:: portada :: Chile :: 27-07-2006 33 años después del golpe de estado, el diario "El Clarín" continúa secuestrado

El Estado contra la libertad de prensa J. C. Cartagena y N. Briatte Rebelión

La manaña del 11 de septiembre de 1973, « El Clarín », el periódico más difundido y popular de la historia de Chile, fue asaltado por las tropas golpistas, los periodistas presentes fueron maltratados y hechos prisioneros, los locales y materiales secuestrados y confiscados.

Desde 1995, Victor Pey Casado (republicano español llegado a Chile a bordo del Winnipeg y amigo personal de Allende), propietario legal del diario, multiplicó los esfuerzos con el propósito de recuperar sus bienes ilegalmente sustraídos. Los gobiernos sucesivos de la Concertación han negado siempre la indemnización y han tergiversado en cuanto a la legitimidad de la propiedad. Según Joan Garcés (el más cercano consejero político de Allende), las maniobras para impedir la restitución de los bienes de la publicación a sus legítimos propietarios, comprenden «operaciones delictuales». «Se trata de un caso de corrupción con complicidades muy altas en las esferas más altas del gobierno de Chile». Esas operaciones incluyen hasta fraudes al fisco. Y esto a pesar que los tribunales chilenos, en octubre de 1995, hayan establecido que el único propietario del diario «El Clarín» era V. Pey.

En 1990, V. Pey y J. Garcés habían creado en Madrid la Fundación Presidente Allende (FPA). Este mismo año V. Pey donó a la FPA el 90% de las acciones del periódico «El Clarín». La Fundación se comprometió a reeditar la publicación con equipos periodísticos de primer orden y con tecnología de punta.

En octubre de 1997, en vista de la imposibilidad de obtener reparación a través de la justicia chilena, V. Pey y la FPA depositaron una querella contra la República de Chile ante el Tribunal Internacional de Arbritraje del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), cuya sede se encuentra en la Banca Mundial en Washington, afin de recuperar la propiedad del periódico.

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Este Tribunal esta compuesto de tres jueces. El Presidente del Tribunal es designado por la Banca Mundial y los otros por cada una de las partes.

En agosto de 2005, el Tribunal informó a las partes que existía un proyecto de resolución de arbritaje que se encontraba en proceso de traducción.

De manera extraña, el Estado chileno que había hasta ahora admitido todos los procedimientos de arbitraje, declaró no estar en condición de pagar las sumas correspondientes a los gastos de la fase final del juicio. Enseguida recusó la totalidad de los miembros del Tribunal, incluido aquel nombrado por él mismo.

A fin de desbloquear la situación, V. Pey se declaró dispuesto a aportar la suma debida por el Estado chileno afin de asegurar el funcionamiento del Tribunal. La actitud del Estado chileno frente al Tribunal puede parecer por lo menos sorprendente, pero no era su primera salida de madre.

Ya el primer árbitro designado por el Estado chileno, Sr. Witker, se vió obligado a renunciar pues había ocultado en su biografía su lugar de nacimiento en Chile. En circunstancias que ningún árbitro puede tener la nacionalidad de algunas de las partes.

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Su remplazante, el ecuatoriano Mr. Leoro, fue aún mas lejos, pues desveló, contraviniendo gravemente las reglas de arbitraje, el contenido del proyecto de sentencia del Tribunal Internacional. Esta falta grave forzó al CIADI a sancionar Chile privándolo de la facultad de nombrar un sustituto del Sr. Leoro otorgando ese derecho al Presidente de la Banca Mundial, el Sr. Wolfowitz.

La profesora Stern fue designada como remplazante del Sr. Leoro, pero el Estado chileno rehusó esta nominación bajo el pretexto que la Sra. Stern había publicado interpretaciones de derecho penal internacional en relación al « affaire » Pinochet cuando este fue capturado y retenido en Londres.

El Presidente del Banco designó entonces al francés Sr. Gaillard, profesor en la Universidad de Paris. Chile después de rechazar, sin éxito, esta nueva designación, dió una paso suplementario en el no respeto de los procedimientos enviando, el 13 de julio de 2006, una carta directamente al profesor Gaillard para convencerlo de declinar la oferta de ese puesto de árbitro. De acuerdo a las reglas de arbitraje del CIADI, toda comunicación escrita entre las partes debe efectuarse por el conducto del Secretariado General del Tribunal.

Frente la ligereza y ausencia de seriedad con que la administración chilena ha tratado este problema, incluso ante las más altas instancias internacionales, surge la interrogante sobre su sentido de responsabilidad y de lucidez a dirigir los destinos del país.

Por otro lado, esta constatación fue ya hecha por uno de los actores del proceso el Sr. Mayorga, quien fue hasta el 2003 uno de los abogados de la parte chilena ante el CIADI, declaró en mayo de 2006 que la actitud de las autoridades chilenas representaba una « grave amenaza para los intereses del Estado ». Además, el Presidente del Instituto Libertad, R. Ossandon, afirma que el caso « puede significar para el país una pérdida económica de dimensiones inconmensurables ».

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No hay que olvidar que las autoridades chilenas han desembolsado sumas considerables (dinero del contribuyente chileno), no solamente para impedir la restitución de bienes a su propietario, sino también, y sobre todo, para defender el monopolio de la prensa escrita instaurado por Pinochet y conscienzudamente protegido por la Concertación.

Por supuesto el diario « El Mercurio », portavoz de la derecha chilena, viendo amenazado su monopolio de la información, se ubicó de lado del gobierno chileno y ha montado una campaña, como de costumbre, plagada de falsedades, afin de desacreditar tanto las partes adversas como el Tribunal Internacional.

La pregunta que merece inevitablemente hacerse es porqué los gobiernos chilenos sucesivos están dispuestos a llegar hasta comprometer el prestigio del país (si alguna vez este existió) ante las instancias internacionales afin de impedir, por medio de la no indemnización, cuyo monto se eleva a 500 millones -daños e intereses incluidos-, la aparición de una competencia a la prensa servil y cómplice de la dictadura de Pinochet, única existente hoy en día. Los cuatro gobiernos de la Concertación y la derecha golpista han convergido en la defensa feroz de las instituciones pinochetistas que no pueden sufrir una sola fisura en el armazón anti-democrático.

Las autoridades chilenas, sabiendo que ellas no han tenido jamas razón en este caso, ni del punto de vista jurídico, ni menos aún en el plano moral, tratan por todos los medios, por una parte de silenciar el juicio en curso, y por otro lado, de prolongarlo utilizando los subterfugios ya mencionados.

A pesar de las maniobras de los responsables chilenos (sic), el desenlace se aproxima con la confirmación de los miembros del Tribunal Internacional y la publicación oficial de su sentencia -que se sospecha será favorable a las víctimas del despojo-, tanta ignominia y arrogancia se expone a no quedar impune. En efecto, ante tanta incuria, J. Garcés estaría estudiando una nueva querella contra Chile y sus abogados por violación de las normas que exigen el secreto y la reserva sobre las deliberaciones del Tribunal.

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El desarrollo de este caso es una ilustración suplementaria de la institucionalización de la impunidad, herencia de la dictadura de Pinochet, como lo son además la política económica, la criminalización de la acción social reivindicada por el nuevo ministro del interior, etc.

Asimismo, la FPA solicitó el 14 de julio de 2005 su reconocimiento en tanto que asociación al Estado chileno para comenzar a distribuir las indemnizaciones a 22.055 de las víctimas del régimen de Pinochet. El banco Riggs, que fue uno de los administradores de la fortuna oculta de Pinochet, entregó 9 millones de dólares a la Fundación, afin de evitar un proceso por complicidad de crímenes contra la humanidad en contra de sus dirigentes.

No siendo la mezquindad la última de las cualidades de las autoridades social-demócratas neoliberales de Chile, el Consejo de Defensa del Estado se negó a otorgar personalidad jurídica a la Fundación Presidente Allende exigiendo precisiones acerca de « los valores e ideales sustentados por Salvador Allende, y en que escritos constan dichos valores e ideales », impidiendo, al mismo tiempo, la indemnización de los sobrevivientes. A través esta afrenta las autoridades chilenas y la derecha golpista caminan una vez más de la mano. Este insulto a la memoria del Presidente mártir, a su familia, y a todos aquellos que combatieron por la libertad, recuerda, si fuese necesario, que los administradores chilenos ocupan sus puestos para defender los intereses de minorías privilegiadas, incluso extranjeras, pero también sus propios intereses. Las dificultades del pueblo chileno, y en primer lugar, de aquellos que han dado hasta sus vidas por restablecer la democracia, no constituyen más que las últimas de sus preocupaciones.

Fue solamente el 20 de julio de 2006 -un año después del depósito de la demanda- que la Sra. Bachelet ha graciosamente autorizado el reconocimiento de la FPA, retardando de paso, de cuatro meses el pago de las indemnizaciones a los beneficiarios.

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- Para información complementaria, ver el dossier arbitraje de Clarín digital: http://www.elclarin.cl/fpa/arbitraje.html

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