REVISTA

de la

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL

2010, Lima - Perú

Revista

de la

Escuela Superior

de

CONTENIDO

Guerra Naval

© 2010, Escuela Superior de Guerra Naval Marina de Guerra del Perú Av. La Punta, Callao Web: www.esup.edu.pe Director de la Escuela Superior de Guerra Naval Contralmirante Eduardo Camino Michalik Edición general C. de N. John Rodríguez Asti C. de F. Juan Carlos Llosa Pazos Comité editorial Vicealm. Fernando D’Alessio Ipinza Vicealm. Alfredo Palacios Dongo Vicealm. Jorge Montoya Manrique Calm. Fernando Bernales Parodi Calm. Jean Jesu Doig Camino Calm. Mario Caballero Ferioli C. de N. Francisco Yábar Acuña Dr. Juan Velit Granda Dr. Fabián Novak Talavera Mg. Enrique Obando Arbulú Mg. Farid Kahat Kahat Portada: Guillermo Spiers, óleo sobre lienzo, Museo Naval del Perú. Diseño y diagramación: Carlos E. Capuñay Riquelme Proyecto editorial: Mar del Zvr S.A.C. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-07839 Tiraje: 2000 ejemplares Edición: Octubre de 2011 Impreso en el Perú Preprensa e impresión: Forma e Imagen de Billy Víctor Odiaga RUC: 10082705355 Av. Arequipa 4558 Lima 18, Miraflores

La Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval fue establecida en 1993 con el objetivo de promover la realización de trabajos de investigación sobre temas de interés relacionados con asuntos marítimos y navales. Las ideas y opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a sus autores, y no son atribuibles a la Revista, a la Escuela Superior de Guerra Naval o a la Marina de Guerra del Perú.

Editorial del Director de la Escuela Superior de Guerra Naval...................... V ARTÍCULOS Problemática en la delimitación marítima peruano chilena Calm. Jorge Brousset Barrios.......................................................................... 2 The United Nations Security Council’s Inability to Preserve Peace in the World C. de N. Oscar A. Torrico Infantas................................................................ 30 Nuevo orden mundial y el Estado continente Calm. José G. García Valdivieso................................................................... 46 Intereses marítimos: economía y desarrollo Calm. Jean Jesu Doig Camino....................................................................... 66 Educación en las Fuerzas Armadas Calm. Juan Rodríguez Kelley........................................................................ 78 Gastos de defensa regional. Una aproximación desde la perspectiva de políticas públicas comparadas Calm. Fernando Palomino Milla................................................................... 84

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EDITORIAL

¿Es realmente necesaria la aviación naval aerotáctica de la Marina de Guerra del Perú? C. de N. Edgar Juan Carlos Salas Roncagliolo............................................ 102 Planteamiento estratégico en la Campaña de La Breña C. de N. Luis R. Adawi Cáceres.................................................................. 120

TESIS Replanteamiento de la concepción de seguridad nacional en el Perú C. de N. Eduardo Pérez Román Crnl. EP Mario Calderón Chávez C. de N. Luis R. Adawi Cáceres C. de N. Rafael Reyna Rivero..................................................................... 130 Causas de la disminución de postulantes al servicio militar voluntario de la Marina de Guerra C. de N. Luis Martínez Enríquez Crnl. EP Rafael Begazo Chávez C. de N. Juan Zúñiga Escudero Crnl. FAP Jorge Ramírez Malca C. de N. SGC Manuel Hinojosa López....................................................... 150 Las operaciones de información. Un recurso estratégico vital para la seguridad nacional C. de N. Carlos Enrique Reyes Lazo C. de N. Richard Valenzuela Gallegos C. de N. Juan Carlos Leclere Pineda C. de N. Víctor Emilio Bachoir Vidaurre Crnl. FAP Marco Posito Luján................................................................... 166

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engo la satisfacción de presentar el segundo volumen de la nueva edición de la Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval correspondiente al año 2010, cuyo número anterior tuvo gran acogida en el ámbito académico, tanto institucional como extrainstitu­cional, particularmente en universidades y escuelas de posgrado. Este hecho contribuye al esfuerzo que realiza la Marina de Guerra del Perú para fortalecer la conciencia marítima en la sociedad peruana, tal como se encuentra establecido en la política general del Comandante General de la Marina. Uno de los principales objetivos de la revista es brindar a los cursantes de los programas académicos de Comando y Estado Mayor, tanto Naval como Conjunto, así como a los participantes de los programas académicos de Alto Mando, y profesionales interesados en asuntos marítimos y navales, una fuente bibliográfica destinada a acrecentar sus conocimientos y servir de material de consulta para el desarrollo de investigaciones académicas. Otro objetivo, no menos importante, es reconocer el esfuerzo realizado por los oficiales participantes y alumnos mediante la publicación de artículos basados en los trabajos más destacados, individuales y de grupo, de los programas académicos de posgrado en los niveles Estratégico Operacional y Estratégico Naval y Marítimo, presentados durante el año académico 2010. Se encuentra también entre los objetivos trazados que la revista se sume a la dedicación que viene desplegando la Escuela Superior de Guerra Naval en el proceso de reconocimiento de los estudios de posgrado que se realizan en sus aulas, por la Asamblea Nacional de Rectores.

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Obtenido el reconocimiento, este centro de educación superior podrá otorgar los grados académicos correspondientes en los niveles de diplomado y magíster en áreas propias del quehacer naval y marítimo. Este empeño se complementa con la gestión de los procesos para la obtención de la acreditación de los programas académicos de la Escuela Superior de Guerra Naval, de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Finalmente, es oportuno recordar que este año la Escuela Superior de Guerra Naval conmemora sus primeros 80 años de creación. Hecho que tuvo lugar en el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, presidente que dio gran impulso al desarrollo de la Marina de Guerra del Perú, incidiendo en la modernización de la gestión institucional; para lo cual contrató una misión naval integrada por marinos de guerra norteamericanos en servicio activo, mediante un convenio de Estado a Estado. Como parte de las más significativas innovaciones de esa época se creó, el 17 de setiembre de 1930, la Escuela Superior de Guerra Naval, siendo designado Director el Contralmirante William Pye de la misión naval. Desde ese entonces, nuestra Escuela Superior viene desarrollando una trascendental labor en la capacitación y perfeccionamiento de oficiales superiores y subalternos de la Marina de Guerra del Perú. La Escuela Superior de Guerra Naval es fundamentalmente una escuela de pensamiento estratégico marítimo y naval, destinada a que los oficiales superiores de los programas académicos perfeccionen sus habilidades profesionales para obtener una visión estratégica que les permita identificar con claridad cuáles son los intereses marítimos del Perú y su proyección al futuro, mediante el continuo análisis del entorno nacional e internacional en la defensa nacional, en al actividades productivas de desarrollo y en la política exterior del Estado; visión que debe sostenerse en el profundo conocimiento de la realidad marítima y en la problemática de la gestión institucional. Contralmirante Eduardo Camino Michalik Director de la Escuela Superior de Guerra Naval

Jorge Brousset Barrios

PROBLEMÁTICA EN LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA PERUANO CHILENA

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n el año 2006, tuvimos una conversación informal con el Dr. Roberto G. MacLean sobre lo absurdo del uso del paralelo geográfico para medir los espacios marítimos. Luego, con las didácticas reflexiones geográficas de este ilustrado jurista, realizamos el ejercicio con valores aproximados y gráficos ilustrativos de la costa del Pacífico Sur Oriental que se muestra a continuación.

Jorge Víctor Brousset Barrios Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1965. Especialista en Ciencias del Ambiente e Hidrografía y Navegación en la Marina de Guerra del Brasil, Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como Comandante del BAP Chimbote, Comandante Acc. BIC Humboldt, Jefe de la primera y segunda Expedición Científica Peruana a la Antártida, Director de Hidrografía y Navegación, Vicepresidente del Directorio del Instituto del Mar del Perú, Director de la Escuela Superior de Guerra Naval, Director de Intereses Marítimos, Agregado Naval del Perú en Francia, Asesor de la Embajada del Perú en Ecuador, Miembro del Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores. Ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz por Servicios Distinguidos a la Nación. Es Vicepresidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú y Presidente del Directorio del Instituto del Mar del Perú.

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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA REGIONAL Para el análisis objetivo de la situación regional de la delimitación marítima frente a las costas del Pacífico Sur Oriental, es necesario enfocar la situación geográfica desde un contexto integral, considerando que el Perú no es el único centro de gravedad y solo constituye un tercio del paisaje, debiéndose guardar en lo posible un equilibrio simétrico real en conjunción con los otros dos países que integran el conjunto geográfico de la región (ver Figura 1). La natural propensión para buscar un equilibrio fácil de percibir por la comunidad es el esquema simplista que reduce la geografía de los espacios marítimos adyacentes a la costa de cada país a una simetría geométrica que, a grandes rasgos, está formada por dos paralelepípedos y dos rectángulos. De norte a sur, simplificando estos espacios marítimos, el de Ecuador constituye un paralelepípedo inclinado en la dirección este oeste, el espacio marítimo del Perú es un paralelepípedo de mayor dimensión en cuanto a su área e inclinado hacia el oeste, y el de Chile, que es una mucho más larga y delgada costa, está integrado por un rectángulo mayor de norte a sur y uno menor de este a oeste al final del cabo de Hornos. Esta perfección geométrica se alcanza tomando como referencia los paralelos y meridianos terrestres.

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Figura 1. Mapa de las costas de Ecuador, Perú y Chile

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

Jorge Brousset

Dentro de este enfoque, se realizó el ejercicio comparativo, en proporciones adecuadas, para poner a prueba numéricamente, sobre las superficies respectivas, el valor y validez real de esta simetría. De esta manera, iniciamos la medición en la costa de Ecuador, sobre la que se hizo la primera comparación al proyectar su litoral hasta las 200 millas marinas siguiendo la dirección de los paralelos geográficos, de manera que se obtiene una línea de réplica como límite externo (ver Figura 2), este método da como resultado que el Mar de Ecuador, en su totalidad, tendría una extensión de 194,342 km2; sin embargo, el método universal o de envolventes, adoptado por el Ecuador en su legislación interna (Decreto Supremo Nº 1542 promulgado por Ecuador en noviembre de 1966) dispone que el límite externo se trazará desde los puntos más salientes de la costa, método similar al que dispone la Convención del Mar1, con este método se determina un límite externo (línea envolvente), el cual encierra una superficie marítima de 238,000 km 2. Esta sustancial diferencia de 43,658 km2 (18% de la superficie de su territorio continental)2, se debe a que la costa ecuatoriana, de casi 1,200 km de longitud, tiene una morfología compleja con extensas escotaduras, destacando la entrada que forma el Golfo de Guayaquil. En este caso podemos apreciar que si comparamos el paralelepípedo que proyecta la costa ecuatoriana con otro similar sobre la costa del Perú, manteniendo la misma diferencia latitudinal, podría parecer que –a grandes rasgos y en esta geometría de aparente simetría– son dos paralelepípedos similares; sin embargo, observamos que la extensión de la superficie marítima no estaría realmente definida por la aparente geometría en base a la dirección de los paralelos y meridianos porque es artificial; por lo tanto, no corresponde equivalentemente a la extensión frente a su costa. Finalmente, es importante observar que la proyección de las costas ecuatorianas adyacentes a los países vecinos, siguiendo el método universal de la línea media, establecería un espacio marítimo de 200 millas de diferentes características, con dos triángulos en los extremos (ver Figura 2). En el norte, el triángulo tiene una área de 16,738 km2 cedida a Colombia, al adoptar como límite marítimo la línea que sigue la dirección del paralelo geográfico del punto donde la frontera terrestre de ambos países llega al mar; sin embargo, en el sur, con el Perú, Ecuador pretende recuperar lo cedido, obteniendo de la zona marítima peruana un triángulo cuya área es de 16,124 km2, en función del paralelo de la Boca de Capones, en toda la extensión de 200 millas (ver Figura 2).

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Figura 2. Mapa de las costas de Ecuador, Perú y Chile

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Figura 3. Comparación área marítima de Perú proyectada en la costa norte de Chile

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

Un segundo ejercicio se hace con la costa de Chile3, la cual corre de norte a sur y es bastante más larga que la peruana, por lo tanto, esta última servirá de base para proyectar la diferencia aproximada de latitudes de 15°. En este mismo espacio entre latitudes, la proyección del litoral peruano, también denominado Mar de Grau, siguiendo la dirección de los paralelos –el primer espacio gris claro en la Figura 3–, cubre una superficie de 614,070 km2, mientras que el espacio equivalente, es decir, 1,666 km de costa proyectado frente al litoral del Mar de Chile tiene un área de 616,373 km 2 –el segundo espacio gris oscuro en la Figura 3–; sin embargo, es importante anotar que no estamos proyectando la longitud real del litoral peruano.

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

Pero la apariencia de paralelos y meridianos desconectados de la realidad de la geografía, la cual debe expresar un área equivalente a los 2,905.90 km de longitud del litoral peruano, sufre de la misma artificialidad de leyes o tratados desconectados de la realidad de los intereses e instintos que le deben servir de base. Esta artificial simetría, aparentemente similar, es el equivalente a la comparación metafórica de ubicar en cubículos de tamaños equivalentes a una persona pequeña y a otra más grande, pero en los que no se nota una diferencia importante porque la persona más grande está forzada a ingresar a su albergue doblada en dos.

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La ilusión óptica, que nos impide ver lo que nos ocurre dentro del conjunto de los tres países involucrados, es que estamos –e insistimos en hacerlo– comparando áreas de aparente equivalencia, pero entre un paralelepípedo y un rectángulo, en una posición forzada que no solo no es natural sino que no tiene ninguna razón de ser, salvo que tengamos la voluntad de hacerlo conscientes de que nos estamos engañando y estamos engañando a otros. Pero si abandonamos la artificialidad de paralelos inventados para retornar a la realidad de la geografía de litorales, el litoral peruano tiene una longitud total de 2,905.90 km desfigurada entre paralelos que pretenden embutirla o ignorar su mayor tamaño como si –metafóricamente– estuvieran avergonzados o quisieran esconderlo de la vista de los demás. Y todo esto porque nuestro litoral está en diagonal a los paralelos y meridianos, y desentona con su artificial simetría de geometría aparente. Si comparamos la superficie generada por la longitud real de la costa peruana, proyectada con un segmento equivalente sobre la costa de Chile, siguiendo la dirección de los paralelos geográficos, la superficie aumentaría de 614,070 km2 a 1’075,183 km2, que es el área obtenida frente a un segmento de 2,905.90 km en el litoral norte de Chile (ver los dos espacios oscuros en la parte baja de la Figura 3). Para el Perú, esta comparación representa una diferencia de extensión en la superficie de 461,113 km2, mientras que para Chile no significaría ninguna diferencia natural porque su costa se orienta casi vertical en dirección sur, perpendicular a los paralelos geográficos, los que además se proyectan al mar frente a su costa formando casi un rectángulo. De otro lado, si comparamos las áreas generadas en el caso de medir ambas superficies marítimas frente a sus respectivas costas4, Chile siempre obtendría una ventaja adicional, es decir, para una misma longitud de costa registra un 23% más de superficie marítima. Por lo tanto, “frente a la costa” no significa “en diagonal a la costa conforme los paralelos”. en frente o enfrente significa “a la parte opuesta”, “en punto que mira a otro o está delante de otro”. Cuando decimos que nuestras casas están frente a frente, que los voluntarios den un paso al frente, dar frente, o de frente ¡marchen!, a nadie se le ocurre interpretar que estas palabras significan “en diagonal”. Este es el mismo enfoque que hace Chile en todos sus límites marítimos en los que sigue la línea de su geografía, sin que sea tan ostensible porque se confunde con los paralelos o meridianos. Y es el mismo enfoque que hace Brasil en la otra costa del continente con un litoral de configuración mucho

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más acentuada pero comparable, si guardamos las proporciones debidas, con la conformación de la costa peruana que se expande en la parte norte, y que en la parte sur se precipita a la convergencia más aguda en la totalidad de Sudamérica, en la proyección frente a las respectivas costas de Perú y Chile, que se sobreponen una sobre otra. Para esta situación exacta y precisa el Derecho Internacional del Mar ha ofrecido ya su inequívoca respuesta jurídica en el criterio de la línea media entre los extremos máximos de diferencia (ver Figura 4). Figura 4. Proyección zona sur Dominio Marítimo Peruano

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

Esta superposición de espacios marítimos se observa en una extensión de 75,800 km2, los mismos que deberían repartirse equitativamente para ambos países; sin embargo, Chile se ha posesionado de toda el área superpuesta. La línea media o equidistante referida en el gráfico significaría que

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tanto Chile como Perú cederían 37,900 km2, lo cual equivaldría al 1.09% del espacio marítimo continental chileno y 4.35% del dominio marítimo peruano. En el Perú, durante la evolución de la tesis de las 200 millas, inicialmente en 19475, se estableció un método demarcatorio cuya propia norma establece la posibilidad de modificar ese método, en razón de nuevos estudios e intereses nacionales, para trazar una línea imaginaria paralela a las costas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Esta aparente proyección de una línea paralela no es real, lo sería si el litoral peruano fuera una línea casi recta en dirección norte sur. En efecto, esta proyección de una costa inclinada sobre el paralelo, tal como hemos visto anteriormente, produce un área marítima deformada y reducida debido a esta inclinación del litoral respecto de los paralelos geográficos. El trazo de esta línea de réplica determina una extensión marítima de 614,070 km 2, (área blanca en la Figura 5). En 1955, por Resolución Suprema Nº 23 del 12 enero, luego de la firma de la Declaración de Santiago para la defensa regional de la doctrina de las 200 millas, se establece que la zona marítima peruana está limitada en el mar por una línea paralela a la costa y a una distancia constante de esta de 200 millas náuticas, lo cual permite ampliar la extensión marítima a 805,219 km 2 (área gris claro en la Figura 5). Finalmente, el 3 de noviembre 2005 se establece mediante la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, N° 286216, que el dominio marítimo se medirá conforme lo dispone las normas generales del Derecho Internacional, por lo cual la superficie marítima debería alcanzar los 872,159 km 2 (área gris oscuro en Figura 5). Por lo tanto, concluimos que la determinación de la superficie del mar adyacente a un Estado proyectando su línea de costa sobre los paralelos no tiene sentido natural alguno, a menos que dicha costa sea perpendicular a los paralelos y paralela a los meridianos (el caso de Chile). En estos casos, el mar adyacente frente a la costa de un Estado puede ser medido en su superficie con igual resultado de acuerdo a la geografía real, producto de la geología planetaria o a los paralelos y meridianos inventados por el hombre. Este método de medición no se debe utilizar en casos como el Perú, donde el litoral tiene una inclinación en relación a la dirección de los paralelos, y por tanto la proyección del área marítima adyacente se reduce, perjudicando los intereses del país.

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Figura 5. Comparación de proyección de 200 millas

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

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EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS DEL PERÚ La delimitación de los espacios marítimos es un tema de actualidad y despierta la inquietud de muchos países, ya que todavía se encuentran por definir más del 50% de las fronteras marítimas a nivel mundial. Esta realidad se presenta debido a que el derecho de la delimitación marítima ha evolucionado mediante el reconocimiento universal de las 200 millas en el nuevo Derecho del Mar que entró en vigor en noviembre de 1996, al producirse la 60º ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar); institución que compila las normas y conductas sobre todos los aspectos para el uso y aprovechamiento de los mares y océanos. Hasta ese entonces en el mundo solo se reconocían de manera universal los espacios de “mar territorial” cuyo origen se remonta al siglo XVI y la “plataforma continental” que se oficializa a partir de la Convención de Ginebra de 1958; si bien es cierto que varios países reclamaron desde mediados de la década de 1940 una extensión de 200 millas sobre las aguas adyacentes a sus respectivas costas. Este espacio finalmente ha sido reconocido universalmente mediante la denominación de “zona económica exclusiva”, la cual recoge básicamente los postulados de la declaración peruana del 1 de agosto de 1947 que preconiza la soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales existentes sobre las aguas suprayacentes en beneficio exclusivo del Estado ribereño, según lo dispone el Decreto Supremo 781: “1. Declárase que la soberanía y jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma submarina o zócalo continental o insular adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional cualesquiera que sean la profundidad y extensión que abarque dicho zócalo. 2. La soberanía y jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cualesquiera que sea su profundidad y en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren. 3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares que quedan bajo el control del Gobierno del Perú, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevi-

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nientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro; y, desde luego, declara que ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del territorio peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos. Respecto de las islas nacionales esta demarcación se trazará señalándose una zona de mar contigua a las costas de dichas islas, hasta una distancia de doscientas millas marinas medidas desde cada uno de los puntos del contorno de ellas”. El D.S. 781 de 1947, antes mencionado, expresa de manera unilateral la intención del Perú de extender su soberanía y jurisdicción más allá del mar territorial ya existente, hasta las 200 millas. Esta extensión se materializa mediante el establecimiento separado de la “plataforma submarima” y el “mar adyacente a sus costas”, “… para lo cual el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro”. (Art. 3) Las 200 millas establecidas por el Perú comprenden: - una zona marítima que se proyecta desde las costas hasta una línea imaginaria paralela a las mismas costas, trazada siguiendo la línea de los paralelos geográficos; - una zona marítima que se proyecta desde las islas nacionales, trazada desde cada uno de los puntos del contorno de las islas. El derecho reservado por el Estado peruano en 1947, para la demarcación de las zonas marítimas antes mencionadas, no pudo hacerse efectivo, y fue sumamente prudente la reserva de modificar dicha demarcación en el mismo instrumento. Si pretendiéramos llevar a la práctica este tecnicismo, encontraremos las siguientes contradicciones jurídico técnicas (ver Figura 6): - Se proyectan dos zonas, de la proyección continental y a partir de las islas, sin definir cuál es la que prevalece. - La proyección continental establece una línea imaginaria paralela a las costas; sin embargo, el criterio de medir siguiendo la línea de los paralelos geográficos no cumple con este objetivo, es decir, que la línea imaginaria sea paralela a las costas.

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Finalmente, el D.S. 781, cuando declara “extender” la soberanía y jurisdicción, implícitamente sobreentiende que no se refiere al mar territorial preexistente, y como hemos observado explícitamente define dos espacios diferenciados: “la plataforma submarina” y el “mar adyacente”; sin embargo, en los considerandos engloba estos espacios en un criterio sui generis que denomina “dominio marítimo”. Figura 6. Croquis extensión 200 millas según D.S. 781 de 1947

Callao

B O L I V I A

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, debemos advertir que en el desarrollo peruano de la evolución temprana de los espacios marítimos, universalmente establecidos en 1996, se tienen en cuenta los espacios marítimos hoy vigentes: mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva. Sin embargo, desde 1952, mediante declaración tripartita Perú, Chile y Ecuador se reconocen mutuamente la soberanía y jurisdicción sobre una “zona marítima” de 200 millas náuticas, como mínima extensión frente a sus costas. Posteriormente, el Perú a partir de su Constitución Política de 1979 establece oficialmente el criterio de “dominio marítimo” de 200 millas, Ecuador reclama un mar territorial de 200 millas y Chile suscribe la denominación universal de mar territorial de 12 millas, zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas. Existen todavía en el Perú dos corrientes de opinión, razón por la cual el Estado no ha adherido a la Convemar hasta la fecha. Para algunos peruanos el dominio marítimo es sinónimo de mar territorial y varios sectores del Ejecutivo se han pronunciado oficialmente hacia el reconocimiento de los espacios marítimos universalmente aceptados; igualmente, el Congreso de la República ha emitido resoluciones legislativas para la firma de tratados internacionales, en los cuales se aceptan explícitamente los diferentes espacios marítimos, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Es más, en el seno de las Naciones Unidas (1998) se ha dado la siguiente interpretación (el subrayado es nuestro): “Un Estado latinoamericano, no parte de la Convención, reclama un área singular de 200 millas náuticas, denominada Dominio Marítimo, reconociendo expresamente la libertad de navegación y sobrevuelo más allá de las 12 millas. Por esta razón el área marítima de dicho Estado está considerada en una categoría especial como otros, en lugar de ser clasificado como un mar territorial que se extiende más allá de las 12 millas”. (Naciones Unidas, 1998:17) La interpretación corresponde al Secretario General de las Naciones Unidas, en la consideración que el Perú es el único país que registra el término “Dominio Marítimo”; por lo tanto, es indudable que se refiere al Perú. Por último, sobre el tema de los espacios marítimos, la demanda del Perú ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dice textualmente (el subrayado es nuestro): “Resolver la controversia referida a la delimitación de los espacios marítimos del Perú y Chile, que se superponen en el Océano Pacífico…”. Como se podrá apreciar no se pide la delimitación del Dominio Marítimo, el cual es un espacio sui generis de 200 millas. Para Chile, el

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Decreto Supremo Peruano Nº 781 de 1947, fue el primer instrumento legal que definió el paralelo geográfico como línea de frontera; sin embargo, existen dos situaciones que niegan esta falsa suposición. La primera vinculada al Derecho Internacional, mediante el cual se impide que actos unilaterales fijen compromisos entre terceros, y la segunda está en el hecho, ya mencionado, que el artículo tercero del citado decreto dispone que dicha demarcación se podrá modificar “de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futuro”. De esta manera hemos querido puntualizar que el D.S. Nº 781 fue el inicio de una revolucionaria actitud peruana para establecer nuevos criterios sobre las 200 millas, lo cual tuvo un largo proceso de evolución y fue finalmente reconocido internacionalmente en 1996; por lo tanto, para la CIJ será casi imposible darle valor jurídico a algo inexistente para el Derecho Internacional en 1947, fundamento inicial de la pretensión chilena de que nuestra frontera marítima ha sido definida siguiendo el criterio de la dirección de un paralelo geográfico. En 1952, a iniciativa de Chile, se negociaron sobre la base del “Proyecto sobre Zócalo Continental y las Aguas que lo Cubren”, presentado por el gobierno chileno, los acuerdos de la “Declaración de Santiago de 1952”. El artículo tercero del mencionado proyecto proponía (el subrayado es nuestro): “La zona indicada comprende las aguas que quedan dentro del perímetro formado por las costas de cada país y una paralela matemática proyectada en el mar a 200 millas marítimas de distancia del territorio continental, siguiendo la orla de las costas. En casos de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas [ver Figura 7]. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviera a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponda a otro de ellos, según lo establecido en el primer inciso de este artículo la zona marítima de dicha isla o grupo de islas quedará limitada, en la parte que corresponde, a la distancia que la separa de la zona marítima del otro Estado o país”. Esta propuesta fue recogida casi integralmente, con la diferencia que se modificó el criterio de “paralela matemática” por “distancia mínima”, y para el caso de las islas, situadas dentro del espacio de proyección continental, “la distancia que la separa de la zona marítima del otro Estado o país”,

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por el criterio de la línea del “paralelo geográfico” que sigue la dirección del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos. Este último cambio se realizó a solicitud del Ecuador, cuyo representante propuso (el subrayado es nuestro): “... que convendría dar más claridad al artículo 3°, a fin de evitar cualquier error de interpretación de la zona de interferencia en el caso de las islas y sugirió que la declaración se redactara sobre la base de que la línea limítrofe de la zona de jurisdicción de cada país fuera el paralelo respectivo desde el punto en que la frontera de los países toca o llega al mar”. Figura 7. Croquis 200 millas continentales e insular Perú - Ecuador

Fuente: Elaboración propia.

El artículo IV de la Declaración de Santiago de 1952 (resultado de la negociación de la propuesta chilena del artículo 3º), establece normas de común acuerdo para el caso de la delimitación marítima de las islas oceánicas y continentales, lo cual debe ser interpretado mediante un acuerdo demarcatorio bilateral, cuando existan tales circunstancias especiales (Perú y Ecuador). El texto del mencionado artículo dispone: “En el caso de territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas.

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Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarantes estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta islas o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos”. Haciendo una lectura, conforme al sentido corriente y general de los términos del artículo IV, el mismo pretende regular la delimitación de una nueva y revolucionaria, en su época, zona marítima de 200 millas para el caso de las islas o grupos de islas nacionales de cada país. Es importante anotar que solo Chile y Ecuador tienen bajo su soberanía islas o grupos de islas fuera de su zona marítima general o continental; es decir, islas oceánicas (de origen volcánico) ubicadas más allá de las 200 millas de su mar adyacente a su espacio terrestre y su respectiva plataforma continental. Las islas o grupos de islas chilenas y ecuatorianas se encuentran a más de 200 millas del límite exterior de su zona marítima general, y obviamente a mayores distancias del límite externo peruano. En primer término, el artículo IV refiere al caso de territorio insular, determinando que la zona de 200 millas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla o grupo de islas. En este caso es obvio que refiere a las islas oceánicas, ya que en la región del Pacífico Sureste existen dos categorías de islas (oceánicas y continentales)7. En segundo lugar, se refiere específicamente a las islas continentales de cada país declarante que estuviere a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general, que corresponde a otro de ellos. La zona marítima general se refiere al área que se proyecta a partir del continente o espacio terrestre que corresponde a cada país; por lo tanto, en este caso se establece una excepción para las islas continentales ubicadas en la plataforma que continúa hacia el mar del propio continente, cercanas a la zona fronteriza entre los dos países, situación que solo tiene lugar entre Perú y Ecuador. Chile pretende considerar a la Declaración de Santiago de 1952 como un acuerdo para la delimitación marítima entre los dos países. Sin el ánimo de ser exhaustivos en el análisis jurídico, observaremos de manera general que este acuerdo internacional es de carácter tripartito, y tuvo por finalidad un compromiso de política internacional para la defensa de la, revolucionaria en su época, extensión de los mares adyacentes a las costas de los estados ribereños, hasta las 200 millas, en defensa de la soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales allí existentes. Si bien es cierto esta norma recoge

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un compromiso de excepción con carácter delimitatorio, este solo refiere al caso de islas continentales cercanas a las zonas de adyacencia entre los estados, esto se conoce en el Derecho Internacional como “circunstancias especiales”, las cuales fueron solicitadas por el Ecuador y reconocidas por el Perú, ya que en el Golfo de Guayaquil existen islas que configuran esta realidad geográfica que no se tiene entre Perú y Chile. Similar conducta se recoge cuando se dictan normas generales para el caso de islas oceánicas que solo tienen Chile y Ecuador, y que no son aplicables al Perú, porque este país no cuenta con tales características geográficas insulares. Por lo tanto, en este acuerdo internacional no existe ningún compromiso entre Perú y Chile para delimitar sus fronteras marítimas, en todo caso se recoge un reconocimiento general para el establecimiento y defensa regional de un mínimo de 200 millas frente a las costas de cada país firmante de esta declaración, y si proyectamos las 200 millas siguiendo la dirección del paralelo geográfico, a partir del punto donde la frontera terrestre llega al mar, entre el Perú y Chile, como hemos analizado anteriormente, Chile mantendría frente a sus costas las 200 millas, dejando al Perú, frente a Tacna casi sin mar y espacios reducidos frente a las regiones del Sur peruano de Moquegua y Arequipa. Una evidente situación de inequidad reprobada por el Derecho Internacional. En 1954, a raíz de la preocupación de la presencia de grandes flotas pesqueras de ultramar en las costas del Pacífico Sur Oriental, los tres países, en el marco de la Declaración de Santiago, para la defensa en resguardo de los recursos naturales frente a sus costas hasta las 200 millas, firmaron una serie de acuerdos para la defensa y regulación racional de la explotación de dichos recursos. Es así que se alcanzó, entre otros, el convenio para establecer una Zona Especial Fronteriza Marítima, cuya finalidad fue la de evitar incidentes con las embarcaciones de poco porte con escasos recursos náuticos, para lo cual se establecieron zonas de tolerancia pesquera utilizando por facilidad práctica un modus vivendi, en base a la dirección de un paralelo geográfico; el Convenio de 1954 dice (el subrayado es nuestro): “a. Se establece una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. b. Se establece que la pesca o caza dentro de la Zona de 12 millas marinas a partir de la costa está reservada exclusivamente a los nacionales de cada país”.

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Si bien es cierto que expresamente el acuerdo refiere al paralelo geográfico como “límite marítimo entre los dos países”, debemos entender que la referencia al paralelo es de carácter práctico para la ubicación de las pequeñas embarcaciones pesqueras, debido a que el paralelo geográfico se puede definir con una simple observación del astro solar al medio día; asimismo, la confirmación de “límite marítimo” solo puede entenderse como está expresamente redactado “entre los dos países”, porque legalmente es solamente aplicable al Perú y el Ecuador, como norma de excepción en el caso de islas continentales. La zona de tolerancia que se respeta desde 1954 no tiene los alcances de una demarcación fronteriza por varias razones: primero, porque fija un área de 20 millas, y las fronteras no se definen en una incertidumbre de 20 millas que significa casi 38 kilómetros; segundo, el área no comienza en la orilla del mar, sino desde las 12 millas, no estipula claramente dónde termina, ni tampoco que se extiende hasta las 200 millas, y además no comprende el suelo y subsuelo marino. Este es un convenio que el Perú ha denominado como un compromiso de carácter pesquero administrativo, que no tiene las formalidades para la demarcación de las fronteras marítimas, y que además en su propio texto establece que forma parte y no deroga lo establecido en la Declaración de Santiago en 1952, mediante la cual los tres países reconocieron una zona marítima como mínimo de 200 millas frente a sus costas. Posteriormente, en 1955, para consolidar la política internacional en defensa de las 200 millas, se firmó un Protocolo de Adhesión a la Declaración de Santiago, invitando a otros países a ser partícipes de la necesidad de establecer un área adyacente de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas, en resguardo de los recursos naturales de los países ribereños. En ese contexto, los gobiernos hacen un reconocimiento expreso de que realmente la Declaración de Santiago (1952) no establece ninguna delimitación marítima, más bien se ratifica su finalidad orientada a consolidar la tesis de las 200 millas; es decir, la adhesión mediante este instrumento establece con meridiana claridad que “no se afecta el ejercicio del derecho que tiene todo Estado de fijar la extensión y límites de su zona marítima”. Además se reconoce implícitamente que la Declaración de Santiago no es un tratado de fronteras, ya que “cada Estado al adherirse puede determinar la extensión de su respectiva zona, ya sea frente a una parte o la totalidad de su litoral, de acuerdo con la realidad geográfica peculiar”. La realidad geográfica es que el Perú tiene una costa inclinada frente a una costa recta de Chile orientada de norte a sur; por lo cual se debe tener en cuenta

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el tratamiento que reconoce el Derecho Internacional para las áreas adyacentes que se superponen, bajo los principios de justicia y equidad recogidos en la Convemar como normas que devienen de la costumbre internacional. En conclusión, existe una práctica que el Perú adoptó de buena fe durante la evolución de los nuevos espacios marítimos hasta las 200 millas, y que se podría denominar como un modus vivendi, que no debe confundirse como si fuera una costumbre internacional y menos el reconocimiento de un derecho histórico que Chile puede reclamar en función al tiempo. En 1968 y 1969 se firmaron actas con el propósito de establecer, en la zona cercana a la orilla del mar, una señalización náutica que permitiera, conforme establece el Convenio de 1954, brindar una orientación a las pequeñas embarcaciones pesqueras con escasos recursos de náutica. Esta señalización materializada mediante dos torres (la anterior en territorio peruano y la posterior en territorio chileno), proyectaba de manera visual, en el día y la noche, una línea imaginaria hacia los 270º, la cual podía ser vista por pequeñas embarcaciones hasta una distancia no mayor de 12 millas, debido a las características de sus estructuras y la potencia de la luz, ambos limitados en su alcance por la curvatura de la Tierra (ver Figura 8). Figura 8. Proyección enfilación frontera Perú - Chile

Fuente: Elaboración propia.

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El límite pesquero establecido de ninguna manera configura una frontera, tenemos como referencia acuerdos internacionales a través de la Organización Marítima Internacional (OMI) que establecen límites para fines específicos; por ejemplo, la zona de alerta para “búsqueda y rescate” área XVI a cargo del Perú, y que también establece un paralelo geográfico como límite por razones prácticas de fácil identificación. Sin embargo, esto no significa el reconocimiento de una frontera marítima a nivel internacional. Figura 9. Proyección frontera terrestre Perú - Chile y enfilación del Hito Nº 1 Inicio frontera terrestre

Paralelo que pasa por Hito N◦1

Los elementos técnicos establecidos en 1930 mediante documentos debidamente protocolizados, y que tienen carácter permanente, permiten en cualquier circunstancia el cálculo geodésico para determinar con precisión matemática la ubicación cartográfica de la posición del punto “Concordia”, sobre la línea de referencia común de marea que vincula a ambos países; tal como lo establece expresamente el Tratado de 1929 en su artículo segundo. Este punto, además, deberá ser el inicio de la frontera marítima entre ambos países. En el plano firmado por el representante chileno, se puede apreciar con claridad la ubicación de los hitos 1, 2 y 3, y cómo la línea de frontera demarcada binacionalmente en 1930, continúa hasta el Océano Pacífico (ver Figura 10). Figura 10. Croquis oficial Comisión Mixta Demarcadora Perú - Chile

Arco de círculo de 10 km desde el puente de Chacalluta (frontera terrestre) Fuente: Elaboración propia.

La instalación de la señal (Figura 9) al costado del Hito Nº 1, denominado “orilla del mar”, trajo como consecuencia que se tomara este hito como referencia; por lo tanto, es absurdo pretender que estos actos modificaron el Tratado de 1929 y los trabajos demarcatorios de 1930, mediante los cuales se estableció la delimitación del punto “Concordia” como el punto de inicio, en el Océano Pacífico, de la frontera terrestre entre Perú y Chile, y la demarcación gráfica del punto desde el Hito Nº 1 hacia el mar, siguiendo la dirección del arco “Concordia” distante 10 kilómetros del puente del Ferrocarril Arica-La Paz sobre el río Lluta, el cual corta el Océano Pacífico en un solo punto (inicio de la frontera terrestre hacia el este).

Fuente: Elaboración propia.

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En agosto de 1980, el Perú hizo una declaración al término de las negociaciones de la Convemar, pronunciada por su delegado el embajador Alfonso Arias Schreiber (2001), (el subrayado es nuestro): “… a falta de un convenio específico de delimitación concertado de manera expresa para fijar definitivamente los límites de tales zonas (espacios marítimos), y donde no prevalezcan circunstancias especiales ni existan derechos históricos reconocidos por las partes, debe aplicarse como regla general la línea media o de equidistancia, por tratarse del método más idóneo para llegar a una solución equitativa”. En mayo de 1986, durante las negociaciones para culminar los asuntos pendientes del Tratado de 1929, referente al compromiso chileno de construir a su costo facilidades portuarias en Arica para el servicio del Perú, el Canciller chileno Jaime del Valle expresó que una vez entregadas las obras se concluirían los temas de límites entre ambos países, a lo cual el suscrito, como presidente de la delegación técnica peruana, observó que aún se tenía pendiente el límite marítimo, razón por la cual el Canciller peruano Alan Wagner Tizón designó al embajador Miguel Bákula quien viajó a Santiago y expuso pormenorizadamente la posición peruana respecto a este tema y dejó constancia de lo tratado mediante una nota diplomática presentada por nuestra Embajada en Chile. Mediante este acto el Perú expresó oficialmente: “La conveniencia de proceder a la delimitación formal y definitiva de los espacios marinos que complementan la vecindad geográfica entre los dos países, por cuanto la referencia a la línea del paralelo no resultaba adecuada y su interpretación extensiva podría generar una situación inequitativa y riesgosa, en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados. Señalando que la definición de los nuevos espacios marítimos contenida en la Convención sobre el Derecho del Mar, y la necesidad de incorporar sus principios a la legislación interna de los países hacían urgente abordar el problema, pues los países debían precisar las características de su mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Recordó que la ‘zona marítima de 200 millas’ definida por la Comisión Permanente del Pacífico Sur en su Reunión de 1954, es un espacio diferente de cualquiera de los antes mencionados; citó a los autores peruanos que ya se habían referido a este asunto; y puso énfasis en la necesidad de prevenir las dificultades que se derivarían de la ausencia de una demarcación

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marítima expresa y apropiada, o de una deficiencia en la misma que podría afectar la amistosa conducción de las relaciones entre los dos países”. (Arias Schreiber, 2001) A partir del año 2000, luego de que Chile presentara ante Naciones Unidas su cartografía y coordenadas referentes a su línea de base de la zona norte de su litoral, y en ellas consignara un nuevo punto fronterizo diferente al punto “Concordia” establecido por el Tratado de 1929, se inició una controversia sobre la delimitación marítima. Chile editó un nuevo portulano de Arica, en el cual se establece un límite marítimo siguiendo la dirección del paralelo geográfico de este nuevo punto fronterizo, alineado en latitud con el Hito Nº 1 (referencia de la línea Concordia, límite terrestre entre Perú y Chile). Por lo cual, el Perú mediante nota diplomática manifestó su desacuerdo con el trazado del límite marítimo en el mencionado portulano, aduciendo que no existía ningún tratado específico para la delimitación marítima entre los dos países y más bien le reiteraba lo expresado en la nota de 1986, a la que hacemos referencia en el párrafo anterior. Con el mismo propósito se hizo llegar una declaración al Secretario General de Naciones Unidas, dejando constancia de que hasta la fecha el Perú y Chile no habían celebrado, de conformidad con las reglas pertinentes del Derecho Internacional, un tratado específico de delimitación marítima. Posteriormente se registraron una serie de incidentes en la zona fronteriza del punto donde la frontera terrestre de ambos países llega al mar, generados por las autoridades chilenas con el propósito de cuestionar y desconocer lo acordado mediante el Tratado de 1929 y que según una poco lógica interpretación de Chile, el punto de inicio en el Océano Pacífico ya no sería el punto “Concordia” –expresamente establecido por el Tratado–, sino el Hito Nº 1 ubicado a cerca de 200 metros tierra adentro en dirección de la línea Concordia. En vista de esta problemática, la misma que requería de pasos audaces y definiciones concretas, el Perú inició la legalización interna y soberana, en fiel cumplimiento a lo que establece su Constitución política, de la referencia básica para la determinación de sus espacios marítimos en el marco del derecho internacional, para lo cual estableció sus “líneas de base” mediante la norma Nº 28621 - Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, promulgada el 3 noviembre 2005 por el Congreso de la República.

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Esta acción interna y soberana de Perú ocasionó una desmedida e injustificada reacción chilena que agudizó la controversia sobre la delimitación marítima, ya que Chile pretendía desconocer la validez del punto 266 de la referida línea de base peruana, el cual corresponde a coordenadas aproximadas del punto Concordia (Tratado de 1929), punto Terminus Sur. Al mismo tiempo, desconocía la lógica proyección de la línea de base frente al mar hasta las 200 millas como lo establece el derecho internacional, aduciendo que existen tratados vigentes entre Perú y Chile que establecen un límite marítimo en función a una línea que sigue la dirección del paralelo geográfico del Hito Nº 1. Agotados todos los esfuerzos para llegar a un entendimiento bilateral, el Perú optó por acogerse a lo establecido en el Pacto de Bogotá de 1948 y presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en los siguientes términos: “1. La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado ‘Concordia’ conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte de la alta mar”. (MRE, 2008) Mediante la demanda ante la CIJ, hemos culminado una etapa en la consolidación de nuestro dominio marítimo. Los espacios marítimos hasta las 200 millas son espacios fundamentales para el progreso y desarrollo del Perú, ya que encierran grandes riquezas naturales y nos aseguran la alimentación y recursos no renovables, en hidrocarburos y minerales, para un futuro promisorio de las nuevas generaciones de peruanos (ver Figura 11). Los espacios marítimos internacionales que comprende nuestro dominio marítimo han tenido una evolución reciente, la cual finaliza en noviembre de 1994 cuando entra en vigor la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), a partir de la cual universalmente se reconoce la pionera reclamación de soberanía y jurisdicción hecha por el Perú desde 1947, quedando aún pendiente una clara y universal comprensión del dominio marítimo, el cual debe integrar los espacios que la CIJ deberá delimitar en nuestra zona sur, tales como el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

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Figura 11. Mapa Oficial 200 millas zona sur Perú

Fuente: Elaboración propia, sobre mapa oficial.

El Perú ha venido demandando a Chile, desde 1986, la negociación de un acuerdo para determinar las frontera marítima que nos separa; sin embargo, Chile, aprovechando los acuerdos alcanzados durante la defensa común de la tesis de las 200 millas y acuerdos prácticos y provisionales para asegurar la navegación de pequeñas embarcaciones pesqueras cerca de la costa, pretende perennizar una línea que, siguiendo la dirección de un paralelo geográfico, mantenga una absurda e injusta situación. El siempre recordado e ilustre embajador Alfonso Arias Schreiber decía: “Solo habría que preguntar ¿cuál es la razón para que Chile pretenda tener 200 millas frente Arica dejando a Tacna casi sin mar?”. El Perú pretende demostrar ante la CIJ que no existe ningún Tratado de Límites Marítimos que determine las fronteras entre los dos países y, por lo tanto, aduciendo a los principios internacionales que rigen para separar los espacios marítimos de países vecinos, determine con justicia y equidad

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cuáles deben ser los linderos de nuestras fronteras marítimas en el sector sur. Como ya se ha mencionado, el proceso será de mediano alcance, cinco a seis años, pero el fallo es irrevisable y definitivo, por lo tanto de estricto cumplimiento para las partes. La responsabilidad constitucional de las relaciones internacionales está en la Cancillería y el Presidente de la República; por lo tanto, los peruanos unidos en un solo propósito apoyamos al equipo que integran connotados personajes bajo la dirección del agente peruano, el embajador Alan Wagner Tizón, para alcanzar un pronunciamiento que devuelva a nuestra jurisdicción marítima una vasta extensión de mar peruano. Con la seguridad de encontrar una justa solución a la demanda para la fijación de nuestras fronteras marítimas con Chile, los peruanos abrigamos la esperanza de iniciar una nueva etapa de real integración vecinal que nos permita enfrentar unidos los retos del futuro desarrollo regional en todos los campos de la actividad humana, concretando así la justa aspiración de hermandad latinoamericana reflejada en el sentimiento popular de ambos pueblos.

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Referencias 1 “Artículo 4°.- El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del mar territorial” (Convemar, 1982). 2 Superficie del Ecuador 256,370 km2, incluye 8,010 km2 de región insular (Ministerio de Defensa Nacional, 2006) . 3 Litoral chileno 4,300 km (Libro Blanco de la Defensa, 2002). 4 El espacio marítimo peruano frente a sus costas según la Ley N° 28621 es de 872,159 km2. 5 Decreto Supremo 781 de agosto de 1947, artículo tercero. 6 Ley N° 28621, “Artículo 4º.- De conformidad con la Constitución Política del Estado

el límite exterior del dominio marítimo del Perú es trazado de modo que cada uno de los puntos del citado límite exterior se encuentre a doscientas millas marinas del punto más próximo de las líneas de base en aplicación de los criterios de delimitación establecidos por el Derecho Internacional”. 7 Las islas según su origen se pueden clasificar en: (1) continentales, partes de tierra conectadas por la plataforma continental al propio continente; (2) oceánicas o volcánicas, producto de la actividad volcánica que se produce en los fondos oceánicos lo cual trae como consecuencia la formación de islas en distintas placas de la corteza terrestre, es decir, desconectadas de la plataforma continental del continente.

Bibliografía Arias-Schreiber, A. (2001). Delimitación de la frontera marítima entre Perú y Chile. Obtenido en http://www.contexto.org/ pdfs/delimitacion_frontera.pdf Convemar (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ministerio de Defensa Nacional (2006). Libro de la Defensa Nacional del Ecuador. Libro Blanco del Ecuador. Obtenido en http://www.oas.org/csh/spanish/doclibrdef.asp#libros

MRE (2008). Delimitación Marítima emtre Perú y Chile. 2. La demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia. Lima: Ministerios de Relaciones Exteriores. Obtenido en http://www.delimitacionmaritima.rree. gob.pe/demanda.html Naciones Unidas (1998). Doc. A/53/456 – Asamblea General, Sesión 53 (5 de octubre). Los océanos y la ley del Mar.

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THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL’S INABILITY TO PRESERVE PEACE IN THE WORLD1 “Today, we face new threats and challenges, but also new opportunities”. UN Secretary-General Kofi Annan, 2005

T Oscar Alejandro Torrico Infantas Capitán de Navío, graduado en la Escuela Naval del Perú en 1989. Calificado en Electrónica y Comunicaciones; Curso Básico de Estado Mayor y de Comando y Estado Mayor, Curso Avanzado de Seguridad y Defensa Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa, Washington DC; Maestría en Defensa y Seguridad de la Universidad El Salvador, Argentina; Master de Relaciones Internacionales de la American Military University. Fue Segundo Comandante del BAP De Los Heros y BAP Mariategui, participó en ejercicios multinacionales, UNITAS y RIMPAC en el área de Hawai. Oficial de Enlace en las Fuerzas Navales del Comando Sur de los Estados Unidos, Roosevelt Roads, Puerto Rico; Jefe sección de Operaciones de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía, Iquitos; Jefe del Departamento de Comando y Control de la Sexta División del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Medalla de Honor al Mérito Naval, Combatiente Frente Interno durante la lucha contra el terrorismo, Servicios Prestados, entre otras distinciones internacionales.

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his essay analyzes the need to improve the United Nation’s (UN) Security Council structure in order to preserve international peace in the future. The UN is best known as the world’s key global organization to address international disputes throughout the world. The challenge is that the structure of the UN was created in the post World War II era to address security problems between Nation-States. However, today; the problems that are affecting international security are often very different than during the post WWII age. According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), currently many conflicts in the world are intrastate issues as opposed to conflicts among different nation-states. The structure and capacities to preserve international peace through the UN Security Council (SC) was built for a different era, to address different threats, and a different balance of power. Today, a good number of threats in the international system, such as the proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD), and terrorist activities, come from rouge states, or weak and failed states where the social problems such as inequality, poverty and injustice fuel world instability. These threats cause a different kind of disorder that eventually affect peace around the world. Additionally, these threats cannot be neutralized or addressed by only the States representatives within the UN diplomatic channels. These threats require the support of other intergovernmental organizations (IGOs) as well as nongovernmental organizations (NGOs). Situations such as Darfur, Somalia, Bosnia and Rwanda illustrate the insufficient and slow reaction in cases such as genocide and mass killing (Kegley, 2009:537). Changes are necessary at the UN in order to response more quickly to avoid genocide, human rights’ violations and ethnic

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cleansing. Additionally, changes are needed to reduce ungoverned space for terrorists or organized criminals. These spaces are often manipulated for illegal and disruptive purposes. This paper will focus its analysis on the neoliberalism and neorealism models in order to explore the nature of the political will of the great powers to improve the UN Security Council in order to better address the changing threats of today’s international environment. This paper will conclude that today’s problems can better be addressed with the unwavering support of the super powers inside a renewed UN Security Council structure. Until these changes are made, the UN structure will remain mainly on the sidelines of many international threats today and into the future. A CASE TO TRANSFORM THE UNITED NATIONS’ SECURITY COUNCIL Today, the world is facing very different challenges than just a few decades ago. The UN is somewhat limited in its ability to address today’s global threats principally because of the outdated structure of the UN Security Council. The Security Council (SC) was given the responsibility to deal with threats of international peace and security among nation states, with its main focus on preventing war between states. However, today the world is much more connected and complex. The world has recently seen the growth of international actors such as terrorist groups and organized crime that has eroded the states’ ability to face today’s modern security problems affecting international peace. Despite the promise of world peace with the end of the Cold War, new threats to global stability have emerged (Kegley, 2009:448). Furthermore, the intrastate conflict is replacing interstate conflict as the dominant menace to the international peace and security (Weiss, Forsythe & Coate, 2001:119). Also, the ethnic, religious, economic and national desire for autonomy inside the borders of existing geographic states are affecting peace, especially around the African and Asian regions. Unfortunately, civil war is becoming the most common form of armed conflict. The structure of the UN Security Council consists basically of the five permanent members and ten non-permanent members elected by the General Assembly for staggered two year terms. Also, the UN SC has a Military Staff Committee who was created by the first SC’s resolution in January 25 1946, which almost has never been used (Bosco, 2009:253).

Oscar A. Torrico

In order to approve any Security Council resolution, all Members of the United Nations must agree to accept and carry out the decisions of the Security Council and each Council member has one vote. Decisions on procedural matters are made by an affirmative vote of at least nine of the fifteen members. Decisions on substantive matters require nine votes, including the concurring votes of all five permanent members. This is the rule often referred to as the “veto” power. Thus, the Security Council is the only body who has the power to make decisions, which all member states are obligated to carry out (Bennett & Oliver, 2002:70). Given this, the UN SC structure and its ability to preserve international peace will now be analyzed by highlighting three specific points: First, the five permanent members, France, UK, Russia, China and the US were the winner of WWII and reflected the world stage in the 1940s, however it doesn’t reflect the new world reality. For instance, Europe’s seats on the UN Security Council are disproportionate to its global wealth, population and power (Jones, Pacual & Stedman, 2009:41). Also, it is important to point out that the five states with veto power happen to be the five states with the largest military expenditure as of 2008 (SIPRI, 2009). These five countries are also the only legally recognized nuclear weapon states, as defined by the Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 and also make up four of the five largest suppliers of major conventional weapons between 2004 and 2008 (SIPRI, 2009:14). Today, a nation’s power should be distinguished from its capacities (Kegley, 2009:427). A countries’ real strength must be measured through their ability to influence others in order to achieve their interests. In today’s globalized world, conditions such as economic, political, cultural, values, behavior, technology, population, and government institutions are some of the intangible power sources that are very important when convincing others to support your world view (Kegley, 2009:431). Secondly, an important factor with the UN structure is the quantity of non permanent members. The current number is ten and this number was increased from six to ten by an amendment of the UN Charter in 1965 (Bennett & Oliver, 2002:70). However, from the UN’s original fifty-one member states, it has growing to one hundred and ninety two members, and thus the 10 non permanent–members of the Security Council now only reflects 5% of the total members. Additionally, many of the new non-original states are coming from the Asian and African regions. These regions also

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face many of the biggest challenges to world peace and yet remain the least represented. Furthermore, the high rotation schedule of the non-permanent members to the Security Council doesn’t allow those countries to truly immerse themselves with permanent conflict resolution since they sit on the council for only 24-months. A third and final point limitation of the UN Security Council is that it has no capacity to deploy forces by itself in order to preserving peace around the world. It also has no law enforcement authority. Especially in the case of human rights’ violations such as genocide and ethnic cleansing, the UN Security Council is relatively spineless in its ability to enforce its resolutions. The UN needs unwavering support from its member states to resolve conflict and to address crisis situations. Also, the SC often has very little information when instability arises and its ability to efficiently address the conflict is often hampered by the lack of enforcement capability (Binnendijk & Kugler, 2009:197). In short, the current UN Security Council structure doesn’t reflect the importance of the new rising powers such as India, Brazil, Germany, Japan, and South Africa. Thus, the structure of the Council doesn’t represent the world as it is today (Cronin, 2009:40). Additionally, the fact that the SC doesn’t have ready forces to respond when required further hampers its success. According to Javier Solana, “we must bring the rising powers into positions at the top table of global politics, through an expanded G-8 and into the UN Security Council. This would highlight the twin imperatives for global governance: effectiveness and legitimacy” (Jones, Pacual & Stedman, 2009:xi). However, despite these many shortcomings, the United Nations’ and the UN SC should not be disbanded all together, just modified to better meet the realities of today. Beyond the council’s lack of representation with it’s five key players, the SC is still an excellent place to build upon (Bosco, 2009:188). In spite of its many failures and deficiencies, because both governments and international, if modified properly, will be able to use this revised council to resolve world crises while simultaneously preserving international peace (Bosco, 2009:188).

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IS THE UNITED NATION’S SECURITY COUNCIL STRUCTURE USEFUL IN PRESERVING INTERNATIONAL PEACE? The UN Security council has tried to preserve peace by passing more than one thousand eight hundred resolutions, the last of which was Resolution 1895, adopted by the Security Council at its 6,220th meeting on 18 November 2009, concerning the conflicts in the former Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina). The UN has also approved sixty three UN peacekeeping operations around the world since its creation. These actions were all taken under the legal and political authority of the Security Council (DPO UN, 2009:2). Today, the world is more and more complex and faces challenges such as civil wars, genocide, human right abuses, terrorism attacks, and the proliferation of weapons of mass destruction (WMD). Despite this, the United Nations peacekeeping operations are an active instrument as a way to help countries resolve conflicts and in trying to create an environment for lasting peace. However, since first established in 1948, when the Security Council authorized the deployment of UN military observers to the Middle East to monitor the armistice agreement between Israel and its Arab neighbors, only 40% of the operations have concluded successfully, while another twenty three deployments are in various stages of lasting peace, such as Haiti, Somalia, Congo, Liberia, Darfur, and Afghanistan. This situation is getting worse because many militaries are overstretched compounded with the problems brought on by the financial crisis, have further complicated successful peacekeeping operations. In the last ten years, the UN SC resolutions have activated more Peace Operations but this has put an undue demand on forces with seven times the number of personnel on the ground in recent years. However, the Staff members in the Headquarters has not increased at the same percentage levels, limited the capacity for proper command and control and overall accountability. According to the Center on International Cooperation (CIC), the problem facing Peace Operations resulting from UN SC resolutions is multifold: strains on troop contributors, rising financial costs and headquarters strains, and these problems are consequences of two sets of underlying challenges, operational and political. The Operational issues are about the UN Secretariat General and Department of Peacekeeping Operations DPO. The political challenges are with the UN Security Council itself (CIC, 2001).

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Furthermore, the commitment of the five permanent members in PO is not overly impressively with France with only 1,974 troops deployed; the United Kingdom, 347; Russia, 293; and the United States, 258 (Abramowitz & Pickering, 2008:104). In the case of China were deployed 1,955 to 12 UN peacekeeping missions (Bergsten, Freeman, Lardy, & Mitchell, 2008:223). Some Peace Operations have also ended in tragedy such as in Somalia and Rwanda. These illustrate why it is important to evaluate the forces and equipment necessary for a successful deployment. Also, these cases illustrate that adequate planning, personnel and field knowledge, clear instructions from the UN Security Council is essential, yet often absent. It is absolutely critical during the planning process to establish the projected timing of the whole operation. In cases where the UN had to downsizing or withdrawal unexpectedly, as in Timor-Leste in 2006, disastrous effects have resulted (CIC, 2001:3). The world can also criticize the UN for acting more assertively when the deaths occur in Europe rather than in Africa. The UN SC also tends to act more quickly in Africa than it does in Asia. Does this reflect the composition of the UN Security Council members? Perhaps. Furthermore, critics point out that the SC acts more where great powers have personal economic interests as opposed to acting simply on the basis of humanitarian concerns (Kegley, 2009:532). In regards to specific humanitarian disasters, some UN Security Council decisions and efforts have simply came too late, such as in the Bosnia UN intervention in 1993-1995 and the effort in Somalia where little was accomplished and withdraw took place before any political solutions were enacted (Binnendijk & Kugler, 2009:255). The world today is so complex that it makes operational tasks like peacekeeping extremely difficult and risky. “Post-Cold War operations” have been much more complex and difficult (UN, 2009:5). The capacities of forces supporting UN operations must be improved. Additionally, the mandate for each operation must be more specific to each given operation, rather than applying the just the basic principles of peacekeeping. The UN rules of “consent, impartiality and the non-use of force except in self-defense and in defense of the mandate” is often little use when you’re staring down the barrel of an enemy rifle. The need for change is evident; the question is how best to restructure the UN to better meet the threats of today and the threats we will face in the future.

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THE UNITED NATION’S SECURITY COUNCIL STRUCTURE AND CAPABILITIES CAN BE ENHANCED OR IMPROVED? According to John Ikenberry, the historical juncture has given the great powers the opportunity to put forward new rules and principles for a new international order (Ikenberry, 2001:3). After WWII, the great powers met to establish the new global security architecture to preserve peace around the world. They had the power, capabilities and the willingness to act. Although much of the leadership came from the US, there was a sense throughout the world that peace around the world was worth collectively striving for. In today’s globalized age and in this post Cold War era, 9/11 has given the world one more “historical juncture” to re-shape UN Security Council construct. The end of the Cold War gave the US a tremendous opportunity to formulate a global vision for world order. However, so far, the world leaders have failed to strengthen the UN SC to better face the security issues of weak states, civil war and regional instability that make the world such a dangerous place today (Jones, Pascual & Stedman, 2009:6). Some proposals to revamp the UN SC include engaging other rising power outside of the SC structure to build collective security and “responsible sovereignty” in possibly preserving peace inside of failed states. Others suggest working cooperatively between the US and other major powers, such as in the G-16 construct mentioned by Jones (2009) or working through regional organizations as Bosco (2009) has suggested. One cautionary note is that changes made outside of the UN SC construct will produce a parallel structure that could weaken the UN organization as a whole. Also, change is much more difficult outside of the UN construct and will require much more coordination and effort because the key decision makers today are already comfortable working within the UN construct. Additionally, these same countries that can effect change would be more likely to support these changes if they are made inside the UN construct where these countries already benefit as power brokers (Kegley, 2009:168). The solution should include rising powers and key states from different regions around the world to eventually strengthen the UN SC with more countries committed to the goals of preserving peace. This would bring more actors into the decision making process and make them “part of the solution and not just part of the problem.”

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Further advantages would include the fact that you would be bringing in more leaders from humanitarian trouble spots as well as from failed states. This would enable more leaders a chance to build on the commitment for long term success. A starting point would be to have today’s great powers to promote the inclusion of these countries from inside of today’s UN SC. New key actors could include Brazil, Mexico, India and Japan, Germany, South Africa, Nigeria, as well as other regional players, especially from the Middle East. This would ensure much more of the world’s continents and regions are represented. The UN SC would better reflect the global reality of today, and it will be perceived by most countries as the preeminent institution to preserving peace with much more international legitimacy. Reforming the Security Council and expanding permanent membership and including more nonpermanent members would not guarantee a perfect solution to today’s world crises. However, this new inclusive construct would, if nothing else, would solicit the commitment of these new players in helping establish and preserve international peace today and into the future. Neoliberalism vs. Neorealism: How these influence the “great power” decision-making? In order to analyze the influences of the great powers’ decisions in their willingness to improving the UN Security Council, it is essential that this analysis not be made in a vacuum. This analysis can best be understood if evaluated under the two different theories of Neoliberalism and Neorealism. Individual level of analysis: From the Neorealism point of view, improving the capacities of the UN Security Council would result in less large scale human rights abuses or mass killing (genocide) inside failed or rouge states. The permanent members could perhaps avoid problems and internal obstacles in getting others to participate with military operations as well as civilian forces mainly because their citizens today detect no national interest. In the case of the US, most American doesn’t see the UN SC as a substitute for American power in times of crisis (Nuechterlein, 2005:18). Their leaders also would see it as a risk that brings them little political benefit and high political costs in taking on large, long-term overseas projects with huge uncertainty and peril. From the Neoliberalism point of view, more commitment by the major powers for bringing peace and stability in other regions would provide better economic welfare for their people. The “responsibility to protect” would

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be the framework which the citizens from other parts of the world could encourage their government to commit more to improve the capacities of the UN SC in order to protect human rights and to prevent and stop genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. Also, the leaders would be more available to engage and cooperate with other major and rising powers to accomplish this goal, because the global prosperity of each country would depend on a global international system (Kegley, 2009:272). State level of analysis: From the point of view of Neorealism, internal problems or concerns of their population constrains the willingness of some great and rising powers (such as China and Russia) to improve the capacities of the UN Security Council. Furthermore, their type of government restricts their capabilities to make decisions in order to improve the UN Security Council structures, thus they see it as more important to improve their military capacities than to commit to enhance the preserving of international peace. Problems such as Tibet in China (Bergsten, Freeman, Lardy, & Mitchell, 2008:67) as well as the Georgia situation in Russia (Blank, 2009:28) can constrain the desire to produce any changes inside the international structure. The status quo is often the preferred structure rather than unknown structure in the future. Additionally, few great powers are willing to pledge unconditional support to operations directly by the UN SC unless their own security is threatened. However, under the neoliberalism view, it could be that more democracies along with great and rising powers would push the needed changes inside the international system in order to spread their values and world beliefs. Thus, they would improve the structure and capabilities of the UN SC and get more opportunities to cooperate in order to achieve a more secure world that produces conditions in which all countries around the world rise for the better (Absolute gains). In the cases of India and China, both have recognized that their economic growth relies on a stable international system (Bergsten, Freeman, Lardy, & Mitchell, 2008:227). Under this view, the five permanent members should be willing to improve the UN SC structure and capacities as well as increase their commitment to better face new threats, but this of course depends first and foremost on leaders and governments to cooperate and engage with one another to bring stability to the greatest trouble areas around the world.

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Global level of analysis: The UN Security Council exists in a world of realpolitik. Its permanent members are, above all, powerful states with their own diverging interests (Binnendijk & Kugler, 2009:176). From the neorealism view, it can be empathized that the UN SC is mainly one stage where the great powers carry out their traditional competition and political rivalry for influence over others. Furthermore, neither France nor UK want to deliver the veto power they have or share it with others because they would lose some clout on the world stage. Also, under this view, the international arena is there to form alliances and cooperate together against perceived enemies, as their interests dictate (Kegley, 2009:478). The great powers appear to be looking out for their own interest. They tend want more power and a better position on the world stage versus looking out for the common world interest of peace, equality, justice, prosperity and a sense of shared responsibility. The rivalry between the United States and the former Soviet Union blocked the Security Council from playing a dominant role in maintaining international peace and security. Also, we now realize that in the neorealist view, the great powers continued to “compete” to balance their power. Thus, this situation limits the possibly to enhance the UN SC if the above view points are reality. Persuading the broader UN membership to add additional permanent seat along with more non permanent members, and extend the time of each of them will not be easy. Also, none of the five permanent members want to provide military and civilian personnel for Security Council use. Why would the great powers want to build a ready force of military and civilian members ready to deploy in order to prevent or stop genocide or crisis between countries, unless their particular interests are at stake. Nevertheless, the growing interdependence and global society can change this trend. In the words of Rene Dubos, “trend is not destiny” (Rene Dubos quoted by Kegley, 2009:549). In the today’s world, the UN Security Council doesn’t only serve to prevent conflict between the great powers but in today’s world, the UN Security Council should work to help other countries, especially in Africa and Asia, in solving security problems such as genocide, human rights, terrorism, failed states, proliferation of WMD and strengthen the governance institutions around these regions.

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However, after Somalia’s tragic experience, the great power show little interest in intervening in failed states especially in African regions, but perhaps the “global war on terrorism” has shown the great powers the importance of building strong, solid states is one way to address today’s world threats. Bringing stability to a failed state and to strengthen institutions and improve governance could be a great effort that China and India could lead. They could realize the importance to improve governance and strengthen institutions and rules in places like sub-Saharan Africa could be beneficial to their economies (Broadman, 2008:105). Thus, from the neorealism view, the growing dependence between the major powers creates an unprecedented opportunity for solid consensus that addresses genocide, limits terrorism as a threat and addresses WMD proliferation and minimizes wars (Binnendijk & Kugler, 2009:173). From the neoliberalism view, this gives us a tremendous opportunity to improve the UN SC structure and capacities. The great powers must realize that stability around the world brings with it tremendous benefits to maintain trade as well as in maintaining their political positions. A revised UN SC could mitigate the “natural anarchy” of global governance through engagement with regional and sub-regional intergovernmental institutions, yet always lead by the Security Council. Thus, it may be easier to look for common interest in the preservation of peace. The problems that disrupt peace in a region are sometimes different to the problems of another region. For instance, the EU has reduced the anarchy through supranational integration making cooperation more durable (Collard, 2006:428). Could the UN follow suite? In short, the world can be viewed as two different worlds where in some eyes, Kant has triumphed and for others, Hobbes is reality. Thus, on one hand we are made up of large democratic, stable and peaceful regions and countries while on the other hand, the world is made up of violent, weak and fragile states with hostile regions. However, the world is really only one world and rather than comparing the Roman Empire age with the age of the British Empire, the global international system must shift the security paradigm away from these competing views, because in reality “our security depends of your internal security,” and vice versa. We are in one world where our security and prosperity is dependent on the actions of others (Jones, Pascual & Stedman, 2009:20).

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Thus, the greatest test of the great powers leadership will be building a representative world and the best place to start is by strengthen the UN Security Council structure and capacities so it can better address to threats of today. As Winston Churchill once said, “the only hope for the world is the agreement of the great powers” (Bosco, 2009:256) and today this agreement also has to include IGOs along with NGOs to ensure a more successful construct for our future. CONCLUSION Today, most threats that disrupt peace in the international system comes from rouge states and failed states, as well as the proliferation of WMD and terrorist groups where the social gap, inequality, poverty and injustice are all real problems. Additionally, the situation of failed states is not only a concern for those inside their boundaries but for external nations as well. The current international security structure is ill equipped to address today’s most pressing global challenges. Consequently, the world needs to develop better mechanisms to respond to crises that threaten international peace. The UN SC must strengthen its structure and capabilities but this will only be done with the great powers’ consensus. From the neorealist and neoliberal points-of-view, we can conclude that the changes proposed to improve the current Security Council system must center particularly with the five permanent members of the SC.: A win-win could result of the following actions become reality: First, increase the permanent membership of the UN SC but without give them the veto right. These new member could be rising powers from each region around the world as well as representative from countries such as Brazil, Mexico in Latin America, India and Japan in Asia, Germany inside the EU, Nigeria and South Africa in Africa and one key players from the Middle East as well as from the Asia Pacific region as Indonesia (the largest Islamic country in the world). This would give greater resilience and demand greater commitment from rising powers. Also, this would give a greater involvement of more actors, yet allowing the five members to retain original permanent veto power to protect their own interests. Thus, if the great powers work closely between each other, as well as at their regional levels, we could begin to see the benefits of true multilateralism.

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Second, increase to 20 the number that sits for non-permanent members on the UN SC. Also, extend the period for non-permanent members to five years in order to commitment more countries as well as representative the current quantity of member of the UN organization. Thus, more years as non permanent members let countries to engage more deeply in preserving peace around the world. These proposals maintain similar procedures from today yet reap many new benefits that are not currently engrained into the current construct. Third, improve the capabilities on the ground. The UN Security Council must have the flexibility to count on a ready military and civilian force to deploy in trouble spots throughout the world. These forces would be created with the forces from the permanent members inside the UN SC, and this force could be trained and hold leadership positions on a rotating basis congruent with the five-year terms of the Security Council members. These forces could plan Peace keepingoperations in different trouble areas in order to anticipate any future crisis. The experience from US Combatant Commands around the world as well as from NATO can help to build this key force structure. Furthermore, the UN Security Council, in order to address the new challenges of today, needs a limiting force (not necessarily an Army) that is capable of responding quickly to humanitarian relief and preventing conflicts from spiraling out of control (Abramowitz, Morton & Thomas, 2008:105). Military peacekeeping rarely succeeds without a civilian component – but finding a sufficient and highly qualified civilian staff is often as hard, or harder, than finding troops. (UN DPKO, 2009:38). Finally, peace will be preserved only if the great powers work together to stabilize the troubled regions around the world such as the Middle East and Africa. Additionally, to ensure a long lasting peace, the U.S. must lead and engage with other super powers, through the United Nations and other Regional Intergovernmental Institutions, in order to address the present and future challenges that threaten international peace. According to Dr. Patrick Cronin, “To manage global disorder, U.S. leadership and greater assistance by more actors are necessary to seize opportunities to cope with a range of serious challenges” (Cronin, 2009:362). Hence, the great powers have the opportunity to choose between working together as well as seeking needed cooperation from rising powers and IGOs and NGOs in order to achieve true peace throughout the world. The alternative is to continue issuing ineffective UN resolutions

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and deploying peacekeeping forces unprepared to face the challenges of today. The benefits from this new structure would be many: shared responsibility, more commitment from all states, IGO involvement, NGO involvement, and the great and rising powers would also gain ownership of the process. Thus, if the major powers work to achieve this new construct, through a skillful combination of realism and idealism, the result could be a construct to achieve real conflict resolution and perhaps one day achieve world peace throughout the world. It may sound a little utopian, but why don’t we give these proposals a chance? We already know where the “status quo” has gotten us.

Bibliografía

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NUEVO ORDEN MUNDIAL Y EL ESTADO CONTINENTE Las páginas de la historia están llenas de ruinas de países que se mostraron indiferentes ante la erosión del equilibrio de fuerzas. Richard Nixon

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l presente artículo es consecuencia, entre otras, de las concepciones estratégicas elaboradas durante la época en que fui catedrático de la Escuela Superior de Guerra Naval, alrededor del año 1998, y que posteriormente fuera presentado en 2003 en Guayaquil, Ecuador, durante el desarrollo del VII Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, del cual era Secretario, ya que el Perú ostenta la secretaría permanente desde su creación. La situación actual demanda un análisis profundo acerca de los llamados Estados continente, sus proyecciones futuras frente a las concepciones hegemónicas, la tendencia al dominio mundial por un grupo internacional de poder perfectamente determinado, y las nuevas amenazas, las cuales atentan contra la existencia misma de los estados.

José Guillermo García Valdivieso Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1964. Calificado en Comunicaciones, Inteligencia y Guerra de Superficie. Diplo­mado en Estrategia y Guerra Naval en el Naval War College de Newport, Rhode Island, Estados Unidos; y el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Ha sido catedrático de Estrategia, Seguridad Nacional y Planeamiento Estratégico en ESUP; y de Planeamiento Estratégico en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en el Centro de Altos Estudios Militares - CAEM. Se ha desempeñado como  Director de Comunicaciones Navales, Agregado Naval del Perú en Washington. DC., Subsecretario de Desarrollo Nacional del Ministerio de Defensa, Director de Infraestructura Terrestre, Director de Salud de la Marina y Director Ejecutivo del Centro Médico Naval y Jefe de Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones Navales. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú.

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CORRIENTES HISTÓRICAS Historia y Estrategia, dos disciplinas que son ciencia y arte. En el caso de la primera, el arte está representado por la imaginación creadora que permite al historiador recrear, con toda exactitud, el escenario en el cual acaecieron los hechos a fin de estudiarlos, analizarlos, juzgarlos y obtener conclusiones válidas de ellos; para lo cual se abstrae en el tiempo y en el espacio, actuando los hechos como si fuera un personaje más en el momento en el cual acaecieron. En el segundo caso, la imaginación creadora es aquella que permite al estratega establecer los escenarios donde van a realizarse los hechos, creándolos a través del planeamiento estratégico. Lógicamente, la diferencia entre ambos escenarios estriba en que, en el primer caso, es imposible cambiar los hechos, mientras que en el segundo, a pesar de estar establecida la visión a alcanzar y desarrollado el planeamiento estratégico para su consecución dentro del horizonte fijado, durante

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el proceso de ejecución se irán produciendo entradas colaterales, que permitirán que cuando se alcance la visión establecida esta haya sufrido cambios con relación a la primigenia; dando así lugar a que posteriormente los historiadores, a quienes Ortega y Gasset denominara profetas del pasado, hagan historia, y así sucesivamente en un proceso iterativo que no tiene fin. El objetivo del conocimiento de la historia es fundamentalmente el no volver a cometer los mismos errores, tal como se deriva de la sentencia de Confucio, cuando manifiesta que “Quien no conoce historia vive en el pasado”, sin embargo, ello no evitará el que “Se cometan nuevos errores”, según reza la poco conocida ley de Wolf, siendo la labor de los estrategas o visionarios del futuro, el minimizarlos o eliminarlos. Geopolíticamente, los países, naciones o estados, son definidos como seres vivos, lo que quiere significar que nacen, crecen, alcanzan la cúspide, se reducen y mueren. Todo ello indudablemente ligado con los albores de la humanidad, con el instante en que el hombre intuye la necesidad de agruparse con dos fines primordiales hasta nuestros días: el desarrollo y la seguridad; dándose, como consecuencia de ello, los modernos Estados nación de la actualidad. Pero tales Estados nación son consecuen­cia de dos corrientes que han coexistido con el hombre a través de la historia y que prevalecen aún hoy en día. Las corrientes a que hacemos mención son la integracio­nista y la secesionista. La aplicación de tales corrientes a través de la historia nos muestra que, mayoritariamente, no ha sido consecuencia del consenso, sino que ha sido forzada por diversas circunstancias, las cuales dependían de los intereses en juego, principalmente de las grandes potencias del momento y secundariamente de movimientos regionalistas con grandes cuotas de alguno o de todos los posibles fundamentos que se enumeran a continuación: nacionalismo, etnia, religión, lengua, historia o tradiciones e intereses. A manera de ilustración citaremos algunos ejemplos recientes. Así dentro de la corriente secesionista expondremos los casos de: - Quebec, la provincia francófona de Canadá, la cual en más de una oportunidad ha pretendido llevar a cabo sus tendencias separatistas, llegando inclusive a realizar un referéndum al respecto, el cual perdió. - Los vascos, en España, que pretenden una independencia total, dejan­ do de pertenecer al sistema de autonomías español, y para lo cual utilizan al ETA, rama terrorista que pretende por tales medios alcanzar

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sus objetivos de independencia, con los cuales no están de acuerdo las mayorías etarras. El imperio soviético, gigante militar con pies de barro en el campo económico, que lo llevó en 1991 a su desintegración, como consecuencia entre otros de la aplicación de la Perestroika (reestructuración - apertura democrática) y el Glasnost (transparencia); dividiéndose en 16 repúblicas independientes que pasaron a conformar la Comunidad de Estados Independientes (CEI), a partir de diciembre de 1991. Es pertinente señalar que el secesionismo del imperio soviético es el que mayores estragos ha producido a nivel mundial por la capaci­dad, cantidad y ubicación del armamento detentado por los soviéticos, sobre todo en aquello referido al arsenal nuclear, su inventario y control. Yugoslavia, después de Tito, que se escindió en función, fundamental­ mente, de razones de orden étnico, y donde a la fecha persisten muchos de los problemas iniciales, sin solución dentro del corto plazo. Sin ir muy lejos, pues no podemos dejar de mencionar las expresiones en tal sentido de nuestros compatriotas loretanos, quienes han usufructuado tal bandera, como arma política, para la solución de determinadas demandas. Finalmente en esta apretada síntesis no podemos dejar de mencionar los sucesos recientemente acaecidos en Santa Cruz, Bolivia, donde han logrado imponer al gobierno cierta forma de autonomía a símil de las españolas. Veamos ahora algunos casos relacionados con la corriente integracionista. Nuevamente traemos a colación el caso de Yugoslavia, pero esta vez durante el gobierno de Tito, quien fue el causante de su integración; sin embargo, es conveniente notar que tal Estado nación existió durante la vida de Tito, al desaparecer el líder, el estado se desintegró. En la actualidad vemos la pretendida creación de la Nación Aymara, para lo cual se debe desintegrar territorios de terceros, a fin de luego integrarlos dentro de una nueva estructura, formando con ellos una nueva nación, pretendiendo basarse en reivindicaciones ancestrales inexistentes. Esta estaría conformada por territorios mayoritariamente pertenecientes a Bolivia y Perú, en ese orden y escasamente a Chile. Su capacidad de supervivencia es casi nula, con el agravante de contener prácticamente en su centro geográfico territorial a la capital política de Bolivia.

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De otro lado desecharía el pretendido y ancestral deseo boliviano de acceder al mar por Arica, demostrando de hecho que su acceso natural es por donde siempre fue antes de perderlo en el conflicto del 79, por Antofagasta. La población aymara residente en el área comprendida es de escasos 450,000 habitantes. De consolidarse seria una nueva nación mediterránea sin ninguna posibilidad de acceso al mar, sin ningún antecedente histórico al respecto. - Llegamos así al más importante ejemplo de integración, el cual ha tomado varios años para lograrse, estando en pleno proceso de consolidación de lo que representa todo un éxito a seguir como ejemplo. Me refiero a la Unión Europea, la que ha venido en la actualidad a constituir un Estado continente más, con todo lo que ello representa en el consenso mundial. Podemos observar que lo que está latente en todo momento, dentro de estas dos corrientes, no es otra cosa que el ansia de poder, que emana de cualquiera de las acciones tomadas y de los intereses de los actores. Se aúnan a estas corrientes las dos grandes tendencias geopolíticas, dentro de lo que se ha dado en llamar la “Doctrina del espacio vital”, la continental y la marítima. La primera de ellas encarnada y liderada por el geógrafo y estadista inglés Sir Halford Mackinder (1861-1947), quien en su brillante trabajo “El eje geográfico de la historia” resaltó la importancia de lo que él denominó “la isla mundial en el dominio del mundo”. Resumiendo, su doctrina preconiza que “Quien domina la Europa Oriental-Rusia, controla el corazón continental; quien domina el corazón continental, controla la isla mundial; quien domina la isla mundial, controla el mundo”. La segunda tendencia geopolítica está personificada por el marino e historiador norteamericano almirante Alfred Thayer Mahan, quien en su libro cumbre La influencia del poder naval sobre la historia 1660-1805, afirma que el océano era la clave del poder en la tierra y que “La potencia dueña de los mares señorearía el mundo”. Vemos pues que continuaba la ancestral rivalidad de la dicotomía tierra­-mar, rivalidad que nace cuando el hombre se adentra en el mar en viaje transhorizonte en busca de nuevos mundos. Es pertinente señalar que en realidad esta dicotomía no tiene razón de ser, ya que a pesar del avance tecnológico, existe aún una interdependencia entre ambas, algo así como un cordón umbilical, donde la una no puede existir sin la otra, es decir, de acuerdo con ello, el dominio mundial solo se dará a

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quien participe de ambas condiciones, vale decir: ser una potencia marítima y continental a la vez. Vemos que también en este caso el motor fundamental es el poder. Finalmente para completar el marco de referencia, nos referiremos a dos teorías relacionadas entre sí, la de “los grandes espacios regionales” y la de “los espacios de poder”. La primera de ellas, la de los grandes espacios regionales, se ha ido constituyendo en el mundo a través del tiempo, dichos espacios han ido cambiando de ubicación geográfica en función de cómo se desarrollaban y evolucionaban las civilizaciones, consecuencia de la preponderancia económica de las unas sobre las otras y del mayor o menor grado de poder relativo que poseían, lo que las hacia predominantes en su área de influencia, constituyendo de hecho el centro de gravedad de su área. Su formación y desarrollo obedecen a las condiciones que en un momento dado se dan como consecuencia de la interactuación del hombre y el espacio; es decir, la relación que por definición básica constituye la geopolítica. Ciencia y arte, donde el hombre es el animal político por excelencia y el espacio-territorio comprende y constituye la riqueza. Dichos espacios regionales están gobernados al igual que los países, Estado nación, civilizaciones, etc.; por el mismo principio geopolítico que los asemeja a los seres vivos, ello quiere decir que: nacen, crecen, se desarrollan, decrecen y mueren o desaparecen. Paul Kennedy, en su obra Auge y caída de las grandes civilizaciones, nos demuestra su evolución a través del tiempo, así, los grandes espacios regionales donde se asentaron y desarrollaron tales civiliza­ciones siguieron como consecuencia el mismo ciclo geopolítico. En paralelo con el gran espacio regional se encuentran los espacios de poder, los cuales están contenidos en los primeros y donde una o más potencias en diferentes estadios –ya sea emergencia, auge o decadencia– se disputan su hegemonía. Veamos ahora, en forma por demás sucinta, cómo han evolucio­nado estos grandes espacios regionales a través del tiempo. El primero de estos grandes espacios regionales es a la vez el más longevo, debido no solo al tiempo que duró su predominio, sino a la gran cantidad de civilizaciones que florecieron dentro de su seno, sucediéndose unas a otras en función de su nacimiento, auge y caída; consecuencia también de los espacios de poder que se generaron y que en su momento gestaron potencias e imperios de orden netamente regional. Este gran espacio regional es el Mediterráneo, en el cual, entre otros, se dan las tres grandes batallas

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que deciden la suerte del mundo antiguo, consecuencia de la necesidad de consolidar un hegemón en el área. Las cuales son la de Pelusio, actual Port Said en el 1200 a. C., la de Salamina en el 480 a. C. y la de Actium en el 31 a. C., dando esta última el dominio del Mediterráneo a Roma y con ello el predominio de Occidente sobre Oriente. Posteriormente viene la era de los grandes descubrimientos y explora­ ciones, para llegar a Lepanto en 1571, donde los cristianos aplastan defini­ tivamente el poderío turco. Luego tenemos las batallas de San Vicente, Abukir y Trafalgar; perdiéndose en la primera de ellas la flota española y en las dos restantes la francesa, dándose como consecuencia el predominio británico por más de un siglo, estando inmersos ya, en la era del Atlántico, como nuevo gran espacio regional. Este gran espacio regional, empieza a perder su influencia al término de la segunda guerra mundial, avizorándose la importancia del Pacífico. Es pertinente considerar el periodo entre guerras –las dos guerras mundiales–, como una pausa de combate, donde lo más importantes quizá fue el desarrollo de nuevas tecnologías, tácticas y estratégicas. El ingreso al nuevo milenio nos encuentra plenamente situados dentro del gran espacio regional del Pacífico, con todo lo que el significa. El Océano Pacífico, denominado también hemisferio Pacífico por su inmensidad, representa lo siguiente: su superficie es de 179 millones de kilómetros cuadrados, similar a la combinada del Antártico y el Índico. Representa el 46% del total mundial de los océanos. Su eje norte-sur mide 11,000 km, y el este-oeste, sobre el Ecuador, 16,000 km, dándole una forma ovalada. Tiene el litoral más extenso del planeta y sus aguas bañan tres continen­ tes: América, Asia y Oceanía; el 60% de la población mundial de más de 6.500 millones se halla asentada en él; se hablan los tres idiomas más usados del planeta: el inglés, el chino mandarín y el castellano (cuyo total de hablantes mundiales son 1,500,800 y 400 millones respectivamente). Se profesan mayoritariamente tres religiones: el Cristianismo, el Budismo y el Islamismo. Conecta con el Océano Índico al sur de Australia y por el archipiélago indonesio con el Atlántico por el estrecho de Magallanes y el paso de Drake, con el Océano Glaciar Ártico por el Estrecho de Bering; estando la mayor cantidad de tierras continentales en el hemisferio norte.

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El hemisferio Pacífico en la práctica representa la mitad del globo terráqueo, conteniendo la mayor capacidad económica en términos de riqueza potencial debido a la gran cantidad de recursos vivos y no vivos, renovables y no renovables, constituyendo la mayor despensa de la humanidad, siendo además, el gran regulador climático del planeta por su capacidad termodinámica. Como es fácil comprender, la migración de estos grandes espacios regionales se realiza dentro de un tiempo, consecuencia del principio geopolítico que los rige, es decir: su nacimiento, auge y desaparición o minimización, congruente con el desarrollo de los espacios de poder que albergan dentro, y de la interacción de tales espacios de poder para lograr la ansiada hegemonía. Hasta aquí el marco de referencia en función de estas seis constantes históricas, las que están implícitas al establecerse un escenario que permita analizar la situación mundial desde la óptica de la geopolítica, la geoestratégica y la geoeconomía, los fundamentalismos e intereses a fin de bosquejar un nuevo orden mundial totalmente dinámico. En este punto creo conveniente y necesario echar un breve vistazo a la más reciente situación actual: la caída del muro de Berlín, el término de la guerra fría, la disolución del imperio soviético, así como la guerra de Chechenia, el asunto del Kosovo, los permanentes problemas de los Balcanes que la hacen una región totalmente inestable; las primera y segunda guerra del golfo y otros conflictos menores, pero no menos importantes, demandaban el establecimiento de un nuevo orden mundial, consecuencia entre otros, de la terminación de la bipolaridad y del interregno inmediato unipolaridad - multipolaridad, con un hegemón militar y la existencia de hasta seis grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Japón, la Unión Europea y la India, de las cuales las cuatro primeras están en el hemisferio Pacífico. Además existen una serie de potencias intermedias, de segundo orden, también llamadas emergentes; de las cuales tenemos a Canadá, Corea del Norte, México y Australia en el Pacifico y Brasil en el Atlántico, algunos países tratando de lograrlo y, una serie de países cuyo objetivo primordial es alcanzar la satisfacción de sus objetivos nacionales de supervivencia, es decir, lograr la autosuficiencia en alimentación, energía y salubridad (agua y desagüe). Dentro de este contexto, no podemos dejar de analizar los cambios geopolíticos en la era posterior a la guerra fría. Esta es la concepción norteamericana en relación con la estructura geoestratégica y geopolítica del mundo, la concepción gira en torno a zonas

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de exclusión, donde en todas y cada una de ellas existe un hegemón con capacidad nuclear, con excepción de la zona sudamericana. La China es una zona autónoma que incluso ha llegado a dominar de tal manera el mar de China que es imposible penetrar en él, debiendo el que desee utilizarlo, disputárselo, amén de ello extender su influencia y poder sobre toda el Asia, a pesar de la potencia nuclear emergente en que se ha convertido Corea del Norte. Queda pendiente, en el mediano plazo, la integración de Taiwán a la China continental, lo que es más que otra cosa, un problema de integración de sistemas y cúpulas políticas. Estados Unidos se encuentra en una zona aislada, lo que le da ventajas estratégicas, sobre todo por el hecho de su bioceanidad y de tener acceso al Océano Glaciar Ártico a través del Estrecho de Bering. Su brazo estratégico alcanzaría hasta Venezuela por el petróleo, sin embargo, creemos que dicho brazo se extendería hasta el río Amazonas, por la importancia de este, como mayor reserva de agua dulce del planeta con exclusión de la Antártida. La India que se ha convertido en una zona independiente y aislada, gracias a haber alcanzado el estatus de potencia nuclear, independientemente de sus ancestrales rivalidades con Pakistán. La Unión Europea, por su lado, gracias a la capacidad nuclear de Francia principalmente y secundariamente de Gran Bretaña. Finalmente tenemos a Sudamérica, que se prolonga hasta el África, zona que es calificada como limbo estratégico, por la carencia de un hegemón con capacidad nuclear, es una zona neutra, que se convierte en una zona de reserva, que por el momento se encuentra fuera de las disputas por el control mundial. Vemos, pues, que lo que caracteriza a estas zonas es la existencia de un hegemón con capacidad nuclear, lo que les ha permitido desarrollar la posibilidad de exclusión; que es lo que Carl Schmitt llamaba “La prohibición de intervención para potencias extranjeras”. Es en estas condiciones que llegamos a los sucesos acaecidos el 11 de setiembre del 2001, más comúnmente conocidos en la actualidad como el icono “11-S”, los que implican el ataque terrorista llevado a cabo contra el Trade World Center (100% efectivo), el Pentágono (mediatizado) y la Casa Blanca (neutralizado); con aviones de pasajeros capturados al momento del decolaje, utilizándolos como si fueran bombas de combustible, es decir, una tecnología inmediata inferior a la nuclear. Habían sido atacados los tres iconos representativos del poder de los Estados Unidos: el económico, el

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militar y el político. Los sucesos en mención cambiaron radicalmente el nuevo orden mundial que estaba en proceso, basado en la existencia de seis grandes potencias, algunas potencias intermedias y el resto de países tratando de sobrevivir, supuestamente “independientes”. Trataremos de describir lo más escuetamente posible las consecuencias de lo acaecido, por la importancia que tiene para el establecimiento del escenario en el que nos movemos en la actualidad. A consecuencia del “11-S”, se suceden una serie de acciones: el 7 de octubre, mostrando una capacidad de respuesta inmediata empezó la operación “Libertad duradera”, la que tenía como objetivos desplazar del poder a los talibanes, destruir las bases de Al Qaeda y capturar a Bin Laden. Los únicos países árabes que condenaron el ataque fueron Irán e Irak; el 12 de setiembre de 2002 en su discurso en la ONU, Bush defendió la guerra “ preventiva” (debemos tener presente el significado de este concepto estratégico), considerando el problema iraquí como la principal preocupación dentro de su estrategia diplomático-militar. El 20 de setiembre, la Casa Blanca presentó al mundo su “Nueva Doctrina”, contenida en el documento anual “Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América”; la que entre otros citaba lo siguiente: “Estados Unidos tiene una fuerza e influencia sin paralelo en el mundo”, “América (léase EE. UU.) es amenazada en forma decreciente por estados conquistadores y en cambio lo es por estados fallidos. La amenaza proviene menos de flotas y ejércitos que de tecnologías catastróficas en las manos de unos cuantos amargados”, “El mayor peligro para la libertad está en el cruce del extremismo y la tecnología”, “En la guerra fría las armas de destrucción masiva eran consideradas el último recurso, pues su empleo amenazaba con la destrucción a quien las usara. Hoy nuestros enemigos ven las armas de destrucción masiva como un arma de selección”, “Estados Unidos ha mantenido por mucho tiempo la opción de acciones preventivas para enfrentar a su Seguridad Nacional”, “Para anticipar o prevenir los actor hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará, si es necesario, de manera preventiva, "Por siglos la ley internacional ha reconocido que las naciones no necesitan sufrir un ataque antes de que legalmente puedan actuar para defenderse a sí mismas del peligro inminente de un ataque”, “Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente a las capacidades y objetivos de los adversarios de hoy”. Estos conceptos extraídos de la Nueva Doctrina de los EE. UU. nos dan una idea cabal de la situación.

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En paralelo a lo enunciado, es conveniente dejar sentado que el final de la guerra fría trajo como consecuencia una serie de anuncios a lo largo y ancho del planeta, relacionados con la reducción de efectivos y el cierre de bases e instalaciones, lo que supondría a la vez un recorte en los presupuestos de defensa de los diferentes países, los que serían derivados al gasto social. Algunos ingenuos y despistados políticos empezaron entusiastamente, ante la llegada de la nueva era, la promoción y ejecución del desarme unilateral; el que, como históricamente es conocido, quienes lo practicaron tuvieron que pagar en su oportunidad un precio excesivamente alto, lo que a la vez impidió un mayor apoyo a la solución del álgido problema social. Paradójicamente en el año 2003, el presupuesto de defensa de los EE. UU. llegará a los 355 mil millones de dólares, es decir, un 10% mayor que el precedente, mayor que el de los 15 países de la UE juntos o, el de Rusia y China simultáneamente. Sin lugar a dudas nos encontramos ante una situación sin precedentes, en la cual la Nueva Doctrina, aparejada a su concepción estratégica, indicaría claramente que al término de las acciones a tomar y en un plazo relativamente corto Estados Unidos será tan poderoso que no habrá ninguna fuerza capaz de oponérsele en el planeta. Esto además es consecuen­te con el contenido final de la concepción estratégica de Bush, cuando manifiesta que la lucha contra el terrorismo será hasta eliminarlo, lo mismo que contra el crimen común y el narcotráfico, y que los EE. UU. se reservan el derecho de intervenir en cualquier lugar del mundo, si consideran que la situación atenta contra su seguridad nacional. Esto nos trae a la memoria al famoso historiador ateniense Tucídides, quien sentencio: “Las grandes naciones hacen lo que quieren mientras que las pequeñas aceptan lo que deben”. Todo este preludio nos permite recrear un escenario global dentro de un horizonte de diez años; donde solo existirá un hegemón en el campo militar, con un poderío impensable de ser retado, al no existir potencia militar capaz de hacerlo. Existirán tres centros de poder económico, correspondientes a América (del Norte), la Unión Europea y el Asia. A la fecha del horizonte del presente trabajo y a pesar de la inestabilidad de los precios del crudo, no se vislumbran problemas de orden energético; sin embargo, la creciente deman­da obligará al descubrimiento de nuevas fuentes y al desarrollo de nuevas tecnologías, que no solo abaraten sus costos, sino que sean más limpias con la finalidad de primero disminuir y luego erradicar la contaminación ambien­tal. El problema más grave que ya se estará confrontando será el de la disponibilidad de agua dulce, lo que

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podría ser fuente de diversos y serios conflictos. La brecha entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo será cada vez mayor, sobre todo en el campo de la tecnología y su aplicación, lo que redundará en una serie de campos, tales como la salud, la esperanza de vida, la mejor alimentación de las poblaciones, así como los mejores sistemas asistenciales y previsionales. El mayor envejecimiento de la población de los países desarrollados atenta contra la estabilidad y firmeza de sus sistemas. La única región libre de armas nucleares, como ya se vio, será la correspondiente a América Latina, o continente sudamericano; el cual además posee la más grande reserva de agua dulce con excepción de la Antártida, constituyendo en adición el más grande bosque húmedo, el que a su vez contiene la mayor biodiversidad del planeta. Esto da pie a que existan enormes deseos de parte de los países desarrollados de mantener incólume la región y libre de elementos que puedan alterar su estabilidad. Existe consenso entre las potencias que un conflicto nuclear perjudicaría a todos, pudiendo terminar en el temido holocausto nuclear, cuyas consecuencias serían devastadoras sin excepción. Lo que podría romper la precaria estabilidad serían los estados de segundo y tercer orden políticamente inestables, con capacidad nuclear o con armas de destrucción masiva, fundamentalistas y aliados o no de grupos terroristas o de organizaciones criminales dedicadas en su mayoría al tráfico de estupefacientes o, a una combinación de ambos flagelos. A pesar de todo, todavía se puede considerar al mundo como un lugar donde se puede vivir con tranquilidad y con proyección de futuro. De otro lado, en el contexto netamente del continente sudamericano tenemos una Comunidad Sudamericana de Naciones en un franco proceso de integración con diferentes niveles de aceptación y acción pero convencidos de la necesidad de convertirse en un Estado continente más a símil de la Unión Europea. Las condiciones en mayor o menor grado están dadas debido fundamentalmente al hecho de tratarse de una región antártica por antonomasia. Dentro de este contexto ubiquemos al Perú, vemos que es un país que se define como: andino, marítimo, amazónico, biocéanico y antártico, ubicado en la parte central occidental de América del Sur, cercano al ecuador geográfico y bañadas sus costas por el Océano Pacífico, su extensión es de 1’285,216 km2, su población es aproximadamente de 29 millones de habitantes; limita continentalmente de norte a sur y en el sentido de las manecillas del reloj con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile; y por el oeste con la milla 201, en el Océano Pacífico. Las características propias del

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país, su biodiversidad y la gran cantidad de microclimas que posee hacen que el país sea autárquico por excelencia. Analicemos ahora a nuestra América Latina, donde encontramos el vestigio más antiguo en el campo integrador, en el Tawantinsuyo o Imperio de los Incas (M-1), el cual surge a fines del siglo XII, iniciando su expansión en el XIV, como resultado de la conquista de diversos señoríos y cacicazgos realizada por los reyes del Cusco, especialmente por Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, alcanzando con este último su máximo esplendor y grandeza en el siglo XV, sobreviniendo luego, con la llegada de los conquistadores españoles, cuando se debía ingresar a la etapa de consolidación, su degradación, destrucción y desaparición política. El territorio del Imperio comprendía: el sur de la actual República de Colombia, fijando su límite norte en el río Ancasmayo, en las inmediaciones del nudo de Pasto (2° de latitud norte); la costa y sierra del Ecuador, la costa y sierra del Perú, el norte y centro de Chile hasta el río Maule (35° 30’ de latitud sur); por el sudeste la parte andina de Bolivia incluyendo la meseta del Collao y la región del Tucumán en el noroeste argentino. Según Garcilazo de la Vega, la extensión era de 1,300 leguas y el ancho era fluctuante entre 120 leguas en el eje Trujillo Moyabamba la más ancha, a 70 en la parte más angosta de Arica a la provincia de Llaricossa. No podemos dejar de citar que, si bien es cierto no llegó a penetrar en la Amazonía, esto era una cuestión de tiempo puesto que ya ejercían una marcada influencia cultural. M-1

M-2

El arribo de los españoles marca el segundo intento integracionista, ya que desde Panamá hasta el Estrecho de Magallanes, con excepción de lo establecido en el Tratado de Torde­cillas, posteriormente modificado se­gún el Tratado de San Ildefonso; ese inmenso territorio pertenecía a la corona española, la que inicialmente lo denomina como el Virreinato del Perú. Esta inmensa heredad, salvo las variantes que se generaron con el objeto de mejorar la administración de tan vastas y ubérrimas tierras, se mantuvo como tal hasta el inicio del proceso independentista en los albores de 1820, (M-2). Al término de la gesta de la independencia, hubo todo tipo de acciones y reacciones, como consecuencia de las dos corrientes antes mencionadas: la secesionista y la integracionista. Como consecuencia de ello, en primer término se desintegra el territorio sudamericano y se crean las nuevas repúblicas hispa­noamericanas bajo los principios del uti posidetis y la libre determinación de los pueblos. Nacen así Argentina, Chile, Uruguay, inicialmente la Gran Colombia, la cual posteriormente, debido a sucesivas divisiones, se convierte en lo que ahora son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá; Perú y Bolivia; a estas repúblicas hay que adicionar los territorios correspondientes a la República Federativa del Brasil y las tres Guyanas y tenemos constituido el continente sudamericano. Mientras se producen estos hechos hay un último intento de Bolívar, durante el Congreso Anfictiónico de Panamá (M-3) y como consecuencia de él, de establecer una federación de naciones hispanas, cuyo territorio abarcaría desde México hasta el estrecho de Magallanes primariamente. Al no lograrlo, insiste y trata de configuM-3 rar una federación similar, pero que abarque desde Panamá al estrecho de Magallanes, lo cual tampoco logra, viendo frustradas sus aspiraciones, puesto que los resultados obtenidos en dicho congreso distaban mucho de lo que el Libertador deseaba. Desde esa fecha, ha habido algunos intentos que fracasaron casi en embrión, tal como el de la Confederación Perú-Boliviana de 1836, debido fundamentalmente a que no respondían a los intereses de todos los estados sudamericanos.

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Decididamente, creemos que la simiente integracionista está entronizada en el continente y este proceso se va a producir, la demostración de lo manifestado está en el camino recorrido en las últimas cinco décadas, donde se han dado los siguientes procesos: - Tratado de la Cuenca del Plata (M-4), firmado en Brasilia, el 23 de abril de 1969 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, para promover la integración económica y el desarrollo conjunto de la región de la cuenca del Río de la Plata. - Acuerdo de Cartagena o Acuerdo de Integración Subregional Andino (M-5), que fuera suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969, por los jefes de Estado o sus representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, entrando en vigencia a partir del 24 de noviembre del mismo año. Posteriormente se incorporó Venezuela en 1974, y en 1976 se retiró Chile gracias a la controvertida decisión 24. El objetivo sustancial de este acuerdo era el de establecer un mercado común. En el año 1980 se estableció un Memorando de entendimiento entre el Grupo Andino y Brasil, Argentina, Chile, México y Panamá. - Tratado de Cooperación Ama­zó­nica (M-6), suscrito en Brasilia el 3 de julio de 1978, por los cancilleres de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Entró en vigencia el 2 de agosto de 1980. El objetivo fundamental estriba en “promover el desarrollo armónico de los respectivos territorios amazónicos”. - Proyecto GEICOS (Grupo In­ter­regional del Centro Oeste Sudamericano) conocido inicialmente como proyecto del Área Capricornio, que M-4

M-5

M-6

M-7

es básicamente una iniciativa privada de integración de empresas de Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, desarrollando sus actividades en una zona que comprendería el norte de Argentina, el sur de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste del Paraguay. - Mercosur (M-7), el 26 de marzo de 1991 se suscribió el Tratado de Asunción, entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay con el objetivo de integrar los cuatro estados partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, mediante el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común. Posteriormente se han adheM-8 rido las repúblicas de Chile y Bolivia, y últimamente ha sido invitado a participar el Perú. - Comunidad Andina (CAN) (M-8), es una organización subregional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; en la práctica viene a constituir una especie de relanzamiento del GRAN. Es pertinente señalar que el 16 de abril de 1998, los cinco países andinos y los cuatro del Mercosur, suscribieron el Acuerdo Marco para la creación de

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la Zona de Libre Comercio entre ambos bloques, lo que beneficiaría a una población de 300 millones de habitantes, cuyo producto bruto interno asciende a 1.2 mil millones de dólares. No podemos dejar de mencionar los grandes esfuerzos que se están realizando en la integración vial del continente, así como los diversos estudios realizados, amén de la exploración de factibilidad para la integración fluvial del continente uniendo las cuencas del Río de la Plata, del Amazonas y del Orinoco. Si superponemos mentalmente cualesquiera de los tratados del Norte del continente con los del Sur, contenidos en los mapas que se acompañan del 4 al 8, vemos que todo el continente está involucrado, y que independiente de los motivos que han hecho factibles los diferentes tratados, el denominador común y la razón de ser de los mismos es la integración continental. Es indudable, pues, que nos encontramos frente a un espacio de poder, dentro de lo que se ha denominado el hemisferio Pacífico, y ese espacio de poder no es otro que el continente sudamericano. A continuación se muestran tres cuadros, los cuales grafican per se, y en forma por demás clara, las deficiencias abismales que se manejan en Sudamérica, las cuales son la causa del estado de postración en el que se encuentra a la fecha la mayoría de sus pobladores. La única manera de revertir esta situación es conformando una comunidad de naciones, a símil de la Comunidad Económica Europea, con el objeto de lograr, en el corto plazo, la calidad de autosuficiente en tres áreas sumamente sensibles: alimentación, energía y salubridad; alcanzado esto, lo demás es cuestión de tiempo para poder combatir la extrema pobreza, y evitar en el corto plazo una eclosión social que destruya el continente y el orden establecido y, que arrastre al resto de países a situaciones extremas no deseadas. El ex presidente de Brasil, José Henrique Cardozo en su visita al Perú en 1998, en su discurso ante el Congreso de la República, resaltó la necesidad de impulsar tal hecho, el de la integración, por haberse convertido en una necesidad prioritaria para Sudamérica, lo cual ha sido ratificado por su sucesor, Ignacio Lula da Silva recientemente; y es que, la integración de Brasil y Perú, obligaría a Bolivia a ingresar a tal proceso, con lo cual quedaría constituido el núcleo geopolítico del continente, al cual por fuerzas centrípetas y claros intereses se unirían el resto de países, conformándose el Estado continente sudamericano.

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De la observación de los siguientes cuadros se puede inferir que no existe una relación directa entre la densidad poblacional de cada uno de los países y la riqueza de la cual hacen gala. Esto nos puede remitir al hecho de que la riqueza de los países está en función de la voluntad tanto de su población como sobre todo de su clase dirigente para alcanzarla. Si bien es cierto que Japón no tiene las características clásicas de un Estado continente, su densidad poblacional, la segunda más alta y el hecho de ser una potencia económica mundial lo sitúan en tal contexto. País

Población

Extensión

Densidad

China

1,331,460,000

9,559,867

139.28

India

1,189,172,906

3,287,588

361.72

Unión Europea

501,259,840

4,324,782

115.90

Sudamérica

357,000,000

17,819,100

20.03

EE. UU.

313,232,000

9,363,520

33.45

Rusia

141,800,000

17,075,400

8.30

Japón

127,560,000

374,744

340.39

País

PBI

Tonelaje Marina Mercante

China

9,984,062,000

27,035,740

325.6

295.3

406,000

India

4,001,103,000

9,621,911

44.5

53.81

277,700

Unión Europea

15,150,667,000

40,014,266

2,371.02

223,6

336,100

Sudamérica

4,431,793,000

3,705,044

161,9

121,3

554,472

EE. UU.

14,624,184,000

12,207,346

687,0

1.165,5

14,392,451

Rusia

2,218,764,000

5,490,103

104,6

60,7

356,500

Japón

4,308,627,000

13,335,833

383,8

292,1

1,492,000

Tonelaje Tonelaje Exportación Importación

Deuda Externa

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País China

India

Unión Europea

Producción a nivel mundial

José G. García Valdivieso

Consumo de petróleo (bbl/día)

1° productor mundial de papa (83%) 1° productor mundial de algodón (22%) 1° productor mundial de arroz (32%) 1° productor mundial de hierro (23.5%)

6,930,000

3° productor mundial de algodón (14%) 2° productor mundial de arroz (22%) 2° productor mundial de azúcar (13%) 5° productor mundial de hierro (6.4%)

2,450,000

- Granos, carnes y vinos - Transformación de materia prima

14,559,000

Sudamérica 1° productor mundial de café (35%) 1° productor mundial de azúcar (25%) 1° productor mundial de oro, cobre, plata y estaño

1,913,699

EE. UU.

1° productor mundial de maíz (40%) 2° productor mundial de algodón (17%) 2° productor mundial de oro, cobre y hierro

20,800,000

Rusia

2° productor mundial de papa (11%) 5° productor mundial de trigo (5%) 3° productor mundial de cobre 4° productor mundial de oro 3° productor mundial de de hierro

2,595,000

Japón

- Transformación de materia prima

5,353,000

Finalmente quisiera traer a colación una sentencia de mí ilustre compatriota, el historiador, Don Jorge Basadre, tacneño, cuyo centenario de su nacimiento ha poco hemos celebrado: “Lo que importa no es lo que fuimos, sino lo que podríamos ser, si de veras lo quisiéramos”.

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Jean Jesu Doig Camino

INTERESES MARÍTIMOS: ECONOMÍA Y DESARROLLO El que domina el mar domina las comunicaciones marítimas; el que domina las comunicaciones marítimas es dueño del comercio mundial, y el que domina el comercio mundial es dueño de las riquezas del mundo; luego, el que domina el mar domina el mundo. Sir Walter R aleigh (1616)

E Jean Jesu Doig Camino Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1968. Bachiller en Ciencias Marítimo Navales; graduado en el Centro de Altos Estudios Militares; Magíster en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo por la Universidad Particular Alas Peruanas; graduado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor de Planeamiento Estratégico y Administración Estratégica de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau; Subjefe del Estado Mayor General de la Marina, y Agregado Naval, Aéreo y de Defensa ante la Embajada del Perú en Italia. Es Presidente del Comité de Trabajo Permanente CEEM “Doctrina Marítima” y miembro activo del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú IEHMP; catedrático de la Escuela Superior de Guerra Naval y conferencista invitado de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, la Escuela Superior de la Fuerza Aérea del Perú y el Centro de Altos Estudios Nacionales. Colabora con la Revista de Marina, Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y publicaciones de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, el IEHMP y el Foro de Almirantes del Mar Peruano ALMARPE.

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studiar los intereses marítimos nacionales exige necesariamente revisar procesos y relaciones conceptuales de sus componentes esenciales vinculados con la economía, y por tanto con el desarrollo del país. Usualmente estudiamos los intereses marítimos en cinco componentes: comercio, recursos, industria, innovación y cultura marítima. El presente ensayo se empeña en analizar preliminarmente los tres primeros componentes de los intereses marítimos, por estar estrechamente relacionados con el proceso económico, para luego centrar la atención en la relación economía y mercado respecto del proceso de desarrollo marítimo nacional. Se aborda el tema en tres partes, en la primera se pretenden fijar conceptos trascendentes del proceso económico de los intereses marítimos, para luego revisar los componentes esenciales de una economía de mercado empeñada en el proceso de desarrollo gradual del país a través de la planificación estratégica. Por último, se arriba a conclusiones aplicables para futuros estudios sobre intereses marítimos, así como aportes de la doctrina marítima como fuente del derecho constitucional del país. La cita del epígrafe nos motiva a desarrollar el tema que se presenta con visión estratégica y sistémica, toda vez que la situación mundial se acentúa cada vez más competitiva en un ambiente global e interdependiente. MARCO CONCEPTUAL: PROCESOS Y RELACIONES Comercio y economía El comercio mundial de servicios de transporte marítimo –principalmente de carga– representa más del 40% de las exportaciones mundiales de servicios de transporte. En 2008 –pese a la crisis global–, las exportaciones mundiales de tales servicios aumentaron un 16%, alcanzando así los 890 mil millones de dólares (OMC, 2009:117), ver Figura 1.

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producción nacional. En suma, al 2009, el valor económico del intercambio comercial del país fue de US$ 47.896 millones, y representó el 37.58% del producto bruto interno (PBI) nacional (BCRP, 2010:58).

Figura 1. Valor comercial del transporte mundial

Comercio mundial 2008 Servicios de transporte

EX. US$ 890.000 M (16% / 2007)

24%

43%

33%

Fuente: OMC, 2009.

Marítimo Aéreo Otros

Carga 10,212.5 TM (3.6% / 2007)

20%

Marítima

80%

Otras

Fuente: UNCTAD, 2009.

Sin embargo, el comercio marítimo no solo se limita al intercambio de servicios de transporte marítimo, sino al comercio de todo tipo de productos de bienes y servicios, así como de factores de capital y trabajo relacionados con el uso del mar en beneficio del país y del mundo. El comercio exterior del país constituye una de las principales actividades marítimas de interés nacional, porque resulta ser la razón de gran parte de la actividad acuática, de la existencia del transporte marítimo, de buques, marina mercante, puertos y terminales, construcción y reparación naval, autoridades y servicios portuarios, organismos internacionales, sistemas de conferencia, plataformas petroleras marinas, acuicultura y maricultura, y otras actividades comerciales relacionadas con el uso sostenible del mar. Lo anterior explica el contenido y alcance del término comercio marítimo, el cual es uno de los elementos básicos creadores de fuentes de trabajo, de desarrollo de riqueza, y razón de la existencia de un poder naval, para garantizarlo y protegerlo (CEEM, 2008:63). El comercio marítimo desempeña un papel muy importante en la economía nacional, toda vez que más del 90% del comercio exterior peruano se realiza por vía marítima; así mismo, es una actividad económica que también tiene lugar a través del mar, ríos y lagos navegables, en sus aspectos de cabotaje y comercio interno. El comercio marítimo incluye importaciones mediante las cuales es posible contar con bienes de capital, que se requieren para el desarrollo de la

Comercio y mercado Los intereses marítimos del país son la parte de los intereses nacionales que comprende todos los beneficios derivados del uso sostenible del mar y sus recursos en provecho del desarrollo nacional. Por otro lado, los intereses marítimos son la expresión de una relación de tensión entre necesidades reales y pretensiones requeridas, que facilita a la planificación estratégica determinar recursos propios a defender y bienes o servicios ajenos a conquistar o adquirir, con el propósito de proteger y promover los intereses nacionales en el ámbito marítimo (Doig, 2008-09:121). Comparar los procesos económico y logístico ayuda a explicar la relación del comercio con los intereses marítimos nacionales, toda vez que familiarizado el lector del tema con la logística naval se le facilita el estudio de la economía desde el punto de vista militar (Salgado, 1973:18), ver Figura 2. Figura 2. Fases del proceso económico marítimo U: Economía marítima Mercado - Aduanas - Agentes

Comercio - Bienes - Servicios

Industria - Marítima - Naval

Fuente: Elaboración propia.

La economía se relaciona con la logística, por las similitudes entre los factores de los respectivos procesos. En el proceso económico, los factores son: mercado, industria y comercio; en el proceso logístico, son: determinación de necesidades, obtención de recursos y distribución de medios (Salgado, 1973:27).

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El mercado responde a la primera fase del proceso logístico, toda vez que la determinación de necesidades es hecha por agentes económicos, que concurren en forma libre por ley de oferta y demanda, mientras que en la logística esta determinación es dirigida absolutamente por la administración. Esta fase, en ambos procesos, responde en común a un factor de consumo. El comercio en la economía se relaciona con la distribución de medios de la logística, y en ambos casos es un factor de consumo. El comercio responde a una acepción de intercambio, mientras que el mercado, a una de lugar de concurrencia. La conquista de nuevos mercados marítimos determinará el crecimiento del comercio marítimo nacional, en medida de la relación de complementariedad que existe entre comercio y mercado, pues uno está en función del otro como lo está la oferta en función de la demanda, ver Figura 3. Figura 3. Distribución de la carga marítima nacional

Mercado Nacional 2008

Transporte Marítimo 24.427 M TM 8% 37% 55%

Exportaciones Importaciones Cabotaje

Fuente: MTC, 2009.

El comportamiento del mercado global de mercancías tiene repercusión en el comercio del servicio de transporte marítimo mundial, observándose que “Como consecuencia del descenso de la demanda y el aumento de la oferta, se ha registrado una disminución de los fletes [y fletamentos] respecto de sus niveles máximos de 2008” (UNCTAD, 2009:XIII). La industria, empeñada en la obtención de recursos –renovables y no renovables–, que incluye la acuicultura y maricultura así como la minería en el ámbito marítimo, abarca la producción de bienes y servicios marítimos,

tales como transportes, puertos, turismo, construcciones y reparaciones navales, corresponde a la segunda fase del proceso logístico, es un factor de producción en ambos procesos. Definimos por industria un “grupo de compañías oferentes de productos o servicios que son substituto cercanos entre sí” (Hill, 2000:69). La diferencia entre industria marítima y naval persigue distinguir la última en el grupo de construcciones y reparaciones navales, aun cuando forma parte del conjunto de empresas relacionadas con productos y factores relativos al uso y recursos del mar, que se pretenden agrupar en el término de industria marítima, con fines didácticos. Innovación e identidad Tanto el uso sostenible del mar como la optimización y preservación de sus recursos renovables y no renovables descansan en la investigación científica y tecnológica y su consecuente desarrollo marítimo –en armonía con el desarrollo del país–. La innovación marítima es el componente espejo del desarrollo de los intereses marítimos nacionales, pues se sustenta interactivamente en el grado de educación y cultura alcanzado por la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la identidad marítima es componente esencial de los intereses marítimos, porque expresa el sentido de propiedad de la población al bien común marítimo nacional en tanto lazos étnicos, artísticos, deportivos, educativos y culturales que impulsan el desarrollo marítimo, así mismo es un elemento de política marítima nacional por el componente de la nacionalidad en razón al vínculo jurídico político del ciudadano con el Estado. La naturaleza de la identidad marítima de un país está en el sentido de fidelidad de la población con el medio marítimo, y se compone de dos elementos esenciales: de un lado, el sentido de pertenencia de la población marítima con su comunidad nacional en términos de educación y cultura, y en otro extremo, por el sentido de propiedad individual y colectiva en su esfera de actividad marítima tutelada por el Estado en términos de intereses individuales y colectivos (Doig, 2008-09:107). El elemento común que interrelaciona los componentes innovación e identidad, en el estudio de los intereses marítimos, es el grado de educación y cultura alcanzado por el desarrollo y bienestar social del país. La diferenciación con los otros componentes de los intereses marítimos –de medios económicos: mercado, industria y comercio– está en la naturaleza de los medios y fines, a la vez, para el desarrollo sostenible del país.

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El enfoque estratégico y sistémico del desarrollo nacional es integral porque permite percibir sus elementos componentes de innovación e identidad en interactividad sinérgica de un todo, mayor a la suma de sus partes, impulsor de un suprasistema, configurado por la conciencia nacional y los intereses nacionales. Esta visión integral se orienta hacia la sostenibilidad del desarrollo del país, ver Figura 4. Figura 4. Proceso de desarrollo marítimo nacional

Figura 5. Libre competencia e iniciativa privada U: Economía de mercado

Libre mercado

Social de mercado

Control de mercado

U: Intereses marítimos

INNOVACIÓN Fuente: Elaboración propia.

ECONOMÍA

CULTURA

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS: ECONOMÍA Y MERCADO Contexto interno: economía social de mercado El régimen económico que la Constitución Política del Estado Peruano establece se debe ejercer en el marco de una economía social de mercado, y bajo dicho régimen el Estado debe orientar el desarrollo del país (CPP, 1993:art.58º), esta es la opción que el constituyente prefiere en armonía con la norma fundamental de un Estado social y democrático de Derecho: la constitución económica de un régimen que se ubica en una tercera opción, entre el llamado Estado liberal de un sistema puro de mercado, y el Estado socialista de un sistema de dirección o planificación central de control del mercado (TC, 2003:f.16), ver Figura 5.

La discusión entre dos interpretaciones se centra sobre la norma fundamental vigente. En un extremo, una economía de mercado basada en la libertad e iniciativa privada que admite por excepción la intervención del Estado, y en el otro extremo, una economía mixta en la que se combinan de forma asistemática las actuaciones públicas y privadas según las necesidades del momento, y que reconoce el papel protagónico del Estado en la economía (Ariño, 2004:130). Sin lugar a dudas, nuestro régimen constitucional se ubica en la primera interpretación por la actuación subsidiaria del Estado en la economía (CPP, 1993:art.60º), toda vez que el supremo tribunal intérprete de la Constitución señala “... el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que en modo alguno supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes económicos” (TC, 2003:f.16). Al descartar la opción de un régimen de economía mixta –que admite, según las circunstancias, la opción de una economía dirigida o controlada del mercado–, se definen tres formas de intervención del Estado en el mercado, sustentadas en los principios de subsidiaridad estatal y de libre iniciativa privada: (1) regulación, (2) planificación económica y (3) actividad empresarial (Kresalja y Ochoa, 2009:386). Planificación que “… aunque no sea jurídicamente coactiva debe encauzar la acción empresarial privada hacia la realización de los objetivos nacionales fijados por el plan [estratégico nacional]” (Ariño, 2004:135). En el contexto nacional, la distinción se

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dará evidentemente entre planificación económica privada y planificación estratégica pública –por el Estado–, ver Figura 6. Por otro lado, el desarrollo del país tiene estrecha vinculación con la defensa de la soberanía nacional (CPP, 1993:arts.58º,165º,171º), en armonía con los intereses nacionales (CPP, 1993:art.38º), donde “… la manifestación más evidente de la soberanía estatal es su territorialidad” con especial interés en su dimensión marítima, pues, “En este marco espacial de triple expresión –terrestre, marítima y aérea– la autoridad estatal monopoliza en principio todos los poderes sobre las personas –nacionales y extranjeros–, actos y cosas que allí se sitúan, legislando, juzgando y ejecutando los dictados de su ordenamiento”. (Remiro, 1997:76) El análisis anterior nos permite afirmar con criterio jurídico que soberanía, desarrollo y defensa, son conceptos estrechamente vinculados por el contenido esencial de dos principios constitucionales: (1) independencia e igualdad entre Estados, e (2) integridad territorial y recursos naturales. Así como con el deber de todos los peruanos –como personas naturales y jurídicas– de defender los intereses nacionales y el derecho constitucional del país. Figura 6. Formas de intervención del Estado U: Economía social de mercado

Regulación

Empresarial

Planificación

Fuente: Elaboración propia.

Contexto externo: economía libre de mercado La naturaleza jurídica del régimen económico constitucional se ubica en el marco internacional de una economía libre de mercado –de autorregulación del mercado–, situación caracterizada por la competitividad en

un proceso de globalización de intensa interdependencia entre agentes del mercado mundial, en un entorno de cambio constante. Así, “La globalización requiere que los administradores de una organización respondan a cuestiones culturales y ajenas al mercado más complejas, que enfrenten retos más grandes al evaluar y transferir la mejor práctica y que tomen decisiones más difíciles de asignación de recursos”. (Saloner et al., 2005:330) Uno de los cambios más sorprendentes y profundos en las relaciones internacionales ha sido la expansión global de empresas y economías, tanto por el comercio como por las inversiones. El factor determinante en dicha expansión global ha sido la llamada economía de localización, que surge del desarrollo de una actividad de creación de valor en el país óptimo para tal efecto (Hill, 2000:230). La expansión de mercados por empresas transnacionales, motivada por las economías de localización, ha comprometido con mayor sensibilidad la acción reguladora del Estado bajo el régimen de una economía social de mercado, por la obligación de dilucidar sus responsabilidades internacionales ante tribunales arbitrales, según Convenio del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI, 1965) que suscribió en 1993 (BM, 2006), sujetando el derecho nacional al ordenamiento internacional, toda vez que en la práctica “… el arbitraje internacional ha sido concebido por determinados tribunales CIADI únicamente como un mecanismo de protección de inversiones, en el que las legítimas facultades regulatorias de los Estados receptores de inversión no han sido igualmente consideradas” (Carbajal, 2004:212). La relación jurídica internacional entre estados y empresas transnacionales, en un mercado mundial cada vez más global e interdependiente, exige a los estados perfeccionar mecanismos y procedimientos institucionales a fin de hacer cada vez más eficiente su administración, más aún cuando por propia norma constitucional se otorgan garantías especiales a empresas u otros estados, como los contratos-ley (CPP, 1993:art.63º), que favorecen la planificación estratégica aplicada en la relación para proteger los intereses nacionales. Síntesis: proceso de desarrollo nacional La aplicación efectiva del concepto de mercado global en un espacio marítimo sin fronteras implica modificar el marco regulador y administrativo existente, camino hacia una futura política marítima de integración subregional o regional (UE, 2010:13), sustentada en la planificación estratégica del desarrollo nacional.

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Al no contar el Estado con un plan estratégico nacional que oriente el desarrollo marítimo del país, se encuentra en una sensible posición de desventaja competitiva frente a nuevos actores de las relaciones internacionales, por las condiciones de cambio constante que caracterizan el momento actual y porque “la interdependencia es probablemente la piedra angular del enfoque sistémico del planeamiento” (Herrscher, 2005:128), en el proceso de desarrollo nacional. Por otro lado, tanto la defensa de la soberanía territorial como la orientación del desarrollo del país son conceptos jurídicos vinculados con el deber de todos los peruanos de proteger los intereses nacionales, criterios que dan consistencia al reconocimiento de los intereses marítimos nacionales por norma fundamental (CPP, 1993:arts.38º,58º,59º), a fin de crear las condiciones para su protección y planificación estratégica al más alto nivel del país. CONCLUSIONES a. El comercio y el mercado deben constituir el primer factor de análisis en el estudio de los intereses marítimos nacionales, pues coinciden en ser, ambos, un factor de consumo en estrecha relación funcional de complementariedad. b. Los mercados marítimos se delimitan y configuran en territorios aduaneros a cargo de las administraciones estatales, y por la concurrencia de los agentes económicos en oferta y demanda; de proveedores y consumidores de productos y factores estrechamente relacionados con el uso sostenible del mar. c. El comercio marítimo comprende el intercambio de productos y factores, esto es, de bienes y servicios así como de capitales y trabajo relativos al uso sostenible del mar y sus recursos. El transporte marítimo, los terminales marítimos y la logística interna deben ser estudiados prioritariamente en el comercio de servicios marítimos del país. d. La planificación estratégica del Estado se ofrece como el instrumento más apropiado para orientar el desarrollo sustentable del país, a fin de satisfacer los intereses marítimos nacionales en una economía de mercado global que se proyecta hacia un espacio marítimo sin fronteras. e. Existen fundamentos de economía y desarrollo nacional sustentados en la estrecha relación que vincula los conceptos jurídicos de defensa de la soberanía territorial marítima y orientación del desarrollo marítimo del país, que se conjugan con el deber de todos los peruanos en proteger los intereses nacionales, para el reconocimiento de derechos e intereses marítimos nacionales por norma constitucional.

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Juan Rodríguez Kelley

EDUCACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS

E Juan Rodríguez Kelley Contralmirante (r), egresado de la Escuela Naval del Perú en 1971. Bachiller en Ciencias Marítimo Navales. Calificado en Comunicaciones y Electrónica, graduado en cursos de Estado Mayor y Guerra Naval en la Escuela Superior de la Marina de Guerra; Administración Empresarial y Economía en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN; y Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica del Perú, PUCP. Ha ejercido como miembro del Directorio del SIMA, Agregado Naval en el Canadá, Director de Intereses Marítimos, Director la Escuela Superior de Guerra Naval, Jefe de Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza de Superficie, Jefe de Estado Mayor de la Comandancia de División de fragatas y destructores misileros, Comandante del BAP Herrera, Oficial de Operaciones del Estado Mayor de la Flota del Atlántico de la Marina de los EE. UU., y Director General de Educación y Doctrina en el Ministerio de Defensa. Ha sido catedrático y conferencista en la Escuela de Marina, la Escuela Superior de Guerra Aérea, la Escuela de Marina Mercante y el Curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis (CEDEYAC). Actualmente es Director del CEDEYAC. Colabora con artículos en la Revista de la Marina y la Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval.

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xisten innumerables definiciones de educación, unas más filosóficas o técnicas que otras; sin embargo, para efecto de este artículo, se ha elegido una con carácter trascendente, que citaremos líneas abajo. En relación al significado etimológico, educación proviene de dos raíces latinas: educare (criar, nutrir, alimentar) y exducere (extraer, sacar de, llevar), cuyas interpretaciones difieren entre un enfoque pasivo del discente en el primer caso y la estimulación de lo consustancial del hombre en el segundo. Al respecto, es curioso observar que esta sencilla y usual interpretación de raíces lingüísticas se asemeja mucho a dos importantes corrientes educativas contemporáneas como son la conductista que se caracteriza por un aporte mecánico de conocimientos del educador hacia el educando, y la constructivista que busca en el rol de facilitador del educador estimular las intrínsecas potencialidades del educando, hasta llevarlas a la plena actualización. La definición trascendente a la que se hace mención es aquella que interpreta este proceso como una acción espiritual que ejerce un ser humano sobre otro o sobre sí mismo con intención y efecto perfectivo, y que engloba todo lo que ayuda a formar al hombre para su desenvolvimiento en la sociedad con libertad y participación inclusiva; entendiéndose este proceso como permanente y constante adquisición de conocimientos, ideas y valores a lo largo de toda la vida, tanto en el marco de la profesión como en el de la vida social. Asumiendo esta definición, queda claro que la vida del hombre y por ende el desarrollo de la sociedad que lo contiene dependen en gran medida del proceso educativo, es por eso que todas las constituciones de los estados consagran sendos parágrafos respecto a la importancia y el rol que

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tiene la educación en la respectiva sociedad; la Constitución Política del Perú menciona en el Artículo 13, que “la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”. En las Fuerzas Armadas (FFAA), desde su institución en la sociedad republicana, se implementaron procesos educativos que fueron evolucionando con la modernidad y las necesidades de su rol, buscando permanentemente fortalecer su cultura organizacional y encontrarse a la altura de los desafíos que el cambiante escenario de seguridad suele presentar. Es justamente esta particularidad de evolución permanente lo que permite aseverar que, a diferencia de otras carreras profesionales, el plan de carrera del personal de las Fuerzas Armadas se encuentra consistentemente respaldado por una educación oportuna y continua, que garantiza a sus integrantes la disponibilidad de las competencias y capacidades necesarias para ocupar los cargos que a su jerarquía les compete. El Ministerio de Defensa, como otras entidades del sector público en los últimos años, se ha visto involucrado en un necesario cambio como consecuencia de la reforma del Estado y del proceso de transformación y modernización del sector Defensa. Es por esta razón que desde el año 2008 se implementó la Dirección General de Educación y Doctrina, cuyo principal compromiso es coadyuvar el importante esfuerzo de las instituciones en la implementación de las políticas en materia educativa del sector, aprobadas con la RM Nº 525-1010 del 13 de mayo de 2010. La Dirección General de Educación y Doctrina, desde la fecha de su creación, ha desarrollado un importante conjunto de acciones que están permitiendo la implementación de las políticas educativas del sector Defensa, de las cuales comentaremos algunas por su importancia en función al impacto que tienen en la consecución del objetivo estratégico específico, orientador de las políticas en materia educativa, que a la letra dice: “Optimizar la formación, capacitación y perfeccionamiento del personal militar de las Fuerzas Armadas, a fin de mejorar las capacidades operativas”. A través de la Directiva General N° 020-2009-MINDEF-SG-VPD/ DIGEDOC, del 18 de junio de 2009, se estructuró y normó el funcionamiento del Sistema Educativo del Sector Defensa, siendo una de sus dinámicas más importantes las sesiones del Consejo Consultivo, las

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mismas que son trimestrales y permiten ventilar de una manera colegiada y conjunta los aspectos más importantes de la agenda educativa del sector; forman parte de este Consejo los Directores / Comandos de Educación de las Instituciones Armadas y los Directores del Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN y la Escuela Nacional de Marina Mercante - ENAMM. Las escuelas de formación constituyen el inicio de la educación militar, y dentro del currículo que administran, las Humanidades son la piedra angular que permite el fortalecimiento de los valores y principios del profesional de las armas. Durante el presente año se diseñó y coordinó, con la colaboración de expertos de la Universidad de Piura, un Plan de Formación Humanística para oficiales y otro para subalternos, que con certeza contribuirán al permanente esfuerzo de las instituciones para optimizar cuantitativamente sus procesos educativos. Otra de las grandes tareas que es menester de la Dirección General de Educación y Doctrina es la coordinación permanente con las instancias educativas, para lograr paulatinamente la integración de la educación de las FFAA al sistema educativo nacional. Una muestra de ello lo constituye la reciente opinión favorable de la Asamblea Nacional de Rectores - ANR, para que las escuelas superiores de las FFAA otorguen el grado académico de Maestro o Magíster; en ese mismo sentido, la ANR viene analizando en base a los requerimientos de la iniciativa para la creación de la Universidad de Defensa. Este esfuerzo fue iniciado pocos años antes con la acreditación de los bachilleratos de las Escuelas de Oficiales de las FFAA. Una de las herramientas más importantes de gestión de la Dirección la constituyen los viajes de supervisión, que a lo largo del año permiten un levantamiento in situ de la problemática de la educación en las FFAA, en todo el país; este contacto con la realidad ha trascendido más allá de la acción de verificación a un sentido de intercambio de experiencias, que han reorientado en algunos casos los proyectos normativos y las estrategias de la Dirección General. En el campo pertinente, se está revisando la formulación de una nueva doctrina de manera de permitir el conocimiento de los procesos y su aplicación.

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Es importante destacar que si bien es cierto que la educación es fundamental para las instituciones militares, es también importante desarrollarla en las universidades públicas y privadas, para que empiecen a conocer a profundidad el tema y prepararse para los requerimientos del sector y en forma general del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Mención aparte merece la capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que brinda el Centro de Derecho Internacional Humanitario (CDIH), el cual con sus programas, convenios y actividades ha demostrado a la sociedad la preocupación del sector Defensa por este aspecto legal, estrechamente ligado al accionar de las FFAA. Cabe acotar, como importantes logros en el presente año, la suscripción de un Convenio con el Centro de Estudios y Capacitación y Análisis de los Derechos Humanos (CECADH), organismo no gubernamental promotor en la capacitación de derechos humanos, que sumará esfuerzos con el sector, para ampliar y optimizar las metas del CDIH. Asimismo, el CDIH ha conducido tres eventos académicos dirigidos a jueces y fiscales que laboran en áreas del Poder Judicial, con la finalidad de dar a conocer la labor de las FFAA en operaciones contraterroristas que se conducen en zonas declaradas en estado de emergencia. El CAEN, centro académico de posgrado que se encuentra también a cargo de la Dirección General de Educación y Doctrina, en la actualidad en proceso de adecuación, dando cumplimiento de la Ley Nº 28830 promulgada el 12 de julio de 2006, por la cual se autoriza al CAEN a otorgar los títulos de Magíster y Doctor, de manera de poder cumplir con los requisitos dispuestos, tanto académicos como administrativos, que se exigen para otorgar estos grados. El objetivo en este proceso es que al finalizar esta labor se cuente con un centro académico reforzado y mejorado acorde con los nuevos retos educativos que todo centro de posgrado debe tener. Finalmente, la experiencia de gestión desde la creación de la Dirección General nos permite afirmar que la educación militar es un proceso basado en principios, que se complementa con un conjunto de valores con la finalidad de desarrollar las habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes necesarias para el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.

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El éxito de este proceso se refleja en el accionar cotidiano de todos y cada uno de sus integrantes, es por eso que quienes trabajamos en educación tenemos el ineludible compromiso de no desmayar en el esfuerzo en busca de la excelencia, solo esa determinación nos permitirá garantizar la continuidad altamente profesional de las Fuerzas Armadas, con una real presencia en la sociedad, en el marco de un estricto respeto al orden constitucional y a los derechos humanos.

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GASTOS DE DEFENSA REGIONAL Una aproximación desde la perspectiva de políticas públicas comparadas

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Fernando Palomino Milla Contralmirante, egresado de la Escuela Naval en 1980. Bachiller en Ciencias Marítimas. Calificado en Armas de Superficie y Guerra de Superficie. Graduado del Colegio Interamericano de Defensa en Washington D.C., Master en Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador en Washington D.C., EE. UU., Magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido Comandante de la V Zona Naval, Director General de Economía y Sub Jefe del Estado Mayor General de la Marina, Director General de Economía y Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Defensa; catedrático y expositor del Centro de Altos Estudios Nacionales y la Escuela Superior de Guerra Naval. Autor de libros y ensayos en materia de seguridad y defensa. Actualmente se desempeña como Agregado de Defensa del Perú en Francia y Agregado de Defensa concurrente en Bélgica y en los Países Bajos.

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ncrementos desmedidos de gastos de Defensa constituyen factores de inestabilidad regional e inminentes focos de tensión en las relaciones bilaterales de los países de la región. Redundan contrariamente al espíritu que anima el desarrollo de las medidas de confianza y seguridad mutua, reflejando en la práctica desconfianzas hacia otros estados así como mecanismos de presión interna en detrimento del financiamiento de otras políticas públicas domésticas. En consecuencia, el nivel de gasto de Defensa vecinal define el nivel de la potencial amenaza. A partir de las nuevas amenazas de carácter transnacional, resulta expectante estudiar la posibilidad de implementar mecanismos más activos de cooperación regional en materia de Defensa, partiendo de una mayor transparencia en los gastos de Defensa y de esta forma sentar las bases para procesos futuros de homologación de este tipo de gastos. Esta nueva visión permitiría migrar intensivamente hacia un modelo estratégico multilateral de características defensivo-cooperativo. El multilateralismo en la producción de un bien público como la Defensa otorga beneficios, y se sustenta en la teoría económica de las alianzas. En la región, la medición estandarizada de gastos de Defensa a nivel bilateral toma como base la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) empleada en el ejercicio pionero desarrollado entre Argentina y Chile, como parte de los mecanismos conocidos como el 2+2. Paralelamente, los logros en materia de transparencia de gastos de Defensa, en mayor o menor grado, son debatidos a nivel político y académico así como son exhibidos públicamente en los Libros Blancos de la Defensa, esfuerzos que son reconocidos ampliamente por la comunidad internacional1. De otro lado, es perfectamente válido saltar la valla bilateral en el desarrollo de ejercicios de medición estandarizada de gastos de Defensa hacia

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uno de carácter multilateral, es decir a nivel subregional y regional, y en adición a ello resulta imperativo ampliar los alcances de estos ejercicios incorporando otras variables comparativas del gasto público, en especial incluir una comparación con otras políticas públicas domésticas a nivel intraestatal, con énfasis a las políticas sociales2. Sin menoscabar el valor cualitativo en términos de transparencia del gasto, la medición estandarizada de gastos de Defensa como medida de confianza mutua a nivel estrictamente bilateral, y dadas las características estáticas de los resultados que se presentan finalmente en un resumen cuantitativo, resultan ejercicios poco relevantes para las expectativas de nuestras sociedades, que buscan resultados concretos en materia de una real limitación de gastos de Defensa. Ejercicios de esta naturaleza, ampliando la desagregación de los gastos, son perfectamente realizables a nivel multilateral, subregional y regional. Sin embargo, estos ejercicios son insuficientes para acercarnos a un eventual proceso de limitación de gastos de Defensa. A excepción del ejercicio de medición estandarizada de gastos de Defensa desarrollado entre Argentina y Chile, presentado públicamente el año 2001, así como estadísticas agregadas por países realizadas por organismos internacionales dedicados a la presentación de anuarios y estadísticas (FMI, SIPRI, IIES), es escasa la investigación regional en materia de gastos de Defensa así como en eventuales procesos de homologación o limitación de gastos. Sumado a lo anterior, es aún más escasa la investigación académica sobre la desagregación de los gastos de Defensa en términos estrictamente presupuestales. Independientemente de si las cifras agregadas de gastos sean altas o bajas, para una mayor transparencia se requiere conocer el destino del gasto corriente de carácter administrativo y operativo incluido en las partidas presupuestales y extrapresupuestales de los países de la región; es decir, cuánto del gasto de Defensa se destina a los recursos humanos de las Fuerzas Armadas (gasto de carácter administrativo) y cuánto a su operatividad (gasto de carácter operativo). Debe mencionarse que las propuestas de reducción de gastos de Defensa en la región se han planteado en el plano estrictamente político, a nivel de organismos internacionales y de manera unilateral por algunos países, sin el sustento de un contenido que incorpore una propuesta formal que sea el fruto de una metodología de carácter técnico que proponga una real homologación.

Fernando Palomino

El presente artículo se enmarca dentro de un análisis de los gastos de Defensa considerados exclusivamente para el ámbito externo con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional; es decir, aquellos gastos que demandan las Fuerzas Armadas de la región (Ejército, Armada y Fuerza Aérea respectivamente) para cada ejercicio fiscal. En este sentido, se deberán analizar los gastos corrientes y gastos de capital, por toda fuente de financiamiento; es decir, los gastos de Defensa provenientes del presupuesto fiscal y de otros ingresos con cargo a leyes específicas o canon. Se excluyen de la categoría los gastos destinados a seguridad interior, por corresponder a aquellos que por lo general son de ejecución presupuestal por parte de los cuerpos de seguridad o policiales. MEDICIÓN ESTANDARIZADA DE GASTOS DE DEFENSA La Defensa como política pública está ingresando a un período de cambio que exige la aplicación de rigurosos análisis económicos sobre la eficaz y eficiente asignación de recursos por parte del Estado, dentro de un marco de transparencia, al igual que las otras políticas públicas. Sin embargo, en el marco multilateral subsisten asimetrías en los niveles de gastos de Defensa entre los países de la región, situación que no necesariamente contribuye a mejorar un escenario de mayor confianza. En materia de una real limitación de gastos de Defensa, los esfuerzos desarrollados hasta la fecha no representan el hilo conductor que inicie procesos a futuro, concurrente con el espíritu del Capítulo I, Naturaleza y propósitos, Artículo 2, inciso h de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948/1993), donde entre sus propósitos esenciales se manifiesta la necesidad de “alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros”, sumado a un frondoso acervo en materia de resoluciones y declaraciones principistas. En la práctica han sido nulos los esfuerzos orientados a la búsqueda de consensos en materia de una real limitación de armamentos convencionales y menos aún en un proceso de homologación de los gastos de Defensa. Sin embargo, debe mencionarse la vigencia del Compromiso de Lima: Carta Andina para la Paz y la Seguridad, limitación y control de gastos destinados a la Defensa Externa de 2002, suscrito por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde se formula una política comunitaria de seguridad y fomento de la confianza.

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Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval - 2010

Uno de sus compromisos es el propender a una limitación de los gastos de Defensa, control de armas convencionales y transparencia, señalándose: “Realizar acciones conjuntas para promover en el ámbito regional un proceso creíble y verificable de limitación de armamentos convencionales, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad interna de cada país y los niveles actuales de gasto, que permita dedicar la mayor cantidad de recursos al desarrollo económico y social, conforme con los principios y propósitos consagrados sobre la materia en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración de Ayacucho”. (CAN, 2002: Compromiso V) En la Declaración de Santiago de Chile de marzo de 2009, con ocasión de la primera reunión del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), dentro de los cuatro ejes o lineamientos principales de la declaración, se propugna en materia de políticas de defensa “… compartir y dar transparencia a la información sobre gastos e indicadores económicos de la defensa”3. A partir de esta declaración, se consolidan las bases para la exploración y construcción conjunta de mecanismos de vanguardia en materia de transparencia de los gastos de Defensa, lo cual permitiría alcanzar una verdadera auditoría social de estos gastos. En síntesis, la tarea de limitación de gastos de Defensa permanece inconclusa a pesar de estar presente en la agenda regional por más de 60 años, habiendo quedado aislada en aquellos países con problemas fiscales y fuertes demandas sociales, mediante pronunciamientos unilaterales de reducción del gasto. Por otro lado, debe señalarse que existen distintas percepciones en los países involucrados en procesos de medición estandarizada de gastos de Defensa, percibiéndose incluso confusiones al relacionar estos últimos como legítimos procesos de limitaciones o reducciones de estos gastos. Nada más alejado de la realidad4. Adicionalmente, en el sector político y académico, excepto algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas a la investigación de los aspectos de seguridad y defensa, se tiene poco interés en abordar estos temas debido a la concentración mayoritaria de esfuerzos en temáticas referidas a las relaciones civiles militares o al control civil democrático de las Fuerzas Armadas de la región; temas muy importantes, por cierto, pero insuficientes para comprender la verdadera dimensión de los aspectos de seguridad y defensa en materia de asuntos económicos y presupuestales5.

Fernando Palomino

Existe un vacío en cuanto a la interpretación de los resultados alcanzados en los procesos de medición estandarizada de gastos de Defensa, desde el plano estrictamente de la seguridad regional, respecto al fin social que se persigue en estos procesos y que naturalmente deben ser tratados integralmente. En los casos de Argentina y Chile los resultados cuantitativos del ejercicio han tenido poca relevancia y han quedado a merced de interpretaciones domésticas. Pareciera que lo principal y más trascendental del ejercicio bilateral fue la homologación de términos y transparencia de cifras, su exhibición pública y nada más. Si la relación alcanzada del gasto de Defensa en términos del producto bruto interno (PBI) fue 2.66 y 1.11 para Chile y Argentina respectivamente, que sea mucho o poco finalmente no fue un tema relevante. Si la relación cuantitativa de los gastos de Defensa a nivel bilateral entre países involucrados en estos procesos alcanzara relaciones de 4 a 1, 5 a 1 o más, ¿nos conformaríamos solo con la transparencia alcanzada y exhibir públicamente los resultados? Creemos que no. No basta la transparencia, pues igual o más importante resulta el análisis cualitativo de las cifras. Deberíamos procurar contestar la pregunta anterior sobre la base del espíritu de una real limitación de gastos de Defensa. De mantenerse el statu quo y concentrándonos a nivel regional únicamente con los ejercicios de medición estandarizada de gastos de Defensa sobre la base de la metodología CEPAL, en caso de que los resultados alcanzaran relaciones desproporcionadas a nivel comparativo, se experimentarían dos posibles escenarios: - Por parte del país con menor relación de gasto de Defensa, se experimentarían presiones de la opinión pública nacional y de amplios sectores militares para el incremento de los recursos fiscales vía presupuesto de Defensa, o la creación o incremento de fondos especiales que permitan acortar la brecha, originando un trade off entre los presupuestos de Defensa y los otros presupuestos financiados por políticas públicas. - Por parte del país con mayor relación de gasto de Defensa, presiones domésticas para la reducción del gasto con una fuerte oposición del sector militar al percibir la “pérdida” institucional de recursos presupuestales. Esto último podría producir tensiones adicionales en las relaciones civiles - militares y eventuales crisis de gobernabilidad. El análisis cualitativo de los resultados cuantitativos del ejercicio bilateral, y su peso con referencia a otros gastos de políticas sociales son importantes y deben ser considerados. En este sentido, el tratamiento de los

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Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval - 2010

Fernando Palomino

asuntos de la Defensa exige un esfuerzo que pasa necesariamente por un tratamiento integral de los gastos de Defensa a nivel bilateral, multilateral y sobre todo a nivel regional. EL FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS En este análisis resulta sustantivo efectuar comparaciones de los gastos de Defensa a nivel interestatal e intraestatal. A nivel interestatal, presentamos el nivel de gasto de Defensa para siete países de la Unasur, de acuerdo a la estadística del Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (SIPRI) para el periodo 2000-2009. En ella podemos apreciar las asimetrías de gastos en términos del PBI y la tendencia en el tiempo en un periodo de siete años. Debe señalarse que el promedio regional es de 1.8% y el promedio mundial, de 2.5%. GASTO PÚBLICO EN DEFENSA Porcentaje del PBI años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Argentina

1.1

1.2

1.1

1.1

1.0

0.9

0.9

0.9

0.8

1.0

Bolivia

2.0

2.3

2.2

2.3

2.0

1.9

1.7

1.8

2.0

2.0

Brasil

1.8

2.0

1.9

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

Chile

3.7

3.7

3.8

3.6

3.7

3.6

3.5

3.4

3.5

3.5

Colombia

3.1

3.5

3.5

3.9

3.6

3.4

3.3

3.3

3.6

3.7

Ecuador

1.7

1.8

2.0

2.6

2.2

2.6

2.3

2.9

2.8

3.4

Perú

2.0

1.7

1.5

1.5

1.4

1.5

1.3

1.2

1.1

1.4

Venezuela

1.5

1.6

1.2

1.2

1.3

1.4

1.6

1.3

1.4

1.3

países

En cuanto a materia de gasto público, presentamos los gastos en Educación y Salud para el periodo 2000-2009, considerando las estadísticas recogidas por la CEPAL en el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2010 (CEPAL, 2010a). En ellas se pueden apreciar igualmente asimetrías en el gasto para el financiamiento de estas dos importantes políticas públicas. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Porcentaje del PBI años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Argentina

4.7

5.0

4.3

3.8

3.8

---

4.5

4.9

---

---

Bolivia

5.6

6.1

6.3

6.4

---

---

6.3

---

---

---

Brasil

4.0

3.9

3.8

---

4.0

4.5

5.0

5.1

---

---

Chile

4.1

---

4.4

4.1

3.7

3.4

3.2

3.4

4.0

---

Colombia

3.7

3.9

4.5

4.5

4.2

4.0

3.9

4.1

3.9

3.8

Ecuador

1.5

1.0

---

---

---

---

---

---

---

---

Perú

2.9

3.0

2.8

2.8

2.7

2.5

2.5

2.5

2.7

---

Venezuela

---

---

---

---

---

---

3.7

3.7

---

---

países

--- No registrado Fuente: CEPAL, 2010. Elaboración propia.

Resulta expectante el análisis comparativo de las políticas públicas de Educación y Salud en la región debido a que su financiamiento se encuentra directamente relacionado a contribuir con los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo horizonte es el año 2015. GASTO PÚBLICO EN SALUD Porcentaje del PBI

Fuente: SIPRI, 2010. Elaboración propia.

años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Argentina

5.0

5.1

4.5

4.3

4.4

4.5

4.6

---

---

---

Bolivia

3.9

4.1

4.5

4.2

4.1

4.8

4.3

4.4

---

---

Brasil

3.1

3.1

3.3

3.2

3.2

3.1

3.4

---

---

---

Chile

2.8

3.0

3.0

3.0

2.8

2.8

2.8

3.0

3.3

4.0

Colombia

1.9

2.3

2.4

2.5

2.1

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

Ecuador

0.6

1.1

1.2

1.1

1.1

1.2

1.4

2.0

---

Perú

1.2

1.2

1.3

1.2

1.2

1.5

1.1

1.0

0.9

---

Venezuela

0.7

0.7

0.7

0.7

---

---

0.5

0.6

0.6

---

países

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), el gasto de Defensa en América Latina creció en un 91% para el periodo 2003-2009, desde 24.7 a 47.2 mil millones de dólares (IISS, 2009). Los mayores incrementos según esta fuente se encuentran recientemente en Venezuela, así como durante el periodo en Colombia, Brasil y Chile. En algunos casos las cifras resultan explicables, como en el caso colombiano debido al conflicto interno, en otros casos para magnitudes por encima del promedio regional se explicarían en razón directa al grado de percepción de los propios riesgos y amenazas.

0.9

--- No registrado Fuente: CEPAL, 2010. Elaboración propia.

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Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval - 2010

Si bien es cierto que las magnitudes definidas para el gasto público en Educación y Salud se encuentran en razón directa a las prioridades del gasto contenidas en los presupuestos públicos, una aproximación en términos del PBI doméstico nos permitiría comparar estos gastos sociales con el gasto en Defensa. A priori, podemos determinar que existen países en la Unasur donde el gasto de Defensa es menor al gasto en Salud y Educación, así como países donde ese gasto se encuentra por encima de algunos gastos sociales. En consecuencia, los ejercicios de medición estandarizada de gastos de Defensa se encuentran en condiciones de incorporar, entre otras, una evaluación cuantitativa y cualitativa de las siguientes variables –algunas de ellas evaluadas en el informe elaborado por la CEPAL en el ejercicio entre Argentina y Chile, y otras propuestas contenidas en el presente trabajo de investigación–, en la búsqueda de indicadores comparativos respecto a las políticas sociales. A continuación presentamos una propuesta integral de variables: 1. Relación gasto de Defensa respecto al producto bruto interno (PBI). La cual permitirá determinar la relación histórica respecto al PBI. Esta relación deberá considerar los gastos de Defensa en bienes y servicios con cargo a los recursos ordinarios (fiscales) y otros recursos extrapresupuestales (recursos directamente recaudados, canon, leyes reservadas, recursos extrapliego, entre otros). 2. Relación gasto de Defensa respecto al producto nacional bruto (PNB). De igual criterio que la anterior, pero con relación al PNB, en caso de ser aplicable. 3. Comparación del gasto de Defensa con el gasto Social. Comparación doméstica intraestatal que permitiría comparar el financiamiento de las principales políticas públicas, en especial Salud y Educación, con el nivel de gastos de Defensa, medidos en términos del PBI y como proporcionalidad del presupuesto fiscal. 4. Relación gasto de Defensa respecto a los gastos de Seguridad Interna. Esta variable tiene por finalidad relacionar los gastos que demandan las instituciones armadas en materia de seguridad externa con relación a otros gastos que desarrollan los cuerpos de seguridad o policías locales y nacionales en materia de seguridad interna. Por lo general, los gastos de seguridad interna no son materia de estudio, en términos económicos, en relación a su incidencia comparativa con otros gastos públicos, y por ende, medir el esfuerzo fiscal en los

Fernando Palomino

países de la región. Sin embargo, debemos señalar que en la actualidad, en la mayor parte de la región, existe un déficit en el estudio de los gastos derivados de la seguridad interna6. 5. Una comparación racional entre el gasto de Defensa y el de seguridad interna permitirá medir el esfuerzo de los estados respecto al financiamiento de políticas públicas en materia de seguridad, externa e interna respectivamente. 6. Análisis del presupuesto fiscal histórico asignado a las instituciones de las Fuerzas Armadas (FFAA). Desagregado con énfasis en los gastos en el grupo genérico por bienes y servicios destinados a la reparación, adquisición, modernización o renovación de activos ligados directamente a las plataformas, equipos y sistemas de valor militar. Para este análisis se deberá determinar el año base que regirá durante todo o parte del horizonte a ser empleado, considerando un período no menor a 10 años. 7. Determinación del nivel de correlación entre el nivel de desarrollo/ crecimiento económico y el gasto de Defensa. Permitirá determinar las relaciones entre desarrollo y Defensa en términos de mutua condicionalidad. 8. Carga impositiva en la aplicación presupuestal. Análisis comparativo sobre la presión tributaria que afecta el mantenimiento, reparación, adquisición, modernización o renovación de activos ligados directamente a las plataformas, equipos y sistemas de valor militar. 9. Gasto per cápita en Defensa. Necesario para evaluar la carga relativa del contribuyente en términos económicos. Este análisis deberá efectuarse con los presupuestos fiscales asignados, así como con los otros recursos extrapresupuestales (canon, recursos extrapliego, leyes reservadas, entre otros). 10. Relaciones demográficas respecto al número de personal de las FFAA. El impacto demográfico de la cantidad de efectivos de las FFAA en conjunto con la población. Estos indicadores podrían reflejarse tomando en consideración la población económicamente activa (PEA) nacional y los segmentos poblacionales en edad de prestar servicio militar. 11. Fuentes extrapresupuestales con arreglo de ley percibidas por las FFAA. Por concepto de otros recursos extrapresupuestales o leyes reservadas con énfasis en la transparencia de los procesos de rendición de cuentas por las adquisiciones efectuadas.

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Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval - 2010

12. Relación gasto en Defensa respecto al índice de desarrollo humano (IDH). El análisis del gasto en Defensa respecto al adelanto medio de la capacidad humana básica (IDH) actualmente utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH toma en consideración los índices de longevidad, nivel de educación y nivel de vida. Los actuales procesos de medición estandarizada del gasto de Defensa entre el Perú y Chile, cuyos términos de referencia han sido aprobados entre el Perú y el Ecuador así como entre el Perú y Colombia, con el concurso de la CEPAL y del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme, el Desarrollo en América Latina y en el Caribe (UN-Lirec), podrían considerar como referencia la metodología empleada para el ejercicio desarrollado entre Argentina y Chile, y en adición incorporar las variables comparativas presentadas líneas arriba, y finalmente expresar sus resultados en flujos monetarios constantes en un período predeterminado. De concretarse esta metodología, podría ser complementada en el futuro con otras medidas de confianza y seguridad mutua de última generación, más tangibles y de mayor aceptación social, como son: 1. Una efectiva homologación del gasto de Defensa, para lo cual se propone adoptar topes máximos en los gastos anuales en términos del PBI. Por ejemplo, una medida inicial podría ser proponer que el gasto de Defensa en la región no deba exceder el promedio anual mundial en términos de PBI, el que en la actualidad representa alrededor del 2.5%, excepto aquellos países que se encuentren en proceso de pacificación como producto de la lucha contra el terrorismo interno y contra el tráfico ilícito de drogas. 2. Limitaciones en los inventarios o stocks de armas de carácter ofensivo, medida nada fácil de ser implementada en el tiempo pero necesaria en una coyuntura de verdadera integración regional, considerando limitación en las adquisiciones de activos militares, en especial plataformas aéreas y navales con capacidad de portar armas de mediano y gran alcance. Por citar algunos ejemplos, un notorio desbalance regional lo constituirían las adquisiciones o transferencias a países de la región de plataformas navales con capacidad de portar misiles de alcance medio o misiles balísticos convencionales. Si bien es cierto que la medición estandarizada de los gastos de Defensa constituye una medida de confianza y seguridad mutua adicional dentro del actual proceso de franca integración regional, no representa per se un

Fernando Palomino

paso previo o necesario para llegar a un eventual acuerdo de limitación de gastos de Defensa en la región o de acuerdos ligados a las adquisiciones de plataformas, armas ofensivas y equipos de alto valor militar. De otro lado, algunas Fuerzas Armadas de la región, entre ellas las de Colombia y el Perú, han cumplido y vienen cumpliendo funciones relacionadas con la pacificación nacional, en especial en lo referente a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico7. Por tanto, es necesario explorar la desagregación de los gastos derivados por conceptos de las acciones militares en el frente interno incluidos en la función demanda de los respectivos presupuestos de la Defensa Nacional, por su misma naturaleza, deben ser excluidos o tratados específicamente en el proceso de medición respectivo. La desagregación de estos gastos en el caso peruano es posible de ser realizada. En el escenario antes descrito, debe comentarse que no son ciertos aquellos argumentos referidos al hecho de que las Fuerzas Armadas de un país, al mantenerse entrenadas y preparadas para enfrentar las contingencias del frente interno –léase lucha contra el terrorismo y narcotráfico–, pudiesen ser estas acciones consideradas como aportes importantes a la disuasión en el frente externo, al poder ser desplegadas y empleadas sin mayor dificultad operacional y económica. La experiencia en los casos colombiano y peruano señala que las fuerzas comprometidas en actividades operacionales en el frente interno tienen un entrenamiento de recursos humanos dentro de un esquema no convencional, y una preparación de sus recursos materiales distintos al de un escenario de guerra convencional. Para comprender mejor esto último, se debe tomar en cuenta que las plataformas y armamentos destinados a combatir el terrorismo por lo general no son los mismos que los utilizados en los conflictos armados en el frente externo, dentro de una hipótesis clásica de conflicto. Es ilógico pensar en el empleo de cazabombarderos de última generación, blindados, artillería pesada, submarinos y misiles en operaciones contraterroristas en la región. Por otro lado, si bien es cierto que el nivel del PBI es un factor relevante para la medición del gasto de Defensa entre países a ser comparados, no necesariamente es una medida de “confianza” entendida en términos cualitativos. En la hipótesis que dos países tengan similares gastos de Defensa anuales en relación al PBI, un presupuesto de mejor calidad será indudablemente aquel que concentre menores gastos corrientes administrativos. Por tanto la calidad del gasto de Defensa, adecuadamente desagregado en un proceso de medición comparativa, estará definida por la relación del gasto corriente operacional en actividades militares por parte de las Fuerzas Armadas.

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En este sentido, los gastos corrientes administrativos de características ineludibles en los presupuestos de la Defensa, que incluyen las remuneraciones, salarios, obligaciones sociales y pensiones, si bien es cierto exhiben su mayor valor agregado que es la transparencia, desde el punto de vista de la calidad de las cifras presupuestales son pocos relevantes, en razón de que la calidad de las remuneraciones y obligaciones sociales, salarios e incluso pensiones son en la práctica variables exógenas que dependen directamente de la política económica del gobierno en materia remunerativa y previsional. Los gastos sociales representan en sí la exposición pública y transparencia fiscal en materia social de los gastos de Defensa de las Fuerzas Armadas. Aunado a esto último, dada las características rígidas, inflexibles e inerciales de estos gastos incorporados en los presupuestos fiscales, no pueden ser recortados ni mucho menos anulados, salvo que se pretenda implementar downsizing dramáticos con efectos directos sobre el capital humano de las FFAA8. Por lo tanto, la naturaleza de los gastos corrientes operativos incorporados en los presupuestos de Defensa, excluidos los gastos administrativos vistos en el párrafo anterior, son aquellos gastos que requieren un mayor análisis cualitativo, los cuales convenientemente desagregados, tanto para el frente externo como para el interno, permitirán medir comparativamente la verdadera dimensión de los gastos de Defensa estrictamente de carácter militar demandados por las Fuerzas Armadas de los países involucrados en un proceso de medición bilateral. En este sentido, los gastos corrientes operativos, en términos reales, son los verdaderos gastos de Defensa de un Estado. En la mejora de estos procesos bilaterales, con el mejor espíritu de incrementar aún más las medidas de confianza mutua a niveles institucionales entre Fuerzas Armadas, se deberá considerar en un nuevo rubro denominado Gastos Operativos G4. El ejercicio Colombia - Perú ha considerado esta modificación denominándola Gn. Adicionalmente se estaría en condiciones de avanzar, en un mayor grado de confianza, desagregando estos gastos por cada instituto de las Fuerzas Armadas de los países involucrados para una medición comparativa interinstitucional con sus homólogos. Establecer un modelo de limitación de gastos de Defensa en la región no es una tarea fácil. Sin embargo, es posible aproximarnos sucesivamente mediante la implementación de cuatro grandes acciones: 1. Construcción del Índice Regional de Transparencia del Presupuesto de Defensa. Se propone que la Unasur a través del Consejo de Defensa Sudamericano, sobre la base de la Índice de Presupuesto Abierto

Fernando Palomino

(OBI) desarrollado por el International Budget Program, establezca un equipo de trabajo con el concurso de especialistas para la construcción de un Índice Regional de Transparencia del Presupuesto de Defensa. La construcción de este índice es fundamental, tomando como insumos las opiniones en materia de transparencia del presupuesto de Defensa entre legisladores, expertos académicos, medios de comunicación y organizaciones civiles9. 2. Medición estandarizada de gastos de Defensa a nivel multilateral. Se propone que la Unasur, a través del Consejo de Defensa Sudamericano, defina un modelo de medición estandarizada de gastos de Defensa, comparativo con otras políticas públicas domésticas, de mayor alcance al desarrollado por CEPAL, para su empleo a nivel subregional (CAN o Mercosur); modelo que posteriormente se emplearía en el desarrollo de una medición multilateral simultánea entre los países de la región10. 3. Homologación de gastos de Defensa. A partir de los resultados del ejercicio a nivel multilateral antes citado, proponer la adopción de topes máximos en los gastos de Defensa. Una medida inicial podría ser proponer que el gasto de Defensa en la región no exceda el promedio anual mundial del gasto de Defensa en términos de PBI, excepto en los países que se encuentren en proceso de pacificación como producto de la lucha contra el terrorismo interno y contra el tráfico ilícito de drogas. 4. Carta de Seguridad Interamericana. Consecuentemente con lo anterior, la suscripción por parte de los países del hemisferio de una Carta de Seguridad Interamericana de carácter vinculante, donde se establezca el compromiso y reafirmación de los países de la región en el no uso de la fuerza para la solución de controversias, la alianza en materia de seguridad y defensa contra las nuevas amenazas así como el compromiso de reducción progresiva de los gastos de Defensa, de tal forma que permita una redistribución del ingreso para atender las demandas sociales insatisfechas y coadyuvar en la reafirmación de un modelo de defensa cooperativa regional. En consecuencia, debe procurarse una activa política de defensa regional que se oriente a un razonable gasto de Defensa. La construcción de este nuevo escenario dependerá básicamente de la madurez de sus decisores políticos y sociedades, en base a una constructiva influencia de integración.

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CONCLUSIONES a. Los gastos de Defensa regionales presentan diversos grados de polarización. En algunos países, en términos del PBI, son extremadamente bajos y en otros muy por encima del promedio mundial. Excesivos gastos de Defensa, por encima del promedio regional y sin amenazas tangibles, redundan contrariamente al espíritu que anima el desarrollo de las medidas de confianza y seguridad mutua; en la práctica, reflejan desconfianzas hacia otros estados. b. A pesar del espíritu original contenido en la Carta Fundamental de la OEA en materia de reducción de armamentos convencionales en la región y de las declaraciones multilaterales surgidas en las cumbres regionales, reuniones periódicas de jefes de Estado y de ministros de Defensa de las Américas, no se ha conseguido instrumentar mecanismos de carácter vinculante para una real reducción y limitación de gastos de Defensa como medida de confianza y seguridad mutua de última generación. c. Los gastos de Defensa, a pesar del beneficio marginal de la implementación de mecanismos off set, no han favorecido el nivel de inversión local y empleo doméstico, en razón que las adquisiciones de plataformas y activos militares, por lo general, se efectúan en los mercados extranjeros. Como externalidad positiva contribuyen en la preparación del personal de tropa que cumple su servicio militar y que posteriormente se incorpora a la PEA nacional. e. Los ejercicios de medición estandarizada de gastos de Defensa, como medida de transparencia en la región, ampliando la desagregación de los gastos que permitan observar el comportamiento de los gastos con características operativas, tanto para el ámbito externo como interno, son perfectamente realizables a nivel multilateral; es decir, a nivel sub­regional y regional, pero insuficientes para acercarnos a un eventual proceso de limitación o reducción de gastos de Defensa e instrumentar mecanismos de naturaleza vinculante. g. La OEA, concurrente con su carta fundacional, y la Unasur con el concurso del Consejo de Defensa Sudamericano promueven el establecimiento de medidas de confianza y seguridad mutua de última generación; en esta línea, es factible fomentar procesos simultáneos de medición estandarizada de gastos de Defensa a nivel subregional y regional, así como liderar la construcción de un Índice Regional de Transparencia del Presupuesto de Defensa con la finalidad de coadyuvar en la necesaria auditoria social.

Fernando Palomino

Referencias 1 El ejercicio de medición estandarizada de gastos de Defensa entre Argentina y Chile, con el apoyo de la CEPAL, fue pionero en su género. Por otro lado, la totalidad de los Libros de Defensa publicados en la región dedica al menos un capítulo sobre la temática referida a los aspectos económicos y presupuestales de la Defensa Nacional. 2 Para mayores detalles, ver el ejercicio de medición estandarizada de gastos de Defensa de carácter multilateral y con respecto a otras políticas públicas por países desarrollado en Palomino Milla, 2005. 3 Entre los acuerdos innovadores contenidos en la Declaración de Santiago de marzo de 2009 se encuentra la creación del Centro Sudamericano de Estudios Estratégicos de la Defensa, el cual tiene en agenda el estudio de los asuntos económicos de la Defensa. 4 Incluso la prensa regional persiste en informar, sin un mayor análisis, sobre el desarrollo de los ejercicios de medición estandarizada de gastos de Defensa, como procesos de limitación o reducción de estos gastos. 5 “Los Ministerios de Defensa siguen siendo organizaciones de poca relevancia en la conducción de las FFAA; no hay una elite civil importante en la región que maneje los problemas de defensa y seguridad y académicamente el tema continúa siendo marginal … El Presupuesto de defensa en América Latina. La importancia de la transparencia y herramientas para el monitoreo independiente” (Donadio, 2004). 6 En esta línea existen esfuerzos que merecen relevarse como es el caso de la publicación El Presupuesto de Seguridad Interior (Donario, 2008).

7 “Un capítulo especial en materia de seguridad lo es el problema del narcotráfico, las dimensiones que ha alcanzado, su capacidad de reconversión (hemos pasado de los grandes carteles de los 80 a una proliferación de organizaciones y su entrelazamiento con la violencia política). En esta región es quizás donde, por su dimensión y contexto, el problema del narcotráfico involucra el empleo de la Fuerza Armada” (Gaspar Tapia, 2003). 8 Respecto a los asuntos sociales de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas existe un dramático déficit en la región en materia del estudio y análisis de las remuneraciones, sueldos y pensiones. Por lo general estas Fuerzas Armadas han estado excluidas en los procesos de reformas estructurales en materia remunerativa y pensionaria. 9 El Índice de Presupuesto Abierto es una investigación global que promueve el acceso ciudadano a la información presupuestal doméstica y la adopción de mecanismos de accountability de los presupuestos públicos. Sin embargo, no se observa un mayor análisis respecto a la transparencia de los presupuestos de Defensa y su percepción en las sociedades (ver www.openbud getindex.org). 10 De acuerdo al espíritu de la Resolución sobre Limitación de Gastos Militares, contenido en la AG/RES. 1963 (XXXIII-O/ O3), promulgada el 10 de junio de 2003, y la Resolución sobre Limitación de Gastos Militares y promoción de mayor transparencia en la adquisición de armamento en las Américas, contenido en la AG/RES. 2188 (XXXIV-O/O6), del 6 de junio de 2006.

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Edgar Salas Roncagliolo

¿ES REALMENTE NECESARIA LA AVIACIÓN NAVAL AEROTÁCTICA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ?

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Edgar Juan Carlos Salas Roncagliolo Capitán de Navío, egresado de la Escuela Naval del Perú en 1986. Bachiller en Ciencias Marítimas. Calificado como Aviador Naval, en la modalidad de Piloto Naval. Ha seguido Cursos de Prevención de Accidentes en la Fuerza Aérea del Perú (ESCAP-FAP), Básico de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval (ESGUESU), Básico de Operaciones Psicológicas en el Ejército del Perú (EOSE-EP), Comando y Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de la Armada Argentina (ESGN-ARA), Alto Mando en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Dentro de su calificación, se ha desempeñado como piloto instructor en aviones Beechcraft T-34C-1, Beechcraft B-200 CT&T, Fokker F-27 y Fokker F-60 MPA & U. Ha ocupado los cargos de Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Fuerza de Aviación Naval, Comandante del Escuadrón Aeronaval de Exploración, Jefe de la Escuela de Calificación en Aviación Naval y Comandante del Grupo Aeronaval N°1.

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i bien es cierto que aún no ha pasado un siglo desde su consolidación como arma, las aeronaves han pasado a cumplir un rol vital en la conformación de las Fuerzas Armadas de las naciones. Ante esta rápida evolución, las marinas de guerra no estuvieron exentas, y adaptaron el medio aéreo a sus necesidades, de manera tal que sirviera de apoyo a las operaciones de superficie, sin embargo, las capacidades del medio aéreo le permitieron cumplir con muchas más funciones de las que se esperaba. A esta situación no ha escapado la Marina de Guerra del Perú, cuenta con unidades aéreas de exploración de superficie, unidades aéreas antisubmarinas, unidades aéreas de apoyo logístico y transporte, unidades aéreas de ataque o asistentes de sistemas de armas, ya sean de ala fija o ala rotatoria, sin embargo, siempre quedó la inquietud que generaba el no contar con una aviación naval de ataque conformada exclusivamente por unidades de ala fija, denominadas unidades aerotácticas por la doctrina naval peruana, las cuales le permitirían extender en gran medida la proyección de su capacidad de fuego o realizar una defensa en profundidad ante un probable enemigo. El presente artículo lleva a demostrar, desde el punto de vista estratégico y táctico, que es necesaria la incorporación de este tipo de unidades en la Marina de Guerra del Perú, analizando las capacidades que le brindarían ante un eventual enfrentamiento con sus potenciales rivales. CONSIDERACIONES SOBRE AVIACIÓN NAVAL AEROTÁCTICA El término aerotáctico es muy amplio y puede generar confusión. En el presente artículo, el término aviación aerotáctica, independientemente si es naval o no, está referido a la aviación que puede efectuar acciones de ataque, dentro del marco de operaciones ofensivas o defensivas. La operación naval aerotáctica viene a ser aquella cuya finalidad busca infligir un daño repentino y devastador al enemigo, empleando unidades

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aeronavales de ala fija, que pueden estar basadas en tierra o en portaaviones. No son consideradas aerotácticas las operaciones ejecutadas por helicópteros ni las operaciones de ataque antisubmarinas, por reunir características y modalidades particulares. Ventajas y desventajas de la aviación naval aerotáctica embarcada o basada en tierra Se debe partir de la afirmación que prácticamente todas las armadas que decidieron implementar una aviación naval, lo hicieron con la finalidad de transportarla a bordo de sus unidades navales. Los que optaron por unidades de ala rotatoria no tuvieron mayor problema, debido a la relativa menor inversión que implica contar con una unidad portahelicóptero versus el costo de un portaaviones. Lo más importante de esta precisión es que la unidad que transporta uno o más helicópteros no necesariamente cumple funciones específicas como transporte de aeronaves, sino que pueden ser unidades cuya función principal sea otra y que dentro de sus capacidades esté portar y operar con la aeronave, así tenemos corbetas, fragatas y cruceros con plataformas portadoras desde donde operan helicópteros, conceptuando a las aeronaves como parte de uno o más sistemas de la unidad. En el caso de las unidades de ala fija, especialmente las unidades aerotácticas, la situación resulta más compleja por ciertas limitaciones, propias de una unidad naval capaz de portarlas y que pueda operar con ellas. La diferencia de la capacidad de portar helicópteros y de portar aviones radica en que, para esto último, los buques fueron concebidos para transportar y operar con aeronaves, con mayores inversiones para su adquisición, mantenimiento y operación. Por ello, es que muchas marinas emplean unidades de ala fija solamente para exploración marítima o transporte y apoyo logístico, operando desde bases en tierra, dejando la función de apoyo aerotáctico como parte de su doctrina de operación conjunta con la fuerza aérea. Revisando los casos históricos de América Latina, las únicas armadas que poseen aviación naval aerotáctica son la Armada Argentina y la Marina Brasileña, aunque la Armada Argentina ha perdido actualmente la capacidad de operar con su aviación aerotáctica embarcada. El caso argentino permite apreciar claramente cómo ha evolucionado la concepción de su aviación aerotáctica. Desde 1950 hasta 1955 mantuvo una relativa capacidad de ataque, con base en tierra, con aviones de instrucción que tenían capacidad de portar armas. En 1958 arriban las primeras unidades conceptuadas para ataque, aviones Chance-Vought F-4 Corsair, con la finalidad de implementar el portaaviones ARA Independencia. Desde ese

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momento inicia el historial de la aviación naval aerotáctica de la Armada Argentina, la cual prosiguió ininterrumpidamente y bajo el concepto de embarcada hasta el año 1984, en que por razones presupuestales se vio forzada a desactivar del servicio al portaaviones ARA 25 de Mayo. Desde ese momento viene operando en apoyo a la flota con base en tierra. El caso de la Marina Brasileña es particular. Ellos también conceptuaron su aviación naval aerotáctica con la adquisición en 1960 del portaaviones NAeL Minas Gerais, que llegó al Brasil en 1961 y si bien la Marina había previsto la implementación de una escuadrilla aerotáctica embarcada, llegando a preparar pilotos en los Estados Unidos y a adquirir aeronaves entrenadoras con capacidad de aterrizaje en el portaaviones; esto no llegó a concretarse. Desde el arribo del Minas Gerais se suscitaron situaciones conflictivas entre la Marina Brasileña y la Fuerza Aérea Brasileña, las cuales llegaron a circunstancias extremas en 1964, lo cual obligó al gobierno a tomar una decisión política: mediante el Decreto Nº 55.627 de fecha 26 de enero de 1965 (Gomes de Queiroz, 1991:84), se establecía que la Fuerza Aérea sería la única que podía operar aeronaves de ala fija en el país y la Marina quedaba limitada únicamente a helicópteros. La Fuerza Aérea Brasilera operó desde ese entonces las aeronaves de ala fija del portaaviones, pero solo en operaciones de aeronaves antisubmarinas, no prestando atención a los requerimientos de la Marina en cuanto a la necesidad de implementar un apoyo aerotáctico efectivo. Con la adquisición del portaaviones NAeL Sao Paulo en 1998, la Marina determinó la necesidad de una aviación aerotáctica propia, que opere permanentemente desde el nuevo navío. Así logró la modificación de la Ley que le impedía poseer aviones y en el año 1999 inicia sus operaciones la escuadrilla de aeronaves A4 Skyhawk, operada por pilotos navales, y la Marina Brasileña asegura las funciones de apoyo aerotáctico a su flota. Ambas marinas tuvieron su concepción de aviación naval aerotáctica partiendo de la existencia de un portaaviones. Solamente existe un caso en que una armada latinoamericana dispuso de aviación naval aerotáctica sin portaaviones. La Marina Uruguaya, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, recibió como “herencia” las unidades aéreas que allí había apostado la Armada de los Estados Unidos (Grumman F-6 Hellcat) como parte de su plan para la defensa del continente sudamericano. Pero esta incorporación de unidades aerotácticas a la Aviación Naval Uruguaya no obedeció a un requerimiento estratégico sino a la decisión de los Estados Unidos de no repatriar gran parte de los medios desplegados durante la contienda bélica, ya que le resultaba más rentable entregar las unidades a países

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aliados y luego venderles repuestos o tecnología para su mantenimiento. La Aviación Naval Uruguaya aprovechó la oportunidad y operó estas unidades aerotácticas hasta que cumplieron su ciclo de vida, pero no renovó los medios aéreos, y perdió su capacidad de brindar apoyo aerotáctico. Ahora bien, hemos visto cómo surgieron las aviaciones navales aerotácticas de dos de las armadas más importantes de Latinoamérica, pero más allá de implementarla en base a operarla desde un portaaviones o no, se debe tener en consideración las ventajas y desventajas que ello significa. Un portaaviones es requerido si se tienen posesiones insulares que hagan imposible o muy limitado el accionar desde el continente de las aeronaves de apoyo aerotáctico, pero para naciones sin este tipo de requerimiento, este sustento pierde justificación. El portaaviones provee una gran capacidad de proyección sobre un enemigo alejado, sobre todo si las bases de tierra no están correctamente ubicadas para proyectar las unidades aerotácticas sobre él. La operación de un portaaviones es sumamente onerosa, no solo por el costo de operación del buque en sí, sino porque para operar de manera segura aferra muchos medios navales, los cuales en realidades como las nuestras implicarían aferrar a toda la flota alrededor de un solo buque. La meteorología afecta en mayor medida al portaaviones, ya que según los medios aéreos que posea se verá mayormente afectado por condiciones climatológicas que en tierra no limitan tanto las operaciones. El operar desde la cubierta de un portaaviones requiere de gran entrenamiento por parte de quienes van a cumplir este misionamiento, exigiendo mayores márgenes de precisión y seguridad respecto a las operaciones en tierra. La movilidad del portaaviones le brinda una gran seguridad, debido a que el enemigo no puede planear una operación sobre un objetivo que no se sabe dónde está, sin embargo, una vez descubierto es probablemente más vulnerable que una base terrestre, ya que adicionalmente a los ataques que pudiera recibir desde superficie o desde el aire puede ser objeto de ataques submarinos. Una vez atacado, un portaaviones posee menos capacidad de absorber daños que una base terrestre. Además, en caso de una destrucción del buque, los medios aéreos que hubiesen sobrevivido podrían posteriormente perderse por no tener una base alterna para apostarse, situación que generalmente se da cuando se opera en zonas en que las alternativas quedan fuera del rango de alcance de las aeronaves. Los medios aerotácticos que se emplean desde un portaaviones deben ser especialmente acondicionados para ello, requiriéndose mayores

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desarrollos tecnológicos, lo cual los hace más onerosos. Toda aeronave de ala fija puede operar desde tierra, pero no todas pueden hacerlo desde un portaaviones. Así podría seguirse confeccionando una interminable lista de ventajas y desventajas de uno u otro tipo de operación. Lo cierto es que una Armada, para optar por una implementación de su capacidad de apoyo aerotáctico, debe establecer claramente cuáles son sus objetivos y necesidades para decidir adecuadamente desde dónde operará los medios que adquiera para cumplir con dicho misionamiento. EL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN Y DE LA CONJUNTES La integración es un problema que se remonta hasta los tiempos en que surgen las fuerzas aéreas como armas independientes del poder de las naciones. No hay nación que en un momento dado no haya por lo menos evaluado colocar a todas las aviaciones de su poder militar bajo un mando único. Sin embargo, la historia ha demostrado que este pensamiento fracasó por completo desde el punto de vista estratégico. Veamos qué opinó al respecto el Almirante Fiske, de la Armada de los Estados Unidos (Zar, 1986:149), cuando se planteó esta posibilidad en su país: “No puedo concebir por el momento algo mejor calculado para hundir la defensa de este país, que el Servicio Aéreo Unificado. Pienso que eso sería absolutamente fatal...”. Asimismo, al preguntarle su opinión sobre la situación particular de Gran Bretaña, quien había unificado sus ramas aéreas, manifestó: “Entiendo que ha sido precisamente lo contrario a un éxito, desde el punto de vista fundamental de la Armada (...) desde el punto de vista de redundar en éxito, para Gran Bretaña ha sido en extremo desgraciado... ”. Los componentes aéreos de las armadas permanecieron bajo el mando de sus respectivas fuerzas y donde se unificaron se debieron volver a sus armas de origen. Así tenemos que la aviación integral que se formó en Gran Bretaña o Francia, por ejemplo, tuvo que dar marcha atrás y dejar que se restablezcan los componentes aéreos de sus marinas. En esta parte de América, por ejemplo, la Marina Peruana perdió su componente aéreo en 1929 para dar nacimiento al Cuerpo de Aviadores del Perú (CAP) que luego se transformará en la Fuerza Aérea del Perú (FAP); la Marina Brasileña lo pierde en 1941 dando paso inicialmente a la Força Aérea Nacional (FAN) que se transformará posteriormente en Força Aérea Brasileira (FAB). La Marina Brasileña recuperó su componente aéreo en 1954 y la Marina de Guerra del Perú reactivó su Aviación Naval en 1964.

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Si bien el problema macro –que la aviación naval debía operar bajo la jurisdicción de las respectivas Marinas– se vio superado, algunas situaciones particulares se mantuvieron, como las relacionadas con la aviación aerotáctica de ala fija. Pero hubo marinas que optaron por consolidar el concepto de conjuntes y así apostaron por que el apoyo aerotáctico sea suministrado por sus fuerzas aéreas. Esto no implicó que esas armadas dejaran de lado la posibilidad de efectuar ataques aéreos con sus unidades aeronavales, pero fueron orientados a helicópteros y su función era básicamente el ataque misilístico a unidades de superficie, y en estos casos el helicóptero es considerado parte del sistema de armas de la unidad naval portadora. Las fuerzas aéreas tienen como misión primordial la consecución de la supremacía aérea en el teatro de operaciones, y mientras no la consigan, no podrán desafectar medios para misionarlos a otros propósitos, tales como el apoyo aerotáctico a las unidades navales. Este apoyo muchas veces no llegará no porque la fuerza aérea no quiera proporcionarlo, sino porque no podrá brindarlo en el momento que se necesite, simplemente por estar atareada en el cumplimiento de su misión. Otro de los problemas en que se ve inmersa la conjuntes es que si bien en situaciones de paz, durante los ejercicios y entrenamientos conjuntos aparentemente se llega a un buen nivel del trabajo combinado, en la realidad surgen discrepancias, mayormente ocasionadas por las diferencias doctrinarias institucionales, empleo de equipamientos no compatibles, técnicas diferentes e incluso rivalidades institucionales, absurdas por cierto, pero que están presentes. Esto no quita méritos a participaciones importantes de las fuerzas aéreas a través de la historia, pero si se analizan a profundidad los momentos ocurridos, veremos que muchas acciones se concibieron porque la misión principal ya se había cumplido o porque no se podía cumplir, y se reorientaron los esfuerzos ante la imposibilidad de cumplir la misión principal. ¿Es posible el apoyo aerotáctico con unidades de ala rotatoria? Esta es una de las grandes discusiones que se han generado entre los mismos integrantes de las aviaciones navales. Como se indicó, las operaciones que son ejecutadas por helicópteros no son consideradas como aerotácticas por las características que poseen. Trataremos de explicar el porqué. El helicóptero es un elemento ideal para ser embarcado a un menor costo que un avión. Sus características particulares para el vuelo, a baja velocidad, gran maniobrabilidad, requieren pequeños espacios para operar y ser portados sobre las unidades navales que no requieren ser conceptuadas para cumplir funciones principales como portaaeronaves.

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Pero esas características que le permiten versatilidad para operar sobre casi cualquier tipo de unidad naval, son las mismas que lo limitan para cumplir las misiones de apoyo aerotáctico. Las operaciones aerotácticas requieren infligir daño repentino y devastador al enemigo, independientemente si se está actuando ofensiva o defensivamente, para lo cual deben cumplir con tres principios: ser ejecutadas explotando la sorpresa, concentrar suficiente cantidad de armas o capacidad de fuego sobre el blanco y buscar reducir la eficacia de reacción del enemigo, divirtiendo, dividiendo y/o dificultando sus operaciones. Y esto se consigue por la velocidad con que se ejecutan las acciones mediante el empleo de aeronaves de ataque de ala fija. Un apoyo aerotáctico es eficiente cuando se ejecuta en el momento oportuno, y muchas veces su concreción se supedita a la detección de la fuerza o unidad a atacar, que dejará escaso margen desde la orden ejecutoria y el tiempo que se dispondrá para realizar el ataque empleando la sorpresa para evitar la oposición del enemigo. El helicóptero será eficiente si una unidad naval lo porta cerca de la ubicación del objetivo, con total discreción, ya que de otra manera se perderá la sorpresa para el ataque. El helicóptero embarcado que ejecuta operaciones de ataque ha sido conceptuado para ejecutar ataque con misiles a las unidades navales, por lo que su empleo se producirá cuando se confirme la presencia de un objetivo que justifique el empleo de esa costosa arma, no pudiendo emplearse en ataque con bombas o cohetes, donde se vería expuesto a las armas antiaéreas del enemigo. La baja velocidad del helicóptero y su baja capacidad de absorción de daños lo hacen vulnerable dentro del alcance de las armas de autodefensa del blanco. Es por ello que las funciones de ataque a unidades de superficie con misiles mantienen al helicóptero fuera del alcance de las armas del enemigo. La otra función de ataque que se le ha asignado al helicóptero es para acciones frente a submarinos, en donde no encontrará oposición antiaérea así se coloque sobre la vertical del enemigo. Pero incluso esta ventaja corre peligro ante el desarrollo de nuevas armas de defensa antiaérea, las cuales podrán ser empleadas desde submarinos en inmersión. Es por esto que actualmente la aeronave llamada a cumplir las operaciones aerotácticas en la guerra en el mar es el avión de ataque. Basado en portaaviones o desde tierra, según sea la concepción estratégica que le haya otorgado la Marina a su aviación aerotáctica, proporciona una rápida y oportuna respuesta a cualquier requerimiento de apoyo. En la actualidad se han desarrollado helicópteros exclusivamente de ataque, los cuales han superado muchas limitaciones de los helicópteros convencionales, si embargo, su empleo ha sido orientado al apoyo aerotáctico a

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las operaciones terrestres de las tropas, no debiéndose descartar su próxima incursión en la guerra naval. HIPÓTESIS DE CONFLICTOS Y SUS IMPLICANCIAS PARA UNA AVIACIÓN AEROTÁCTICA PROPIA El Perú es una nación que desde su nacimiento se ha caracterizado por no ser agresiva; sin embargo, en los casi 200 años de existencia, se ha enfrentado en conflictos armados con casi todos sus vecinos fronterizos por problemas limítrofes, salvo el Brasil. No se pretende juzgar si los enfrentamientos estuvieron motivados por causas justas o afanes expansionistas, ni tampoco determinar si la participación fue correcta o no, sino simplemente tener presente que dado que “el conflicto es inherente a la naturaleza humana, disfrutando el hombre de la lucha y la competencia, la guerra es un fenómeno que durará tanto como la historia humana” (Van Creveld, 1995), se debe estar preparado ante un posible actuar de vecinos tradicionalmente agresivos y expansivos. La probabilidad de una guerra en el sentido clásico de la palabra prácticamente no cabe dentro de las posibilidades actuales en esta parte del continente, sin embargo, en el contexto de prevención se debe tener presente a los vecinos con los cuales se han tenido los mayores y más complejos enfrentamientos. Ecuador. Con la confirmación del Tratado de Paz de Itamaraty mediante la Declaración de Brasilia del 26 de noviembre de 1997 y la posterior firma del Acta Presidencial de Brasilia, el 26 de octubre de 1998 se puso punto final a casi 150 años de disputas y reclamos infundados sobre territorios de la amazonía peruana, que sostenía la República del Ecuador con el Perú y que llevaron a ambas naciones a la guerra en 1941 y a conflictos armados focalizados en 1982 y 1995. En caso de un hipotético conflicto, para que la participación de la Marina de Guerra del Perú sea de una forma que pueda emplear todo su potencial, debería ser generalizado a lo largo de toda la frontera, con la posibilidad de tener un escenario marítimo en donde participen todas las instancias del poder naval. Chile. Con el Tratado de Paz de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883, se selló la paz entre las repúblicas del Perú y Chile, poniendo fin a la Guerra del Pacífico en la cual adicionalmente participó la República de Bolivia. El Perú cedía en forma definitiva la provincia de Tarapacá y entregaba las provincias de Arica y Tacna bajo un régimen posesorio provisional, cuyo destino sería decidido por un plebiscito que debía llevarse a cabo 10 años después, en 1893.

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El Tratado de Lima, fechado 3 de junio de 1929 resolvió definitivamente el problema limítrofe con Chile; pero abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales, la de la solución de las cláusulas pendientes de ejecución del Tratado y de su Protocolo Complementario, relativas al libre tránsito de territorio peruano a territorio chileno; a la construcción de un malecón de atraque y un conjunto de obras al servicio del Perú en el puerto de Arica, y a la consagración de un régimen de puerto libre en las zonas asignadas. Esta situación no hace sino confirmar que el proceso de integración continental ha reducido al mínimo las probabilidades de un conflicto convencional entre naciones del continente, sin embargo, no podemos dejar de reflexionar sobre algunas consideraciones relacionadas con el vecino país del sur que podrían crear situaciones conflictivas con el Perú, motivadas fundamentalmente por el pretendido protagonismo que buscan ambas naciones en el proceso de integración sudamericana, en donde ciertamente el Perú cuenta con la ventaja geográfica que le permitiría poseer los megapuertos que servirán como puerta de entrada y salida hacia la cuenca del Pacífico, gracias a las dos únicas bahías de aguas profundas que existen en el continente, las cuales están ubicadas en Bayóvar y San Juan de Marcona, en territorio peruano. En los último años se ha demostrado que, en el contexto de la globalización mundial, el Centro Geoestratégico del Mundo es el Océano Pacífico, lo que ha motivado un mayor empuje en el proceso de integración del continente sudamericano, proceso que ha encontrado en Brasil a su agente dinamizador y organizador. Sin embargo, la nación brasileña requiere por su condición atlántica de un coprotagonista en el rol de liderazgo en el proceso integrador y que le brinde la oportunidad de acceder a la vía privilegiada de acceso y salida a la Sudamérica unida por el Océano Pacífico. Y es a esta posición de colíder a donde se dirige la planificación estratégica del Estado chileno. Bajo esta percepción, Chile pretende convertirse en socio privilegiado de Brasil para así constituir el eje hegemónico sudamericano, promulgando que el famoso megapuerto se construirá en Mejillones, a pesar de no poseer ni la profundidad ni las condiciones de navegabilidad adecuadas. Esta política es plenamente complementada con el accionar de sus fuerzas armadas La Fuerza Aérea Chilena está inmersa en una discusión sobre el equipamiento de las aeronaves que reemplazarán a aquellas que ya cumplieron su ciclo de vida, aduciendo que requieren mayores capacidades ante el desequilibrio que ha ocasionado la adquisición de modernos interceptores por parte de la Fuerza Aérea Peruana. Obviamente los requerimientos planteados superan las capacidades que poseeríamos.

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Sin ánimo de promover una carrera armamentista o fomentar un retroceso en el proceso de integración de las naciones, las Fuerzas Armadas del Perú deben seguir atentamente el proceso de las fuerzas armadas chilenas y prepararse convenientemente para cualquier eventualidad, sobre todo porque, tal como lo manifiestan sus pares sureñas, el objeto de una estrategia de disuasión es desincentivar o eliminar la alternativa del uso de la fuerza como opción aceptable y conveniente para resolver un diferendo. Situaciones hipotéticas actuales: las nuevas amenazas Como ha sido mencionado, la probabilidad de un conflicto convencional entre naciones del continente son poco probables, estando las naciones abocadas a lograr que el proceso de la integración regional culmine con éxito, ya que solamente unidos se podrá afrontar las futuras amenazas que penden sobre la región. El Perú está llamado a convertirse en uno de los colíderes del futuro en el espacio regional sudamericano, gracias a su privilegiada posición en el continente y la cuenca del Pacífico, de hecho, los intereses económicos del Perú están directamente ligados al uso del mar y tienden a crecer con la globalización. Más del 90% del comercio internacional fluye por los puertos y vías marítimas a lo largo de nuestro litoral. Asimismo, los inmensos recursos proteínicos y minerales del mar peruano (más de 25% del petróleo consumido internamente proviene de nuestra plataforma continental), obligan a adoptar una postura estratégica a fin de preservarlos. Pero para poder participar activa y eficientemente en este proceso de integración regional, y aprovechar el potencial que brinda la ubicación agraciada en el Pacífico, se debe cumplir fundamentalmente con la tarea estratégica de asegurar la autoconservación de la nación frente a las amenazas que se ciernen sobre ella, empleando en esta tarea todo el potencial que le confieren sus Fuerzas Armadas. Pasemos a tratar las principales amenazas que se ciernen sobre el país y la región. Terrorismo. Es el gran flagelo que soportó la nación peruana y la llevó al borde del colapso en los dos últimos decenios del siglo XX; del que se logró salir adelante y derrotar a los dos grupos terroristas que operaron en el país, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que con su accionar consiguieron la detención del desarrollo y el ahondamiento de la crisis económica nacional. Pero, si bien el terrorismo fue derrotado, el problema subversivo aún no está cerrado. La semilla subversiva tendrá posibilidades de germinar mientras existan las diferencias sociales que ocasiona la recesión económica en que está sumido el país.

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En caso de surgir un rebrote de este problema se deberá actuar empleando las estrategias y enseñanzas ejecutadas por las Fuerzas Armadas de la nación, no debiendo permitirse que la magnitud del conflicto interno alcance los niveles que se vivieron y que tanto daño ocasionaron a la sociedad y a la nación. Narcotráfico. Con la inminente derrota de los grupos terroristas que desangraron al Perú durante las dos últimas décadas del siglo pasado, las Fuerzas Armadas debieron empezar a afrontar otro tipo de lucha, la cual si bien es de responsabilidad de la Policia Nacional, no dejan de implicar acciones de apoyo, sobre todo si las acciones están enmarcadas en el proceso que requiere la nación para reactivar el desarrollo, que se vio truncado por el terrorismo. En un principio, los restos de las columnas terroristas que quedaban en operación pretendieron crear una alianza con los grupos narcotraficantes que operan en el país, para así crear una situación similar a la que se vive en Colombia, con resultados negativos. Sin embargo, los narcotraficantes crearon grupos que les sirven como protección en sus áreas de operación en la región amazónica. Lo agreste de la región ha hecho que se deba recurrir a acciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En este contexto de la lucha contra el narcotráfico, la Marina de Guerra tiene especial participación. Las acciones conjuntas con la Policía Nacional, mayormente enmarcadas en el oriente peruano en las zonas donde la Marina de Guerra ejerce la autoridad militar o las acciones en las que participa la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la cual como órgano de línea dependiente de la Marina es la encargada de verificar y controlar todo el transporte de carga marítima o fluvial que se mueve por toda la red náutica, fluvial y lacustre del país, medios que últimamente son empleados como rutas de exportación de la droga. Allí es donde se debe poner especial atención para combatir el narcotráfico eficazmente. Caso Colombia. Al respecto del problema de seguridad interno del vecino país de Colombia es que este puede trascender las fronteras de sus naciones vecinas, por lo que se han tomado las medidas a fin de resguardar la frontera común, misión que se ha asignado a las Fuerzas Armadas del Perú. Estas medidas se adoptaron luego de que columnas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en escape de la persecución por parte de las fuerzas del orden colombianas, se internaban en los territorios de las naciones vecinas y así impedían su captura, ya que las fuerzas regulares no están autorizadas a cruzar las fronteras. Ante estas acciones,

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algunos de los países vecinos de Colombia, en un intento por impedir el ingreso de estas columnas subversivas en su territorio nacional, han empleado a sus propias fuerzas armadas suscitándose enfrentamientos armados, lo cual ha motivado posteriores ataques de las FARC a puestos fronterizos de las naciones que no les permitieron el “libre paso”. En ese contexto es que el resguardo de la frontera ha sido encomendado a las Fuerzas Armadas del Perú, que de una u otra forma tienen acceso a los puestos de vigilancia limítrofes. Amenazas externas a la región. Estamos inmersos ahora en una época en que los conflictos serán el reflejo del choque de espacios regionales, sea por motivos culturales, religiosos, étnicos, o incluso ocasionados en la lucha por bienes escasos e imprescindibles para la supervivencia, por ejemplo, así como el agua, se puede mencionar a la Amazonía, como último pulmón de la humanidad, la cual se encuentra bajo la observación de potencias extranjeras o transnacionales. También debemos considerar a la Antártida como un potencial detonante de conflicto futuro, correspondiendo a nuestra región por su proximidad ser los responsables de una eventual defensa de su intangibilidad. Para tal efecto se requerirá que las fuerzas armadas en general se encuentren equipadas a un nivel tal que les permita conformar una fuerza regional lo suficientemente disuasiva como para impedir el accionar de entes ajenos a la región, y defender exitosamente nuestros intereses regionales. PARTICIPACIÓN DE UNA AVIACIÓN NAVAL AEROTÁCTICA ANTE SITUACIONES HIPOTÉTICAS TRADICIONALES Y ACTUALES El contar con una aviación naval aerotáctica le brindaría a la Marina de Guerra del Perú las capacidades operativas para cumplir las tareas estratégicas que la nación le ha encomendado, tanto en situaciones hipotéticas tradicionales como actuales, sin que esto quiera decir que se abandone la tradicional vocación no agresiva que ha caracterizado al Perú. Es conveniente mencionar que la posición del país respecto de potenciales adversarios en el campo militar hacen que la concepción de la aviación aerotáctica sea basada en tierra, operando las unidades de similar forma como se viene haciendo con la Fuerza Aérea en los ejercicios de maniobras conjuntas, combinando en un efectivo equipo de detección, traqueo, vectoreo y ataque a las unidades de exploración de superficie con las unidades navales aerotácticas. Veamos cada caso en forma particular.

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Situaciones hipotéticas tradicionales Una aviación naval aerotáctica cumpliría funciones disuasivas como para planear el escenario marítimo con relativa tranquilidad en caso de llegarse a una situación de guerra convencional entre dos naciones. Sin embargo, se estaría frente a una condición de guerra cuya característica fundamental es la poca disponibilidad de recursos para sostener una contienda bélica prolongada. Las características de estas confrontaciones de corta duración hacen que cada elemento del poder nacional se aboque al cumplimiento de sus misiones prioritarias, de esta manera una aviación aerotáctica propia sería el único medio de garantizar el apoyo oportuno a las unidades que operen en el mar. Se debe considerar que la poca disponibilidad de recursos hará que los buques capitales de las flotas enfrentadas sean verdaderos “centros de gravedad”, cuya pérdida podría significar la paralización total o disminución de las operaciones en el teatro marítimo, por lo que serían los objetivos principales a asignar a las unidades aerotácticas. En el frente marítimo, si se trabaja eficientemente y en forma coordinada, empleando adecuadamente la exploración aérea, una aviación aerotáctica permitiría proyectar la fuerza a distancias mayores y en un tiempo considerablemente menor, que las unidades de ala rotatoria, siendo su límite la ubicación de las unidades enemigas respecto a la posición de la base desde donde operarían los aviones. La ubicación de aeropuertos y aeródromos a lo largo del litoral nacional permiten cubrir eficientemente todo el flanco marítimo del país, con lo cual si se explotara adecuadamente la combinación del explorador y las unidades aerotácticas se cumpliría el aspecto más importante de la guerra naval: “atacar eficazmente primero”, ya que se podría proyectar la fuerza sobre las unidades enemigas cuando se encuentren aún imposibilitadas de aplicar su fuerza sobre el territorio e incluso sobre las unidades propias. Asimismo, en caso de que sea requerido, podrían emplearse las unidades aerotácticas en misiones de ataque a objetivos terrestres, ya sean de interés o empleo de la flota enemiga, o bien si son objetivos de apoyo a las operaciones terrestres de fuerzas propias, que redundarían en el éxito de la campaña. Situaciones hipotéticas actuales Para el caso de las situaciones actuales, una aviación aerotáctica serviría a la Marina de Guerra del Perú fundamentalmente como elemento disuasivo, tendiente a garantizar el cumplimiento de las tareas de geopolítica y estrategia que tiene el país en este naciente siglo XXI.

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La primera está referida a la autoconservación del Perú como nación independiente y viable. Los problemas que actualmente afligen a las naciones, tales como el terrorismo o el narcotráfico, deben ser combatidos con todos los recursos que posee una nación. Una aviación naval aerotáctica apoyaría las acciones en el ámbito terrestre de responsabilidad de la Marina, como se hizo durante las operaciones contra el terrorismo. También podría emplearse para misiones de interdicción del tráfico marítimo, toda vez que la nueva modalidad que emplean los exportadores de la droga utiliza embarcaciones de alta performance (off-shore), que normalmente escapan a la persecución de las patrulleras. Todas estas acciones encuadrarían perfectamente dentro del proceso de apoyo de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, haciendo al Estado eficiente en el control de sus problemas internos, y fomentando la confianza internacional. La misma utilidad tendría frente a la amenaza de la posible infiltración de los movimientos provenientes de otros países, brindando una rápida respuesta de apoyo en caso de que alguna unidad destacada a los puestos fronterizos fuera objeto de ataques de fuerzas de mayores proporciones. La segunda tarea estratégica del Perú estaría orientada a la disuasión de toda potencia intrarregional interesada en impedir el proceso de integración del continente o que pretenda intervenir bajo el pretexto de solucionar problemas internos, amparándose en razones humanitarias. Para que esta disuasión sea efectiva, debe poseerse la capacidad de participar en la conformación de una fuerza regional multinacional, lo suficientemente disuasiva frente a la amenaza de agentes externos a la región. Se debe tener presente que América del Sur, en su flanco occidental, no cuenta con armadas con capacidad de respuesta aerotáctica frente a una eventual amenaza a la región, provocada por una potencia que pretenda proyectar su poder desde el Océano Pacífico. CONCLUSIONES El siglo XXI encuentra al Perú abocado al cumplimiento de dos tareas estratégicas. La primera es la de asegurar la autoconservación del Estado como nación autónoma e independiente, y la segunda es colaborar en el proceso de integración en el espacio regional sudamericano, previendo una posible conformación de una fuerza multinacional regional de carácter disuasivo ante cualquier potencia intrarregional interesada en actuar sobre él, en provechos particulares o bajo el pretexto de preservar la protección de los derechos humanos.

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Estas dos tareas solo podrán cumplirse eficientemente mediante el uso de modernos medios de guerra, sin que esto signifique una escalada en la carrera armamentista o que se modifique la tradicional vocación pacifista del país. Bajo esta premisa, podemos llegar a las conclusiones por las cuales se justifica que la aviación naval como parte integrante del poder naval de la Marina de Guerra del Perú prevea la incorporación de unidades aerotácticas, en el mediano plazo, a su orden de batalla: 1. La flexibilidad del avión de ataque, al que hemos convenido en denominar unidad aerotáctica, permite actuar contra diferentes objetivos materiale, en tiempo y lugar oportunos. El conjunto de estas características potencia, mejor que ninguna otra arma, el principio fundamental de la guerra, la concentración del esfuerzo en el punto decisivo. 2. Una aviación naval aerotáctica no necesariamente debe ser concebida para estar embarcada. En el caso peruano, sus rivales potenciales no se encuentran ubicados a distancias que ameriten contar con un portaaviones, y la distribución de aeropuertos y aeródromos a lo largo del territorio permite un adecuado despliegue de las unidades aerotácticas, tanto para ejecutar acciones ofensivas o defensivas. 3. La correcta combinación del binomio explorador - unidad aerotáctica incrementa el radio de acción de un ataque o defensa en profundidad, pudiéndose proyectar la fuerza sobre el enemigo antes de que este llegue a tener los objetivos al alcance de sus armas. 4. El problema de la conjuntes siempre está presente, por lo que la única manera de asegurar el oportuno y adecuado apoyo aerotáctico empleando los medios y técnicas apropiados se consigue contando con una aviación aerotáctica propia. Sobre este punto, muchas veces el apoyo aerotáctico, cuando depende de otra fuerza, no llega cuando se requiere, y esto ocurre porque el ente apoyador está comprometido en otras tareas a las cuales su doctrina le otorga prioridad. 5. Los ataques que se efectúan a las unidades de superficie empleando unidades de ala rotatoria no son considerados acciones de apoyo aerotáctico, por las características particulares de los helicópteros. Son considerados parte del sistema de armas que representa el misil que portan. El avión representa un elemento que permite mayor variedad de armas a emplear (bombas, cohetes, cañones) sobre blancos de valor militar que no justifique empleo de misil sobre ellos.

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6. Por más que las probabilidades de un conflicto entre naciones de esta parte del continente sean de baja probabilidad, no debe dejar de preverse su ocurrencia, para lo cual las Fuerzas Armadas deben prepararse convenientemente. 7. Una implementación de medios eficientes servirá como elemento disuasorio ante cualquier intento belicista de una potencia enemiga de la nación. En este caso, una aviación aerotáctica propia le permitiría contar a la Marina de Guerra del Perú con el elemento ideal para ejecutar acciones de ataque o defensa en profundidad, antes que sus propias fuerzas se encuentren al alcance de las armas del enemigo. 8. Las nuevas amenazas que se ciernen sobre el país requieren que las Fuerzas Armadas estén adecuadamente preparadas para combatirlas en una acción conjunta, de tal manera de permitir la adecuada y oportuna defensa de la integridad nacional para asegurar la supervivencia del Estado. Una participación de la Marina de Guerra en las zonas asignadas será más efectiva cuanto mayor participación emplee, por lo que una aviación aerotáctica propia es el elemento ideal para el apoyo a las operaciones terrestres y para complementar las tareas de vigilancia y control del mar. 9. El proceso de integración continental en que nos encontramos abocadas todas las naciones de la región sufre ciertos riesgos, de acuerdo con las perspectivas a futuro. El proceso que viene atravesando la nación colombiana, o las futuras acciones de transnacionales o potencias foráneas a fin de controlar recursos como el agua o la amazonía, hacen prever que será necesaria la implementación de una fuerza multinacional regional como para enfrentar a las posibles amenazas de intervención en esta parte del orbe. El Perú, por su ubicación estratégica sobre el margen occidental del continente, es una de las naciones llamadas a conformar el frente de defensa sobre el Océano Pacífico, por lo que una aviación naval aerotáctica es requerida por los mismos principios que se consideran para una defensa en profundidad del territorio propio. No hay que olvidar que esta parte del continente no cuenta con aviación naval aerotáctica en ninguna de las naciones que conformarían este frente. Los motivos sustentados son convincentes como para concluir que es necesario que la Marina de Guerra del Perú considere implementar en un mediano plazo unidades aéreas aerotácticas a su Fuerza de Aviación Naval, para garantizar el eficiente cumplimiento de su misionamiento frente a los retos que se le presentan.

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PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA CAMPAÑA DE LA BREÑA1

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Luis Rodolfo Adawi Cáceres Capitán de Navío, egresado de la Escuela Naval del Perú en 1987. Bachiller en Ciencias Marítimas, calificado en Guerra de Superficie, especializado en Electrónica y Comunicaciones Aplicadas a Operaciones Navales, con cursos de perfeccionamiento en programas de Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra Naval. Maestría en Telecomunicaciones y Procesamiento Digital de Señales de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha publicado varios artículos sobre operaciones navales. Es docente en la Escuela Naval, Escuela Superior de Guerra Naval y Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Actualmente se desempeña como Director del Centro de Entrenamiento Táctico Naval.

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n 1879 el Perú decidió defender a Bolivia en la situación conflictiva generada con Chile. Sin embargo, el gobierno peruano no se imaginaba las graves consecuencias de su decisión, que marcaría el futuro del país. Y es que si bien es difícil estar siempre preparado para afrontar una guerra, su dirigencia debe ser consciente de las capacidades del país para poder afrontarla con posibilidades de salir triunfador. Como menciona Mao Tse Tung (citado en Sater, 1986:179), “Política es guerra sin derramamiento de sangre; guerra es política con derramamiento de sangre”, y en consecuencia la guerra es parte de la política, y la política es la que hace la guerra. Siendo la guerra un acto político, es responsabilidad del nivel político de un Estado el saber cuándo, por qué y hasta dónde librar una guerra. Coincidiendo con Sater (1986), es en la etapa previa a la guerra (“preguerra”, como la denomina el referido autor) cuando se define el porqué se va a la guerra y qué es lo que se quiere lograr al final del conflicto. La definición de estos dos importantes puntos es función del liderazgo político de un Estado. Si ese liderazgo no está preparado para la guerra, o no ha definido los mencionados puntos con anterioridad al inicio de la guerra, entonces se estará iniciando una guerra que se perderá. Este fue el escenario al inicio de la Guerra del Pacífico de 1879, y ese fue el final anunciado de tal guerra. A los pocos meses de iniciada la guerra, perdimos a nuestro conductor político cuando el presidente Mariano Ignacio Prado se fue del país; y en las últimas campañas dos líderes ejercieron el mando. Uno de ellos, Nicolás de Piérola, fungió de estadista y estratega, mezclando equivocadamente el nivel político y el militar de la conducción de la guerra; y el otro, Francisco García Calderón, se oponía a los objetivos trazados por Piérola.

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El líder político aliado, Hilarión Daza, asumió el mando militar, dejando a su país, Bolivia, sin un gobierno efectivo (1876-1879). Como resultado de su pésima conducción en ambos campos (político y militar) fue derrocado y sucedido por Narciso Campero. La conducción política chilena –que estuvo a cargo de los presidentes Aníbal Pinto y Domingo Santa María, que lo sucedió en 1881– no estuvo carente de problemas, pero los fue superando. Según Edgardo Mercado Jarrín (1979), quizá el más serio de estos fue la decisión de llevar la guerra sobre Lima. Pinto no estaba de acuerdo con esa operación pero tuvo que aceptarla por presión política. Perdida Lima, y con Bolivia retirada de la contienda, la voluntad de resistencia peruana continuó pese a la fragilidad en que se había sumido el Estado peruano, sin su principal centro económico, político y social. ¿Fueron correctas las decisiones para tomar Lima y luego continuar con la persecución hacia el interior del territorio invadido?, ¿fue buena la decisión de resistir en la sierra? Son algunas de las preguntas que intentaré responder al analizar y determinar los objetivos que motivaron a ambos contendientes a continuar el combate en el interior del país. Al analizar y determinar estos objetivos revisaremos si la llamada Campaña de La Breña fue una sola, con un único objetivo y compuesta por un conjunto de operaciones, o fueron varias las campañas que se realizaron en el período 1881-1883. Comentaré, asimismo, los errores y aciertos encontrados en el transcurso de las operaciones militares y acontecimientos relacionados con esa etapa de la guerra. EL OBJETO DE LA GUERRA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 1881 A 1883 Tal como han señalado diferentes estudiosos, la guerra es un acto político. Es decir, es la política la que decide emplear la guerra para un fin específico. Este fin o propósito es denominado el objeto de la guerra, u objetivo político de la guerra; definiendo el estado final al que se desea llegar. El objeto de la guerra permite determinar el objetivo estratégico a ser aplicado para llegar al estado final deseado por el nivel político; siendo a partir de tal objetivo estratégico que se han de determinar los objetivos en los niveles operacional y táctico, los que deberán coadyuvar en el logro del objetivo del nivel superior correspondiente.

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Como vemos, al existir una concatenación de objetivos que parte desde el objetivo superior definido por el nivel político –el objeto de la guerra–, si una guerra es librada sin haberse definido tal objeto, entonces el esfuerzo bélico perderá su norte en algún momento. Sobre este tema, Francisco Yabar (2009) menciona: “… aquella operación militar que no tiende a conseguir un objetivo político carece de fundamento y el esfuerzo desplegado en operaciones de esta naturaleza cae en campo estéril”. En las operaciones de 1881 a 1883 el Perú estableció como objetivo político el negociar la paz sin cesión de territorio. Sin embargo, no había un mando político unificado, teniendo al inicio de las campañas de resistencia dos conductores políticos con ejércitos diferentes, que propugnaban por el mismo objeto de la guerra. Tal disociación política generó un problema para la guerra, dificultando la definición de los objetivos de los niveles inferiores. Es decir, la guerra cayó en una lucha sin un fin para el Estado. Mercado Jarrín (1979) es bastante claro al mencionar que sin la unidad política del Estado no pueden definirse los propósitos estratégicos. Esta separación del nivel político puede incluso llevar a concebir objetivos estratégicos contrapuestos, tal como se demuestra en las operaciones de 1881 a 1883, cuando García Calderón ordenó atacar el ejército de Andrés Avelino Cáceres. Según refiere Yabar (2009), el objetivo estratégico del gobierno provisorio de García Calderón era obtener el control de una porción considerable del territorio no ocupado por Chile, por lo que llevó a cabo acciones ofensivas contra el ejército de Cáceres, que culminaron en el combate de Acuchimay. El objetivo estratégico que definió Cáceres, en la denominada campaña de La Breña, fue el de desgastar las fuerzas del enemigo. La forma de lograrlo era mediante operaciones de hostigamiento y resistencia aprovechando las ventajas del territorio andino; desgastando a los esfuerzos contrarios mediante guerra de guerrillas. Por su parte, el liderazgo político chileno planteó como objeto de la guerra en esta etapa el imponer la paz con la cesión de los territorios salitreros de Tarapacá. Para ello concibió y ejecutó estrategias en los ámbitos diplomático y militar. En lo diplomático buscó convencer al gobierno boliviano para que no hostilizara a las fuerzas chilenas. En lo militar, según sostiene Jorge Ortiz

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Sotelo (2010), se plantearon dos objetivos estratégicos diferentes: el aislamiento de las fuerzas terrestres del norte y la destrucción del ejército del centro, para lo cual se despacharon tres expediciones. LA BREÑA, ¿UNA SOLA CAMPAÑA O UNA SERIE DE CAMPAÑAS SOBRE UN MISMO TEATRO DE OPERACIONES? Carl von Clausewitz (1918) define campaña como “reunión de acontecimientos desarrollados en un mismo y único teatro de operaciones”. Para Vego (2007), una campaña consiste de una serie de operaciones mayores secuenciadas y sincronizadas en tiempo y espacio, orientada para el cumplimiento de un objetivo estratégico-militar común. Por consiguiente, podemos sostener que una campaña está definida por un conjunto de operaciones secuenciales y sincronizadas, que son ejecutadas en un mismo teatro de operaciones y hacia el cumplimiento de un mismo objetivo estratégico-militar. Milan Vego (2007) refiere que mientras más amplio sea el objetivo estratégico-militar definido, mayor será el requerimiento de medios; y por consiguiente mayor será el entorno físico (teatro) requerido para el despliegue de las fuerzas. Según Antoine H. Jomini (1863), el teatro de operaciones de un ejército involucra todo el territorio en donde este desea operar, ya sea en la ofensiva o en la defensa. Menciona, asimismo, que en el caso de que dos ejércitos operen en diferentes áreas pero que persigan un objetivo común, las áreas de estos dos ejércitos congregarán un único teatro de operaciones. Sobre la base de estas conceptualizaciones podríamos concluir que un teatro de operaciones está definido por las áreas donde operan fuerzas con un objetivo común. Vego (2007), asimismo, considera que a diferencia del teatro de la guerra, el cual suele ser el mismo para las partes contendientes, los teatros de operaciones pueden tener dimensiones diferentes para cada una de las partes contendientes. Por consiguiente pudo existir un teatro de operaciones delimitado por Chile, y otro delimitado por Perú, los cuales al ser delimitados por cada comandante operacional pueden ser distintos. Jomini (1863) considera que para definir un teatro de operaciones se debe tomar en cuenta la existencia de obstáculos naturales o artificiales para reducir u oponerse al enemigo. A esta característica de un teatro se suman otras, entre ellas: posiciones, distancias, bases de operaciones, objetivos físicos, puntos decisivos, líneas de operación, líneas de retirada y líneas de comunicación.

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La Breña comprendió operaciones desarrolladas a lo largo de tres años, que en el caso peruano tenían prácticamente un único objetivo estratégico-militar: “mantener la resistencia y desgastar al enemigo invasor”. Si bien, podría discutirse que en la acción de Marcavalle se cambió el objetivo por el de “destruir las fuerzas enemigas en el valle del Mantaro”; hay que tomar en cuenta que este corresponde a un objetivo operacional-táctico, alineado con el propósito de desgaste determinado en el objetivo del nivel superior. Por el lado chileno, cada expedición guardó un objetivo estratégicomilitar diferente, como se ha mencionado anteriormente. Pero todas ellas debieron enfrentar el enorme reto de operar en la abrupta geografía andina. En ella juega la definición jominiana de la existencia de obstáculos naturales que impiden la libertad de maniobra y dificultan el desplazamiento de las tropas. Resulta difícil definir cuántos teatros de operaciones existieron por el lado peruano, dado que algunos espacios en donde se actuó podrían ser clasificados como áreas de operaciones por su limitado tamaño y magnitud de fuerzas comprometida. A esta dificultad se suma el hecho de que Cáceres no definió un espacio geográfico de operaciones, sino que estas se fueron desarrollando conforme se desplazaba el enemigo o las fuerzas propias. Sin embargo, podríamos hablar de la existencia de dos teatros de operaciones, uno bastante bien definido, cuando Cáceres planeó atacar a las fuerzas chilenas en Junín, Huancayo, Concepción y La Oroya, con el objetivo de destruirlas. El otro teatro de operaciones se ubicó en la zona de Cajamarca y Trujillo, donde se mantendría el objetivo de desgastar al enemigo. Las operaciones guerrilleras en la zona de Canta y Chosica caen en el concepto de área de operaciones, al ser escenario de operaciones de menor envergadura, limitadas en tiempo y espacio. Por el lado chileno vemos tres teatros de operaciones bastante bien definidos y delimitados previamente, correspondiendo a los cubiertos por las expediciones despachadas al interior del país. Al existir diferentes teatros de operaciones (TO), La Breña no caería en la definición de una sola campaña, pudiendo definirse como la fase de la resistencia con tres campañas o expediciones por el lado de Chile, y dos campañas, la del TO Centro-Sur y del TO Centro-Norte, por parte del Perú.

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ACIERTOS Y ERRORES PERUANOS EN LA GUERRA ENTRE 1881 Y 1883 Un grave error es el de la mala conducción política por parte del Perú, lo cual es una característica desde el inicio de la guerra, adoleciendo de una política firme y unificada. En la fase de la resistencia de 1881 a 1883 existían dos cabezas políticas; lo cual definitivamente trajo problemas para las decisiones en el nivel estratégico. Tal como señala Yabar (2009), Piérola cometió un error crucial al inicio de la fase de la resistencia, al asumir la conducción tanto del nivel político como del nivel estratégico-militar. Con ello descuidó importantes asuntos políticos que debían orientar el esfuerzo del campo militar. Como señala Nicolás Machiavello (1532): “Los éxitos en la guerra son determinados por las ventajas ganadas por la política, y no por la victoria en las batallas”. Lamentablemente, Piérola no lo había leído ni tenía las condiciones necesarias para cumplir el papel que le había tocado desempeñar. La decisión de Cáceres de retirarse a las serranías y emprender una guerra de desgaste mediante la guerra de guerrillas fue acertada y, según Francisco Frías (1949): “El fracaso de las expediciones a la Sierra hizo pensar al gobierno de Chile en poner término a la ocupación del Perú y retirar sus tropas a la línea del río Sama…”. La guerra de guerrillas, como fue ejecutada, guardó relación con los principios fundamentales de este tipo de guerras tal como han sido definidos por Mao Tse Tung (1938). Esto resulta más evidente en la transformación de la guerra de guerrillas en guerra de movimientos y en la combinación de acciones defensivas estratégicas con acciones ofensivas estratégicas. Cáceres inicialmente mantuvo una actitud defensiva en terrenos de difícil acceso para el enemigo, buscando efectuar contraataques y ataques en los puntos en donde el enemigo era vulnerable. Incluso ejecutó una campaña con un objetivo positivo sobre el teatro de operaciones Centro-Sur. ¿Entonces, por que falló Cáceres? La inexistencia de un adecuado planeamiento previo llevó a que no tome en cuenta opciones estratégicas que el enemigo podría adoptar, así como supuestos basados en la información existente. Esta falencia hizo que no previera el ataque por las fuerzas de la facción contraria a Piérola, así como a no determinar su punto culminante, hecho que lo llevó prácticamente a librar una batalla decisiva en Huamachuco.

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CONCLUSIONES - La decisión de ejecutar la fase de resistencia era obligada por la pérdida del centro neurálgico del Estado peruano, su capital. Si bien la estrategia chilena logró conquistar la capital, esta conquista no quebró la voluntad de lucha peruana; extendiendo una resistencia por casi tres años más. Tal como sostiene Clausewitz, si bien la pérdida de territorio y la pérdida de fuerzas son un factor importante para vencer al contrario, es su fuerza de voluntad el factor que condiciona la continuación de la lucha. - La decisión de Chile de avanzar sobre los Andes lleva a prolongar la guerra y a incrementar sus pérdidas, hasta casi tener que replegarse hacia el Sur según refieren algunos historiadores. - Las operaciones de 1881 a 1883, según los conceptos actuales, no constituiría una sola campaña, proponiéndose referirnos a ellas como “fase u operaciones de resistencia de 1881 a 1883” o “fase de resistencia en los Andes”. - El planteamiento estratégico militar peruano fue conducir una guerra de desgaste mediante la aplicación de guerra de guerrillas, definiéndose dos objetivos estratégicos operacionales para dos teatros diferentes: uno el de desgaste del enemigo y otro netamente ofensivo de destrucción del enemigo. - El planteamiento estratégico chileno fue buscar la destrucción de las fuerzas de resistencia a fin de imponer sus condiciones de paz al Perú, que incluían cesión territorial. Sus objetivos estratégicos se centraron en aislar al ejército de Cáceres y destruirlo. - La conducción estratégica chilena fue más eficiente que la peruana, pues tenía muy bien definido su conducción política. Por el contrario, la conducción política peruana asumió también la conducción estratégica, existiendo además dos gobiernos. REFLEXIONES FINALES - La no preparación política adecuada para resolver los asuntos de seguridad nacional y la ignorancia de la esencia de la relación entre la política y la guerra es una constante en nuestra historia nacional. - Otra mala práctica constante es la deficiencia en la apreciación de inteligencia estratégica; lo que no permite al nivel político determinar las amenazas y definir cómo enfrentarlas cuando se manifiesten.

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- Del análisis de nuestra historia vemos que existe una desconexión de los campos no militares en los asuntos de seguridad nacional. La guerra es política y como tal requiere una respuesta nacional multidimensional. - Se aprecia, igualmente, una falta de unidad para afrontar problemas nacionales, así como una inexplicable rivalidad interna y excesivo protagonismo individual. - La gran lección que deja la guerra de 1879, entre otras, es la relación con los aliados. ¿Hasta dónde se debe defender o apoyar los intereses de un aliado? Clausewitz es bastante claro en sus teorías: “Nunca se verá que un Estado que abraza la causa de otro tome esta tan seriamente como si se tratara de la suya propia” (1918). Referencia 1 Trabajo de investigación del Área de Política y Estrategia del Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional (2010).

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REPLANTEAMIENTO DE LA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL EN EL PERÚ1

L

Capitán

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Navío Eduardo Pérez Román

Coronel EP M ario Calderón Chávez Capitán

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Navío Luis R. Adawi Cáceres

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Navío R afael Reyna Rivero

Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, 2010 - Lima Perú

a seguridad nacional se ocupa de asegurar la supervivencia del Estado, definiendo por medio de la estrategia de seguridad nacional la forma para resolver con éxito toda situación que altere el orden, la paz y tranquilidad, necesaria para el desarrollo del Estado; es así que la concepción estratégica de seguridad nacional que un Estado debe diseñar tiene relación directa con su entorno, su historia y el futuro que desee construir como nación. Hasta antes del fin de la guerra fría en 1989, la mayor parte de los estados pensaba en la necesidad de defensa contra un Estado invasor, así como de establecer alianzas tendientes a la seguridad colectiva. Las guerras del siglo XX así lo mandaron. Con el fin de la guerra fría, las amenazas a la seguridad cambiaron, surgiendo nuevas amenazas perpetradas por actores no estatales. El problema para los sistemas de seguridad nacionales cambió sustancialmente, ahora podían ser afectados sin ser invadidos, y sin el empleo de una capacidad militar antagónica. El ataque terrorista del 11 de setiembre de 2001 así lo hizo entender. Los países más desarrollados rediseñaron rápidamente sus estrategias de seguridad nacional y aun los menos desarrollados intentamos reacomodar tal concepción. En el Perú existe una dicotomía entre seguridad y defensa, si es una o es la otra, o si son las dos; además existe una persistencia en asociar todo lo relacionado con seguridad nacional a lo militar, error que lleva a despreciar la participación de los sectores no militares para conseguir el ambiente de seguridad, orden, paz y tranquilidad necesario para lograr el ansiado desarrollo. En el presente artículo hemos tomado los conceptos teóricos vigentes sobre seguridad nacional, a partir de los cuales presentamos las conclusiones

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del análisis comparativo de las concepciones de seguridad nacional adoptadas por otros estados, para luego demostrar la necesidad de redefinición y rediseño de la concepción estratégica nacional, culminando con la proposición de una concepción estratégica para la seguridad nacional del Perú. Partiremos entonces de la hipótesis que no existe una concepción sobre seguridad nacional acorde con la necesidad de desarrollo del Perú. LA NECESIDAD DE DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL El poder de un Estado se entiende por la capacidad que tiene para imponer su voluntad sobre otro. Poder que está integrado por diferentes instrumentos, campos, dimensiones o expresiones que varían en función a la concepción particular del Estado. Las expresiones comunes que existen en todo Estado son el poder político, el poder económico y el poder militar, que comprenden el poder de las ideas, el poder del dinero y el poder de la fuerza. Otros estados se complementan con el poder diplomático, el poder social, el poder tecnológico y el poder de la información. Una de las formas de entender el poder del Estado y la importancia de mantenerlo equilibrado es representándolo en una expresión matemática, tal como sostienen Hill (1990) y Pertusio (2000), el peso específico de este es la resultante del producto de sus expresiones política, económica, diplomática y militar; de tal forma que si algunas de tales expresiones es cero, el poder del Estado es nulo, por consiguiente será vulnerable a verse obligado a aceptar cualquier condición que bajo presión le imponga algún Estado con intereses contrapuestos. Como sabemos, el orden de la globalización y la conformación de espacios regionales son las principales características del siglo XXI; orden que ha permitido basar el éxito de las economías de cada Estado en la apertura de mercados para la comercialización de bienes y servicios. Esta tendencia a los mercados abiertos trae consigo una situación permanente de competencia y cooperación, debiendo cada Estado establecer el adecuado balance entre la libertad del mercado y el control del mismo, enfocado en los intereses particulares de cada uno; sin transgredir el derecho de los estados o actores no estatales que comercian con el correspondiente Estado. La búsqueda de tal balance crea una condición de competencia y cooperación constante, debiéndose encontrar las relaciones normales entre estados en un equilibrio entre competencia y cooperación. Tales situaciones

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de competencia y cooperación rigen en estos días las relaciones internacionales entre estados. Aquellos estados sumamente cooperativos normalmente constituyen férreas alianzas, buscando tener intereses comunes; en contraparte, aquellos estados que se van al extremo de la competencia ingresan a situaciones de conflicto, las cuales pueden materializarse con el empleo de cualquiera de las expresiones del poder del Estado antes mencionadas. Es así que un conflicto entre dos estados podría materializarse en un enfrentamiento de las expresiones económicas, expresiones políticas, expresiones diplomáticas o expresiones militares, normalmente; siendo difícil, aunque no imposible, el poder presentarse una situación de conflicto en la que dos o más estados se enfrenten aplicando el íntegro de su poder, es decir, las expresiones en su totalidad. La condición para que se presente tal o cual enfrentamiento de expresiones se basa en el análisis de cuál de estas es percibida más débil por el Estado en competencia; debido principalmente a que los estados buscarán ganar las competencias al mínimo de costo posible. Costo que incluye recursos humanos, materiales y económicos; así como tiempo y territorio. La seguridad nacional, como es entendida hoy, se preocupa de asegurar la supervivencia de la nación, siendo este el interés nacional de todo Estado encaminado hacia el desarrollo y que tiene definido el camino a seguir. La estrategia de seguridad nacional será, justamente, la que permita asegurar el andar por el camino trazado. Este nuevo orden, obliga a bosquejar una estrategia de seguridad nacional que pueda asegurar las fortalezas en todas las expresiones de poder antes mencionadas, de tal forma que cada una de estas no sea impedida de continuar hacia el logro de sus objetivos dimensionales. En el Perú, la ideología nacional no se centra en la situación de alta competencia entre estados, sino por el contrario busca un punto de equilibrio; considerando el estado de paz como la situación normal de las relaciones entre los estados. Congruentemente, la seguridad nacional del Perú deberá centrarse en mantener tal estado de paz y tranquilidad deseado, y en caso de que se vea alterado por algún agente externo, interno o transnacional; deberá actuarse oportuna, decidida y eficientemente con la expresión de poder del Estado necesaria para regresar, al mínimo costo, al estado normal de paz y tranquilidad.

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Las variaciones que pueda sufrir el estado de paz y tranquilidad en algunos casos se presentarán con un escalamiento paulatino, y en otros casos podrían presentarse en forma exponencial, o en casos extremos como una variación repentina, inusitada e inmediata. Las diferentes variaciones, dependerán de la amenaza que lo provoca, del momento y espacio en el que se presente; es decir del escenario, así como de la preparación y organización que pueda tener el Estado para, por un lado preverla oportunamente, y por el otro poderla contener rápidamente, antes de que cause mayor daño a los intereses y objetivos nacionales. La prevención y anticipación sobre una situación que pueda alterar la paz y tranquilidad están supeditadas al grado de conciencia y conocimiento que se tenga de la situación conflictiva, mientras mayor anticipación exista entre la detección y manifestación de tal situación, mayor será la probabilidad de contenerla con éxito. Tal anticipación solo se consigue con una oportuna inteligencia estratégica. La ausencia o minimización de la importancia de tener un eficiente sistema de inteligencia provocarán que nunca pueda preverse con la oportunidad necesaria la manifestación de un escenario que altere el estado de paz y tranquilidad, debiendo, por consiguiente, el Estado afrontar tal escenario en condiciones desfavorables y con menores ventajas para conseguir el éxito deseado. DIFERENTES CONCEPCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL La concepción estratégica de la seguridad nacional se ha visto modificada con el término de la guerra fría, habiendo quedado obsoletas las concepciones diseñadas hasta tal época; principalmente porque se basan en amenazas y actores que han variado como producto de la globalización. La concepción tradicional de seguridad nacional, tal como refiere Thauby (2002), se ocupaba de implementar estrategias para contener o defenderse de la amenaza generada por otros Estados. Al respecto sostuvo: “El concepto se apoya en un diagnóstico que señala que el sistema internacional, hasta el fin de la Guerra Fría, se organizó en torno a tres elementos: la primacía de los estados como actores internacionales; la estrategia de seguridad nacional como forma de seguridad estatal y la teoría realista de las relaciones internacionales, como instrumento para la interpretación de la realidad internacional”.

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La nueva concepción se presenta más compleja en su planteamiento dada la naturaleza de las amenazas que pueden afectar a los estados, así como la multidimensionalidad requerida para afrontarlas con éxito. Roberto Chiabra (2009), al tratar sobre la variación del concepto de seguridad nacional, menciona que hasta el final de la guerra fría se entendía la seguridad nacional como la necesidad de los estados por mantener la integridad territorial, soberanía e independencia. Como tal, se asociaba la seguridad nacional a la capacidad militar del Estado, dado que en la concepción la amenaza la constituían otros estados. Al relacionarse estrictamente la seguridad nacional con la capacidad militar –sostiene Chiabra–, las fuerzas armadas se constituían como las únicas instituciones capacitadas para influir e inclusive dictaminar políticas sobre seguridad y defensa nacional. Sin embargo, el contexto actual obliga a cambiar la referida concepción debido a la existencia de amenazas que no necesariamente implican el empleo de las capacidades militares. Como bien sabemos, en este siglo los ataques a los estados pueden producirse sin necesidad de invadir militarmente el territorio contrario. Al finalizar el orden bipolar de la época de la guerra fría, e instaurarse uno nuevo de naturaleza hegemónica, varió el tipo y naturaleza de las amenazas y por consiguiente aparecieron nuevas definiciones de seguridad, causando una gran confusión; tal como refiere Deustua (2002). Sobre amenazas, aparecieron términos como: amenazas constabulares, amenazas globales, nuevas amenazas, amenazas no tradicionales, amenazas asimétricas, amenazas no convencionales, entre otras. Sobre el término seguridad, sin definirlo concretamente, apareció una gama mayor de términos: seguridad integral, seguridad interna, seguridad externa, seguridad humana, seguridad económica, seguridad democrática, seguridad dura, seguridad suave, seguridad defensiva, seguridad colectiva, seguridad cooperativa, seguridad hemisférica, seguridad regional, seguridad marítima, seguridad territorial, seguridad pública, seguridad ciudadana; entre otros menos empleados. Como vemos, hubo una evidente variación de los conceptos estratégicos que manejan los estados, al respecto Arteaga y Fojón (2007:42) mencionan: “Únicamente el concepto de seguridad ha evolucionado increíblemente alcanzando connotaciones de multidimensionalidad y globalidad. Es el término que mayores adjetivaciones viene recibiendo: nacional, hemisférica, social, pública, integral, educativa, de salud, humana, militar, económica, externa, interna, democrática, etc., etc.”.

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Los mismos autores refieren: “A pesar de que todos los actores son conscientes de los nuevos roles que plantea la seguridad, sus sistemas y estrategias son esencialmente continuistas” (2007:68). Evidenciando con tal afirmación que no todos los Estados han modificado sus estrategias en función de la variación que se produjo al pasar hacia un nuevo orden mundial. Deustua (2002), al analizar la misma problemática refiere que en realidad los Estados, sobre todo aquellos menos desarrollados, no pudieron comprender la complejidad del nuevo entorno internacional, para poder redefinir los conceptos de seguridad nacional. Menciona que la seguridad en su primigenia dimensión es el resultado de una forma de percibir el ambiente; sosteniendo que el concepto de seguridad implica racionalidad y percepción, que por su naturaleza debe ser “estratégico”. Apreciamos en el concepto referido que podrá definir mejor su estrategia de seguridad aquel que pueda percibir una amenaza, desafío o riesgo que ponga en peligro en alguna medida el estado de paz y tranquilidad que persigue la seguridad nacional. La definición de seguridad es indudablemente compleja, refiere Deustua (2002), complejidad que se ve clarificada cuando se identifica un objetivo constituido por un riesgo o una amenaza a la seguridad. Ante la ausencia de riesgo o amenaza, las definiciones de seguridad se tornan ambiguas y amplias. LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI Los Estados viven hoy un orden en donde se encuentran presentes la competencia y la cooperación, tal como lo define Till (2009). La analogía de los dos pedazos de queque referida por tal autor nos permite entender mejor las relaciones entre Estados. Si observamos el Gráfico 1, podemos apreciar la variabilidad que existe entre la cooperación y conflicto. Por un lado tenemos la situación normal en la que la cooperación existe en mayor proporción y por el otro, la de guerra, en la que prevalece un mayor grado de conflictividad. En la realidad de este siglo los Estados se mueven dentro de las divisiones centrales del gráfico, es decir, entre la tensión y la crisis; situaciones en las cuales existe un grado de cooperación de similar proporción al grado de competencia o conflicto.

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Gráfico 1. Relaciones entre estados Conflicto

Cooperación

Normal

Tensión

Crisis

Guerra

Fuente: Till (2009:19).

En este mismo contexto, las relaciones en las cuales la cooperación total impera constituyen relaciones de estados aliados. Y en el extremo contrario, en las que impera una alta competencia se convierten en estados de gran índice de conflictividad. El secreto está, pues, en saber moverse en los dos recuadros centrales representados en el Gráfico 1. Tal es la tarea de todo Estado en política exterior, así como uno de los objetivos de la seguridad nacional. EL PODER DEL ESTADO El poder de un Estado, en términos simples, lo definimos como la capacidad que se tiene para imponer su voluntad sobre otro, o lo que es lo mismo, para no permitir que otro Estado le imponga su voluntad o modifique sus prioridades. Para tal capacidad el poder del Estado cuenta con diferentes expresiones que actúan cada una en su ámbito estratégico. Las tres principales, según refiere Hill (1990), son el poder del dinero y los bienes, el poder del conocimiento y las ideas, y el poder de las armas. Lo que representa la expresión económica, la expresión política y la expresión militar. Si alguna de estas no existe el poder del Estado prácticamente no existirá. Cada Estado considera más de tres expresiones, reconociendo a las tres anteriores como las más importantes. El Estado peruano en su conceptualización estratégica y organización ha de considerar las siguientes expresiones: política, económica, diplomática, militar, social y tecnológica.

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Todas estas expresiones actúan de diferente forma y en diferentes momentos como parte del poder del Estado, tendientes a alcanzar y mantener los objetivos estratégicos trazados. El mismo autor refiere sobre el particular: “Respecto al poder del estado, se lo considera orientado hacia los propósitos nacionales, según una política determinada. Sus elementos serán diversos sin tener totalmente carácter militar, económico, ni diplomático; tampoco actuarán todos ellos en forma simultánea. Mas en una estrategia correctamente concebida trabajarán coordinadamente...”. (Hill,1990:7-8) Los propósitos nacionales estarían compuestos por los intereses nacionales, que son los que nos van a permitir trazar los objetivos nacionales, para luego determinar los objetivos estratégicos en cada expresión de poder, definidos para coadyuvar al logro del objetivo nacional. Cualquier amenaza o riesgo que impida alcanzar los objetivos estratégicos trazados va a afectar el logro de los objetivos nacionales definidos, y por concatenación de objetivos, afectaría a los intereses nacionales de los que se derivaron. Tal amenaza o riesgo se convierte en un problema de seguridad nacional. El interés vital de todo Estado, como hemos mencionado, es la preservación y supervivencia del Estado como tal. Preservación que requiere la manutención de su integridad territorial e independencia política; constituyéndose estos en intereses vitales. Los Estados también suman a sus intereses vitales el progreso de sus ciudadanos, por consiguiente todo aquello que impida el logro de sus objetivos trazados es una amenaza para el Estado. En la concepción de Hill (1990), un Estado podría entrar en conflicto cuando ve afectados sus intereses vitales: integridad territorial e independencia política, así como cuando ve afectado el desarrollo deseado de su nación. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONCEPCIONES DE SEGURIDAD NACIONAL Para la comparación hemos tomado documentos de seguridad nacional de los siguientes estados: Alemania, Estrategia de Seguridad (2008); Austria, Doctrina de Seguridad y Defensa (2001); Brasil, Estrategia Nacional de Defensa (2008); Canadá, Política Nacional de Seguridad (2004); Chile, Libro de Defensa, Cap. III: Política de Defensa (2010); Colombia, Política de Defensa y Seguridad Democrática (2003); Ecuador, Ley Nro. 275: Seguridad Nacional; EE. UU., Estrategia Nacional de Seguridad (2010); Guatemala,

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Política de Defensa Nacional (2005); Japón, Nueva Estrategia de Seguridad (2008); Reino Unido, Estrategia de Seguridad Nacional (2008); Singapur, Estrategia Nacional de Seguridad (2004). Todos los documentos analizados consideran las políticas o los conceptos estratégicos relacionados con seguridad nacional, en los cuales se encuentran integradas la seguridad interna y la seguridad externa. Cabe mencionar que algunos países cuentan con doctrinas de defensa independientes de la de seguridad nacional, tales como EE. UU. y el Reino Unido, estas doctrinas son de empleo exclusivo para los militares, y son de nivel operacional. Todos los países analizados consideran la soberanía e integridad territorial como interés vital, considerándolos todos como parte de la seguridad externa, y de la seguridad dura en el caso del Reino Unido. Un tema interesante es que tanto Alemania como Brasil inician sus documentos manifestando que no tienen enemigos; sin embargo, ambos consideran muy similarmente que el hecho de no tener enemigos no implica que dejen de tener capacidad militar, por el contrario, como es en la concepción brasilera, el tener capacidad militar evitará que surjan enemigos. En el caso de Austria, al igual que Alemania, consideran los ataques generados por otros estados como poco probables, pero no imposibles. En los caso de Colombia y Singapur, ambos han bosquejado su estrategia basados en una sola amenaza principal, siendo consideradas las otras amenazas como secundarias pero no improbables de ocurrir. En el caso de Singapur contra el terrorismo internacional; en el caso de Colombia, contra el narcotráfico y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC. Varios estados consideran la seguridad humana como parte importante de la seguridad nacional. Canadá prácticamente basa su estrategia de seguridad en la seguridad humana. En el análisis pudimos apreciar cómo cada Estado individualiza su concepción de seguridad en función de su realidad y sus necesidades; sin embargo, si apreciamos los documentos en su integridad vemos que poseen una gran similitud en la integración de sus estrategias en cada una de sus áreas relacionadas con seguridad nacional. Sobre las organizaciones para ver los asuntos de seguridad nacional, solo el Reino Unido posee una organización de coordinación sin centralizar las políticas de seguridad. Singapur tiene una de coordinación centralizada. Singapur ha planteado una organización de seguridad nacional que se basa en afrontar la amenaza terrorista, considerando que tal amenaza tiene doble impacto, tanto en el

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interior de su territorio como en el exterior; en tal sentido, su organización cuenta con dos ministerios, relaciones internas y relaciones exteriores. Cada uno trabaja con estructura propia de organización, siendo la de relaciones internas la más compleja. ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN? La concepción vigente es confusa, como hemos podido ver, los planteamientos que se dan o son muy líricos o demasiado procedimentales. Estos deberían contener un punto intermedio, así como considerar una forma de organizarse y planificar para una buena gestión de seguridad nacional. Como parte de la presente investigación se tuvo la oportunidad de consultar al Comité de Revisión y Formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa; en este comité se tuvo conocimiento de las concepciones que manejaba cada integrante representante de los diferentes sectores y áreas de asesoría: Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Civil, CAEN, Secretaría del CNS, Dirección Nacional de Inteligencia, Comando Conjunto de las FFAA. Las opiniones recogidas en el comité de trabajo serían suficientes para evidenciar las diferencias y hasta falencias existentes en cuanto a la concepción de seguridad nacional. Sin embargo, para efectos de cuantificar la presente investigación, recurrimos a una serie de entrevistas a expertos para recoger opiniones relacionadas con la seguridad nacional y las fuerzas armadas, las cuales si bien fueron tomadas en el año 2002, reflejan similares tendencias a las que hemos recogido el presente año. Los resultados obtenidos refuerzan nuestra tesis sobre la no existencia de una óptima conceptualización de seguridad nacional en el Perú, o lo que es lo mismo, de la confusión que existe en cuanto a tales conceptos. Adicionalmente, la información recogida nos permitió medir y determinar la información necesaria para lograr una conciencia de seguridad nacional en el pueblo peruano, así como determinar qué es lo que se considera más importante con relación a la seguridad nacional. HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL PERUANA La concepción estratégica de la seguridad nacional deberá considerar primeramente que esta no esté ligada a lo estrictamente militar, dado que esta idea es la que a largo plazo va a llevar a que el ciudadano peruano siga sin tomar conciencia del verdadero significado e importancia de la seguridad nacional.

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Para tal caso se ha de estructurar una organización para atender los problemas de la seguridad nacional, la cual será centralizada, laborando en forma dedicada y permanente. Es decir, que la gerencia o asistencia del organismo no será ejercida como cargo colateral, sino como cargo principal. Como tal deberá contar con su propia infraestructura y asignación de empleados. Los cargos de decisión para los asuntos de seguridad nacional permanecerán como hasta ahora se vienen ejecutando, a través del Consejo de Seguridad Nacional. La concepción de seguridad nacional deberá definir las dimensiones que esta abarca, es decir, las referidas a seguridad humana, democrática, económica, interna (pública o ciudadana) y externa. Como parte del desarrollo de la concepción estratégica, deberá exponerse la forma en que el Estado peruano responde ante un problema de seguridad nacional en cualquiera de sus dimensiones, identificándose cómo es que las diferentes expresiones de poder actúan para resolver el problema de seguridad y mantener el camino hacia el logro de los objetivos nacionales. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CONCEPCIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL Concepto general de seguridad nacional La seguridad nacional tiene como principal preocupación la supervivencia del Perú, para satisfacer tal preocupación el Estado peruano se organiza para alcanzar la seguridad necesaria a fin de asegurar su supervivencia conforme lo encaminan sus intereses y aspiraciones nacionales. En términos más amplios, la seguridad nacional está centrada en mantener la situación requerida para que el Perú alcance los objetivos nacionales que se ha trazado, objetivos que se orientarán al desarrollo humano de la nación y al desarrollo económico del Estado. Como tal, las preocupaciones de la seguridad nacional peruana tendrán como prioridad la protección de todo peruano residente dentro o fuera del país, y abarcará la protección del territorio e infraestructura crítica nacional; así como resguardará los intereses económicos que contribuyan de alguna forma al desarrollo del Perú. Dimensiones de la seguridad nacional La seguridad nacional abarca las La seguridad nacional abarca las dimensiones definidas a continuación en función del propósito de cada una.

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- Seguridad humana: su propósito es la protección de todo ciudadano peruano, ya sea que resida en el país o en el extranjero. - Seguridad democrática: su propósito es la preservación del régimen de gobierno demócrata, debe prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la gobernabilidad del Perú. - Seguridad pública o ciudadana: su propósito es la preservación del orden interno para asegurar el ambiente de orden y tranquilidad necesario para la ejecución de las normales actividades del pueblo peruano. - Seguridad económica: su propósito es resguardar los intereses económicos y financieros del Perú, así como proteger toda actividad productiva y comercial que aporte a la economía peruana. - Seguridad de la información: su propósito es asegurar el flujo de la información para la toma de decisiones de toda actividad de interés nacional, además de preservar la libertad de opinión y seguridad en el empleo de los medios de comunicación; así como asegurar el acceso libre a la información de todo peruano. - Seguridad exterior: su propósito es asegurar la integridad del territorio y espacios marítimos del Perú, preservar la soberanía y libertad, así como contribuir en el mantenimiento de los intereses nacionales en el exterior; respondiendo preventivamente por la vía diplomática, contando con el respaldo de la capacidad militar necesaria ante cualquier amenaza generada por otro Estado, alianzas de estados o actor no estatal. - Seguridad cooperativa: su propósito es participar en la preservación del orden y la recuperación del estado paz, en aquellos lugares que sea requerido debido a la materialización de algún tipo de amenaza, riesgo o desafío a la seguridad internacional; sean perpetrados por actores estatales o no estatales. La participación dentro de esta dimensión de seguridad priorizará los intereses nacionales y no afectará a ninguna dimensión de seguridad antes listada. PLANEAMIENTO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL El planeamiento de la seguridad nacional establecerá como estado de éxito final la supervivencia de la nación peruana y la preservación del Estado peruano. La Constitución Política del Estado considera como intereses nacionales la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad;

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complementando el acuerdo nacional como intereses nacionales el desarrollo, la democracia y la cohesión social. Tales intereses y estado final mencionado regirán nuestros planeamientos en la seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional considerará un concienzudo análisis y evaluación de los escenarios y amenazas determinadas tanto en el aspecto interno como en el externo. Como parte del planeamiento de la seguridad nacional, se deberá realizar un estudio prospectivo para determinar los escenarios futuros que, de implementarse, podrían poner en riesgo la seguridad nacional y por consiguiente afectar el desarrollo de nuestra nación. Tales escenarios serán estudiados y reevaluados constantemente, con el propósito de predecir su presentación antes de que pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional. En el caso de los escenarios estimados sobre riesgos en los cuales no pueda identificarse un autor, tales como los desastres naturales, el gobierno y todos los estamentos del Estado adoptarán las medidas necesarias para preparar al ciudadano peruano y a todo ciudadano extranjero residente en el Perú, así como dispondrá que Defensa Civil efectúe la evaluación constante de todas las regiones del país, estableciendo una zonificación de áreas en función del riesgo que representen para la seguridad humana, implementando las acciones preventivas y correctivas necesarias para mitigar los efectos de los desastres en tales áreas. EL PODER DEL ESTADO APLICADO EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL El poder del Estado peruano debe ser entendido como la capacidad que tiene el Perú para no permitir que le sea impuesta voluntad ajena a sus deseos, así como para imponer sus deseos en la búsqueda del logro de los objetivos nacionales. El poder del Estado estará compuesto por seis expresiones, las cuales funcionarán permanentemente en forma coordinada y sinérgica en la aplicación de la estrategia de seguridad nacional determinada, por lo que deberán tener el mismo peso específico dentro del Estado. El Estado peruano nunca deberá permitir que alguna de sus expresiones de poder sea debilitada o mucho menos quede anulada, debido a que se correría peligro que una expresión de poder contrapuesta lleve al truncamiento del funcionamiento sinérgico y coordinado del poder del Estado peruano, con el consecuente riesgo a la seguridad nacional y supervivencia del Estado que en su más crítica acción podría afectar.

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Las expresiones son: política, económica, social, diplomática, militar y tecnológica. Expresión política Es la expresión de las ideas y del raciocinio, como tal, es la que debe definir los objetivos políticos necesarios para asegurar la preservación de los intereses nacionales. En una situación de amenaza a la seguridad nacional, en cualquiera de sus dimensiones, deberá definir el objeto de la acción del poder del Estado y asegurar la provisión de los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos que se trace la estrategia para alcanzar al mínimo de costo el objeto perseguido por el Perú. Expresión económica Es la expresión de los recursos económicos y financieros, es la responsable de asegurar la provisión oportuna de los bienes y recursos que requiera la estrategia de seguridad nacional para el logro de sus objetivos. Como expresión económica, debe definir las estrategias para asegurar la independencia económica del Perú, y la operación requerida del aparato productivo y comercial que soporta la economía peruana. Expresión diplomática La expresión diplomática, como una de las expresiones del poder del Estado, debe centrar su accionar en mantener el estado de paz y tranquilidad deseado por el Perú, y colaborar en asegurar un empleo eficiente de la defensa nacional. Debe ser empleada como el primer frente de la seguridad externa, buscando actuar preventivamente para evitar que la situación de paz se vea amenazada por algún Estado contrario. Como parte del concepto de competitividad entre estados, se centrará en buscar solucionar cualquier controversia por la vía de la diplomacia, recurriendo cuando sea necesario a los organismos internacionales existentes para buscar el apoyo en la resolución del hecho conflictivo por la vía pacífica. Al ser considerada la política exterior peruana como primer frente de la seguridad externa nacional, esta debe servir como medio preventivo a través de sus misiones diplomáticas, buscando la participación en grupos, foros y otros comités internacionales en congruencia con los objetivos trazados por el Estado peruano.

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Expresión militar La decisión política del empleo del medio militar se centra en la defensa de nuestros intereses nacionales y la salvaguarda de nuestra soberanía, debiendo las Fuerzas Armadas del Perú estar preparadas tanto material como profesionalmente para la defensa de nuestros intereses, ya sea ante amenazas representadas por otros estados, como ante amenazas originadas por actores no estatales; debiendo tener la capacidad para neutralizar en forma rápida y decidida toda amenaza que se manifieste en contra de nuestros intereses nacionales. Expresión social Es la expresión de poder dedicada a la sociedad y al ciudadano peruano, diseña las estrategias necesarias para proveer la seguridad humana y seguridad ciudadana. Actúa coordinadamente con las otras expresiones de poder para la atención de toda amenaza, riesgo, preocupación o desafío que pueda afectar o afecta al ciudadano residente en el Perú, así como a la infraestructura crítica nacional. Expresión tecnológica Expresión del poder que busca asegurar la independencia y autonomía tecnológica del Perú, con prioridad en las capacidades que se requieran para la potenciación de las expresiones del poder del Estado como parte de la estrategia de seguridad nacional. Velará asimismo por la seguridad de la información, asegurando el flujo libre y seguro de los datos requeridos para la toma de decisiones, así como de proveerá la seguridad y tranquilidad para el acceso a la información del ciudadano peruano y de la opinión pública del Perú. ORGANIZACIÓN PARA EL DISEÑO, PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL El Gráfico 2 muestra una organización modelo, a considerar para gestionar la seguridad nacional en el Perú. Como se aprecia en las expresiones de poder se ha ubicado a diferentes organismos del Estado, cada uno de estos podría ser denominado “comité”.

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Gráfico 2. Organización modelo de poder del Estado PODER DEL ESTADO

Expresión política

Expresión económica

Expresión diplomática

Expresión militar

Expresión social

Expresión tecnológica

Seguridad democrática

Seguridad económica

Seguridad externa

Seguridad externa

Seguridad humana

Seguridad tecnológica

Seguridad ciudadana – Primer Ministro

– Min. Econ. y Fin.

– Min. RREE

– Min. Producción

– Min. Defensa

– Min. Interior

– Min. Transp. Com.

– CCFFAA

– Min. Salud

– Min. Energ. Min.

– Min. Com. Ext.

– Min. Mujer

– Min. Agricultura

– Min. Justicia – Min. Trabajo – Min. Educación – Min. Viv. Const. – INDECI

Fuente: Elaboración propia.

El primero de los listados en cada comité, fungiría de Director, siendo responsable de la expresión de poder; el resto lo integrarían en función de las necesidades particulares de los casos analizados. En el Gráfico 3 se ha ubicado la correspondencia de cada dimensión de la seguridad nacional, para presentar las responsabilidades de cada comité. Gráfico 3. Expresiones del poder del Estado y dimensiones de seguridad nacional PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Consejo de Desarrollo Nacional

Consejo Inteligencia Nacional

Consejo de Seguridad Nacional

Fuente: Organización Sistema Seguridad Nacional Chiabra (2009:393). Elaboración propia.

La organización presentada ha sido tomada de un modelo propuesto por el general (r) Roberto Chiabra, con modificación en las relaciones de coordinación y conexión entre organismos. En nuestro modelo el Consejo de Inteligencia Nacional, que se ocuparía de la Inteligencia Estratégica, tiene una relación directa con el Presidente de la República así como con el Consejo de Seguridad Nacional, en coordinación con el Consejo de Desarrollo Nacional. Los consejos propuestos fungen como órganos de asesoramiento del poder ejecutivo para los asuntos de seguridad nacional y desarrollo nacional. Cada uno de los tres consejos bosquejados debe de contar con una organización permanente y de dedicación exclusiva, con el fin de poder implementar estrategias de mayor coherencia, y determinar oportunamente la materialización de algún escenario riesgoso. En el caso del Consejo de Seguridad Nacional, existiría un Secretario Permanente del Consejo, dependiente del Primer Ministro. Los miembros del Consejo serían los mismos que existen actualmente, los cuales sesionarían en función de su reglamento. Para los consejos de Inteligencia y de Desarrollo, se establecería un Director del Consejo en cada caso, con una organización permanente. La organización aquí propuesta requeriría un reglamento específico de organización y funciones. CONCLUSIONES - La concepción de seguridad nacional varió con el final de la guerra fría debido a la aparición de actores no estatales, los que pueden influenciar en las libres actividades productivas o cotidianas de cualquier Estado, pudiendo afectar la paz y tranquilidad reinante. - La aparición de diferentes actores trajo la reaparición de antiguas amenazas, llamadas no tradicionales, así como de otras nuevas amenazas que pueden afectar la seguridad de los estados. - El nuevo orden internacional constituido por actores y amenazas diferentes obligó, como es lógico, a pensar en estrategias diferentes para contrarrestarlos y contenerlos; naciendo así nuevas dimensiones de seguridad. - La seguridad cooperativa reemplazó a la seguridad colectiva, dado que ya no se percibía como probable una amenaza perpetrada por otro Estado, sino más bien por una variedad de actores no estatales que

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podrían alterar el estado de paz, orden y tranquilidad, sin necesidad de emplear medios militares tradicionales. Los nuevos escenarios internacionales pueden afectar la seguridad nacional enfrentando cualquiera de las expresiones de poder de un Estado, normalmente se enfrentará aquella que se perciba más vulnerable, pudiendo ser perpetrados tanto por estados como por actores no estatales. La defensa del territorio cambia por el de seguridad externa o seguridad dura, en el entendimiento de la acción de un Estado para responder ante una amenaza perpetrada por otro Estado o alianza de estados. Los intereses nacionales ya no se circunscriben a lo estrictamente territorial, o a buscarlos dentro de casa. En este nuevo siglo, la apertura de mercados, el incremento del comercio internacional, la competitividad entre estados por prevalecer en la provisión de algún bien o producto al mercado internacional, etc.; hacen que la seguridad nacional mire más allá de sus fronteras, y se centre en proveer una seguridad preventiva empleando a las expresiones de poder diplomáticas para tal fin. La expresión de poder militar se relega a actuar en dos formas, disuasivamente para aquellos estados que no desean ingresar en una alta competencia en el comercio internacional, y coercitivamente para aquellos estados que quieren ser actores principales en el orden comercial global. El empleo de las capacidades militares se verá regulado y contenido por los organismos supranacionales, y dentro de los intereses de los actores principales del mundo. La seguridad nacional de los estados tiene obligadamente que acomodarse a este mundo, y saber aplicar sus estrategias nacionales, aprovechando las estrategias regionales o globales para lograr al menor costo el cumplimiento de sus objetivos. En similar contexto, las estrategias nacionales deben ser ideadas para no interferir peligrosamente con estrategias regionales o globales, y con estrategias nacionales de otros estados; salvo que este último sea el objeto de la estrategia nacional. El poder del Estado debe actuar en forma coordinada y sinérgica con todas sus expresiones, no mostrando ninguna vulnerabilidad, que pueda ser tomada como oportunidad para algún poder externo o interés contrario al del propio Estado.

Eduardo Pérez, Mario Calderón, Luis R. Adawi, Rafael Reyna

Referencia 1 Artículo adaptado de la tesis realizada por los autores en el Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional (2010).

Bibliografía Arteaga, F., y Fojón, E. (2007). El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España. Madrid: IUGM. Congreso de la República (s/f) Constituciones políticas del Perú. Consultado el 20 junio 2010 de http://www.congreso.gob.pe/ntley/ ConstitucionP.htm CAEN (2008). Planteamientos Doctrinario y Metodológicos del Desarrollo, la Seguridad y la Defensa Nacional. Lima: Centro de Altos Estudios Nacionales. Chiabra, R. (2009). La Seguridad Nacional en el Siglo XXI, Políticas y Estrategias. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Hill, J. R. (1990). Estrategia Marítima para Potencias Medianas. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. Palma, H., y San Martín, A. (2002). Seguridad Defensa y Fuerzas Armadas en el Perú, una visión para el siglo XXI. Lima: CEPEI. Thauby, F. (2001). Estrategia de seguridad nacional, política de defensa, política nacional. Fasoc, año 16 (1) enero-marzo. Consultado en http://www.fasoc.cl/files/ articulo/ART410fbea729644.pdf Thauby, F. (2002). Seguridad Humana y Defensa. Revista de la Armada 2002 (3). Consultado en www.revistamarina.cl/revistas/ 2002/3/thauby.pdf Till, G. (2009). Seapower, a guide for the twenty-first century. Oxonford: Routledge. Documentos de seguridad nacional revisados: Austria Security and Defense Doctrine (2001). Consultado el 8 de junio de 2010 en www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=3604

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Luis Martínez Enríquez, Rafael Begazo Chávez, Juan Zúñiga Escudero, Jorge Ramírez Malca, Manuel Hinojosa López

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN DE POSTULANTES AL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DE LA LA MARINA DE GUERRA1

E

Capitán

de

Navío Luis M artínez Enríquez

Coronel EP R afael Begazo Chávez Capitán

de

Navío Juan Zúñiga Escudero

Coronel FAP Jorge R amírez M alca Capitán de Navío SGC M anuel Hinojosa López Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, 2010 - Lima Perú

l presidente Alberto Fujimori anunció, a fines del año 1998, que el servicio militar ya no sería obligatorio, sino voluntario; sin embargo, este continuó siendo obligatorio hasta la promulgación de la Ley 27178 del Servicio Militar el 28 de setiembre de 1999, y su Reglamento por Decreto Supremo No. 004 DE/SG del 29 de febrero de 2000. Esta ley establecía en su artículo 3º que el Servicio Militar “es un honor y una de las formas de cumplir con la obligación patriótica que tienen todos los peruanos …”; en el artículo 4º que: “…. tiene por finalidad capacitarlos en los institutos de las Fuerzas Armadas en aspectos de adiestramiento militar y formación técnico-laboral, para su eficiente participación en la Defensa Nacional y el desarrollo nacional”; y en el artículo 6º indica que: ”queda prohibido el reclutamiento forzoso”. Asimismo, establece en el artículo 56º que los ciudadanos que cumplan voluntariamente con el servicio militar tendrán derecho a una serie de beneficios y prestaciones. En cuanto a los postulantes, pese a los beneficios y prestaciones a los que tienen derecho las personas que voluntariamente cumplan con el servicio militar, en los últimos cinco años la cantidad de personas que se han presentado para realizar el Servicio Militar Voluntario (SMV) ha disminuido, y continúa con dicha tendencia. Por otro lado, los recursos económicos destinados a publicitar el servicio militar voluntario también han ido disminuyendo en los últimos años. Teniendo en cuenta que la mayoría de personas que voluntariamente cumplen el servicio militar no tienen profesión ni otro tipo de formación que les permita acceder a puestos de trabajo y contar con ingresos económicos, se considera que el servicio militar en el Perú representa una importante contribución al desarrollo, debido a que quienes lo cumplen tienen la oportunidad de recibir una educación básica y la enseñanza en oficios que les servirán una vez que se reincorporen a la vida civil. Debido a esto, es necesario identificar los factores por los cuales los jóvenes no se presentan al SMV, así como determinar alternativas viables para revertir esta situación.

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ASPECTOS NORMATIVOS DEL RECLUTAMIENTO El 27 de junio de 2008 se promulgó la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar Voluntario, la cual derogó la Ley Nº 27178 antes mencionada. Asimismo, con Decreto Supremo Nº 021-2009-DE-SG de fecha 13 de agosto de 2009, se promulgó el Reglamento de la Ley Nº 29248. Por su parte, la Marina de Guerra del Perú, en aplicación de la Ley del Servicio Militar Voluntario, ha emitido la Directiva COMGEMAR No. 0162010, que regula el proceso de reclutamiento de ciudadanos para el Servicio Militar Voluntario del año 2010. La actividad de reclutamiento como organización y parte de un sistema El Servicio Militar Voluntario (SMV), al tener como materia prima a jóvenes de diversas procedencias, es necesariamente parte de un sistema, en este caso social, que está afecto a cualquier factor que en lo impacte; entendiendo el sistema como un grupo de componentes interactuantes, interrelacionados o interdependientes que forman un todo complejo y unificado. En un sistema todo está interconectado y lo que afecte a una de sus partes afecta a las demás; la interacción de los elementos está caracterizada por la influencia, lo que también origina que el sistema cambie. En las figuras 1 y 2 se aprecia una serie de elementos cuya dinámica impacta en todo el sistema, por lo que la problemática del SMV y su solución deben tratarse en forma sistémica. La percepción En las relaciones del individuo con el grupo social al que pertenece, o al que trata de pertenecer, existen algunos elementos que ejercen influencia individual como el grado de interés o funciones atribuibles al grupo, el grado de afectividad socialmente esperado, la homogeneidad o semejanza de la actuación del rol esperado, la amplitud de participación en la formulación de decisiones (Moore, 1966:89). Así también, existen algunos elementos que se relacionan negativamente con el choque del individuo con las organizaciones, como son: el tamaño de su participación; rigidez y especificaciones en los requisitos nominales; especialización de las posiciones y de los roles; decisiones autoritarias (Moore, 1966:89). Según J. Marshall Brown, el periodo llamado adolescencia de los individuos es aquel que se desarrolla entre los 12 y los 21 años, etapa en la que se tiene una expansión social muy rápida, durante la cual los jóvenes interactúan con sus pares. La mayor parte del día el adolescente está, en el colegio o fuera de él, con otros de su misma edad, de manera que las características de su sociedad de pares domina sus pensamientos y su conducta.

Luis Martínez, Rafael Begazo, Juan Zúñiga, Jorge Ramírez, Manuel Hinojosa

Figura 1. Enfoque sistémico de la problemática de reclutamiento

Postulantes Captación

Imagen SMV

Calidad de postulantes

"El Problema de Reclutamiento de Personal de Marinera en la Marina de Guerra del Perú", PENSAMIENTO DE SISTEMAS, PAAD ESUP, Grupo Nº 6, CENTRUM, PUCP2010

Figura 2. Puntos de apalancamiento para mejorar el sistema

Imagen SMV

Calidad de postulantes

"El Problema de Reclutamiento de Personal de Marinera en la Marina de Guerra del Perú", PENSAMIENTO DE SISTEMAS, PAAD ESUP, Grupo Nº 6, CENTRUM, PUCP2010

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En un momento en que el adolescente lucha por obtener la independencia de los controles paternos, cuando siente las mayores presiones de la competencia, inadaptación y desaprobación de los padres, puede encontrar en su grupo de pares la liberación de un mundo adulto exigente, oportunidad de ser aceptado y de obtener una jerarquización firme (Brown et al, 1996:119). HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO Investigación a postulantes al Servicio Militar Voluntario (SMV) Se investigaron las motivaciones que llevaron al personal reclutado a postular al SMV, para lo cual se aplicó una encuesta, cuya ficha técnica es presentada en el Cuadro 1. Mediante la encuesta fue posible identificar algunas fortalezas de la Institución y del SMV. Asimismo, de las motivaciones para postular al SMV, se determinó que gran parte de los postulantes deseaba seguir una carrera militar o policial. Cuadro 1. Encuestas a postulantes al SMV FICHA TÉCNICA

POSTULANTES

Objetivo de estudio

Conocer las motivaciones y convencimientos de los postulantes al servicio militar voluntario, para determinar las fortalezas del servicio,

Universo en estudio

Hombres y mujeres entre 17 y 30 años.

Selección de la muestra

Personal que se presentó voluntariamente al servicio militar. Fueron encuestados 987 jóvenes de niveles socioeconómicos D y E. Dirección de Reservas Navales y Movilización.

Tamaño de la muestra Cobertura Método Recolección de datos Elaboración de la información Fuente: Elaboración propia.

Se llevó a cabo mediante encuestas presenciales cara a cara. El trabajo de campo fue realizado entre 20 de enero y el XX de noviembre de 2010. El total de las encuestas pasó por revisión y cruce de información. como proceso de validación. La información fue complementada con cuadros estadísticos con la finalidad de mostrar lo más relevante del presente estudio.

Investigación a no postulantes Para determinar las debilidades del SMV se realizó un sondeo entre quienes no buscan ni se ven motivados a postular a la Institución, y de esta manera determinar la percepción general del público objetivo o target group, para saber qué buscan, cuáles son sus aspiraciones, el valor que le dan a la educación y a las oportunidades de esta. Para ello se aplicó la encuesta de la ficha técnica que se presenta en el Cuadro 2. Cuadro 2. Encuestas a no postulantes FICHA TÉCNICA Objetivo de estudio Universo en estudio Selección de la muestra Tamaño de la muestra Cobertura Método Recolección de datos Elaboración de la información

NO POSTULANTES Conocer las causas por las cuales los jóvenes no se sienten motivados a realizar el servicio militar voluntario, así como sus expectativas de futuro. Hombres y mujeres entre 18 y 25 años. Estratificada por distritos, con selección aleatoria de manzanas y puntos de alto tránsito. Fueron encuestados 291 de jóvenes de niveles socioeconómicos D y E. El estudio cubrió Lima Metropolitana, llegó a diferentes distritos populares de Lima, realizando el abordaje en puntos de alta con­ centración, como calles y avenidas principales. Se llevó a cabo mediante encuestas presenciales cara a cara. El trabajo de campo fue realizado del 10 de septiembre al 25 de octubre de 2010. El total de las encuestas pasó por revisión y cruce de información como proceso de validación. La información fue complementada con cuadros estadísticos con la finalidad de mostrar lo más relevante del presente estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Investigación a joven adolescente Se investigó cuáles son sus principales hábitos y preferencias de consumo masivo, que son importantes para saber lo que valoran, cómo piensan y actúan dentro de su entorno, la música que escuchan, cómo interactúan, así como las redes sociales que utilizan por excelencia. La investigación tuvo como fuente menor a la Corporación Universal, una importante corporación radial del país, que cuenta dentro de su portafolio radios populares como La Karibeña, La Universal y La Exitosa. La fuente principal fue el estudio de mercado de la agencia Initiative Media, especializada en medios estratégicos de comunicación, planeación y activación a nivel mundial, una red que está presente en todo el mundo.

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ASPECTOS EXTERNOS QUE IMPACTAN EN LA DECISIÓN DE POSTULAR O NO AL SMV Relación entre la migración y aspectos económicos del país con el SMV El fenómeno migratorio interno producido desde 1960 hasta comienzos de 1990, produjo un impacto en la población del departamento de Lima. Consecuentemente, la población urbana ha crecido en relación a la rural. Paralelamente los índices económicos también se vieron favorecidos, lo que recayó en mejoras, que si bien fueron poco perceptibles para la población, los mercados internacionales comenzaron a ver con otros ojos al Perú. El Informe de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas del año 2007 sitúa al Perú en el Grupo Mediano en América Latina y el Caribe. En este contexto, es pertinente preguntar ¿cómo afecta la situación descrita en la materia prima del reclutamiento? El fenómeno social se comporta como un factor exógeno que la Institución no puede controlar, y las expectativas que se generan a nivel país, necesariamente son vinculantes en el espacio institucional y la posibilidad de que parte de la población se integre a sus filas o no. Esto se manifiesta en la intención del público objetivo para el reclutamiento y su preferencia por estudiar o dedicarse a trabajar en lugar de realizar el servicio militar voluntario. Percepción de la población sobre el SMV El Instituto de Opinión Publica de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizó en el 2009 un sondeo de opinión sobre las percepciones de la ciudadanía respecto al servicio militar. Una de las preguntas efectuadas fue: ¿Quiénes cree usted que deberían hacer servicio militar? El resultado fue alarmante para los intereses de las Fuerzas Armadas yel país, como se nota claramente en Cuadro 3. Donde se aprecia que la percepción sobre lo que representa el servicio militar es la de un ente de penalidad social o reformatorio, o básicamente un mecanismo de control social. Es decir, el servicio militar es percibido como una herramienta correctiva o punitiva para los que atentan contra la sociedad por su comportamiento (pandilleros, vagos, delincuentes, drogadictos), lo que definitivamente no es su naturaleza.

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Cuadro 3. Opinión de la población respecto a quiénes deberían hacer el servicio militar Respuestas

Sexo Total % Masculino Femenino

Grupo de edad

Nivel Socioeconómico

18 a 29

30 a 44

45 o más

A/B

C

D/E

Los pandilleros

47

46

48

51

47

42

43

47

49

Los vagos

41

39

44

44

44

34

33

40

47

Los delincuentes

40

36

43

43

42

32

37

38

43

Los que tengan vocación / los que deseen

39

40

39

45

36

36

41

42

35

Los drogadictos

33

31

35

38

32

29

28

30

40

Los jóvenes que no estudian ni trabajan

30

29

31

31

30

28

32

29

30

Todos los jóvenes

18

21

15

14

18

21

21

16

18

Todos los ciudadanos

17

20

15

15

17

22

19

18

16

Otros

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

1

-

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1,262

626

636

457

445

360

246

551

465

No precisa Base de entrevistas ponderada

Fuente: Instituto de Opinión Pública, PUCP (2009).

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO El proceso de reclutamiento es aquel mediante el cual se generan condiciones para que la población en edad adecuada opte por postular al SMV. Una de las principales herramientas para generar dichas condiciones es el convencimiento, para lo que existen varias metodologías como el marketing, que identifica necesidades, orienta y canaliza deseos y sirve a la demanda de un público objetivo. Para ello, se necesita realizar una serie de análisis: (1) segmentación, (2) posicionamiento, (3) producto, (4) precio, (5) canales de distribución y (6) comunicación; los cuales describimos a continuación. 1. Análisis de la segmentación Características del grupo objetivo potencial y las variables demográficas

El grupo objetivo potencial de postulantes al Servicio Militar Voluntario (SMV) tiene las características que se mencionan a continuación: - Hombres y mujeres de 16 a 20 años de niveles socioeconómicos D/E.

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- Son migrantes de provincias, como se ha visto en reclutamientos de años anteriores. - Habitan en zonas populares. - Son solteros y sin hijos, en su mayoría. Variables psicográficas de los segmentos D y E

Un estudio realizado por la Corporación Universal Initiative describe a las personas de los NSE D y E de la siguiente manera: Nivel socioeconómico D - Escucha la música de género cumbia andina, básicamente entre aquellos de edades entre los 18 y 30 años. Sin embargo los jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 16 y 18 años, tienden a escuchar mayormente música de género reggaeton; debido a esto es que las radioemisoras de su predilección son Moda y Okey (van a conciertos de esa música, se visten como los cantantes, y adoptan sus frases y lenguajes). - Son pocos los jóvenes de este segmento que tienen estudios técnicos o superiores, la mayoría ha culminado estudios secundarios, pero no tienen posibilidades para continuar estudiando. - Los lugares de interacción son los bulevares comerciales populares, donde asisten en grupo, beben tragos de bajo costo preparados artesanalmente, tienen fácil acceso a las drogas y conviven con entornos que tienden a lo delincuencial. Se visten de acuerdo a sus limitadas posibilidades económicas (Gamarra), visitan centros comerciales pero no compran. - Usan de internet en cabinas de manera frecuente, especialmente para visitar sus redes sociales. Nivel socioeconómico E - Escuchan música de género cumbia andina, tal vez como una forma de regresar a su música tradicional, como el huayno. - El porcentaje de pobladores de NSE E con secundaria completa es limitado, la mayoría cuenta solo con primaria completa. - Habitan en asentamientos humanos, van a discotecas cerca a su barrio, a conciertos de cumbia andina, que son los lugares donde más se consume cerveza, que no es barata, por lo que pareciera que guardan el dinero para la diversión de fin de semana.

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- Los oficios más comunes en este sector son vendedor ambulante, mecánico, la mayoría eventual. Saben leer y escribir, y acuden con frecuencia a cabinas de Internet. - Se trata de jóvenes sociables, que interactúan en sus barrios y se concentran en parques zonales a pasar el día, socializar y divertirse en grupo o en pareja. 2. Análisis de posicionamiento Información sobre el personal postulante al SMV Durante el proceso de reclutamiento del año 2010 se encuestó al 86% de postulantes del primer contingente, entre los meses de enero a marzo. Del total de ciudadanos a nivel nacional que postularon e ingresaron al SMV, el 50% proviene de Lima y el restante 50%, de las provincias, de los cuales se capta cerca del 30% en la zona de selva. El 20% restante es captado por las 16 oficinas de reclutamiento de la Oficina de Registro Militar. De esta información se evidencia la necesidad de reforzar el sistema de captación en el área de Lima y Callao y la zona de selva (Pucallpa e Iquitos). Durante el proceso de reclutamiento del II Contingente Naval 2010, fue evaluada socialmente un total de 740 conscriptos, 624 varones (84.3%) y 116 mujeres (15.7%), cuyas edades fluctúaban entre 17 y 30 años. Cabe señalar que se evaluaron 25 conscriptos de 17 años de edad que cumplieron la mayoría de edad en el transcurso de la evaluación, antes de su reclutamiento. El 76.3% del personal evaluado tiene entre 17 y 19 años de edad, y de ellos el 65% son varones. Los conscriptos evaluados provenías de varias zonas. La mayor parte domiciliados en Lima Norte y Lima Sur (68.37%), que son zonas urbano marginales ubicadas en la periferia de Lima metropolitana. Casi la cuarta parte de conscriptos (23.24%) radica en el Cercado o en distritos aledaños. Entre los medios por los cuales se informaron los conscriptos del SMV en la Marina de Guerra del Perú, el principal fue a través de familiares y amistades, quienes efectuaron el servicio militar anteriormente o forman parte de la Institución, según señaló el 46.20% de los evaluados. El segundo fue la sede de Reservas Navales, donde acuden los jóvenes a obtener su boleta militar al cumplir los 18 años de edad: 32.7% refirió haber sido informado por el personal que labora en esa dependencia. Un 11.4% de postulantes se informó del proceso de reclutamiento a través de Internet, medio frecuentado por los jóvenes. Asimismo, la información proporcionada a través de la

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radio, televisión y periódico no tuvo mayor influencia en su presentación al reclutamiento, ya que solo fue referido por el 8.8%; es importante destacar que la Institución no ha efectuado esfuerzo económico alguno para realizar propaganda por medios televisivos. El 56.8% de conscriptos tiene como soporte social a sus padres, el 24.7% tiene como soporte a un solo progenitor, y el 16.9% cuenta con el apoyo de algún pariente (tíos, hermanos, abuelos). El conscripto tiene casi siempre algún tipo de soporte o referente social que le brinda estabilidad económica y material, así como emocional, psicológica y moral; y es aquel al que recurre ante una dificultad o emergencia. El conscripto decide presentarse al SMV, porque le proporciona beneficios de alimentación, vestido, habitabilidad, atención médica y oportunidades de superación. La estabilidad laboral del jefe de familia es característica solo en el 31.5% de la población evaluada, por lo general con empleos en sectores públicos o privados, donde se desempeñan como personal militar, profesional dependiente, pensionista o empleado que ejerce alguna carrera técnica. El 5.7% de jefes de familia se halla en situación de desempleo, por lo tanto, son jóvenes que provienen de hogares con carencias, que ingresan prematuramente al mercado laboral sin estar capacitados para realizar una actividad específica. El 57.7% de conscriptos proviene de familias cuyos ingresos oscilan entre uno y dos sueldos mínimos vitales, lo que equivale a S/. 550 y S/. 1,100, suma insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia mediana de 5 o 6 miembros, tamaño característico de las familias de la mayor parte de conscriptos. Información del personal que no postuló al SMV De las encuestas realizadas, se aprecia que la imagen del servicio militar es negativa para un amplio sector de jóvenes, percepción basada en muchos casos no en experiencias propias ni de personas conocidas, sino en antiguas creencias de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas; entre ellas las siguientes: - El servicio militar es una pérdida de tiempo. - Las Fuerzas Armadas son instituciones que “no producen nada”. Se comprueba el total desconocimiento de la labor que realizan las Fuerzas Armadas en seguridad y defensa nacional, su contribución al desarrollo socioeconómico, o el hecho de que en muchos lugares son la única presencia del Estado, constituyendo el foco de desarrollo en zonas de frontera y del interior del país.

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En relación a lo anterior, es importante para la captación de personal revertir la imagen negativa o poco favorable que tiene la sociedad respecto a las Fuerzas Armadas; y en cuanto a los potenciales postulantes, difundir los beneficios que pueden obtener al realizar el servicio militar, las ventajas competitivas al término del servicio frente a otros jóvenes de igual nivel socioeconómico, que les permitirá alcanzar un reposicionamiento positivo con un plan a mediano y largo plazo, al explotar los beneficios que brindan la Institución y las nuevas herramientas de comunicación. 3. Análisis de producto Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra del Perú La manera como se ha venido captando al personal para que voluntariamente se presenta al servicio militar es incidiendo principalmente en jóvenes de niveles socioeconómicos bajos (D y E), en aspectos como la vocación de servicio, así como en los valores e imagen que representa la Marina de Guerra del Perú; por otra parte, esto se ve afectado por una imagen negativa de los jóvenes respecto al servicio militar, como se ha indicado anteriormente. Percepción de los beneficios que brinda el SMV Tratando al SMV como un producto, podemos decir que ofrece a los jóvenes diferentes beneficios que pueden dividirse en dos grupos motivacionales: Motivaciones básicas - Alimentación diaria. - Asignación económica mensual. - Dotación de prendas completas. - Viáticos y pasajes en el servicio o en comisión del servicio. - Recibir prestaciones de salud, hasta tres meses después de concluir el servicio militar. Motivaciones aspiracionales - Recibir capacitación técnico-laboral en oficios y especialidades técnicas, de acuerdo al nivel de instrucción con que acceden al servicio. - Facilidades para continuar estudios primarios, secundarios o superiores. - Acceder a la jerarquía de Oficial de Mar después del Segundo Reenganche, siempre y cuando cumpla con los requisitos y las condiciones que determine el Instituto.

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- Incremento del 50% de la asignación económica mensual por cada período de reenganche. - Prioridad para postular al Centro de Instrucción Técnica y Entre­ namiento. Asimismo, un aspecto que influye en gran cantidad de personal que accede al SMV es la posibilidad de que a partir del primer año de servicio pueda postular al Instituto Superior Tecnológico Naval (CITEN) y obtener el grado de Oficial de Mar, con lo cual gozaría de los beneficios de dicha condición. Opinión del producto SMV por el personal de licenciados Se presenta información relevante correspondiente a las preguntas formuladas al personal de licenciados del Tercer Contingente 2008 de la Marina de Guerra del Perú, según el informe del Departamento de Reservas Navales y Movilización. Más de la mitad de los encuestados (56.03%) respondió desconocer los beneficios que brinda la Ley del Servicio Militar Voluntario. Casi la totalidad del personal licenciado (92.24%) tiene conocimiento de la posibilidad de reincorporarse a la Institución, lo que indica una buena difusión de este aspecto, lo cual incrementa el universo de potenciales ingresantes al SMV. Cerca de la mitad de licenciados no considera como alternativa reincorporarse al servicio, lo que podría deberse a tener otras expectativas, como estudiar o trabajar para pagar sus estudios. El 83.62% de licenciados tiene intención de dedicarse solamente a estudiar, con apoyo económico familiar, o estudiar y trabajar a fin de costearse los estudios. De esto se desprende un elevado porcentaje de deseos de superación. La mayor parte de estos (43.97%) quisiera que la Institución brinde apoyo para estudiar o estudiar y trabajar, lo cual confirma el elevado deseo de superación del personal licenciado.

4. Análisis de precio El producto SMV ofrece un conjunto de prestaciones y oportunidades que, en términos monetarios, son elevadas; pudiendo resultar inalcanzables para muchas personas si tratasen de acceder a ellas por sus propios medios. En este contexto, el precio que pagan quienes acceden voluntariamente al servicio militar es únicamente el costo de oportunidad de no necesitar ingresar a en el mercado laboral en un período de cuatro a

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seis años como máximo, debido a que tienen la posibilidad de acceder al Instituto Superior Tecnológico Naval (CITEN), luego del primer año de servicio. Es importante señalar que los conscriptos, al postular, desconocen los convenios que tiene la MGP con diferentes institutos. 5. Análisis de los canales de distribución Este producto SMV es ofertado a través de las oficinas de reclutamiento (canales de distribución) que tiene la Institución en las zonas navales, cuyo personal debería actuar como reclutador, en vez de limitarse a la función pasiva de registrar al personal que se encuentra en edad de prestar servicio militar, debido a que la inscripción es obligatoria. Los registradores no identifican ni captan candidatos para el SMV, actividad que se realiza exclusivamente durante los llamamientos. Asimismo, el personal naval que actúa como reclutador no ha sido convenientemente capacitado para vender o colocar el producto SMV en el mercado. 6. Análisis de comunicación La Institución presenta las siguientes limitaciones para ofertar el producto SMV a través de las oficinas de reclutamiento, que son los canales de distribución: - No tiene partida presupuestal asignada para el fin de ofertar el producto SMV; solamente cuenta con fondos asignados para realizar impresiones que son enviadas a las oficinas de reclutamiento. - No cuenta con directivas o lineamientos específicos institucionales referidos a estrategias para ofertar el producto SMV. CONCLUSIONES - En los últimos diez años, la cantidad de postulantes al Servicio Militar Voluntario (SMV) ha disminuido y dicha tendencia continúa; cada vez existen menos postulantes al servicio militar, lo cual genera problemas de personal a la Institución. - La reducción de captación de personal al SMV es una problemática común en las Fuerzas Armadas, siendo las crecientes oportunidades de empleo y estudios disponibles para los jóvenes en edad de reclutamiento las causas que ocasionan esta disminución en los tres institutos.

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- El presente trabajo es el primer análisis sistémico de la problemática de la disminución del número de postulantes al Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra del Perú, que podría orientar las posibles soluciones. - No existe una política institucional de reclutamiento de postulantes al SMV, la cual es adoptada en su momento por cada Director de Reservas Navales y Movilización. - Los fondos asignados para publicitar el SMV han ido disminuyendo en los últimos años, y corresponden al saldo disponible luego de haber previsto el resto de gastos requeridos para el proceso de reclutamiento de los diferentes contingentes. - No se efectúa una adecuada difusión de los beneficios que brinda la Ley del Servicio Militar Voluntario a los postulantes ni al personal que lo cumple, al igual que a los oficiales y personal subalterno de la Institución, por lo que si esta situación se revirtiera, podría incrementar el número de postulantes y el personal a reenganchar. - Los jóvenes que han cumplido el SMV y que no consideran reincorporarse tienen otras aspiraciones que lograrían al estudiar, o trabajar para pagar sus estudios, pero no es debido a que el SMV haya significado una mala experiencia. - Existe una percepción negativa hacia el SMV por parte de la población en general que considera que debe ser solo para antisociales. - La Institución no ha hecho ningún esfuerzo para captar al personal a través de medios de comunicación (menos aún a través de Internet o redes sociales), quien se entera del SMV a través de amigos o familiares, o al realizar el canje de la libreta militar. - Los potenciales postulantes al SMV (público objetivo) son hombres y mujeres solteros, de 16 a 20 años, de niveles socioeconómicos D y E, migrantes y que habitan en zonas populares. - El público objetivo considera que pueden invertir el “tiempo perdido” en realizar el SMV en otras labores más productivas; también considera que en el servicio se maltrata a los reclutas, siendo esta una variable importante a tomar en cuenta y corregir en la difusión del servicio. - Un porcentaje mayoritario de jóvenes tiene una mejor percepción respecto al Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra del Perú, que en las demás Fuerzas Armadas.

Luis Martínez, Rafael Begazo, Juan Zúñiga, Jorge Ramírez, Manuel Hinojosa

Referencia 1 Artículo adaptado de la primera parte de la tesis realizada por los autores en el Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional (2010).

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Carlos Enrique Reyes Lazo, Richard Valenzuela Gallegos, Juan Carlos Leclere Pineda, Víctor Emilio Bachoir Vidaurre, Marco Posito Luján

LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN1 Un recurso estratégico vital para la seguridad nacional

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Coronel FAP M arco Posito Luján Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval, 2010 - Lima Perú

l tiempo de respuesta de toda información militar representa la diferencia entre el éxito y el fracaso en un enfrentamiento militar, sea cual fuere el teatro de guerra o de operaciones en el que se desarrolle. La información es un recurso estratégico vital para la seguridad nacional desde el punto de vista militar. Las operaciones de información comprenden el empleo integrado de la guerra electrónica, las operaciones de redes de cómputo, operaciones psicológicas, operaciones de decepción (engaño) y la seguridad de las operaciones en apoyo a las operaciones conjuntas. Esta investigación propone la creación de un comando operativo de operaciones de información, con la finalidad de: - Incorporar un comando operativo de operaciones de información centralizado para garantizar el logro del objetivo general, que permita converger y unificar los esfuerzos de la Institución. - Permitir el planeamiento, preparación, ejecución y evaluación de las operaciones de información en apoyo a las operaciones conjuntas. - Evitar la falta de coordinación entre los estamentos en los procesos de información de carácter militar, así como conjugar las funciones predefinidas de las actividades de información, manteniendo y mejorando las estructuras de los componentes y las aportaciones permanentes y convergentes. En los últimos 100 años, el siglo XXI presenta dos grandes cambios en el contexto de seguridad. Primero, los actores transnacionales que encuentran refugio dentro de las fronteras de estados hostiles, de estados fracasados o en áreas sin gobierno. Segundo, los beligerantes tienen acceso a herramientas sofisticadas, resultado del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones que concede, tanto a los estados hostiles como a delincuentes o terroristas, acceso a mucha información en perjuicio del adversario.

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Al hacer un análisis prospectivo sobre los futuros escenarios que introducirá Internet, se advierte que toda política de defensa y estrategia militar debe considerar al menos cuatro problemas fundamentales que alteran las formas de planificar una guerra: (a) la presentación en tiempo real de información sobre los conflictos difundida por ciudadanos y observadores sobre el terreno, que limita la acción mediadora de las Fuerzas Armadas y sus servicios de difusión; (b) la ruptura de los modelos informativos tradicionales como acción multiplicadora de las fuentes y técnicas de producción de mensajes, que hace incontrolable la desinformación; (c) la velocidad del proceso información/decisión/acción que obliga a las autoridades a planificar las crisis sobre la marcha; y, (d) la aparición en las redes de grupos organizados, bajo el anonimato, que pueden desestabilizar y generar situaciones caóticas en perjuicio de los intereses estratégicos de las naciones. El objetivo común de las políticas militares es obtener la superioridad de la información antes y durante el desarrollo de acciones en un teatro de operaciones. Por lo tanto, el objetivo político militar de todo Estado debe ser conseguir el dominio de las redes de información y la implantación de un sistema de vigilancia total y permanente en el control de las fuentes de información, la identificación del enemigo y las acciones encubiertas, así como una supervisión permanente de las comunicaciones militares, públicas y privadas. Esta política demanda la integración de la estrategia y operaciones militares con la industria electrónica en el diseño de la arquitectura de los sistemas de telecomunicaciones, considerando que por más que se desarrollen nuevos sistemas de comunicaciones militares, la vigilancia del espacio depende de plataformas, infraestructura de comunicaciones, satélites y sistemas de información públicos y privados que no están sujetos al control y uso militar. La evolución tecnológica, especialmente en los últimos 15 años, ha provocado una revolución de los asuntos militares al aplicar su desarrollo no solo al perfeccionamiento de los sistemas de armas tradicionales, sino a nuevas formas de empleo del poder militar. La incorporación de las innovaciones tecnológicas y su uso inteligente, reforzado con cambios orgánicos y doctrinales, ha permitido aumentar la capacidad de combate contra adversarios estructurados y renuentes a los cambios. Los avances tecnológicos han cambiado la infraestructura de comunicaciones de la tecnología analógica a la digital, normalizando el uso de los canales de los medios de comunicaciones para intercambiar información entre sistemas, así como la integración de datos e informaciones bajo un solo sistema. En el campo militar, aparecen misiles tecnológicamente

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complejos y precisos, de aviones no tripulados, de sistemas de tiro de artillería en red, de escuadrones de helicópteros en red, de sistemas de comunicaciones automatizados y otras aplicaciones que permiten mayor eficiencia en el espacio de batalla. Al considerar las operaciones de engaño o de erosionar las fuerzas del oponente explotando sus debilidades con métodos que difieren de lo modo usual, se podría decir que las operaciones de información (OI) ofensivas incluyen ataques sobre la infraestructura, acciones psicológicas y desinformación, con la finalidad de vulnerar el sistema de comando, control, comunicaciones y cómputo del adversario o de sus sistemas de armas. Los primeras operaciones ofensivas de la llamada guerra de información (GI) se ejecutaron mediante la manipulación psicológica (engañar a una persona para que divulgue su contraseña o determinada información) para ingresar a sistemas inaccesibles. Posteriormente, se desarrollaron y usaron complejos programas basados en prueba y error para quebrar códigos cifrados y acceder a los sistemas informáticos, por lo tanto podemos mencionar que el objetivo de la GI es afectar de algún modo a las computadoras o la red del oponente para entorpecer su desempeño, para obtener información o para destruir completamente su capacidad operativa. El desarrollo de la tecnología de la información (TI), en muchos casos, llevó a relevar a los seres humanos de tareas rutinarias o complejas, disminuyendo el tiempo dedicado a ellas e incrementando la productividad. Por ese motivo hubo una creciente demanda de expertos de computación con la función principal de sacar ventaja de las debilidades de los sistemas informáticos, convirtiéndolas en vulnerabilidades para varios fines y objetivos. El aumento de expertos fue generado por el mayor acceso a computadoras personales producido por la constante reducción de costos y la universalización de redes de computadoras mediante la red de redes e Internet. Posteriormente, los nuevos conocimientos fueron aplicados a las relaciones entre poderes económicos y a las relaciones entre naciones. Hoy ya no se trata de robar información secreta o producir daño limitado, sino de destruir al enemigo. Ahora los recursos a invertir en plataformas son inferiores respecto de los que se requerirían para una guerra convencional. Las operaciones de información, comprendidas en términos amplios, que consisten en atacar los procesos de información y decisión de un adversario son tan antiguas como la guerra misma. Actualmente el poder se fundamenta en la información, no solo de poseer información con anticipación, sino en su superioridad, en el producto que de ella deriva y el conocimiento a partir de los datos.

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LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN Esta nueva forma de realizar operaciones para obtener la victoria sobre el enemigo son las llamadas operaciones de información, una realidad a la cual no se puede ser ajeno. En las operaciones o guerras futuras la primera misión del comandante será la rápida obtención y seguridad del dominio de la información, aspirando a adelantarse al ciclo de decisión del enemigo. Por este motivo, diferentes fuerzas armadas en el mundo se encuentran en la etapa de cambio por el avance acelerado de la tecnología de información, para obtener ventajas de las técnicas de operaciones y lograr la superioridad de la información. Al respecto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú considera que se debe contar con esta superioridad lo antes posible, teniendo en consideración que en la actualidad la información y sus procesos adquieren cada vez mayor trascendencia para la conducción de gestiones en los ámbitos civil y militar; y que en el campo militar la información ha pasado a tener un papel protagónico en el desarrollo de la guerra, evolucionando de ser un soporte al sistema principal de armas a convertirse en “un recurso, un arma y un blanco”; por lo que un adecuado manejo y explotación de la información podría determinar el éxito de futuros conflictos. Las operaciones de información (OI) son un concepto relativamente nuevo que basa la guerra moderna en un elemento que está presente en las guerras desde la antigüedad, la información, la cual se ha convertido en un recurso estratégico vital para la seguridad nacional de un país en todos los niveles de acción. Estas OI requieren una adecuada explotación, planificación, coordinación y sincronización del empleo de las capacidades con que se cuente, y afectar deliberadamente o defender el entorno de información para alcanzar los objetivos trazados. El entorno de la información debe componerse básicamente de tres dimensiones: el aspecto físico, la información propiamente dicha y los aspectos cognitivos; siendo sus elementos de maniobra la conformación de individuos, las organizaciones y los respectivos sistemas que se encargan de recopilar, integrar, procesar y difundir la información; de manera que coadyuven al éxito de las operaciones militares y la obtención de la superioridad de la información, que es el objetivo ulterior de las OI. La superioridad de la información es el grado de dominio que permite que las fuerzas propias tengan la capacidad de recolectar, controlar, explotar y defender la información sin oposición efectiva del adversario.

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Las organizaciones que poseen una buena información de su entorno y saben emplearla eficazmente tienen ventaja operativa sobre sus adversarios. Con esta ventaja operativa se puede alcanzar la superioridad de la información; pudiendo adoptar diversas formas, desde la capacidad para crear un cuadro operacional común y para retrasar al adversario para la toma de sus decisiones, a actuar continuamente para evitar que consigan sus propias ventajas, a la vez que se le niega la información útil. Para cumplir con estas funciones, las OI se deben desarrollar empleando los medios y elementos de maniobra del teatro de guerra, mediante la ejecución de: - Operaciones de redes de cómputo. - Operaciones de seguridad. - Operaciones deceptivas. - Operaciones de guerra electrónica. - Operaciones psicológicas. Dichas operaciones serán empleadas para degradar o neutralizar las capacidades de comando, control y comunicaciones del adversario, afectar sus capacidades de vigilancia, detección y alarma temprana; a la vez que se aseguran las capacidades de la propia fuerza. El empleo de las OI debe considerar actividades ejecutadas en forma coordinada desde el período preoperacional para obtener información del adversario, a ser contenida y actualizada en los documentos correspondientes. Además, considera las siguientes políticas para el planeamiento de acciones: a. Las acciones en el nivel estratégico serán planificadas, coordinadas y ejecutadas bajo el comando y control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, orientando su esfuerzo a la inteligencia de señales (SIGINT), la decepción y la interferencia. b. En el nivel táctico, el comando y control será delegado a los comandos operacionales. c. El planeamiento de las operaciones de información debe estar apoyado en el conocimiento de las capacidades propias y del adversario de: 1. Sistema de comando y control. 2. Sistemas informáticos vitales. 3. Sensores y medios de detección. 3. Redes de comunicaciones. 5. Sistemas de protección de redes de información.

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d. Los planes deben contemplar la delegación de autoridad para dirigir y controlar las acciones de los elementos de maniobra en el nivel táctico con la rapidez requerida. Sociedad de información La sociedad de información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de información ha sido inspirada por los programas de países industrializados. El término, más político que teórico, se presenta como una aspiración estratégica que permitiría superar el estancamiento social. La sociedad de información no está limitada a Internet, aunque desempeña un papel importante como medio que facilita el acceso e intercambio de información y datos. La sociedad de información se basa en las tecnologías de información y comunicación (TIC) para obtener datos, procesarlos, analizarlos y difundirlos. Los datos, al ser procesados y analizados, se convierten en información que luego de ser estudiada incrementa el conocimiento. Cambios introducidos por la sociedad de información Con el avance de la tecnología informática y la falta de control de los sistemas informativos, hay un acceso irrestricto a la información con medios masivos de comunicaciones de arquitectura abierta. Esta nueva tecnología y los sistemas de información permiten la multiplicación de la información en medios de comunicaciones al llegar a los lugares más recónditos del planeta, y aumentan exponencialmente el bagaje de conocimientos y nuevas tecnologías en tiempos cortos. Otro cambio importante que se observa por el avance de la tecnología en la sociedad de información es que la propia información y el conocimiento aseguran el desarrollo de una sociedad, pero también pueden llevarla a su destrucción. Por el avance de la tecnología de la información en los últimos años, se encuentran en permanente desarrollo las capacidades de procesamiento de información, almacenando grandes volúmenes de datos en diminutos hardware, que antes necesitaban grandes espacios. El desarrollo exponencial de la capacidad de almacenamiento y procesamiento representa un punto de quiebre en la historia humana, tanto que en los próximos años

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habrá sistemas con capacidad autónoma de aprendizaje, capaces de tomar decisiones, lo que podría poner la supremacía humana en riesgo. Los cambios permanentes, la falta de control de los sistemas de información en muchos de los casos, un medio de comunicación abierto hacia la sociedad donde no existen razas, niveles económicos, idiomas en ciertos casos, pueden convertirse en un problema o amenaza para los estados. Amenazas en el futuro inmediato Teniendo en consideración el avance tecnológico, las amenazas no responderán a las definiciones clásicas y podrán desestabilizar una sociedad, un Estado o un país a través de los medios virtuales, por la libre disponibilidad de medios de comunicación. Estas amenazas actuarán en forma permanente, y podrán actuar durante situaciones de conflicto, pero sobre todo en épocas de paz. Actualmente existe la preeminencia de la guerra de cuarta generación asimétrica, que podría volverse incontrolable a través de la ciberguerra y el ciberterrorismo, con la inutilización de los sistemas de control de un Estado y el control de las redes de energía eléctrica, gas y agua, el transporte público, las telecomunicaciones (radio, TV), las centrales nucleares, los sistemas de defensa y ataque, etcétera. Como consecuencia de esta guerra de cuarta generación podría generarse la pérdida o destrucción de información sensible, que pondría en desventaja a un Estado con el adversario. Gracias al avance exponencial de la tecnología, hoy se pueden efectuar operaciones psicológicas a gran escala en el público objetivo, lo que antes era imposible, utilizando el Internet como medio de difusión y arma de guerra psicológica. A pesar de existir grandes problemas por la obtención de información sin autorización, no existe regulación en el derecho internacional humanitario acerca de la ciberguerra, lo que podría traer como consecuencia la muerte de inocentes, cuando (por ejemplo) algún agente extraño (cracker) ingresa a un sistema de control de energía eléctrica, provocando una anormalidad que produzca daños colaterales. Objetivos a lograr en los sistemas de seguridad mediante el uso de la tecnología: a. Minimizar los riesgos de la seguridad de información. b. Minimizar detección por la amenaza.

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c. Maximizar capacidad de detección de la amenaza. d. Maximizar capacidad de autodefensa. e. Minimizar cantidad personal. f. Minimizar daño colateral. g. Maximizar impacto sicológico. Misión Efectuar operaciones de información en forma permanente, a través del uso de los medios de información en forma ofensiva y defensiva para degradar, destruir, negar y explotar los procesos de información, obtener ventajas sobre un adversario, y reducir el riesgo o la vulnerabilidad de los propios sistemas de información. Principios Las operaciones de información (OI) son parte integral del éxito en una operación militar. La información es un recurso estratégico vital para la seguridad nacional, especialmente para las operaciones militares que dependen de la información y de los sistemas de información para actividades simultáneas e integradas. Uno de los objetivos fundamentales de las OI es lograr y mantener la superioridad de información, que proporciona una ventaja competitiva cuando es traducida de manera efectiva en las decisiones superiores. Las OI se describen como el empleo integrado de la guerra electrónica (GE), operaciones de redes de cómputo (ORC), operaciones psicológicas (OPSIC), decepción militar (DECMIL) y operaciones de seguridad (OPSEG). Estas capacidades junto con determinadas capacidades de apoyo y otras relacionadas permitirán influenciar, interrumpir, corromper o usurpar la toma de decisiones adversarias humanas y automatizadas, mientras que se protege la propia superioridad de información.

El entorno de la información El ambiente de la información es el espacio donde diferentes actores (individuos, organización y sistemas) colectan, procesan, diseminan o actúan sobre la información; y tiene tres dimensiones interrelacionadas: (a) física, (b) informativa y (c) congnitiva; que se describen a continuación.

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EL ENTORNO DE LA INFORMACIÓN • Donde la información se traslapa con el mundo físico. Dimensión física

• Sistemas y redes de sistemas. • Características claves: sistemas de computadoras y comunicaciones, e infraestructura de apoyo. • Donde la información es colectada, procesada, almacenada, diseminada, mostrada y protegida.

Dimensión informacional

• Dualidad naturaleza - información y el medio. • Enlaces de las dimensiones físicas y cognitivas. • Características claves: contenido de la información y flujo, calidad de la información. • Donde se ubican los que toman decisiones. • Donde actúan los tomadores de decisiones.

Dimensión cognitiva

• Dimensión de lo intangible como la moral, unidad de cohesión, opinión pública, comprensión de la situación. • Características claves: percepción, emociones, comprensión y entendimiento.

a. Dimensión física. Está compuesta por los sistemas de comando y control (C2) y la infraestructura de apoyo, que permiten a las personas y organizaciones conducir operaciones a través de los dominios del aire, la tierra, el mar y el espacio. Es también la dimensión donde se encuentran las plataformas físicas y las redes de comunicaciones que los interconectan. Esto incluye los medios de transmisión, infraestructura, tecnologías, grupos y poblaciones. b. Dimensión informacional. Consiste en el contenido y flujo de la información. Es donde la información es colectada, procesada, almacenada, diseminada, mostrada y protegida. En la dimensión informacional donde el comando y control de las fuerzas militares modernas se comunican y donde la intención del comandante se transmite. En consecuencia, esta dimensión debe ser protegida. c. Dimensión cognitiva. Abarca la mente de quien toma la decisión; donde las personas piensan, perciben, visualizan y deciden. Es la dimensión más importante. También se ve afectada por las órdenes de un comandante, el entrenamiento y otras motivaciones personales; las guerras, campañas y batallas se pueden perder en la dimensión cognitiva. Influyen en esta dimensión los factores o actitudes como

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el liderazgo, la moral, la unidad de cohesión, la emoción, estado de ánimo, el nivel de entrenamiento, la experiencia, la conciencia situacional, la opinión pública, las percepciones, el apoyo, la información pública o los rumores. La cantidad limitada de tiempo y los recursos disponibles para obtener información deben ser considerados en todo planeamiento. El impacto global del éxito de las OI mejora la calidad de la información con mayor facilidad, mientras que degrada la calidad de la información del adversario, por lo tanto, proporciona a las fuerzas amigas la capacidad de tomar decisiones rápida, eficaz y oportunamente.

OPERACIONES MILITARES Y EL AMBIENTE DE LA INFORMACIÓN Todas las operaciones militares deben ser plenamente planificadas integrándose dentro del esfuerzo de la guerra, estas dependen de la información y de sus sistemas de difusión, los cuales deben encontrarse protegidos. En las operaciones militares modernas, los comandantes se enfrentan a varios desafíos para obtener información; las dificultades técnicas incluyen el establecimiento, sostenimiento y el mantenimiento de la conectividad, particularmente en las austeras y dispersadas áreas de operaciones. La superioridad de la información se describe como la ventaja operacional adquirida por la habilidad de colectar, procesar y diseminar un flujo ininterrumpido de información, en el mismo tiempo que explota o niega al adversario la habilidad para hacerlo. La superioridad de la información refuerza la libertad de acción de los comandantes y les permite ejecutar las decisiones, así como mantener la iniciativa mientras permanece dentro del ciclo de decisión del adversario. Sin embargo, los comandantes reconocen que sin OI continuas destinadas a mantener la superioridad de la información, el adversario puede contrarrestar esas ventajas y alcanzar esa superioridad, ocasionando la derrota de las fuerzas propias. Principios de operaciones de información El éxito en las operaciones militares depende de la recolección y la integración de información esencial al mismo tiempo que se niega esto al adversario. Las OI abarcan el planeamiento, coordinación y sincronización del empleo de las capacidades existentes para afectar deliberadamente o defender el ambiente de la información para alcanzar los objetivos del comando.

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Capacidades fundamentales de IO La GE, ORC, DECMIL, OPSIC, y OPSEG son integradas dentro del planeamiento y la ejecución de las operaciones en el ambiente de la información. Se puede indicar que uno de los objetivos de las operaciones de información es afectar los procesos de producción de decisiones del adversario, mientras se defienden los propios procesos de toma de decisiones. Las OI están enfocadas en el generador de decisiones y en el ambiente de la información para afectar la producción de las decisiones y los procesos de pensamiento, conocimiento y comprensión de la situación. Estas operaciones pueden afectar a los datos, la información y el conocimiento mediante tres formas básicas: 1. Adopción de acciones específicas –psicológicas, electrónicas y físicas– que añaden, modifican o eliminan la información del medio ambiente, de diversos individuos o de grupos generadores de decisiones. 2. Adopción de acciones que afectan la infraestructura de colección, comunicaciones, procesamiento o almacenamiento de información, en apoyo a los generadores de decisiones designados. 3. Influencia en la manera en que las fuerzas reciben, procesan, interpretan y utilizan los datos, la información y el conocimiento. Las capacidades de OI pueden ser empleados en operaciones ofensivas y defensivas Los comandos usan las capacidades de OI en operaciones ofensivas y defensivas, simultáneamente, para cumplir la misión, aumentar la eficacia de su fuerza, y proteger sus organizaciones y sistemas. La plena integración de las capacidades de OI para operaciones ofensivas y defensivas exige que los planificadores las relacionen como una sola función. Los comandantes pueden utilizar las capacidades de OI para: a. Destruir. Dañar un sistema tan seriamente que no pueda realizar funciones ni ser restaurado sin tener que ser reconstruido totalmente. b. Deteriorar. Romper o interrumpir el flujo de información. c. Degradar. Reducir la eficacia o eficiencia del comando y control del adversario, o sistemas de comunicaciones, y los esfuerzos de recopilación de información o medios. Las OI también puede degradar la moral de una unidad, reducir el valor o ventaja de un blanco, o la calidad de las decisiones y acciones del adversario.

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d. Denegar. Prevenir el acceso del adversario a los sistemas, servicios, y utilización de la información crítica. e. Engañar. Inducir al error a los encargados de adoptar decisiones del adversario, manipulando su percepción de la realidad. f. Explotar. Ganar el acceso a los sistemas de C2 del adversario para colectar información o sembrar información falsa o engañosa. g. Influenciar. Provocar que los demás se comporten de una manera favorable a las fuerzas propias. h. Proteger. Tomar medidas contra el espionaje o la captura del equipamiento y de información delicada. i. Detectar. Descubrir o discernir la existencia, presencia o intrusión en los sistemas de información. j. Restaurar. Llevar la información y los sistemas de información de regreso a su estado original. k. Responder. Reaccionar con rapidez a un ataque, intrusión u otras OI del adversario. CAPACIDADES DE LAS OPERACIONES DE INFORMACIÓN La historia indica que la velocidad y la exactitud de la información disponible para los comandantes militares es un factor significativo en la determinación de los resultados en el campo de batalla. Las OI permiten la exactitud, oportunidad y puntualidad de la información requerida por los comandantes militares para defender los sistemas del adversario. Estas OI se utilizan para negar al adversario el acceso a la información de comando y control y otras infraestructuras como comunicaciones, guerra electrónica, redes de datos y otros. El avance vertiginoso de la tecnología hace que los adversarios incrementen cada vez más sus acciones de exploración, obtención y pruebas de sus OI, como la guerra asimétrica, que puede ser utilizada para frustrar los objetivos militares que dependen de los sistemas de información. Por ese motivo, se requiere el uso militar de tecnología defensiva, y de tácticas y procedimientos de vanguardia para impedir que las propias fuerzas o sistemas sean vulnerados. Las OI tienen como principio coordinar y sincronizar las cinco capacidades básicas para lograr los objetivos de los comandantes militares o prevenir que el adversario logre fijar sus objetivos.

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Capacidades fundamentales de operaciones de información De las cinco capacidades fundamentales de las operaciones de información, OPSIC, OPSEC y DECMIL han jugado un rol importante en las operaciones militares desde siglos atrás. Actualmente a las capacidades anteriores han sido integradas la GE y recientemente las ORC. Al trabajar estas cinco posibilidades, utilizadas o ejecutadas en forma conjunta con las capacidades de apoyo y las capacidades relacionadas, proveen a las fuerzas militares libertad de operación en el ambiente de la información. a. Operaciones psicológicas (OPSIC). Son operaciones planeadas para transmitir información en forma veraz a fin de influir en las emociones, la moral, los objetivos definidos, así como en el comportamiento de gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. El propósito de las OPSIC es inducir o reforzar actitudes y comportamientos favorables en relación directa a los objetivos de sus promotores. Las OPSIC son parte vital de las actividades que realizan las fuerzas militares con el fin de influir sobre el adversario; su personal asesora al comandante en los métodos para aprovechar el impacto psicológico de los aspectos del empleo de la fuerza, y desarrollar la estrategia de planeamiento mediante la difusión de programas de operaciones psicológicas. Durante una fase de crisis se debe conformar un equipo de evaluación de OPSIC, que será desplegado a requerimiento del comandante. Este equipo evaluará la situación, desarrollando objetivos y recomendando el nivel apropiado de apoyo para cumplir la misión. b. Decepción militar (DECMIL). Son las acciones que se ejecutarán para confundir y engañar al adversario, para que tomen decisiones equivocadas en relación a sus capacidades militares, intenciones y ejecución de operaciones. Con ello se logra que el adversario tome acciones o medidas equivocadas y desgaste sus medios o fuerzas, sino también inacciones que contribuirán al logro de la propia misión. c. Operaciones de seguridad (OPSEC). Son parte del proceso de identificación de la información crítica y clasificada, así como del análisis subsiguiente de las acciones propias y otras actividades que permiten identificar la información que podría ser necesaria para que el adversario tenga suficiente conocimiento de nuestros movimientos, capacidades e intenciones, con el fin de negarle esta información. DECMIL y OPSEC son actividades complementarias. DECMIL pretende fomentar el análisis incorrecto, causando que el adversario lle-

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gue a falsas deducciones, mientras que OPSEC niega la información real al adversario. d. Guerra electrónica (GE). Es el uso del espectro electromagnético y la negación eficaz del uso al adversario, optimizando la utilización por las fuerzas propias. Se refiere a cualquier acción militar que use el espectro electromagnético (EM), así como de la energía dirigida para controlar el EM o para atacar al adversario. La GE incluye tres subdivisiones: ataque electrónico (AE), protección electrónica (PE), y apoyo a la guerra electrónica (AGE). e. Operaciones de las redes de cómputo (ORC). Están entre las más recientes capacidades desarrolladas en apoyo de las operaciones militares. Las ORC derivan de la creciente utilización de computadoras en red y los sistemas de infraestructura de la tecnología de información (IT) de apoyo para organizaciones militares y civiles. Las ORC junto con la GE se utilizan para atacar, engañar, degradar, perturbar, negar, explotar y defender información e infraestructura electrónica. CONCLUSIONES - El siglo XXI presenta grandes cambios en el contexto de seguridad por el avance de la tecnología de la información, aparecen diferentes actores, en el ámbito transnacional y nacional, que utilizan herramientas o medios de comunicación para lograr sus objetivos. - Luego de un análisis prospectivo sobre los presentes y futuros y escenarios a consecuencia del servicio de Internet, toda política de defensa y estrategia militar debe pasar por una revisión de planes estratégicos, donde se deben incluir y ejecutar en forma coordinada y sincronizada las operaciones de información para coadyuvar el esfuerzo de la guerra. - Las Fuerzas Armadas del Perú no cuentan actualmente con una organización que permita planificar, desarrollar, evaluar y ejecutar operaciones de información. - Las Fuerzas Armadas peruanas, como el resto del mundo, se enfrentan a un nuevo escenario en el que las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) tienen un rol preponderante. - La Marina de Guerra del Perú cuenta con varias oficinas relacionadas a las operaciones de información, que vienen desarrollando funciones en forma aislada.

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- Existen expertos en tecnología de información, no gubernamentales, que vulneran los sistemas de información de defensa y seguridad nacional, fenómeno cada vez más común que puede poner en peligro la estabilidad de un país, e incluso provocar conflictos armados entre países. - La Marina de Guerra cuenta con cinco Comandos de Fuerzas Operativas que realizan operaciones de guerra electrónica, operaciones sicológicas, operaciones de redes de cómputo y seguridad a través de sus elementos de maniobra. - Una de las principales amenazas a la seguridad nacional es la ciberguerra (guerra informática), por lo tanto, los sistemas de seguridad de la Marina de Guerra se podrían enfrentar a amenazas sin origen definido. - La llamada guerra de información es una realidad, y existe la tendencia de reemplazar grandes ejércitos por grupos operativos descentralizados de comandos y especialistas en comunicaciones, informática y operaciones psicológicas. - Históricamente costó mucho trabajo entender la importancia de integrar en forma conjunta el concepto de libertad de acción a través de operaciones orientadas a lograr el dominio marítimo, la superioridad aérea y el control territorial. La guerra actual exige que el objetivo común en relación a las políticas militares sea obtener la superioridad de la información antes y durante el desarrollo de acciones en un teatro de operaciones. Referencia 1 Artículo adaptado de la tesis realizada por los autores en el Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional (2010).

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