NOTA INFORMATIVA CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES

Senado de la República, 5 de marzo de 2015

AMNISTÍA INTERNACIONAL PRESENTA INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

Portada del Informe 2014/2015 de Amnistía Internacional, http://img.static.reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources-pdf-previews/295676POL1000012015SPANISH.PDF.png

1

Fuente:

Introducción El 26 de febrero pasado Amnistía Internacional presento el informe La Situación de los derechos humanos. Informe Anual 2014/15. La evaluación documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2014 comparándolos con algunos acontecimientos y mediciones importantes de 2013. El documento contiene un prólogo, cinco reseñas regionales y el análisis individual de 160 países. La organización internacional hace un análisis de las situaciones más delicadas para la protección de los derechos humanos en cada país en torno a diferentes ejes como: la tortura, la impunidad, derechos reproductivos y seguridad. Si bien el informe da testimonio del sufrimiento de personas durante situaciones de conflictos, desplazamiento forzado y discriminación, también refleja la pujanza del movimiento de derechos humanos, y pone de manifiesto que en determinadas áreas se han hecho avances indiscutibles para proteger y garantizar esos derechos. Situación global De acuerdo con el reporte anual, 2014 fue especialmente difícil para millones de personas atrapadas en la violencia. La respuesta global a los conflictos y a los abusos cometidos por Estados y grupos armados ha sido calificada de “vergonzosa e ineficaz”. De acuerdo con Amnistía Internacional, la situación en el ámbito global se caracteriza por:  La presencia de grupos armados no estatales, entre ellos el grupo autodenominado Estado Islámico, que ejercen un control similar al de un Estado sobre cada vez más poblaciones civiles, sometidas a ataques, persecución y discriminación. A este respecto y de acuerdo con declaraciones de Anna Neistat, Directora General de Investigación de Amnistía Internacional “a medida que la influencia de grupos como Boko Haram, Estado Islámico y Al Shabaab traspase las fronteras nacionales, cada vez más civiles se verán obligados a vivir bajo su control, sometidos a abusos, persecución y discriminación”.  El agravamiento de las amenazas contra la libertad de expresión y otros derechos, como las violaciones de derechos causadas por nuevas leyes antiterroristas draconianas y por la vigilancia masiva injustificada.  El empeoramiento de las crisis humanitarias y de refugiados, con un número cada vez mayor de personas desplazadas a causa de los conflictos -cuatro millones sólo en Siria- en tanto que los gobiernos continúan cerrando fronteras y la comunidad internacional sigue sin proporcionar auxilio ni protección suficiente.1 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas El documento refiere que las Naciones Unidas se crearon hace 70 años para garantizar que no se repetirían los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, señala que se ha fracasado estrepitosamente a la hora de buscar soluciones viables para las necesidades más apremiantes de nuestra época. En los casos de Siria, Irak, Gaza, Israel y Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado las crisis y los conflictos –ni siquiera en situaciones en las que los Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil–. En opinión de la organización internacional esto se ha debido a intereses creados o a conveniencias políticas. 1

Una consecuencia trágica de la incapacidad de la comunidad internacional para ocuparse de los conflictos radica en las crisis de refugiados más graves que el mundo ha conocido, mientras millones de personas siguen huyendo de la violencia y la persecución.

2

A partir de lo anterior, Amnistía Internacional pide que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renuncien a su derecho de veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades masivas. Dicha acción puede otorgar a la ONU más posibilidades de actuar para proteger a la población civil cuando haya vidas en situación de grave riesgo. Asimismo, se enviaría a los responsables de abusos el firme mensaje de que el mundo no se quedará de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades masivas”.2 Cabe señalar que esta es precisamente la postura de México y Francia tal cual fue explicada ya en la nota de coyuntura de este Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques publicada el pasado 20 de septiembre de 2014. Comercio de armas y respuestas draconianas En 2014, el sangriento legado del flujo de armas a países donde Estados y grupos armados las utilizan para cometer graves abusos cobró decenas de miles de vidas de civiles. Amnistía Internacional pide a todos los Estados –incluidos Estados Unidos, China, Canadá, India, Israel y Rusia– que ratifiquen y se adhieran al Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor el año pasado.3 Asimismo, solicita a los dirigentes mundiales que impongan nuevas restricciones para hacer frente al uso de armas explosivas en zonas pobladas que dieron lugar a innumerables muertes de civiles en ese mismo año. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que su respuesta a las amenazas contra la seguridad no menoscabe derechos humanos fundamentales ni fomente más violencia. El Informe Anual detalla las reacciones de diversos gobiernos a las amenazas contra la seguridad con tácticas draconianas y represivas, ente ellas las siguientes: 

Afganistán: reiteradas violaciones de derechos humanos, incluidas denuncias de tortura y desapariciones forzadas.



Kenia: promulgación del proyecto de Ley sobre Leyes de Seguridad (Enmienda), una disposición legal represiva en materia de seguridad que podría dar lugar a restricciones generalizadas de la libertad de expresión y de circulación.



Nigeria: comunidades aterrorizadas desde hacía años por Boko Haram se volvieron cada vez más vulnerables a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que con frecuencia respondieron con homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y tortura.



Pakistán: las autoridades levantaron la suspensión de las ejecuciones y comenzaron a ejecutar a presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

La Perspectiva Regional de América En muchos países de América, la desigualdad es cada vez más profunda, la discriminación, la degradación medioambiental, la impunidad histórica, la creciente inseguridad y los conflictos 2

De acuerdo con declaraciones de Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, en Amnistía Internacional, “La respuesta global a las atrocidades cometidas por los Estados y los grupos armados, es ´vergonzosa e ineficaz´”, comunicado, 27 de febrero de 2015. Consultado el 2 de marzo de 2015 en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/02/27/la-respuesta-global-a-las-atrocidades-cometidas-por-losestados-y-los-grupos-armados-%E2%80%9Cvergonzosa-e-ineficaz%E2%80%9D/?o=n 3 De acuerdo con el informe, en 2014 se entregaron enormes remesas de armas a Irak, Israel, Rusia, Sudán del Sur y Siria, a pesar de las altísimas probabilidades de que estas armas fueran utilizadas contra poblaciones civiles atrapadas en los conflictos. Cuando el Estado Islámico se hizo con el control de extensas zonas de Irak, encontró grandes arsenales, listos para ser recogidos.

3

continúan impidiendo a la población el pleno ejercicio de sus derechos humanos. De hecho, quienes estaban a la vanguardia de la promoción y defensa de tales derechos hacían frente a intensos niveles de violencia. Durante 2014 se produjeron respuestas públicas masivas ante violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho del continente, desde Brasil hasta Estados Unidos, incluyendo a México y Venezuela. Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción, y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos. De acuerdo con la organización, aumentó la violencia por parte de organismos tanto estatales como no estatales contra la población general y, especialmente, contra los movimientos sociales y los activistas. Ello incluye un incremento notable de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.4 El informe destaca algunos casos particulares como la muerte de Michael Brown y Eric Garner a causa de disparos por la policía estadounidense y las protestas derivadas de estos hechos. Hace mención del caso de la campesina Margarita Murillo muerta por disparos en la comunidad de El Planón, Honduras. Refiere la desaparición de 43 estudiantes en México, y de decenas de heridos en Venezuela durante los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno. Destaca, además, la anulación de la condena del general Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala, declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, y cuya condena fue anulada sólo 10 días después por un tecnicismo jurídico. Esta larga lista de abusos contra los derechos humanos permanece a pesar de que los Estados de la región han ratificado y promovido activamente la mayoría de los tratados y normas regionales e internacionales de derechos humanos. Lo anterior se refleja en que:  Las fuerzas del orden han respondido una y otra vez a las protestas contra las políticas gubernamentales con el uso excesivo de la fuerza. En Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela, incumplieron las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, so pretexto de proteger el orden público.  El continente dispone de algunos de los mecanismos y leyes contra la tortura más sólidos a nivel nacional y regional. Sin embargo, la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados y los responsables rara vez comparecen ante la justicia.  El acceso real a la justicia sigue estando fuera del alcance de muchas personas, sobre todo de las pertenecientes a las comunidades más desfavorecidas. La ineficacia de los sistemas judiciales, la falta de independencia del poder judicial, y el evitar rendir cuentas y proteger intereses políticos, delictivos y económicos particulares de algunos sectores, se mencionan como algunos de los obstáculos a una adecuada impartición de justicia.  En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las condiciones de las prisiones son de hacinamiento extremo, violencia y carencia incluso de los servicios más básicos. Decenas de miles de personas permanecen recluidas en espera de juicio durante largos periodos debido a las demoras en los sistemas de justicia penal.

4

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró 40 homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en los nueve primeros meses de 2014.

4

 La mayoría de los países han aprobado leyes para combatir la violencia contra mujeres y niñas. No obstante, de manera general, se destaca la falta de mecanismos efectivos para su protección, sobre todo en las comunidades pobres y marginadas. El informe destaca que la inseguridad y las carencias sociales en sus países de origen empujaron a un número creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompañados, a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Los migrantes que atravesaban el país continúan siendo víctimas de homicidios, secuestros y extorsiones perpetrados por bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas han sido especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata de personas.5 La situación de los derechos humanos en México El argumento central del informe de Amnistía en lo que a México concierne es que la situación de los derechos humanos reseñada el año pasado ha empeorado por problemas de la política de seguridad del Estado mexicano:  El número de desaparecidos y torturados, así como el de homicidios en nueves meses de 2014 es alto y casi igual a los sucedidos en 2013.  La cifra de homicidios registrados en México en los primeros nueve meses de 2014 fue de 24.746, frente a los 26,001 del mismo periodo de 2013.  Entre 2005 y 2010 sólo existen siete condenas federales por el delito de desaparición forzada. El informe indica que en el país "siguen siendo comunes las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura en el contexto de las actividades de la delincuencia organizada". Se apunta además que "debido a la falta de rendición de cuentas de las fuerzas oficiales de seguridad, existe un escenario donde la impunidad continúa siendo la norma". Aunado a lo anterior, se denuncian abusos cometidos por militares desplegados en operaciones de seguridad pública. Desapariciones forzadas y tortura De acuerdo con Amnistía Internacional, las incompletas y limitadas indagaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México ponen de manifiesto las graves deficiencias del Estado mexicano a la hora de investigar la corrupción y la connivencia endémicas y generalizadas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada, así como el alarmante nivel de impunidad. Se precisa que no se proporcionó información sobre la posible responsabilidad de funcionarios públicos estatales o federales y que, salvo la confirmación de un caso, al terminar el año seguía sin conocerse el paradero de 42 estudiantes. El informe señala como otro caso emblemático: la ejecución extrajudicial cometida por miembros del Ejército el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde al menos 15 presuntos sicarios fueron ejecutados, tras haberse rendido y estar desarmados. La evaluación precisa que durante 2014, las autoridades federales realizaron una serie de declaraciones contradictorias sobre la cifra de denuncias de personas desaparecidas. En agosto el gobierno mexicano reconoció que había 22,611 pero señala que las autoridades no han hecho pública la metodología empleada para obtener esa cifra.

5

De acuerdo con el informe, entre octubre de 2013 y julio de 2014, en Estados Unidos fueron detenidas 52,193 personas migrantes menores no acompañadas, casi el doble que durante los 12 meses previos.

5

Las detenciones arbitrarias así como la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía federal, estatal y municipal ha sido un asunto generalizado en todo el país. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y estatal, fueron pocos los procesamientos, y prácticamente no se dictaron condenas contra los funcionarios responsables. Durante el pasado decenio; sólo siete torturadores habían sido condenados por tribunales federales. La evaluación cita el informe Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, en el que se documenta un preocupante incremento de la tortura y pone de relieve la cultura imperante de tolerancia e impunidad respecto a esta práctica en México. En ese informe, se detalla un sondeo según el cual el 64% de los mexicanos teme ser torturado al ser detenido y se refiere que de acuerdo con una estimación realizada por la organización, la incidencia de tortura en México creció en un 600% de 2003 a 2013. Acceso a la Justicia La evaluación refiere que en marzo, como parte de una reforma gradual, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en las 31 jurisdicciones estatales, en la del Distrito Federal así como en la jurisdicción federal. No obstante, durante 2014 no se habían definido los criterios para excluir pruebas. Por otra parte, en junio entraron en vigor las reformas del Código de Justicia Militar, reformas que excluían del sistema de justicia militar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles. Destaca, asimismo, que en enero se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con arreglo a la Ley General de Víctimas para proporcionar a las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos, un mejor acceso a la justicia y la reparación del daño. Sin embargo, el reglamento de la Ley General de Víctimas no se aprobó, lo que limita la aplicación de la Ley. Migrantes, indígenas, mujeres, niñas y niños Desde la perspectiva de la organización, la inseguridad y la privación social en sus países de origen empujaron a un número creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompañados, a cruzar México para llegar a Estados Unidos. Las bandas delictivas continuaron matando, secuestrando y extorsionando a estos migrantes, a menudo con la connivencia de funcionarios públicos. Se reitera que las mujeres y los niños y niñas están especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata. La violencia contra mujeres y niñas, a través de actos como violaciones, secuestros y feminicidios, siguió durante 2014, siendo endémica en todo el país. Buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, protección e investigación de la violencia de género. Además, las comunidades indígenas continuaron siendo discriminadas en el sistema de justicia penal y tienen un acceso limitado a los servicios básicos, como el agua, la vivienda y la asistencia médica. Derechos humanos en riesgo y libertad de expresión Numerosos defensores de los derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas o fueron víctima de homicidios como represalia por desempeñar su tarea. Debido en gran medida a las deficiencias en las investigaciones y a la falta de interés de las autoridades, especialmente las estatales, no se tuvo noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Uno de los temas que preocupa a la organización internacional es el estado de la libertad de expresión que se encuentra amenazada, por distintas iniciativas de ley restrictivas en la Ciudad de México, y los estados de Puebla, San Luis Potosí y Quintana Roo. Esas nuevas legislaciones, dice Amnistía Internacional "buscan regular la manifestación pública y la libertad de expresión y autorizar el uso de la 6

violencia para controlar manifestaciones públicas."6 Otra de las preocupaciones centrales contenidas en el Informe tiene que ver con la “enorme” disparidad entre el número de quejas que recibe y las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

6

El documento cita el fallecimiento en Puebla de “un muchacho de 13 años de edad” que murió en el contexto de una manifestación, posiblemente como resultado del uso excesivo de la fuerza.

7