ARTICULOS SOBRE EL CODIGO DE ETICA Año: 1991 Fecha: 07/29 Página: 2A Sección: Notas: 1991 Publicación: Autor:
Pro Ley busca presidencia del Colegio Nacional de Abogados Por: Rosa Coronado Con año y medio de existencia, el grupo de abogados 'Pro Ley' ha postulado al Licenciad Octavio Del Moral, como candidato a la Presidencia del Colegio Nacional de Abogados, elecciones que se efectuarán el próximo 12 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Del Moral, joven profesional con más de nueve años de ejercer la profesión como abogado litigante, es egresado de la Universidad de Panamá y obtuvo una Maestría en Derecho en New York University, Actualmente se desempeña como abogado en la firma Tapia, Linares y Alfaro y como Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Panamá. Fue presidente fundador de Pro Ley en marzo de 1990, y en la nómina que preside ha reunido un equipo de trabajo conformado por abogados que laboran en diversos sectores incluyendo la empresa privada, independientes, de oposición y gobierno, que desean realizar "una verdadera y científica labor de integración gremial y de reorganización, que proyecte al abogado en particular y al gremio en general, como un ente beligerante en la vida nacional. El Movimiento de Abogados de Profesión y Ley 'Pro Ley', está integrado por jóvenes abogados, la mayoría con menos de 10 años en el ejercicio de la profesión. Este grupo ha desarrollado actividades gremiales y académicas que buscan enaltecer el ejercicio profesional. Del Moral considera que de alguna manera Pro Ley ha suplido el vacío que se da dentro del Colegio Nacional de Abogados. En esencia Pro Ley, según el candidato Del Moral, se interesa y pronuncian sobre todos aquellos aspectos que conciernen al abogao y que le permitan realizar su labor con dignidad y respetabilidad. Pro Ley ha procurado responder a la comunidad con pronunciamientos orientadores sobre el Estado de Derecho y el afianzamiento de las instituciones democráticas. ¨Cuál es el propósito fundamental de su candidatura? Es propósito de Pro Ley despolitizar el Colegio. El que quiera hacer politica partidista que se inscriba en un partido politico o que organice uno, pero es inaceptable la utilización del Colegio para propósitos de política partidista o pretensiones personales. Otra es resolver el problema de la deuda del Colegio Nacional de Abogados. Actualmente la deuda vencida del Colegio es de aproximadamente 150 mil dólares, que, hasta donde tenemos conocimiento, la actual Junta Directiva no ha amortizado. Una vez encontrado un mecanismo que solucione dicho problema, nos concentraremos en establecer una eficiente administración financiera para el Colegio. ¨Por qué existe esta deuda? La deuda proviene básicamente de préstamos obtenidos en el Banco Exterior y de la Caja del Seguro Social. En honor a la verdad, a pesar de que todos los colegiados estamos obligados a pagar cuotas anuales, durante los últimos años del régimen anterior, la gran mayoría de los
abogados no hicimos estos pagos, debido a que el Colegio era utilizado como un instrumento más de manipulación dentro de la gama de terro que vivía el país. Ya en la democracia la actual junta Directiva ha sido incapaz de cohesionar al gremio, en otras palabras, los abogados simplemente no se sienten representados por la actual Junta Directiva. Cabe destacar que cada uno de los miembros de Pro Ley pagaron todas sus cuotas y estimularon a sus simpatizantes a que también lo hiciera para ayudar a afrontar la deuda del Colegio. ¨Cuál es el aporte de Pro Ley sobre las Reformas Constitucionales? En cuanto a las Reformas Constitucionales, Pro Ley se opuso el año pasado al establecimiento de unas reformas y elaboró el año pasado un proyecto de reformas a la Carta Magna. Pro Ley apoya la abolición del ejército dentro de la Contitución, pero somos del criterio que las reformas que se pretendan hacer, así como el mecanismo que se utilice, ya sea reforma o Constituyente, debe ser objeto de un amplio debate dentro del gremio y la Comunidad Nacional. ¨Qué piensa Pro Ley sobre la falta de credibilidad del pueblo en la Administración de Justicia? Es un problema complejo y difícil. Todavía hay mucho que hacer en la administración de Justicia. Por ejemplo, es indispensable que se establezca la carrera judicial, pues ésta permitiría integrar a los profesionales y al personal más idóneo en los puestos de acuerdo a un sistema científico basado en méritos. Ya es hora de acabar con los nombramientos telefónicos y los despidos caprichosos. Mientras no se establezcan esta carrera, el funcionario del Organo Judicial y del Ministerio Público vivirá en un estado de angustia cada vez que lo llama su superior, temiendo lo peor.- La seguridad de haber obtenido su puesto a través de un sistema impersonal, basado en el concurso, le confiere al funcionario independencia y estabilidad, lo que indudablemente, garantiza un mejor desempeño de su labor. Pero esta carrera judicial no puede implantarse de una manera fría y deshumanizada. Es indispensable obtener un justo balance entre lo humano y lo científico para que esta transición se haga de la manera menos traumática. Somos firmes creyentes en la necesidad de que se establezcan la carrera judicial, al igual que la carrera administrativa, pero por otro lado, también comprendemos la situación de los funcionarios que durante años han laborado en las oficinas del Organo Judicial o del Ministerio Público, pues por experiencia propia, sabemos las condiciones tan difíciles en que estos funcionarios realizan su trabajo. De allí que el período de transición hacia el establecimiento definitivo de esta carrera debe tener un carácter humano. Otro problema es la necesidad de modernizar tanto el equipo que utilizan los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones, como también modernizar los sistemas de administración de los despachos que administran justicia. Creemos que contribuiría a solucionar efectivamente este problema, cuando se cumpla con el mandato constitucional que establece, en el Artículo 211 que "los presupuestos del Organo Judicial y del Ministerio Público no serán inferiores, en conjunto, al dos por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno central". Otro aspecto que incide en la falta de credibilidad en la administración de Justicia es la poca divulgación de lo que se está haciendo. Sabemos que se está haciendo bastante, que lo funcionarios encargados de administrar justicia están realizando una gran labor a pesar de las condiciones tan precarias en que trabajan. Nosotros creemos que si se le explica al pueblo lo que se está haciendo y las condiciones en las que se hace, este pueblo lo entenderá y, disminuiría en alguna medida la frustración que embarga a la mayoría de los panameños. El Gobierno tiene la misión de informarle al pueblo de las causas reales que afectan el adecuado
funcionamiento del Gobierno y con ello, también el adecuado funcionamiento de la administración de Justicia. Cabe destacar que los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público son independientes. El Procurador General de la Nación y los Magistrados de la Corte son independientes y de ninguna manera debe permitirse la intrimisión de uno u otro, cada uno juega un rol en esta sociedad y existe un sistema de pesas y balanzas que tiende a controlar el adecuado funcionamiento de cada una de ellas, pero mientras existan intromisiones de uno de estos órganos en el otro, no se podrá garantizar el desarrolo de las instituciones jurídicas y políticas en Panamá. La nómina "Profesión y Ley" la integran además de Del Moral, José Carrasco, primer vicepresidente; Juan Antonio Tejada, segundo vicepresidente; José Antonio Bozzo, secretario de finanzas; Guido Martinelli, subsecretario de finanzas; Orlando Tovares, secretario de actas y correspondencia; Maria Alejandra Eisenmann, secretaria de prensa y propagada; Hermel Rodríguez Aguilar, subsecretario de asuntos internacionales; Morabia Guerrero Gómez, secretaria de organización; José Javier Rivera y el Tribunal de Honor lo integran: Aura Feraud, Fredy García, Publio Muñoz, Marcela de Pérez y Alvin Weeden.
Año: 1992 Fecha: Página: 3a- Sección: Notas: carmen xx *franco HERMES;21/09,19:32
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X hdtit,70p,42,31 ¯ Promueven sanciones para abogados antiéticos
Hermes Sucre Serrano De La Prensa
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucas López, presentó ayer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que establece sanciones contra los infractores de las normas contenidas en el Código de Etica de los abogados. Lucas López explicó que el anteproyecto contiene una disposición que autoriza al Colegio Nacional de Abogados a crear un Tribunal de Honor para la investigación de faltas a la ética por denuncia de parte interesada. Si el Tribunal de Honor estima procedente el juzgamiento, solicitará a la sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete citación a juicio del denunciado. Lucas López estuvo acompañado por autoridades del Organo Judicial, el Ministerio Público y de los diferentes gremios jurídicos del país. El presidente de la Corte Suprema también presentó un proyecto de ley por medio del cual se somete a las normas del proceso oral, que contiene el Código Judicial, los juicios concernientes a la propiedad industrial y se modifican otras disposiciones del mismo. Durante la sesión de ayer, el Pleno decidió dejar para hoy, martes, lo referente a la discusión del proyecto de ley de Colón-Puerto Libre. Este proyecto intentará ser aprobado por insistencia, luego de que el presidente Guillermo Endara lo vetó y devolvió a la Asamblea por considerarlo inconveniente e inexequible. La legisladora Gisela Chung pidió que la discusión del proyecto Colón-Puerto Libre se iniciara anoche. Sin embargo, en la jornada de ayer no se contó con el número de legisladores que se requiere para aprobar la legislación por insistencia. El presidente de la Asamblea, Lucas Zarak Linares, aclaró que en las últimas sesiones no se han llevado proyectos a segundo y tercer debate, debido a que con el inicio de la nueva legislatura todos los proyectos que estaban pendientes deben ser tratados nuevamente en las comisiones respectivas. Zarak indicó que ya se han girado instrucciones a los diferentes presidentes de las comisiones para que agilicen la aprobación de estos anteproyectos, para que posteriormente puedan ser aprobados por el Pleno. La legisladora Gloria Moreno de López advirtió que la ``indiferencia demostrada'' por las autoridades de Salud, principalmente por el director del Seguro Social, Jorge Endara, podría
motivar que la huelga médica se extienda a otros hospitales. La legisladora dijo que este es un asunto de ``sumo cuidado'', que podría degenerar en una crisis en el sector Salud. Por su lado, el legislador Elías Castillo pidió la comparecencia del ministro de Hacienda, Mario Boyd Galindo, y el de Comercio, Roberto Alfaro, para que respondan por algunas ``irregularidades'' que se vienen dando en la firma de un nuevo contrato entre el Estado y la Refinería Panamá. Abelardo Antonío, legislador del PRD, denunció que en Coco Solo existen varias empresas que han introducido maquinarias y equipo sin cumplir con el pago de los tributos. Antonío pidió que se investigue al director de Aduanas, Rodrigo Arosemena. Por su parte, el legislador Anastacio Batista presentó un anteproyecto de ley mediante el cual se incluye en el programa educacional panameño el estudio permanente y obligatorio de las drogas y sus efectos, educación sexual y relaciones de familia, mientras que Alberto Alemán, del PRD, exigió que el Ministerio de Gobierno y Justicia rinda un informe sobre la situación de hacinamiento y violencia en las cárceles del país.
Año: 1992 Fecha: 28sep Página: 7a Sección: Nacionales Notas: ss Editado Hr Publicación: Autor: JUAN ;26/09,10:20
X hdtit,51p,37,14 ¯ Abogados demandan que se reestablezca el poder del Tribunal de Honor
Abdiel Zárate De La Prensa
La presidenta del Movimiento de Abogados Profesión y Ley (PRO LEY), Moravia Guerrero, dijo que en lo que va del año, se han presentado alrededor de 200 denuncias en contra de algunos abogados panameños, por falta de ética profesional. Entre las denuncias más notables destacan: las de abogados que no cumplen con sus clientes, los que retienen documentos suministrados para las gestiones y los que ejercen el tráfico de influencia, valiéndose de su posición política, social o económica. Para tratar de frenar la falta de ética entre los abogados panameños, el movimiento PROLEY presentó en julio de 1991, a la par de una nómina para la junta directiva, un Tribunal de Honor (un cuerpo de abogados colegiados, que es electo). Actualmente este Movimiento de Abogados, está luchando para que en el Tribunal de Honor se reestablezca el Capítulo V de la Ley No.9 de 1994, que regula el ejercicio de la abogacía, el cual fue derogado por la entrada en vigencia del Código Judicial en 1987. Según Moravia Guerrero este Tribunal sin el mencionado Capítulo, ``no tiene una base legal para tramitar las denuncias por falta a la ética que en el ejercicio de la abogacía cometen algunos abogados''. Hay casos en que se han presentado, ante el Tribunal, siete denuncias a un abogado ``sin embargo el Tribunal de Honor no puede hacer nada, porque no tiene una jurisdicción disciplinaria, no tiene una norma legal que le permita solicitarle a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que al abogado se le debe separar la idoneidad'', señaló la presidenta de PROLEY. Moravia Guerrero explicó que desde que se estableció el Tribunal de Honor, PROLEY se ha dedicado a la tarea de luchar para que se restituya las normas del Capítulo V, que fueron derogados y que después de varios meses y casi un año de discutirlo, porque hay sectores opuestos, específicamente el Colegio de Abogados a cargo de José Alberto Alvarez y no así la junta directiva, se logró el consenso de cinco organizaciones gremiales. Las organizaciones gremiales que se unieron para luchar por el reestablecimiento del mencionado Capítulo fueron: el Frente de Abogados Independientes (FRAI); el Consejo Democrático de
Abogados (CODEA); el Movimiento de Abogados Gremialista (MAG); el Centro de Estudios para la Independencia Judicial y el Ejercicio de la Abogacía en Panamá (CEIJAP) y el Movimiento de Abogados Profesión y Ley (PROLEY). ``Nos pusimos de acuerdo y le solicitamos al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lucas López, que presentara como anteproyecto de ley la restitución de las normas de jurisdicción disciplinaria. Una vez sea aprobado el proyecto de ley, el Tribunal de Honor funcionará con una fuerza legal'', indicó Moravia Guerrero. Este anteproyectyo de Ley, fue presentado el lunes 21 de septiembre ante el pleno de la Asamblea Legislativa. Hasta el momento no hay una sanción para aquellos abogados que faltan a la ética. Si no se aprueba el anteproyecto de ley, todo seguirá como hasta el momento: ``no hay una coerción y al abogado se le dejará solamente la sanción moral. En este momento el ejercicio de la abogacía está totalmente deteriorado; entonces, nosotros creemos que la creación de esta ley, traería como consecuencia que los abogados fueran más cuidadosos y más respetuosos a la ley'', señaló la jurista. ``El Colegio de Abogados, quiere en este proyecto de ley incluir normas que permitan al abogado tomar la decisión de liquidar o no una sociedad anónima, cuando considere que el cliente no es un buen cliente. Nosotros no estamos opuestos a este tipo de situaciones, sin embargo, creemos que debe ser legislada en un código aparte y no mezclarla dentro de la ley de la jurisdicción disciplinaria'', dijo la presidenta de PROLEY. Agregó que esta norma señala que el abogado no es responsable de sus actos si actúa de buena fe por lo que dijera en escritos o alegatos. Por el contrario, el abogado sí debe ser responsable aunque actúe de buena fe de lo que escribe o dice, ``de lo contrario esto sería establecerle una inmunidad a los abogados''. Moravia Guerrero aseveró, que hubo una contradicción cuando el presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Alvarez dijo públicamente que la Asamblea debe mejorar el Código de Etica de los abogados, ya que eso no fue lo que aprobó el consejo judicial del cual él forma parte. ``Nosotros consideramos que sí se debe reglamentar el Código de ética, se debe modernizar, pero no en las normas de procedimiento disciplinario, ni en la jurisdicción del Tribunal de Honor. Esas deben ser normas aparte y el Colegio en su momento debe hacer sus observaciones'', puntualizó.
Año: 1994 Fecha: Página: 1A LASTEN;05/03,16:25
Sección: Notas: xxss6 . franco
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Hoyos tratará con mano dura a abogados que falten a la ética
Lastenia Murillo Muñoz De La Prensa
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, aseguró que todos los abogados que incurran en el delito de faltas a la ética profesional serán severamente sancionados. Hoyos indicó que lo sucedido con los ex magistrados Mario van Kwartel y Kel Arosemena debe servir de ejemplo para que los abogados no incurran en estos actos, que hablan muy mal de los profesionales del Derecho. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Procuraduría General de la Nación que inicie un proceso penal contra el abogado Boris Barrios, al tiempo que lo denunció ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados por faltas a la ética profesional y por ofender a miembros de esa alta corporación de justicia. A juicio de su presidente, la acción de la Corte en este acto ha sido bien acogida por los gremios de abogados, y queda establecido que no se están violando los preceptos de la Carrera Judicial. ``Todo lo contrario: los dos ex magistrados no estaban sujetos a la Carrera Judicial, porque ellos no entraron por concurso al Organo, de manera tal que nosotros pudimos haberlos destituido libremente'', dijo Hoyos. Con respecto al abogado Barrios, Hoyos dijo que faltó a la ética y que existen pruebas para que el Colegio lo sancione. El abogado Barrios afirmó que la Corte Suprema de Justicia había destituido a los dos magistrados del Tribunal Superior de Coclé por la oposición de estos al proyecto de sentencia elaborado por la magistrada sustanciadora del caso Héctor Gallego, Delia Carrizo de Martínez.
Año: 1994 Fecha: 25/9 ORLAND;24/09,13:47
Página: 1a- Sección: Notas: xxxss25*
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Colegio de Abogados solicita que enjuicien a 5 colegas
Orlando Mendieta. De La Prensa
El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados ha solicitado el llamamiento a juicio de cinco abogados por faltas a la ética profesional, del total de 151 expedientes que ha tramitado este año. Los detalles se desprenden de un informe que este organismo le presentó al presidente del Colegio Nacional de Abogados, Jorge Hernán, sobre las investigaciones que se adelantan a abogados que supuestamente violan los preceptos éticos que rigen esa profesión. De acuerdo con el documento, de los 151 expedientes 69 han sido resueltos por el Tribunal de Honor, mientras que un total de 73 casos se encuentran en trámite. Del total de expedientes atendidos por el organismo, 19 acusaciones en contra de abogados han sido declaradas prescritas por la Corte Suprema de Justicia, mientras que otras cuatro esperan la misma decisión. El Tribunal de Honor durante su año de gestión ha solicitado el llamamiento a juicio de cinco abogados por faltas a la ética, de los cuales ya dos fueron confirmados por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Entre las faltas cometidas por los profesionales acusados están la negligencia en el cumplimiento de sus deberes para con su clientes. Otras de las faltas a la ética profesional de los abogados, que investiga el Tribunal de Honor, es la ventilación de sus casos en los medios de comunicación, situación por la que han sido denunciados varios miembros del gremio. En el informe presentado a Rubio, los miembros del Tribunal de Honor indican que esta labor de investigar a sus colegas es ``ingrata, difícil y poco apreciada'', pero sostiene que las cuestiones
disciplinarias y éticas en el país tienen que ser atendidas.
Año: 1995 Fecha: 5/9 Página: 4a- Sección: Notas: xxxss5franco Publicación: Autor: OTERO ; 04/09,18:27
Abogados acogerán denuncia de Sossa
José Otero e Ibeth Vega G. De La Prensa El presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Solís, dijo que este gremio acogerá la denuncia que presentará el procurador José Antonio Sossa contra tres abogados acusados de simulación de pruebas, y destacó que de comprobarse estos delitos los involucrados serán expulsados. Agregó Solís que estos expedientes serán enviados en forma expedita al tribunal de honor y disciplina del colegio, donde se analizarán las denuncias y se dictará un fallo de acuerdo con la ética profesional. ``Si existen los méritos para solicitar sanciones ejemplares, no tengan la menor duda de que así lo haremos'', recalcó Solís. Explicó el presidente del Colegio de Abogados que esta acción, iniciada por el procurador Sossa, ``servirá como un mensaje claro'' a todos los abogados. Una fuente judicial señaló a La Prensa que los tres abogados que están siendo investigados por estos delitos son José Ramiro Fonseca, Héctor Zavala y el exfiscal superior especial Adolfo Montero. Sobre el particular, Sossa señaló que ``no se puede permitir que profesionales del derecho pongan en entredicho la decencia del país''. ``De ninguna manera es permitido que un abogado, como auxiliar de la justicia, actúe con dolo y con sinvergüenzura y deshonestidad'', destacó el procurador Sossa. Igualmente, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Faúndes, declaró ayer que estos abogados podrían ser sancionados con la cancelación de la idoneidad para ejercer la profesión, declaró ayer Faúndes explicó que las denuncias deberán presentarse ante la Comisión de Etica del Colegio Nacional de Abogados, y de existir méritos pasarán a la Corte Suprema de Justicia para que sea la más alta institución de justicia la que tome la decisión y sanción final contra los tres
profesionales del derecho, cuyas identidades se mantienen en reserva. Las sanciones que establece el Código Judicial para la violación a la ética profesional, agregó la fuente, son la amonestación, la multa y la máxima que consiste en la suspensión de la idoneidad de los abogados. De acuerdo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de haber méritos suficientes en las denuncias, los abogados podrían perder temporalmente (un año) o definitivamente sus respectivas idoneidades para ejercer su profesión. Consultado sobre el proceder de estos tres abogados, Faúndes sólo se limitó a responder que, ``eso es cuestión de moral''. La semana pasada, el abogado Ramiro Fonseca fue acusado por el legislador arnulfista Daniel Arias de tratar de ``manipular'' a varios de los integrantes del jurado de conciencia que condenó a cuatro militares, en septiembre de 1993, en el juicio por el crimen del sacerdote colombiano, Héctor Gallego. Sossa aseguró que de estos tres abogados, a los cuales se les abrirá causas penales, uno de ello tiene varias causas abiertas y los otros dos están bajo investigación. El procurador general de la Nación reiteró ayer que las denuncias contra los tres profesionales del derecho se presentarán esta misma semana. Ancho: 9240. Copyright © 1997 Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
Año: 1995 Fecha: 16oct Página: 6a HERAST;15/10,11:36
Sección: Notas: alexHr
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El reino de los abogados En el mercado de la corrupción
Unidad Investigativa De La Prensa Primera de tres entregas
La vergüenza más grande que debe sentir el gremio abogadil parte de las constantes denuncias, registradas o no, de clientes estafados por abogados que cobran honorarios y no hacen el trabajo correspondiente. ``En el pasado era un honor decir que uno era abogado; ahora hay que decirlo hasta en voz baja, dada la gran cantidad de quejas que hay contra los abogados'', dice José Alberto Alvarez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Realmente allí radica la ``profundidad del problema'' del comportamiento social de los abogados, según el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Materno Vásquez. El problema del que más se habla por ahí ``es cuando un abogado recibe dinero de un cliente y no le hace el trabajo''. El mecanismo para que el ciudadano común, el cliente estafado por un abogado, enfrente este problema pasa por las manos de los propios abogados. Ese ciudadano debe acudir al Colegio Nacional de Abogados en donde se encuentra, según Vásquez, con una entidad ``muy politiquera que no sanciona a nadie'' porque sus directivos tienen interés de promocionar sus figuras y ganar adeptos. Del Colegio el asunto pasa a la Corte Suprema de Justicia que debe juzgar el caso; sin embargo, ``no conozco que la Corte haya sancionado a algún abogado por haberse quedado con el dinero de un cliente o por no haber manejado un caso debidamente'', dice el catedrático universitario de derecho, Miguel Antonio Bernal. Pese a ello la cantidad de denuncias es considerable. ``Cuando fui presidente del Colegio Nacional de Abogados, por casi 42 meses, teníamos un promedio de una denuncia diaria en
contra de los abogados por lo que la ciudadanía considera faltas a la ética'', comenta Alvarez. Gerardo Solís, presidente del Colegio Nacional de Abogados, reconoce que, en efecto, se dan casos de corrupción y se dan casos de deslealtad con el cliente. Hay de todo... Otro caso común de corrupción es aquel en el que los dos abogados opuestos en una causa se ponen de acuerdo tras bastidores. El asunto llega ``a situaciones verdaderamente escandalosas'', según Bernal, ``cuando los dos abogados litigantes pertenecen a una misma firma''; al final quienes salen perjudicados son las personas que están involucradas en el negocio. Aparte de los vende-pleitos, están los abogados que cobran el llamado ``abono inicial'' y se le pierden para siempre al cliente. ``Entonces se va creando esa mala fama de que el abogado es un pirata, un malandrín'', comenta Vásquez. ``Hay de todo y el mayor problema es que esto va en aumento'', dice Bernal. Vásquez, por su parte, cita el caso de ``los abogados que se `piratean' los clientes por cuestión de precios'' en lo que califica como ``un proceso degenerativo'' de la profesión abogadil. Para una persona implicada en un problema penal, según un ejemplo citado por Vásquez, resulta tentador decirle a un abogado: `cóbreme lo que sea y sáqueme de este lío', y entonces ``el abogado se echa para atrás y piensa que tiene que pagar el alquiler, el acondicionador de aire, ropa adecuada, la planilla, el carro... y acepta. Pero resulta que ese cliente es un bandido, que lo que está buscando es una agencia judicial para solventar su situación''. Tráfico de influencias El exprocurador general de la Nación, Rogelio Cruz, al hablar sobre los vicios profesionales de los abogados destaca el tráfico de influencias, al que le da una explicación sociológica: ``uno tiene que llegar a la convicción de que te buscan como abogado, por la influencia que la gente cree que tienes; no por tus créditos o por tus conocimientos. No es como al médico que se busca al que sabe más; a la gente no le importa si es amigo o enemigo del Gobierno; pero si ves a un abogado peleando con el procurador y tienes un caso en el Ministerio Público, no vas a buscar a ese abogado para que te lo resuelva''. ``Por eso muchos abogados tratan de que los vean bien con las autoridades, para que su clientela se acreciente'', dice Cruz, quien recuerda que ``hace muchos años, un abogado penalista me decía: `yo no quiero cargo público; lo único que le pido al procurador es que cada 15 días almuerce conmigo en un restaurante, que la gente me vea almorzando con el procurador, los dos solitos'. Cuando un cliente busca a este abogado, éste le dice: `mire, son 25 mil dólares en total; de esto la mitad es para mis amistades' [el procurador entre ellas]. Ese cliente paga el dinero porque piensa que su caso está resuelto favorablemente, al fin y al cabo a él no le interesa para nada la corruptela''.
Vásquez dice que ni siquiera disimulan el manejo de las influencias, según él en el gobierno anterior ``se cautelaban y descautelaban cuentas en razón de quién era el abogado que gestionaba''. A un cliente suyo le recomendaron a un determinado abogado porque ``ese sí tiene influencias aquí''. Enriquecimiento ilícito Los abogados de influencia no firman ellos, simplemente actúan tras bastidores, explica Vásquez, quien agrega que ``durante la contraloría de José Chen Barría se cauteló una transacción de terrenos en Paitilla que estaban rellenándose de más, uno de los afectados vino aquí, le dije que tenía que ir a lo contensioso administrativo, que le costaba tanto. A las dos semanas me dijo que un abogado (de los que no firman) ya se lo había arreglado. El le pagó una alta suma y le levantaron la cautelación''. De esta manera un abogado entra en la dinámica del ``enriquecimiento ilícito'' que no es lo mismo que el tráfico de influencias y que, como éste, no está tipificado como delito en el Código Penal. ``Aquí hay abogados que en periodos muy cortos se han enriquecido'', dice Vásquez. Lo grave del asunto es, según Vásquez, que ``no hay la voluntad para enseriar el ejercicio de la profesión de abogado''. Un país de los abogados ``Sin perder el respeto debido al resto de las profesiones, este es un país hecho para los abogados, por los abogados y, en gran medida, es de los abogados'', dice Bernal. Y lo peor del asunto es que ``este país está en manos de gente que no necesariamente va a actuar con el alma de la toga'', sino que ``se manejan con criterios que hacen más daño que bien a la sociedad'', considera Bernal. El abogado litigante Carlos Jones considera que la afirmación de que este país es de los abogados es ``una gran mentira que los políticos han inventado''. ``Este no es un país de los abogados, sino de los políticos y de los más corruptos'', dice Jones. El país se ha hecho con una concepción juridicista, dice Bernal, ``que unas veces sirve para justificar una cosa y otras veces sirve para justificar otra cosa. En ese sentido es que digo que el país ha sido concebido para los abogados, por los abogados. En todo momento de la vida de nuestra sociedad los abogados han jugado un papel sino influyente determinante para bien o para mal''. ``Al ciudadano común le han cortado toda capacidad de movilización como tal, porque para el menor trámite se necesita de los servicios de un abogado. Si necesita de un trámite migratorio tiene que llevarlo con un abogado, si va a comprar una casa necesita de un abogado''. Se ha creado una especie de dependencia y eso, dice Bernal, ``está siendo aprovechado por los
abogados corruptos para lucrar, para engañar, para estafar...''. Con democracia o con mano fuerte Como elementos que contribuyen a la corrupción hay que contar, de acuerdo a Bernal, los procedimientos ultraburocráticos que existen, la vigencia de una Constitución militarista y un Organo Judicial en donde la conciencia jurídica reina pero no gobierna. Pero todo esto, según Bernal, ``ha ganado terreno por la impunidad. Sin la impunidad la corrupción se puede mermar, controlar, restringir, limitar. Pero en nuestro país ahora mismo lo peor que puede suceder es la impunidad, porque erosiona las bases de la sociedad y es lo que más daño hace''. Es un ciclo con un efecto de cascada, sostiene, porque lo que comienza en un nivel se extiende. ``Si un tribunal le acepta a un abogado un documento mal elaborado, ahí hay corrupción. Si los funcionarios públicos aceptan dádivas, si al abogado tal lo tratan mejor que al otro, todas esas cosas son formas de corrupción''. La corrupción parte de la falta de controles más dinámicos y de la falta de una verdadera democratización en la administración de justicia. ``Porque soy uno de los que cree que las enfermedades de la democracia se corrigen con más democracia'', considera Bernal. Cruz considera que esta es una sociedad ``que busca influencia para todo: para que nombren o para que no boten a una persona, para que le resuelvan un caso favorablemente; esta es una sociedad realmente corrupta en su origen''. Este país, dice Cruz, ``democráticamente no va para ninguna parte. Pareciera que en este país se requiere mano fuerte. ¨Qué es lo que pasa? En este país para todo hay grupos de interés y de presión. El transporte es un grupo de presión. ¨Quién se mete con el transporte?'' Bernal sostiene, por su parte, que ``las enfermedades de la corrupción se deben combatir con señalamientos contundentes''. Y pone como ejemplo el caso de que si la ley dice que un habeas corpus tiene que ser resuelto en 24 horas, sino se resuelve hay corrupción. ``Aquí hay habeas corpus que se demoran hasta 60 días. La Corte Suprema ha ido amputando el amparo. Eso es corrupción''. [Investigación realizada por Juan Luis Batista, Aristides Cajar Páez, Abdiel Zárate y Herasto Reyes].
Año: 1995 Fecha: 17oct Página: 6a HERAST;16/10,16:06
Sección: Notas: alex Hr
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El reino de los agobados En la escuela del desorden
Unidad Investigativa De La Prensa Segunda de tres entregas
``Los males de la profesión de abogados parten de la educación'', según las consideraciones de profesionales y catedráticos del ramo. Sin embargo, algunos estudiantes y autoridades académicas consideran que la formación que se imparte en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá es satisfactoria. ``La corrupción que existe dentro del mundo abogadil se inicia en la facultad de Derecho'', dice un catedrático universitario del ramo. ``Es en las aulas donde el futuro abogado hace sus pininos en lo que a materia de corrupción se refiere'', sostiene el catedrático Miguel Antonio Bernal. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Alvarez, considera que ``el mal radica en la educación''. En cambio, la estudiante de IV año de Derecho, Corina Cano Córdoba, considera que la Universidad de Panamá, donde ella estudia, ``es bastante buena, tiene profesores que enseñan bien, imparte un aprendizaje bastante positivo''. Sin embargo, considera que ``un estudiante de derecho no sale capacitado para ejercer la profesión'' porque ``nos falta más práctica''. La secretaria general del Centro de Estudiantes de Derecho, Meibis Barrera, dice que ``salimos bien preparados, tenemos excelentes profesores'' y que el estudiantado no solo se limita a las clases, sino que ``realiza ciertos seminarios, conferencias y actividades culturales'' en las que se pueden obtener otros conocimientos. La dirigenta estudiantil coincide con el vicedecano de su facultad, Julio Sousa Lennox. ``Esto manifiesta que el estudiante está ávido de conocimientos, porque hipoteca horas extras de
estudios, para realizar estos eventos'', comenta el académico. Para ejercer la abogacía La formación genérica de jurista se obtiene con la licenciatura de derecho y ciencias políticas y es eminentemente académica. De allí se debe partir para la formación del profesional para el ejercicio de la abogacía, de la docencia o de la judicatura, según explica el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Materno Vásquez. Cada una de estas vertientes tiene sus características ``por ejemplo, para ejercer la abogacía se requiere de la formación académica, la obtención de la idoneidad y luego la práctica forense''. El artículo 186 del Código Judicial del 1 de febrero de 1871, definía a los abogados como los ``individuos que profesionalmente se dedican a defender las causas civiles i criminales que se siguen ante los tribunales del Estado''. Ya en 1875, con una reforma al citado código, se buscaba limitar el ejercicio del derecho a las personas idóneas ``con suficientes conocimientos teóricos y prácticos en la ciencia del Derecho''. Un año más tarde esta disposición reformatoria se declara nula. Pero quedó el precedente de la idoneidad para el ejercicio de la profesión abogadil. Actualmente, la idoneidad para ejercer la abogacía se otorga después que el abogado haya terminado sus estudios universitarios y entonces puede entrar al terreno de la práctica forense. ``Es en la práctica forense donde, según la capacidad intelectual, la disposición anímica, la vocación de estudios del abogado, sus vinculaciones sociales y políticas, y por qué no decirlo, su estatus económico, se va a permitir desarrollar una dimensión de éxito o de no éxito'', sostiene Vásquez. Bajo nivel de enseñanza Alvarez sostiene que los problemas derivados del ejercicio de la abogacía ``tienen su origen en la educación y principalmente en la educación universitaria''. ``Hay muchas facultades de universidades por ahí impartiendo clases de derecho y graduando nuevos abogados'', dice Alvarez, lo que dice Vásquez que lleva a ``la altura en que nos encontramos: hay una gran población de abogados. Entonces surge el problema de la saturación en el campo de la abogacía. Esto hace exageradamente competitiva la profesión. Pero los niveles donde más necesitan de una asistencia abogadil son los de menos capacidad económica para pagar un buen abogado. Esa es la realidad''. El ``término'' de los profesores no está dentro de las aspiraciones universitarias de graduar a mejores profesionales. Como decía el catedrático Secundino Torres Gudiño, no es saludable ``este relajo a nivel universitario, en el que hay estudiantes a los que apenas se les ha secado la tinta del diploma y ya están dando clases en la Universidad de Panamá''. Alvarez habla de que hay profesores ``bien preparados académicamente, pero no son aquellos
abogados que en la calle se les reconoce el éxito profesional'' y cuenta que hace algunos años le preguntó a un profesor (del que se reserva el nombre) por qué estaba dando clases y éste le dijo que para ``redondearse el sueldo''; es decir, que ``no hay una real vocación en la enseñanza universitaria, que da como resultado malos abogados. Porque si los profesores no son exigentes en la educación universitaria, entonces vamos a tener un producto malo''. ``No entiendo por qué las universidades cuidan más la educación del médico, por ejemplo, que la de los abogados. Los estudiantes de leyes tienen exámenes ordinarios, de rehabilitación, exámenes extraordinarios, en fin diferentes formas de eludir la responsabilidad, y todo con la complacencia de las autoridades de la Universidad de Panamá'', comenta Alvarez. ¨Qué abogado sale a la calle? Bernal define corrupción como ``todo lo que tiene que ver con la práctica o ejercicio indebido de algo''. Propia de todas las sociedades, el problema se presenta cuando no se hace nada por combatirla y ``aquí impera la impunidad''. ``Por lo general la corrupción emana de las entidades judiciales y en muchos casos del Ministerio Público'', dice Bernal, quien evalúa que la misma ``se inicia en la Universidad'' por diversas razones que explica. Porque al estudiante no se le brindan las facilidades mínimas para adquirir el conocimiento a nivel de bibliografía actualizada. Eso lo margina del debido aprendizaje. Empieza con la actitud de deteriorar los pocos libros de la biblioteca, le roba los libros al compañero, se copia en los exámenes, comenta Bernal. ``Ahí en la Facultad de Derecho, en junta de facultad, recientemente se habló de un caso, sin decir nombres, que un estudiante había logrado que se le cambiara la nota mediante pago'', comenta Bernal. ``No digo que ahí se le enseña a la gente a ser corrupta. Pero ahí no hay ninguna materia de deontología. Y no debemos olvidar que la ética se enseña''. Jaime Olmo Díaz, director del Consultorio de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho, dice que ``no se cuenta con equipos modernos de educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje moderno y de las técnicas modernas, porque la Facultad no tiene recursos suficientes''. Si se quiere más excelencia en la formación de los abogados, ``deberían de darle más recursos a la Universidad para que tenga todas las técnicas modernas de enseñanza'', dice Olmo. El vicedecano Sousa Lennox dice que ``la Facultad de Derecho está segura de que está dando una muy buena formación al estudiante. La prueba la tenemos en la vida nacional, la comunidad está viendo el fruto de la Facultad de Derecho, nada más se tiene que ver quiénes están ejerciendo la profesión afuera y quiénes son buenos. Por supuesto que en todas partes se cuecen habas, puede que haya uno u otros que no responden a la aspiración de los ciudadanos''.
Bernal, por su parte, sostiene que ``con programas de estudios más que obsoletos atrasadísimos, que no responden a las necesidades de la sociedad actual, estamos lanzando al mercado jóvenes con un diploma debajo del brazo que a la hora de la hora algunos de ellos tienen una marcada tendencia a ofrecerse al mejor postor y a empezar a realizar una serie de prácticas corruptas''. [Investigación realizada por Juan Luis Batista, Aristides Cajar Páez, Abdiel Zárate y Herasto Reyes].
Año: 1995 Fecha: 18oct Página: 6a HERAST;16/10,18:42
Sección: Notas: alex Hr
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El reino de los abogados En la sala de la impunidad
Unidad Investigativa De La Prensa Ultima de tres entregas
Cuando una persona considera afectados sus intereses por el incumplimiento de la ética por parte de un abogado, debe acudir al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados a interponer la denuncia. Es importante tener en cuenta que esta gestión debe realizarse tan pronto como sea posible, porque la misma prescribe al cumplirse un año del hecho. El Tribunal de Honor emite una vista y remite el caso a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en donde los magistrados deben resolver el asunto. Sin embargo, el 19 de octubre de 1994, la Sala de Negocios Generales emitió una consulta al pleno de la Corte, en relación a la constitucionalidad de la norma que establece este proceso, porque el artículo 34 de la Ley 9 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía, establece que ``en todo proceso de juzgamiento por falta a la ética será oído el procurador de la Administración''. La consulta aún está pendiente. Entre el 1 de agosto de 1994 y el 31 de julio de 1995 fueron tratados 17 casos de denuncias contra abogados por incumplimiento de la ética profesional, en la Sala de Negocios Generales. De estos solo dos, los correspondientes a los abogados Marina Morales Soto y Eduardo Badillo, fueron archivados porque no había motivo para seguir la causa. Fueron declarados prescritos 10 casos, porque los afectados presentaron la queja pasado un año del hecho. Solo tres casos terminaron con el llamamiento a juicio: los casos de Lucio Bernal Herazo y Martín Caicedo, que están pendientes y en espera de la definición de la consulta sobre la ley 9, y el caso de Franklin Lezcano Guerra, que tuvo tres llamamientos a juicio y se le fijó fecha de audiencia. Lezcano Guerra falleció antes del plazo fijado.
Hasta ahora ningún abogado ha sido sancionado por faltas a la ética profesional. Los casos del último año Raúl Moreno Arosemena y Miguel Angel Moreno-Góngora contra el licenciado Jaime Padilla González / 12 de agosto de 1994 / No se explican detalles del expediente. La Sala de Negocios Generales declara prescrita la acción disciplinaria. Ada Inelda Sáenz Cárdenas contra el licenciado Lucio Bernal / 18 de agosto de 1994 / ``La acción disciplinaria en contra del denunciado está prescrita, pero ello no es óbice para que la gestora de la misma no pueda continuar con su denuncia por el delito de estafa si es de ley que así sea, en cualquier despacho instructor de la referida institución''. Judith Henríquez de Francey contra el licenciado Campo Elías González Ferrer / 29 de agosto de 1994 / A pesar de haber prescrito la acción disciplinaria, la Sala de Negocios Generales deja constancia de que ``no acepta bajo ningún punto de vista, conductas de carácter antiéticas y antiprofesionales de abogados que vayan en detrimento de los postulados conceptuales que nutren de altruismo y grandeza a la profesión de abogado''. Alicia Escobar de Solís contra el licenciado Gerardo Carrillo González / 31 de agosto de 1994 / El Tribunal de Honor anota en su vista del caso que ``se podría suponer que, en efecto, la conducta denunciada del licenciado Gerardo Carrillo Castillo de retener documentos y dinero a los clientes con actuación negligente del mandato podrían haberse encuadrado en faltas a la ética en el ejercicio profesional'', pero la acción disciplinaria prescribió. William Roger contra el licenciado Eduardo Bernard / 31 de agosto de 1994 / Según la vista del Tribunal Honor al abogado se le ``otorgó poder y no se presentó a la audiencia''. Se declara prescrita la acción disciplinaria. Félix Domingo Munives contra el licenciado Lucio Bernal Herazo / 20 de septiembre de 1994 / Según la vista del Tribunal de Honor, Munives entregó al abogado dos cheques (por 100 y 500 balboas) que fueron cobrados por el abogado Bernal Herazo para legalizar el estatus migratorio del cliente; sin embargo, ``no hay ninguna constancia de trámite efectuado por el licenciado Lucio Bernal Herazo, a favor del señor Munives''; en consecuencia, ``la Corte Suprema de Justicia, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena el llamamiento a juicio del licenciado Lucio Bernal Herazo''. Rodolfo Flores y Ligia Cañón Piñedo contra el licenciado Franklin Lezcano Guerra / 20 de septiembre de 1994 / La denuncia de Flores fue declarada prescrita; el caso de Cañón Piñedo sí fue acogido. Ella conoció a Lezcano cuando vino a Panamá el 9 de junio de 1993 a colaborar con su esposo el colombiano Próspero Margfoy, detenido por asuntos de narcotráfico en la Cárcel Modelo. Según la denunciante, Lezcano ``le dijo que el caso de Margfoy era fácil ya que no se tenían pruebas en contra y que él iba a pedir una libertad bajo fianza en Colón. Desde ese momento comenzó a pedirme plata para una cosa y otra diciendo que aquí todo se manejaba fácil y rápido con plata''. Lezcano ``me llevaba a todos los lugares, me dejaba afuera y entraba, cuando salía me decía que ahí tocaba dejar algo de dinero para ir adelantando algún papel; en otros casos me decía que para que hicieran la diligencia rápidamente, pero todo era engaño para sacarme
dinero a tal punto que llegué a dar 7 mil 600 balboas de los cuales tengo recibo por 6 mil balboas''. Por esta razón la Sala de Negocios Generales consideró que ``es obvio que el denunciado violó las normas citadas así como aquellas que por razonamiento lógico de conducta humana le están vedadas al hombre como tal, y principalmente a un individuo que está llamado a ser un auxiliar de la justicia y cooperar con la manutención del Estado de Derecho''. Se concluyó con el ordenamiento de llamamiento a juicio de Lezcano. Aquilino Yánez contra el licenciado Antonio Vergara González / 28 de octubre de 1994 / En la vista del Tribunal de Honor se dice que la denuncia es por la ``supuesta apropiación de la suma de 11 mil 505.43 balboas''. Resulta que Vergara recibió un cheque por ese valor en ``concepto de prestaciones laborales dentro del juicio propuesto por Aquilino Yánez contra la empresa Comercio Libre Asociados, S.A.''. Vergara recibió esa suma el 3 de septiembre de 1990, pero ``dicha suma nunca fue entregada, ni total ni parcialmente al trabajador Yánez, por lo que a partir de la misma se configura el delito y la falta a la ética profesional''. El Tribunal de Honor recomienda el llamamiento a juicio, pero la Sala de Negocios Generales, de acuerdo con la ley, declaró prescrita la acción; no sin antes ``dejar plasmado su total repudio a conductas tales como la del abogado Vergara que van en detrimento de los principios morales y éticos que deben regular el ejercicio de la profesión''. Rodolfo Flores y Ligia Cañón Piñedo contra el licenciado Franklin Lezcano Guerra / 6 de diciembre de 1994 / La nueva denuncia, sustancialmente similar a la interpuesta por los mismos personajes el 20 de septiembre de 1994, busca enmendar errores formales, por los que la Sala de Negocios Generales anula parcialmente lo actuado y concede al demandado cinco días para que aduzca excepciones y se oponga al juzgamiento. Gilma Melo Pérez de Ng contra la licenciada Marina Morales Soto / 19 de diciembre de 1994 / En este caso la abogada logró demostrar, ante la Sala de Negocios Generales, que el trabajo a ella encargado se había realizado y por el contrario esta sala insta a la denunciante a cumplir con el pago correspondiente a la abogada ``toda vez que la gestión fue realizada''. Se ordena el archivo del expediente. Rodolfo Flores y Ligia Cañón Piñedo contra el licenciado Franklin Lezcano Guerra / 15 de marzo de 1995 / En esta tercera ocasión se afirma que Lezcano ``no aportó dentro del término oportuno concedido por la ley ningún argumento favorable o de descargo que le sirviera como medio idóneo de defensa ante la gravedad de los hechos denunciados como anómalos en su forma de proceder profesionalmente''. Se afirma que tales hechos ``son veraces y que evidencian una clara violación a las normas éticas que rigen la conducta profesional de todo abogado'', máxime cuando ``se comprueba que el señor Próspero Morgfoy, esposo de la denunciante, efectivamente está detenido en la Cárcel Modelo desde el 16 de julio de 1993 y a órdenes en ese momento de la Secretaría de Drogas de la Procuraduría General de la Nación''. La Sala de Negocios Generales concluye con la reiteración del llamamiento a juicio de Lezcano por la denuncia de Cañón Piñedo y ``fija el día 5 de abril de 1995 para la celebración del juicio oral''. Rodolfo Flores y Ligia Cañón Piñedo contra el licenciado Franklin Lezcano Guerra / 28 de marzo de 1995 / Lezcano interpuso un recurso de reconsideración a la resolución del 15 de marzo de
1995 en la que le llamaban a juicio, ante lo que la Sala de Negocios Generales ``niega la reconsideración'' de la citada resolución. Leopoldo Biens contra el licenciado Lorenzo Parker Dupuy / 31 de marzo de 1995 / En la vista del Tribunal de Honor se citan como cargos que ``Parker fue contratado para tramitar un juicio de sucesión; pero que este abogado no efectuó los trámites ni mantuvo comunicación con su cliente''. El abogado Parker, por su parte, sostiene que el poder le fue conferido por una persona distinta al denunciante y que ``la gestión encomendada se cumplió al concluir el juicio de sucesión''. La Sala de Negocios Generales consideró que ``no existen méritos para llamar a juicio al licenciado Parker y de igual manera declara prescrita la acción disciplinaria promovida por Leopoldo Biens''. Ligia Cañón Piñedo desiste de la denuncia contra el licenciado Franklin Lezcano Guerra / 3 de abril de 1995 / El desistimiento fue presentado, aunque no personalmente, por el propio Lezcano ante la Sala de Negocios Generales y en él la desistente Cañón Piñedo dice: ``reconocemos el trabajo en derecho que realizó el licenciado Lezcano a favor de nuestro marido Próspero Margfoy, hoy libre, dentro del sumario que se le seguía en su contra por la Secretaría de Drogas de Panamá; y donde se demandaron hechos que no fueron cometidos y nuestro interés era llegar a un arreglo extrajudicial con el abogado''. Según los magistrados de la citada sala ``en los procesos disciplinarios no cabe el desistimiento de la denuncia o de la querella, si el proceso se encuentra en la fase de una resolución ejecutoriada en la cual existe un llamamiento a juicio, como sucede en el expediente de marras'', por lo que concluyó que ``no acepta el escrito de desistimiento presentado'' en el caso. Dolores Calama Aguirre contra el licenciado Esteban García / 28 de abril de 1995 / La falta no se explica y se ``declara prescrita la acción disciplinaria''. Guillermo Castillo y el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera contra el licenciado Eduardo Badillo / 1 de junio de 1995 / Castillo acusa a Badillo de no haber hecho los trámites pertinentes ni de mantener la comunicación correspondiente con su cliente. La denuncia del fiscal Herrera señala que Badillo ``le sugirió a un testigo desviarse de la verdad en un proceso penal donde él mismo tenía a su cargo la defensa de la sindicada''. Badillo refutó las acusaciones en las que planteó que quien debió presentar la queja era otra persona y que la denuncia del fiscal Herrera ``responde a publicaciones en los diarios de la localidad que señalan al fiscal parcializado dentro de un proceso civil''. En este caso la Sala de Negocios Generales consideró que ``no obran en el expediente pruebas o elementos incriminatorios suficientes contra el denunciado'', por ello ordena el archivo del expediente. Miriam Ramos contra el licenciado Martín Caicedo / 1 de junio de 1995 / Ramos contrató a Caicedo para que defendiera a Jhonny Alexis Rodríguez Ramos y Cristian Bazán, acusados de robo a mano armada. Caicedo recibió un pago de 300 balboas, que él califica como ``adelanto'' y alega que atendió el caso; sin embargo, ``debemos señalar que el licenciado Martín Caicedo no realizó ninguna gestión tendiente a notificarse personalmente de la resolución correspondiente, ni interpuso recurso previo a favor de sus defendidos''. Caicedo fue notificado del auto de enjuiciamiento; sin embargo, no presentó pruebas en apoyo a sus pretensiones, lo que ``evidencia
inactividad por parte del representante legal de los encausados''. Después de haber examinado ``las etapas procesales, evacuadas en el expediente penal contentivo de la denuncia contra Alexis Ramos Rodríguez y Cristian Bazán, la Sala observa suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado Martín Caicedo''. [Investigación realizada por Herasto Reyes]
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Año: 1997 Fecha: 9abri Página: 4a Sección: Notas: ss9 franco Publicación: Autor: JOSE ; 08/04,19:32
®MDRV¯ HISTORIA COPIADA POR MARY EN 08-ABR-97,23:03: NUEVO NOMBRE DE HISTORIA ES LEGU-MARY-SYS Inhabilitan a abogado por falta a la ética José Quintero De León De La Prensa Por primera vez, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia sancionó con inhabilitación por diez meses para ejercer la profesión de abogado a un ciudadano a quien se comprobó haber incurrido en faltas a la ética judicial. La audiencia se realizó ayer en la Sala de Casación donde la Sala Cuarta de Negocios Generales recibió la queja de un ciudadano peruano quien denunció al abogado Lucio Bernal por presunta estafa, ya que le entregó en varios pagos cerca de mil dólares con el fin de que tramitara el cambio de su condición migratoria. Sin embargo, señala el denunciante, Bernal dejó pasar el tiempo y no cumplió con el servicio para el cual fue contratado y pagado, lo que motivó una queja inicial ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, organismo gremial que remitió la querella a la Corte. La Sala Cuarta solicitó información a la Dirección Nacional de Migración sobre trámites realizados en favor de la condición del querellante, agencia de gobierno que confirmó que realmente Bernal no había gestionado documentación alguna en su favor. La audiencia fue presidida por el presidente de la Sala, magistrado Arturo Hoyos y concurrieron además los magistrados Rafael González y Carlos Cuestas. 3.5 7 Copyright © 1997 Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
Año: 1997 Fecha: 9abri Página: 4a Sección: Notas: ss9 franco Publicación: Autor: JOSE ; 08/04,19:32
Inhabilitan a abogado por falta a la ética José Quintero De León De La Prensa Por primera vez, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia sancionó con inhabilitación por diez meses para ejercer la profesión de abogado a un ciudadano a quien se comprobó haber incurrido en faltas a la ética judicial. La audiencia se realizó ayer en la Sala de Casación donde la Sala Cuarta de Negocios Generales recibió la queja de un ciudadano peruano quien denunció al abogado Lucio Bernal por presunta estafa, ya que le entregó en varios pagos cerca de mil dólares con el fin de que tramitara el cambio de su condición migratoria. Sin embargo, señala el denunciante, Bernal dejó pasar el tiempo y no cumplió con el servicio para el cual fue contratado y pagado, lo que motivó una queja inicial ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, organismo gremial que remitió la querella a la Corte. La Sala Cuarta solicitó información a la Dirección Nacional de Migración sobre trámites realizados en favor de la condición del querellante, agencia de gobierno que confirmó que realmente Bernal no había gestionado documentación alguna en su favor. La audiencia fue presidida por el presidente de la Sala, magistrado Arturo Hoyos y concurrieron además los magistrados Rafael González y Carlos Cuestas.
Año: 1997 Fecha: 24-05 Página: 2a Sección: Notas: carmen * fm franco Publicación: Autor: LASTEN;23/05,18:26 Colegio de Abogados investiga unos cien casos de corrupción Lastenia Murillo Muñoz De La Prensa La vicepresidenta del Colegio de Abogados, Olga Golcher, informó ayer que existen en el Tribunal de Honor y Disciplina de ese gremio más de 100 denuncias contra abogados por supuesta corrupción, lo cual considera ``alarmante''. Explicó que a nivel de la Corte Suprema de Justicia figuran cinco abogados que han sido sancionados de manera severa por irrespeto a los magistrados de la Corte. Indicó Golcher que el Tribunal de Honor y Disciplina del colegio se encuentra investigando estas denuncias para determinar si existe algún tipo de violación a la ética y que su resultado será remitido a la Corte Suprema. La también candidata a la presidencia del Colegio de Abogados señaló que la sanción que le cabe a estos profesionales del derecho es la suspensión de la idoneidad, sanción con días multas y el retiro de la idoneidad para ejercer el cargo. Los abogados que han sido sancionados por irrespeto a los magistrados de la Corte Suprema son Rafael Rodríguez y Rodrigo Miranda, mientras que el abogado Lucio Bernal fue suspendido por nueve meses por faltas a la ética. Las elecciones para escoger al nuevo presidente del Colegio de Abogados se realizarán el próximo mes de junio, y hasta el momento la abogada Golcher es la única mujer postulada para este puesto. Copyright © 1997 Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
Año: 1997 Fecha: 20/10 Página: 3a Sección: Notas: carmen xxxfranco Publicación: Autor: MANOLO;19/10,11:43
CNA expulsará a abogados que falten a la ética
Manuel Alvarez Cedeño De La Prensa
El presidente el Colegio Nacional de Abogados (CNA), César Guevara, advirtió ayer que ``serán expulsados'' de esta organización los malos juristas, a los que se les compruebe que cometen faltas a la ética en el ejercicio de la profesión. Se informó que durante la pasada directiva del CNA, se acumularon 200 procesos disciplinarios en el Tribunal de Disciplina de esta organización, más otras 20 denuncias interpuestas desde el mes de agosto pasado. Al respecto, Guevara afirmó que ``el Tribunal de Disciplina renovado, tiene el firme propósito de llevar adelante las investigaciones y sanciones a los abogados que violen la ética profesional, y sean una escoria para esta profesión''. Entre las faltas más comunes en que incurren los abogados, es que le cobran al cliente pero no cumplen con atenderlo, lo que sobre todo se da en los casos penales. También hay denuncias de que algunos abogados ``le quitan'' los clientes a otros abogados sin que estos últimos hayan recibido su paga por el trabajo realizado. Igualmente se denunció que algunos abogados dejan transcurrir sin justificación un término dentro de un proceso, lo que afecta negativamente al cliente. Por esto, el presidente del CNA solicitó a la ciudadanía que denuncie ante la instancia disciplinaria los casos de violaciones a la ética profesional en el que se vean involucrados los abogados. Si el tribunal de honor encuentra méritos en las denuncias que se hagan, entonces recomendará a la sala cuarta de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia la sanción correspondiente, que incluso puede ser la suspensión de la idoneidad profesional, añadió. ``Y ojalá que las recomendaciones que formule el tribunal disciplinario del CNA, solicitando la suspensión, sea acogida por la Sala Cuarta'' de la Corte Suprema de Justicia, dijo. ``Tenemos que expulsar a estos señores, que son malos abogados, del templo que es este colegio de abogados'', dijo el presidente del CNA, aunque no mencionó los nombres de los que han sido acusados por la comisión de supuestas faltas a la ética profesional.
ARCHIVADO:25 jun 1998 PAG:1a AUTOR:ABREGO;24/06,18:42Asegura Sossa El Colegio de Abogados tiene lista de colegas cuestionados
SECCION:
NOTAS:ss25.
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Omar Rodríguez y Lorenzo Abrego De La Prensa El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, aseguró ayer que el Colegio Nacional de Abogados tiene desde hace dos años los nombres de los abogados cuya conducta debía ser evaluada. El pasado jueves 23 de junio, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, le pidió al procurador Sossa que diera los nombres y los apellidos de los abogados que, en el ejercicio del derecho a la defensa, transgredan los límites de la ley para convertirse en ‘‘cómplices’’ de los delincuentes. La solicitud de Guevara se produjo, después que el Procurador fustigara abiertamente a sus colegas abogados, en especial a Miguel Antonio Bernal, a quién llamó ‘‘delincuente’’ por declararse perseguido político. Sossa dijo ayer que el presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, tenía los nombres de los abogados, pero ‘‘no había hecho nada’’. ‘Desde hace dos años le entregué a Guevara una serie de documentos con los nombres de algunos colegas cuya conducta ameritaba ser evaluada y hasta el momento no he recibido la respuesta del presidente del Colegio de Abogados’’, indicó Sossa. ‘‘Yo creo que si se trata de dar nombres él ya tiene suficientes para hacer un buen trabajo’’, precisó Sossa antes de soltar una pequeña carcajada, recordando que en algunos medios de comunicación, otros abogados hacen señalamientos en contra de algunos juristas. Cabe destacar, que recientemente el Fiscal Segundo, Luis Martínez ordenó la detención de los abogados, Gilberto Boutin, Leosmar Tristán, Ariel Corbetti y Eric González, quienes son investigados por estafa y asociación ilícita para delinquir en perjuicio del empresario norteamericano, Marc Harris. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, señaló ayer que no recuerda que el Procurador le haya enviado una lista con los nombres de los juristas que han cometido faltas éticas, pero aceptó que en nota separada Sossa le ha indicado los nombres de por lo menos tres abogados. ‘‘Yo no le tapo sinvergüenzuras a nadie, pero estoy en contra de que se generalice sobre las malas conductas de los abogados’’, precisó Guevara. ‘‘No vamos a guardar secreto a favor de nadie y si alguna persona tiene pruebas en contra de un abogado que las presente ante las instancias correspondientes’, expresó Guevara. Explicó que las denuncias que recibe contra un abogado son remitidas al Tribunal de Honor para que se le den los trámites respectivos. Recalcó que no quiere entrar en polémica con Sossa, sino rescatar la imagen de los abogados en el país.
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http://biblioteca.prensa.com/contenido/2000/09/39g34459.html ARCHIVADO:16 Sep 2000 PAG: SECCION:opi NOTAS:luz/14septsabado-lina PUB: AUTOR:VIELK;28/08,14:33 Jueza ultraja la abogacía Francisco Zaldívar S. El abogado ante todo, debe ser un respetuoso servidor y colaborador de la justicia La profesión de abogado está reglamentada para asegurar su pleno ejercicio sin que nada le afecte: ni temores ni amenazas ni los poderes de las autoridades. El abogado, ante todo, es un respetuoso servidor y colaborador de la justicia; es una necesidad en todo régimen de derecho y requiere de garantías para practicar su noble misión en representación de los que a él acuden, por actuaciones administrativas, judiciales o de cualquier clase. La abogacía es una profesión regulada por la Ley 9 de 18 de abril de 1984 reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, en donde se establecen las condiciones para ejercerla, incompatibilidades, protección, procedimientos y sanciones. Cuando el abogado está en ejercicio de sus funciones, lo reviste un manto jurídico de protección, que asegura la defensa o representación de terceros. Nadie está autorizado a entorpecer o coartar el ejercicio de la profesión y el servidor público que se niegue a aceptar la gestión de un abogado o que la entorpezca o coarte, incurre en infracción de la ley con la posibilidad de ser sancionado con 30 días de suspensión del cargo la primera vez, y destitución en caso de reincidencia; sin perjuicio del quebrantamiento de las normas penales de abuso de autoridad, omisión o extralimitación de funciones. El abogado ejerce –como lo dirían los romanos– una acción sacra, pues es la voluntad de las libertades y los derechos las que se encarnan en él. Son profesionales preparados para defender, asesorar o representar técnicamente a terceros. El ordenamiento jurídico exige un comportamiento apegado a la ley, una forma de conducta especial denominada ética forense, que sanciona coercitivamente a sus contraventores, a través de procesos disciplinarios que se inician ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y concluyen en la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. La libertad corporal del abogado en ejercicio de su misión ante las autoridades judiciales administrativas o de cualquier orden, es sagrada; sería la última de cualquiera de las medidas más oprobiosas, privarlo de ella en el momento del ejercicio de su profesión. Si no hay libertad para el abogado, no la habrá para nadie. Recientemente, en el Juzgado Nocturno de Policía, que preside la estudiante en calidad de jueza, Liriola Montero, se incurrió en un atentado serio al ejercicio de la profesión. Un letrado que requería a la jueza la idoneidad de un supuesto abogado, quien representaba a un capturado por estafa por causas jamás justificables, estimó la juzgadora que la ofendió; inmediatamente impartió orden de detención, y el abogado fue encerrado en una celda bajo custodia policial. Como abogado acudí entonces a gestionar inmediatamente la libertad del colega, y me asombró la actitud de la jueza Liriola Montero, quien no pudo razonadamente justificar lo que había hecho. Me habló de tres hechos y ninguno ameritaba la medida extrema de privación de libertad.
Sentí que la jueza no era ecuánime ni paciente, que son las características de toda buena autoridad. Percibí que no sentía ningún respeto por la investidura de mi persona como abogado. Esa noche me sentí tres veces irrespetado por palabras que surgieron de la honorable jueza. Ante mi insistencia, perdió la paciencia señalando que según su parecer ‘‘las palabras me entraban por un oído y me salían por el otro’’. Dispuso sancionar con multa de 15 balboas por irrespeto al abogado, por lo que le pedí que aumentara la multa a 16 balboas para poder recurrir al superior. Mi petición provocó su hilaridad. Me pidió que pasara a su despacho llamándome inexplicablemente ‘‘cínico’’. No motivó la resolución que emitió, y al abogado que estaba detenido en la celda, lo sancionó con 15 días de arresto conmutable, con la sola mención de que lo hacía por irrespeto. No se sabe en definitiva en qué consistió el irrespeto, porque no lo sustentó. Si el abogado perturbaba el Juzgado, que nunca lo hizo, debió expulsarlo del despacho como lo establece el Código Judicial, pero nunca reducirlo a arresto. Al solicitarle al cabo de la Fuerza Pública –encargado de la celda– que me diera su nombre para acreditar la prueba del arresto, se negó, ocultó el pecho para que no leyera su placa. Requerí a la jueza que me diera el nombre del cabo, y me contestó que no lo sabía. Le pedí, más de una vez, que le diera la instrucción para que me facilitara su nombre y me ignoró. El agente seguía ocultándose el pecho en presencia de la jueza, sin que ésta hiciera algo al respecto. ¿Si a un abogado en momento del ejercicio de la profesión, se le priva de la libertad en una celda, qué puede esperarse en el Juzgado Nocturno de San Miguelito de los derechos de los que allí acuden o son conducidos? El autor es abogado
Copyright © 1998 Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados. FECHA: 2001/07/13 Investigan a Emeterio Miller MARIO A. MUÑOZ
[email protected] Los miembros del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados abrieron una investigación contra el abogado Emeterio Miller por supuestas faltas a la ética. La decisión se tomó luego de que Federico Anguizola y Rogelio Samudio Arjona, que representan a la empresa Productos Superiores, S.A. denunciaron a Miller por haber firmado un acuerdo de transacción extrajudicial sin autorización de esa empresa, a la que representaba, para que se archivara el caso que llevaban contra la empresa Travel Fox Internacional. Miller, que actualmente es magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, declaró que iba a abstenerse de hacer comentarios, porque opinaba que los asuntos judiciales no se deben ventilar en los periódicos, sino en los tribunales. Miller, a nombre de Productos Superiores, presentó una demanda penal con acción de secuestro
por la expedición de cheques sin fondos por la suma de 225 mil 656 dólares, el 22 de octubre de 1998. Pero durante el proceso, según los denunciantes, Miller no gestionó ni hizo trámite alguno para cobrar la suma, y el día 16 de mayo pasado, éste y Darío Carrillo Gomila, en representación de Travel Fox Internacional, firmaron el acuerdo mencionado en el que solicitan que se archive el expediente. Los abogados pidieron al procurador de la Nación que ordene una instrucción del sumario contra Miller, y que éste devuelva la suma de dinero producto de la transacción. © Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
FECHA: 2001/08/09 En 1994 un fallo de la Corte Suprema de Justicia decretó que la pertenencia al Colegio Nacional de Abogados no era un requisito para ejercer la profesión y rompió así el vínculo necesario entre la institución y los miembros del gremio. Luego de aquel pronunciamiento, basta con que se pertenezca a cualquier asociación jurídica -en el país hay muchas, siendo el colegio una más entre otras- para cumplir con la exigencia de agremiación. ¿Cómo se hace ahora cuando se producen denuncias contra los abogados por faltas a la ética? El colegio mantiene un Tribunal de Honor que solo puede intervenir si el denunciado es uno de sus miembros. No todas las asociaciones tienen tribunales de ética que conozcan de acusaciones de este tipo contra los agremiados, lo cual conduce a una ausencia de mecanismos que protejan los intereses de los que han sido sorprendidos en su buena fe cuando han contratado los servicios de un profesional del derecho. El problema es real, porque si a las denuncias de violaciones del código de ética del abogado no siguen las correspondientes acciones de investigación y determinación de las responsabilidades, la profesión, como un todo, se desprestigia. Hacemos esta reflexión en el día del abogado, porque es en interés del gremio superar la actual situación que pone en tela de juicio el alma de la toga. © Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
FECHA: 03/04/03 260 abogados denunciados El Colegio de Abogados ha recibido en los últimos cuatro años 260 denuncias JEAN MARCEL CHERY
[email protected] Al menos 260 abogados han sido denunciados en los últimos cuatro años ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (CNA) por la supuesta comisión de faltas a la ética profesional. El vicepresidente del Tribunal de Honor del CNA, Rubén Rodríguez, confirmó ayer que entre 1999 y 2001 se presentó un promedio anual de 76 denuncias, mientras que el año pasado disminuyeron a 32 querellas. Los denunciantes son, en su mayoría, clientes de los letrados, indicó Rodríguez. Sin embargo, el caso más reciente de un abogado que supuestamente ha infringido normas éticas es el de Leonardo Bonadíes Mora, quien fue objeto de una querella por parte de un colega. El CNA solicitó a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia citar a juicio a Bonadíes Mora por ser un presunto infractor del Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado, en perjuicio del constitucionalista Miguel Antonio Bernal. En este caso particular, el Tribunal de Honor del CNA observó que en su actuación el abogado Bonadíes Mora utilizó contra un colega “expresiones malévolas e injuriosas”. Según Rodríguez, una vez que el Tribunal recibe las denuncias por supuestas faltas éticas, evalúa si hay suficientes méritos, ante lo cual las admite e -inmediatamente- da traslado al abogado denunciado, el cual tiene cinco días para sus descargos. De determinarse que persisten los méritos, el Tribunal pide un juicio ante la Sala Cuarta de la Corte, la cual debe determinar si sanciona o no al presunto infractor. El presidente del CNA, Carlos Vásquez, dijo que este es el gremio que más se preocupa por adecentar su profesión. No hemos podido obtener informes sobre los trámites de sanciones disciplinarias gestionados por otros gremios de profesionales, comentó. © Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
FECHA: 02/09/03 Tribunal sanciona a abogado por dilación en caso Banaico JEAN MARCEL CHERY
[email protected] El Segundo Tribunal Superior de Justicia sancionó ayer a un abogado por la “evidente” dilación del proceso seguido contra cinco personas sindicadas por la supuesta estafa y asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos que supuestamente causaron en 1996 la quiebra del Banco Agroindustrial y Comercial (Banaico). El descalabro financiero de Banaico provocó que 46 millones de dólares de sus cuentahabientes fueran declarados como irrecuperables, según el expediente. De acuerdo con la vista fiscal, unos 40 millones de los fondos del banco fueron tramitados por el presidente del liquidado banco, Manuel Salvador Morales, a través de sociedades anónimas que eran de su propiedad. La audiencia del caso Banaico, fijada para ayer en el Juzgado XII, fue suspendida una vez más. La razón: Elías Domínguez, abogado de la subgerente de Banaico, Maritza Ramos de Mattaden, anunció ante el Juzgado XII un recurso de casación contra una resolución que le negaba la aportación de pruebas. También son sindicados Bruno Bemporad, gerente general del quebrado banco; Irasema Subía, oficial de cuentas, y Gonzalo González, ex gerente. Fuente judiciales explicaron que el Juzgado XII había denegado la solicitud de aportar pruebas hechas por el abogado Domínguez. Además, añadió, el Segundo Tribunal Superior ratificó la decisión del juzgado. No obstante, el abogado insistió, presentando un recurso de casación contra esa última decisión. El Segundo Tribunal Superior rechazó “de plano” el recurso de casación y sancionó con mil dólares al abogado Elías Domínguez porque es “evidentemente dilatorio”. Además, remitió al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados copia de esa decisión para que esa entidad inicie un proceso por la posible falta a la ética en la que hubiese incurrido por Domínguez. En tanto, el Juzgado Decimosegundo fijó para el próximo 22 de septiembre la nueva fecha de audiencia. © Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.
FECHA: 25/05/04 Acusados, unos 400 abogados Vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, pide sanciones severas contra sus colegas CYNTHIA SANCHEZ
[email protected] La Ley que regula la profesión de la abogacía necesita reformas profundas, porque unos 400 abogados están implicados en casos de negligencia y otros delitos, los cuales ameritan ser fuertemente sancionados y enviados a prisión por las autoridades, advirtió el vicepresidente del Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Alvarez. “Vamos a sugerir reformas para agilizar los procesos que tenemos en el Tribunal de Honor y Disciplina y castigar fuertemente a todos los responsables en estos casos de negligencia y corrupción”, arguyó. De acuerdo con Alvarez, hay muchos casos en que los abogados no juegan un papel responsable. “Hubo un caso que me dio ganas de llorar”, dijo; “tres trabajadores perdieron el caso porque los abogados no se presentaron a la audiencia”. Estos trabajadores —según Alvarez— perdieron 40 mil dólares en pago de salarios y ahora nadie se responsabiliza de su situación laboral. “Nosotros queremos que para el día de mañana haya normas duras que castiguen y metan presos a los abogados que actúan de forma irresponsable y negligente”, agregó. Actualmente las sanciones que contempla el Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Derecho son muy suaves, las que van desde amonestación privada, pública, suspensión temporal y una suspensión hasta dos años. Alvarez abogó porque haya castigos más severos, “si nosotros en la profesión queremos poner un ejemplo a las demás profesiones...”. Hace algunos años el legislador arnulfista, Marcos González, presentó una denuncia sobre varios casos de abogados supuestamente implicados en estafa, quienes cobraban su emolumentos por adelantado sin asistir a sus clientes. La denuncia de González quedó en nada, ya que a la fecha el CNA no se ha pronunciado. © Corporación La Prensa. Todos los derechos reservados.