OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR A FAVOR DE TODA PERSONA UN TRABAJO DIGNO; IGUALMENTE SE PROPONE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO

Norahenid Amezcua Ornelas

México vive una gravísima crisis general, que incluye el naufragio de la economía; pero es aún más grave la crisis social, humana, que como una peste agrede con saña a nuestro pueblo. Así nos encontramos: con el hambre que campea por todos los rumbos de nuestro país, haciendo estragos especialmente sobre la vida de los niños, una educación vergonzosa nos mata en la desigualdad y niega todo futuro, una salud inspirada en la muerte para el lucro de unos cuantos, una seguridad social en pleno desmantelamiento. Al propio tiempo el creciente desempleo, subempleo, empleo informal, subcontratación y demás formas de simulación de la relación de trabajo, rompen en tremendo sismo a las familias, los sueños, el crecimiento económico, la seguridad pública. Pero además, este crimen social, tan cínico e injusto, se encuentra legalizado por un Estado de Derecho cada vez más opresor, inequitativo, corrupto, alejado de la justicia. Un Derecho en cada vez mayor enfrentamiento con el debe ser del Derecho.

Las cifras del INEGI son una cruel biografía del absoluto fracaso de un gobierno y un sistema, que en materia social otorga a nuestro país muchos de los primeros lugares, del horror, a nivel mundial. La única manera de comenzar a poner fin con este estado de cosas, con efectividad y dignidad, es garantizar a cada mexicana y mexicano con derecho al trabajo, un empleo digno. Lo cual no debe enfocarse como simple buen deseo, demagogia, o como sueño imposible. El Estado debe ser un garante de los derechos sociales de los mexicanos.

Y sin duda es el empleo, el primer derecho social, ya que de su realidad y estabilidad nacen, de manera directa o indirecta, todos los demás: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura. Esto independientemente de los valores

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inmateriales, de tipo emocional, psicológico que derivan del trabajo. Luego es absolutamente una agresión de los derechos humanos, la negación del empleo a un mexicano, esto especialmente en perjuicio de los jóvenes.

El aplicar todos los medios, el abrir todos los caminos, para dar plena efectividad al derecho humano al trabajo, es obligación prioritaria del Estado. Es otorgar plena dimensión a la calidad de ciudadano, o simplemente humano de una persona. Por el contrario negar el trabajo significa poner en situación de franca discriminación, de desventaja, al que lo padece.

Es evidente, que a diferencia de otras épocas sociales, el trabajo ya no es un acto meramente natural, una actuación directa y libre sobre los recursos naturales, sino que su creación implica la formación de una red de relaciones jurídicas, económicas, en general sociales, cuyo eje es el propio Estado. Luego no basta la voluntad de una persona para emplearse, si no que se requiere le sean abiertas las puertas de las estructuras necesarias por parte del Estado en interrelación con los empresarios.

Es decir, el trabajo ha pasado de mero acto natural a acto social; esto cobra especial relevancia, en la compleja sociedad actual, en la que las clases y sus diferencias se han radicalizado a tal grado, que la actual lógica de la acumulación del capital se contrapone al respeto humano al empleo, y especialmente al empleo digno. Almacenamiento ocioso de riqueza social en manos privadas con el deleznables fin de disfrutar de lujos bochornosos, preferencia del uso de tecnología de punta sobre el uso de mano de obra en criminal indiferencia a las necesidades de la gente, negación de los derechos de los trabajadores transformando la riqueza de unos cuantos en succionadora de la sangre, los sueños, la dignidad de los trabajadores; ¡da rabia ver como nuestro pueblo se está transformado en una fila de harapos, frente a indecentes fortunas que por su sola existencia deberían ser cuestionadas y procederse penalmente. Es decir, el empleo si bien es un acto social, dada la amplitud de este concepto, podemos afirmar que más precisamente se traduce en un acto económico, y más aún político.

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Luego, la provisión de los empleo necesarios para la población pasa a ser un acto esencialmente político, un acto que debe ser llevado a cabo conciente, planificadamente, con todas las armas de poder en sus manos, por parte del Estado, lo contrario es un acto de incumplimiento en esencia, de sus atribuciones. Es un acto de cobardía, de criminalidad histórica el dejar al pueblo sujeto a los alevosos intereses y decisiones de la aristocracia empresarial, incluida la empresa en que se ha transformado de manera cínica el propio gobierno.

Ya basta de que la abstracción subyugue al derecho al empleo. Así como el respeto al derecho a la educación exige la creación de escuelas con la estructura humana correspondiente, y para el de vivienda, casas. El derecho al trabajo debe cumplirse no sólo con discursos, planes, elefantes blancos, guerras de cifras; sino así de sencillo, ¡con empleos concretos, tangibles, uno a uno y además dignos, en favor de cada persona con derecho al mismo! Ya basta de que los pocos empleos que se crean sean como miserables barracas a punto de desfallecer, momento a momento! ¡Ya basta de que nuestros empleos sean predominantemente ciudades perdidas!

Luego entonces sin abstracciones mentirosas, embabaducadoras, el Estado debe de crear la infraestructura jurídica, económica, social, sancionadora, para que en coparticipación con la sociedad, todos las personas que necesiten y puedan trabajar, trabajen.

De no cumplir con esta obligación sustancial del y para el Estado, éste debe indemnizar al titular de este derecho incumplido. En forma de seguro de desempleo, que debe crearse con carácter nacional, general y obligatorio, caso contrario deberá cubrirse una indemnización en un solo pago para que el afectado esté en posibilidad de

autoemplearse

y

obtener

una

entrada

equivalente

a

un

salario.

Complementariamente, el Estado, deberá dar todo tipo de apoyos en materia de vivienda, salud, educación y otros, al desempleado y a su familia, para sustituir en lo posible la falta de ingresos derivados del desempleo.

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Siendo el empleo el conducto para que las personas reciban los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, en bien igualmente de la propia sociedad en su desarrollo; ante su falta, lo que ante todo deriva de la conducta omisa y responsable del Estado, éste debe reparar su conducta, asumir su responsabilidad. De lo contrario carece en gran parte de sentido la propia existencia del Estado.

Esto cobra aún más importancia en las actuales circunstancias que han elevado el desempleo a cifras históricas, baste volver a recordar que al 1º. Trimestre del 2010, la población desocupada llegó a un total de 2,458,701, que debe sumarse a una población disponible de 5,612,968 y a las 2,765,087 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los de subempleados 4,086,652 y más de 12 millones de trabajadores informales. Es decir, una verdadera catástrofe social. Para no hablar de los salarios cada vez más injustos.

Baste rememorar las cifras de escándalo sobre los 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Perdiendo el país el motor base para arrancar a más altos niveles de riqueza, como lo han hecho otros países.

El empleo es como el pegamento que mantiene unida a toda la sociedad. Al faltar, no debe sorprendernos que todo caiga por los suelos: las familias, la armonía social en todos los sentidos, hasta la esperanza. A este respecto cabe señalar que el artículo 123 Constitucional, apartado “A” en su primer párrafo señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.”

Es evidente, por lo antes dicho, lo alejado que está la realidad del mandato constitucional. Esto se debe en parte a la redacción misma de este precepto, que

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otorga a las personas un derecho al trabajo en abstracto sin que imponga al Estado de manera directa y concreta la obligación de garantizarlo, debiendo éste asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento.

Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es reformar el Primer Párrafo del artículo 123, Apartado “A “de la Constitución, a efecto de transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario.

Para lograrlo, el gobierno en sus tres ámbitos de gobierno, deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político, para cumplir su principal atribución y, al propio tiempo el principal derecho de los mexicanos: el derecho a que se le garantice un trabajo digno. Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos pues hablando del denominado “pleno empleo”.

El derecho al trabajo es el eje de la propia Constitución, ya que nutre a todos los demás: el derecho a la vida, a la salud, a la democracia, al desarrollo de los menores y sus familias, a la existencia y fortalecimiento de la seguridad social, por citar algunos.

En contraposición a todo lo expuesto, los gobierno neoliberales han hecho añicos los empleos, con mayor razón si hablamos de empleos dignos. Han destrozado la planta productiva, en general la economía nacional, destacadamente el mercado interno; han hecho sangrías constantes del poder adquisitivo de los salarios, han expulsado a millones de mexicanos que buscan una alternativa en países extraños, en una de las peores y más dolorosas, diásporas de nuestra historia. Han condicionado, cuando no impulsado por acción u omisión, la aplicación del trabajo de muchos

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mexicanos en bien de los grupos criminales. Las únicas plazas que están creciendo son al servicio de la criminalidad; que toma como víctimas ante todo a los jóvenes.

Para no hablar, de la cínica destrucción masiva de plazas con fines políticos y privatizadores en las industrias minera y eléctrica.

Desde luego, las personas a quienes el Estado viole su derecho a un trabajo digno deberán tener acción legal para demandarle su cumplimiento. Esta es una más de las medidas indispensables para que el derecho al trabajo no quede como un buen deseo.

Igualmente, como un instrumento de importancia para revertir la actual crisis del empleo y garantizar el derecho al empleo, se propone la creación de un Consejo Nacional del Empleo, que se definirá como una instancia de coordinación entre todas las instancias de gobierno, al más alto nivel, y los factores de producción.

Así pues,

se hace indispensable reformas constitucionales, en los siguientes

términos:

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho a que el Estado le garantice un trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo. Asimismo se establece como obligación del Estado la creación de un seguro de desempleo, el otorgamiento de los apoyos necesarios para el autoempleo y demás medidas necesarias, justas y equivalentes. En caso contrario el afectado tendrá acción legal para hacer efectivo su derecho al trabajo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I a XXV. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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XXV Bis. Se crea el Consejo Nacional del Empleo como una instancia de coordinación, para garantizar el derecho al empleo, en el que participarán el titular del Ejecutivo Federal y los Secretarios del Despacho, los Gobernadores de los Estados y el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, las directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y diez representantes, tanto de los trabajadores y como de los patrones.

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