RIESGOS Y DESAFÍOS DEL MULTICULTURALISMO INDIO José M. Ruano de la Fuente La pérdida de las elecciones generales de 1989 en India por parte del Partido del Congreso marcó el comienzo de una nueva era caracterizada por la competición multipartidista y la exacerbación de las tensiones interétnicas. Por vez primera desde la independencia en 1947, el Partido del Congreso, formación hegemónica heredera del movimiento nacionalista indio, de ideología pragmática y secular, cedió el poder ante la heterogénea coalición de gobierno encabezada por el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party, BPJ), partido nacionalista hindú, que pasó, en poco tiempo, de representar al 7,4% del electorado y obtener 2 escaños en la Cámara baja (Lok Sabha) en 1984, a lograr, catorce años después, el 25,5% del voto y 179 escaños.

Las apelaciones populistas del partido nacionalista hindú terminaron revelando la incapacidad de las instituciones políticas del Estado moldeadas por el Partido del Congreso durante su largo período de hegemonía para dar una respuesta eficaz a los conflictos de una sociedad profundamente fracturada en divisiones étnicas y religiosas. La defensa del secularismo, de la diversidad cultural y de la unidad nacional, representada por pacifistas hindúes y musulmanes como Mahatma Gandhi, Maulana Azad y Khan Abdul Ghaffar, que encajó su primera derrota con la segregación de la India y Pakistán, se ve ahora en entredicho ante el empuje de las propuestas maximalistas y autoritarias de líderes populistas representantes de las grandes comunidades religiosas de la India: el hinduismo, que suma al 83% de la población; y el islamismo, que acoge al 11% de un colectivo que supera los 1.100 millones de habitantes.

Cada uno de los 28 Estados que componen el sistema federal indio refleja el dominio de un grupo etnolingüístico, a su vez dividido en castas, sectas, religiones y clases sociales. Esta organización de base lingüística, que permitía el aislamiento del conflicto sin afectar a otros territorios del Estado, y que pretendía

favorecer la

identificación y la participación política de la ciudadanía en el ámbito estatal, terminó reforzando las tendencias centrífugas y las demandas de mayor autonomía. La creación en 2000 de los Estados de Chattisgarh, Uttaranchal y Jharkland es la última

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consecuencia en el plano institucional de la prevalencia del particularismo fundamentado en la diferencia sectaria, cultural o tribal.

El sistema de partido dominante (el Partido del Congreso), la organización federal del territorio y el carácter secular del Estado constituían los elementos vertebradores del Estado indio desde su fundación. Cada uno de estos factores, sin embargo, no ha logrado contener las tensiones multiculturales de la heterogénea sociedad india.

Por una parte, la formación de gobiernos de coalición representa la transición del sistema de partidos indio desde el protagonismo de los grandes partidos nacionales a la decisiva actuación de partidos pequeños de base regional. Junto al Partido del Congreso y al BPJ sólo cabría calificar como formación de implantación nacional a las diversas organizaciones que constituyen la coalición electoral Frente Unido, si bien es la suma ideológicamente heterogénea de partidos de base regional o de defensa de intereses de sectores sociales desfavorecidos (campesinos) agrupados en torno al Partido Comunista, de fuerte implantación en Bengala occidental.

A pesar del desgaste sufrido durante la década de los noventa, especialmente por la pérdida de apoyo entre los musulmanes y ciertos sectores sociales como los intocables, el Partido del Congreso sigue siendo, desde la victoria electoral en la primavera de 2004, la única formación política multiétnica y multiclasista. Ello no quiere decir, sin embargo, que el partido de la “dinastía” Nehru no esté atravesado por un faccionalismo que amenaza su naturaleza secular y multicultural necesaria para la gobernabilidad del país. Precisamente, el carácter nacionalista hindú del Partido del Pueblo Indio (BPJ) y su programa político (las pretensiones de aprobación de un código civil único, la abolición del estatuto especial del Estado de Jamu y Cachemira, o la ambigua posición de las fuerzas del Estado ante los disturbios interétnicos) deslegitimaron al amplísimo gobierno de coalición (apoyado por doce partidos regionales) presidido por Vajpayee y edificado sobre la base del disciplinado BPJ.

Por otra parte, la organización federal del Estado nunca fue incompatible en la India con la presencia de un gobierno central fuerte, capaz de intervenir en las competencias estatales hasta el punto de poder destitutir a gobiernos estatales e imponer la autoridad central. Así, durante los gobiernos de Indira Gandhi la centralización del poder alcanzó cotas difíciles de imaginar en el contexto político actual y resultó en un fuerte desequilibrio entre el centro y la creciente demanda de

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autonomía de la periferia, especialmente en los Estados sin clara mayoría hindú. Si se relaciona la organización territorial y el sistema de partidos, es fácil colegir en el contexto actual la débil posición de un gobierno central fuertemente dependiente de los partidos regionales, defensores a su vez de intereses étnicos, religiosos o de casta.

Por último, India es oficialmente un Estado laico, pero el carácter secular del Estado no implica una estricta separación entre confesiones e instituciones públicas, sino que es compatible con el reconocimiento y apoyo gubernamental de las diferentes comunidades religiosas. La orientación secular del poder convive con cientos de incidentes anuales de violencia sectaria. La trágica confirmación de la difícil acción de gobierno, en un contexto marcado por el fanatismo religioso, tuvo uno de sus máximos exponentes en la crisis de la mezquita Babri Masjid, construida en 1528 en la pequeña ciudad de Ayodhya y considerada por el nacionalismo hindú el lugar de nacimiento del dios Ram. El 6 de diciembre de 1992 fue destruida por radicales hindúes, lo que provocó represalias de la comunidad musulmana seguidas de una represión policial que, con la convivencia y ambigüedad del gobierno del BPJ, acabó con más de 2000 muertos en todo el país.

El fin del período de gobierno del BPJ (1989-2004) no ha sido, sin embargo, ninguna garantía contra la exacerbación de los conflictos entre hindúes y musulmanes. Los atentados de Nueva Delhi (octubre de 2005), Srinagar (noviembre de 2005), Bombay (julio de 2006) y Maharastra (septiembre de 2006) son ejemplos de violencia sectaria ocurrida durante el gobierno del secular Partido del Congreso y que, en algún caso tiene su origen en la crisis de Cachemira.

Las elecciones celebradas en 2002 en el Estado de Jamu y Cachemira fueron las primeras consideradas relativamente libres después de varios decenios marcados por la represión militar y la escalada terrorista en una región de mayoría musulmana y dividida entre el Estado federado indio y Azad-Cachemira, de soberanía pakistaní.

Después de una larga historia de corrupción y autoritarismo del gobierno regional, y después de la reinstauración de las garantías democráticas en la región por parte del gobierno central en 1996, la victoria electoral de los autonomistas del Partido Democrático del Pueblo, sostenido por Nueva Delhi, apenas ha logrado crear un clima de ligera y ambigua distensión entre India y Pakistán: la reapertura de las comunicaciones por tren y autobús entre ciudades fronterizas y el discreto encuentro entre los primeros ministros en la 14ª cumbre del Movimiento de Países no Alineados

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celebrada en La Habana en septiembre de 2006, distan de ser acontecimientos relevantes para alcanzar un grado suficiente de distensión entre ambos Estados. A la desconfianza pakistaní y al limitado margen de maniobra del presidente Musharraf, se suman las reivindicaciones de los budistas de Ladakh

y de la

minoritaria población hindú de Jamu y Cachemira, que recelan de un gobierno musulmán en la región. Por su parte, la escalada armamentista no cesa: las pruebas del misil balístico indio Agni III, con capacidad nuclear y un alcance de 3.500 kilómetros, son respondidas por el régimen militar pakistaní con el reconocimiento de la construcción del reactor de Khushab, capaz de producir decenas de bombas nucleares al año.

En efecto, el proceso de nuclearización asiático parte de la constatación de que sólo corren peligro aquellos regímenes que no disponen de la capacidad disuasoria que proporciona el armamento nuclear. Irak y Afganistán fueron invadidos no por disponer de “armas de destrucción masiva”, sino precisamente por carecer de ellas.

Estados Unidos trata de lograr un difícil equilibrio en la región entre un Pakistán estratégicamente esencial en la lucha contra el terrorismo islamista y una India capital por su peso demográfico, su importancia económica y su papel de contrapeso a la acción exterior política de China. Tras las sanciones de 1998 impuestas por el gobierno norteamericano por ensayos nucleares de la India, asistimos a la profundización de una alianza estratégica entre ambas potencias a partir de los acuerdos de julio de 2005 por los que se pone fin al embargo de transferencia de tecnología nuclear y de armamento a cambio del control por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) de sólo una parte de los reactores nucleares indios.

La escalada nuclear de los países asiáticos es la prueba de los límites del OIEA por su incapacidad para imponer sanciones y controlar el combustible de uso civil, y por la falta de un liderazgo internacional legítimo. De resultas, las potencias occidentales no dudan en desarrollar acuerdos de transferencia de tecnología militar y de colaboración económica con países no signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) como India, Pakistán, China o Israel al tiempo que quien no lo ha ratificado (Estados Unidos) trata de neutralizar las amenazas de regímenes que no disponen (todavía) de armamento nuclear (Irán) y se muestra prudente ante los desafíos de antiguos firmantes del TNP como Corea del Norte. En el contexto de este des-orden mundial, es perfectamente plausible que India vote contra Irán en el seno

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del OIEA bajo presión norteamericana a la vez que negocia con el régimen persa el trazado de gasoductos vitales para alimentar su pujante economía.

El fin del tradicional aislamiento internacional de la India tiene su vertiente política en la distensión de los conflictos territoriales con China y en la comunidad de intereses con Rusia para la salvaguarda de la integridad territorial de ambos Estados multiétnicos y multiconfesionales en su lucha común contra el terrorismo islamista. Esta estrecha asociación pretende evitar la formación de una región de gobiernos musulmanes que sólo podría terminar beneficiando a Pakistán. Desde el punto de vista estrictamente económico, las negociaciones con Rusia para la explotación común de recursos petrolíferos y gasísticos se suman al acuerdo estratégico de 2004 con su mayor socio comercial, la Unión Europea, y a la estrecha relación con los países del sureste asiático para explorar la posible firma de tratados que concluyan en la apertura de las fronteras comerciales.

El viejo modelo económico de sustitución de importaciones impuesto por los gobiernos de Jawaharlal Nehru (1947-1964) descansaba en una política centralizada, un amplísimo sector público y un sistema de permisos de producción protegido por sólidas barreras aduaneras. La aceptación del plan de ajuste estructural diseñado por el Fondo Monetario Internacional comportó necesariamente el desmantelamiento de este modelo económico burocratizado.

Hoy la India dispone de una economía abierta homologable en el contexto internacional, pero cerrada aún en algunos sectores a la inversión del capital extranjero (industria automovilística, seguros, etc.). India ha aumentado sus exportaciones en un 9% anual de media entre 1990 y 2000, y en un 7% las importaciones, gracias a su pujanza en el sector textil, farmacéutico e informático (fabrica la quinta parte de las exportaciones mundiales de programas informáticos). No obstante, el fuerte desarrollo económico de la India durante las últimas décadas, con tasas sostenidas entre el 7 y el 8% en los últimos años, muestran un crecimiento territorialmente desequilibrado (Nueva Delhi y Maharastra absorben las dos quintas partes de las inversiones) y socialmente desigual. Es sabido que el crecimiento económico no se transforma necesariamente en equidad social, y ha conformado una enorme clase media de 300 millones de personas en un mar de desheredados.

India es sin duda uno de los países de mayor crecimiento, pero menos cohesionados socialmente, con una estructura social dividida en castas y subcastas en

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una compleja jerarquía que se extiende desde los brahmanes hasta los intocables (dalits). La política económica aperturista del gobierno indio ha encontrado fuertes resistencias por parte de los sectores sociales más perjudicados. La huelga general de septiembre de 2005 contra la privatización de empresas públicas, la apertura de los mercados al capital extranjero y la flexibilización laboral, fue la primera demostración de fuerza contra la coalición de centroizquierda del primer ministro Manmohan Singh, liderada por el Partido del Congreso y sostenido por un heterogéneo grupo de partidos entre los que destaca el Partido Comunista.

De lo que no cabe duda es que en los últimos tiempos las clases sociales más desfavorecidas han conquistado un protagonismo político hasta hace poco tiempo desconocido. La propuesta de gobierno consistente en reservar el 27% de los puestos de la administración central a las castas inferiores, sobre la base de un informe elaborado en los años ochenta, provocó el radical rechazo de las clases superiores y, como reacción, una movilización sin precedentes en solidaridad con los intocables. La reciente decisión del gobierno de reservar al mismo sector social la mitad de las plazas de las universidades públicas terminó por dividir a la sociedad india entre la nueva clase media y las más de 3.700 castas y subcastas que representan a más del 50% de la población y que son identificadas como beneficiarias de las medidas de discriminación positiva que pretenden paliar la situación de marginación estructural de los desheredados del país y facilitar la modernización del país.

Más allá del éxito de las políticas sociales coyunturales, lo verdaderamente novedoso es el reciente peso adquirido por amplios sectores sociales que tradicionalmente se autoexcluían de la acción política convencional. Su agrupación en partidos políticos como instrumento para la defensa de sus intereses les llevó al gobierno del Estado de Bihar en 1990 y del enorme Estado de Uttar Pradesh en 2003.

El nuevo protagonismo político adquirido por las castas inferiores, sobre todo en el norte de la India, obligará a los grandes partidos tradicionales a tener en cuenta a un amplio sector social marginado desde tiempos inmemoriales. Esta evolución podría favorecer la democratización del país ensanchando la base social del régimen a condición de que el crecimiento económico no siga ampliando la brecha entre los beneficiarios de la globalización y el mar de desheredados. José Manuel Ruano de la Fuente es José M. Ruano de la Fuente profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid

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