SÓLO PARA PARTICIPANTES Fecha: 21, 22 y 23 de febrero 2005 ORIGINAL: ESPAÑOL CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo

Corte Nacional Electoral, Área de Educación Ciudadana Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 2005 Seminario Internacional: “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”

“Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Equidad de Género”

Este texto ha sido preparado por Patricia Garduño, Diputada Federal en la LIX Legislatura. Esta versión preliminar del documento ha sido preparada para el Seminario en el marco del Proyecto “Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género” de la cuenta para el Desarrollo. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de la autora y pueden no coincidir con las de la Organización.

“REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO” Agradezco la invitación que me formuló la Lic. Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en México para participar en este Seminario “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”, porque me permite escuchar valiosas aportaciones, así como compartir con ustedes una visión desde el Poder Legislativo Federal mexicano del impacto que han tenido las reformas constitucionales en México para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su ciudadanía, así como lograr la plena equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para abordar el tema, dividí la exposición en 3 apartados. En la primera parte haremos una breve exposición de las reformas que en materia de equidad y género se han realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En segundo lugar revisaremos, a la luz de las reformas constitucionales, cuál ha sido la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados en los últimos años. Y, finalmente, revisaremos cuáles han sido las principales contribuciones del Poder Legislativo en materia de equidad y género. Si revisamos las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que, al día de hoy, la Constitución cuenta en su haber con 427 reformas, de las cuales únicamente 7 han sido en beneficio directo de las mujeres. La primera gran reforma constitucional para las mujeres apareció publicada el 17 de octubre de 1953, con ella se reformó el artículo 34 Constitucional para reconocer la ciudadanía de las mujeres. En febrero de 1965, la reforma al artículo 18 Constitucional reconoció las necesidades específicas de las mujeres en prisión al permitir que éstas compurguen sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres En 1969 se reformó el artículo 30 constitucional a fin de beneficiar a las madres mexicanas cuyos hijos nacieron en el extranjero, al permitir que se considere a los mismos mexicanos por nacimiento, sin que importe la nacionalidad o la identidad del padre. La más importante reforma constitucional en beneficio de las mujeres tuvo lugar en 1974, ya que al reformarse los artículos 4, 5, 30 y 123 se promovió la igualdad jurídica de la mujer. La reforma al artículo 4 Constitucional pugnó porque el varón y la mujer sean iguales ante la Ley. Asimismo, estableció la protección de la organización y el desarrollo de la familia, además

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de plantear el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos. La reforma al artículo 5 Constitucional sustituyó el término hombre, por el de persona, de forma que los derechos consagrados en dicho artículo no se entiendan reservados exclusivamente a los hombres, tales como que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución. En el artículo 30 Constitucional se estableció que los extranjeros que contraigan matrimonio con un nacional, por este solo hecho serán considerados mexicanos, siempre que establezcan su domicilio dentro del país. Por lo que respecta al artículo 123, su reforma fue de gran importancia al reconocer la participación laboral femenina. Entre los grandes derechos laborales contemplados, destacan: • • • • • •

Que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que signifiquen un peligro para su salud; Descansos, previo y posterior al parto, percibiendo su salario íntegro y conservando su empleo y sus derechos. Se previeron descansos extraordinarios en el periodo de lactancia. Se estableció la obligación al patrón de prevenir accidentes y garantizar la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Se dispuso que el servicio de colocación de empleo se realizará en igualdad de condiciones, y tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. Se contempló el otorgamiento de servicios de guardería

Es así, como con la reforma de diciembre de 1974 se dio a los hombres y a las mujeres de México la igualdad de derechos, deberes y oportunidades en los múltiples aspectos de la vida nacional. El 7 de abril de 2000 se reformó el artículo 4 Constitucional, a efecto de establecer el derecho de las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Finalmente, en el año 2001 tuvieron lugar dos importantes reformas. En enero la reforma al artículo 1 Constitucional consagró la prohibición de toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra 3

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y, sobre este eje, se construyó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Mientras que, en agosto con la reforma al artículo 2 Constitucional, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y autonomía. Esta reforma fue de gran importancia para las mujeres indígenas, ya que con ella se garantiza su participación en condiciones de equidad frente a los varones, para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Asimismo, se estableció que las autoridades deberán propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Estas son las principales reformas que se han hecho a la Constitución mexicana, sin embargo, también se han consignado importantes reformas en la legislación secundaria, que parten del cambio en la percepción tradicional de los roles de los hombres y las mujeres, trayendo consigo importantes transformaciones al marco jurídico nacional, que como hemos visto, reivindican el derecho de la mujer al voto, el derecho a ser electas para cargos públicos, a la paternidad responsable, al acceso a la educación, a la salud y al empleo en condiciones de igualdad. Hoy, después de más de 50 años que tuvo lugar el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, podemos apreciar avances importantes en el reconocimiento del espacio que les corresponde en la sociedad, lo que se ha traducido en su mayor participación en los ámbitos educativo, cultural, social, económico y político. La participación de las mujeres en la construcción de la vida política de México tuvo lugar ciento treinta años después de instalado el Primer Congreso en México, ya que fue en 1954 cuando incursionaron las mujeres en el Poder Legislativo Estatal y en 1964 en el Senado. En la Cámara de Diputados, la presencia de las mujeres ha evolucionado significativamente, como ejemplos tenemos que: • • • • • • •

En la XLII Legislatura (1952-55), 99.4% de los miembros eran hombres y el 0.6% mujeres. En la XLV Legislatura (1961-1964), 95.1% de los miembros eran hombres y 4.9% mujeres. En la XLIX Legislatura (1973-1976), 91.1% de los miembros eran hombres y 8.9% mujeres. En la LII Legislatura (1982-1985), 88.5% de los miembros eran hombres y 11.5% mujeres. En la LV Legislatura (1991-1994), 91.2% de los miembros eran hombres y 8.8% mujeres. En la LVII Legislatura (1997-2000), 80% de los miembros eran hombres y 20% mujeres. En la LVIII Legislatura (2000-2003), 83% de los miembros eran hombres y 17% mujeres.

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En la presente LIX Legislatura (2003-2006), 77.2% de los miembros son hombres y 22.8% mujeres, siendo el mayor número de diputadas integrantes del Partido Acción Nacional. Estos avances en la actual composición de la Cámara de Diputados se deben en gran medida a las reformas que en 1996 se realizaron al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a efecto de promover una mayor participación de la mujer en la vida política del país, por lo que se estableció la obligatoriedad para los partidos políticos de establecer en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no deben exceder de 70% para un mismo género.

Sin duda, desde 1954 a la fecha hemos avanzado lenta pero firmemente en la incorporación de más mujeres en espacios de toma de decisiones. De hecho, México se encuentra levemente por arriba del promedio mundial de los escaños parlamentarios ocupados por mujeres que es de 14%, aunque muy por debajo de países como Suecia donde el 42.7% de los escaños son ocupados por mujeres. Resulta, pues, satisfactorio que todas las reformas emprendidas por el Legislativo estén rindiendo frutos. Me gustaría compartir rápidamente con ustedes algunas contribuciones más recientes del Legislativo en materia de equidad y género, como son el establecimiento de la primera Comisión Ordinaria de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, la instalación del Parlamento de Mujeres como un espacio de interlocución de las legisladoras con los ciudadanos, la aprobación de la Iniciativa del Presidente de México, Vicente Fox Quezada, de la Ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual es presidido por la Lic. Patricia Espinosa Torres, quién está haciendo una magnífica labor al frente del Instituto, impulsando políticas públicas con perspectiva de género que coadyuven a la superación de las mujeres en todas las esferas de la vida y a la eliminación de toda forma de discriminación. Otras acciones importantes son, la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en materia cuotas de género y participación política de la mujer, así como la etiquetación y aumento de los montos asignados a las mujeres en los presupuestos de egresos del 2002 y 2003. Debemos destacar la promoción de la ratificación por nuestro país del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como la aprobación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. No obstante estos logros, aún nos falta mucho por avanzar. Los diputados integrantes de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tenemos muchos retos, como son: el fortalecimiento de la perspectiva de género en el Congreso de la Unión; la aprobación de la Ley General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, presentada por una servidora, ya que como es sabido, la mayoría de las víctimas de los delitos son principalmente mujeres y niños; también tenemos pendiente una reforma laboral que contemple el combate al hostigamiento 5

sexual, la sanción a quienes exigen el examen de no gravidez y realizan despidos por embarazo, así como el aumento de espacios de cuidado infantil en centros de trabajo gubernamentales y privados. Igualmente importante es la promoción de beneficios fiscales a empleadores que incorporen acciones afirmativas en sus políticas laborales. Otros retos importantes son el combate a la violencia de género, colocando este tema como prioritario en la agenda legislativa, no sólo por lo que respecta a la modificación de los ordenamientos civiles y penales sino también por lo que respecta al aumento del presupuesto destinado al combate a toda forma de violencia de género; garantizar el acceso universal a los servicios de salud y asegurar el derecho a la información laica, veraz y objetiva en materia de sexualidad y reproducción, tanto en la educación como en las políticas públicas sanitarias. Por otra parte, tampoco podemos soslayar la necesidad de impulsar cambios legislativos relacionados con el desarrollo sustentable que permitan a las mujeres de México el acceso, manejo, control, toma decisión y beneficios sobre los recursos naturales, tales como tierra, bosque, agua, etc. Considero que otro de los grandes pendientes que tenemos es el establecimiento de mecanismos eficientes, claramente definidos y democráticos que propicien la participación ciudadana en la evaluación del trabajo parlamentario hacia una efectiva rendición de cuentas. A la luz de lo aquí expuesto, es evidente que, aunque jurídicamente hemos avanzado, aún prevalecen limitaciones en la formación de una cultura política y democrática orientada por valores de equidad, pluralismo y tolerancia que garanticen el ejercicio equitativo del poder y del liderazgo en el proceso de toma de decisiones. Por ello, es preciso vencer los prejuicios e inercias adversos a la cultura de la equidad no sólo en las políticas de gobierno sino fundamentalmente en nuestra cultura nacional, fortaleciendo las instituciones para que los temas de género no sean únicamente un discurso sino una política de Estado, es decir, que las políticas públicas estén bien definidas para, a través de éstas, superar los problemas que enfrenten los hombres y las mujeres derivados de usos y costumbres, roles y tradiciones arraigados, a fin de superarlos y abordarlos en todas nuestras funciones, y contribuir a lograr la plena equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por nuestra parte, los legisladores tenemos como reto adoptar las medidas necesarias para modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia de la discriminación y violencia contra la mujer. Finalmente, quiero decirles que como legisladora panista que participa en la política, considero una responsabilidad difundir la proyección de un nuevo humanismo, en el que las características biológicas no constituyen un elemento discriminatorio o excluyente, sino la posibilidad de ejercer el poder de una manera solidaria y responsable, en la que el quehacer público esté sustentado en principios éticos y en una visión de desarrollo sustentable que permita la construcción de una 6

sociedad más justa, democrática, participativa y generosa, en la que los beneficios del desarrollo sean compartidos por todas y todos.

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