sanciones por violaciones a la LFT e incluir el concepto de “trabajo decente”, explicó. Asimismo, se plantea la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces labora-
Citas y recitas “Apoyamos, sí, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que contribuya a hacer más eficiente el mercado laboral, porque lo necesitamos; pero ello no significa ni debe significar dejar de reconocer o de respetar derechos, como el de huelga, el de la contratación colectiva, o el de la autonomía sindical que respetamos”: Felipe Calderón, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
“Sin interesar de dónde venga o quién la apadrine, los empresarios buscamos una reforma laboral que haga más atractiva a la mano de obra mexicana, sin violar el artículo 123 de la Constitución mexicana, y de esta forma haya más inversiones en México”:
“El artículo 123 constitucional es intocable. La iniciativa de reforma laboral no prevé en ningún apartado modificaciones y es importante que no permitamos que los detractores traten de confundir a los mexicanos con argumentos sin sustento”:
Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.
Gustavo Madero, coordinador del PAN en el Senado.
“Por supuesto que el país necesita una nueva legislación laboral, pero nunca con el propósito de disminuir el derecho de huelga y las prestaciones que el movimiento obrero mexicano ha conseguido a través de luchas históricas. Muchos pensamos en la conveniencia de modernizar la Ley que rige las relaciones entre los factores de la producción, pero no con un proyecto que sólo beneficia a los patrones”: Carlos Jiménez Macías, senador por el PRI.
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les federales y locales; la creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo; el voto universal, libre, directo y secreto en la elección de directivas sindicales y en recuentos; la rendición de cuentas sobre la administración del patrimonio sindical; la supresión de los contratos de protección, y la derogación del apartado B del artículo 123 constitucional, entre otras propuestas. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional también alista su propuesta de reforma laboral, la cual será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones. Los diputados priistas trabajan en un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo basado en un documento que elaboró su correligionario y presidente del Congreso del Trabajo, Amador Monroy, y que ha sido complementado con aportaciones de las organizaciones obreras. No obstante, entidades como la Unión de Juristas de México afirman que “no se necesita de ninguna reforma laboral, sino que se cumpla la ley vigente”. Al respecto, se explica que “al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de cualquier reforma”. A su vez, el secretario Lozano dice confiar en que este mismo año, luego de las elecciones estatales de julio, sea votada la pretendida enmienda, aun cuando el contexto político esté “complicado” y haya otras iniciativas del Ejecutivo haciendo fila en los dictámenes, las negociaciones y los cabildeos. Advirtió que después de este año será más difícil colocar la reforma laboral en el interés nacional, por lo que llamó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro y a los legisladores en general a tomar en cuenta su iniciativa y no “matarla antes y después averiguarla”. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Gutiérrez Candiani, anunció que el sector privado realizará una campaña de cabildeo entre diputados de las 32 entidades federativas del país para hacerlos conscientes de la necesidad de una actualización laboral en el país. Advirtió, sin embargo, que sólo se logrará un crecimiento económico alto “si sale la reforma
Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social
fiscal de la mano con los cambios a la Ley Federal del Trabajo”, argumento que coincide con lo dicho por el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Molano, para quien una reformta a la LFT debe ir acompañada de una segunda generación de reformas, como es la fiscal o de seguridad social. De lo contrario, afirma, las eventuales modificaciones a la Ley no se verían reflejadas. Para Graciela Bensusán lo urgente es “encontrar una respuesta equilibrada a los problemas laborales que enfrenta el país, tomando en cuenta las experiencias vividas en América Latina y menos los indicadores del Banco Mundial”, mientras que Arturo Alcalde declara enfático: “No cabe duda: es necesario un cambio que concilie productividad con distribución de beneficios, una flexibilidad racional con esquemas de concertación moderna y una efectiva libertad de asociación con nuevos paradigmas de responsabilidad. Lo han logrado otros países y no existe motivo alguno para que en el nuestro esto no sea posible. Sí a la reforma laboral, no a ésta”. §
“El gobierno actual ha demostrado su absoluto repudio a los derechos previstos en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Intenta evitar la negociación colectiva, abaratar los despidos, generar relaciones de trabajo esencialmente temporales y a prueba, y privar a las organizaciones sindicales de sus recursos económicos”:
Néstor de Buen, abogado laboralista.
“Se debe tener cuidado con la reforma. Al aplicarla no se puede pensar que los trabajadores tienen que ser los que paguen las consecuencias de los problemas económicos de la globalización. No es culpa de los trabajadores y sus prestaciones que no haya trabajo”:
Patricia Kurczyn, presidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social.
entrevista
Alfredo Farid Barquet
“Para los trabajadores, el Tribunal representa una seguridad jurídica”
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Para tener un mayor conocimiento acerca del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Sinergia entrevistó a Alfredo Farid Barquet Rodríguez, magistrado presidente del citado tribunal
Alfredo
Farid Barquet es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Previo a su designación como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en febrero de 2001, fue director Jurídico del Instituto Federal Electoral (1998-2001). En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se desempeñó como presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (1994-1998), subsecretario “A” del Trabajo y Previsión Social (1994), procurador federal de la Defensa del Trabajo (1985-1994) y procurador auxiliar general de Asesoría, Conciliación y Quejas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (1983-1985). En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue director general de Participación Ciudadana (1977-1982) y director general de Servicios Sociales (1976). Desde 2005 imparte la cátedra de Derecho Individual del Trabajo, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciado, ¿Cuál es la razón de ser del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? La razón de ser del Tribunal estriba en la necesidad de que exista una instancia imparcial que permita a los servidores públicos federales solucionar los conflictos laborales que surjan entre ellos y las dependencias y entidades que señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿A quién atiende el Tribunal? En términos generales atiende a la solución de conflictos individuales de carácter laboral entre un trabajador de base y una dependencia, privilegiando la conciliación, así como aspectos de índole colectiva que presenten situaciones controvertidas u otras, como es el caso de registros de sindicatos y convenios colectivos. ¿Cuáles son sus competencias? La competencia del Tribunal la dispone el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en cinco fracciones que son: “I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores; II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de los trabajadores a su servicio; III. Conceder el registro de los sindicatos, o en su caso, dictar la cancelación del mismo; IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales, y V. Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los Estatutos de los Sindicatos”.
Además, es de mencionar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal le da competencia a nuestro tribunal, para conocer de los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a esa Ley, es decir a los servidores públicos de carrera. ¿De qué instancia gubernamental depende el Tribunal? El Tribunal no depende de ninguna instancia gubernamental. Es un órgano jurisdiccional autónomo para resolver los conflictos que se le plantean. Sin embargo es necesario aclarar que se despliegan relaciones de colaboración con el Ejecutivo Federal, mismas que están dispuestas en la Ley, como es el caso del presupuesto del Tribunal, que se norma en el segundo párrafo del artículo 123 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que señala que los gastos que origina el funcionamiento del Tribunal son cubiertos por el Estado mexicano y se consignan en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia del Gobierno Federal que tiene a su cargo la conducción de las relaciones de éste con nuestro Tribunal, como lo establece la fracción XV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Cuándo se fundó el Tribunal y con base en qué ordenamiento legal? En términos generales podemos decir que el Tribunal se instituye en el año de 1938 con la expedición por parte del entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, el 27 de septiembre, del “Estatu-
13 13| |Sinergia Sinergia| |Vol. Vol.VIVII| 9| 11 “Nos esforzamos cada día para que los juicios laborales se resuelvan conforme a derecho”: F. Barquet
to de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión”, que fue publicado en diciembre de ese año. Antes, administrativamente se dispusieron algunas instancias que son el antecedente de nuestra institución. ¿Qué diferencia existe entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas de Conciliación y Arbitraje? La diferencia esencial entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje con nuestro Tribunal estriba en que las primeras conocen de la solución de los conflictos laborales de los trabajadores con todos los detentadores de los factores de la producción, es decir los patrones y las empresas. En cambio, el Tribunal es la instancia de solución de los conflictos laborales –como lo señala el Apartado B del Artículo 123 Constitucional–: “Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores”, es decir entre las instituciones públicas federales y del Distrito Federal y sus trabajadores, con excepción del Poder Judicial Federal.
¿Cómo está constituido actualmente el Tribunal y con qué estructura? Actualmente el Tribunal se integra con ocho salas y su pleno. Cuenta con la estructura que le dispone el artículo 5 del Reglamento Interior: la Presidencia, la Secretaría General de Acuerdos, la Dirección General de Administración, la Contraloría Interna, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado; cinco unidades que son las de: Conciliadores, Actuarios, Amparos, Informática Jurídica y Archivo, así como la Coordinación de Actividades Procesales y el Boletín Laboral Burocrático. Además se estableció la Unidad de Enlace, para atender los asuntos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Y cómo se designa a los magistrados? Para responder a esta pregunta es necesario precisar que las salas con que cuenta el Tribunal se integran con tres magistrados, un secretario general auxiliar y una unidad técnica, así como por los secretarios de audiencias, de acuerdos, proyectis-
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tas y el personal administrativo necesario para desahogar las tareas propias de la Sala. La designación de los tres magistrados que conforman la Sala se lleva a cabo como lo prevé el artículo 118 de la Ley, a saber: un magistrado es designado por el Gobierno Federal, un magistrado representante de los trabajadores es designado por las federaciones de sindicatos reconocidas. Estos dos magistrados nombran a un tercer árbitro que funge como presidente de la Sala. ¿Cuál es la relación de los trabajadores con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y por qué es importante que estén familiarizados con él? La relación de los trabajadores con nuestro Tribunal se da en dos vertientes: la colectiva, que es el caso en que los trabajadores acuden para registrar sus sindicatos, sus Condiciones Generales de Trabajo, así como de los otros registros a los que nos hemos referido; y la otra, la individual, que es cuando surge algún conflicto en las relaciones de trabajo de la dependencia con el trabajador. Considero que es más importante que el trabajador esté familiarizado con la Ley que con el Tribunal, ya que al conocer sus derechos y obligaciones está en mejor situación de tener un mejor desempeño laboral para contribuir con su trabajo con las instituciones públicas federales del país. Conociendo sus derechos puede hacerlos valer. En todo caso, nuestro Tribunal cuenta con la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, que tiene la finalidad de asesorarlos, cuando lo solicitan, para la defensa de sus intereses. ¿Qué obligaciones tienen los sindicatos y las instituciones frente al Tribunal? Estimo que las obligaciones a que se refiere no son frente al Tribunal, sino ante la Ley, que es la que dispone los requisitos y obligaciones que deben observarse, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, el artículo 77 de la Ley Burocrática: que los sindicatos proporcionen los informes que requiera el Tribunal, que le comuniquen dentro de los diez días siguientes a cada elección los cambios que ocurrieren en la directiva o en su Comité Ejecutivo, las altas o bajas de sus miembros, las modificaciones de sus Estatutos y en caso de conflictos facilitar las labores del Tribunal proporcionándole la cooperación que solicite, entre otras. Con relación a las instituciones, entiendo que se refiere a las dependencias y entidades, en este caso, entre otras, el artículo 43 las dispone como son las de: preferir en igualdad de condiciones a los trabajadores sindicalizados, cumplir con los servicios de higiene, prevención de accidentes, reinstalar a los trabajadores, en su caso indemnizarlos, por mencionar algunas. Otra obligación es la del artículo 49 de la Ley: de expedir un Reglamento de Escalafón. ¿Qué sucede cuando, en términos generales, una institución o un sindicato incumple sus obligaciones? ¿El Tribunal tiene facultades para sancionar y, si es así, cuáles son éstas? En ese caso, cuando el Tribunal conoce del asunto, está obligado a hacer cumplir sus determinaciones en el marco de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Con relación a la segunda pregunta, los medios de apremio con que cuenta el Tribunal es la multa según lo establece el artículo 148 de la Ley.
¿Qué representa el Tribunal para los trabajadores? Considero que para los trabajadores el Tribunal representa una seguridad jurídica, que consiste en la percepción general de que cuentan con una instancia imparcial que les permite solucionar los conflictos laborales que puedan surgir entre ellos y las dependencias y entidades federales. En esto nos esforzamos cada día, trabajando para que los juicios laborales se resuelvan conforme a derecho, conciliando en todo lo que procede para obtener soluciones equilibradas para las partes. ¿Cuántos sindicatos figuran actualmente en el registro del Tribunal y cuál es la importancia de que exista este registro? Los sindicatos que a la fecha tenemos registrados son 123. Considero que la importancia del registro estriba en brindar a los trabajadores sindicalizados y sus directivas, una certeza jurídica sobre la adecuada integración de sus sindicatos observando los requisitos legales establecidos, a efecto de que puedan ejercer todos sus derechos colectivos en el marco que dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Desearía, a través de estas líneas, enviar un mensaje a los afiliados del Suntnafin? Por supuesto, saludarlos afectuosamente y manifestarles que el Tribunal y su presidencia estamos en la mejor disposición de atender todos sus requerimientos, que los servidores públicos del Tribunal nos esforzamos por cumplir con nuestro trabajo con diligencia y entusiasmo para proporcionar cada día un mejor servicio. §
laboral
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Martha Lara Lois
Decidí demandar toda vez que no se estaban cumpliendo las CGT
El primero de agosto de 1980, ingresó a Nacional Financiera. A lo largo de casi 22 años se desempeñó en la Gerencia General de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos; en la Dirección de Recursos Materiales; en la Dirección Regional Norte, con sede en Chihuahua; en la Dirección de Recursos Humanos, y en la Coordinación de Direcciones Estatales. En junio de 2002 se le informó que, derivado de un proceso de reingeniería, su plaza desaparecía, por lo que tenía que presentar su renuncia. Era una noticia que Martha esperaba, debido a que “habían estado separando a personal con más o menos mis características de sueldo y antigüedad”, de modo que tuvo tiempo de pensar lo que iba a hacer y decidió “demandar a Nacional Financiera toda vez que no se estaban cumpliendo las Condiciones Generales de Trabajo, las cuales establecen que el personal con 20 años o más de antigüedad no puede ser separado de su encargo a menos que incurra en una falta grave”. El juicio duró siete años y medio, a lo largo de los cuales siempre tuvo trabajo y pudo seguir apoyando a su padre, que padecía insuficiencia renal. Primero dio cursos de capacitación, una actividad que, además de gustarle la obligó a viajar constantemente y no le dio tiempo “de sufrir mi duelo por la pérdida del trabajo”. Posteriormente ingresó a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como responsable de Organización y Sistemas. Más adelante fue coordinadora administrativa en el Órgano Interno de Control de la SHCP y finalmente laboró en la Comisión Nacional de Vivienda, en el área de Recursos Humanos, ayudándoles en la reestructura, específicamente en el diseño y la impartición del curso de inducción, en la elaboración del Código de Conducta y en el seguimiento del Programa de Mejora de la Gestión establecido por la Secretaría de la Función Pública.
En retrospectiva, Martha considera que lo que le ayudó a seguir adelante en el proceso fue, “primero, entender que mi salida de Nacional Financiera no fue algo personal en contra mía, sino producto de un programa que había establecido la institución. Segundo, que la gente que conocía mi trabajo me ayudó, me brindó un nuevo empleo y nunca estuve sin trabajo”. En cuanto al proceso legal, opina que, aunque fue muy largo, no le provocó ningún problema, “primero, porque tenía ingresos y segundo, porque contaba con un muy buen abogado. Yo, prácticamente me desentendí del asunto, solamente tuve que ir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dos veces, cuando hice mi confesional, y cuando mis testigos fueron a declarar”. A su regreso a la institución, Martha encuentra una Nacional Financiera “muy sistematizada. Cuando yo salí no se contaba con ese grado de desarrollo en los sistemas, lo que me parece muy bueno. Siento un ambiente muy agradable, el cual, a mi salida, ya se había deteriorado notablemente”. En cuanto a su proceso personal, considera que “tener otros trabajos fuera de Nacional Financiera me permitió crecer profesionalmente porque me dio una visión más global. Conocí otras instituciones, todas del sector púbico, pero cada una de ellas con objetivos y formas de trabajo totalmente diferentes a las demás”. La Martha que regresa es más fuerte, tiene mayor compromiso con su trabajo y un gran deseo de aportar a Nafinsa tanto la experiencia adquirida en otras instituciones como lo aprendido en los cuatro diplomados que cursó estando fuera: Innovación Gubernamental y Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 (ITESM); Dirección Estratégica de Recursos Humanos (IPADE), y Aprendizaje y Desarrollo Organizacional (INDES). Como mensaje final, Martha nos exhorta a “estar comprometidos con nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros a Nacional Financiera, que no es una de las mejores instituciones, sino la mejor de todas”. §
Tras un juicio que duró poco más de siete años, Martha Lara se reincorporó a Nacional Financiera. En la siguiente entrevista nos comparte su experiencia
Fotografía: Adrián López
Martha
Lara estudió Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM e hizo una maestría en Recursos Humanos en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
laboral
Gerardo Gutiérrez Palacios
“De manera unilateral dieron por terminada mi relación laboral”
Gerardo
Gutiérrez es administrador de empresas con grado de maestría por la UNAM. Ha cursado diplomados en ingeniería de procesos, productividad, auditoría informática, planeación, banca y finanzas, mercados intermedios y financiamiento corporativo, y en 2003 se certificó como coach profesional sistémico.
Fotografía: Adrián López
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En la siguiente nota, Gerardo Gutiérrez da cuenta de los motivos que lo llevaron a entablar un juicio laboral, así como de la experiencia de regresar a Nacional Financiera
En 1991, ingresó a la Dirección Fiduciaria de Nacional Financiera, invitado por el entonces director, Rafael Castillo Costa. Fungió primero como asesor y luego fue designado titular de Unidad de Ingeniería Fiduciaria. Posteriormente se le asignaron labores de promoción fiduciaria y luego se dedicó al desahogo del programa de extinción de fideicomisos públicos y privados, sin operación o que ya habían cumplido con sus fines, encomendados a Nafinsa en ciertos estados de la República. También coordinó y atendió el servicio de una gran cantidad de fideicomisos con administración delegada. En mayo de 2005 “un notario me informó por escrito del cese oficial a mi puesto de trabajo como empleado de Nafinsa, con argumentos del todo injustificados, según lo pudo constatar y apreciar el juez que resolvió favorablemente en mi favor el asunto en los juzgados”. Gerardo no esperaba la noticia. Aunque sabía que de años atrás se venía dando en la institución una compactación de estructuras, “no me esperaba que la administración de Nafinsa de aquel entonces tomara una acción tan llena de fallas para rescindir mis servicios”. Así que decidió demandar “cuando los responsables de la administración no quisieron ver en aquel entonces más opciones para hacer factible y legal mi salida (programa de retiro voluntario, convenio o jubilación previa). Esto es, de manera unilateral y definitiva, dieron por terminada mi relación laboral con la institución, aunque les quedaba claro que yo no había incumplido en ningún momento con lo laboralmente acordado”. Durante los cuatro años y ocho meses transcurridos entre su salida y su reinstalación, Gerardo se dedicó al coaching ejecutivo y de vida. “Soy coach consultor profesional certificado. Entreno a quienes desean ser coaches profesionales bajo el método de coaching sistémico, doy coaching ejecutivo y de vida en procesos individuales e imparto cursos y talleres en materias de desarrollo
organizacional y recursos humanos. Sigo estudiando para la actualización de mi práctica y para obtener en breve el master de mi certificado”. También en ese periodo, enfrentó situaciones difíciles derivadas de problemas de salud (desprendimiento de retina y una cirugía de cadera), así como “la carencia de medios para cubrir los requerimientos de mi familia en materia de educación y sustento básico”. Sin embargo, siempre contó con la comprensión y apoyo incondicional de su esposa, hijo e hija. “Mi esposa, al reemprender y reforzar su actividad profesional, a fin de ayudarme a cubrir con su ingreso la disminución que sufrió el mío. Y mis hijos, al resolver cada uno con su dedicación y esfuerzo, mediante la obtención de becas, buena parte de sus estudios. Con satisfacción podemos decir, mi esposa y yo, que mi hijo terminó su licenciatura en mayo de 2009 y mi hija en diciembre pasado, estando ella a meses de graduarse con la presentación de su tesis”. En cuanto a lo que considera que puede aportar ahora a Nacional Financiera, desde su reinstalación, Gerardo ha ofrecido sus servicios como coach profesional. “Concretamente ofrezco preparar coaches internos, conducir los procesos de coaching ejecutivo individual que la institución determine e impartir cursos internos para el personal de Nafinsa en materia de desarrollo humano. El coaching, como bien se sabe en ambientes empresariales modernos a nivel internacional, es vanguardia y disciplina para una buena administración y el desarrollo del recurso humano a nivel gerencial. Constituye una competencia de gran utilidad para potencializar el liderazgo”. Asimismo, Gerardo encuentra una Nacional Financiera “más moderna y simplificada en cuanto a procesos y estructuras. Siento, sin saber a fondo su condición, que cuenta con todo para ser la institución de banca de desarrollo que requiere nuestro país”. §
laboral
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Día del Trabajo
Por la defensa de los derechos de los trabajadores
El
Suntnafin se pronunció “Por el respeto a la autonomía sindical y a los derechos de los trabajadores” durante la marcha del Día del Trabajo, convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual tuvo como ejes rectores la defensa de los derechos laborales; la resolución inmediata de los conflictos con los electricistas, los mineros y otros sectores; la reivindicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, así como la implantación de una política integral de desarrollo agropecuario e industrial. §
A primera hora del sábado primero de mayo, el contingente del Suntnafin se dio cita en la esquina de Madero y el Eje Central para marchar hacia el zócalo capitalino
opinión
Mercedes López
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Retos del sindicalismo en México en materia de equidad de género El ámbito laboral mexicano refleja, todavía hoy, una baja participación de las mujeres en cargos directivos, tanto en las empresas como en los sindicatos. El siguiente artículo analiza los motivos que frenan o impiden los liderazgos femeninos
Mercedes López se desempeña como directora de Vinculación con la Sociedad en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Asimismo, está elaborando su tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tema de investigación se centra en los liderazgos desarrollados por mujeres dirigentes sindicales en Argentina, Brasil y México. Ha publicado artículos relativos a género y trabajo y es coordinadora del libro Reconstruyendo paradigmas del poder sindical. Programa piloto para mujeres sindicalistas en México, editado por la Fundación Friedrich Ebert.
A
cien años de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, existen hoy día, superada la primera década del siglo XXI, una serie de brechas de inequidad de género en todo el mundo, a nivel político, económico, social, cultural y laboral. Este último ámbito, el laboral, refleja tanto cualitativa como cuantitativamente una baja participación femenina en los cargos directivos –tanto a nivel empresarial como sindical–, por una serie de estereotipos sexistas y de limitaciones prácticas, que ubican a las mujeres como seres de segunda. El imaginario social ubica a las mujeres como seres alejados de ejercicios de dirección y liderazgo por considerárseles como sensibles, débiles, faltas de decisión y tímidas; mientras que a los varones se les ubica como fuertes, activos, prácticos y decisivos. Estos elementos, aunados a una serie de limitaciones sociales, repercuten negativamente en la plena incorporación de las mujeres en la esfera laboral, limitaciones como las dobles jornadas, que les restan tiempo y posibilidades de prepararse; la segregación ocupacional horizontal, es decir, que las mujeres estén ocupadas en sectores industriales considerados como secundarios: enfermería, docencia, costura, cocina, hotelería; como meseras, obreras de maquiladoras, vendedoras, secretarias y empleadas del hogar, entre otras. Estas actividades son consideradas como secundarias, lo que contribuye a que sean inestables, carezcan de seguridad social, prestaciones y salarios remunerativos. Mientras que los hombres están ocupados principalmente en sectores estratégicos de la economía: petrolero, industrial, electricidad, minas, nuclear y como obreros calificados; percibiendo mayores sueldos, estímulos y teniendo posibilidades de ascenso. La esfera sindical no está exenta de esta dinámica. Estas organizaciones que fueron creadas para
la defensa de los derechos laborales ante los abusos de los empleadores y en la búsqueda de una mayor calidad de vida, actualmente se encuentran en un momento crítico y decisivo. Persiste la debilidad en este sector, tal y como lo demuestran estadísticas de 2005, que indican que sólo 10.17% de la población económicamente activa mexicana estaba organizada sindicalmente, lo que implica que en los últimos 25 años los sindicatos mexicanos han perdido a más de la mitad de sus afiliados. Los datos del sector industrial son alarmantes, ya que el porcentaje de trabajadores sindicalizados se redujo cien por ciento, pasando de 22% en 1992 a 11.6% en 2002. Esta reducción numérica repercute directamente en la baja de influencia política y poder de negociación sindical; aparte de que la percepción ciudadana sobre los sindicatos es negativa para 70% de la población mexicana, ante la falta de transparencia y ejercicios democráticos en su interior (Nueva Sociedad, núm. 211, septiembre-octubre 2007). Estos elementos hacen necesario para los sindicatos un replanteamiento de relaciones laborales progresistas, que incorporen a todos sus integrantes y que cambien el esquema tradicional de posicionamiento eterno de unos cuantos líderes –varones casi siempre– que manejan a la agrupación como un negocio privado. Y sobre todo, es fundamental incluir en el ejercicio pleno de sus derechos a casi la mitad de sus integrantes: las mujeres, quienes han sido excluidas. Sindicalismo mexicano: pocos espacios femeninos Desde su conformación, los sindicatos han tenido la presencia de mujeres en su interior, aunque su participación ha sido invisibilizada a lo largo de la historia. La organización de las mujeres en los sindicatos permitió ir ganando espacios en casi todas las áreas in-
dustriales, no obstante, como se mencionó antes, su presencia continúa siendo escasa en sectores industriales considerados como masculinos. Actualmente persiste la falta de oportunidades en el trabajo para las mujeres, diferencias salariales respecto a los varones, hostigamiento sexual, despido por embarazo, violencia y discriminación. Brechas de inequidad de género que no han sido abordadas por los sindicatos. Las cifras del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS, 2006), dan cuenta de una brecha de inequidad laboral como es la segregación ocupacional hacia las mujeres. Un estudio de la organización realizado en 2006 indicaba que de 393 carteras en diferentes sindicatos del país, sólo 47 (11%) estaban ocupadas por mujeres y 346 por hombres (88%). Respecto al tipo de carteras que ocupan ese 11% de mujeres, se encontró que la mayoría están ubicadas en áreas sociales o administrativas, que carecen de poder en la toma de decisiones: las comisiones de equidad de género o de la mujer, de relaciones exteriores, secretarías de actas y deportes, entre otras. En la tabla anexa se presentan, de forma somera, algunos datos sobre la presencia femenina en sindicatos que reflejan el panorama general en el país. Esta información muestra que, en general, las mujeres ocupan porcentajes muy bajos de los cargos directivos. Con ello se contravienen las cuotas de equidad de género instituidas por algunas de las organizaciones listadas en el cuadro, como el STRM y el STUNAM, que ins-
Retos para fortalecer al sindicalismo mexicano Aunque existen avances en los sindicatos a favor de las mujeres, como la creación de instancias de equidad de género y el acceso de dirigentes en algunos sindicatos, aún falta mucho por hacer. Es necesario instituir acciones afirmativas que permitan fortalecer los liderazgos femeninos en las esferas de decisión y poder sindical, a través de la capacitación, instaurando medidas como las cuotas de equidad de género, impartiendo talleres y cursos de formación en el trabajo que aborden la equidad de género y el liderazgo femenino; creando y fortaleciendo las instancias de equidad de género; instaurando mecanismos para que las mujeres puedan equilibrar las actividades laborales; así como la apertura y sensibilidad de los dirigentes sindicales, en su mayoría hombres, quienes se resisten a cambiar patrones machistas. Sólo de esta forma se podrá impulsar una verdadera democratización en la esfera sindical que, de forma plena, corresponsable y equitativa permita incluir a todos y todas sus integrantes. § Bibliografía: CIMAC (2006). “Sindicalismo femenino: pocos espacios, muchas batallas”, http://www.mujerestam.com/util_contenido-php?idnota=2389action=imprime, consultada en marzo de 2010.
Sindicato
Total de cargos en el Comité Ejecutivo
Número y porcentaje de hombres
Número y porcentaje de mujeres
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA)
11
5 (45%)
6 (55%)
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada
7
4 (57%)
3 (43%)
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)
64
53 (83%)
11 (17%)
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM)
19
17 (90%)
2 (10%)
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)
18
15 (83.3%)
3 (16.6%)
Suntnafin
9
4 (44%)
5 (56%)
Fuente: CIMAC, 2009; páginas web de los sindicatos.
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tituyeron en su contrato colectivo 30% mínimo para integrantes de un sexo en los cargos ejecutivos, pero incumplen esos acuerdos. La única excepción es ASSA, donde 55% de los cargos directivos está ocupado por mujeres. No obstante, a lo largo de más de 60 años de vida de la agrupación, sólo tres mujeres han sido secretarias generales y el resto hombres, pese a que esta agrupación tiene una presencia femenina mayoritaria. Estos datos muestran cómo, no obstante que las mujeres representan en México 42% de la fuerza de trabajo y que constituyen en muchos sindicatos más de la mitad de la membresía, continúan ubicadas en un segundo plano, aún en agrupaciones consideradas como democráticas las cuales, sin embargo, no han transformado sus estructuras patriarcales y machistas. Este problema de exclusión de las mujeres en los cargos de dirección sindical no es exclusivo de México, pues lo mismo sucede en otros países de América Latina y Europa, en los cuales el porcentaje de mujeres integrantes de los comités ejecutivos no supera 10%.
del exterior Sindicatos
Los límites de la transparencia
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La necesidad de transparencia en los sindicatos y su relación con la autonomía sindical fue el eje de una mesa organizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal
R
ealizada en el marco del Tercer Seminario Internacional Hacia una Nueva Generación de la Transparencia, la mesa contó con la participación de los senadores Santiago Creel Miranda y Minerva Hernández Ramos, así como el abogado laboralista Arturo Alcalde, entre otros expositores. En su oportunidad, el panista Santiago Creel expuso su iniciativa de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que los sindicatos que reciben recursos públicos transparenten cuánto dinero reciben del erario y cómo lo gastan. En ella, el legislador propone que los sindicatos públicos sean “sujetos obligados indirectos”; es decir, que sea a través de los entes públicos como se instrumente el proceso de acceso a la información de los sindicatos públicos. Con ese propósito, Creel Miranda propone tener registros administrativos separados e independientes de las cuotas y las aportaciones sindicales y llevar un seguimiento estrecho de estas últimas. En el instrumento jurídico, dijo, “deberán quedar precisados los montos entregados, los objetivos de la entrega, el uso y el destino de los recursos públicos federales, así como la obligación a cargo de los sindicatos de servidores públicos de llevar registros contables y administrativos de los recursos públicos federales, separados respecto de las cuotas o aportaciones o de cualquier otra fuente de ingresos”. En su opinión, la transparencia fortalece la autonomía sindical, “porque quien es integrante del sindicato va a contar con mayor información para poder tomar mejor sus decisiones […] Pero además, desde el punto de vista del interés jurídico, yo pienso que todos los contribuyentes del país tienen todo el derecho de conocer el destino que se le está dando al pago de sus impuestos”. El legislador puso de manifiesto que aún existe rezago en la transición democrática en los gremios y fundamentalmente en los sindicatos públicos del país. “Todavía se rigen bajo los preceptos del viejo régimen, preceptos que atienden al corporativismo, a la opacidad, a la corrupción, a la riqueza inexplicable de muchos de sus dirigentes”. Por esas razones,
añadió, se presenta esta iniciativa que se “inserta en el proceso de transición democrático del país”. Por su parte, Minerva Hernández Ramos, entonces senadora del grupo parlamentario del PRD, refirió que el 19 de febrero de 2008 sometió a la consideración del Pleno del Senado una iniciativa con proyecto de decreto cuyo objetivo fundamental era facultar a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar a los sindicatos por cuanto hace al uso de los recursos públicos federales a través de la figura de los donativos públicos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó, “al corte del cuarto trimestre de 2007, en el Informe sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, varias dependencias gubernamentales habían otorgado diversos donativos a sus sindicatos y les voy a mencionar algunos: la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó al sindicato de trabajadores de la propia secretaría, con cargo a la partida 7505, que se denomina “Apoyo para la realización del Primer Congreso Federal Extraordinario”, 600 mil pesos; La Secretaría de Economía otorgó al sindicato de trabajadores de la propia secretaría, con cargo también a la partida 7505, ayuda al sector social, cuatro millones 100 mil pesos; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó a su sindicato en esta misma partida, 7505, un apoyo para la celebración del Día del Trabajo por 354 mil pesos y 95 mil pesos más como apoyo para su Décimo Séptimo Congreso Nacional Ordinario, y el ISSSTE otorgó a su sindicato, con cargo a la partida 7505, un apoyo social por 10 millones de pesos”.
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la transparencia como “un tema clave para el ejercicio de la libertad y la democracia sindical”. Además de ser una condición central para que los trabajadores ejerzan sus derechos frente a sus organizaciones y sus liderazgos, dijo, “tiene una dimensión mucho más amplia, abarca el tema de las relaciones de los sindicatos con los empleadores, con el Estado, en el fuero interno y con la sociedad”. No obstante, advirtió que algunas de las iniciativas sobre transparencia conllevan el riesgo de otorgar excesivas cargas a los sindicatos: “Informes, documentos e instrumentos, que en la práctica en sindicatos pequeños sería muy difícil cumplir. Y el riesgo es que haya un cierto grado de oposición a iniciativas tan valiosas, cuando se podían haber centrado en el elemento fundamental, que es informar sobre los recursos, aunque no se establecieran todas esas cargas administrativas. Y por eso me parece muy interesante cuando se combinan estos dos conceptos: el sujeto obligado indirecto y lo que el IFAI ha dicho cuando nos habla de una persona jurídica de interés público. De tal manera que no lo confundamos con un organismo obligado plenamente, porque además, esto ayuda a los enemigos de la transparencia para poder generar oposición a este tipo de iniciativas, que preocupan mucho al sistema corporativo”. En relación con el argumento de que la transparencia atenta contra la autonomía sindical, esgrimido por algunas voces de los sindicatos corporativos, Alcalde invitó a “dimensionar el alcance de la autonomía” que “no se limita al liderazgo frente a los afiliados” sino que se debe ejercer también “frente al empleador”. Al respecto, ejemplificó: “Un elemento clave de la contratación colectiva en México es que los patrones ponen a sus sindicatos, firman con el que quieren y consideran tener el derecho de mantener el sindicato de su preferencia, y la secrecía en ese proceso es clave”. Por ello, “apoyar la transparencia sindical no es solamente una buena noticia para el mundo de los servidores públicos, sino para el conjunto del mundo del trabajo”, concluyó. §
de buena fuente
Mujeres y violencia laboral Un total de tres mil 816 mujeres fueron objeto, en el D. F., de hostigamiento sexual, violencia física y psicológica, amenazas y despidos en sus fuentes de trabajo durante 2009. Los principales victimarios fueron patrones o jefes y, en menor medida, algún compañero de trabajo. Así lo informó el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del D. F., Benito Mirón Lince. Las mujeres, añadió, siguen siendo el sector que más resiente los estragos del actual modelo económico ante la inequidad de género y el retraso ancestral en las condiciones laborales. Policías pasados de peso 70% de los elementos de la Policía Preventiva en el Distrito Federal tiene algún grado de sobrepeso u obesidad, aseguró Alfredo
Peniche Quintana, director de Servicios Médicos de la Secretaría de Seguridad Pública del D. F. “Dentro del grupo de policías está sucediendo lo mismo que en la población a nivel nacional, donde siete de cada 10 personas están excedidas de peso. Ese mismo patrón se repite aquí, pero en diferente grado”, aseguró. Entre el outsourcing y la basificación Durante 2009 sólo dos de cada 11 trabajadores obtuvieron su base luego de haber sido contratados bajo el esquema de outsourcing por alguna de las firmas afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), que aglutina a 18 grandes compañías dedicadas al negocio de contratar personas para que laboren en otras compañías. Dicha Asociación precisó
que al cierre del año pasado 195 mil 728 trabajadores fueron dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de contratos de outsourcing. De ellos, 160 mil 47 regresaron a la calle, mientras 35 mil 231 (18%) pasaron a ser de planta en la compañía que contrató a la tercerizadora. Hasta los muertos tienen miedo El obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, pidió a los feligreses no enterrar con joyas a sus muertos, para evitar el saqueo de tumbas. El prelado puntualizó que cada vez son más las denuncias por profanación de criptas a manos de gente que gusta del pillaje de toda clase de objetos valiosos con los que los difuntos son sepultados, por lo que exhortó a no dar tentaciones a los amantes de lo ajeno.
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Al corte del cuarto trimestre de 2008, prosiguió, “varias dependencias gubernamentales otorgaron diversos donativos a sus sindicatos. Y es el caso nuevamente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con cargo a la misma partida 7505, otorgándoles 700 mil pesos por concepto de apoyo para su Primer Congreso General Extraordinario en 2008, 100 mil pesos más que en 2007. También la Secretaría de Economía otorga a su sindicato, con cargo a la misma partida, para efecto de programar y organizar eventos deportivos, sociales, culturales y recreativos, en beneficio del desarrollo integral de los trabajadores de base, 7.6 millones de pesos, y a su Sindicato Nacional Independiente 170 mil pesos para programar y organizar también eventos de tipo deportivo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó 12.2 millones de pesos al Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM. El ISSSTE otorgó al Sindicato Nacional de sus Trabajadores nueve millones de pesos en 2008 también, pero no hay información precisa sobre el destino de esos recursos”. Respecto al ejercicio fiscal de 2009, dijo, “hasta el tercer trimestre, la Secretaría de Economía ha otorgado, bajo la misma partida presupuestal, cinco millones de pesos a su sindicato para programar y organizar eventos deportivos y 92 mil pesos más para ayuda al sector social”. Hernández Ramos concluyó su exposición explicando que los sindicatos se tornan “personas de derecho público” en el momento en que reciben ingresos públicos. “Aquí sí consideramos que el Estado debe tener facultades para determinar en qué condiciones o circunstancias se otorgan [los recursos], y lo cierto es que en la práctica los sindicatos han venido desarrollándose con muy poca, elemental transparencia en cuanto a la administración de esos recursos”. En su exposición, el abogado Arturo Alcalde recordó que “la secrecía ha sido un elemento clave del sistema corporativo y por esa razón la transparencia viene como una noticia muy alentadora para que buena parte de estas instituciones recuperen su vigencia”. Calificó
comunidad Finanzas personales
Plan financiero enfocado en objetivos Raymundo Velásquez
Según
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Stephen Covey, autor de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, la dificultad de adquirir mejores hábitos financieros estriba en que tratamos de cambiar de “afuera hacia adentro”. Es decir, tratamos de cambiar nuestra forma de actuar sin modificar la forma en que pensamos; intentamos cambiar acciones que, al final de cuentas, no estarán alineadas con nuestros valores. Por tanto, el cambio que debemos buscar es el que va de adentro hacia afuera: a través de nuestros valores y de los pensamientos más profundos que rigen, inconscientemente, nuestras acciones. A su vez, David Bach, reconocido experto en finanzas personales, utiliza los conceptos de efectividad tratados por Covey para desarrollar lo que él denomina “plan financiero enfocado en objetivos”. Sostiene que para lograr éxito en la implementación de un plan financiero personal, éste debe basarse en lo que realmente nos importa; es decir, debe elaborarse “de adentro hacia afuera”. Asegura que, en su experiencia, la gente hace más, es mucho más efectiva y actúa de una forma más rápida y determinante,
cuando tiene un claro entendimiento de cómo sus acciones se relacionan con sus valores. Concluye que los valores son mucho más poderosos que cualquier sentido de obligación que podamos tener o de cualquier disciplina que nos queramos imponer. Por su parte, Carlos Armida, reconocido especialista en inversiones y asesoría patrimonial, afirma en sus libros que mucha gente que tiene dinero para invertir, o bien, que inicia un plan de inversión, no sabe a ciencia cierta qué quiere hacer con ese dinero en el futuro y no es capaz de comunicarle a su asesor cuál es el objetivo de su inversión porque ni siquiera lo ha pensado. Resulta entonces evidente que antes de elaborar cualquier plan financiero personal, el primer paso es buscar profundamente en nuestro interior y preguntarnos qué es lo que nos importa más en la vida. ¿Qué es primero para nosotros: nuestra salud, nuestra familia? ¿Cómo visualizamos nuestra vida futura? Recordemos que el dinero no es un fin en sí mismo; es, por el contrario, un medio para poder conseguir aquellas cosas que más nos importan. Elaborar un plan financiero personal es, simplemente, elegir el mejor camino para alcanzarlas. §
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A cien años del Ateneo de la Juventud Al cumplirse un siglo del nacimiento del Ateneo de la Juventud, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco le dedica el número 33 de su revista Tema y variaciones de literatura, con la intención de rescatar sus aportaciones estéticas. De los 15 ensayos que conforman el volumen, algunos se refieren a los ateneístas más famosos: Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, José Vasconcelos, Antonio Caso, Martín Luis Guzmán, Enrique González Martínez y Julio Torri. Otros pretenden recuperar la memoria de aquéllos cuya obra se ha perdido en el olvido, como Mariano Silva y Aceves, Carlos Días Dufoo, Alfonso Cravioto, Genaro Estrada y Marcelino Dávalos. Los autores de esta obra colectiva son: Humberto Guerra, Víctor Díaz Arciniega, Minerva Salado, Alejandra Sánchez Valencia, Óscar Mata, Elena Madrigal, Tomás Bernal Alanís, Fernando Martínez Ramírez, Gerardo Soriano Ángel, Rogelio Guedea, Gabriel Wolfson, Mónica Cravioto, Leticia Algaba Martínez, Alejandro Ortiz Bullé-Goyri y Octavio Rivera Krakowska.
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Himno deportivo y cultural Con motivo del 45 Aniversario de los Juegos Bancarios, los organizadores de los mismos lanzaron una convocatoria para escribir el Himno Deportivo y Cultural. En total se recibieron tres participaciones, una de las cuales fue la de nuestra compañera Pilar Vega Flores, quien se siente muy satisfecha con su trabajo. Tanto, que ya se estaba preparando para la segunda etapa del concurso, consistente en escribir la música. Aunque la convocatoria se haya declarado “desierta”, desde este espacio le mandamos una felicitación a Pilar.
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Convivencia y diversión
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