Revista Interna No. 63-64 ISSN 1657 - 6829

Fiscalía y comunidad internacional

Verdad sin fronteras

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Carrera Administrativa y ‘parapolítica’ LOS NUEVOS RETOS DE LA VICEFISCALÍA

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El CTI GESTIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA

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Contenido

RENDICIÓN DE CUENTAS 2007 - 2008

Unidades Receptoras de Denuncias SERVICIO CON CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA 12

Revista Huellas No. 63 - 64 Noviembre de 2008 Dirección Editorial Mario Germán Iguarán Arana Fiscal General de la Nación Dirección Periodística Rodrigo Barrera Barinas Jefe Oficina de Divulgación y Prensa Edición Cristina Díaz Vásquez Luis Alejandro Tibaduiza Mauricio Lombo Nieto Oficina de Divulgación y Prensa Redacción Periodistas Oficina de Divulgación y Prensa

Fotos: Cortesía Colprensa y AP Fotografía y Portada José Luis Cubillos Delgado Oficina de Divulgación y Prensa Ilustración

Rubén Darío Bustos Programa Futuro Colombia Oficina de Divulgación y Prensa Dg. 22B No. 52-01 Plataforma Conmutadores 570 2000 - 414 9000 Extensiones 1583 -1586 Bogotá-Colombia www.fiscalia.gov.co Preprensa e Impresión Imprenta Nacional de Colombia

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Justicia y Paz POR EL CAMINO DE LA VERDAD Y EN LA BÚSQUEDA DE LA REPARACIÓN

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Fase IV SPOA LA NUEVA JUSTICIA: ÁGIL, EFECTIVA Y OPORTUNA

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Meci y SGC GIRO DE 180o° EN LA GESTIÓN PÚBLICA

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En la Rendición de Cuentas: BALTAZAR GARZÓN PIDE ELIMINAR ‘FANTASMAS’ PARA APLICAR JUSTICIA Y PAZ

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EL REGRESO A LA LIBERTAD DE LA PEQUEÑA DANIELA

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CTI – MARCAS DELATORAS

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Balance de la visita de Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional -CPI- RECONOCE ESFUERZO DE LA FISCALÍA EN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

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Implementación del SISPOA TRABAJO SEGURO Y EN LÍNEA

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Ley de Infancia y Adolescencia POR EL RESTABLECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 32 Más de mil 300 millones invertidos en el Valle FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

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DISMINUYE PODER DE LAS AUC EN LA GUAJIRA 37 LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN PEREIRA

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Fraude a las telecomunicaciones FISCALÍA EN CALI REDUCE EL ÍNDICE DE ILEGALIDAD

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Humanización del Servicio en las Salas de Denuncias POR UNA MEJOR ATENCIÓN A USUARIOS EXTERNOS Y VÍCTIMAS DE DELITOS

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Grupo de Estudios de Seguridad PUERTA DE ENTRADA A LA FISCALÍA

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Condenados al por mayor TRABAJO INVESTIGATIVO Y JURÍDICO CONTRA EL HURTO DE COMBUSTIBLE

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Secretaria General: LÍDER EN CUSTODIA Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

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Escuela de la Fiscalía: formación por competencias SERVIDORES PROPOSITIVOS Y AUTÓNOMOS

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LA PIEZA CLAVE

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PÍLDORAS

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Dejando Huella “VIVO ENGOLOSINADA CON MI TRABAJO”

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E

DITORIAL

Apoyo y reconocimiento mundial E

l trabajo de la Fiscalía General de la Nación para desenterrar la verdad, administrar justicia y lograr reparación a las víctimas, recibió un respaldo sin precedentes del fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo y del juez magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón. Los dos juristas de talla mundial estuvieron en el país invitados por el fiscal general de Colombia, Mario Germán Iguarán Arana, con quien compartieron una sesión abierta de preguntas y respuestas con los Fiscales de la Unidad nacional de Justicia y Paz y viajaron a observar de cerca labores de exhumación en Apartadó, Antioquia. La fotografía que ilustra la portada de esta edición de Huellas, refleja la cooperación, entendimiento y apoyo de la comunidad internacional hacia el trabajo del Fiscal Iguarán y la Fiscalía colombiana para desenterrar la verdad en medio de difíciles circunstancias. Garzón intervino también en el acto de rendición de cuentas del Fiscal General a la ciudadanía a través del canal institucional de Televisión. Una rendición de cuentas que compartimos con ustedes a través del amplio reportaje que muestra los principales logros de la entidad en diferentes divisiones, con anticipadas disculpas por cuestión de espacio que nos impiden plasmar todas las realizaciones de los funcionarios. El trabajo observado por los dos juristas fue apenas una muestra de la descomunal labor que se adelanta para exhumar víctimas de la violencia en todo el territorio nacional al tiempo que se avanza en la entrega de bienes para reparación de las víctimas. La Fiscalía también ha desarrollado numerosas jornadas con las víctimas para enterarlas de sus derechos junto con otras gestiones plasmadas en otro amplio reportaje. En nuestro contenido se destaca también una entrevista con el vice fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, sobre las segundas instancias que debe resolver frente a procesos de connotación nacional

y el funcionamiento de la estructura especial para atender los procesos por la llamada “parapolitica”, que ha demandado más esfuerzos y disciplina de nuestros fiscales e investigadores. La gestión del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía ha reportado resultados significativos, por ejemplo en el caso del niño Enmanuel, y otros que son descritos en estas páginas para conocer de cerca la forma especializada en que se desenvuelven las investigaciones. El mejoramiento de la atención al usuario de la administración de justicia ha demandado ingentes esfuerzos de la Fiscalía en busca de brindar un mejor servicio en todos los niveles de sus funciones constitucionales y legales. Muestra de ello los servicios ampliados y fortalecidos de los CAVIF, los CAIVAS y todo el plan de gestión con calidad que se cumple con dedicación y esmero en todas las dependencias. La puesta en marcha en varias regiones del país de la nueva ley de infancia y adolescencia, aunque ha significado mas cargas laborales para la Fiscalía, ha planteado también nuevos retos que están siendo atendidos de la mejor manera. Esos primeros resultados en seguridad y funcionalidad están registrados en esta edición. En fin, hemos tratado de ofrecer a ustedes un amplio espectro informativo sobre las actividades que cumplen nuestros compañeros funcionarios y servidores a lo largo y ancho del país. Las labores de custodia y divulgación de actos administrativos que realiza la Secretaria General, los nuevos laboratorios forenses puestos al servicio en Pereira, la lucha contra el hurto de combustible o las labores investigativas contra los delitos en telecomunicaciones, entre otros, completan el menú de esta nueva edición de Huellas, que esperamos disfruten. Y como siempre, esperamos sus comentarios y contribuciones que nos ayuden a fortalecer este medio de comunicación interna. Muchas gracias.

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Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

ENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de Cuentas 2007 – 2008 El 25 de agosto de este año el fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana, presentó a la ciudadanía el Informe de rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2007 – 2008, Huellas presenta los aspectos más connotados de la misma. Por Bernardo Colmenares Olaya a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se define como un espacio abierto, participativo e interlocutorio entre una entidad del Estado y de sus grupos de interés, donde las personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, así como sobre el manejo de los recursos asignados para cumplir con dichos programas.

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Los temas se enmarcaron de acuerdo a las cuatro estrategias del Direccionamiento Estratégico 2005 – 2009: Gestión judi-

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cial efectiva y oportuna, talento humano idóneo y competente, gerencia eficiente y efectiva basada en la mejora continua de los procesos internos y servicio con calidad y atención ciudadana, enfocándose principalmente a la gestión referente a las investigaciones adelantas por hechos relacionados con Derechos Humanos y DIH, Justicia y Paz, Parapolítica, entre otros aspectos misionales. Durante la hora y 30 minutos de duración de la audiencia se presentaron las actividades de la Fiscalía General de la Nación durante la vigencia en cita, teniendo en cuenta los postulados de los artículos 250 y 251 de la Constitución Nacional. El informe que se presentó se refirió a los principales

aspectos que se abordaron en el último año de gestión, actividades que comprenden las líneas de acción que adelanta la institución y que incluyen aspectos relacionados con cada una de sus áreas. En general, el espacio de la Rendición de Cuentas presentó el trabajo que despliega la Fiscalía General de la Nación a través de cada uno de sus miembros, actividades enfocadas, entre otras, a la búsqueda de la verdad y la aplicación de una justicia garante, a través del direccionamiento de las investigaciones penales y la construcción de estrategias político criminales eficaces, fundadas en la observancia de los postulados constitucionales y legales. En cuanto a los aspectos relacionados con el Sistema Penal Acusatorio, se evidenció como la conciliación preprocesal arrojó logros significativos para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio por los prontos y eficaces resultados. Así, de un total de 321.829 querellas recibidas desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008, se alcanzó en 145.610 de los casos la comparecencia de querellantes y querellados, y de esa cifra se alcanzaron acuerdos en 104.431 procesos, para una efectividad del 72 por ciento. La aplicación efectiva de mecanismos alternativos para la solución de conflictos evita que el Sistema Penal Acusatorio se congestione con más de cien mil procesos. También, entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, fueron capturadas 80.304 personas. La Fiscalía le ha realizado formulación de imputación a 38.024 capturados, cuyo 67 por ciento aceptó cargos, es decir 25.583 capturados.

Con respecto a la aplicación de la Ley de Infancia y Adolescencia se tiene que el trabajo de las Unidades de Bogotá y Cali, a junio de 2008, manejaron 8.688 investigaciones, de las que están activas 4.220, que comprenden, entre otros delitos, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, hurto calificado, actos sexuales con menor de 14 años y homicidio. En torno de la labor de las Unidades de Infancia y Adolescencia de Armenia, Buga, Manizales, Medellín, Palmira y Pereira, ésta comprende 1.323 investigaciones, de las que 1.061 están activas y 262 casos inactivos. Por su parte, las Unidades de Infancia y Adolescencia de Armenia, Buga, Manizales, Medellín, Palmira y Pereira, abocaron 1.323 investigaciones, de las que 1.061 están activos y 262 casos inactivos.

Víctimas Durante el 2007, el Programa de Protección recibió 1.630 solicitudes de protección. En el primer semestre de 2008 fueron hechas 1.305 solicitudes de protección. El año anterior fueron protegidos 442 casos que comprendieron 1.163 personas, 643 adultos y 520 menores.

El fortalecimiento del equipo humano ha sido tarea primordial

En el lapso citado el Sistema Penal Acusatorio ha recibido 594.905 noticias criminales, que incluyen denuncias, querellas no conciliadas y otras formas de conocimiento (oficio, rupturas procesales, peticiones especiales, compulsación de copias); de ese total de 594.905 noticias, el 53 por ciento se encuentra en etapa de indagación, un 4 por ciento está cursando la etapa de investigación y un 2% se encuentra en etapa de juicio. Igualmente, en los 18 meses evaluados los fiscales han asistido a más de 53.000 audiencias de formulación de imputación y a más de 29.000 audiencias de imposición de medida de aseguramiento. Así mismo, fueron presentados 54.044 escritos de acusación que cobijaron a 41.743 personas procesadas por delitos como: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas, hurto calificado y agravado, defraudación de derechos de autor, homicidio, receptación, lesiones personales, acto sexual con menor de 14 años, entre otros.

En lo transcurrido de 2008 han sido incorporadas al Programa 993 personas, 512 adultos y 481 menores.

CTI

Las estadísticas que soportan la gestión del CTI en cuanto a investigación criminal y operativa, presentan para Ley 600 un índice de evacuación del 97 por ciento a 31 de diciembre de 2007, y del 53 por ciento a mayo de 2008. Con respecto a la Ley 906 (SPOA) a 31 de diciembre de 2007 se logró tramitar el 92 por ciento. A mayo de 2008 se ha tramitado el 79 por ciento de los casos. En torno de la investigación técnica y científica, para Ley 600 a 31 de diciembre de 2007 se evacuó el 74.05 por ciento de lo asignado, y a mayo de 2008 la cifra tramitada era de 72.29 por ciento. Así mismo, para Ley 906 se diligenció el 83.35 por ciento y el 80.70 por ciento en el aspecto técnico y en el científico, respectivamente. El fortalecimiento del equipo humano ha sido tarea primordial. Así, la planta fue incrementada en 1.312 servidores, entre ellos 298 investigadores criminalísticos VII. Para la gerencia de investigaciones recibieron capacitación 264 servidores y en el programa de Gerencia de la Seguridad y la Prevención fueron capacitados 1.200 funcionarios.

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Dirección Administrativa y Financiera En 2007 para cumplir con los requerimientos de la Ley de Justicia y Paz del presupuesto de la entidad, gastos generales, fueron apropiados $10. 260 millones de pesos. En la vigencia 2008 se han apropiado $10.619 millones asignados inicialmente para la operación normal del programa y $10.293 millones adicionales para cubrir los gastos de planta nueva. También durante el año anterior se adecuaron 18 sedes, que significó una inversión de 855 millones de pesos. Para 2008 se dispuso adecuar 54 sedes, tarea que costará $2.800 millones. Con respecto a la Ley de Infancia y Adolescencia fueron apropiados en 2007 recursos por $4.310 millones de pesos. En la vigencia 2008 se han apropiado $4.572, que incluyen gastos de nueva planta. Además, la entidad gestionó los recursos para infraestructura física. En 2007 se efectuaron adecuaciones a 47 sedes en 12 seccionales, para lo que se ejecutaron contratos por $3.614 millones. En lo corrido de 2008 se han trasladado recursos por valor de $3.038 millones para intervenir 41 sedes en 12 seccionales. Para el programa de Protección a Víctimas y Testigos se destinaron recursos en 2007 por $6.234 millones. En la vigencia 2008 se han apropiado $7.622 millones. Igualmente, están dispuestos $665 millones para durante 2008 mejorar instalaciones en seis seccionales de fiscalías.

Delegada ante la Corte Entre sus múltiples responsabilidades los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia conocen las designaciones especiales dispuestas por el Fiscal General de la Nación, cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o complejidad del asunto lo requiera. En el último año, tales designaciones presentan especial importancia en casos sensibles para la comunidad como los relacionados con la ‘parapolítica’, que han significado investigar, someter a sentencia anticipada y acusar, entre otros, a los siguientes ex congresistas: Jairo Enrique Merlano Fernández, Álvaro Araujo Castro, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luis Caballero Caballero, Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, Mario Uribe Escobar, Vicente Blel Saad, Luis Carlos Torres Rueda, Héctor Julio Alfonso López, Luis Alfonso Gil Castillo, José Manuel Herrera Cely, Alfonso Riaño Castillo, Oscar Leonidas Wilchez Carreño, Luis Fernando Almario Rojas, Jorge de Jesús Castro Pacheco, Enrique Emilio Ángel Barco, Juan Gabriel Díaz Bernal, Ciro Ramírez Pinzón y Luis Humberto Gómez Gallo. También por designación especial un fiscal delegado intervino como sujeto procesal en el juicio contra el ex congresista

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Dieb Nicolás Maloff Cuse, efectuado en el Juzgado Único Especializado de Santa Marta.

Ley 600 de 2000 Bajo tal régimen procesal, se han proferido las siguientes decisiones relevantes en los asuntos de única instancia de fuero constitucional, fuero legal y primera instancia (designaciones especiales), en el período del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2008: Aperturas investigación previa Aperturas de instrucción Inhibitorios Medidas de aseguramiento Preclusión extraordinaria Calificación con acusación Calificación con preclusión Inadmisión denuncia Sale competencia otra autoridad Audiencias públicas Condenas Absolución

269 45 142 15 3 23 18 46 50 36 13 3

Dentro del mismo sistema procesal se han adelantado las siguientes actuaciones en asuntos de segunda instancia y otros (conflictos de competencia, impedimentos, recusaciones, y recursos de queja.): Apelaciones - Confirma - Revoca Resuelve conflictos Resuelve recursos de queja Resuelve impedimentos Resuelve recusaciones Otras

174 130 31 221 8 19 8 13

Sistema Penal Oral Acusatorio En el contexto del Sistema Penal Oral Acusatorio se han efectuado las siguientes actuaciones en el período 1º de julio de 2007- 30 de junio de 2008. Orden de archivo Programa metodológico Audiencias: - Control legalidad - Medida de aseguramiento - Imputación - Acusación - Juicio Oral - Otras Sentencia condenatoria Preacuerdo y negociaciones Conciliación Aplicación principio de oportunidad

86 147 6 3 4 2 0 17 1 1 5 0

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ENDICIÓN DE CUENTAS

Unidad Nacional de Justicia Paz A lo largo de tres años, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz ha contribuido al esclarecimiento de la verdad sobre miles de hechos de los cuales no se tenían antecedentes judiciales ni tampoco un número de víctimas determinado. En total son 3 mil 431 los postulados a la Ley 975, de los cuales 2 mil 868 pertenecían a las autodefensas y 53 a otros grupos armados ilegales como Farc, Eln, Erp y Epl. De este grupo, un mil 431 han iniciado versión libre, un mil 142 las han finalizado y, de esa cifra, un mil 133 no ratificaron su voluntad de acogimiento a la Ley. En estos casos, la UNJYP ha remitido a la justicia ordinaria aquellos casos documentados y en los cuales, presuntamente, estas personas participaron, con el único objetivo de realizar las investigaciones respectivas. De lo anterior se concluye que en Justicia y Paz, nueve versiones han agotado el trámite previsto por la reglamentación del Fiscal General de la Nación, y se están llevando a cabo las labores de investigación y verificación de los hechos confesados para realizar las imputaciones y solicitud de medidas de aseguramiento y cautelares. Dicho trámite ante los magistrados de Justicia y Paz ya se cumplió con Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’, desmovilizado del Frente Julio César Peinado Becerra, quien fue el primer postulado en presentarse a versión libre el 14 de diciembre de 2006. Son 2 mil 709 hechos confesados, entre los que se encuentran casos de connotación como las masacres de Mapiripán (Meta), El Salao (Bolívar), La Gabarra (Norte de Santander), Bar ‘El Aracatazzo’ en Chigorodó (Antioquia), Macayepo (Sucre) y La Granja en Ituango (Antioquia), entre otras. Así mismo, los procesados bajo la Ley de Justicia y Paz han enunciado otros 8 mil 196 hechos delictivos, entre los que se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, reclutamiento ilícito de menores, secuestros y violencia sexual. Sin embargo, la investigación más importante que se desprendió de las versiones entregadas por los desmovilizados de las autodefensas fue la ‘parapolítica’. Postulados a la Ley 975 revelaron en sus diligencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, vínculos de tipo político, como el Pacto de Ralito, y también económicos, como los pagos efectuados por multinacionales bananeras como Chiquita Brands a los grupos paramilitares.

Bienes ofrecidos y entregados Una de las prioridades en la Ley de Justicia y Paz es la reparación integral a las víctimas de los grupos armados ilegales. Para tal fin, los postulados han entregado a Acción Social, por intermedio de la Fiscalía, 99 inmuebles, cuatro

sociedades, diez vehículos, 5 mil 166 semovientes 3 mil 293 millones de pesos en efectivo, 4 motores fuera de borda y 722 mercancías para boutique.

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De igual manera, los desmovilizados han ofrecido para su verificación, un total de 251 inmuebles, 14 vehículos, 2 mil 48 semovientes, 542 mil 302 millones de pesos en efectivo, dos sociedades, cuatro embarcaciones, un equipo de de rayos X, un equipo de odontología, un equipo de ecografía y dos computadores. Varios de estos bienes fueron ofrecidos por los 15 paramilitares extraditados a EE.UU el 13 de mayo último. Antes de ponerse a disposición de la justicia norteamericana ofrecieron 171 inmuebles, tres vehículos, 2 mil 160 semovientes, dos sociedades, una embarcación y más de 438 millones de pesos en efectivo.

Así mismo, del balance total de bienes entregados al Gobierno Nacional, los cabecillas de las autodefensas entregaron 25 inmuebles, 4 mil 566 semovientes, cuatro sociedades, 739 millones de pesos en efectivo, así como los vehículos y las mercancías para boutique relacionadas anteriormente.

Exhumaciones y entrega de restos

Como consecuencia de los hechos confesados por los postulados a Justicia y Paz, y el número de víctimas durante su accionar delictivo sepultadas en diferentes partes del territorio nacional, en agosto de 2007 se creo la Sub Unidad de Apoyo de la UNJYP con el objetivo de agilizar el proceso de exhumaciones y entrega de restos a los familiares.

El balance hasta el 22 de julio último es de un mil 293 fosas encontradas en las cuales se han hallado un mil 559 restos óseos, de los cuales se ha establecido de manera preliminar la identidad de 513. De estos cadáveres, se han entregado 202 y quedan pendientes por entregar 13 osamentas a los familiares.

Gestión con las víctimas

Con fecha de corte a 1º de julio de 2008, la UNJYP registra un total de 143 mil 405 víctimas inscritas, de las cuales 10 mil 890 han participado en las versiones libres que se han llevado a cabo en Bogotá, las sedes alternas de Medellín y Barranquilla, y eventualmente en otras ciudades y municipios del país.

Frente al tema de atención a víctimas y la convocatoria a jornadas promovidas por la Fiscalía , durante 2006 se atendieron un mil 602 en 18 jornadas, en 2007 se atendieron a 15 mil 704 víctimas en 88 jornadas y durante el presente año se han atendido, en 27 jornadas, 6 mil 169 víctimas.

Por último, en lo referente al oficio, profesión y/o labor de las víctimas, se destacan más de 400 casos en los cuales se vieron involucrados servidores públicos, 166 sindicalistas, 91 indígenas, 45 miembros de la Unión Patriótica, 18 periodistas, 13 integrantes de ONG´s y nueve defensores de Derechos Humanos.

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ENDICIÓN DE CUENTAS

Carrera administrativa y ‘parapolítica’

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

LOS NUEVOS RETOS DE LA VICEFISCALÍA

Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal general de la Nación.

Actuar como fiscal delegado especial en aquellos procesos o actuaciones judiciales que directamente le asigne el Fiscal General de la Nación, además de presidir la Comisión Nacional de Administración de la Carrera (CNAC) y ser segunda instancia en procesos de la llamada “parapolítica”, fueron algunas de las responsabilidades que demandaron mucho esfuerzo en este año de gestión.

Por: Isabel Cristina Cañaveral

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l 2008 ha resultado productivo para la Fiscalía General de la Nación, en lo pertinente a la Carrera Administrativa, un arduo proceso que le apuesta a la calidad del servicio y a una administración eficiente en la cual sus servidores tengan mejores condiciones laborales y excelencia profesional. La CNAC ha sesionado 32 veces. En dichas oportunidades se han analizado y estudiado los mecanismos para una correcta y objetiva implementación de la carrera. Durante el primer semestre del año, se cumplió la fase eliminatoria y clasificatoria del concurso del área de Fiscalías para proveer 4mil 697 cargos a nivel nacional, y el segundo semestre inició con la convocatoria para el área administrativa para proveer un mil 716 cargos. Por su parte el Cuerpo Técnico de Investigación, se prepara para presentar el concurso durante el primer semestre del próximo año. Las diversas labores investigativas y técnicocientíficas, propias de la criminalística, requieren un esfuerzo importante para generar, con los recursos existentes, un proceso que responda a las necesidades institucionales.

Segunda instancia de procesos penales En este último año, además de las funciones que la ley asigna a la Vicefiscalía y las actividades delegadas por el

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Fiscal General de la Nación, este despacho está a cargo de la segunda instancia en las investigaciones de la denominada “parapolítica”, que desarrollan en primera instancia la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Estructura de Apoyo, adscrita a la Unidad Antiterrorismo Durante este periodo se tomaron importantes decisiones en algunos de los casos mas sonados del país: Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS; Álvaro Araujo Castro, ex senador de la República; Hernando Molina Araújo, ex gobernador del Cesar; Mario Uribe Escobar, ex senador de la República; y Vicente Blel Saad, también ex parlamentario, entre otros. Igualmente, aumentó el número de investigaciones a funcionarios aforados por disposición de la Corte Suprema de Justicia, en caso de que se acepte el impedimento del Fiscal General de la Nación. En diálogo con Huellas, Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal general de la Nación, expuso los principales logros de su despacho durante el último año y los proyectos que tiene en lo que resta de su período. Huellas: ¿Cuál o cuáles casos quisiera resaltar que pasaron por su despacho? Guillermo Mendoza Diago: Es importante destacar que se han proferido decisiones de segunda instancia en procesos

de connotación, como el de las desapariciones ocurridas en la toma del Palacio de Justicia, por las cuales se investiga al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega y otros militares que ya no están activos. En el caso del coronel (r) Plazas Vega, se confirmó la negativa de revocar la medida de aseguramiento y la preclusión, y en el de los demás ex militares se mantuvo la resolución de acusación proferida. También, se han adoptado decisiones contra congresistas como Álvaro Araújo Castro, Miguel Ángel Nule Amín, Jorge Luis Caballero Caballero, Vicente Blel Saad, Luis Fernando Almario Rojas, entre otros. En estos casos, hay desiciones referentes a resoluciones de acusación o medidas de aseguramiento, nulidades, negativa de práctica de pruebas o de revocatoria de las medidas de aseguramiento, por solo mencionar algunos aspectos. Otras determinaciones determinaciones están relacionadas con el caso Bancolombia, en el que se investiga a directivos bancarios por delitos contra la administración pública, declarando la inexistencia de nulidades y confirmando la negación de la preclusión; y la del ex Gobernador de Cundinarmarca, Pablo Ardila Sierra, en la cual se confirmó la negativa de revocar la medida de aseguramiento y la preclusión de la instrucción. En este momento, se está decidiendo la segunda instancia de providencias en procesos que involucran a varios políticos, investigados por sus presuntos nexos con los grupos ilegales de autodefensas. Además, se desarrollan entre otras, las investigaciones por el supuesto cohecho en que habrían incurrido algunos funcionarios del gobierno, en el trámite de la reforma constitucional que introdujo la reelección presidencial. H: ¿Llevar a cabo la Carrera Administrativa y finalizarla es su propósito para terminar con éxito esta administración?*

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

G.M.D: La implementación del régimen de carrera en la entidad es una obligación legal y judicial. Así lo señala la Carta Política, nuestro Estatuto Orgánico y así lo han decretado

Funcionarios de la Fiscalía revisan lista de admitidos al concurso del Área Administrativa.

las decisiones proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Además, la puesta en funcionamiento de la carrera es una meta institucional, en la medida que hace parte de las estrategias básicas de la gestión del Fiscal General de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana, para que el recurso más importante de la Fiscalía, su talento humano, incremente su idoneidad y competencia. En esa medida, la carrera administrativa de la Fiscalía será exitosa si garantiza la adecuada selección, ingreso y permanencia de los funcionarios y empleados, pues de esta manera se fortalece la capacidad investigativa del Estado para luchar contra la criminalidad. Pero lo anterior no quiere decir que seamos ajenos a las preocupaciones de los servidores vinculados por años a la institución y que no pasaron el examen de conocimientos del concurso de fiscalías. Nuestro mensaje es de confianza en su demostrado profesionalismo para que continúen trabajando con responsabilidad y empeño, y recordarles que el haber perdido el examen no quiere decir que serán removidos inmediatamente de sus puestos, pues aún faltan varias etapas de dicho concurso. H: ¿Cuáles son las principales dificultades para llevar a cabo la carrera administrativa? G.M.D: Los obstáculos han sido múltiples para la implementación de la carrera, desde el tema presupuestal por los costos que estos procesos entrañan, pasando por la adecuación de instrumentos como el manual de funciones, hasta la definición de miles de situaciones que generaron derechos de carrera, como lo fue el proceso de selección para las fiscalías locales en 1994. No es fácil comenzar a poner en marcha un proceso de selección por concurso de méritos, pues este mecanismo ha sido extraño a la cultura institucional, lo que ha generado diversas reacciones que pueden afectar transitoriamente el clima organizacional, sin embargo, una vez iniciados los concursos, los funcionarios y la ciudadanía en general han respondido positivamente a los mismos. H: ¿Finalmente, doctor Mendoza, cuáles son sus propósitos y proyectos para el año que resta de esta administración? G.M.D: Continuar trabajando “sin prisa pero sin pausa”, como acostumbro a decirle a mis colaboradores, y cumpliendo con todas las responsabilidades que se me han confiado como vicefiscal general, con el anhelo de culminar mi ya larga trayectoria profesional en la Rama Judicial, simplemente con la satisfacción del deber cumplido. Así, el despacho del Vicefiscal junto a sus colaboradores culmina un año más de gestión, con efectivos avances relacionados con el tema de Carrera Administrativa y Parapolítica.

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Al cierre de esta edición, el Proyecto de Acto Legislativo Reforma Aditiva, Transitoria, Artículo 125 de la Constitución Política, había superado el octavo debate y entraba a conciliación entre Cámaras del Congreso.

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ENDICIÓN DE CUENTAS

El CTI

GESTIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA Más de 580 mil misiones de trabajo cumplidas y golpes contundentes a la delincuencia común y organizada, reflejan el trabajo realizado por el CTI durante el último año. Capacitación a sus funcionarios y acercamiento a la comunidad, también hacen parte de los aspectos positivos registrados durante los últimos 12 meses. Por: Mauricio Lombo Nieto on cifras que superan en algunas áreas el 97 por ciento de efectividad en el cumplimiento de las misiones de trabajo, el Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía presentó un balance altamente positivo de su gestión.

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Lo importante es que durante este año el CTI atendió tanto las misiones de trabajo asignadas bajo los parámetros del Sistema Acusatorio como las adelantadas en el Sistema Mixto.

El mismo balance muestra que el delito más investigado en el Sistema Acusatorio fue el hurto, del que se evacuaron 29 mil 82 misiones de trabajo. Le siguieron el hurto calificado, con 18 mil 971 casos, y la inasistencia alimentaria, con 14 mil 960. En el Sistema Mixto el hurto también fue el delito más común, con 17 mil 214 misiones de trabajo cumplidas. Siguieron en su orden la inasistencia alimentaria, con 13 mil 5 casos, y el homicidio, con 11 mil 726. Por su parte, la División de Criminalística reportó un total de 251 mil 196 diligencias practicadas durante el 2007 en ambos sistemas judiciales. Esto significa que los peritos evacuaron el 83 por ciento de las diligencias asignadas bajo el esquema del Sistema Acusatorio y el 74 por ciento en el Sistema Mixto. En cuanto a las áreas de criminalística, Lofoscopia practicó 37 mil 486 diligencias bajo los parámetros del Sistema Acusatorio. Le siguió Fotografía y Video, con 29 mil 451, y Química, con 16 mil 710. En el Sistema Mixto, Química reportó el mayor número de diligencias practicadas con 30

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Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

El reporte del CTI indica que la División de Investigaciones dio cumplimiento al 92 por ciento de las misiones asignadas en el Sistema Acusatorio y al 97 por ciento de los casos asumidos en el Sistema Mixto en el país. En total, sumando ambos esquemas judiciales, fueron cumplidas 329 mil 449 órdenes de trabajo.

Más de 580 mil diligencias judiciales realizaron los funcionarios del CTI durante el 2007, tanto en el sistema acusatorio como en el mixto.

mil 50, seguida por Lofoscopia, con 27 mil 848, y Fotografía y Video, con 16 mil 767. Igualmente, el CTI practicó 15 mil 714 inspecciones a cadáver en el país durante el 2007. De esa cifra, 9 mil 563

Golpes contundentes y caso Emmanuel Entre las acciones más importantes realizadas por el CTI en el 2007 se encuentra el desmantelamiento de una compleja red de tráfico de personas que operaba en Bogotá, Cali y Manizales. La investigación permitió la captura de seis personas procesadas por los delitos de tráfico de inmigrantes, concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documento público y privado. En otra investigación, agentes del CTI golpearon la estructura financiera del frente 27 de las Farc, que a través de una casa de cambios con sede en Bogotá y Villavicencio blanqueaba dinero de esa agrupación subversiva. En total fueron capturados 10 integrantes de esa red y cerradas las oficinas utilizadas para cometer el delito. Los detenidos actualmente son procesados por rebelión y lavado de dinero. Durante el año también fueron golpeadas organizaciones delictivas dedicadas a la falsificación y tráfico de moneda extranjera como dólares, euros, bolívares y pesos colombianos, entre otras. También golpearon nuevas estructuras delictivas montadas por desmovilizados de los grupos paramilitares, más concretamente de los bloques Norte y Resistencia Tayrona, que montaron su centro de operaciones en Ciénaga (Magdalena). En total fueron detenidas 14 personas por esos hechos. En los últimos días del 2007, el CTI dio las primeras puntadas para hallar a Emmanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio. Fueron precisamente agentes del CTI los que recibieron y procesaron información clave que permitió ubicar al menor en un hogar de paso del Bienestar Familiar, en Bogotá, y luego confirmar plenamente su identidad.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

correspondieron a homicidios; 695 a suicidios; 2 mil 430 fueron por casos accidentales; y 3 mil 26 por causas por establecer.

Por iniciativa de la Fiscalía, el Congreso de la República aprobó este año una ley que recuperó el derecho de pensión por exposición a alto riesgo a los servidores del CTI. En la foto, dos investigadores evalúan la escena de un incendio, en Bogotá.

Igualmente, durante el 2007 las 161 unidades de policía judicial del CTI en el país fueron dotadas con equipos de alta tecnología, con lo que están en capacidad de recopilar y procesar evidencia técnica útil en el desarrollo de las investigaciones. También se entregaron 19 vehículos dotados de equipos especiales para la investigación de campo.

Capacitación y prevención ciudadana Como sucede desde hace varios años, el Programa Futuro Colombia del CTI fue una herramienta fundamental para acercar la Fiscalía a la ciudadanía, a través de conferencias, talleres, foros y jornadas de integración, realizados en diferentes ciudades del país. Un total de 495 mil 90 personas, entre jóvenes y adultos, asistieron a las diferentes actividades organizadas.

Por iniciativa de la Fiscalía se logró que el Congreso de la República aprobara una ley que estableció el derecho de pensión por exposición a alto riesgo a los servidores del CTI que cumplen funciones permanentes de policía judicial, de escoltas y conductores.

Finalmente, es necesario resaltar el interés del CTI por mantener actualizado a su talento humano, para lo cual se organizaron talleres y seminarios dirigidos a los funcionarios en temas como gerencia en las investigaciones, manejo técnico del lugar de los hechos, elaboración de mapas delincuenciales, gerencia de la seguridad y la prevención y planeación de diligencias judiciales en el Sistema Acusatorio, entre otros.

Fue una labor que se inició en 2006 con la presentación del proyecto al Senado y en 2007 a la Cámara de Representantes, que terminó con la promulgación de la Ley 1223 del 16 de julio de 2008. La norma brinda a los servidores del CTI las mismas condiciones que tienen actualmente otras autoridades de policía judicial, como la Dijín, Sijín y DAS, para acceder a una pensión.

Todo lo anterior dirigido y organizado con una visión estratégica dirigida a fortalecer al CTI de la Fiscalía y potenciar sus resultados para cumplir adecuadamente su misión institucional. Muchos de los programas cumplidos en ese año, han tenido continuidad en el 2008, ya sea como parte de un cronograma o en respuesta por los beneficios obtenidos.

Labor de alto riesgo

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ENDICIÓN DE CUENTAS Unidades receptoras de denuncias

Foto: Fiscalía General

SERVICIO CON CALIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA

El Fiscal General recorriendo las nuevas instalaciones de CAVIF Y CAIVAS en Cúcuta, N. de Santander

La implementación y consolidación de modelos de atención como la SAU, URI, CAIVAS y CAVIF, han permitido excelentes resultados, que garantizan a los ciudadanos el acceso a la justicia. Por: Miryam Milena Anaya

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Inicialmente el modelo y procedimiento fueron regulados por el Fiscal General de la Nación, a través de la Resolución 2984 de Julio de 2005, como consecuencia de la expedición de la Ley 906 de 2004. Esta resolución se aplicó en todas las Direcciones Seccionales de Fiscalías con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, por lo que fue modificado en mayo de 2008, con el fin de que los procedimientos establecidos en las Salas de Atención al Usuario, dieran respuesta a los modelos MECI y al Sistema de Gestión de Calidad en estas seccionales. Entre el año 2005 y 2008, la Fiscalía creó 73 Salas de Atención al Usuario, ubicadas en las diferentes seccionales del país, con el fin de educar a la comunidad sobre las alternativas para la solución de conflictos por la vía de la conciliación. De todas las diligencias que esta unidad recibe del público en general se efectúa un filtro de denuncias para enviarlas

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Foto: Fiscalía General

ediante la acción interdisciplinaria de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, las Salas de Atención al Usuario, SAU, a partir de métodos pedagógicos y de sensibilidad, pretenden acercar al usuario a una administración de justicia, con un único objetivo: brindar asesorías y atención a todas las victimas de delitos que aquejan a un número significativo de la población colombiana.

Sala lúdica para los niños y niñas víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar.

a las autoridades competentes, como las Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia. Las Salas de Atención al Usuario también cuentan con la participación de profesionales y practicantes de diferentes universidades, con el propósito de prestar un servicio oportuno, eficiente y eficaz a la comunidad.

24 horas de atención al público Otro modelo de gestión que actualmente presta servicios de atención a las solicitudes de la comunidad, son las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Esta unidad, conformada por fiscales con funciones de dirección y coordinación de sus equipos de trabajo, coordinadores, asistentes de fiscal, secretarios administrativos y servidores de apoyo de investigadores y técnicos del CTI de la Fiscalía y la Sijin; Medicina Legal y Ministerio Público, es la encargada de atender aquellos eventos que constituyen hechos delictivos, que ocurren en cualquier sector y durante las 24 horas.

los centros de atención que la entidad ha implementado en 17 direcciones seccionales del país. Las diferentes seccionales de Fiscalías registraron y analizaron anualmente los índices de criminalidad y así, desde el Nivel Central, se definieron las ciudades en las cuales se implementarían los modelos mencionados.

El esquema de reacción inmediata se maneja a través de unidades destacadas para tal fin o por designación de fiscales en disponibilidad. De igual manera, todas las seccionales establecen turnos de servicio para garantizar la atención permanente de día y de noche.

La unidad piloto se implementó en Bogotá; los modelos de Cali, Bucaramanga y Medellín funcionaron a partir del año 2006; Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Popayán, Pasto, Quibdó, Neiva, Manizales, Buga y Palmira en el año 2007 y Armenia, Cundinamarca e Ibagué en el año 2008.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con 58 URIs a nivel nacional. Para este mismo año, la entidad implementará el Programa de Humanización del Servicio de Justicia en las URI de Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y posteriormente, en todas las seccionales del país.

Igual que las Salas de Atención al Usuario y las Unidades de Reacción Inmediata, el equipo de trabajo de estos dos centros de atención, está conformado por psicólogos y trabajadores sociales, quienes a diario atienden las víctimas de los punibles.

El proceso de humanización es un sistema de valores que respeta la autonomía de los individuos, la diversidad de ideas y la libertad de expresión de los servidores que se encuentran en las Salas de Atención al Usuario y Reacción Inmediata, es decir, un proceso de transformación de la cultura organizacional. Por otro lado, la Dirección Nacional de Fiscalías a través de una base de datos en Excel, recolecta, consolida y hace seguimiento a las estadísticas de modelos de gestión, tanto en las URI como en las SAU.

De esta manera, uno de los objetivos que tiene la entidad es divulgar a la comunidad sus derechos dentro del proceso penal, a través de un folleto que contenga la definición de violencia intrafamiliar y violencia sexual, signos de maltrato o abuso, recomendaciones para víctimas y derechos de las víctimas en el proceso penal. Próximamente, el ente administrador de justicia pretende replicar dichos modelos en el POA de la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla, Sincelejo y Villavicencio para un total de 20 sedes, en todo el territorio colombiano.

Cavif y Caivas: por la dignidad humana En Colombia y el mundo, son miles las personas que a diario sufren cualquier tipo de maltrato, ya sea de carácter intrafamiliar, laboral y/o sexual, entre otros.

Cavif (Centro de Investigación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar) y Caivas (Centro de Investigación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual), son

Foto: Fiscalía General

Para garantizar la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, la Fiscalía General de la Nación creó dos modelos de gestión interinstitucional e interdisciplinario, en el que los niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de estos delitos pueden conocer plenamente sus derechos.

El Fiscal General en la inauguración de CAVIF y CAIVAS en Cúcuta.

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Foto: Fiscalía General

ENDICIÓN DE CUENTAS

Justicia y Paz

POR EL CAMINO DE LA VERDAD Y EN LA BÚSQUEDA DE LA REPARACIÓN Más de 2 mil 700 hechos confesados, 3 mil 293 millones de pesos entregados para la reparación de las víctimas y un mil 289 fosas encontradas, son algunas de las estadísticas más relevantes que presenta la Unidad de Justicia y Paz. Por: Luis Alejandro Tibaduiza

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lo largo de tres años, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz ha contribuido al esclarecimiento de la verdad sobre miles de hechos de los cuales no se tenían antecedentes judiciales ni tampoco un número de víctimas determinado. En total son 3 mil 431 los postulados a la Ley 975, de los cuales 2 mil 868 pertenecían a las autodefensas y 53 a otros grupos armados ilegales como Farc, Eln, Erp y Epl. De este grupo, un mil 431 han iniciado versión libre, un mil 142 las han finalizado y, de esa cifra, un mil 133 no ratificaron su voluntad de acogimiento a la Ley. En estos casos, la UNJYP ha remitido a la justicia ordinaria aquellos casos documentados y en los cuales, presuntamente, estas personas participaron, con el único objetivo de realizar las investigaciones respectivas.

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De lo anterior se concluye que en Justicia y Paz, nueve versiones han agotado el trámite previsto por la reglamentación del Fiscal General de la Nación, y se están llevando a cabo las labores de investigación y verificación de los hechos confesados para realizar las imputaciones y solicitud de medidas de aseguramiento y cautelares. Dicho trámite ante los magistrados de Justicia y Paz ya se cumplió con Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’, desmovilizado del Frente Julio César Peinado Becerra, quien fue el primer postulado en presentarse a versión libre el 14 de diciembre de 2006. Son 2 mil 709 hechos confesados, entre los que se encuentran casos de connotación como las masacres de Mapiripán (Meta), El Salao (Bolívar), La Gabarra (Norte de Santander), Bar ‘El Aracatazzo’ en Chigorodó (Antioquia),

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

sociedades, una embarcación y más de 438 millones de pesos en efectivo. Así mismo, del balance total de bienes entregados al Gobierno Nacional, los cabecillas de las autodefensas entregaron 25 inmuebles, 4 mil 566 semovientes, cuatro sociedades, 739 millones de pesos en efectivo, así como los vehículos y las mercancías para boutique relacionadas anteriormente.

Exhumaciones y entrega de restos Como consecuencia de los hechos confesados por los postulados a Justicia y Paz, y el número de víctimas durante su accionar delictivo sepultadas en diferentes partes del territorio nacional, en agosto de 2007 se creo la Sub Unidad de Apoyo de la UNJYP con el objetivo de agilizar el proceso de exhumaciones y entrega de restos a los familiares.

Agentes del INPEC trasladan a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, al inicio de su versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz.

El balance hasta el 22 de julio último es de un mil 293 fosas encontradas en las cuales se han hallado un mil 559 restos óseos, de los cuales se ha establecido de manera preliminar la identidad de 513. De estos cadáveres, se han entregado 202 y quedan pendientes por entregar 13 osamentas a los familiares.

Macayepo (Sucre) y La Granja en Ituango (Antioquia), entre otras. Así mismo, los procesados bajo la Ley de Justicia y Paz han enunciado otros 8 mil 196 hechos delictivos, entre los que se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, reclutamiento ilícito de menores, secuestros y violencia sexual.

Gestión con las víctimas Con fecha de corte a 1º de julio de 2008, la UNJYP registra un total de 143 mil 405 víctimas inscritas, de las cuales 10 mil 890 han participado en las versiones libres que se han llevado a cabo en Bogotá, las sedes alternas de Medellín y Barranquilla, y eventualmente en otras ciudades y municipios del país.

Sin embargo, la investigación más importante que se desprendió de las versiones entregadas por los desmovilizados de las autodefensas fue la ‘parapolítica’. Postulados a la Ley 975 revelaron en sus diligencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, vínculos de tipo político, como el Pacto de Ralito, y también económicos, como los pagos efectuados por multinacionales bananeras como Chiquita Brands a los grupos paramilitares.

Frente al tema de atención a víctimas y la convocatoria a jornadas promovidas por la Fiscalía , durante 2006 se atendieron un mil 602 en 18 jornadas, en 2007 se atendieron a 15 mil 704 víctimas en 88 jornadas y durante el presente año se han atendido, en 27 jornadas, 6 mil 169 víctimas.

Bienes ofrecidos y entregados

Por último, en lo referente al oficio, profesión y/o labor de las víctimas, se destacan más de 400 casos en los cuales se vieron involucrados servidores públicos, 166 sindicalistas, 91 indígenas, 45 miembros de la Unión Patriótica, 18 periodistas, 13 integrantes de ONG´s y nueve defensores de Derechos Humanos1.

Una de las prioridades en la Ley de Justicia y Paz es la reparación integral a las víctimas de los grupos armados ilegales. Para tal fin, los postulados han entregado a Acción Social, por intermedio de la Fiscalía , 99 inmuebles, cuatro sociedades, diez vehículos, 5 mil 166 semovientes 3 mil 293 millones de pesos en efectivo, 4 motores fuera de borda y 722 mercancías para boutique.

Varios de estos bienes fueron ofrecidos por los 15 paramilitares extraditados a EE.UU el 13 de mayo último. Antes de ponerse a disposición de la justicia norteamericana ofrecieron 171 inmuebles, tres vehículos, 2 mil 160 semovientes, dos

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

De igual manera, los desmovilizados han ofrecido para su verificación, un total de 251 inmuebles, 14 vehículos, 2 mil 48 semovientes, 542 mil 302 millones de pesos en efectivo, dos sociedades, cuatro embarcaciones, un equipo de de rayos X, un equipo de odontología, un equipo de ecografía y dos computadores.

1

Cifras a 25 de julio de 2007. Fuente: UNJYP

La defensa de alias ‘El Mellizo’ oficializó la entrega de 2 mil quinientos millones de pesos para la reparación de las víctimas.

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ENDICIÓN DE CUENTAS

Fase IV SPOA

LA NUEVA JUSTICIA: ÁGIL, EFECTIVA Y OPORTUNA El primero de enero de este año finalizó la consolidación de un proceso que inició en 2002 con el Acto Legislativo No. 3 del 19 de diciembre, y que tenía como propósito garantizar el acceso a la administración de justicia de manera eficiente, así como agilizar los procesos penales. Hoy los resultados muestran que el objetivo se está cumpliendo y que la percepción de la sociedad hacía la Fiscalía es favorable. Por: Luis Alejandro Tibaduiza

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ace tres años y ocho meses la Fiscalía General de la Nación se embarcó en una nueva ‘aventura judicial’: el Sistema Penal Oral Acusatorio. Luego de varios debates en el Congreso de la República, el 31 de agosto de 2004 la nueva justicia quedaba instaurada bajo el amparo de la Ley 906, para ponerse en marcha a partir del 1º de enero del año siguiente.

Para hacer un balance de la Fase IV, Huellas dialogó con Luis Germán Ortega Rivero, Director Nacional de Fiscalías y uno de los fiscales seccionales más experimentados del país, para tener en cuenta los aciertos y también las dificultades

En pocos meses, el reto de equilibrar la eficiencia con las debidas garantías en los procedimientos penales, se cumplió con resultados que evidenciaban la celeridad en las investigaciones, la reducción en los tiempos procesales y, como consecuencia, la disminución en la impunidad. Los primeros distritos judiciales en implementar el Sistema Penal Acusatorio fueron Bogotá, Manizales, Armenia y Pereira. Durante la primera etapa la capital de la República se caracterizó, debido a su proporción frente a las otras ciudades, por superar el 65% en las diferentes variables, desde denuncias recibidas hasta sentencias condenatorias. Al año siguiente el turno fue para Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja; y en 2007 el SPOA se implantó en Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Mocoa, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. El balance, en cada una de las seccionales siempre tuvo dos características principales: agilidad en las investigaciones y aceptación de cargos por parte del procesado. La consolidación definitiva del SPOA en todo el territorio colombiano se llevó a cabo este año, cuando empezó a regir en Barranquilla, Montería, Sincelejo, Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Quibdó y Yopal.

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Luis Germán Ortega Rivero, Director Nacional de Fiscalías

que ha afrontado durante los 8 meses que ha estado al frente de la Dirección Nacional de Fiscalías.

distintas seccionales y a partir de las dificultades advertidas, elaborar un diagnóstico.

Huellas: ¿Cuáles son los resultados más visibles del SPOA Fase IV?

H: ¿Qué diferencias se presentaron con respecto a la implementación del SPOA en otras seccionales?

Luis Germán Ortega: En las seccionales donde se implementó el nuevo sistema se han fortalecido los modelos de atención en las URIs, SAUs y Casas de Justicia, entre otros. En estos, se viene implementando el programa de humanización del servicio de justicia con el cual se persigue consolidar un proceso de transformación de la cultura organizacional que necesita reconocer y valorar los aspectos subjetivos, históricos y socioculturales de los servidores que laboran en estas dependencias.

L.G.O: Al momento de la puesta en marcha de la Fase IV no se había capacitado suficientemente a los servidores en el manejo de los sistemas de información, particularmente el SPOA, a diferencia de las tres primeras fases, por lo que hubo necesidad de hacerlo cuando ya el sistema estaba en marcha.

Se ha logrado fortalecer, con el apoyo de nuestra Escuela de Estudios e Investigación Criminalística y Ciencias Forenses, y el Programa OPDAT, la capacitación de fiscales, Policía Judicial y demás servidores de nuestra institución destacados para el desarrollo de esta fase. Así mismo, la Dirección Nacional de Fiscalías capacitó a servidores de la Fase IV para el manejo y acceso adecuado a los sistemas de información, en especial lo relacionado con el SPOA. En materia judicial, durante el primer semestre de la Fase IV se destacan como logros significativos, fruto del trabajo en equipo de nuestros fiscales y la Policía Judicial, la legalización de 3 mil 69 capturas, la formulación de 2 mil 7 imputaciones, de las cuales se produjeron 350 allanamientos. Se logró la emisión de mil 44 medidas de aseguramiento privativas de la libertad y 326 no privativas de la libertad, así como 91 medidas cautelares sobre bienes. Con respecto a las audiencias ante los jueces de conocimiento se han presentado 749 escritos de acusación y se han logrado 290 sentencias condenatorias. De este último se destaca que la mayoría de condenas corresponde a formas de terminación anticipada del proceso, por allanamientos o preacuerdos, lo cual resulta ser una muestra relevante de los buenos fines, propósitos o bondades del nuevo sistema, haciendo realidad el principio de la pronta y cumplida administración de justicia.

No se previó la designación especial de servidores de policía judicial para la recepción de denuncias en URIs y SAUs, situación que igualmente se ha venido solucionando, teniendo en cuenta la experiencia de las fases anteriores. Además, los fiscales y servidores de Policía Judicial de la Fase IV, a diferencia de los de las demás fases, contaron con un mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial del nuevo sistema y también la experiencia de quienes en un comienzo les correspondió su avance. H: ¿Considera que la Fiscalía está preparada para atender las exigencias del sistema acusatorio en todo el país? L.G.O: La Fiscalía General de la Nación sí está preparada para atender en todo el territorio Nacional el Sistema Penal Acusatorio, tal como en su momento lo vislumbró el Fiscal General en su Direccionamiento Estratégico 2005 – 2009, y como lo anotábamos antes, se han venido disminuyendo los inconvenientes, especialmente se resalta que los fiscales, asistentes y Policía Judicial han sido capacitados en debida forma y se continúa reforzando, en los aspectos que se ha considerado pertinente realizar, a través del monitoreo que se viene haciendo.

H: ¿Qué dificultades se han presentado en esta fase? L.G.O: La falta de suficiente policía judicial, de salas de audiencias, infraestructura deficiente en algunas URI, SAU y Casas de Justicia, al igual que la poca capacidad en los anchos de banda para el funcionamiento del SPOA. Sin embargo, estas dificultades, que también han sido comunes en las anteriores fases, se han venido solucionando con el establecimiento de una comisión especial de monitoreo y seguimiento al Sistema Penal Acusatorio con la cual, a través de fiscales delegados destacados de manera especial y con el apoyo del programa OPDAT, que realizan visitas para observar el funcionamiento del nuevo sistema en las

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Igualmente, hay que subrayar que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y los mismos Tribunales Superiores ha permitido dilucidar algunas dudas y llenar vacíos que al comienzo se tenían frente a novísimas instituciones del nuevo Código de Procedimiento Penal y las discusiones propias del nuevo sistema que ante los jueces competentes deben dar nuestros fiscales y demás sujetos procesales. De la misma manera se debe resaltar la participación proactiva de todas las instituciones a las que de manera directa o indirecta la Ley 906 de 2004 les asigna responsabilidades, en desarrollo de una política de Estado, tal es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Defensoría, la Policía Nacional y los organismos de Policía Judicial mencionados. La dinámica del Sistema Penal Oral Acusatorio, como cualquier evolución jurídica, ha implicado la adopción de medidas y ajustes para el normal desarrollo del mismo, ante lo cual la Fiscalía General de la Nación ha liderado y respondido en forma eficaz y oportuna, repito, con el apoyo de las demás instituciones. H: En su opinión personal, ¿cuál es o cuáles son las principales diferencias entre la Ley 600 y la Ley 906?

El juzgamiento corresponde al titular del órgano jurisdiccional competente (Juez), ante él, en la audiencia de juicio oral, las partes aducen sus afirmaciones y sus pruebas. El juicio no es de “vía única”, como sí lo es en el caso de los sistemas inquisitivo y mixto. Las partes gozan de las mismas facultades y oportunidades. Hay absoluto respeto a la dignidad humana. El imputado o acusado es una persona, esto es, un sujeto de derechos. La libertad es un bien supremo. En este sentido, la Ley 906/04 considera como excepcional la medida limitativa de la libertad, precisando que su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales.

El juicio es oral, público concentrado, con inmediación y controversia

L.G.O: El nuevo Sistema Penal es eminentemente adversarial, con igualdad entre las partes, y tiene como fin primordial el logro de la justicia material guiada por principios rectores, democráticos y garantistas. Estos consagran la protección de los derechos del procesado, las víctimas y la efectiva presencia de los demás intervinientes, procurando humanizar la acción penal a cargo del Estado.

La presunción de inocencia, la oralidad, la inmediación, la concentración y la publicidad, son principios que favorecen la prontitud en el ejercicio de la justicia, evitan el error judicial y minimizan la impunidad. La inmediación probatoria se cumple ante un juez imparcial. En cuanto a los derechos fundamentales, se establece el control constitucional de ciertas actuaciones cumplidas por la Fiscalía: registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones, etc. Esta función la cumple el Juez de Control de Garantías quien debe ponderar aspectos como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que afectan los derechos de la persona. En razón del principio de imparcialidad el juez no es parte. Debe juzgar con base en lo alegado y probado. Con la Ley 906 de 2004 hubo desconcentración de funciones. Las funciones procesales de acusación, defensa y juzgamiento están atribuidas a órganos diversos. La acusación

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se atribuye al titular del ejercicio de la acción penal quien requiere el acopio de elementos materiales probatorios, de evidencia física o de información legalmente obtenida, que le posibiliten afirmar con probabilidad de verdad, que la conducta punible existió y que el imputado es autor o partícipe de ella. La defensa se atribuye al imputado, desde el mismo momento en que fluye la indagación.

En el nuevo sistema se señalan las técnicas de investigación de la prueba y los diversos medios cognoscitivos, lo mismo que los medios de prueba en el juicio.

Se garantiza la presunción de inocencia e in dubio pro reo. Si el juez no llegare a obtener el convencimiento derivado de los elementos de prueba, acerca de la responsabilidad penal del acusado, lo absolverá. Si el fiscal, en ejercicio de la carga de la prueba, no logra establecer la responsabilidad del acusado, porque subsiste duda razonable, ésta se resolverá a su favor. El juicio es oral, público, concentrado, con inmediación y controversia. La oralidad como técnica esencial es un formidable instrumento que aportó el nuevo sistema. El establecimiento de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o procesado conduce a la terminación anticipada del proceso y redunda en la celeridad procesal para la obtención de sentencias prontas. En el marco de la Ley 600 de 2000 el fiscal por sí y ante sí tiene la función de recaudar pruebas con vocación de permanencia puesto que deben tenerse en cuenta al momento de proferir sentencia, además define la situación jurídica del sindicado, pudiendo restringir derechos fundamentales como el de la libertad del justiciable, además dispone cuáles pruebas se aportan a la investigación y cuáles fluyen como inconducentes.

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ENDICIÓN DE CUENTAS

Meci y SGC

GIRO DE 180° EN LA GESTIÓN PÚBLICA En cabeza de la Oficina de Planeación se encuentra la responsabilidad de implementar los Sistemas de Gestión con Calidad y Modelo Estándar de Control Interno en la entidad. Adicional a ese compromiso, la Oficina de Planeación apoya a todas las dependencias de la entidad en el cumplimiento de las metas y resultados consignados en el Plan Estratégico. Por: Ingrid Forero Gutiérrez os retos de la Oficina de Planeación se ven reflejados en el balance de sus principales logros por medio de la consolidación estadística publicada en boletines, Anuario y el Atlas de Coberturas.

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Este incremento de personal va encaminado a fortalecer la Unidad de Justicia y Paz, las Unidades de Infancia y Adolescencia, y la Unidad de Derechos Humanos, prioridades de la actual administración. De igual manera, se han hecho esfuerzos para realizar Otras de las principales labores los trámites de extinción del derecho de dominio, así como ejecutadas fueron la el Plan Nacional de Búsqueda, georeferenciación del módulo Hallazgo e Identificación de política criminal y la aplicación Desaparecidos y el Programa de la segunda encuesta de Protección a Víctimas y de percepción sobre la calidad Testigos.

Así mismo, otras de las principales labores ejecutadas fueron la georeferenciación del módulo política criminal y la aplicación de la segunda encuesta de percepción sobre la calidad del servicio prestado por la entidad, que permiten conocer cómo es el servicio que ofrece la Fiscalía a los actores procesales y qué aspectos deben ser fortalecidos para mejorar el servicio.

del servicio

Por otra parte, fue gestionada ante el Gobierno la aprobación y ejecución del incremento en 2 mil 165 cargos de la planta de personal y ampliación del presupuesto de inversión. El 18 de enero de 2008, mediante los Decretos 122 y 123 se adicionaron 2 mil 165 cargos a la planta de la Fiscalía, distribuidos así: Justicia y Paz

DD.HH

Exhumaciones

753

303

71

Oficina de Infancia y Extinción Apoyo Protección Adolescencia de Dominio 261

720

20

37

Total 2.165

Otro aspecto ha sido el apoyo a la fase final de implementación y consolidación del Sistema Penal Oral Acusatorio en las seccionales de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Sincelejo, Montería, Cúcuta, Pamplona (Santander), Quibdó y Yopal.

Meci y Sistema de Gestión de Calidad La adopción estas dos herramientas fue concebida para mejorar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación del servicio, así como lograr la institucionalización del control como herramienta de

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ENDICIÓN DE CUENTAS

gestión, enmarcados en un ambiente ético que coadyuve al cumplimento de sus objetivos institucionales. En este sentido fueron proferidos los actos administrativos para la adopción de los sistemas de gestión, y se delegó a la Oficina de Planeación como responsable de liderar su diseño e implementación, la conformación del comité de coordinación de Meci y SGC y la creación de la estructura funcional para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de control interno y de gestión de calidad. Para impulsar la implementación de los sistemas se conformó un equipo de trabajo que sirviera de multiplicador de la información y con ayuda de la Escuela de Estudios, fueron capacitados integrantes del equipo Meci de las seccionales y del nivel central. Adicionalmente, se contrató el diseño de un curso virtual en ambiente web y en CD’s, y se conformó un equipo de formadores, tanto en gestión de calidad como en Meci. Igualmente, entre el 2007 y junio de 2008 la Oficina de Planeación con el apoyo de la firma Prisma preparó a 562 servidores y gestionó con el Sena la capacitación de 420 de ellos en las normas NTCGP1000:2004 y MECI1000:2005.

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Diseño de productos exigidos por las normas Para cumplir con los requerimientos del SGC y Meci, la oficina coordinó y apoyó a los responsables del diseño de los productos exigidos por dichos sistemas, obteniendo: • El Manual de Calidad que contiene entre otros la Política y Objetivos de Calidad, documentos coherentes con el plan de desarrollo, el direccionamiento estratégico, que incluyen el compromiso de cumplir con los requisitos de los clientes-usuarios y con la mejora continua del sistema dentro del marco de la Misión institucional. • Implementación de los documentos obligatorios exigidos por la norma de calidad: Control de documentos, control de registros, acciones preventivas y correctivas, producto no conforme y auditorías internas de calidad. • Adopción del modelo de operación por procesos a partir del mapa de procesos.

• La caracterización de los procesos con sus mecanismos de control, indicadores y normograma. Se destaca la documentación y oficialización del 100% de los procedimientos y protocolos del Área de Criminalística, acorde con los requisitos de la norma técnica NTC-ISO/IEC 17025:2005. • Software “BIT” que se encuentra en la Intranet y permite el manejo de las copias controladas de los documentos, el listado maestro y el registro de las acciones correctivas y preventivas de los procesos y subprocesos. • Códigos de Ética y Buen Gobierno, y políticas de talento humano, a cargo de la Secretaría General y sus dependencias adscritas. Estos documentos son los pilares del modelo y recogen los valores y principios rectores para el actuar del equipo directivo y de los servidores en general. • Programación, ejecución y seguimiento de los Planes Operativos Anuales con base en el Plan Estratégico “Gestión con calidad 2005-2009”. •

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permiten cumplir con su función de manera autónoma y neutral. • Se ajustaron los procedimientos de los planes de mejoramiento acorde con lo requerido por Meci. Las estrategias de divulgación han sido un soporte importante para apoyar la implementación, y entre ellas se cuenta la impresión de folletos, distribución de 19 mil cartillas, 10 mil 500 afiches alusivos a la misión, visión, políticas y objetivos de calidad y el mapa de procesos los cuales fueron enviados a todas las sedes de la entidad, distribución de 2 mil 800 CDs con cursos virtuales de SGC y Meci. Así mismo, publicación de artículos en la revista Huellas, utilización del sistema nacional de carteleras, boletines informativos y la disposición de documentos finales tanto de SGC como Meci en la Intranet a través del link “Sistema de Gestión de Calidad”.

Como aplicativo innovador que servirá de herramienta de gestión Informática a la entidad, se introdujo el Sispoa, que permite la planeación y el seguimiento de la gestión instiDiseño del componente adtucional, basada en indicadores ministración del riesgo que y resultados, en un ambiente comprende la definición del La Oficina de Planeación Web que facilitará la labor de contexto estratégico y la idenha venido cumpliendo a cabalidad registro, consolidación, seguitificación, análisis, valoración miento y evaluación del Plan con la labor encomendada y establecimiento de políticas Estratégico que debe formular de riesgo. cada administración, así como Diseño de las políticas de de los Planes Operativos Anuaoperación por proceso a les – POA -. cargo de cada uno de los líderes de proceso, las cuales Como estrategia de acercamiento de los servicios de la constituyen el marco de acción necesario para el logro entidad a la ciudadanía, se realizó la segunda encuesta de de los objetivos de los procesos. percepción sobre la calidad del servicio, aplicada a usuarios directos de nuestros servicios, como abogados litigantes y Identificación de las fuentes de información internas del Ministerio Público, denunciantes y testigos, personas imy externas de todos los procesos, incluyendo quién la putadas e indiciadas en procesos penales, y jueces penales genera, quién la recibe, el tipo de información y su uso. y magistrados de las salas penales de todo el país. Actualización de los sistemas de información con los que cuenta la entidad. Como conclusión importante de dicha encuesta se constituirán categorías de análisis apropiadas para concertar Identificación de los flujos para la comunicación organizapolíticas y directrices que mejoren cada vez más el servicio cional (interna) e informativa (hacia fuera) verificando el en la institución. tipo de información que se comunica, cómo se comunica y los medios utilizados. De igual manera se formuló el plan de medios que recoge las diferentes estrategias y modos de trasmitir la información a los diferentes públicos.

• Elaboración de las metodologías de autocontrol y autogestión que permiten a los líderes de procesos y subprocesos y directores seccionales realizar monitoreo permanente a la gestión y a los controles establecidos. • En el componente de evaluación independiente de Meci, a cargo de la Oficina de Control Interno, se diseñaron los instrumentos y metodologías requeridas que le

En síntesis la Oficina de Planeación ha venido cumpliendo a cabalidad con la labor encomendada de implementación de las normas NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005 en la entidad, con un claro compromiso que incluso supera los límites de los requerimientos legislativos, permitiendo dar continuidad a planes estratégicos trazados a lo largo de los periodos administrativos. Todos los retos y compromisos no podrían ser llevados a buen término sin el apoyo y el compromiso de los mandos directivos de la entidad, quienes juegan un papel definitivo en la implementación de estas herramientas gerenciales, reflejadas en los balances efectivos de la gestión institucional.

Huellas -21

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ENDICIÓN DE CUENTAS

En la Rendición de Cuentas:

BALTAZAR GARZÓN PIDE ELIMINAR ‘FANTASMAS’ PARA APLICAR JUSTICIA Y PAZ l Magistrado exhortó a buscar mecanismos para evitar que extradiciones de jefes paramilitares ‘se conviertan en casos de impunidad’ que, eventualmente, active la intervención de la justicia internacional.

E

‘Dispongo decretar la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet Ugarte por los delitos de genocidio y terrorismo, librando órdenes de búsqueda y de captura internacionales con fines de extradición.

Hace diez años, el 16 de octubre de 1998, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Española, profirió esta orden:

Librar urgentemente la orden internacional de detención a las autoridades judiciales británicas para su ejecución’.

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Así lo mandó y lo dispuso Baltazar Garzón Real, quien con tal decisión señaló derroteros en la intervención de la justicia internacional para conocer crímenes de lesa humanidad.

Para Garzón, si ello no ocurre podría presentarse el caso de que los responsables ‘pudieran convertir en un circo lo que es un escenario de máximo rigor para las víctimas’.

Garzón Real, hoy magistrado jefe de la Audiencia Nacional de España, estuvo en el Urabá antioqueño presenciando la diligencia, siempre dramática, de exhumar restos de víctimas, y observó con rigor de jurista la rendición de cuentas del fiscal general, Mario Iguarán Arana.

Tras explicar esos argumentos manifestó que en el ámbito internacional causó ‘perplejidad y sorpresa’ la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos (13 de mayo de 2008), por encima de la Ley de Justicia y Paz, aunque se hayan anunciado medidas para garantizar su aplicación.

Fue en ese contexto, en la propia sede central de la Fiscalía General, donde expresó sus temores en torno de los riesgos que pueden cernirse sobre la verdad, la justicia y la reparación; pilares de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Ante ello no dudó en reconocer que ‘nunca antes se ha constatado mayor voluntad para solucionar los problemas y nunca antes mayor sensibilidad con las víctimas y mayor entrega del Ministerio Público y de la Fiscalía.’ Para el juez Garzón, la Ley de Justicia y Paz, no obstante sus imperfecciones, ‘es una solución aceptable’, para enfrentar el complejo cuadro que integran víctimas y victimarios.

Lesa humanidad… ‘perplejidad y sorpresa’

Al adentrarse en la coyuntura nacional señaló la importancia que tiene dejar la interpretación de los márgenes de aplicación de la ley ‘a los jueces y no a otros poderes del Estado que deben aceptar con responsabilidad institucional las decisiones’ de los administradores de justicia. Tal principio, en su concepto, ‘otorga vida a los principios de legalidad, independencia e imparcialidad que corresponden en exclusividad al Poder Judicial’.

Corte Penal Internacional

Toda la comunidad internacional es la víctima y por tanto todos nosotros lo somos

A quienes dudan sobre la competencia de la justicia internacional para, eventualmente, investigar casos colombianos, Garzón les puso de presente que los crímenes de lesa humanidad, de los que conoce la Corte Penal Internacional, ‘ atacan de la forma más brutal a la persona como tal’ y por ende ‘ al genero humano’. Explicó, que ante la categoría de esos crímenes ‘ toda la comunidad internacional es la víctima y por tanto todos nosotros lo somos…’. Además, Colombia ratificó el 5 de agosto de 2002 el Estatuto de Roma, que dio origen a ese Tribunal permanente. El Magistrado español señaló en su intervención lo necesario que resulta la aplicación ‘muy exigente y restrictiva’ de los mecanismos previstos en Justicia y Paz. Y enfatizó que más allá de las controversias entre instituciones estatales, es menester que esa norma ‘ofrezca resultados a través de juicios públicos, aunque sea sobre algunos crímenes concretos y no respecto de todos y de una vez.’

Garzón Real, señaló que las extradiciones de los cabecillas de las autodefensas no pueden convertirse en ‘el obstáculo insalvable para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz’. De acuerdo con su criterio, si tal situación ocurriera ‘haría necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional, y en su caso, mediante la aplicación del principio de justicia penal universal’.

Garzón Real, advirtió ante los asistentes a la rendición de cuentas, que ‘si se constata esa imposibilidad (la de aplicar la Ley de Justicia y Paz) y que ésta ha podido ser inducida. Tal obstaculización podría tener alcance penal, máxime si, además, las extradiciones se producen por un país que no es parte de la Corte Penal Internacional’ Explicó que según su experiencia, una situación tan compleja puede superarse mediante acuerdos con las autoridades norteamericanas. Ya, en declaraciones a la prensa, el magistrado había sostenido que ‘no debe de haber obstáculos para que estas personas estén presentes en Justicia y Paz y que después sigan cumpliendo su condena por narcotráfico’.

‘Una justicia tardía no es justicia’ Para el magistrado español el viejo dicho ‘la justicia cojea pero llega’ es inexplicable en plena globalización.

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ENDICIÓN DE CUENTAS

Su sentencia es tajante e inapelable: La aplicación de la justicia debe ser rápida, porque ‘una justicia tardía no es justicia’. A renglón seguido subrayó que la aplicación de la ley debe hacerla el Poder Judicial, porque de no ser así, ‘la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también debe ser ineludible y pronta’.

Para este magistrado eliminar fantasmas se traduce en ‘un decidido apoyo a la Fiscalía y al Poder Judicial, facilitándoles los medios materiales, humanos y garantizándoles el ámbito de acción institucional que le corresponde, sin presiones y sin descalificaciones’

El Juez enfatizó en lo ineludible que resulta el encausamiento de los responsables en todos los niveles, pero con el reconocimiento estricto de todas las garantías procesales, con lo que el sistema democrático ‘ adquirirá firmeza y credibilidad’

Es imprescindible, afirmó, que los procesados respondan cuanto antes a la justicia y que los derechos de las víctimas sean reparados, porque sólo así Justicia y Paz podrá ‘transmitir esa sensación y realidad de que es un instrumento eficaz y no un fracaso’.

Garzón Real, reconoció que lo alcanzado con la Ley de Justicia y Paz ha sido ‘mucho aunque no suficiente’ y encareció la eliminación de ‘los fantasmas para su aplicación’.

Finalmente, Baltazar Garzón exhortó a que el Fiscal General sea acompañado en sus esfuerzos por evitar que ‘las extradiciones se conviertan en casos de impunidad.’

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EGIÓN

EL REGRESO A LA LIBERTAD DE LA PEQUEÑA DANIELA El trabajo coordinado entre investigadores del CTI del Meta y Guaviare permitió que una madre se reencontrara con su hija, luego de 21 meses y siete días de dejarla al cuidado de una mujer que la había raptado y no quería entregarla.

Foto: Coordinación Prensa - Villavicencio

Uno de los vecinos le informó que habían vendido la casa, pero nadie daba razón de su paradero.

Miembros del CTI de la Unidad de Policía Judicial de San José del Guaviare, rescataron a una menor raptada en esa zona del país.

Por: Edwin Pinillos

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l 17 de agosto de 2006, Luz Adriana Franco viajó a la inspección de Palmarito en Vichada con la ilusión de conseguir un trabajo que le permitiera una estabilidad económica para ella y *Daniela, su pequeña hija de cuatro años. Sin embargo ese día, lo que parecía la solución a la crisis que vivía, marcó el comienzo de su pesadilla. Antes de partir buscó a Lida Cortes Díaz, una vecina del barrio “La Nohora” en Villavicencio para que se encargara de su pequeña a cambio de una remuneración de 200 mil pesos durante tres meses, con la tranquilidad de que Daniela ‘quedaría en buenas manos’, algo de lo que no dudó en un principio, pues se comunicaba de manera permanente con ella. No obstante, un manto de preocupación y desconfianza apareció cuando le comunicó a su vecina que regresaría, y ella le aseguró que no era lo más conveniente pues la situación estaba aún más complicada y lo mejor era “que se quedara por allá”. El 12 de febrero de 2007, casi una semana antes de que la niña cumpliera cinco años, la buscó pero no la encontró. Tampoco supo a dónde se había ido Lida, ni sus familiares.

Seis meses después, la mujer llamó a Luz Adriana, le dijo que estaban en Bogotá y le pidió que le regalara la niña. Ella se negó y dijo que no podía viajar a recogerla debido a una cirugía. Entonces volvieron a perder contacto hasta el 27 de diciembre de ese año, cuando Lida le insistió nuevamente que le regalara a Daniela y le firmara un documento para legalizar la adopción. Luz Adriana le advirtió que la denunciaría y Lida respondió que de ese modo no le quedaba más remedio que “mandarle a hacer la vuelta”. Luz Adriana Franco instauró la denuncia penal el 6 de febrero de 2008 en el CTI de Acacías (Meta) contra Lida Cortés Díaz. En ese momento comenzó la labor investigativa. “Los investigadores obtuvieron información de un trabajador de Cortés Díaz, quien manifestó que la niña estaba en malas condiciones y que la tenían desempeñando labores domésticas en la vereda Tres Esquinas del municipio de Puerto Concordia, al sur del Meta. También dijo que Lida Cortés le decía a quien le preguntaba, que la niña se la habían regalado”, explicó José Uriel Sánchez Rosas, Director del CTI en ese municipio. De esa forma cruzaron información con sus homólogos de San José del Guaviare y emprendieron labores de inteligencia para ubicar a la niña de seis años, las cuales arrojaron resultados positivos tres meses y 18 días después, cuando rescataron a la pequeña Daniela en el barrio El Porvenir de Puerto Concordia, límites entre Meta y Guaviare. El 24 de mayo de 2008, miembros de la Unidad de Policía Judicial de San José de Guaviare ingresaron a la vivienda de Lida, la capturaron y rescataron a la niña, antes de que viajaran a Calamar (Guaviare), a donde la mujer tenía previsto comprar una parcela. En audiencia de Control de Garantías, Lida Cortes Díaz no se allanó a cargos y en los próximos días será presentada ante un juez de conocimiento, a quien deberá explicarle las razones que la llevaron a retener la niña que durante más de 21 meses quiso tener como su propia hija. *

Nombre ficticio para proteger la identidad de la menor.

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TI

MARCAS DELATORAS En más de una ocasión una huella digital tomada en la escena de los hechos es suficiente para condenar a un delincuente. Pero descubrir la adecuada que sirva como prueba en una audiencia es más complejo de lo que se cree. Revista Huellas hace un acercamiento al trabajo que realizan nuestros peritos del área de lofoscopia del CTI a partir de un caso de hurto en Bogotá. Por: Mauricio Lombo Nieto

L

a impresión de media huella digital hallada en la ventana de una casa donde fueron hurtados más de 500 millones de pesos en efectivo, fue suficiente para que expertos en lofoscopia del CTI identificaran a uno de los autores del hurto y a través de él ubicaran a tres cómplices más del robo. El caso ocurrió en noviembre de 2007, cuando cuatro hombres armados ingresaron a una vivienda en el norte de la capital y hurtaron el dinero, aprovechando que los propietarios del inmueble no se encontraban en el lugar. Para ingresar, uno de los delincuentes retiró un vidrio pequeño de la alcoba auxiliar e ingresó a la casa. Posteriormente, retiró los seguros de otra ventana y facilitó el ingreso de sus cómplices. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los delincuentes permanecieron en el lugar por más de media hora, tiempo en el cual registraron las alcobas, el estudio, la cocina y martillaron varias de las paredes buscando caletas o cajas fuertes, hasta que dieron con el dinero, que estaba escondido en un falso cajón en el armario del cuarto principal. Una casa en total desorden, con cajones y ropa tirados por todos los rincones fue el panorama que encontraron los investigadores del laboratorio del CTI de la Fiscalía al ingresar al lugar.

Exploración del sitio “Lo primero que debe hacer el perito encargado de la exploración dactiloscópica es observar detenidamente el sitio, para establecer los puntos clave donde estuvieron los delincuentes para concentrar la búsqueda de marcas de dedos y manos

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dejadas por los delincuentes”, indicó a Huellas Marlon Campo, perito en lofoscopia del CTI Seccional de Bogotá, que ha conocido múltiples casos de esa naturaleza. En este caso, los peritos aparentemente tenían una variedad de superficies y lugares que facilitarían la ubicación de la huella adecuada: paredes, puertas, sillas, cajones, mesas y vidrios, etc. Sin embargo, el tema no es tan sencillo. “Muchas de las huellas que descubrimos no sirven porque no son claras, son parciales o la superficie donde se encuentran no permiten una buena impresión”, agrega Campo al explicar las dificultades que sortean los investigadores en la escena de los hechos. Precisamente la exploración en la vivienda arrojaba huellas incompletas o borradas intencionalmente por los ladrones, lo que no generaba muchas expectativas sobre la posibilidad de identificar a los autores. Por más de hora y media buscaron los agentes del CTI alguna huella que sirviera para la investigación. Cuando iban a concluir el trabajo, revisaron nuevamente el vidrio que retiraron los intrusos y en una de sus esquinas, y aunque muy tenue y muy parcial (si se midiera en porcentaje diríamos que era un 40 por ciento de la huella), los investigadores encontraron el rastro de un dedo índice que posiblemente serviría para cotejar.

Bifurcaciones, ojales y fragmentos Esos son algunos de los términos utilizados usualmente por los peritos que se dedican a observar y analizar diariamente

cientos de huellas encontradas en las escenas de los hechos y que hacen parte de las investigaciones. El trabajo consiste en identificar de quién son las huellas encontradas en el lugar. Apoyados en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los agentes judiciales comparan y descartan las que pertenecen a los habitantes del lugar y que no son sospechosos en el proceso. Luego, las huellas que no corresponden a esa clase de personas se ingresan al Sistema de Identificación de Impresiones Dactilares, AFIS, de la Fiscalía. Este sistema contiene las huellas digitales de todas las personas que por alguna razón han sido indiciadas o sindicadas en algún proceso penal. El AFIS también está en capacidad de arrojar un número indeterminado de huellas que podrían coincidir con las que tienen los investigadores. En este caso, el sistema arrojó diez huellas que mostraban características muy similares a la hallada en el lugar. “Aunque tenía una muestra muy parcial, su parte central mostraba algunos puntos que permitían una comparación efectiva”, comentó Campo al relatar el trabajo que se realizó en el laboratorio. Punto por punto, surco a surco, cotejó y

analizó características naturales en una huella digital como ojales, fragmentos, puntos, terminaciones abruptas, convergencias y bifurcaciones, hasta encontrar al ‘dueño’ de la huella encontrada en la escena de los hechos. Para que un cotejo dactilar sea válido, la ley colombiana estableció que los peritos deben encontrar mínimo diez características iguales entre la muestra tomada y la hallada en el sistema AFIS. En este caso, la persistencia del investigador permitió hallar cerca de 20 puntos de coincidencia que permitieron identificar, sin duda alguna, al responsable del multimillonario hurto. El resto fue más sencillo. Con uno de los autores identificado, el fiscal del caso solicitó la orden de captura y con su aprehensión se logró conocer la identidad de los demás integrantes de la red delictiva, que al parecer sería responsable de varios hurtos de casas y apartamentos en Bogotá. De esa forma, gracias a la habilidad de los peritos, tanto en la escena del hurto como en el análisis de la muestra, una huella digital se convirtió en el elemento probatorio concluyente que permitió consolidar y sustentar con éxito en audiencia pública la aprehensión de uno de los autores del hurto.

Conceptos Básicos La lofoscopia es la ciencia que engloba los procesos de dactilotecnia, reseña, clasificación e identificación de las crestas papilares existentes en la piel. La rama que se ocupa de la búsqueda, dirección, revelado y transplante de huellas de origen lofoscópico es la dactilotecnia. El revelado de una huella se logra mediante la utilización de reactivos apropiados para la superficie donde son halladas las marcas y a la composición química de la transpiración de la piel. Los reactivos utilizados son de diversas clases y se aplican dependiendo la superficie a examinar: Clases de reactivos físicos: Pulverulentos. Pueden ser: Óxidos: Se aplican en la madera, papel y metal. Metálicos: Utilizados en cobre, oro, vidrio, fórmica y enchapes. Magnéticos: Sirven para el análisis de todas las superficies, excepto las metálicas. Fluorescentes: Superficies multicolores. Mixtos. Se dividen en: Magnéticos fluorescentes: Para todas las superficies multicolores, excepto las metálicas. Oxido metálicos: Para todas las superficies. Reactivos líquidos de pequeñas partículas: Superficies secas o húmedas. Reactivos químicos: Iodettes: Se aplica en todas las superficies, excepto las metálicas. Sirve para huellas recientes, máximo de 48 horas. Ninhydrina: Se usa para analizar documentos. Cianoacrialato: Para superficies plásticas, metálicas, PVC, papeles platificados, cueros y cuerinas. Amido Black: Para superficies contaminadas con sangre. *

La historia narrada se basó en hechos reales aunque se cambiaron nombres y algunas situaciones para proteger las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales.

Huellas -27

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USTICIA Y PAZ

Balance de la visita de Luis Moreno Ocampo, fisc

-CPI- RECONOCE ESFUERZO DE CONTRA LA IMPUNIDAD

En su reciente visita al país, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno en materia de Justicia y Paz, y reconoció, que la reparación de las víctimas del con Por Luis Fernando Marulanda a llegada a Colombia del jefe del principal tribunal de justicia internacional estuvo acompañada de respaldo absoluto a la labor de la Fiscalía. Desde su arribo al país, Luis Moreno Ocampo, abogado de profesión que lleva 5 años al frente de la Corte, expresó su aceptación frente al proceso de Justicia y Paz, y destacó la loable labor de la Fiscalía para combatir la impunidad.

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Sin embargo, Moreno Ocampo no manifestó su apoyo basándose únicamente en informes, comentarios o conversaciones con las autoridades judiciales del país, fue directamente al terreno donde a diario fiscales de Justicia y Paz, investigadores y especialistas en ciencias forenses desentierran la verdad que dejó bajo tierra la violencia. Acompañado del Fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana, del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón, del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y del jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Luis González León, la máxima autoridad de la CPI llegó hasta la vereda Las Cañas de Turbo (Antioquia) y presenció la exhumación de 22 restos óseos que correspondían, presuntamente, a víctimas del paramilitarismo. “La presencia de nosotros acá muestra nuestro interés en Colombia, en la Fiscalía y en la Policía colombiana de investigar los hechos (…) Hay jueces, hay investigaciones, también hay esta clases de exhumaciones para descubrir la verdad, eso es muy importante”, declaró Moreno Ocampo ante medios de comunicación que asistieron a la diligencia judicial.

Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional

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El fiscal argentino explicó que la Corte Penal Internacional es un organismo que busca la no impunidad en Colombia, “este es nuestro rol, asegurar que si el gobierno no puede nosotros lo vamos a hacer”, y añadió que por ahora su tarea es analizar lo que está haciendo el país porque de acuerdo

fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

DE LA FISCALÍA EN LUCHA

eno Ocampo, destacó los avances de la justicia colombiana, especialmente el conflicto armado por vía administrativa, es un avance significativo. con el Estatuto de Roma, que es la ley global, “la responsabilidad primaria es del Gobierno Nacional” y puntualizó que vendrá al país cuantas veces sea necesario. El funcionario también reconoció que la justicia colombiana está buscando, a su manera, “soluciones muy complejas a problemas muy complejos” y que está mostrando seguridad en ese proceso. Por su parte el fiscal Iguarán Arana explicó a sus acompañantes en el mismo sitio de las exhumaciones que lo más importante es la verdad y la reparación.

“Saben ustedes que para eso se necesita una logística y equipos muy importantes, vieron los lugares tan y tan difíciles por la topografía. Para hacer las ubicaciones y obtener la información, se necesita un tiempo y sobre todo cuando los cabecillas desmovilizados tienen que conocer la información de sus colaboradores”, expresó. El Fiscal General reiteró su agradecimiento al compromiso y la gestión de los fiscales, los topógrafos, los morfólogos forenses y los investigadores, en la búsqueda de restos y elementos que permitan conocer lo que realmente ocurrió en el conflicto. A su turno, el Magistrado Juez de la Real Audiencia de España, Baltazar Garzón Leal, elogió el esfuerzo integral de la justicia colombiana. “Si ustedes ven, se llevan la sensación de que lo que se está haciendo es algo muy difícil de lograr, y Colombia lo está haciendo. Las masacres, las investigaciones, las versiones libres y las imputaciones que ya se están empezando a hacer, los avances en todos los frentes judiciales, creo que es un esfuerzo integral. Enfatizó”.

En la vereda Las Cañas el Fiscal General Mario Germán Iguarán, en compañía de Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional y Baltazar Garzón, Magistrado Jefe de la Audiencia Nacional de España, observan las labores de exhumación realizadas por los expertos del CTI.

“Hay cerca de 20 cadáveres que están pidiendo justicia, y sus familias que están pidiendo justicia también, y eso no se puede defraudar. Por eso la importancia de la Ley de Justicia y Paz

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USTICIA Y PAZ

Foto: Divulgación y Prensa, Nivel Central, FGN.

Entonces sólo intervenimos si el gobierno nacional no termina con la impunidad.

Panorámica de la Vereda las Cañas de Turbo, Antioquia en donde se realizó la exhumación de 22 restos.

es esa, está en el límite de lo aceptable y de lo legalmente asumible. Por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, va a estar pendiente, y si tiene que intervenir, interviene”, puntualizó Garzón.

Declaraciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo “La presencia de nosotros acá muestra nuestro interés en Colombia, en la Fiscalía y en la Policía colombiana de investigar los hechos, pero parece que la presencia del juez Garzón expresa el respaldo de España en el proceso. “Hay un compromiso global para ayudar a las víctimas. Las víctimas tienen un rol en la Corte Penal Internacional, tenemos un compromiso de ayudar a las víctimas en un lugar remoto como este. Necesitamos seguridad.

“En la medida en que Colombia haga justicia, la Fiscalía es una herramienta que asegura que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si Colombia no puede, nosotros lo vamos a hacer. “Hemos visto un proceso muy fluido, estuve aquí en octubre y ya estoy de nuevo porque queremos estar seguros de cómo funciona la Justicia en Colombia. Vamos a hacer un informe de lo que vimos en esta segunda visita, donde hubo cambios. “Desde mi primer visita en octubre ha habido una evolución en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, es una evolución positiva en los hechos del sistema de reparación de las víctimas. “Yo soy un Fiscal que está mirando los procesos judiciales en Colombia, tratando de advertir los matices como este de la verdad, y en su momento tengo un rol que es determinar si existe o no investigaciones genuinas en Colombia. “He venido a apoyar y monitorear, me parece importante que Colombia sepa que no está sola, hay un compromiso internacional de seguir lo que pasa en Colombia, de que no va a haber impunidad y de que puede ofrecer al mundo una solución muy compleja a un problema muy complejo”.

Declaraciones del Fiscal General de la Nación Mario Germán Iguarán Arana

“Las víctimas quieren estar presentes en este proceso pero tienen miedo, así que todavía hay tres problemas: justicia, verdad y seguridad.

“Estamos acompañados del doctor Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional, del Juez español Baltazar Garzón, y el Director General de la Policía , Oscar Naranjo mostrándoles lo que hace el Estado colombiano, la Policía y la Fiscalía en ese propósito de desenterrar la verdad dentro del proceso de Justicia y Paz.

“Controlar el tema de seguridad acá es todo un desafío, la función de la Corte Penal Internacional es hacer un análisis de lo que está pasando. Agradezco al Fiscal por invitarme a observar lo que están desarrollando en su tarea, es muy importante en La Haya que los jueces digan lo que está pasando en Colombia.

“Aquí como en nueve lugares distintos, hoy estamos encontrando los restos del conflicto. Ahora en este caso, encontramos más de 20 cadáveres, por información entre otros, de alias H. H, de ahí la importancia de continuar con el proceso de Justicia y Paz y con las versiones de estas personas.

“Hay jueces, hay investigaciones, también hay esta clases de exhumaciones para descubrir la verdad, eso es muy importante.

“Lo importante es la verdad y la reparación. Saben ustedes que para esto se necesita una logística y equipos muy importantes. Miren los lugares tan apartados y tan difíciles sobre todo por la topografía. Para poder hacer las ubicaciones y obtener la información, se necesitan unos tiempos, sobre todo cuando los cabecillas desmovilizados tienen que conocer las informaciones de sus colaboradores en el crimen.

“Yo estoy acá invitando por la Fiscalía, básicamente para discutir y ver cómo hace los procesos y cómo afecta esta posibilidad. Nosotros vamos a hacer un informe, explicando lo que vimos en esta última visita para tener claridad sobre lo que estamos viendo, pero mi tarea por ahora, es analizar lo que está haciendo Colombia, porque el acuerdo del Estatuto de Roma, que es la ley global en el mundo de hoy, le da primacía a la responsabilidad del gobierno nacional.

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“Esta es toda una comisión de fiscales, topógrafos, morfólogos forenses y también de investigadores que empiezan a hacer todo un trabajo de campo y entrevistas para poder llenarnos de elementos y establecer lo que acá ocurrió”.

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LANEACIÓN

Implementación del SISPOA

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa, Cali, FGN.

TRABAJO SEGURO Y EN LÍNEA La Oficina de Planeación capacita a todas las seccionales y al nivel central, en el manejo del Sistema de Información del Plan Operativo Anual - SISPOA -, como herramienta que reemplazará gradualmente las hojas electrónicas mediante las cuales se le dio vida al Plan Operativo Anual - POA -.

Por: Cristina Díaz Vásquez

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a connotación del proceso de planeación en la gestión de la entidad involucra de manera directa a la Oficina de Planeación, que realiza de forma permanente estrategias que generen dicha cultura en la entidad. Esta dependencia estableció inicialmente un aplicativo en hojas electrónicas que facilitaba la labor de programación anual, el seguimiento y la evaluación de la gestión institucional. Actualmente, la terminología que encierra este proceso no es extraña para los servidores, y tanto los jefes como sus colaboradores, interiorizan su importancia e impacto en el día a día laboral. La articulación que existe entre el POA y el Plan Estratégico no estaba sistematizada, pues el trabajo de consolidación de la información que proporciona el POA, junto con los tableros de control o semáforos, eran documentos que se generaban en forma manual. Dicha situación presentó dos limitaciones: por un lado no retroalimentaba oportunamente a las dependencias en cuanto al desarrollo de su gestión; y, por el otro no permitía adicionar de manera automática los resultados del Plan Estratégico obtenidos a partir de la consolidación de los POAs, imposibilitando así el seguimiento y la determinación de su estado de avance en forma inmediata.

Al evaluar las falencias que presentan las hojas electrónicas, y con el ánimo de facilitar el trabajo de todos los que participan en el proceso, la Oficina de Planeación, en coordinación con la Oficina de Sistemas, aprovechó la tecnología existente para ofrecer una herramienta informática más avanzada: el Sistema de Información del Plan Operativo Anual - SISPOA -. En este sentido, se migró de una herramienta manual a una diseñada en ambiente web, la cual permite que el proceso de planeación, seguimiento y evaluación, sea expedito y oportuno.

Ventajas Esta herramienta contribuye a que las dependencias tengan una retroalimentación oportuna de su gestión y sus resultados, porque a medida que registra la información, agrega los resultados de la ejecución al Plan Estratégico. Por ser en ambiente web, la comunicación que existe entre la Oficina de Planeación y las distintas dependencias de la entidad es en línea, y el avance del Plan Estratégico puede ser consultado en forma inmediata. El sistema está en proceso de implementación con el propósito de mejorar la gestión institucional. El aporte de todos los servidores que participaron en la capacitación fue definitivo en el trabajo de mejora continua que se inicia paralelamente a esta implementación, para materializar el POA mediante una herramienta informática cada día más ágil, efectiva, eficiente y sencilla para todos los usuarios. Fuente: Ángela María Paixão Pardo, Profesional Especializado I de la Oficina de Planeación.

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F

ISCALÍA

Ley de Infancia y Adolescencia

Foto: Cortesía Colprensa.

POR EL RESTABLECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

La implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes inició su Fase I el 15 de marzo de 2007.

El trabajo que realizan los servidores y funcionarios adscritos a las unidades de Responsabilidad Penal para Adolescentes, reivindica el aporte que desde la justicia se hace a la sociedad. Por: Cristina Díaz Vásquez

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l 41.5% de la población colombiana corresponde a niños y niñas menores de 18 años de edad, sujetos titulares de derechos por parte de la Convención de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, la Constitución Política y normas que los desarrollan. Bajo este panorama, desde el año 2002 el Ministerio Publico, el Sistema de las Naciones Unidas y Organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales, unieron esfuerzos con el propósito de construir de manera conjunta un Proyecto de Ley Integral para la Infancia y la

Adolescencia en Colombia, con el objetivo de actualizar el Código del Menor vigente desde 1989, y poner a tono la legislación sobre la niñez en el país con la Convención de los Derechos del Niño y los demás instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, así como con la Constitución Política de 1991. Los cambios estructurales de esta iniciativa parten de la adopción de una nueva política que permite enfrentar de mejor forma los problemas de la población infante y adolescente; para esto se realizó la transición de una regulación insuficiente conocida como “situación irregular” como la contemplada en el derogado Código del menor (Decreto 2737 de 1989) a una política de Protección Integral, que adopta el nuevo Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). La Ley de Infancia se estructura con un enfoque de derechos y de garantías, estimando una cobertura de 16 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan el territorio nacional, incluyendo a los que eventualmente cometen delitos quienes, a la luz de los Tratados Internacionales, serían responsables penalmente por sus conductas.

Alcances Dentro de los alcances de la Ley, se precisa la corresponsabilidad entre las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, encaminadas a la protección integral de los niños y niñas de acuerdo con la Constitución Política y la ley. Se precisan medidas de restablecimiento que consagran la obligación de todas las autoridades públicas de cualquier sector y de todos los niveles a informar, conducir y denunciar ante la autoridad competente cualquier amenaza o vulneración de la que sea objeto un niño o adolescente.

alcanzan el 50%. Los adolescentes con escasos recursos económicos o que no tienen familia, deberán ser remitidos y atendidos para medidas de restablecimiento de sus derechos por el sistema de protección integral y no por el sistema de responsabilidad penal. En todos los casos, los padres o personas de quienes dependan los adolescentes tendrán que responder ante las víctimas por los daños que las conductas de los adolescentes generaron. Transcurrido un año desde la puesta en marcha de las Unidades de Responsabilidad Penal para Adolescentes en las seccionales de Bogotá y Cali, como pilotos en la implementación de la Ley 1098 de 2006, y desde abril de 2008 en Armenia, Manizales, Pereira, Medellín; Palmira y Buga, en Valle, la Fiscalía continua en la constante y ejemplarizante tarea de impartir justicia, teniendo como base los principios de dignidad humana y protección integral, así como los pedagógicos, específicos y los contenidos en la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad. A través de las directrices de Luis Germán Ortega Rivero, director Nacional de Fiscalías, se realiza de manera permanente acompañamiento y asesoría a las Unidades de Responsabilidad Penal para Adolescentes que forman parte de las Fases I, II, así como en la implementación de la fase III. “En la puesta en marcha de la Fase II se efectuaron visitas a las seccionales, se gestionó con la escuela de la entidad el programa de capacitación que va hasta el 24 de noviembre de 2008, y que comprende el refuerzo para la Fase III y

La Dirección Nacional de Fiscalías, ha realizado de manera permanente monitoreo, acompañamiento y asesoría a las Unidades de Responsabilidad Penal para Adolescentes que forman parte de las Fases I, II y III.

La Ley para la Infancia y la Adolescencia en Colombia, pretende que la intervención penal sea mínima, por ejemplo en delitos contra el patrimonio económico cometidos por adolescentes, que en Colombia

Foto: Cortesía Colprensa.

Convenios, reglas y directrices

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ISCALÍA

la capacitación para la Fase IV. Igualmente, se incluyó un programa para formadores”, manifestó Ortega Rivero. “Actualmente estamos trabajando en la implementación de la Fase III, actividad encaminada a la consecución de sedes donde pueda funcionar articuladamente el sistema. Para ello las diferentes seccionales han creado comités interinstitucionales que se reúnen periódicamente con los demás entes, con el fin obtener resultados exitosos”, puntualizó. El Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes inició su Fase I el 15 de marzo de 2007 y los distritos judiciales de Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, Buga y Palmira, que corresponden a la Fase II, a partir del 1 de abril de 2008. Los distritos judiciales de Popayán, Tunja y Santa Rosa de Viterbo, están operando desde el 1 de octubre de 2008, como parte de la Fase III. Conforme a lo señalado en el Decreto 3840 de septiembre 30 de 2008, que modificó el Decreto 3951 de 2007, de gradualidad. Es así como se estableció que la Fase IV, estaría integrada por las seccionales de Bucaramanga, San Gil, Cúcuta y Pamplona, iniciando el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes el 15 de diciembre de 2008, en tanto que la Fase V, entrará a operar el 1 de junio de 2009 y la Fase VI el 1 de diciembre de 2009, quedando implementada en todo el país la Ley 1098 de 2006.

penales para adolescentes, jueces de control de garantías, jueces de conocimiento, Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores y la Corte Suprema de Justicia), Policía Judicial experta en infancia y adolescencia, la Defensoría Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el Ministerio Público, -actúa y vigila todas estas decisiones, siendo facultativa la opción de impugnar cuando lo considere pertinente, ello sin perjuicio de las facultades constitucionales que tiene-, y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Población objeto El sistema de responsabilidad penal esta dirigido a los menores que al momento de cometer el hecho punible tengan entre 14 y 18 años; ellos serán juzgados en un proceso pedagógico y educativo en el que se suman como sujetos procesales permanentes el defensor de familia y el Ministerio Público. En este sentido la Policía Judicial debe ser especializada en derechos humanos, en infancia y adolescencia, y las audiencias en las que participen los adolescentes, si el juez lo considera conveniente, podrían ser cerradas al público y a los medios de comunicación. Este es un proceso en el que la investigación y el juzgamiento son adelantados por fiscales, jueces y magistrados especializados en Derecho Penal, Derecho de Familia y Derechos Humanos de Infancia, y que deberán someterse a procesos de formación permanente. Bajo este sistema solamente podrán ser privados de libertad los adolescentes entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos. Las medidas pedagógicas que incluyen la privación de la libertad en ningún caso podrán superar los 8 años.

Interinstitucionalidad Participan en este proceso y forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura (jueces

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Esta unidad es especial porque aparte de garantizar los derechos, los adolescentes están en una edad de cambio, susceptible de corregir su conducta, incursionando con mayor énfasis en el carácter pedagógico, porque a quien se le interna se le capacita, se le brinda asistencia sicológica y siquiátrica, teniendo en cuenta su entorno familiar y social.

Caso del ‘Skin Head’ El sábado 8 de septiembre de 2007, el guitarrista Julián Javier Prieto Herrera de 24 años, departía con su grupo de amigos en el bar ‘Rikotto’ de la zona rosa en Bogotá. Dentro y fuera del sitio también estaban reunidos varios jóvenes conocidos

La Policía Nacional participa en la labor ejercida en el proceso de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

como “Skinheads” o “cabezas rapadas”, entre ellos Simón Marroquín* de 17 años de edad, quien cumplió sus 18 años precisamente al día siguiente.

a la entidad, realizó la imputación fáctica y jurídica a Simón Marroquín en calidad de coautor de homicidio agravado, delito que no fue aceptado por el imputado.

Hacia las 11:30 de la noche, afuera del lugar se presentó un enfrentamiento físico entre los dos grupos mencionados que se inició cuando Julián Javier Prieto Herrera pretendió establecer conversación con una joven del grupo de los ‘Skinheads’, lo cual provocó una reacción agresiva por parte del supuesto novio de la joven, quien fue respaldado en forma inmediata por varios integrantes de su grupo.

El 3 de enero de 2008 en audiencia de juicio oral, Marroquín se declaró inocente. El fiscal del caso manifestó “que teniendo en cuenta la gravedad de la conducta cometida se aplicara a Marroquín la sanción de privación de la libertad en un centro de atención especializada”.

Dicho respaldo fue manifestado en una violenta gresca que se armó entre los dos grupos, en la cual los jóvenes se valieron de cadenas, botellas, palos y armas cortopunzantes. El trágico final del brutal enfrentamiento dejó como saldo tres músicos heridos y la muerte de Julián Javier, quien falleció en la Clínica El Country, víctima de seis puñaladas, una de estas, la que le cobró la vida, al lado derecho de su cuello.

Imputación

El 5 de febrero de 2008 se declaró al adolescente Simón Marroquín, actualmente con 18 años de edad, coautor material responsable del delito de homicidio agravado, y se le impuso la privación de la libertad en centro de atención durante 36 meses, teniendo como parte cumplida de la sanción los cinco meses que estuvo bajo internamiento preventivo. El fiscal del caso y el abogado de la víctima interpusieron recurso de apelación a la sentencia, argumentando que el adolescente constituye un peligro para la comunidad, dada la gravedad del daño causado.

En audiencia preliminar celebrada el 11 de septiembre de 2007, la Juez Segunda Penal para Adolescentes con funciones de Control de Garantías ordenó la captura de Simón Marroquín, la cual se hizo efectiva al día siguiente, fecha en la que también se realizó la audiencia preliminar de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de internamiento preventivo.

El 17 de abril último el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena y accedió a la solicitud de la Fiscalía, aumentando la pena a seis años, sanción ejemplarizante teniendo en cuenta que la privación de la libertad para este tipo de delitos es de 2 a 8 años (Artículo 187, inciso 2 Código de la Infancia y la Adolescencia).

Jesús Álvaro Muñoz Robayo, fiscal 255 delegado ante jueces penales para Adolescentes, vinculado desde hace seis años

*

Nombre ficticio para proteger la identidad del sancionado Fuente Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá

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EGIÓN

Más de mil 300 millones invertidos en el Valle

FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD PARA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA La Dirección Seccional Administrativa y Financiera del Valle acondiciona cinco de las ocho unidades de Ley Penal para el Adolescente en el departamento. Por: Mayerlyn Andrade on la puesta en marcha del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, que tuvo como ciudad piloto a Santiago de Cali en marzo de 2007, la Dirección Seccional Administrativa y Financiera, DSAF, trabaja en la adecuación de siete sedes más en el departamento del Valle del Cauca.

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La aplicación de la Ley para Adolescentes fue un reto para todas las entidades que intervienen en el proceso. Todo lo relacionado con menores de edad preveía el desarrollo de acciones prudentes y reservadas que garantizarán la actividad judicial en procura del respeto a los menores, en lo jurídico y en lo locativo. En el caso de la Fiscalía, la DSAF del Valle ha otorgado más de mil 300 millones de pesos para la adecuación de las sedes de los fiscales que se encuentran en las unidades de Ley Penal del Adolescente en Cali, Buga, Cartago, Tulúa, Buenaventura, Sevilla, Roldanillo y Palmira. Obras civiles, mobiliario, equipos de cómputo, materiales de oficina, aire acondicionado, plantas telefónicas, circuito

cerrado de televisión, entre otros elementos, son parte de la adecuación y dotación de las nuevas unidades. “Tuvimos en cuenta tres aspectos importantes: la funcionalidad del Sistema Penal del Adolescente en armonía con lo físico, la comodidad, y la seguridad para los menores y los funcionarios”, manifestó, Isabel Bejarano Posada, Directora Seccional Administrativa y Financiera del Valle. “Dadas las consideraciones especiales para los menores, es necesario que todos las entidades que intervienen en el proceso laboren en una misma edificación para una mayor funcionalidad del sistema. A eso se le debe sumar la seguridad de los menores infractores y que nuestros funcionarios tuvieran unas instalaciones dignas”, afirma la funcionaria.

Ambiente digno Actualmente la DSAF del Valle acondiciona siete sedes donde funcionarán las unidades de Ley Penal para Adolescentes. Palmira y Buga ya se encuentran en funcionamiento y tanto usuarios como funcionarios se muestran satisfechos con las nuevas instalaciones.

Foto: Coordinación y Prensa, Cali, FGN.

“Ese es un tercer aspecto que consideramos importante. En la medida que la gente se siente en un ambiente limpio, con sus elementos básicos y cómodos, seguramente la producción y la atención van a estar acorde con el ambiente”, aseguró Bejarano Posada.

Policía de infancia y adolescencia, ICBF, jueces y fiscales operan desde una misma sede para hacer funcional el sistema.

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Desde el primero de julio funcionan otras cinco unidades de Ley Penal para la Adolescencia en Roldanillo, Buenaventura, Sevilla, Tuluá y Cartago, completando así el grupo de ocho sedes con las mejores locaciones físicas y tecnológicas para el grupo de fiscales y demás servidores de la Fiscalía General de la Nación, lo que garantizará una adecuada prestación del servicio con calidad, comodidad y dignidad.

Foto: Cortesía Colprensa

DISMINUYE PODER DE LAS AUC EN LA GUAJIRA En tiempo record, la Fiscalía de Fonseca desmanteló un grupo emergente de las autodefensas que se dedicaba a una supuesta limpieza social.

Por: Mavy Esther Viñas

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l 21 de abril último en una calle del municipio de Fonseca, asesinaron a Julián David Agudelo Ortíz y Rafael Gregorio Urbay Carrillo. Sin embargo, la oportuna intervención de las autoridades permitió que minutos después fueran capturados Luis Gabriel Araujo Marrugo y Yair Rafael Martínez Mejía, quienes tenían en su poder un arma de fuego y una motocicleta, en la que, aparentemente, se movilizaron para cometer el doble homicidio. Iniciada la investigación por la Fiscalía, los indiciados manifestaron que pertenecían desde hacía dos o tres meses a una organización criminal de autodefensas al mando de alías ‘William’, que permanecía en Fonseca, coordinada por Jaider Angarita Tarazona, alias ‘El Cucho’, quien desde Valledupar les ordenaba a quién debían asesinar. Su accionar delictivo comenzó en febrero, llevando a cabo la llamada ‘limpieza social’, labor delictiva por la cual recibían un sueldo de 700 mil pesos, más algunas bonificaciones. Dos días después fueron aprehendidos alías ‘Cucho’, quien también era conocido con los alías de ‘Jeison’ o ‘Julián’, y Wilmar Darío Ortíz Herrera. Ante un juez de Control de Garantías renunciaron a su derecho de guardar silencio e informaron que pertenecían desde hacía dos meses a la organización de las autodefensas denominada ’Los Nevados’, devengaban un sueldo de 1 millón 300 mil pesos, e igualmente recibían pagos extras.

‘El Cucho’ también manifestó que los ‘jefes’ de la banda, alias ‘Alexis’ y ‘Mauricio’, residían en Riohacha, y eran los encargados de ordenar, ejecutar y pagar asesinatos en el sur de la Guajira. Con estas confesiones se pudo esclarecer el homicidio de Hernando Enrique Guerra Gil, abogado del Sistema Nacional de Defensoría Pública, quien falleció el 13 de abril a causa de las heridas con arma de fuego sufridas ocho días atrás. De igual manera, se establecieron las labores que se realizaban al interior de la organización, como transporte y custodia de las armas antes, durante y después de los crímenes, seguimientos, conducción y transporte de personas o sicarios en motos, pagos a sicarios, reporte de los movimientos de las autoridades, ubicación, seguimiento y selección de víctimas, entre otros. La agilidad propia del nuevo sistema penal acusatorio implementado desde el 1 de enero de este año en esa región, permitió que en poco tiempo y dentro del término legal, un Juez Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías, legalizara las capturas, se formulara imputación por los delitos de fabricación y porte ilegal de armas de fuego y municiones de defensa personal, doble homicidio agravado y concierto agravado para delinquir. Con los elementos probatorios, las evidencias físicas e información obtenida por la Fiscalía, Araujo Marrugo y Martínez Mejía se allanaron a todos los cargos formulados, mientras que Angarita Tarazona y Ortíz Herrera, aceptaron únicamente el delito de concierto agravado para delinquir.

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EGIÓN

LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN PEREIRA Con la donación de cuatro estaciones de trabajo y 18 software por parte del la Agencia Antiterrorismo de la Embajada de los Estados Unidos (ATA), el Cuerpo Técnico de Investigación de Pereira será pionero en la investigación de delitos informáticos para el Eje Cafetero, el Norte del Valle y el Tolima. Por: Diana Lizeth Barreto

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opiar discos duros, recuperar información borrada, descifrar contraseñas de hasta 14 dígitos, ubicar archivos camuflados en otros, seguir el rastro de direcciones IP y hasta analizar correos electrónicos, ahora es posible en tiempo récord gracias al nuevo laboratorio de Informática Forense del CTI de la capital risaraldense. Aunque el laboratorio se creó en agosto de 2006 y contaba con una sola estación de Informática Forense, el 9 de mayo último culminó la capacitación “Respuesta a Incidentes en Delitos Informáticos” ofrecida por la ATA de la embajada americana, en la que se instruyó a investigadores de Armenia, Cúcuta, Cartagena y Pereira para el manejo de las terminales (torres procesadoras) y equipos portátiles donados, que cuentan con los programas necesarios que les permitirán cumplir con las exigencias de su trabajo. Uno de los propósitos que tuvo la Dirección Nacional del CTI desde sus inicios fue optimizar los recursos para el análisis de evidencias digitales. Para tal fin dotó a cinco de las principales ciudades, entre ellas Pereira, de los primeros laboratorios. Sin embargo, no fue suficiente. Los requerimientos con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio aumentaron y se hizo necesaria la implementación de los nuevos equipos que tienen mayor capacidad en memoria y procesamiento de datos, así como de los computadores móviles para asistir a la escena del delito. Con uno de los software donados para descifrar las contraseñas de acceso a computadores, se reduce el tiempo del análisis. Anteriormente se aplicaba una técnica llamada “fuerza bruta”, que consistía en bombardear de dígitos el sistema con todas las combinaciones posibles para encontrar las claves y podía durar días. Hoy, este desarrollo tecnológico se complementa con el Rainbow Tables, un programa que tiene tablas de referencia con códigos que permite ubicar contraseñas con caracteres especiales en tan solo cinco minutos o, como tiempo máximo, media hora.

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De igual forma existe un mecanismo, que aunque no se realiza con frecuencia, permite ‘desencapsular’ archivos; esto es, que cualquier tipo de archivo que haya sido camuflado en otro, aunque sean de diferente formato o extensión, como por ejemplo una foto en formato JPG guardada en un documento de Word, sea posible verlo aplicando un programa especial con el que cuenta el laboratorio. “Dada la complejidad de crímenes informáticos, la capacitación a los investigadores en el área es una herramienta

fundamental que debe continuar, pues es claro que la habilidad y el conocimiento se perfecciona a través de la experiencia”, afirma el ingeniero Jairo Santana Cardona, coordinador del grupo.

Pornografía Infantil al descubierto Un total de 150 fotografías recuperadas en tres horas de una cámara digital, así como otras 150 imágenes obtenidas de un computador portátil, fueron algunos de los elementos materiales probatorios que fueron determinantes para emitir una orden de captura en contra de Fernando Martínez Muñoz. Dichos equipos electrónicos, al igual que dos memory card, una USB y tres disquetes, fueron incautados durante un allanamiento efectuado en la Academia de Modelaje “Style Models”, empresa fachada ubicada en la Ciudadela Cuba de Pereira, cuyo propietario era Martínez Muñoz, quien al ser presentado ante un juez de Control de Garantías aceptó los cargos de pornografía de menores y acto sexual abusivo con menor de 14 años, debido a las evidencias contundentes presentadas por la Fiscalía. Aunque los archivos habían sido eliminados y en principio los ingenieros no encontraron nada sospechoso, gracias a los software aplicados Ecase y el FTK, aparecieron dos fotografías en una ruta remota, y aunque en principio no había lugar para esos archivos, se pudieron hallar nuevos indicios que permitieron encontrar más información, como fotografías de niñas desnudas que, engañadas con la idea de ser modelos, eran utilizadas en el negocio ilegal de la pornografía infantil. El Tribunal Superior de Pereira confirmó la condena de 15 años contra Martínez Muñoz que había sido proferida en primera instancia por un juez de Conocimiento, desestimando la apelación de la defensa que solicitó la rebaja de pena por aceptación de cargos, argumento que no es tenido en cuenta debido a que se trata de delitos que involucran a menores de edad.

PC del Frente ‘Aurelio Rodríguez’ de las Farc Desarrollando un trabajo similar al realizado por la Interpol en el análisis del PC de alias ‘Raúl Reyes’, los integrantes del Labo-

ratorio de Informática Forense y la SAC de Pereira encontraron en un computador información reveladora sobre las operaciones militares y la logística del frente Aurelio Rodríguez. El valioso botín, propiedad del comandante ‘Germán’, cabecilla de ese grupo guerrillero, fue hallado por miembros del Gaula de la Policía, tras un enfrentamiento con subversivos en zona rural de Caldas. De inmediato, la Fiscalía 32 seccional de Belén de Umbría (Risaralda), que realiza investigaciones por rebelión contra miembros de las Farc, solicitó al laboratorio un exhaustivo análisis para recuperar la evidencia digital. Con el programa FTK se descifró la contraseña de un archivo de word que reveló información sobre la conformación de milicias urbanas, estructuras y alias de los integrantes. El contenido del documento fue puesto a disposición de los analistas en subversión de la SAC, quienes dieron a conocer que también se hacía mención al tema de armas, aunque en sentido figurado. Las evidencias recopiladas permitieron asegurar a 12 de las 25 personas vinculadas. Los afectados con la medida fueron: Carlos Enrique Restrepo Vallejo, alias ‘Buchemarrana’; Libardo Ortíz Carvajal, alias ‘Oji Verde’; Luz Marinella Jaramillo, alias ‘La Profe’ o ‘La Rectora’; Olga Restrepo, alias ‘La Gorda Olga’; Hugo Carrero Calderón, alias ‘El Técnico’; Jhon Jairo Duarte Orozco, alias ‘Jairo’ o ‘El Flaco’; Francisco José Rodríguez Herrera; Diego Mauricio Ruíz Jaramillo, alias ‘El Manco’; Maria Nancy Orozco Castañeda, alias ‘Nancy’ o ‘La Flaca’, José Augusto Ruíz Jaramillo, alias ’El Topo’ o ‘Mochito’; Ulises Jaramillo Bernaza, alias ‘El Mocho de Puerto de Oro’ y Jose Alfredo Concha, alias ‘Cuchito o ‘Concha’ El frente que sembró el terror en municipios como Belén de Umbría, Quinchía, Mistrató, Pueblo Rico, en Risaralda; Río Sucio y Supía, en Caldas; y Cartago y el Águila, en el Valle del Cauca, quedó prácticamente desmantelado, a pesar de que aún se encuentran prófugos 13 subversivos. El 4 de junio último la Fiscalía terminó la etapa probatoria y próximamente se llevará a cabo el juicio para proferir el fallo sobre los hoy acusados.

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ISCALÍAS

Fraude a las telecomunicaciones

FISCALÍA EN CALI REDUCE EL ÍNDICE DE ILEGALIDAD El uso de nuevas tecnologías para hacer fraudes y otros delitos, se convierte en un reto para fiscales e investigadores que luchan cada día para estar un paso adelante de la audacia delictiva. Por: Isabel Cañaveral n los últimos días la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI, realizó diligencias de allanamiento y registro en 12 inmuebles ubicados en Cali, utilizados como centros de operación clandestina para ingresar llamadas de larga distancia hacia Colombia por canales no autorizados por el Estado.

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Cerca de 120 procesos penales lleva esta Unidad que investiga fraudes por prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones, ofrecidos por personas naturales o jurídicas sin licencia. Este delito tipificado en el código penal, otorga una pena de entre cuatro a diez años de prisión y sanciones de 500 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Cómo funciona esta práctica ilegal? Los operadores ilegales distribuyen tarjetas prepago en el exterior, “allí el mercado objetivo son la población inmigrante colombiana y el producto son minutos para llamadas a su país de origen”, explica el abogado de la Alianza contra el fraude de las telecomunicaciones, Oscar Amaya Vargas, quién ha interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía.

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Tarjetas como ´La gran Colombia´, ´Bonita Florida´, ´Colombianita Florida´, entre otras, han sido usadas en Estados Unidos y han ingresado llamadas de manera ilegal a Colombia. Para comprender los métodos de operación, el personal del CTI tuvo que capacitarse y conocer la técnica para rastrearlos. Alejandro Arango, investigador adscrito a la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones, advirtió que en este procedimiento el usuario no conoce lo que hay de fondo en esta operación. “Únicamente llama con su tarjeta ingresando un número de operador. Inmediatamente contesta una grabación que le indica que debe oprimir la clave y el número de destino. La llamada se realiza a través de Internet, se transporta en forma de datos y llega a Colombia a un computador y unos equipos especiales que la transforman en voz. La llamada pasa a una línea local en el mismo lugar y de allí la dirigen hacia el destino marcado por el usuario”, señala el servidor del CTI. Finalmente la llamada sale de una “línea local en Colombia” a otra local en este mismo país, esto evita la tarifación de la llamada internacional, y se registra como una llamada local. Investigar este tipo de procedimientos no es el único reto para los fiscales, también deben saber explicarlo ante los jueces para imputar los cargos.

un lugar a otro. “Las investigaciones deben llevarse a cabo de manera rápida. Nosotros tardamos alrededor de un mes mientras localizamos los puntos y verificamos las direcciones”.

Otros datos en materia de Telecomunicaciones • Durante los allanamientos en Cali el CTI logró incautar equipos utilizados en este fraude por un valor cercano a los US 200.000 dólares. • Regiones del país como Bogotá, el eje Cafetero y Cali han tenido el mayor índice de ilegalidad en telecomunicaciones pero que han sido ya fuertemente golpeadas por la Fiscalía.

• Los equipos utilizados para este proceso no son muy complejos, un computador, líneas telefónicas y equipos que pueden comunicar hasta investigaciones deben 120 llamadas simultaneas.

Las llevarse a cabo de manera rápida. Nosotros tardamos alrededor de un mes mientras localizamos los puntos y verificamos las direcciones

El CTI deshaciendo redes En desarrollo de los allanamientos, investigadores del CTI llegaron a una peluquería, al rastrear los puntos donde se reoriginaban llamadas de manera ilegal. El dueño del local aseguró que permitió la instalación de los equipos porque le dieron el servicio de Internet y televisión de manera gratuita. Los demás lugares eran locales comerciales que sólo tenían los equipos en su interior.

• En marzo de 2007 en Bogotá la fiscalía 7 de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual logró que el juez otorgara una pena de 46 meses de prisión para Yolanda Ramírez Cárdenas y José del Carmen Mesa Balbuena, dos representantes legales de una empresa de Call Center, quienes a la vez realizaban operaciones de larga distancia ilegal (Primeras en resultar condenadas en vigencia de la ley 906).

• Cerca de 130 personas están vinculadas a estos procesos penales por fraude a las telecomunicaciones, actualmente, en Bucaramanga, un imputado está a la espera de su condena, luego de allanarse a cargos por este delito.

Ubicaron así 12 sitios de reoriginamiento de llamadas, realizaron inicialmente labores de observación y trataron de identificar los equipos utilizados. Al final, durante dos días realizaron los allanamientos. Según el informe de Policía Judicial, estos centros de operación de llamadas clandestinos dejaron pérdidas a las empresas legales por más de mil 500 millones de pesos mensuales en promedio. Oscar Alejandro Arango, investigador del CTI, asegura que los operadores ilegales se mueven de manera ágil, además es muy fácil para ellos trasladar los equipos de

Las denuncias de la ciudadanía condujeron el último año a desintegrar bandas dedicadas al fraude de las telecomunicaciones.

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EGIÓN

Humanización del Servicio en las Salas de Denuncias

POR UNA MEJOR ATENCIÓN A USUARIOS EXTERNOS Y VÍCTIMAS DE DELITOS

Foto: Coordinación Prensa - Cali

Por: Ingrid Forero Gutiérrez

Calidad en el servicio e instalaciones, disminución de tiempos de atención y un ambiente digno de trabajo, son los fundamentos del programa que hoy es realidad en la URI del Palacio de Justicia en Cali.

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as salas de denuncias en la Unidad de Reacción Inmediata de la capital vallecaucana, dejaron en el olvido las largas filas y los reclamos de los usuarios por la lentitud en el servicio, y le dieron paso a una gestión eficiente y comprometida para superar las dificultades.

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“Tiempos prolongados en el servicio, quejas permanentes, hacinamiento en el lugar de trabajo, servidores en ocasiones con problemas personales atendiendo público, fueron algunas de las razones que motivaron la creación de un programa que a corto y mediano plazo mejorará la calidad en el servicio en las URI y SAU de todo el país”, explica Guillermo Forero, Fiscal SAU.

la comisión del delito de acuerdo al retiro de esas sumas”, explica Guillermo Forero. Labores investigativas permitieron capturar a dos personas que llegaron a una sucursal bancaria para retirar 25 millones de pesos y, al ser abordados e interrogados por agentes del CTI, no supieron responder sobre el origen del dinero. Posteriormente, ante un Juez de Control de Garantías se legalizó la captura. “El tiempo que transcurrió desde la formulación de la denuncia hasta la aprehensión de las personas y la recuperación del dinero fue de dos horas”, asegura el funcionario. Un servicio que agrega valor

La idea de mejorar la atención y optimizar los servicios que se le brindan al usuario de la administración de justicia, inició con el actual director Nacional de Fiscalías, Luis Germán Ortega Rivero, quien estuvo a cargo en la Dirección Seccional de Cali. Allí, con ayuda de otros servidores, como la Directora Administrativa y Financiera, Isabel Bejarano Posada, identificaron las principales falencias en lo referente a atención al público, y decidieron adaptar cubículos independientes, ampliar la sala de espera para el público, adquirir nuevos escritorios, e instalar aire acondicionado y televisores. Sin embargo, no solo se realizaron mejoras en la infraestructura, también se fomentaron capacitaciones en temas como la calidad en la atención y el servicio y se hicieron valoraciones psicológicas al personal de URI y SAU, para establecer el perfil de cada servidor y sus aptitudes para colaborar a los usuarios. “Una vez finalizado el análisis y valoración psicológica, fue necesario realizar una rotación del personal y gestionar capacitación permanente, a través del Sena, en temas como atención al público y servicio con calidad” afirmó, Guillermo Forero. Los resultados se vieron reflejados en casos resueltos de manera exitosa, tal como ocurrió con el hurto electrónico que denunció la tesorera municipal de Candelaria (Valle), quien reportó que el ilícito se cometió a través de la cuenta corriente dispuesta para la consignación del dinero correspondiente al impuesto predial de la localidad vallecaucana. “El monto del hurto fue de 830 millones de pesos y se establecieron transferencias a 21 cuentas del mismo banco. Detectado este delito informático por parte de funcionarios del banco y notificado al personal de la tesorería de Candelaria, se realizaron algunos retiros en cuentas diferentes para determinar a quién correspondería

Otra herramienta que permite tener un contacto más cercano con el usuario es el buzón de sugerencias. Cada semana un grupo diferente de funcionarios lee las inquietudes de los ciudadanos y propone alternativas para mejorar la prestación del servicio. Con respecto a los casos en los que el público acude por contravenciones o hechos que no constituyen delito, la Fiscalía lo orienta con un oficio o nota remisoria para que acuda a la autoridad competente que le ayude a resolver dicha situación de manera oportuna y así evitar la desinformación. Por otra parte, cuando se trata de amenazas contravencionales se le informa a que estación de policía debe ir y se remite una medida de protección dirigida a su comandante. Igualmente, la Fiscalía ha establecido atención prioritaria para adultos mayores, personas minusválidas y mujeres en estado de embarazo, en cumplimiento de las normas constitucionales. Frente a la problemática de desplazamiento, el número de denuncias ha incrementado de manera considerable, no obstante el servicio que se brinda a las víctimas de este fenómeno es integral y la atención a sus requerimientos se presta con personal especializado. Así como en la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali tuvo origen este programa piloto, actualmente se lleva a cabo su implementación en las cinco URI de Bogotá, teniendo en cuenta el diagnóstico previo sobre infraestructura, capacitación, atención y servicio, y utilización de protocolos de recepción de denuncias. De muchas maneras la Fiscalía logra dar un valor agregado en el servicio, siendo consciente de su responsabilidad social frente a la administración de justicia.

Huellas -43

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ISCALÍAS

Grupo de Estudios de Seguridad

PUERTA DE ENTRADA A LA FISCALÍA El Grupo de Estudios de Seguridad del Nivel Central conoce a fondo cada detalle sobre la veracidad de la información que suministran los aspirantes a la Fiscalía, y es determinante en su eventual ingreso a la entidad. Por: Miryam Milena Anaya Ospino

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on las 8:00am de un nuevo lunes. Danny Jiménez, servidor del Grupo de Estudios de Seguridad, llega a su oficina. Allí apenas tendrá tiempo para tomar junto a sus compañeros el tinto que prepara doña Martica, pues de inmediato saldrá en busca de la historia y la forma de vida que lleva cada uno de los que aspiran a un cargo en la Fiscalía. Esa intimidad de aquellos que, como él en otro tiempo, tienen el propósito de ingresar al ente acusador, solo puede

ser descubierta en una visita domiciliaria, uno de los seis procesos que el Grupo Técnico de Estudios de Seguridad realiza a cada persona que pretenda llegar a la entidad. Conformado por ocho escoltas de todos los grados cuya función es realizar los respectivos estudios de seguridad a aspirantes y servidores especiales* de Bogotá y Cundinamarca, el grupo inicia el primer día de la semana con un recorrido por toda la ciudad, previa distribución de la capital en sus cuatro puntos cardinales.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Nivel Central

Servidor del Grupo de Estudios de Seguridad del Nivel Central, realizando verificación de datos.

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El proceso de estudios de seguridad que se realiza en los diferentes distritos judiciales del país, se lleva a cabo a través de servidores con funciones de policía judicial en cada una de las seccionales. Para consolidar la misión que realizan estos servidores y con las disposiciones contempladas en la Resolución No. 02953, desde el pasado 24 de agosto de 2007 se denominó a este equipo de trabajo como Grupo Técnico de Estudios de Seguridad, el cual hace parte de la sección de Seguridad y Apoyo Logístico del CTI, que lidera Luz Esmérida Blandón.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Nivel Central

Con el fin de neutralizar cualquier intento de infiltración a la entidad, su coordinador, Danny Alberto Jiménez López, junto a Fernando Romero, Sigifredo Rodríguez, Edwin Murillo, Franklin Salas, Germán Vásquez, Miguel Bejarano y Miguel Rodríguez, cumplen todo el proceso de estudios de seguridad.

Filtro en seis pasos • Recepción de documentación e información: Se contacta al aspirante para comunicarle que se iniciará con el estudio de seguridad, se le solicita hacer llegar al grupo encargado, la documentación exigida por la institución con el fin de sustentar toda su información académica, laboral y personal. • Visita Domiciliaria: Busca conocer su entorno familiar, social y su desempeño a nivel personal. Las visitas domiciliarias constituyen un aspecto importante en la verificación de los datos suministrados

• Verificación de documentos e información: por el aspirante. Comprueba la totalidad de la información suministrada por el aspirante: Certificaciones académicas, laborales y personales, para detectar falsedades o informaciones que no correspondan a la realidad. • Cruce de información con base de datos: Esta actividad se realiza con las diferentes bases de consulta de la Fiscalía (CISAD, SIJUF SPOA, SAC) y entidades públicas como Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Secretaría de Movilidad, entre otras, para detectar anotaciones o novedades que puedan inhabilitar al aspirante. • Labores de vecindario: Se realizan en los alrededores de la vivienda del aspirante con el fin de conocerlo ampliamente. Estas labores no se efectúan siempre, “El proceso se hace a aquellas personas que en la visita domiciliaria generan algún tipo de duda en cuanto a su desempeño a nivel social”, aclara el coordinador. • Consolidación de informe: Se plasman todos los datos y anotaciones que se recolecten con respecto a la verificación

de la información del aspirante de acuerdo a los parámetros establecidos por la Dirección Nacional del CTI. Las verificaciones se hacen a través de recursos informáticos como la utilización de bases de datos, Internet, líneas telefónicas, celulares y todo el material logístico como vehículos, armamentos, sistemas de comunicación y equipos de monitoreo. Para Danny, uno de los aspectos más difíciles en este proceso es indagar de manera profunda a los aspirantes. “El hecho de decirle a una persona que nos deje ver su habitación privada ya genera incomodidad”. Sin embargo, aunque resulte molesto para algunos, es un proceso obligatorio para todos. El Grupo Técnico de Estudios de Seguridad del Nivel Central es uno de los filtros de ingreso que le asegura a la entidad la vinculación de personas con comportamiento social, familiar y laboral ejemplares.

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ISCALÍAS

Condenados al por mayor

TRABAJO INVESTIGATIVO Y JURÍDICO CONTRA EL HURTO DE COMBUSTIBLE

Hace seis años la criminalidad organizada robaba combustible por más de 106 millones de dólares anuales. Hoy las pérdidas no superan el 20 por ciento de lo hurtado en aquella época.

Por: Bernardo Colmenares Olaya l 12 de mayo de 2008 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a diez años de prisión y multa de 4.500 salarios mínimos mensuales a Raúl Antonio Zapata y Nelson Niño Baraja hallados responsables de hurto de hidrocarburos, concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos de comunicación.

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En esa providencia también fue condenado Luis Hernán Leguízamo Carranza, mayor (r) del Ejército, coordinador de seguridad de Ecopetrol, quien purgará siete años y ocho meses por concierto para delinquir y utilización ilícita de equipos de comunicación. Tales condenas fueron el resultado de la investigación que fiscales antiterrorismo con apoyo de la DIjin iniciaron el 28 de abril de 2004.

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Las interceptaciones telefónicas y seguimientos efectuados, a partir de esa fecha, permitieron individualizar a los integrantes de la banda dedicada al hurto de combustible de Ecopetrol y que actuaba en Barrancabermeja y en los corregimientos de La Lizama y La Fortuna (Santander). El 27 de septiembre de 2004, cinco meses después de iniciada la investigación, la Estructura de Apoyo del puerto petrolero, grupo de trabajo de la Unidad Antiterrorismo, aseguró a los hoy condenados. Un año más tarde un fiscal antiterrorismo acusó a los partícipes en hurto de hidrocarburos, delito que en los últimos años ha causado pérdidas significativas para el Estado colombiano. Esa fuga en la economía nacional comenzó a decrecer con la aparición de las EDA, que iniciaron labores en 2002 y tres años después habían logrado disminuir el hurto de

combustible en 71 por ciento, aproximadamente, evitando que el país dejara de percibir unos 60 millones de dólares.

unos 2.942 barriles, prácticamente la mitad de lo perdido en 2003.

Desde el año 2002, los jueces de la República fundamentados en el material probatorio allegado por los fiscales han condenado a 1.090 personas por delitos como: favorecimiento del hurto de hidrocarburos o sus derivados, receptación, apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, y destinación ilegal de combustibles.

La investigación mancomunada continuó dando frutos en 2005, cuando las pérdidas fueron estimadas en US$46.076.947, por los 67.228 galones robados diariamente, unos 1.601 barriles cada 24 horas.

Por esas conductas ilegales, también desde 2002, la Fiscalía ha proferido 409 medidas de aseguramiento, y las EDA de Barrancabermeja y Puerto Berrío (Antioquia) han iniciado más de 90 procesos de extinción de dominio sobre los bienes (predios rurales, automotores, y equipos de comunicación) utilizados para efectuar el ilícito.

En 2006, cuando las EDA estaban en plena dinámica, las cifras descendieron a US$29.868.304. En esos 12 meses fueron hurtados cada día 39.580 galones, equivalentes a 942 barriles. Durante el año anterior, 2007, Ecopetrol reportó pérdidas por US$21.323.244, y hasta abril de 2008 se estimó lo hurtado en US$5.315.032. Hipotéticamente si a diciembre de este año sigue esa tendencia, las pérdidas por hurtos podrían descender a algo menos de 20 millones de dólares, equivalente a la quinta, aproximadamente, de lo que se perdía en 2002.

Cifras contundentes De acuerdo con estadísticas suministradas por Ecopetrol, el valor del combustible hurtado en 2002 ascendió a US$106.540.796

Mil condenados La tarea de neutralizar el accionar criminal no se detiene: hasta abril de este año se habían retirado 240 válvulas ilícitas en los distritos Occidente, Norte y Andino.

Por aquel año la zona más compleja era el Magdalena Medio, allí tuvo lugar el 62 por ciento de los hurtos de combustible efectuados en todo el país. En ese 2002, las organizaciones criminales hurtaron 305.340 galones diarios, equivalentes a 7.270 barriles. El trabajo interinstitucional que implica la participación de fiscales, investigadores del CTI, Dijin y Das, y el apoyo del Ejército, logró un año después disminuir las pérdidas a US$80.815.847.

Las Estructuras de Apoyo -EDA- han disminuido la actividad de las organizaciones dedicadas al hurto de combustible.

Durante ese 2003 el rendimiento para las bandas criminales empezó a descender notoriamente. Ese año fueron hurtados cada día 242.614 galones, equivalentes a 5.777 barriles. Para 2004 las pérdidas descendieron a US$59.047.630. En ese lapso fueron hurtados 123.566 galones diarios,

La individualización y judicialización de los integrantes de las bandas criminales especializadas en el hurto de hidrocarburos permitió disminuir en 81 por ciento, aproximadamente, el desangre económico para el país.

En el campo jurídico, desde 2002 fiscales de todo el país han logrado 181 sentencias condenatorias, 114 correspondientes al antiguo sistema penal, y 67 al sistema penal acusatorio. Las 181 sentencias cobijan a 1.089 personas que fueron oídas y vencidas en juicio, lo que significó el desmantelamiento de numerosas bandas cuya actividad le hizo perder al país desde 2002 hasta abril de 2008, no menos de 350 millones de dólares.

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ECRETARÍA GENERAL

Secretaría General:

Líder en custodia y divulgación de actos administrativos

Gracias a la gestión que adelanta la Secretaria General, hoy la ciudadanía y los usuarios internos de la entidad pueden consultar y encontrar a tiempo documentos de carácter general y público. Cristina Díaz Vásquez e acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad que se implementa en la entidad, en concordancia con la Ley 872 expedida en el año 2003, adoptada por el Fiscal General de la Nación mediante resolución No. 0-2740 de 2005, en virtud del Direccionamiento Estratégico 2005 – 2009 Gestión con Calidad, y teniendo en cuenta el procedimiento de manejo de custodia de actos administrativos que corresponde a la Secretaria General, esta dependencia diseñó la estrategia Administración y Gestión de Actos Administrativos.

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En desarrollo de esta iniciativa, se observó que todos los actos administrativos bajo custodia de la Secretaria, como, resoluciones, memorandos y circulares proferidas por el despacho del Fiscal General de la Nación y por la Secretaria General, que son de interés general, aparecían publicados en

la página de intranet, simplemente por año y por tema. Por consiguiente, para facilitar la consulta al usuario, se revisaron y analizaron para incluirlos, no solo bajo estos ítems, sino consultando con un motor de búsqueda que incluye sus respectivas concordancias. Además, se encuentran publicados en la Página Web institucional, www.fiscalía.gov.co para que el ciudadano pueda encontrar de manera ágil, eficiente y efectiva toda la información sobre actos administrativos de carácter general y público que expide la entidad, lo cual se traduce en gestión con calidad, reducción de costos administrativos y garantía de la integridad de los mismos. Para el logro de esta meta, la Secretaria General, contó con la asesoría y soporte de las Oficinas de Divulgación y Prensa e Informática, quienes aportaron sus conocimientos y experiencia en las áreas respectivas.

PASOS A SEGUIR Ingreso a la página www.fiscalia.gov.co o intranet

Acceso al link de búsqueda de actos administrativos.

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Búsqueda de información: El usuario puede seleccionar dependencia, documento, número, clasificador, tema y año del documento que pretende consultar para iniciar la respectiva búsqueda previo click en el vínculo buscar – ingresar.

Resultado de la Búsqueda: El sistema arrojará la lista de los documentos encontrados con los parámetros dados por el usuario. El usuario podrá ver los actos administrativos, concordancias, vigencias y número de páginas, entre otros.

Ingreso al documento: El usuario accederá al documento requerido sobre las columnas que contiene el número o tema del acto administrativo.

Descarga: Una vez el documento es descargado en el formato establecido, puede consultarlo e imprimirlo si lo desea. De esta forma la ciudadanía y los usuarios internos de la entidad pueden consultar los actos administrativos de interés general expedidos por el fiscal general de la Nación y la Secretaria General, en la búsqueda de la mejora continua, teniendo en cuenta que los “clientes” juegan un papel importante para definir los requisitos y las necesidades de los mismos. Fuente: Secretaría General.

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SCUELA

Escuela de la Fiscalía: formación por competencias

SERVIDORES PROPOSITIVOS Y AUTÓNOMOS El objetivo de la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses es continuar el proceso pedagógico para la transformación cultural que posibilite el afianzamiento del Sistema Penal Acusatorio, la implementación de la Ley de Justicia y Paz y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, por medio del fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para aplicarlos.

Jeaneth Niño Farfán, Directora de la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses, garante del compromiso del proceso del fortalecimiento de la capacitación en la institución.

E

n la presente administración, la Fiscalía General de la Nación tiene el reto de implementar los Sistema Acusatorio en todos los distritos judiciales del país, de Justicia Transicional previsto por la Ley 975 y de Responsabilidad Penal Adolescente. Para cumplir con estos propósitos es indispensable la actualización y capacitación permanente de los servidores de la entidad. Por ello el direccionamiento Estratégico 2005 - 2009, definió dentro de sus líneas de

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acción, el talento humano capacitado, enfocado a fortalecer las competencias laborales de los servidores de la entidad necesarias para afrontar sus nuevas funciones. Jeaneth Niño Farfán, Directora de la Escuela de Estudios Forenses e Investigaciones Criminalísticas de la entidad, sostiene que “los fiscales, los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, y los servidores del área administrativa y

financiera de la Fiscalía General de la Nación, están en un proceso de cambio cultural por medio del fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para aplicar el sistema en Colombia”.

Programas

El Plan de capacitación de la institución lo conforman los diferentes programas que fueron estructurados de acuerdo con la etapa de diagnóstico, que implica la identificación y análisis de los principales problemas que afectan la función fiscal y su posterior sistematización de acuerdo con la población objetivo y el momento en el cual deben ser dictados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Prevé la formación que se deberá impartir a los servidores que ingresen a la institución o que asuman nuevas funciones en un cargo, para que mediante esta inducción obtengan una adecuada comprensión de las funciones de la entidad y de su rol dentro del sistema constitucional colombiano así como de su estructura orgánica y la relación de las áreas y oficinas que la integran. A la fecha han sido capacitados 1.154 funcionarios a nivel nacional.

Ingreso

Formación básica La Escuela de Estudios desarrolló un modelo de formación, como base del plan de capacitación

Está diseñado para todos los funcionarios de la entidad y se imparte con el objeto de optimizar la prestación de servicio por medio del desarrollo de las competencias generales de cada cargo. A la fecha han sido capacitados 12.851 funcionarios a nivel nacional.

La etapa de planeación conlleva determinar prioridades entre las competencias, contenidos, actividades, métodos y recursos a emplear. Resultados de este proceso se definieron en los programas de ingreso, integral, básico, especializado, actualización, difusión y divulgación. Así mismo, se estructuró un modelo de evaluación y seguimiento, enfocado a medir la eficacia de la capacitación en relación con el desempeño de los servidores en sus cargos. La Directora de la Escuela expresó que “para lograrlo hizo un diagnóstico de necesidades, una planificación, diseño curricular, una red de formadores, un sistema mejoramiento, seguimiento y medición de la gestión; y está ejecutando el plan de estudios”.

se un de se

Formación integral y especializada Obedece a los planes educativos que deberá recibir cada uno de los servidores, vistos desde la práctica y que tienen un carácter general de conocimiento. De igual forma, comprende los componentes temáticos que desarrollará cada funcionario en relación con sus funciones específicas. Este programa contempla la ejecución de la formación en los módulos que fueron elaborados durante los años 2007 y 2008. A la fecha han sido capacitados 8.999 servidores.

Otras actividades de formación Presidencia de la RECAMPI – Red de Escuelas de Capacitación de Ministerios Públicos Iberoamericanos-

La Fiscalía cuenta con una propuesta educativa que se eleva como una respuesta real a las necesidades y situaciones identificadas en el diagnóstico, a partir de ella se conformó, actualizó y consolidó la red de formadores, que está integrada en su totalidad por fiscales, investigadores y personal administrativo. Son ellos los encargados de formar a sus pares puesto que gozan de la doble calidad: competencia funcional-formación académica.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia en cabeza de fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana, asumió en noviembre de 2007 la presidencia de la Asamblea de la RECAMPI. La elección se realiza por medio de votación, y el objetivo principal de la red es el intercambio de programas de capacitación, becas en países miembros y consolidación de la red única de formadores.

La Escuela de Estudios desarrolló un modelo de formación, como base del plan de capacitación, con un enfoque educativo y metodológico que se encuentra dentro de las corrientes constructivistas que parte de la idea que los aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos del comportamiento individual, son una construcción resultante de la interacción de esos factores. Así el saber no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con las estructuras y categorías que posee y con las que interactúa con el medio. El servidor de la Fiscalía es el agente de su propio conocimiento al relacionar los conceptos nuevos y les otorga sentido a partir de los elementos que ya tiene, y así hacer realidad el aprendizaje significativo.

De esta manera la Escuela consolida la capacitación que cada uno de los miembros de la institución debe recibir para prestar un servicio de calidad a los usuarios, y a la vez en beneficio propio como parte esencial de un engranaje institucional que requiere profesionales permanentemente actualizados en su función.

La Fiscalía de Colombia construyó los programas unificados de capacitación en temas de programa metodológico y atención a las víctimas, los cuales fueron entregados a la Asamblea para su posterior réplica a nivel iberoamericano.

Fuente: Jeaneth Niño Farfán, Directora de la Escuela de Estudios e Investigaciones Criminalísticas y Ciencias Forenses.

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LA PIEZA CLAVE Descubre la verdad Defiende la justicia Combate la impunidad

ACTUA SIN CONCESIONES

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DENTIDAD CORPORATIVA

La esencia de la Ficha Clave

Consolida la Imagen Corporativa

Por Cristina Díaz Vásquez

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a pieza clave, establecida en 1996 por la administración del exfiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, se representa en un logotipo que le da a la institución una identidad visual propia y un elemento que refuerza el sentido de pertenencia entre los servidores, una imagen con el nombre de la Fiscalía General de la Nación, en un estilo específico de impresión. Juntos el emblema y el logo conforman la imagen corporativa de la entidad, lo cual significa que debe usarse gráficamente limpio y sin adornos como garantía de ser reconocido instantáneamente, sin lugar a equivocaciones, se debe promover como base común para las comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, que apoya y acompaña la gestión misional y la divulgación de la misma ante los clientes internos y externos de la institución. Los usos adecuados de la ficha clave se estipulan en el Manual de Imagen Corporativa como una estrategia de comunicación diseñada para ayudar a la entidad a proyectar una imagen de unidad investigativa entre sus miembros. Como servidor de la Fiscalía General de la Nación cada uno de sus integrantes, juega un papel importante en la promoción de la identidad visual de la entidad, al promover y proyectar una imagen clara y uniforme del actuar competente, creíble y merecedor de la confianza de la ciudadanía.

Así mismo, ese documento contiene ejemplos para el adecuado empleo de las aplicaciones y también usos incorrectos de las mismas, de acuerdo con las necesidades de elaboración gráfica que se presenten en las diferentes dependencias. Este manual fue distribuido por la Oficina de Divulgación y Prensa a las diferentes dependendias del nivel central, a los directores seccionales de las Áreas de Fiscalías, CTI y Administrativa Financiera de todos los distritos judiciales del país para divulgación, conocimiento y posicionamiento de los servidores. Todas las aplicaciones deben incluir la imagen corporativa de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con las pautas establecidas en el manual. Papelería El logosímbolo debe estar centrado en la parte superior de la hoja y el nombre de la dependencia, dirección teléfonos, fax, ciudad y dirección de la Página Web institucional , en la parte inferior de la misma, así:

Significado Es el símbolo adecuado para representar visualmente a la Fiscalía porque incluye los conceptos de búsqueda, solución y respuesta que persigue la entidad a través de su actividad investigativa. Además, es de rápida identificación y recordación para la ciudadanía, por eso deben divulgarse permanentemente las diferentes aplicaciones de uso interno y externo de la misma. La Pieza Clave, reflejada en la ficha de un rompecabezas que representa el logosímbolo de la Fiscalía, no es una pieza suelta, sino la condensación de un trabajo armónico, sólido y de equipo. La imagen corporativa identifica a la institución ante la comunidad nacional e internacional con éxito y diligencia, porque fortalece la capacidad de realizar la misión, promover los valores, comunicar una imagen positiva, consistente y coherente de lo que somos y lo que hacemos, aumentar el apoyo del público y su entendimiento acerca de la entidad y estimular un mayor sentido de posicionamiento ante la ciudadanía a la cual servimos, para generar procesos de cambio en el comportamiento ciudadano frente al delito. Claves para usarla Para el correcto uso de la imagen corporativa de la Fiscalía se elaboró un Manual de Identidad Visual, que contiene las instrucciones básicas para orientar a quienes por razones de su cargo, les corresponde ordenar, ejecutar o supervisar la elaboración de piezas gráficas para diferentes medios audiovisuales.

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ÍLDORAS La Plaza de Bolívar, en Bogotá, sirvió de marco para el lanzamiento de la primera Feria Nacional de Prevención del Delito, organizada por el CTI a través de su programa Futuro Colombia. De esa forma, la ciudadanía en general pudo enterarse de las diferentes actividades de prevención frente al delito que cumple la Fiscalía. La actividad se realizó simultáneamente en 24 ciudades capitales de departamento en el país.

Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Primera Feria Nacional de la Prevención del Delito en Medellín, se realizó en el Palacio de Exposiciones, Plaza Mayor, Pabellón Rojo, el viernes 26 de septiembre desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Evento al que asistieron más de 4.000 personas.

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa Fiscalía General de la Nacion.

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Instalación del curso de Identificación de Víctimas en Desastres Masivos dictado por la BKA de Alemania.

Estudiantes, docentes, padres de familia y otras instituciones de Puerto Asis asistieron a la presentación y entrega del vídeo pedagógico ‘Nueva justicia para los colombianos’.

El fiscal general de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana, fue el anfitrión del Encuentro de los Ministerios Públicos Iberoamericanos sobre Víctimas en el Proceso Penal, que se realizó en Cartagena de Indias del 10 al 12 de septiembre de este año. Dicho evento académico reunió a Fiscales Generales y a miembros de delegaciones de Ministerios Públicos.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa.

Firma de convenio interinstitucional en materia de capacitación con Roberto Cuellar director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa.

Foto: Oficina de Divulgación y Prensa.

Visita de Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional de España. Entrega de pruebas del computador de Raúl Reyes que involucra a la ETA con las Farc.

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EJANDO HUELLA

Foto: Prensa Nivel Central

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“VIVO ENGOLOSINADA CON MI TRABAJO”

Luz Marina Rodríguez, directora seccional en Florencia, es una funcionaria que siente día a día el compromiso de servir a una comunidad que hoy reconoce en la Fiscalía un ejemplo de liderazgo y eficiencia en la gestión pública.

Por: Luis Alejandro Tibaduiza as conversaciones con la jefa de la Fiscalía en Caquetá tienen un elemento particular: nunca habla en primera persona. Y es que esta mujer de 51 años, madre de Camilo, Santiago y Laura María, cuya principal vocación es el servicio a la sociedad, reconoce de manera permanente que sin su equipo de trabajo, los logros alcanzados no se hubieran obtenido en ésta unidad.

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Ese modo de tratar a la gente lo practicó desde su época de estudiante en la Universidad Externado de Colombia, hace más de 24 años, a donde llegó proveniente de Florencia, en medio de una precaria situación económica, pero con la intención de formarse como abogada bajo los conceptos de justicia, equidad y objetividad. Huellas: ¿Quién es Luz Marina Rodríguez, como profesional y como mujer? L.M.R: He estado vinculada durante 24 años a la Rama Judicial del departamento. Inicie mi carrera judicial como juez y siempre he trabajado en Caquetá. Tengo una familia hermosa, me siento exitosa en lo personal y lo profesional. Vivo engolosinada con mí trabajo, y la llegada a la entidad me ha realizado a plenitud como funcionaria judicial. Huellas: ¿Cuál es el principal compromiso que tiene usted, desde la Fiscalía, con la sociedad? Luz Marina Rodríguez: Se debe trabajar en pro de garantizarles, a todas las personas, el acceso a la justicia. Yo creo que nuestra misión no debe quedar simplemente en el papel, sino que la gente sienta que realmente estamos fortaleciéndonos para cumplir con ese compromiso social y humano. Huellas: Por su gestión, es importante mencionar los reconocimientos que se le han hecho, no solo por un diario regional sino también por la Gobernación. L.M.R: Las autoridades departamentales me galardonaron con el Coreguaje de Oro como reconocimiento al liderazgo

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asumido en la implementación del SPOA. Este premio no es mío, es para la Fiscalía General de la Nación, Seccional Florencia. Huellas: Desde su punto de vista, hasta ahora, ¿qué es lo que mejor ha hecho por el Caquetá? L.M.R: Es indispensable ser ecuánime, no mezclar las percepciones personales con el ámbito laboral. Desde pequeña mi sueño fue ser abogada. Ahora, solo me queda trabajar todo el día, para que la gente confíe en la justicia. Por eso recorro mi departamento cada 15 días, voy a municipios que no tienen comunicaciones, que soportan dificultades de acceso, simplemente me las arreglo para llegar. No soy una funcionaria de escritorio.