Proyecto de País Movimiento Estudiantil

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Indice de Contenidos:  

1. Introducción ................................................................................................. 3 2. Visión de País ............................................................................................. 5 3. Proyecto Social ........................................................................................... 8 a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................... 8 b) Objetivos .................................................................................................. 8 i) Seguridad Social ................................................................................... 8 ii) Seguridad Ciudadana ........................................................................... 9 c) Estrategias ............................................................................................... 9 i) Política Educativa .................................................................................. 9 ii) Política de Salud ................................................................................. 10 iii) Política en relación a los Servicios Públicos ...................................... 11 iv) Política en relación a los Bienes Básicos ........................................... 12 v) Política en relación a la Administración de la Fuerza ......................... 13 vi) Política de Participación Social y Ciudadana ..................................... 14 4. Proyecto Económico ................................................................................. 15 a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................. 15 b) Objetivos ................................................................................................ 16 i) Estabilidad Macroeconómica ............................................................... 16 ii) Alto Empleo ........................................................................................ 17 iii) Inclusión Social .................................................................................. 17 iv) Uso responsable de los recursos ....................................................... 18 v) Crecimiento y Desarrollo:.................................................................... 19 c) Estrategias ............................................................................................. 19 i) Estado de derecho .............................................................................. 19 ii) Política petrolera y manejo de la renta ............................................... 19 iii) Política Fiscal ..................................................................................... 21 iv) Política Monetaria .............................................................................. 22 v) Regulación .......................................................................................... 24 5. Proyecto Político Institucional ................................................................... 25 a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía .................................................. 25 d) Objetivos ................................................................................................ 25 i) Sistema democrático de origen y carácter civil ................................... 26 ii) Estabilidad política y gobernabilidad................................................... 26 iii) Descentralización efectiva en términos políticos y presupuestarios .. 26 iv) Institucionalidad en la administración pública .................................... 26 v) Espacios de participación individual y comunitaria ............................. 26 e) Estrategias ............................................................................................. 27 i) Estructura de los poderes .................................................................... 27 ii) Sistema electoral ................................................................................ 28 iii) Fuerzas Armadas ............................................................................... 28 iv) Contraloría Pública ............................................................................ 29 v) Convivencia y educación ciudadana: .................................................. 30 vi) Liderazgo Responsable ..................................................................... 30 6. Conclusión ................................................................................................ 31

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1. Introducción  En los últimos años han ocurrido una serie de cambios que producen un reacomodo y un nuevo orden mundial. Las grandes ideologías, aplicadas de forma absoluta, han fracasado en la consecución de sociedades más justas y prósperas. Algunos hablan del fin del socialismo, otros del fin del capitalismo, pero lo cierto es que los dogmas políticos, cuya aplicación trajo graves consecuencias a la humanidad, son cada vez menos aceptados y promovidos. En el marco de las Metas del Milenio de las Naciones Unidas, las amenazas climáticas que penden sobre nuestro planeta, y los incontables retos sociales que distancian al ser humano de la ética como instrumento para asumir su vida y su relación con los semejantes está claro que algo debe cambiar. América Latina es una clara muestra de estos retos globales. Los daños sufridos por la aplicación de programas políticos liberales no centrados en las necesidades sociales, y aplicados de forma idéntica, independientemente del contexto social y político, motivaron la concreción de gobiernos populistas de izquierda, que al priorizar la implantación de su ideología política, han sido incapaces de promover una generación suficiente y sostenible de riqueza y, más importante aún, de justicia. En Venezuela se da inicio a la revolución bolivariana. Una nueva constitución, la desintegración de los partidos políticos tradicionales, el cambio de los símbolos patrios, el cambio del sistema horario, el cierre de un canal de televisión, y los repetidos intentos de insertar cambios constitucionales por parte del Ejecutivo Nacional, son solo algunos de la larga serie de hechos que han deteriorado el sistema democrático, bajo el argumento de consolidar la revolución, sin solventar la deuda mantenida con las grandes masas desfavorecidas. En este contexto, los ciudadanos se han vuelto más participativos y conocedores de la realidad política que les circunda. Los jóvenes y estudiantes han respondido consecuente y responsablemente a las amenazas sistemáticas que se ciernen sobre la democracia venezolana. Han comprendido que estudiar y trabajar no es lo único que pueden y deben hacer por el país, y han sacrificado notas por tragar gas lacrimógeno. Han sacrificado dinero por perdigones. Han sacrificado comodidades para defender la democracia. Sin embargo, los esfuerzos reactivos para defender la democracia no son suficientes para sacar al país adelante. En este momento, Venezuela debe responderse a si misma preguntas de vital importancia. ¿Qué sistema socioeconómico queremos? ¿Cómo garantizar y mejorar nuestro sistema democrático? ¿Cómo hacer que los sectores más desfavorecidos superen su situación? ¿Qué hacer con la renta petrolera? ¿Cómo generar seguridad personal, social y ciudadana?. En fin, ¿Cómo vivir mejor en Venezuela? Responder estas cuestiones amerita pensar en acciones de largo plazo, que si bien pueden implicar sacrificios presentes, nos llevarán a un destino mejor como individuos y como país. En particular en Venezuela, estas acciones no suelen tomarse debido a la premura de las coyunturas políticas, de las necesidades sociales, debido al populismo de los gobiernos y al desconocimiento de estas medidas como alternativas válidas y eficientes en la solución de nuestras mayores carencias. 3   

Así pues, la implementación creíble y sostenible de medidas a largo plazo requiere la existencia de un consenso social alrededor de ellas, de cómo dan respuesta a nuestros problemas y de por qué son mejores que las alternativas de corto plazo en la generación de valor público. Solo con este consenso se garantiza que se haga contraloría y gobierno alrededor de las ideas compartidas por todos . Lamentablemente, la falta de credibilidad de las instituciones partidistas hace imposible que estas puedan fungir como fuente de las ideas de largo plazo a ser consensuadas por toda la sociedad. Debido a las acciones ejercidas por lo jóvenes y estudiantes en defensa de la democracia durante los últimos dos años, este sector es reconocido como un actor de cambio, capaz de forjar un futuro más prometedor, y de poder generar un cambio de rumbo para la nación. Capaces de imaginar y fraguar una nueva revolución de la ideas, de sentir la importancia de la lucha por los Derechos Humanos, del respeto a la vida, del valor de la democracia, de saber que la libertad se debe encontrar, sentir y vivir en la calle. Capaces de retomar el valor del espacio público, de saber que el país es una cuestión de todos y no de algunos. Los jóvenes naturalmente no poseen una carga histórica y asumen la responsabilidad ineludible de reparar los desastres que unos y otros han generado. Son el actor político con mayor credibilidad entre los ciudadanos venezolanos, los cuales están abiertos a escuchar los planteamientos e ideas de sus hijos y nietos. En este sentido, los jóvenes y estudiantes están en una posición aventajada para proponer una alternativa creíble y positiva para el país, con la posibilidad cierta de generar consenso social alrededor de una Visión de País y de las grandes líneas de políticas que deben implementarse para alcanzar dicha visión. El consenso debe alcanzarse con todos los actores políticos, sociales y económicos de la nación, tal que en el presente, o el futuro cercano, se haga contraloría y gobierno alrededor de las medidas consensuadas para la generación de valor público. Por ello, los jóvenes proponen el siguiente Proyecto de País, que presenta la Visión de País que sueñan, y esboza las ideas que están dispuestos a implementar para convertir dicha Visión en realidad.

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2. Visión de País  Venezuela es un país en donde existen los medios y mecanismos para que sus ciudadanos alcancen, con igualdad de oportunidades, una vida digna, a través de la seguridad social y ciudadana. La seguridad social permite el acceso a servicios de calidad en salud, educación, alimentación, vivienda, aseo y tecnologías de información y comunicación. La seguridad ciudadana constituye la existencia de normas y leyes que garantizan el orden y la posibilidad de participación y decisión del venezolano, resguardadas a través de mecanismos de administración de la fuerza por parte del Estado. La sociedad venezolana está constituida por ciudadanos libres, que se desenvuelven dentro de un marco legal que les garantiza a plenitud sus Derechos Humanos, en sus géneros colectivos, políticos e individuales. El Estado venezolano consagra como valores fundamentales: la igualdad, de Derechos y ante la Ley, la Justicia, la tolerancia, la democracia, el pluralismo y esencialmente la libertad, en todos sus ámbitos, entendiendo que esta sólo debe limitarse para asegurar la convivencia pacífica y el bien común. Venezuela es también un país con un crecimiento y desarrollo económico sostenido, que utiliza de manera social y ambientalmente responsable sus recursos naturales, como medios para impulsar continuos incrementos de sus ingresos y de su producto interno bruto. El desarrollo del país es una responsabilidad de todos los ciudadanos, con igualdad de compromiso ante los deberes y derechos que consagra el marco jurídico. El Estado es el generador de mecanismos de profundización de derechos sociales y democráticos, donde un fuerte sentido de pertenencia hacia las instituciones hace aunar esfuerzos entre la ciudadanía y las mismas para lograr objetivos nacionales. Gracias a los elementos anteriores, un sólido Estado de Derecho, y una política pública que promueve la inversión y la formación de capital humano, la sociedad venezolana es una de las más diversificadas, innovadoras, productivas y competitivas de la región. Venezuela políticamente se organiza como un Estado Social, Democrático, de Justicia y de Derecho. Social ya que el Estado garantiza ciertas prestaciones necesarias y promueve la Justicia Social. Democrático ya que se rige por el principio de la participación ciudadana a través del voto y otros mecanismos que buscan tanto designar representantes como también tomar decisiones de manera directa, existiendo así un sistema tanto representativo como participativo. El principio de respeto de las minorías es tomado en cuenta, como también lo es el pluralismo político y la tolerancia, los cuales son principios fundamentales. El poder se ejerce de manera alterna, con posibilidad de una sola reelección y de revocatoria de mandato, se promueve la participación política a través de la contraloría social y de los partidos políticos. Finalmente es de Derecho ya que el Estado se encuentra sometido al imperio de la ley y a controles judiciales independientes. Venezuela es un país federal, con un gobierno presidencial y en donde opera a plenitud el principio de división de poderes. Es federal ya que se trata de acercar en la mayor medida posible el poder y la toma de decisiones a los ciudadanos, por ende, las alcaldías y gobernaciones tienen una gran cantidad de competencias. Se fomenta la autonomía de las regiones, pero siempre teniendo en cuenta que somos una nación y que los esfuerzos regionales 5   

deben ser coordinados para trabajar por el interés nacional. De esta manera se busca que los diversos organismos que ejercen el poder trabajen de manera conjunta, fomentando la cooperación y la sinergia. Cabe destacar que la seguridad de la nación y la política exterior y petrolera son competencias exclusivas del poder nacional. El gobierno es presidencial ya que el jefe de Estado y de gobierno es el presidente de la república y es electo por voto universal, directo y secreto. A su vez, el principio de división de poderes establece que los 3 poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son autónomos entre sí, y cada uno está en la obligación de ejercer funciones de control sobre los otros, limitando así la arbitrariedad, el abuso y la concentración de poder. El l poder Judicial, es nacional, autónomo e independiente, y está integrado por jueces electos por concurso de oposición, profesionales y con cargos permanentes. Los funcionarios del poder público son altamente capacitados y profesionales, y están para servir de forma oportuna y eficiente a todos los venezolanos. En las instituciones del Estado se trabaja a través de incentivos al mérito. Los funcionarios del servicio exterior forman parte del Ejecutivo Nacional y ejecutan una política exterior de Estado. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, siempre consecuentes con su carácter institucional y profesional, se rigen por la carrera militar y no llevan a cabo militancia ni activismo político de ninguna índole, manteniendo el derecho al voto. El ciudadano venezolano aprovecha las oportunidades que ofrece el Estado para lograr la inclusión, dando paso a iniciativas individuales y colectivas en ámbitos de autorrealización económica, espiritual y cultural. El venezolano está compenetrado con su entorno, conllevando así a la utilización de sus máximas habilidades, y dejando a un lado el vínculo paternalista ciudadano-Estado. Así pues, se potencia la cultura de producción tanto en el individuo como en la nación. El Estado venezolano está regido bajo el principio de tolerancia ciudadana entendida ésta como un deber moral, es decir, el respeto y principio de mutuo reconocimiento al otro para la convivencia pacífica. El pluralismo de ideas y opiniones, así como de preferencias y proyectos políticos, es muestra del respeto a la diversidad que existe en Venezuela. El Estado es institucional y de razón crítica, independientemente de cualquier ideología o religión. El sector energético, principalmente el petrolero y el gasífero, es uno de los más importantes de la economía nacional. La industria petrolera es dirigida con criterios gerenciales y tiene como norte la búsqueda de la máxima rentabilidad del negocio. Gracias a un amplio acuerdo social, los ingresos provenientes de la industria petrolera son manejados de manera racional, y los excedentes rentísticos se invierten en activos financieros en el exterior. Así pues, se evitan distorsiones en la economía nacional y se posibilita el crecimiento independiente del resto de los sectores productivos. El gasto público nacional no depende significativamente de la renta petrolera. En el contexto de una política económica que promueve y privilegia la participación del sector privado en todos los ámbitos de la producción de bienes y servicios, tanto el gobierno nacional como los gobiernos estadales y municipales, orientan sus políticas de gasto e inversión a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura necesaria para la expansión de las 6   

capacidades productivas, y en proyectos y programas sociales coherentes, viables y sostenibles que contribuyen a la inclusión social y al bienestar de la ciudadanía. El Estado fomenta las condiciones que promuevan la generación de empleo formal y productivo por parte de la iniciativa privada, es decir pequeña, mediana y gran industria. De igual forma, garantiza las condiciones adecuadas de seguridad laboral y social del empleo. Estas características garantizan inclusión social y el crecimiento económico. De igual forma, la población en condición vulnerable cuenta con políticas efectivas para el acceso a la capacitación y mejora de su calidad de vida, por lo tanto la seguridad social como la seguridad ciudadana constituyen un derecho accesible a todos y funcionan como un eficiente generador de soluciones, al garantizar el bienestar personal y colectivo. Todas las personas podrán alcanzar una educación formal y de calidad. El Estado garantiza la educación ya que constituye un derecho y un deber. La formación integral es una prioridad para la nación debido a que potencia los valores y el reconocimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos. Además, la educación fomenta los mecanismos de la superación, impulsando la innovación y el progreso. En el país tanto , carreras universitarias como técnicas poseen el mismo valor para la construcción de la sociedad, por lo que se presta igual atención a la capacitación de los ciudadanos en ambas áreas, garantizando la libre elección del oficio. El Estado ofrece ayuda técnica para la consecución de las metas de su población.

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3. Proyecto Social  a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía  El bienestar del ciudadano abarca distintos ámbitos de su existencia. Los requisitos materiales para una vida digna, en ausencia de plenitud espiritual no son suficientes para que un individuo viva feliz. A la par con la existencia de una enorme cantidad de factores que determinan la felicidad del venezolano, está el hecho de que esta relación de factores varía de persona a persona. La cesta de consumo, o la distribución de trabajo y ocio que satisfacen a una persona pueden ser insatisfactorias para otra. Así pues, nadie puede definir la felicidad y el bienestar de un individuo mejor que el mismo individuo. El Estado no debe elegir por el ciudadano, pero debe garantizarle la existencia de la más amplia cantidad de opciones y oportunidades posibles, tal que pueda desenvolverse productivamente en la sociedad y alcanzar sus aspiraciones materiales y espirituales por si mismo. En este sentido, las políticas sociales deben estar dirigidas a garantizarle al individuo: • Sus Derechos Humanos. • El respeto de su persona, su espacio y su libertad por parte de los demás ciudadanos. • La posibilidad de plenitud material, espiritual y de ascenso social. • Su participación definitoria en la dirección de las políticas públicas que le incumben, como beneficiario de las mismas. Tomando todo esto en cuenta, las estrategias de política en el plano social del presente proyecto país están destinadas a garantizarle al ciudadano la posibilidad de labrarse su propio destino, con un Estado que genera políticas públicas que aumenten sus oportunidades, respondan a sus necesidades, garanticen el respeto entre ciudadanos y propicien el trabajo conjunto de estos en la construcción de una sociedad con normas e instituciones comunes a todos.

b) Objetivos  Alcanzar el bienestar de la ciudadanía, en los términos expuestos, requiere garantizar la provisión segura de ciertos elementos básicos para la vida humana actual, así como lograr un contexto en el que los individuos sean capaces de ejercer su libertad en respeto a los demás, y en el que las acciones del Estado respondan a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, las estrategias de políticas sociales están dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:

i) Seguridad Social 

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La Seguridad Social consiste en la garantía mancomunada de acceso a bienes y servicios de calidad en salud, educación, alimentación, vivienda, aseo, comunicaciones e información. Funciona bajo el principio de justicia social, y explicita la misión del Estado de garantizar la provisión accesible de servicios y bienes básicos que posibiliten una vida material y espiritualmente satisfactoria para todos los ciudadanos, así como la existencia de oportunidades básicas que propicien el ascenso social de los sectores desfavorecidos. Así pues, la consecución efectiva de los objetivos de Seguridad Social amerita la conjunción de esfuerzos públicos y privados en la producción suficiente y sostenible de bienes y servicios como educación, salud, sanidad, transporte, comunicación, alimentación, vivienda e información.

ii) Seguridad Ciudadana  La seguridad ciudadana constituye la existencia de normas y leyes que garantizan el orden nacional, así como la posibilidad de participación y decisión ciudadana, resguardadas a través de mecanismos de administración de la fuerza por parte del Estado. Este objetivo conjuga la misión de un Estado de Derecho, en el que la garantía de orden hace que los pactos sociales, manifestados en las leyes, se cumplan y se hagan cumplir, con un carácter democrático y participativo en la generación de las leyes, y en la delineación, realización y evaluación de la gestión del Ejecutivo. En este sentido, se busca una sociedad signada por un orden democrático, que sea estable y propicia para la acumulación y la inversión, pues las relaciones humanas básicas se encuentran predefinidas y todos los individuos conocen los límites del ejercicio de su libertad y las consecuencias de quebrar dichos límites, teniendo la certeza de que sus derechos individuales serán respetados. Paralelamente, se propicia una sociedad en la cual se ejerce la democracia de manera proactiva en todos los contextos de la acción pública, tal que los límites a la acción individual y a la del Estado sean producto del consenso social, y no del deseo del gobernante de turno.

c) Estrategias  i) Política Educativa  La generación de seguridad social amerita la existencia de un sistema educativo inclusivo y de calidad. Desde el punto de vista de la productividad, un individuo solo puede aumentarla (y con la productividad, el valor económico de su trabajo) a partir de continuos aumentos en su acervo de conocimiento y de capital humano. Por otro lado, es deseable que exista una sociedad preparada y consciente, que valore prudentemente la democracia y su libertad. El Estado venezolano promueve políticas públicas y programas que garanticen el acceso al sistema educativo bajo el principio de excelencia. Para esto se conjugan esfuerzos y recursos públicos y privados, tal que se maximice 9   

la calidad y cantidad de beneficiarios del sistema y se reduzca la carga presupuestaria del ejecutivo. Se provee una educación integral que instruye a los y las estudiantes en Derechos Humanos, valores, cultura ciudadana, , respeto y tolerancia. De esta forma se potencia la convivencia y el pleno ejercicio presente y futuro de la democracia en el país. En el sistema educativo venezolano tiene igual relevancia la formación académica como la capacitación técnica, maximizando así el número de opciones de formación laboral y la posibilidad de inserción productiva de los estudiantes que finalicen su educación diversificada. El sistema educativo nacional, en todos sus niveles, da particular importancia al emprendimiento y la innovación. En este sentido, se destinan recursos públicos y privados a promover y motivar el emprendimiento y la inventiva, logrando mayor autonomía y productividad en el desarrollo de las ideas individuales. Los recursos públicos destinados a la educación se distribuyen en mayor proporción a los niveles iniciales del sistema (preescolar, básica, y en menor grado, diversificada). El Estado promueve mecanismos de financiamiento a los niveles superiores del sistema diferentes a la transferencia de recursos centrales a las casas de estudio. Así también, propicia una relación productiva entre universidades, sector privado y gobierno, y da facilidades económicas a los estudiantes destacados. En este sentido, el origen socioeconómico del niño no será definitorio en relación a su oportunidad de acceder a las plazas disponibles en planteles de educación superior, promoviendo las posibilidades de ascenso social de los sectores menos favorecidos. De esta forma se logra que la educación sea uno de los pilares fundamentales para la consecución de la seguridad social en Venezuela, ya que se contará con un sistema inclusivo que brinde oportunidades a todas las personas, en pro de la realización de sus aspiraciones individuales.

ii) Política de Salud  La salud es un elemento clave del desarrollo de las sociedades. Una sociedad no es justa ni productiva si en esta sus ciudadanos no son sanos. Para lograr la salud de los individuos debe garantizarse el tratamiento apropiado y oportuno de las complicaciones particulares que se presentasen en el país, así como minimizar la aparición de estas. Por otro lado, la salud accesible es un mecanismo de inclusión social. La prestación de servicios de salud generalizada y accesible a todos los ciudadanos, independientemente de la naturaleza de su condición y de su origen socioeconómico, permitirá que estos puedan mantenerse insertados productivamente en la sociedad. Así pues, no es concebible el objetivo de seguridad social en ausencia de un sistema de salud eficiente, al ser este un medio para el desarrollo de los individuos y de la sociedad como un todo. Funcionamiento del sistema: 10   

El Estado garantiza la prestación de servicios de salud en cantidad y calidad apropiada, tal que el sistema pueda cubrir cabalmente todas las afecciones que presente la ciudadanía, dando oportunidades de acceso adecuadas, y de forma generalizada. El sistema de prestación de servicios de salud es mixto, en el sentido de centros de atención médica públicos y privados comparten la responsabilidad de mantener sana a la sociedad venezolana. Este formato se justifica en la generación de incentivos a la eficiencia en el sistema público, y a la rentabilidad responsable en el sistema privado. Sistemas absolutos, en uno u otro sentido, tienden a prestar un servicio o deficiente, o demasiado costoso. Ambos ramos se manejan bajo principios de eficiencia, profesionalidad y ética, y están debidamente regulados en esos términos. En este sentido, se fomenta la atención integral al paciente, tomando en cuenta las especificidades referentes a la complicación física o mental, a la urgencia del tratamiento y a la edad del paciente. Promoción del Estado: La medicina preventiva individual es altamente promovida por el Estado a través de programas de educación y formación al respecto. Las buenas prácticas de los ciudadanos en este sentido no solo minimizan la posibilidad de contracción de enfermedades, sino que mantiene disponible la capacidad física y presupuestaria del sistema para atender oportunamente a las enfermedades no prevenibles. Paralelamente al desarrollo de la medicina preventiva, el Estado garantizará la existencia de servicios públicos y obras de infraestructura que hagan salubre al entorno nacional, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos y minimizando las complicaciones físicas de estos. Así también, a través de la gestión de centros de investigación, universidades y el sector privado, el Estado promueve el desarrollo de nuevas técnicas para la prevención y atención de enfermedades y la investigación científico-médica en general, con particular énfasis en las complicaciones propias de la condición tropical venezolana, y las específicas a cada región del país.

iii) Política en relación a los Servicios Públicos  Los servicios públicos, entendidos estos como los servicios de luz, agua, aseo, tecnologías de comunicación e información, vías y formas de transporte, entre otros, son de vital importancia para alcanzar los objetivos de Seguridad Social, pues son básicos para la vida humana. Así pues, para mejorar la calidad de vida de las personas en este sentido, es obligación del Estado garantizar que los ciudadanos tengan acceso a dichos servicios. La participación privada en la provisión de estos servicios tiene que estar en constante monitoreo y regulación por parte del Estado, ya que la tarifa a cobrar no puede ser prohibitiva, en el sentido de que no permita el acceso a las personas más desfavorecidas. De igual forma, estas tarifas deben producir una riqueza suficiente para que las empresas prestatarias sean sostenibles en el tiempo. 11   

Así también, al delegarse la prestación de un servicio público sobre uno privado, este debe comprometerse a llevar el servicio a todos los ciudadanos, así no sea rentable proveérselo a los que estén más alejados. Los ciudadanos, y los mecanismos para su participación social son de vital importancia en la detección de los problemas y generación de obras públicas, pues ellos son los que mejor conocen las necesidades de la comunidad. Estos sirven a su vez de contralores de los proyectos realizados tanto por el Estado como por la empresa privada. La promoción del reciclaje es importante para el máximo aprovechamiento de los recursos, ya que la basura es reciclable. Por lo tanto es necesaria la formación de la conciencia de reutilización de materiales como vidrio, plástico, papel y aluminio en toda la sociedad. El reciclaje puede ser utilizado por las comunidades como una forma de ingreso, al separar o procesar los desechos producidos y reutilizarlos. Así pues, se promueve un sistema de clasificación y reutilización de los residuos que involucra directa y sistemáticamente a los hogares, las comunidades, las empresas y el Estado. Es importante mantener niveles adecuados de reinversión de la infraestructura de servicios públicos, para evitar apagones, cortes del suministro de agua, filtraciones de aguas servidas, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, etc.

iv)

Política en relación a los Bienes Básicos 

El oportuno acceso a la alimentación y la vivienda constituye una necesidad vital de los seres humanos. Las posibilidades de mejorar continuamente nuestras condiciones de existencia, de trabajar para cumplir nuestros objetivos y de satisfacer nuestros deseos con éxito dependen estructuralmente de una apropiada provisión calórica y de la tenencia de techo propio donde construir al hogar y la familia. Así pues, la existencia de ambos es fundamental en la consecución del objetivo de Seguridad Social para los ciudadanos. Alimentación: La alimentación implica cada una de las sustancias comestibles que nutren a un ser humano y que permiten su normal desarrollo físico y mental. El derecho a la alimentación implica el acceso en todo momento a los alimentos que se necesitan para gozar de una vida activa y sana. En este sentido, se elaboran políticas públicas basadas en el análisis de las necesidades alimentarias, la disponibilidad de los alimentos y los niveles de reservas, tal que se promueva la producción de los rubros para los cuales la nación tiene ventajas competitivas asociadas a la naturaleza o a la estructura de la industria agrícola nacional. Así también, en pro de la seguridad alimentaria, el Estado garantiza la existencia de una industria nacional en aquellos rubros de la cesta básica cuya producción interna sea susceptible al comercio internacional. La definición de estos rubros debe ser clara, transparente e independiente de presiones por parte del sector agrícola. 12   

Sin embargo, la importación y exportación de productos agrícolas se produce sin mayores restricciones arancelarias o para-arancelarias, tal que los venezolanos podamos acceder a los rubros alimenticios al menor precio posible.

Vivienda: Como vivienda asumimos todo aquel lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y que cuente con los servicios básicos esenciales. La vivienda digna fortalece la convivencia y permite humanizar las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Para aumentar el número de familias con acceso a una vivienda digna, el Estado se encarga de promover condiciones de financiamiento asequibles en términos de plazo, tasa de interés y monto del crédito en relación al valor de la propiedad, para aumentar las posibilidades de compra de una vivienda propia para todos los venezolanos. La prestación de estos créditos es competencia tanto de la banca pública como de la banca privada, y cuenta con mecanismos creíbles de control y seguimiento eficaces para el pago de los créditos respectivos. En este sentido, es la capacidad de pago de los demandantes (en el tiempo y con condiciones asequibles), y no la transferencia directa de recursos públicos la que dinamiza al mercado inmobiliario nacional. Así también, el Estado promueve programas de construcción social para venezolanos con escasos recursos. Estos programas están destinados a solventar la ausencia o precariedad de viviendas de las familias o personas más desfavorecidas, pero no se concibe como una solución de largo plazo para estas. Por último, el Estado garantiza el reconocimiento legal de la vivienda como activo de la familia.

v) Política en relación a la Administración de la Fuerza  El Estado Venezolano mantiene el monopolio de las armas y de la administración de la fuerza, y es responsable y garante de la seguridad interna de los ciudadanos y de la soberanía de la nación. El ejercicio de la fuerza por parte del Estado debe estar justificado en el cumplimiento de las leyes, en el mantenimiento del Estado de Derecho y en la generación de orden, las cuales son precondiciones necesarias para el desarrollo sostenido de una sociedad. En este sentido, el Estado solo puede aplicar la fuerza en el contexto de la generación de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, debe existir confianza en los entes del Estado por parte de la ciudadanía a la hora de delegar el poder de administrar la fuerza a nivel nacional. Para esto existen mecanismos de comunicación y contraloría entre 13   

los ciudadanos y las fuerzas de orden público, lo cual propicia su actuación eficiente, transparente, notoria, y en respeto a los derechos humanos y civiles. Así también, el Estado busca promover métodos alternativos a la resolución de conflictos entre ciudadanos, que se apliquen eficientemente por miembros de la misma comunidad. En este sentido, se busca disminuir la violencia entre conciudadanos y desarrollar el diálogo.

vi) Política de Participación Social y Ciudadana  La integración del ciudadano en temas de índole público es fundamental para lograr la Seguridad Ciudadana, pues solo así se puede ejercer la contraloría social necesaria para que las políticas públicas se adapten a las necesidades de la sociedad, y para que el ejercicio de la fuerza por parte del Estado se traduzca en un orden democrático. Los venezolanos, en pleno conocimiento de sus derechos, sus deberes, sus leyes, sus instituciones y sus organismos de administración pública, entienden a plenitud el rol que juegan en la democracia venezolana. Comprenden que su papel a la hora de confrontar los problemas públicos consiste en su participación proactiva para la solución de los mismos, y no solamente en elegir electoralmente a quien los solucione. La sociedad venezolana está integrada por grupos civiles organizados que defienden intereses comunes y que velan por la transparencia de la gestión de los funcionarios públicos del país. Estos grupos son independientes del Estado, son libres de conseguir financiamiento para sus actividades y tienen acceso a la información pública necesaria para realizar su trabajo. En Venezuela los ciudadanos, como beneficiarios de las políticas públicas, participan en la formulación, ejecución y evaluación de estas. En este sentido se garantiza la coherencia entre las necesidades existentes y la política planteada, la sostenibilidad de las políticas, y la transparencia alrededor de sus resultados. Esto se logra con una estructura de representación a través de la cual las comunidades pueden realizar denuncias, reclamos, propuestas y acciones para su comunidad y para el país. Dicha estructura, que es parte formal del sistema descentralizado, rescata la construcción del país “de abajo hacia arriba” y el papel fundamental del ciudadano en el logro de los objetivos comunes a su entorno. Así también, es obligación del Estado proveer de forma transparente la información del uso dado a los recursos públicos, y permitir a organizaciones civiles y empresas privadas monitorear de forma independiente y libre a la gestión pública y los procesos sociales acaecidos en el país. La conjunción de todos estos elementos promueve la construcción de capital social, a través del desarrollo institucional, el conocimiento y el cumplimiento del marco legal y de la democratización de espacios de toma de decisión y expresión.

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4. Proyecto Económico  a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía  El bienestar de la ciudadanía, como fin último de la gestión económica del estado, es un concepto abstracto que incorpora variables y elementos de índole bastante heterogénea. Al respecto se podría decir que el bienestar de la ciudadanía: • Mejora cuando aumentan las libertades de los individuos en general. • Mejora cuando se resuelven los problemas sociales y vitales de los grupos poblacionales más desfavorecidos. • Mejora cuando se crean las condiciones para que la sociedad resuelva por si misma los elementos antes señalados. En este sentido, las estrategias de política económica que aquí se plantean van destinadas a la consecución fines claros, medibles y acordes con lo antes descrito. Estos fines son: • Disminución de la pobreza: Se busca eliminar la pobreza extrema y la indigencia, definida como la incapacidad de acceder a los requisitos alimenticios básicos para la vida. Así también se espera disminuir la pobreza en general al garantizar el acceso a servicios de calidad con los cuales los individuos puedan salir de dicha situación por si mismos. • Aumento del Índice de Desarrollo Humano: A través del mejoramiento de las condiciones de alfabetismo, salud y salubridad, y acceso a la riqueza, se espera que el IDH como indicador de la situación general de los ciudadanos mejore en todos los estados del país. Así también, se plantean como necesarios los mejoramientos sucesivos de índices cualitativos alternativos para la medición de las condiciones educativas y de salud. • Disminución de la desigualdad (Índice de Gini): Con la generación de inclusión social a los servicios, de empleo productivo y de estabilidad macroeconómica, sería esperable una mayor inserción productiva de los sectores desfavorecidos en la actividad económica, lo cual les acercaría a la vida digna de la que gozan los estratos más favorecidos. En este sentido se producirían aumentos del capital social, disminución de las tensiones sociales, aumento de la estabilidad política, disminución de la inseguridad personal y por ende, aumentos de los incentivos a la inversión y a la generación de riqueza. • Aumentos del PIB per cápita: Con la ampliación de la riqueza se busca que todos los ciudadanos logren aumentar su consumo de bienes y servicios, así como su capacidad de ahorrar e invertir. • Conservación de espacios: Se busca garantizar la dotación de espacios y recursos naturales aptos para el disfrute y consumo de las generaciones actuales y futuras. 15   

b) Objetivos  Para alcanzar el fin último, en los términos previamente expuestos, el Estado debe generar estrategias y políticas que se enfoquen en la consecución de un conjunto de objetivos. Éstos deben posibilitar un desenvolvimiento y crecimiento productivo de los individuos en la sociedad, a la vez de satisfacer, de manera sostenible, su demanda de bienes y servicios. Así pues, se listan y explican dichos objetivos a continuación.

i) Estabilidad Macroeconómica  La estabilidad macroeconómica se entiende como: • Baja volatilidad en el crecimiento económico: no existen grandes auges ni recesiones profundas. • Baja inflación: menor al 5% anual. • Inflación predecible: oscila dentro de un rango reducido, lo cual facilita la toma de decisiones. Estos factores son importantes para los ciudadanos por tres razones: Porque incentiva el crecimiento y el desarrollo: Cuando la economía crece de manera estimable y esperable, los inversionistas tienen mayores incentivos para llevar a cabo iniciativas emprendedoras que generen crecimiento económico y empleo formal. Esto es así pues con la estabilidad se disminuye la incertidumbre alrededor de la generación de ganancias de dichas iniciativas, las cuales dependerán exclusivamente de la capacidad individual de gerencia en un mercado particular, y no de la “situación del país”. Porque genera inclusión social: En un contexto de alta inflación y crecimiento errático, son los estratos más desfavorecidos de la sociedad los que no pueden acceder a activos financieros que les permitan protegerse, ya sea por desconocimiento o por insuficiencia de capital. Así también, suelen ser las canastas de consumo de estos estratos los que sufren mayor inflación, lo cual implica que son estos los que pierden una proporción mayor de su poder adquisitivo con la inflación. La inflación es un proceso claramente regresivo, que nos perjudica a todos, pero especialmente a los que mas carecen de bienes y de oportunidades. Garantizar una inflación baja y esperable evitaría que los estratos desprovistos de recursos vean agravar su situación, previniendo el aumento de la desigualdad y la pobreza. Porque la estabilidad macroeconómica es buena en si misma: La estabilidad es importante para los ciudadanos, ya que la gran mayoría de las personas son aversas al riesgo, es decir, les desagrada la existencia de 16   

grandes fluctuaciones en sus ingresos, y falta de certeza con respecto a que enfrentar en el futuro. Además, por lo general son los sectores más desfavorecidos los que más se perjudican por la inestabilidad, ya que sus empleos son menos estables, tienen menos ahorros y menos capacidad de endeudamiento para enfrentarse a los escenarios menos favorables. La inflación, además, más allá del impacto que pudiera tener sobre el la desigualdad y los ingresos reales, es percibida por la sociedad como un fenómeno injusto. Esta percepción acarrea costos económicos y políticos. Así pues, la estabilidad macroeconómica garantizará el crecimiento y el desarrollo sustentable de la economía venezolana, lo que reducirá la pobreza y la desigualdad, mejorará la distribución del ingreso, y evitará la pérdida mancomunada de poder adquisitivo, causándole bienestar a la ciudadanía.

ii) Alto Empleo  El alto empleo consiste no solo en la existencia de una baja tasa de desempleo, es decir, que quienes activamente buscan empleo lo consiguen, si no también consiste en la existencia de altos niveles de participación de la población en el mercado laboral (Que quienes activamente buscan empleo sea la gran mayoría de la población en edad laboral). Este hecho implica, a su vez, que las condiciones que ofrece el mercado laboral son lo suficientemente buenas como para motivar a la personas a trabajar o buscar trabajo, y para asegurar que no existan grandes diferencias en la participación por motivo de género o etnia. El alto empleo también incluye una baja incidencia de desempleo estructural, es decir, que existen pocas personas en la economía que por su preparación, habilidades o ubicación geográfica no sean capaces de conseguir trabajo por largos periodos de tiempo. El empleo en Venezuela debe ofrecerse bajo condiciones dignas, y las características del mercado aseguran que las demandas de trabajo se den primordialmente en el sector privado y en términos formales. La existencia de alto empleo en Venezuela es importante por dos grandes motivos. En primer lugar, tiene gran relevancia sobre el comportamiento de los demás objetivos. Altos niveles de empleo se asocian con el crecimiento económico al estarse utilizando todos los recursos disponibles en la sociedad. El empleo tiene también una influencia determinante sobre la inclusión social, ya que el empleo permite a la población acceder a un nivel de ingreso sólido y sentirse involucrado con el resto de la sociedad. Por otra parte, el empleo tiene un impacto más allá de lo que puede ayudar a hacer cumplir otros objetivos. El empleo, en condiciones dignas, hace sentir útil a una persona de una forma que los subsidios y la percepción de rentas no pueden lograr hacer. El empleo no debe ser percibido solo como una fuente de ingresos, si no como una condición que permite expresar parte importante de lo que es ser humano.

iii) Inclusión Social 

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La inclusión social a la que hacemos referencia es a la existencia de oportunidades universales que le permitan a todo ciudadano tener la capacidad de desenvolverse productivamente dentro de la sociedad. Dentro de los elementos que tomaremos en cuenta como parte de la inclusión social están la capacidad para generar ingresos, de ser parte integral de la sociedad y de gozar de los mismos derechos económicos y políticos que el resto de la sociedad sin importar género, etnia, religión, sexualidad, pensamiento político y/o estrato socioeconómico. La inclusión social tiene como finalidad el generar una sociedad más igualitaria, y está basada en el respeto al individuo y a su libertad. La igualdad dentro de la sociedad se refiere a que todos los individuos puedan entrar dentro del sistema y disfrutar de las oportunidades que les permitan valerse por sí mismos. Los resultados que logre cada ciudadano serán respetados por la sociedad. La inclusión social será lograda a través de la mejora de los sistemas de salud, educación, de seguridad personal y de seguridad social en Venezuela. La estabilidad macroeconómica, los mejores niveles de crecimiento y la inflación reducida permitirán que los ciudadanos tengan mejores oportunidades para conseguir un trabajo en el mercado formal, donde gozan de mayores beneficios, y que los ingresos generados a través de éstos no se vean diluidos por el aumento de los precios. Los ciudadanos que presenten dificultades particulares para entrar dentro del mercado laboral serán atendidos de una manera focalizada, sin finalidades políticas de por medio.

iv) Uso responsable de los recursos  Las regulaciones laborales y ambientales, respetadas a través de un Estado de Derecho claro y justo al respecto, generan un entorno en el cual los recursos naturales y la población económicamente activa son utilizados como factores productivos de una manera responsable, tal que se conjuguen la importancia de su uso en la producción nacional y en la generación de riqueza, con los siguientes elementos: • •

•

Bienestar de los espacios naturales y otros recursos: Para el consumo y esparcimiento individual de los ciudadanos. Sostenibilidad en el uso de los espacios naturales y otros recursos naturales: Garantizar la utilización y abogar por un consumo responsable por parte de las generaciones futuras de estos recursos. Calidad de vida: Para que la fuerza laboral funcione en condiciones que propicien un desempeño productivo, sano, estable y que permitan el desarrollo y cultivo del individuo y la familia.

Esto garantiza la sostenibilidad del crecimiento de la economía en el largo plazo, así como la existencia elementos propios del desarrollo, valorados por la sociedad y diferentes al mero aumento de la riqueza, como la calidad del ambiente, limpieza y salubridad de los espacios, opciones de esparcimiento, contexto laboral comprensivo, entre otros. 18   

v) Crecimiento y Desarrollo:  El crecimiento económico consiste en el aumento del producto de una nación, lo que se traduce la extensión de sus ingresos, y por ende, los de sus ciudadanos. Mayores ingresos para la ciudadanía constituyen su posibilidad de proveerse mayor bienestar. Este crecimiento debe ser: • • •

Sostenido: Que se mantenga en el tiempo. Estable: Que se mantenga en un rango de tasas relativamente pequeño. Incluyente: Tanto geográfica como socialmente, promoviendo una participación cada vez mayor de los sectores históricamente desfavorecidos.

El aumento de los ingresos, debe ir acompañado de mejoras en las condiciones de vida de la población, es decir, en sus niveles de salud, educación, seguridad, vivienda, entre otras. Alcanzar estas condiciones es lo que se denomina desarrollo, y es claramente deseable para una nación.

c) Estrategias  i) Estado de Derecho  La certeza de respeto a los derechos de los individuos es vital para el mantenimiento de una economía en crecimiento. Los individuos y grupos se verán motivados al emprendimiento cuando sus derechos de propiedad aseguren que sus esfuerzos (o inversiones) se traducirán en beneficios para ellos y para la sociedad. El Estado de Derecho permite además establecer límites claros a las acciones de los individuos de acuerdo a lo considerado óptimo para la nación (en términos de uso de los recursos humanos, materiales o ambientales). Adicionalmente, asegura el cumplimiento efectivo de esas normas, lo que se traduce en que los ciudadanos empleen responsablemente los recursos nacionales. Por otro lado, el respeto a los derechos contribuye también al logro del objetivo de inclusión social, ya que permite que los individuos cuenten con activos, es decir, con bienes que les permitan generar alguna forma de sustento, colaborando con la superación de la pobreza. Un sólido Estado de Derecho es además base para el surgimiento de redes de confianza o capital social, pues garantiza el cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos de las personas.

ii) Política petrolera y manejo de la renta  La industria petrolera es independiente a los ciclos políticos en Venezuela y se basa en criterios de rentabilidad. La finalidad de la industria petrolera en Venezuela es maximizar los beneficios económicos que puede ofrecerle a la nación, manteniendo los 19   

niveles de inversión que permitan mantener las tasas de extracción y refinación del petróleo óptimos. Venezuela es un proveedor seguro de petróleo, y el resto de los países saben que respetará sus contratos y mantendrá la provisión cuando otros países fallen. El criterio de manejo gerencial de la industria petrolera producirá crecimiento estable al generar una fuente de ingresos productiva a la nación. Sin embargo, las variaciones del mercado petrolero inyectan inestabilidad a la economía nacional si los ingresos de la industria no se administran bajo criterios particulares a dicha inestabilidad. Los mecanismos de ahorro buscan resolver este problema, y se basan en cuatro criterios. En primer lugar, un país estable es mucho más propicio para la inversión y el crecimiento interno de la producción, por lo que el flujo que ingresa a la nación y que se inyecta a la economía debe ser tan estable como sea posible, a pesar de las variaciones en el precio del petróleo. En segundo lugar, el criterio de riqueza intergeneracional plantea que los venezolanos por nacer tienen derecho a parte de la renta petrolera, por lo que debe guardarse su parte de riqueza. Esta parte de su riqueza no puede ser utilizada por el gobierno para gasto, sino que debe ser invertida en instrumentos financieros en el extranjero generando intereses y preservando el principal. En tercer lugar, el uso indiscriminado de los dólares generados por la industria petrolera produce una apreciación del Bolívar. Esto lleva a un encarecimiento relativo de los productos transables hechos en el país al compararlos con los hechos en el extranjero, lo cual significa una pérdida de competitividad efectiva por parte de la nación. Por último, pero no menos importante, el manejo discrecional de la renta por parte del gobierno genera los incentivos perversos del rentismo. El ejecutivo, al tener independencia presupuestaria del sector privado, administra y reparte la renta como le plazca. Esto incentiva a los privados a innovar en la manera de comportarse para ser mayores receptores de la renta, en vez incentivar la innovación tecnológica y productiva. Los mecanismos de ahorro bien definidos e implementados limitan este fenómeno, al restarle discrecionalidad de gasto al ejecutivo. Una política de ahorro clara y bien difundida, que defina costos relevantes de incumplimiento por parte del gobierno, permite desalentar políticas económicas procíclicas que aumenten el gasto en una proporción demasiado grande cuando la economía está creciendo o que contraigan el gasto cuando la economía está desacelerándose, cuando la generación de estabilidad se propicia haciendo justamente lo contrario. Cuando los precios del petróleo se encuentren por encima de los presupuestados por la nación a través del mecanismo de ahorro, los recursos excedentarios pasarán a invertirse en activos financieros externos. En caso contrario, se hará uso de los ahorros para mantener la economía estable. Siempre en un flujo constante y tolerable para la economía venezolana que evite sobrecalentamientos o depresiones severas. El nuevo manejo de la industria petrolera y los mecanismos de ahorro permitirán estabilidad macroeconómica en Venezuela. Esto fomenta la inversión y permite independizar al resto de las industrias de la renta petrolera. 20   

Por lo que, permitirá el surgimiento de industrias en las que Venezuela goce de ventajas competitivas. Esto se traduce en niveles de crecimiento sostenible que a su vez influyen sobre el desarrollo venezolano.

iii) Política Fiscal  En el marco de la política fiscal del país, se plantea una gestión pública ordenada y estratégica, tal que permita sostener las finanzas públicas en el largo plazo y generar la estabilidad macroeconómica necesaria para incentivar la inversión y la actividad privada, mientras se garantiza la inclusión de los sectores más desfavorecidos a través de las políticas de inversión social. Norma fiscal para garantizar sostenibilidad, estabilidad y anticiclicidad: En este sentido, se plantea la necesidad de normas sobre la ejecución fiscal del gobierno en sus diferentes niveles, de manera que se garantice un carácter anticíclico (expansivo en recesiones y contractivo en bonanzas), estable y sostenible de la misma. Esta norma debe ser claramente establecida, públicamente difundida y comprendida, y debe estipular algún tipo de costo o castigo político por el incumplimiento de la misma, así como las contingencias específicas en las que se permite un resultado fiscal diferente. La existencia de una norma fiscal con un costo de salida relevante para el Ejecutivo, además de generar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera que propician la acción privada, creará credibilidad alrededor de su sostenimiento, lo que constituye un mensaje claro para los agentes económicos nacionales e internacionales con respecto a lo propicio del entorno nacional como lugar para invertir. Promoción de Inversiones: Así también, se concibe necesaria una política impositiva estable y moderada sobre los hombros del sector privado, tal que incentive la inversión privada y el consumo, desincentive la elusión fiscal, y a través de una superintendencia tributaria institucionalmente fuerte y creíble en la recaudación fiscal nacional, castigue la evasión. Estos esfuerzos por la generación de un entorno favorable a la inversión deben presentarse en paralelo con un esfuerzo estatal destinado a la promoción del país como destino de los capitales tanto nacionales como extranjeros. Inversión pública: Con respecto a las políticas de inversión pública se plantea una gestión fiscal enfocada en garantizar la provisión (y no necesariamente en proveer directamente) de: • Sistemas de educación y salud suficientes. • Un sistema de seguridad social sostenible e incluyente. • Obras de infraestructura pública en servicios y comunicaciones que complementen y propicien la inversión privada. • Un sistema de justicia eficiente. 21   

•

Sistemas de defensa y seguridad interna que generen la seguridad personal de los ciudadanos.

Con respecto a estos elementos, el gobierno garantizará un consumo o acceso digno para todos los ciudadanos, tal que se generen los aumentos de productividad inherentes a una sociedad cada vez más educada y sana, que se desenvuelve en un espacio cada vez más justo, seguro y apto para la inversión privada y la generación de empleo productivo que permita la inclusión y el ascenso social de los sectores más desfavorecidos. Ayudas sociales: Así también, en el contexto de las políticas de gasto fiscal se prevé la existencia de planes de inclusión y ayuda social a poblaciones con necesidades focalizadas asociadas a la pobreza (poblaciones en riesgo social, en riesgo vital y en situación de transición productiva) y a condiciones de vida particulares que dificulten el acceso a los servicios públicos previamente expuestos. En el diseño de estos planes debe estar estipulado: • • • •

Cual es la población objetivo. Mecanismos institucionales para la implementación. Administración eficiente de las atribuciones y responsabilidades entre los responsables institucionales. Mecanismos de evaluación objetivos y sostenidos.

Se espera que estos programas ataquen las causas específicas de la necesidad focalizada siempre que sea posible, y que se hagan más intensos en momentos de recesión económica, tal que ayude a paliar el aumento de la pobreza asociado a dichas recesiones, y que sirva como elemento anticíclico de la gestión fiscal.

iv) Política Monetaria  El ámbito de la política monetaria será manejado por un banco central independiente, cuyos principales objetivos serán la estabilidad macroeconómica, especialmente de los precios, y del poder adquisitivo de la moneda. Así también, se encargará del funcionamiento de los pagos internos y externos. La independencia en la ejecución de la política monetaria garantizará principalmente que las decisiones tomadas estén alejadas de los incentivos inflacionarios del gobierno. Esta independencia debe mantenerse estable y nunca amenazada. Sin embargo, la existencia de objetivos claramente definidos y enfocados primordialmente hacia la estabilidad de precios y la independencia del banco central con respecto a la gestión monetaria no garantizan que los objetivos de baja inflación se cumplan. Es necesario establecer mecanismos que garanticen que el banco central se aboque exclusivamente a la estabilidad macroeconómica, no solamente para garantizar una gestión monetaria prudente, sino para que esta tenga credibilidad entre los ciudadanos, 22   

eliminando así la expectativa inflacionaria del sector productivo nacional, y evitando una espiral inflacionaria difícil de revertir. Estos mecanismos deben ser claros en términos del rango aceptable de variación de precios, deben definir un costo específico del no cumplimiento de los objetivos, y debe establecer las coyunturas específicas en las que es aceptable una evolución de los precios diferente a la esperada. Así también, se entiende que solo a través de políticas fiscales y monetarias coherentes entre sí, se podrán maximizar los esfuerzos para aminorar la inflación y la volatilidad de la economía. En este sentido, Banco Central y Ejecutivo Nacional deben concertar en la generación de un entorno macroeconómico estable que evite la sistemática disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos. El Banco Central deberá velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos interno, generando confianza en el sistema financiero nacional, en especial en el mercado de créditos. Deberá también velar por el normal funcionamiento de los pagos externos, en términos de la administración de las divisas nacionales, tal que se garantice la solvencia financiera externa. De esta forma permitirá al país obtener tanto los bienes y servicios como el capital que requiere del resto del mundo para garantizar su consumo y su crecimiento. En conclusión, la correcta ejecución de la política monetaria tendrá como fin último la generación de bienestar en la sociedad, lograda a través de la estabilidad de precios, la conservación del poder adquisitivo de los individuos y el sostenimiento del valor de la moneda.

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v) Regulación  La necesidad de que el Estado regule el comportamiento de los individuos en algunas áreas de la economía se observa claramente al darnos cuenta que existe una multiplicidad de situaciones en las que el libre funcionamiento de los mercados por sí solo no asegurará los mejores resultados. Estas regulaciones deben, en lo posible, minimizar las distorsiones en la toma de decisiones económicas al utilizar mecanismos de mercado para lograr los resultados deseados. Además se debe buscar corregir externalidades negativas, es decir, acciones de ciertos agentes que tienen efectos perjudiciales sobre terceros, y otras fallas de mercado. En cuanto a la regulación ambiental, esta debe tener como fin último crear los incentivos para alcanzar un nivel de contaminación que la sociedad considere como aceptable, teniendo en consideración las condiciones sociales y económicas del país. Esto se podría lograr a través de la creación de estándares ambientales, y de mecanismos que pongan un costo a la contaminación, de forma que se tengan incentivos a reducir su nivel. La regulación ambiental está íntimamente relacionada con el uso responsable de los recursos, ya que busca lograr una utilización de los recursos naturales que sea eficiente y sostenible en el tiempo. La regulación laboral busca, por su parte, que exista estabilidad en el empleo y que éste provea un nivel de ingresos suficientes para una vida digna, tomando en consideración que la decisión de emplear debe obedecer a criterios de eficiencia de las empresas. Esto significa que debe estar principalmente orientada a la búsqueda de unas condiciones de trabajo dignas en cuanto a salubridad, seguridad y remuneración. En la elaboración de estas regulaciones se reconoce que la regulación excesiva eleva los costos laborales de tal forma que las empresas tendrán pocos incentivos a contratar nuevos empleados, y mayores incentivos a sustituir al trabajador venezolano por otros factores de producción, impactando así negativamente en el empleo. El rol que juega la regulación económica también es fundamental, y se descompone en dos partes: la regulación del sistema financiero y la de la competencia. El sistema financiero provee servicios que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía, como lo son el sistema de pagos y la intermediación financiera. Por lo tanto, su regulación es de vital importancia para la estabilidad macroeconómica, dados los incentivos que existen en este sector para tomar riesgos. La regulación del sistema financiero debe ser llevada a cabo por un organismo o superintendencia independiente, transparente, y con el objetivo claro de perseguir la estabilidad del sistema. En cuanto a la competencia, existe una clara necesidad de regulaciones que impidan el abuso de posiciones de dominio y otros comportamientos que vulneran la competencia y perjudican a los consumidores. La regulación a favor de la competencia debe estar basada en principios claros y ser conducida de forma transparente. Con estas regulaciones se busca perseguir tanto la inclusión social, al ofrecer a todos los ciudadanos el acceso de bienes a precios competitivos y la oportunidad de competir en los mercados, como promover el crecimiento económico, al ser la competencia más eficiente en la utilización de los recursos que otras formas de mercado. 24   

5. Proyecto Político Institucional   

a) Fin Último: Bienestar de la Ciudadanía  El hombre se desarrolla en sociedad, por lo que todo aquello referente a la convivencia entre los ciudadanos constituye una parte estructural del bienestar de los mismos. El Estado tiene un papel importante en la gestión de los espacios públicos de convivencia y de toma de decisiones, para que se genere el mayor bienestar posible a los ciudadanos. La característica de no propiedad individual de estos espacios justifica la intervención pública para normar su uso, garantizar el acceso equitativo y justo a los mismos, y mantenerlos funcionando eficientemente y al servicio de la sociedad. Sin embargo, para que la gestión del Estado de dichos espacios sea sostenible y pueda responder eficientemente a las necesidades de bienestar de los ciudadanos, los parámetros de dicha gestión deben ser definidos, conocidos y apoyados democráticamente por la sociedad civil. De esta manera los espacios de convivencia funcionarán de acuerdo a un conjunto de normas claras, conocidas, respetadas y aprobadas por los ciudadanos. Estas normas se dan en respeto a los derechos humanos y civiles de las minorías. Así pues, el marco institucional, la estructura normativa, y la administración de los espacios públicos que ejerce el estado debe responder a las siguientes premisas: • Estar definido, implementado, evaluado y reformado a través de la participación democrática de la ciudadanía. • Ser eficiente en la respuesta a las necesidades de los ciudadanos. • Ser claramente entendido y respetado por los ciudadanos. • Respetar y proteger los derechos humanos y civiles de los individuos. Tomando todo esto en cuenta, las estrategias en el plano político institucional que se presentan a continuación buscan mejorar el bienestar de los ciudadanos, al incentivar o significar un funcionamiento institucional, normativo y administrativo eficiente en la solución de los problemas públicos, y al promover y mejorar la participación comunitaria e individual en la solución de los mismos. En estos términos, se concibe al sistema político venezolano como un ente generador de bienestar a la ciudadanía, mediante el funcionamiento correcto y debido del Estado de Derecho, de las instituciones, de la responsabilidad política y ciudadana; definido en la Constitución y en garantía de los Derechos Humanos.

d) Objetivos  Una administración pública eficiente, que responda de forma democrática a las necesidades de los ciudadanos, se manifiesta a través de la consecución de los siguientes elementos político-institucionales: 25   

i) Sistema democrático de origen y carácter civil  Asegura que el ejercicio de los poderes responda a los ciudadanos. En este sentido, se plantea un sistema democrático, participativo y representativo, que garantice el gobierno de la mayoría, el respeto a los derechos de las minorías y el principio de alternancia en el poder.

ii) Estabilidad política y gobernabilidad  La administración pública debe distribuir los recursos públicos de tal forma que se genere desarrollo y bienestar social y económico. En este sentido, se maximiza la probabilidad de paz social y estabilidad política. Se busca que todos los sectores sociales se desenvuelvan en un contexto de libertad individual, derecho a la propiedad privada, convivencia y tolerancia, desarrollo sustentable, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica, ciudadana y social. En la medida en que esto se cumpla, dichos sectores tienen incentivos para desarrollarse en el contexto de las normas existentes, y buscar su cambio de forma evolutiva, pacífica y a través del consenso. Así también, el poder del gobierno se debe encontrar limitado de forma clara, y sujeto al escrutinio democrático de la sociedad.

iii) Descentralización efectiva en términos políticos y presupuestarios  Permite distribuir el poder de manera eficiente y equilibrada, acercarlo al ciudadano y facilitar el desarrollo de las regiones y municipios.

iv) Institucionalidad en la administración pública  La sociedad debe ser sostenedora del aparato del Estado, por lo tanto, es a sus ciudadanos a quien el Estado se debe. En este sentido, se busca garantizar que este ente trate a todos los ciudadanos de forma justa, legal e imparcial, en cualquier acción que ejerza, tal que sirva como mediador y árbitro creíble entre ciudadanos y organizaciones con intereses diferentes o contrapuestos. La administración pública debe darse en términos de una función de servicio y atención eficiente y efectiva al ciudadano, a través de procedimientos institucionalizados, formales y estables en el tiempo.

v) Espacios de participación individual y comunitaria  Para posibilitar el ejercicio proactivo de la democracia, se requiere que los ciudadanos tengan posibilidades reales de incorporar sus problemas comunes dentro de la agenda de políticas públicas, de incorporarse al diseño de las soluciones y de ser parte de la evaluación de las mismas. En este sentido, se concibe la institucionalización de espacios de participación ciudadana para la solución de los problemas comunitarios. El Estado, funcionando en estos términos, podrá administrar legítimamente los espacios e instituciones públicas, normar su uso, garantizar el acceso 26   

equitativo y justo a los mismos, y mantenerlos funcionando eficientemente y al servicio de la sociedad, siempre en el contexto de la participación democrática, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos y civiles de todos.

e) Estrategias  Para que los espacios de participación y convivencia públicos funcionen de forma eficiente, justa y democrática, deben existir una serie de elementos que garanticen el cumplimiento de los objetivos previamente expuestos. En este sentido, se plantean las siguientes estrategias en relación al funcionamiento de dichos espacios.

i) Estructura de los poderes  La estructura de poderes e instituciones se fundamenta en la búsqueda de distribución del poder, tal que exista la pluralidad en la toma de decisiones, y que se acerque ésta al ciudadano y las comunidades. En este sentido, existe plena autonomía y división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en términos legales y funcionales. Cada uno ejerce control sobre los demás poderes, operando como un sistema de balanza de pesos y contrapesos. La administración de los espacios públicos por parte del Poder Ejecutivo queda sujeta a demandas arbitradas por el Poder Judicial, el cual a su vez puede decretar la falta de validez constitucional de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La aplicación de las leyes debe contar con la firma del Presidente de la República, y este, junto con el apoyo suficiente de la Asamblea Nacional, nombra a los jueces y magistrados que forman parte del Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo de este sistema consiste en que los poderes controlen mutuamente sus acciones, garantizándose así que estas se ciñan de forma democrática al bienestar común, al desarrollo de la nación y al respeto a la Constitución y las garantías individuales establecidas en ella. Así también, el acercamiento de la toma de decisiones al ciudadano y la comunidad demanda la existencia de un sistema descentralizado del ejercicio de los poderes. Con este fin, el Estado cuenta con una estructura federal, de un alto nivel de descentralización funcional de todos los poderes públicos. Los niveles Nacional, Estadal y Municipal tienen atribuciones y límites claramente establecidos. Si bien el gobierno nacional es corresponsable de los compromisos atribuidos a las gobernaciones y las alcaldías, estas tienen autonomía política y presupuestaria, tal que se disminuya la posibilidad de injerencia unilateral del Ejecutivo Nacional sobre las políticas descentralizadas, e incentivar una administración descentralizada competente y eficiente. Los pesos y contrapesos entre poderes y las atribuciones funcionales del Poder Legislativo y el Poder Judicial también funcionan de forma descentralizada. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional se reserva las competencias exclusivas sobre la Seguridad y Defensa Nacional, la Política Petrolera y la Política Exterior. Esta última se plantea como una política exterior institucional y de Estado, donde prevalece el interés nacional dirigido al desarrollo sustentable, el 27   

respeto a los tratados signados y el apego al principio democrático de no injerencia. Otro mecanismo para promover la autonomía y distribución del poder consiste en la descentralización funcional, en términos del traspaso de competencias del poder público nacional a instituciones y organizaciones públicas autónomas, que funcionen a través de procedimientos institucionalizados, formales y estables en el tiempo y entre gobiernos. Esta estructura busca que las decisiones implementadas cuenten con los consensos suficientes entre poderes para garantizar que dichas decisiones respondan única y exclusivamente a las necesidades y preferencias de la sociedad, y que la decisión de estas se acerque los ciudadanos en la medida de lo posible.

ii) Sistema electoral  Los representantes a cargos de elección popular se escogen a través de elecciones libres y limpias. El voto es universal, directo y secreto. El árbitro electoral es absolutamente autónomo, independiente, justo y no responde a presión o coacción alguna por parte de los actores políticos. Su gestión está monitoreada y controlada por ciudadanos, partidos políticos, organizaciones y veedores internacionales, tal que no quede duda alguna de su imparcialidad en los procesos electorales. En el contexto de la competencia por el voto, los candidatos deben cumplir con normas justas y claramente establecidas en relación a la dinámica de la campaña y al financiamiento de la misma. El árbitro electoral es el encargado de monitorear la campaña y hacer cumplir dichas normas. Paralelamente, existen medidas alternativas de control ciudadano sobre los poderes públicos a través de mecanismos electorales. Se plantea la posibilidad de referéndum revocatorio a la mitad del periodo para todos los funcionarios que hayan sido electos por voto popular, así como la doble vuelta en las elecciones de los integrantes del poder Ejecutivo. En este sentido, se logra la confianza necesaria para obtener altos niveles de participación y legitimidad del sistema democrático, se disminuye el ventajismo y el derroche en el contexto de la campaña, y se provee la transparencia necesaria para garantizar que la voz de la ciudadanía se vea justamente representada en los resultados de la contienda, generando credibilidad, estabilidad política y gobernabilidad.

iii) Fuerzas Armadas  Las Fuerzas Armadas Nacionales se encargan de mantener la soberanía del territorio nacional, de garantizar la seguridad interna en situaciones coyunturales, y de hacer cumplir las decisiones democráticamente dispuestas de la sociedad civil. Sus acciones se enmarcan en lo establecido en la Constitución y la normativa legal. El profesionalismo que se requiere para el manejo de las armas justifica la existencia de normas estrictas en relación a la participación política de los militares. En este sentido, si bien se les permite votar, se les prohíbe tener militancia política y optar a cargos de elección popular. 28   

Las Fuerzas Armadas funcionan de forma institucional. Para formar parte de ellas debe cumplirse con una carrera militar, y en base a los méritos logrados en esta se generan los ascensos de rango. Si bien la subordinación, disciplina y obediencia son vitales en la estructura vertical de las Fuerzas Armadas, ningún militar debe actuar fuera del marco establecido en la constitución y las leyes, aun cuando la orden venga de un superior. En este sentido, cualquier violación a la constitución y las leyes por parte de un militar genera sanciones sobre ese militar y sobre los superiores que ordenaron la acción. Las Fuerzas Armadas, al funcionar de la forma expuesta, contribuyen con la generación de orden, paz y estabilidad del sistema democrático, generando gobernabilidad y bienestar.

iv) Contraloría Pública  Para garantizar que la administración de los recursos y espacios públicos por parte del gobierno ocurra de forma institucional, justa e imparcial, deben implementarse mecanismos de contraloría que le obligen a hacerlo. En este sentido, la Contraloría de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Ciudadano funcionan como instancias del Estado autónomas e independientes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con potestad legal y efectiva de juzgar y hacer responsable al Ejecutivo o a la República por cualquier abuso, extralimitación o acto ilegal que este último ejerza en detrimento de un ciudadano o de la ciudadanía en general. La transparencia en relación a la gestión del gobierno en todos sus niveles permite a la opinión pública enterarse del destino de sus recursos y de la calidad de la administración pública por parte del Ejecutivo. En este sentido, El Ejecutivo debe ofrecer un balance oficial público de las acciones y decisiones que ha tomado, así como justificar públicamente la razón de dichas acciones. Así también, organizaciones privadas o no gubernamentales tienen la capacidad y el derecho de monitorear la gestión del Estado y las condiciones de la sociedad sin temor a represalia alguna. Entendiendo a la democracia como la capacidad ciudadana de actuar y participar efectivamente en la solución de los problemas públicos, esta solo puede darse si los ciudadanos se encuentran informados oportunamente en relación a dichos problemas. Así pues, los medios de comunicación Social, públicos o privados, funcionando de forma autónoma e independiente, y forman parte estructural de la democracia venezolana al garantizar que los ciudadanos se informen de los hechos de forma veraz y oportuna, estén en contacto con análisis plurales de la situación nacional y puedan actuar de forma prudente en relación a lo que ocurre a su alrededor. Estos se limitan a informar y analizar la realidad, sin interferir como un actor político en ella. Todos estos elementos, funcionando de forma conjunta, garantizan que el Estado sea administrado de forma institucional, y que cualquier desviación del Gobierno sea prudente y oportunamente penalizada e informada a la ciudadanía. De esta forma se promueve la eficiencia, la justicia y la meritocracia en la administración pública.

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v) Convivencia y educación ciudadana:  La convivencia ciudadana como estilo de vida se consigue a través de la construcción de ciudadanos que conozcan sus normas e instituciones, estén conscientes de sus deberes y derechos, y que sean capaces de resolver los problemas de su entornos con su esfuerzo y el apoyo de su comunidad. En este sentido, se promueve el conocimiento, valoración y respeto por la cosa pública, y sentido de pertenencia por el patrimonio colectivo, y facilita la formación mancomunada en la solución de problemas comunitarios a través del emprendimiento y la acción pública.

vi) Liderazgo Responsable  Los partidos políticos son reconocidos y aprobados de forma institucional. En este sentido, las diferentes tendencias políticas se ven representadas legítimamente a través de este tipo de organizaciones, promoviendo el pluralismo de ideas y opiniones, y la posibilidad de que estas sean tomadas en cuenta en los espacios públicos de toma de decisiones. El Estado, junto con los recursos y esfuerzos privados, promoverá la preparación formal de estudiantes y funcionarios destacados en el área de la administración pública, en todos su renglones. En este sentido, se promueve la competitividad administrativa presente y futura, y se incentiva a los jóvenes a participar en la política y el desarrollo del país. Se reconocen a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles como órganos de consulta, monitoreo y contraloría de las condiciones sociales y la administración pública, brindándole a esta apoyo y transparencia. El Estado, los partidos, las ONG´s y las asociaciones civiles se encargan de brindar el apoyo y asesoramiento adecuado a los líderes comunitarios para la elaboración, control y evaluación de los proyectos sociales que se remitan a su comunidad. En la búsqueda de eficiencia en la administración de los recursos públicos, se promueve la meritocracia como principio y método que garantiza la competencia de las personas que se encuentren en un cargo administrativo público. En este sentido, todo ascenso, promoción o aumento de salario en la administración pública debe justificarse en un aumento de la eficiencia, competencia o productividad del funcionario público. Cualquier elemento fuera de este contexto se considera irregular y debe ser investigado a profundidad.

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6. Conclusión  Las ideas plasmadas en este Proyecto de País han sido trabajadas por un equipo multidisciplinario de jóvenes, estudiantes y egresados de distintas universidades para dar respuesta a las necesidades y carencias que sufrimos actualmente como sociedad desde las perspectivas de diferentes áreas de conocimiento. A lo largo del mismo se expresan valores, objetivos y estrategias sobre las cuales consideramos que se debe construir consenso. Desde el funcionario público hasta el ciudadano común, el consenso permite canalizar los esfuerzos y talentos de todos en el alcance de un fin común, garantiza que las exigencias de los ciudadanos se circunscriban a ideas claras y apoyadas por todos, y promueve que la gestión pública se de en los términos acordados por diferentes sectores En ese sentido, al proponer este proyecto de país, lo que se busca es construir consenso a partir de él. Estamos seguros de que para ver la materialización completa de este proyecto se deben dar los pasos políticos y estratégicos adecuados para lograrlo. Este es un esfuerzo a largo plazo, que requiere compromiso, constancia, trabajo en equipo y la suma de voluntades de todos los venezolanos. Por lo tanto, después de haber definido que el fin último del sistema político venezolano es el bienestar de los ciudadanos en todas sus dimensiones, podemos concluir que para que la Visión de País se convierta en realidad, es necesario el conocimiento por parte todos los venezolanos de este proyecto y construir consenso a partir de él. En consecuencia, debemos convertir este Proyecto de País, escrito bajo la mirada semblante de jóvenes, en un sentimiento nacional donde cada uno de los ciudadanos se sienta identificado con el país que queremos, asumiendo la visión conjunta del tipo de sociedad que deseamos alcanzar y buscar los puntos de acuerdo en cuanto al como alcanzarlos. Los jóvenes expresamos aquí una visión de Venezuela deslastrada de la diatriba y el discurso polarizado que nos separa actualmente como sociedad. Este proyecto de país propuesto por los estudiantes no juzga ideología, religión, sexo, composición social, raza etc., está hecho para los venezolanos sin discriminación alguna. Sin embargo, la materialización de este proyecto depende de cada uno de nosotros como parte de una sociedad, de nuestro compromiso con Venezuela y de nuestra voluntad política de tener como meta común e individual al desarrollo pleno de Venezuela y de sus ciudadanos. En ese sentido, buscamos la participación de las ONG, partidos políticos, líderes y demás organizaciones para hacer parte de este sueño a todos los venezolanos a lo largo y ancho del territorio, y así, poder construir un país consciente de su responsabilidad enmarcado en un futuro ético y con un rostro más humano.

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