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Plan para un Gobierno de Transición para un periodo de 18 meses

Michael Bliemsrieder versión julio 2016

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Plan para un Gobierno de Transición para un periodo de 18 meses

Introducción: Por qué un Gobierno de Transición El Ecuador está en un punto de no retorno. El régimen de la llamada Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa y Alianza País, ha destruido la estructura social de la Nación y nos ha conducido a la peor crisis económica del último medio siglo. A inicios de 2016, el gobierno nacional: •

Ha acumulado una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares, más que todos los gobierno de los últimos 45 años sumados, una deuda que sigue creciendo, que es impagable bajo cualquier escenario actual y que ha arruinado la reputación financiera del Ecuador.

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Ha saqueado la seguridad social civil y militar, desconociendo la deuda pública y transformando los recursos del IESS, el ISSFA y el ISSPOL en la caja chica del Estado.

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Ha destruido la salud pública, dedicándose a construir hospitales excesivamente costosos y mal equipados, dejando a los ecuatorianos sin medicinas, sin médicos especialistas, y sin atención oportuna y profesional.

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Ha arrasado con el sector productivo, imponiendo impuestos desmedidos, aranceles y normas al sector empresarial con el fin de debilitar la economía privada y aplicar modelos estalinistas centralizados que no han funcionado nunca y en ninguna parte, con el resultado de cientos de medianas y pequeñas empresas cerradas o al borde del cierre, y decenas de miles de personas en el desempleo y miles más en el subempleo.

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Debido a su incapacidad en el manejo económico, ha dejado al Ecuador sin reservas monetarias, sin respaldos de oro y sin liquidez para enfrentar problemas financieros globales como la caída de los precios del petróleo y eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño.

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Ha iniciado una campaña sistemática de tierra quemada, confiscando los últimos recursos que le quedan al pueblo ecuatoriano a través de nuevos impuestos y aumentos de precios, en un acto desesperado de mantener el excesivo e incoherente gasto público y afianzar su control total sobre la población, dejando sin alternativas sociales y económicas a la próxima administración.

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Ha puesto la seguridad nacional en grave e inminente riesgo al debilitar y desmoralizar a las Fuerzas Armadas, sembrando conflictos y división entre ramas y rangos y reduciendo sistemáticamente su capacidad operativa para defender al país de amenazas internas y externas.

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Al suscribir convenios inconvenientes y entreguistas, en términos incompatibles con nuestra Constitución y bajo condiciones inaceptables desde puntos de vista políticos, sociales y económicos, ha entregado la soberanía nacional a potencias comunistas e islámicas extranjeras.

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Ha tomado el poder de todas las funciones del Estado, desmantelando la independencia y división constitucional de Poderes, dejando al pueblo ecuatoriano en absoluta indefensión y eliminando toda posibilidad de que el proceso electoral de febrero de 2017 tenga los niveles de confiabilidad y las garantías de transparencia requeridos en una Democracia.

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Lejos de escuchar el clamor popular, que pide un cambio de rumbo y ajustes al manejo de la Nación, Alianza País ha instaurado y radicalizado un régimen autocrático y elitista de represión, censura, persecución y corrupción, que desprecia al ser humano, que se alimenta de los recursos del pueblo ecuatoriano y que siembra el odio y la división entre compatriotas.

El Ecuador no puede continuar por este camino. El régimen de Alianza País debe terminar de una u otra manera, e inmediatamente después debe implantarse un proceso de restauración y reconciliación de la Nación que permita retornar a la Democracia, repare la estructura social, reactive la economía y lleve a la justicia a quienes causaron esta tragedia.

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Nuestra oposición tradicional Desafortunadamente, los miembros de nuestra oposición son políticos profesionales que están pensando en sus carreras y futuros personales y partidistas, y no han manifestado ningún interés en resolver ahora la trágica y cada vez peor situación actual del país y de nuestro pueblo. Nuestros políticos de oposición están proponiendo esquemas electorales y alternativas económicas desconectadas y puntuales para un sistema democrático normal, que al momento no existe en el Ecuador. Nuestros movimientos y partidos políticos están atrincherados en posiciones ideológicas individualistas que no reflejan las necesidades de consenso ni contienen las soluciones básicas que el Ecuador requiere de manera urgente. La transición del sistema autoritario de economía socialista centralizada de la revolución ciudadana a un sistema democrático va a ser traumática y requerirá la toma de decisiones trascendentales que pocos políticos estarán dispuestos a tomar debido a su impacto en sus respectivas carreras políticas.

La Solución: Un Gobierno de Transición Para resolver la situación de falta de acuerdos y posiciones ideológicas encontradas, incompatibles e irreconciliables, proponemos un paso intermedio: el establecimiento de un Gobierno de Transición, elegido de una lista única elaborada en consenso por todos los sectores políticos, económicos, sociales y de base, sin figuras tradicionales ni personas con intereses electorales, que llevará a cabo las acciones básicas necesarias para restaurar y reconciliar a la Nación. Este Gobierno durará en el cargo 18 meses y gobernará sin otra ideología más que el salvataje del país. Luego de este periodo, el Gobierno disolverá la Asamblea Nacional, presentará un paquete de reformas constitucionales a consulta popular y convocará a elecciones generales para Presidente y Vicepresidente de la República, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios electos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Visión de País: hacia dónde queremos llegar El Gobierno que asuma una vez terminada la Revolución Ciudadana deberá impulsar un Ecuador más moderno, humanista, solidario, compasivo, creativo e innovador en todos los aspectos; que mantenga y mejore los logros de las últimas décadas; que sea coherente y consistente con una democracia social del siglo 21; que aplique las lecciones de otras sociedades sin copiar sus modelos; que prepare el camino para convertir al Ecuador en una potencia tecnológica, científica, turística, industrial, comercial y social en América Latina; que abandone los experimentos caudillistas y autoritarios de Alianza País; donde el gobierno no sea un fin en sí mismo y donde el gobernante sea un ciudadano más, llamado a servir al pueblo, que pueda caminar por las calles sin temor, sin guardaespaldas y sin caravanas militares y policiales. Durante los 18 meses de su administración, el Gobierno dejará sembradas las bases para un país donde el pueblo manda y el gobierno escucha; donde la protesta es un mecanismo de expresión popular y no un crimen; donde las organizaciones de la sociedad civil son un pilar fundamental del desarrollo; donde la prensa libre es el mensajero y no el enemigo; donde nadie está por encima de la Constitución y la Ley; donde las oportunidades son iguales; donde la salud, la educación, la alimentación, el agua potable, la electricidad, la telefonía básica y el acceso al Internet no son lujos sino los componentes de una red social elemental provista por el pueblo para el pueblo a través del Estado. Durante estos 18 meses, el Gobierno debe establecer como principios fundamentales, con pasos prácticos y concretos, que el papel del Estado es la creación y garantía de las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades básicas, y que su prioridad es fomentar el desarrollo socioeconómico individual y colectivo de los ecuatorianos y las ecuatorianas, sin distinción de ideología y sin condicionamientos políticos; manejando los recursos del pueblo de manera prudente, sin desperdicio y con visión de futuro.

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Igualmente, durante estos 18 meses el Gobierno debe ser respetuoso y humilde; soberano pero no soberbio; enfrentar y resolver los problemas con firmeza y dentro del marco de la Ley; ser transparente en lo bueno y lo malo, reconocer sus errores y aceptar las consecuencias; consultar al pueblo las veces que sean necesarias; administrar el Estado sin imponer su visión ideológica o religiosa; y exigir y defender la separación e independencia de las funciones del Estado.

Reconciliación Entendemos que Alianza País ha dividido al Ecuador usando la violencia ideológica y el odio partidista, fomentados a lo largo de una década desde todos los lados del espectro político. Vemos un país que perdió la esperanza luego de haber creído en una renovación que tal vez empezó bien pero que perdió el rumbo. Vemos un pasado que quisimos dejar atrás pero que al final nunca se fue, y vemos cómo antiguos fantasmas quieren retornar diciéndose salvadores de la Patria. Compartimos la frustración acumulada de años de opresión y el deseo de toda una Nación de voltear la página y emprender un nuevo camino. El Ecuador es uno solo y le pertenece a los ecuatorianos y las ecuatorianas, con nuestras diferencias y similitudes, pero unidos en una Patria indivisible. Durante los 18 meses de transición, el Gobierno deberá impulsar un proceso de reconciliación nacional, donde la sed de venganza dará paso al imperio de la justicia; donde trascenderemos la tentación de devolver las piedras que nos lanzaron; donde reconoceremos los logros sin olvidar las ofensas; y donde toda la Nación mirará hacia adelante sin olvidar el pasado. En ese mismo espacio de tiempo, de manera prioritaria e inmediata, el Gobierno deberá eliminar las estructuras de represión social y redirigirá los esfuerzos de seguridad a perseguir no a los sectores sociales marcados como supuestos enemigos internos del Estado, sino a los enemigos verdaderos que azotan el país, como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la guerrilla de la frontera norte y la delincuencia organizada. El gobierno deberá devolver también, de manera sumaria y sin condicionamientos, la independencia y libertad a los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. El Gobierno deberá investigar todos y cada uno de los casos de personas asesinadas bajo condiciones sospechosas y retomará la búsqueda de todos y cada uno de los desaparecidos, sin pensar en tiempos ni costos. Investigará cada caso de persecución, discriminación, destitución laboral y desplazamiento forzoso por razones de pensamiento, expresión, ideología o conveniencia, y de ser el caso iniciará los procedimientos para proveer las reparaciones necesarias. Igualmente, el Gobierno prohibirá todo tipo de requisito o direccionalidad laboral o educativa que estén relacionados con la orientación ideológica de las personas, incluyendo el cobro obligatorio de contribuciones “voluntarias” y la contratación preferencial o destitución basada en lealtades políticas. El Gobierno instaurará estrictos controles para que nadie sea obligado a acudir a mítines y marchas políticas ni que sea sancionado o discriminado por mantener posiciones ideológicas distintas al gobierno, especialmente si son servidores públicos. A estos últimos lo único que se deberá exigir, de manera escrita y con fuerza legal a través de los respectivos contratos y nombramientos, será eficiencia y dedicación al servicio público, y jamás se pedirá lealtad a línea partidista o ideológica alguna. Para mantener la honestidad, la transparencia y la equidad durante este periodo, el Gobierno creará las Comisiones de la Verdad y Reconciliación y los Observatorios Ciudadanos que se requieran, garantizando su independencia y colocándolos bajo protección apolítica y apartidista. Como Nación perdonaremos a quienes nos ofendieron, pero aplicaremos la Ley a quienes la violaron; nadie se podrá escudar en la inmunidad tratándose de delitos flagrantes, y nadie será intangible, no importa qué tan importante o poderoso sea o haya sido. Se restaurará la honra de quienes fueron agredidos por el poder, y con humildad y la frente en alto pediremos disculpas en nombre de la Patria.

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Empezar de Nuevo Durante estos 18 meses, el Gobierno preparará un paquete de reformas constitucionales para desmontar el excesivo poder entregado a la Función Ejecutiva y restaurar las garantías y libertades del pueblo ecuatoriano. Culminado el periodo de transición, el Gobierno disolverá la Asamblea Nacional, presentará a consulta popular el paquete de reformas constitucionales y convocará a elecciones generales para todos los puestos de elección popular, incluidos la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Serán 18 meses de un periodo de transición nacional que cerrará una época aciaga en la historia del país.

Los 18 meses Para cumplir con la Visión de País y con nuestros objetivos de Reconciliación, durante sus 18 meses el nuevo Gobierno deberá aplicar las siguientes prioridades generales.

La implementación de un plan emergente de manejo del aparato estatal para garantizar su funcionamiento y evitar el colapso de las funciones y servicios básicos del Estado, en especial la defensa nacional, la seguridad y el orden públicos, la salud y la educación. El restablecimiento de los mecanismos democráticos independientes en el país, incluyendo la restructuración y depuración de las Funciones del Estado, el sistema judicial ordinario y constitucional, y el sistema de protección de los Derechos Humanos. La reconstrucción del andamiaje social y la devolución de la responsabilidad social y la independencia de vida al pueblo ecuatoriano. La reactivación del sector productivo y la estabilización de la economía mediante la inyección de recursos, la racionalización y disminución del gasto público, la reducción y/o eliminación de impuestos y aranceles, la postergación de pagos y renegociación de la deuda externa, la reinserción del país en los instrumentos comerciales y financieros internacionales y multilaterales, y el retorno de la cooperación internacional al país. El desmantelamiento del aparato represivo del Estado, incluyendo la eliminación de entidades de vigilancia y control social y la derogatoria de leyes persecutorias, así como la reforma al Código Integral Penal. Reconciliación: La aplicación de la justicia, independiente y bajo observación social nacional e internacional, a quienes cometieron delitos administrativos, civiles, penales y contra los Derechos Humanos al amparo y en nombre del Estado durante los gobiernos de Rafael Correa y Alianza País (incluidos aquellos considerados bajo el Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad y la Convención de Ginebra sobre conflictos no internacionales).

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Con el fin de lograr cumplir con las prioridades señaladas, el nuevo Gobierno deberá aplicar las siguientes medidas:

Plan Emergente para el funcionamiento del aparato estatal a) Diagnóstico intensivo de la estructura de la Función Ejecutiva. Contracción y unificación inicial de funciones de Ministerios, Secretarías y demás entidades del sector público. Priorización de funciones fundamentales que no pueden detenerse. Mantenimiento temporal de nombramientos y contratos de servidores en funciones estratégicas hasta llevar a cabo un análisis de situación más detallado. b) Diagnóstico inmediato del estado de la provisión de medicinas y profesionales de la salud. Apertura de la importación de medicinas no producidas en el país. Apertura de centros médicos emergentes a través de la Cruz Roja, las Fuerzas Armadas y organizaciones de la sociedad civil para atender lugares y casos prioritarios. Declaración de incentivos tributarios inmediatos a compañías farmacéuticas y centros de salud privados para la producción de medicamentos específicos para enfermedades raras y catastróficas y para la recontratación de profesionales de la salud existentes en el país. Restauración de los convenios internacionales para el tratamiento en el exterior de pacientes con enfermedades raras y catastróficas. Diagnóstico y saneamiento de la deuda pública a los proveedores de salud privados, y delegación de más casos a dichos centros (incluidos los hospitales universitarios), de ser necesario. Derogatoria del Decreto Ejecutivo 703 referente a la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Salud, y establecimiento de una comisión especializada con la inclusión de los gremios de la Salud en la discusión, elaboración y/o reforma del nuevo Código Orgánico de la Salud. c) Diagnóstico del estado de establecimientos educativos, vías de acceso, material educativo, equipamiento y nivel y cantidad de profesionales de la educación. Reapertura emergente de establecimientos cerrados, incluidos aquellos eliminados para el establecimiento de las escuelas del milenio. Declaración de incentivos tributarios para las empresas de producción e impresión de materiales educativos y para las empresas de transporte escolar. Revisión de los casos de acoso escolar por parte del Estado y reversión de sanciones ilegales. Eliminación de las estructuras gubernamentales de adoctrinamiento escolar, como la Red de Maestros y las federaciones de estudiantes paralelas. d) Diagnóstico del estado operativo y niveles mínimos requeridos del equipamiento y suministros de las Fuerzas Armadas. Repotenciación y adquisición emergente de equipamiento prioritario. Diagnóstico y ajuste de las estructuras de mando. Fortalecimiento de las fronteras norte y sur, con énfasis en prevenir la entrada de grupos irregulares con fines de subversión y sabotaje del nuevo gobierno. Fortalecimiento de la vigilancia de infraestructura estratégica, incluidas la Refinería Estatal de Esmeraldas, el oleoducto y otras líneas de transporte de combustibles, las plantas de generación y líneas de transmisión eléctrica, y otras. Reforzamiento de las capacidades del aparato de inteligencia militar y de contrainteligencia. Revisión de sueldos y salarios con enfoque apolítico y apegado a las responsabilidades, capacitación y rango de los miembros de la Fuerza. e) Reuniones emergentes con los Prefectos, Alcaldes y Jefes de Juntas Parroquiales para identificar las necesidades prioritarias de sus jurisdicciones y diseñar planes de financiamiento para cubrir dichas necesidades. f) Depuración de las delegaciones diplomáticos en el exterior. Restablecimiento de la Academia Diplomática. g) Reconocimiento formal de la autonomía universitaria, incluyendo la reversión de acciones de manipulación e intervención tomadas por el gobierno de Alianza País dentro de los centros educativos superiores, como por ejemplo el desconocimiento de las autoridades elegidas en la Universidad Andina Simón Bolívar.

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Restablecimiento de los mecanismos democráticos a) Declaratoria, mediante Decreto Ejecutivo, del Estado de Grave Crisis Política y Conmoción Interna, a fin de abrir los caminos para depurar los organismos de control y decisión que al momento de iniciarse la transición se encuentren en manos del movimiento Alianza País. b) Invitación a los organismos públicos y privados de derechos humanos, electorales, libertad de prensa y anticorrupción, nacionales e internacionales, a participar como observadores legalmente acreditados en los procesos de depuración y restauración de los mecanismos democráticos en el país. c) Cese en funciones de los consejeros principales y suplentes, hombres y mujeres, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y convocatoria a elecciones de un nuevo Consejo, bajo requisitos de apartidismo, neutralidad y de no haber formado parte del gobierno de Rafael Correa y Alianza País, bajo estricta observación social. d) Remoción de los miembros del Pleno de la Corte Constitucional y revisión y fiscalización de los procesos de selección de los miembros alternos. De ser el caso, ejecución de un proceso para la selección de nuevos miembros, a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. e) Remoción de los consejeros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, e inicio del proceso para la selección de nuevos consejeros, a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. f) Remoción del Fiscal General de la Nación y del Procurador General del Estado, y nombramiento de sus reemplazos a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. g) Remoción del Presidente del Consejo de la Judicatura y destitución de manera permanente de su cargo como vocal de dicho Consejo. Suspensión de las funciones de los demás vocales principales y suplentes del Pleno del Consejo de la Judicatura, hasta llevar a cabo una fiscalización independiente de sus correspondientes procesos de selección y de las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo. De ser necesario, destitución de los vocales principales y suplentes y ejecución de un proceso para la selección de nuevos vocales, a cargo del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. h) Declaración del estado de Vacancia Judicial, aplicable únicamente al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por un plazo de 30 días a partir de la asunción del nuevo gobierno. Fiscalización de los procesos de selección y de las decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo a los miembros de dicho Pleno, y destitución de los miembros en los casos que amerite. De ser el caso, ejecución de un proceso para la selección de nuevos miembros, a cargo del nuevo Consejo de la Judicatura. Exención de la Vacancia Judicial señalada para las salas especializadas y demás estamentos de la Corte Nacional de Justicia, los cuales continuarán en sus funciones de manera inalterada. i) Solicitud al Defensor del Pueblo para que renuncie a su cargo y dé paso a la sucesión correspondiente. Caso contrario, destitución del mismo y sustitución de acuerdo a los mecanismos legales establecidos. j) Con el fin de simplificar y fortalecer los mecanismos de participación popular en los procesos electorales, reforma inmediata al Código de la Democracia, especialmente en lo relativo a los mecanismos de supervisión y conteo electoral; la asignación de escaños en los cuerpos legislativos de varios niveles; los requisitos para la inscripción de movimientos, partidos políticos y candidatos independientes (es decir, que pueden inscribir candidaturas personales sin la necesidad de auspicio de partidos o movimientos políticos); la normativa para la solicitud de convocatoria a consulta popular; y la normativa para la revocatoria de funcionarios de elección popular. k) Declaratoria de nulidad, por vicios de procedimiento, de las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015 y publicadas en el Suplemento del Registro Oficial 653 del 21 de diciembre de 2015.

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Reconstrucción del andamiaje social a) Derogatoria del Decreto 739 sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC), publicado en el Registro Oficial No. 570 del 21 de agosto de 2015, y normas similares que restrinjan o afecten el derecho constitucional de la población a asociarse. Inicio de un proceso de discusión para la modernización de las secciones referentes a dichas OSC en el Código Civil. Directiva a las entidades del Estado con atribuciones de registro de las OSC para que se limiten a confirmar la legalidad de los objetivos propuestos por aplicantes a dicho registro y no emitan criterios cualitativos subjetivos acerca de la conveniencia para el Estado o la sociedad de dichos objetivos. b) Implantación de incentivos de fomento tributario y otros para el establecimiento de organizaciones de la sociedad civil con fines de carácter social, destinadas a recibir la delegación de acciones prioritarias que el Gobierno, por motivos de jurisdicción, capacidad técnica o ausencia de financiamiento, no está en posibilidad o capacidad de llevar a cabo. c) Derogatoria de leyes y otras normativas que centralizan y radicalizan el control estatal sobre los recursos naturales, restringen las libertades e imponen visiones ideológicas sobre el desarrollo personal. Derogatoria de la Ley de Régimen Especial de Galápagos y normas conexas, e inicio de un proceso de discusión para la promulgación de una nueva Ley más acorde con la realidad del archipiélago. Inicio de un proceso participativo con los actores sociales para la definición de necesidades, contenidos y prioridades para el rediseño y aprobación de la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA). d) Suspensión definitiva de las actividades exploratorias y de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y revocatoria de la autorización para llevar a cabo actividades extractivas en dicha área, incluidos, entre otros, los bloques 31 e ITT. Suspensión temporal de los permisos y concesiones mineras en áreas sujetas a degradación y contaminación ambiental y en aquellas donde se han producido desalojos forzosos de la población residente. e) Restablecimiento de las relaciones con la cooperación técnica internacional y multilateral, invitación para el retorno de la misma e inicio de un proceso para la definición de mecanismos y prioridades de cooperación, con la participación de los actores privados y públicos nacionales e internacionales. f) Restauración del laicismo como alternativa en los programas de planificación familiar y recuperación de la visión técnica en los mismos. g) Reconocimiento de la deuda pública del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y elaboración de un plan de pagos de la misma con carácter de Ley. Restitución de los fondos de pensión del magisterio y otros fondos decomisados por el Estado, así como de los aportes del Estado a las pensiones jubilares civiles y militares, en la medida de lo financieramente posible. Revisión y restructuración de los servicios de salud y pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de su estructura administrativa y de inversiones. h) Restauración de los derechos de las personas de la tercera edad, discapacitados y personas con enfermedades crónicas que limitan su capacidad al trabajo independiente a la devolución del IVA, a la exoneración del pago del Impuesto a la Renta sobre las pensiones jubilares y demás beneficios de la seguridad social, y otros beneficios otorgados por la Constitución. i) Revisión y restauración de los mecanismos de cálculo y definición de las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza, adaptados a la realidad nacional y liberados de visiones ideológicas y de conveniencias de imagen estatal. j) Fortalecimiento y ampliación de la red social básica, con atención prioritaria a los desamparados, la niñez, los adultos mayores, las personas con trastornos mentales y las personas consideradas como minorías desatendidas, así como la priorización de atención en sectores rurales ubicados en categorías de pobreza y aquellos sectores considerados de escasos recursos. Esto incluye, entre otros: la ampliación de la cobertura de salud y educación a través de los sectores público y privado; incentivos tributarios para aquellas empresas y organizaciones de la sociedad civil que fomenten la alimentación adecuada; y el establecimiento de volúmenes mínimos gratuitos por núcleo familiar y vivienda para los servicios de agua potable, electricidad, telefonía fija e Internet.

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La reactivación del sector productivo y la estabilización de la economía a) Declaración de postergación de los pagos de la deuda externa. Revisión intensiva de los procesos y términos de créditos externos recibidos durante el gobierno de Alianza País y determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales, de ser el caso. Suspensión de los procesos de endeudamiento externo. Inicio de procesos de renegociación de deuda con los acreedores internacionales, incluyendo propuestas de mecanismos de sustitución de deuda por inversión social y ambiental, ampliaciones de plazo, facilidades de inversión extranjera dentro de los marcos de soberanía y protección de la industria nacional, entre otros. b) Restauración de la reserva monetaria nacional e internacional mediante el establecimiento de un fondo gradual de inversión de mediano y largo plazo. Eliminación de la figura del dinero electrónico como alternativa encubierta para debilitar la dolarización. Declaratoria firme y garantía de mantener el sistema económico dolarizado. c) Restablecimiento de las relaciones con la cooperación financiera internacional y multilateral, invitación para el retorno de la misma e inicio de un proceso para la definición de mecanismos y prioridades de cooperación, con la participación de los actores privados y públicos nacionales e internacionales. Establecimiento de procesos de microcrédito parcialmente o no reembolsable a través de líneas de cooperación financiera internacional. d) Mejoramiento de los canales de transporte, distribución, acopio, comercialización tradicional y comercialización alternativa de la agricultura, la pesca, la acuacultura y demás actividades agrícolas y pecuarias nacionales. e) Establecimiento y fomento de programas de ciencia, tecnología, innovación y protección ambiental públicos, privados y en alianzas público-privadas con fondos estatales, privados y multilaterales, utilizando infraestructura existente subutilizada (como las universidades Yachay e Ikiam), a fin de estructurar este sector como una nueva plataforma de generación de empleo. f) Derogatoria consensuada con el sector industrial, comercial y empresarial privado de normativa que establece sobretasas arancelarias y limitaciones al comercio exterior. g) Preparación y promulgación de un paquete de medidas de incentivo económico, tributario y aduanero para fomentar la inversión extranjera directa y mejorar la competitividad del país frente a los países vecinos, incluidas la exoneración temporal del impuesto a la salida de divisas, la garantía de mantener el marco jurídico vigente a la fecha de suscripción de los contratos de inversión, la exoneración temporal en el pago de aranceles para la importación de maquinaria y equipamiento, exoneraciones tributarias proporcionales al número de trabajadores ecuatorianos contratados, entre otras. h) Preparación y promulgación de medidas de incentivo, consensuadas con y apoyadas por un firme compromiso del sector industrial, comercial y empresarial privado, para la creación de empleo, la diversificación gradual de la industria, la reducción de precios de productos y servicios, y la recuperación del poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Entre estas medidas: reducción del IVA al 5% durante los primeros seis meses y posterior incremento gradual al 10% hasta culminar el periodo de transición; eliminación de normas de confiscación de utilidades; incentivos tributarios y tarifas preferenciales en servicios básicos a las empresas que amplíen su capacidad productiva y su base laboral; eliminación de aranceles, sobretasas e impuestos a materiales y equipos educativos, culturales y tecnológicos, incluyendo papel, impresos, instrumentos musicales, equipos informáticos, equipamiento escolar, y otros; reducción de las tarifas notariales; reducción de las tarifas bancarias; eliminación y/o reducción de los costos de matrícula vehicular e impuestos asociados, como el impuesto a la contaminación vehicular; fomento tributario y apoyo estatal para la creación de microempresas urbanas y rurales. i) Preparación y promulgación de reformas a la Ley de Compañías para simplificar los procedimientos de constitución y reportes para medianas y pequeñas empresas. Simplificación de los procesos y frecuencia de declaraciones tributarias para personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Ampliación de los rubros deducibles al Impuesto a la Renta para personas naturales y jurídicas. j) Reducción y modificación de la obligatoriedad al sistema bancario de mantener reservas excesivas en el Banco Central del Ecuador. Reducción de los costos del crédito bancario al sector privado. Eliminación de la obligatoriedad de aceptar papeles valorados (bonos y otros instrumentos similares)

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del Estado a cambio de reservas en efectivo o valores. Eliminación de la compra obligatoria de papeles valorados con los fondos de la seguridad social (incluyendo los fondos de pensiones privados, semipúblicos, IESS, BIESS, ISSFA e ISSPOL). k) Derogatoria de cualquier normativa que grave la plusvalía, las donaciones, los legados y similares, como lo que se propuso en los proyectos de Ley de las llamadas leyes de Redistribución de la Riqueza, Herencias y Plusvalía. l) Inicio de procesos inmediatos de avalúo y venta, mediante concurso, licitación o remate público, de activos improductivos y que no caen dentro de las funciones del Estado, incluyendo medios de comunicación, aviones presidenciales, vehículos de la flota estatal, inmuebles en desuso o subutilizados, bancos y entidades financieras estatales, empresas no estratégicas (como cementeras, inmobiliarias, haciendas y fincas, imprentas, etc.) y demás. m) Implantación de un programa de austeridad gubernamental, incluyendo la eliminación de gastos innecesarios (como enlaces ciudadanos, propaganda gubernamental, actos políticos progubernamentales, excesos en seguridad personal, viajes con extensas comitivas internacionales, entre otros), la reducción de asesores y vehículos, la obligatoriedad de usar vuelos comerciales (incluso para el Presidente y Vicepresidente de la República), reducción de consultorías, reducción de los salarios públicos, entre otros. n) Reducción del tamaño del Estado a través de la eliminación inmediata de entidades redundantes e innecesarias (como las Secretarías del Buen Vivir, de Transparencia, de Gestión de la Política, entre otras; la Agencia Espacial Ecuatoriana; el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, etc.) y la eliminación y fusión gradual de otras (como los Ministerios Coordinadores). El objetivo propuesto durante el proceso de transición es reducir el tamaño de la Función Ejecutiva a las siguientes entidades de nivel jerárquico superior: 1. Presidencia de la República 2. Vicepresidencia de la República (encargada del área social, el deporte, la cultura, el patrimonio cultural y el turismo) 3. Secretaría de la Administración (que asume la función de los Ministerios Coordinadores y de la Secretaría Nacional de Planificación) 4. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Secretaría de Industrias y Comercio Exterior 6. Secretaría de Gestión de Riesgos 7. Secretaría de lo Laboral 8. Ministerio de Salud 9. Ministerio del Ambiente 10. Ministerio de Educación (que incluye la educación superior) 11. Ministerio de Agricultura y Ganadería 12. Ministerio de Acuacultura y Pesca 13. Ministerio de Defensa 14. Ministerio de Gobierno (que reemplaza al Ministerio del Interior) 15. Ministerio de Obras Públicas 16. Ministerio de Finanzas 17. Ministerio de Relaciones Exteriores 18. Ministerio de Recursos Naturales (incluyendo petróleo, minas, electricidad, energía renovable y agua)

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Desmantelamiento del aparato represivo del Estado a) Derogatoria inmediata de la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento. Disolución de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM). Eliminación de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) como entidad independiente y creación de una secretaría de comunicación como oficina técnica adscrita a la Presidencia de la República. b) Expulsión inmediata de agentes extranjeros al servicio de los aparatos de inteligencia, represión e intimidación del Estado, incluidos los oficiales policiales y de fuerzas armadas extranjeros insertados con funciones de mando en las estructuras respectivas del Ecuador. c) Depuración, restructuración y redireccionamiento de la estructura, funciones y funcionarios de la actual SENAIN y el actual Ministerio del Interior para incorporarse a las labores de inteligencia antidelincuenciales de la Policía Nacional. Enfoque especial en la identificación y desmantelamiento de grupos irregulares creados por el gobierno cesante. d) Eliminación de otras instancias que sean identificadas y que actúen como agentes de hostigamiento, persecución, vigilancia e intimidación estatal extrajudicial, incluidos los así llamados Comités de Defensa de la Revolución, los troll centers, las organizaciones de adoctrinamiento y control político en los medios de comunicación y entidades del Estado, la Academia de la Meritocracia, y órganos similares. e) Evaluación de la permanencia del Ecuador dentro de organismos regionales con carácter eminentemente político y autoritario como ALBA, CELAC, UNASUR y otros. Retiro inmediato del Ecuador del Parlamento Andino. f) Revisión de la continuación de la existencia legal del movimiento Alianza País dentro de la normativa ecuatoriana, tomando en cuenta los antecedentes de sus acciones como herramienta de represión y hostigamiento ideológico contra la población ecuatoriana.

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Plan para un Gobierno de Transición para un periodo de 18 meses

Reconciliación: Aplicación de la justicia y reparación social a) Prohibición inmediata de la salida del país, por un plazo perentorio de un año y con fines de investigación administrativa, civil y penal, a los funcionarios y funcionarias de los varios gobiernos de Alianza País que hayan ocupado cargos con rangos de Presidente y Vicepresidente de la República; Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional; Secretarios Nacionales; Ministros Coordinadores; Ministros; Viceministros; Subsecretarios y Gobernadores. b) Formalización de la Comisión Nacional Anticorrupción como organización de la sociedad civil independiente, y establecimiento de las Comisiones de la Verdad y Reconciliación y los Observatorios Ciudadanos adicionales que se consideren necesarios. c) Liberación de las personas encarceladas por motivos políticos e ideológicos y archivo y/o declaratoria de nulidad de las causas pendientes y/o ejecutoriadas por dichas razones. Suspensión y revisión de los procesos de quienes estén acusados por terrorismo, rebelión, y otros cargos resultantes de acciones represivas e intimidatorias por parte del Estado. d) Investigación de todos los casos de asesinato, desaparición, tortura, desplazamiento forzoso, censura, persecución y otros violatorios de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hubieren dado desde el poder durante las administraciones de Rafael Correa. e) Inicio de auditorías especiales de oficio a las entidades del Estado dirigidas por los funcionarios con los rangos señalados previamente. Inicio de auditorías especiales sobre denuncias concretas en otros casos. Activación de causas pendientes en la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General de la Nación por motivos de peculado, malversación y otros delitos contra la fe pública. f) Fiscalización especial de los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de obras de infraestructura pública, tanto a nivel del gobierno central como en los gobiernos autónomos descentralizados. Revisión de concesiones y contratos otorgados a funcionarios del régimen de Alianza País de manera directa o a través de terceros. g) Inicio inmediato de procesos judiciales y trámites internacionales para la extradición de miembros del gobierno de Alianza País enjuiciados en el Ecuador y fugados a otros países. Inicio inmediato de procesos judiciales y trámites internacionales para la recuperación y repatriación de recursos mal habidos depositados en cuentas extranjeras por parte de funcionarios y/o allegados del régimen de Alianza País ya sea de manera directa o a través de terceros. h) Suspensión de los procesos de reversión de frecuencias iniciados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones hasta su revisión y auditoría. Revisión de los procesos de reversión de frecuencias ya ejecutoriados. Revisión de las sanciones impuestas y procesos judiciales iniciados por la SUPERCOM y el CORDICOM. Revisión de las frecuencias, concesiones y autorizaciones otorgadas de manera sospechosa a nuevos medios de comunicación. i) Investigación de los procesos de vigilancia y seguimiento judicial y extrajudicial llevados a cabo por la SENAIN, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otros estamentos utilizados por el gobierno de Alianza País para la persecución y hostigamiento del pueblo ecuatoriano. Investigación de las identidades verdaderas y actividades de los miembros de los llamados troll centers. Investigación del hackeo ilegal de cuentas privadas de correo electrónico, teléfonos y redes sociales llevados a cabo por miembros afines al gobierno de Alianza País. j) Investigación de los casos de corrupción judicial por parte de operadores de justicia en procesos resueltos a favor del gobierno de Alianza País y en contra de los ciudadanos, especialmente en temas relacionados con los derechos humanos. k) En general, investigación y presentación ante la justicia de quienes, en uso de su autoridad como funcionarios públicos u operadores de justicia, hayan cometido actos en violación de las Leyes y la Constitución de la República.

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@bliemsrieder

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