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Sometido a votación el acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 8 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 20122014, y el límite de gasto no financiero del Estado para 2012, se aprueba por 168 votos a favor, 154 en contra y 19 abstenciones.

derivadas —como saben— muy especialmente de nuestro sistema económico, de nuestro sistema productivo, de nuestro modelo económico, han llevado al Gobierno en los últimos meses a adoptar diversas medidas para reforzar la capacidad de respuesta de la economía española, para intensificar los apoyos a quienes se encuentran en situaciones más difíciles en razón de la crisis y para dar el máximo impulso posible a las iniciativas vinculadas con el desarrollo de nuevas formas de actividad económica y de generación de empleo. Además, las recientes y reiteradas turbulencias en los mercados financieros han mostrado la necesidad de adoptar nuevas medidas que refuercen adicionalmente la confianza internacional en la economía española. Las medidas las conocen ustedes bien: seguir insistiendo en ese proceso de consolidación fiscal y, por otra parte, seguir profundizando también en las reformas que necesita nuestra economía. Pero, además, el Gobierno tiene —como he dicho— una preocupación fundamental, la ha tenido a lo largo de toda la crisis económica, que es contrarrestar, en lo posible, los efectos de la crisis para los ciudadanos y muy especialmente para aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. En este sentido, la situación particular del mercado hipotecario en nuestro país caracterizada por un elevado endeudamiento, que ha motivado que muchos deudores hipotecarios, que contrajeron sus préstamos en momentos de una mayor valoración de los inmuebles debida a la burbuja inmobiliaria, muchos de esos deudores hipotecarios, aquellos con más dificultades, se encuentren ahora en la imposibilidad de satisfacer las obligaciones de pago de la vivienda que habitan. Conscientes de los problemas sociales que dichas circunstancias pueden producir a muchos ciudadanos y determinados a combatir la exclusión social, el Gobierno ha decidido introducir en el modelo hipotecario medidas adicionales de protección de las familias con menos ingresos, a la vez que ha incluido las medidas necesarias para garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realicen sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento de la vivienda. Cabe añadir que todo ello se ha hecho preservando el imperativo de la seguridad jurídica y la estabilidad y solvencia de nuestro sistema financiero; una estabilidad y solvencia de nuestro sistema financiero que hoy, si cabe, es todavía más importante que ayer. En síntesis, el Gobierno ha acordado incluir en el real decreto-ley que hoy tengo el honor de presentar ante esta Cámara para su convalidación, un conjunto de medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios, el control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el impulso de la actividad empresarial, el desarrollo de actividades de rehabilitación, el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa. De esta manera, da además cumplimiento inmediato a diversas resoluciones adoptadas por esta Cámara, en la mayoría de los casos con

Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana. CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. — REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 130/000045.) El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. Vamos a examinar la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. La señora vicepresidenta del Gobierno tiene la palabra para explicar las razones que han llevado al Gobierno a publicar el presente real decreto-ley. Mientras la señora vicepresidenta toma la palabra, anuncio a sus señorías que en el día de hoy tenemos dos votaciones de contenido orgánico, las cuales no se producirán en ningún caso antes de las trece horas de esta mañana. Señora vicepresidenta, tenga la bondad, cuando lo desee, de tomar la palabra. La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el desarrollo de la crisis financiera internacional y sus consecuencias en España, consecuencias

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impide a partir de ahora cualquier adjudicación de la vivienda inferior al 60 por ciento del valor de tasación independientemente de la cuantía de la deuda total. Se evitan así devaluaciones excesivas del valor de la vivienda en el ámbito de la subasta hipotecaria. Y finalmente, se ha mejorado un aspecto que tiene una importancia muy particular para proteger los intereses tanto del acreedor como del deudor hipotecario en el proceso de ejecución hipotecaria de una vivienda. Se trata de la correcta ejecución de la subasta del bien inmueble sobre el que recae la garantía de los préstamos hipotecarios. Hay que destacar que la Ley de Enjuiciamiento Civil exigía hasta ahora para participar en la subasta que los postores efectuaran un depósito por importe del 30 por ciento del valor del bien ejecutado. Si nos atenemos a la realidad del mercado de la vivienda en estos momentos, la fijación de unos umbrales tan altos podría estar constituyendo una barrera de acceso que podría frenar la concurrencia de postores genuinamente interesados en adjudicarse la vivienda subastada. Por tanto, en pos de la eficiencia del sistema, se baja hasta el 20 por ciento el porcentaje exigido a los postores para participar en la subasta. De este modo, se facilita la presencia de los postores y la mejor adjudicación de las viviendas hipotecadas. No cabe ninguna duda de que existían aspectos regulatorios que podían y debían mejorarse en el ámbito hipotecario, y que en algunos casos los deudores hipotecarios podían situarse en una posición de extrema debilidad en el proceso de ejecución hipotecaria de sus viviendas. El Gobierno ha querido dar respuesta a la preocupación social que existe en este campo. El Real Decreto-ley 8/2011 contiene también medidas de calado en el apoyo a las empresas generadoras de empleo. Por una parte, trata de salir al paso de la elevada morosidad que existe en este momento en muchos ayuntamientos debido a la complicada coyuntura económica y que está comprometiendo la viabilidad de algunas pequeñas y medianas empresas, así como el trabajo de algunos trabajadores autónomos que contratan con administraciones locales. El Gobierno ya había tomado medidas en este ámbito en el año 2009 a través de un instrumento que quiero recordar aquí, unos avales del ICO, que permitían el descuento de las facturas por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Esta línea, como saben, no fue utilizada todo aquello para lo que se había diseñado y, por tanto, el Gobierno ha entendido que convenía poner en marcha un nuevo instrumento pero perfeccionado para que esta vez sí pueda dar los resultados que deseamos. Hemos decidido, por tanto, simplificar y dinamizar el sistema para hacerlo más eficaz. Conviene aquí también recordar que la Administración Central del Estado ha reducido su morosidad de manera extraordinaria y que en este momento desde la Administración General del Estado no hay morosidad que supere en cuantía apreciable, calculábamos, si recuerdan de una interpelación que tuve el honor de contestar, 78 millones de euros a finales de año y de ellos solo 2 millones quedaban sin pagar a 31 de marzo. No es esa la situación de

un elevado grado de consenso, con motivo del reciente debate de política general celebrado los pasados días 28, 29 y 30 de junio. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Paso ahora a detallarles, señorías, las medidas específicas en todos los ámbitos mencionados que se contienen en el real decreto-ley. Por cuanto hace a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, el real decreto-ley persigue una protección más amplia de los segmentos sociales más vulnerables a la crisis económica. Esta inquietud fue objeto, como saben, de una resolución aprobada el 30 de junio por esta Cámara con motivo del debate de política general. Incluye, en primer lugar, medidas sobre inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda habitual en una ejecución hipotecaria. A través de la oportuna reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha aumentado el umbral de inembargabilidad en los casos en los que el precio obtenido por la venta de vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Los elementos fundamentales que se recogen en esta medida son, en primer lugar, el incremento del límite de inembargabilidad desde el actual 110 por ciento del salario mínimo interprofesional hasta el 150 por ciento, quedando por tanto ese límite mínimo de inembargabilidad situado en los 961 euros efectivos. Como saben, se hizo ya una elevación en el decreto-ley que se trajo como consecuencia de lo que vino a denominarse acuerdos o conversaciones de Zurbano. Pues bien, ahora damos un paso más elevando este límite de inembargabilidad hasta el 150 por ciento del salario mínimo interprofesional. Además, se incrementa ese porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30 por ciento por persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos. Se extiende el porcentaje adicional de inembargabilidad del 30 por ciento por persona dependiente del núcleo familiar que no disponga de ingresos también a aquellas personas cuyos ingresos anuales no alcancen el cómputo anual de este salario mínimo interprofesional. Por tanto, estarían incluidas aquí muchas de las pensiones no contributivas o las personas con otros ingresos reducidos. Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas que vienen a asegurar una renta mínima vital a aquellas familias que han comprometido sus salarios en la hipoteca de su vivienda habitual y que han visto cómo el banco ejecutaba la hipoteca, perdían su casa y también los avales que habían puesto como garantía. Entendemos —y así lo ha entendido la mayoría de la Cámara— que hay un mínimo que no puede ni debe afectarse al pago de la deuda, contribuyendo así a evitar la exclusión social de las personas que se encuentran en esas circunstancias. En segundo lugar, el real decreto-ley eleva del 50 al 60 por ciento del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación de la vivienda en los casos en los que el acreedor solicite adjudicarlo por un importe inferior a su valor, en aplicación de su facultad discrecional. Además, en los supuestos de subastas sin postor, se

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de gasto. Para ello, el real decreto-ley implica una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para introducir esa regla de gasto y reforzar así la vertiente preventiva de la política fiscal de estabilidad, evitando especialmente los comportamientos procíclico. La aplicación de las dos reglas fiscales, equilibrio a lo largo del ciclo económico y límite al crecimiento del gasto público, nos va a ayudar, sin duda, a moderar los posibles desequilibrios generados en los procesos de expansión excesiva de la actividad económica y va a permitir crear los márgenes necesarios para amortiguar las fases de recesión sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. En concreto, los objetivos de estabilidad presupuestaria de las distintas administraciones se fijarán teniendo en cuenta que el crecimiento de su gasto computable no podrá superar la tasa de crecimiento medio del producto interior bruto expresado en términos nominales durante nueve años. Y cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, la tasa de crecimiento podrá aumentar en cuantía equivalente. Simétricamente, cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones permanentes de recaudación, la tasa de crecimiento del gasto deberá disminuirse en la cuantía equivalente, y en caso de incumplimiento, la Administración pública responsable deberá adoptar medidas extraordinarias de aplicación inmediata que garanticen el retorno a la senda de gasto conforme a la regla establecida. La regla de gasto se va a aplicar directamente a la Administración General del Estado y sus organismos y a las entidades locales que participan de la cesión de impuestos estatales; a las restantes entidades locales les seguirá siendo de aplicación, como hasta ahora, la regla de equilibrio o superávit prevista en la normativa de estabilidad presupuestaria. Como saben, estas medidas no afectan a las comunidades autónomas, puesto que estas gozan de la autonomía fiscal y financiera que les confiere la Constitución. Sin embargo, el Gobierno desearía, y así lo ha expresado, que esta regla de gasto también se aplique en ellas, porque sería positivo para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la disciplina fiscal. Por ello, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó este decreto-ley ha mandatado a la Vicepresidencia para Asuntos Económicos para que en los órganos de coordinación con las comunidades autónomas proponga esta regla de gasto para intentar un acuerdo del conjunto de las comunidades autónomas en este sentido. Vamos, por tanto, a tratar de que se adopte un acuerdo político con todas las comunidades autónomas para que cada una de ellas, en el ejercicio de sus competencias, introduzca una regla de gasto similar que es, en definitiva, un criterio de austeridad en el gasto público para que ese criterio de austeridad pueda estar presente en todas las administraciones, tanto aquellas del Estado como las que dependen de las comunidades autónomas. Un tercer bloque de medidas contenidas en este real decreto-ley está destinado a fomentar la actividad empre-

las administraciones locales y, por tanto, es pertinente traer hoy aquí este nuevo instrumento. El real decreto-ley faculta a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para que encargue al Instituto de Crédito Oficial la puesta en marcha de una línea de préstamos a las entidades locales en el marco de la línea ICO-liquidez 2011 para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril para facilitar la liquidez a las empresas y autónomos que tengan créditos pendientes de cobro con las entidades locales. Señorías, el Gobierno ha dado muestras de una diligencia absoluta. En este sentido tengo que decirles que el pasado día 7 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos procedió a realizar dicho encargo al ICO, dando muestras de nuestra voluntad de poner en marcha estas medidas cuanto antes. El ICO, a su vez, está realizando todos los ajustes informáticos necesarios para que los ayuntamientos puedan hacer uso de esta facilidad en los próximos días. Las garantías de las líneas de crédito no podrán superar el 25 por ciento del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado 2011. Por tanto, si como consecuencia de esta línea de crédito una entidad local contrajera una deuda firme con el ICO impagada en el periodo voluntario fijado, que el ICO ha establecido en tres años, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará a su favor las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado. Por tanto, el real decreto-ley ha introducido aquello que es necesario que tenga rango legal, la habilitación para que la línea financiera pueda contar con la garantía de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y para que las entidades locales puedan endeudarse con carácter excepcional para realizar actuaciones que requieren crédito a largo plazo y que no estén destinadas a financiar inversión, como es lo habitual. Por otra parte, el Gobierno, como mencioné anteriormente, ha decidido anticipar las medidas contenidas en el Pacto por el Euro Plus para seguir avanzando con paso firme por la senda del control del gasto público, reiterando de esta manera el compromiso irrenunciable e innegociable de las instituciones de gobierno en pos de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y la disciplina fiscal. Se trata de una cuestión urgente e importante dada la inestabilidad persistente de los mercados de deuda, y en particular el de la zona euro. Como saben, el Gobierno, por boca de su presidente, cuando se comprometió con este Pacto por el Euro Plus, dijo que en el plazo de seis meses desde que se aprobara la gobernanza económica el Gobierno introduciría una regla de gasto para la Administración Central del Estado y las entidades locales en régimen de cesión de tributos. No se ha aprobado todavía el paquete de gobernanza económica de la Unión Europea. Como saben, previsiblemente se hará inmediatamente después del verano, pero el Gobierno ha considerado —y así lo ha incluido en el decreto-ley— que es oportuno introducir ya en este momento esa regla

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sarial, que prima como vertiente importante del nuevo modelo económico la innovación empresarial, la tarea, la actuación, el impulso de los emprendedores. El Gobierno viene ya apoyando a los emprendedores que quieran desarrollar una idea de negocio al considerar que tienen una función económica y social de la mayor relevancia. Así, como saben, además de la cuenta ahorro vivienda existe ya en nuestro país una cuenta ahorro empresa. Son muchas las medidas que se han adoptado en este sentido por los gobiernos socialistas desde el año 2004, tanto a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado adoptadas desde entonces como mediante instrumentos específicos. Entre los más recientes cabe destacar el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el reglamento del impuesto sobre sociedades aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de obligación de documentación de las operaciones vinculadas, o el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Además, se han habilitado varias líneas de financiación para pymes y numerosos planes de apoyo y programas para emprendedores. Para alcanzar los objetivos que en este campo mantiene el Gobierno deben incentivarse los estímulos a la inversión que, en el actual contexto restrictivo, deben ser especialmente intensos y garantizar su mantenimiento por un tiempo suficiente para la viabilidad de los proyectos citados. Con esta finalidad y para estimular las inversiones de terceros en proyectos impulsados por emprendedores que creen pequeñas o medianas empresas, se establecerá un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas como consecuencia de tales inversiones. De esta manera, se declaran exentas las plusvalías obtenidas en la trasmisión de las acciones o participaciones en dichas entidades, siempre que la inversión se efectúe mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades de nueva o reciente creación que desarrollen una actividad económica. En concreto, la exención —total, insisto— se aplicará a las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de las acciones o participaciones cuyo valor de adquisición no exceda de 25.000 euros anuales ni de 75.000 por entidad durante los tres años posteriores a su constitución y cuando el tiempo de permanencia de los valores en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres años e inferior a diez. El real decreto-ley también profundiza en la agilización de los trámites para la creación de empresas, ampliando las medidas que el Gobierno ya había puesto en marcha con anterioridad en este mismo ámbito. Para ello se ha extendido el uso de los medios electrónicos y telemáticos para reducir plazos, para abaratar costes a los emprendedores. A partir de ahora la certificación negativa de denominación social

podrá solicitarse por vía telemática por parte de cualquier emprendedor. Otro ámbito donde el real decreto-ley que hoy les presento incide es en el de las medidas destinadas a impulsar las actuaciones de rehabilitación. Son medidas que complementan y refuerzan los contenidos que sobre esta materia se recogieron ya en la Ley de Economía Sostenible, concretando y clarificando su contenido en un sector y un mercado que son básicos para el desarrollo del nuevo modelo productivo más equilibrado, más sostenible. Ahora queda mejor definido el concepto global de rehabilitación, incluyendo las actuaciones de conservación, de mejora y de regeneración urbana; y además, en el marco de las políticas dirigidas a la consecución de un medio urbano más sostenible, el real decreto-ley generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y requisitos esenciales, pero siendo al tiempo absolutamente respetuoso con las competencias de comunidades autónomas en esta materia. Por último, me referiré brevemente al conjunto de medidas de carácter administrativo que recoge el real decreto-ley. Se introducen modificaciones en cuanto al sentido del silencio administrativo, profundizándose en las medidas que en este sentido había introducido la Ley de Economía Sostenible. Es evidente, señorías —y siempre es una buena ocasión para recordarlo—, que el proceso de agilización administrativa que hemos llevado a cabo en nuestro país en los últimos años es un proceso que, como saben, ha recibido incluso las felicitaciones de la Comisión Europea. La trasposición que hemos hecho de la Directiva de Servicios, una trasposición en la que por supuesto han colaborado también las administraciones territoriales, ha permitido reducir extraordinariamente las cargas administrativas sobre empresas, sobre los autónomos y también sobre los ciudadanos. Pues bien, en el real decreto-ley que hoy les presento se han identificado 124 procedimientos en los que imperaba el silencio desestimatorio. Mediante este real decreto-ley pasan a silencio positivo, evitando así retrasos y trabas que impiden desarrollar nuevas actividades empresariales. Con ello fomentamos la eficiencia de las empresas, la competencia y el desarrollo de la innovación. El real decreto-ley promueve también el intercambio electrónico de la información entre las distintas administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Y, finalmente, se suprimen las exigencias de licencias municipales contenidas en normas estatales. Y en cumplimiento de la Ley de Economía Sostenible, se promoverá la aplicación de medios de intervención más favorables al ejercicio de la actividad económica. Como pueden observar, señorías, se trata de un real decreto-ley que contiene medidas de amplio calado en diversos sectores de nuestra economía que requieren actuaciones inmediatas para fortalecer su capacidad de respuesta ante los retos que tiene planteados. Por una parte, contiene numerosas medidas sociales para proteger a aquellas personas y a aquellas familias que peor

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que no se incluyan entre el gasto a limitar o el de las partidas grandes los intereses de la deuda o las prestaciones por desempleo. En fin, de todo eso se puede hablar y supongo que hay capacidad para irlo modificando si la situación lo requiere, pero en todo caso creo que es una limitación conveniente, necesaria y, por tanto, también desde nuestro punto de vista una decisión que conviene apoyar. En tercer lugar y en un tercer bloque, todas aquellas medidas destinadas a paliar la morosidad de las entidades locales por la vía de estos créditos del ICO que, como la vicepresidenta ha explicado, pagará directamente la deuda a través de sus entidades colaboradoras o la cobrará del ayuntamiento o la detraerá de la participación del ayuntamiento en los ingresos del Estado. Esta también es una medida que se veía urgente, que se veía necesaria, sobre la que en esta Cámara hemos discutido en numerosas ocasiones y a propuesta de diversos grupos parlamentarios. Es verdad, señora vicepresidenta, que no soluciona el problema de fondo, que para solucionar el problema de fondo habría que reformar la financiación local, que es también una de las viejas asignaturas pendientes; que habría que determinar con claridad —también una asignatura siempre pendiente—, dentro de la ley municipal, las competencias que son de los ayuntamientos y darles una financiación adecuada para cumplir y cubrir esas competencias. Pero alivia el problema, aunque pueda parecer un parche, aunque haya quien lo pueda calificar como tal, lo alivia –insisto— en la dirección correcta. Por todas esas cuestiones y por otras muchas de tenor menor, que también van en este decreto y que no tengo tiempo para abordar, anuncio nuestro voto positivo en este real decreto que hoy nos trae a debate.

lo están pasando como consecuencia de la crisis, en concreto a aquellas personas y familias que han perdido su vivienda hipotecada. Esta es y va a seguir siendo una prioridad absoluta para este Gobierno. Por otra parte, para apoyar a los emprendedores, elemento fundamental del nuevo modelo económico, se eliminan trabas administrativas y se plantean bonificaciones fiscales de calado para quienes apoyan financieramente a los emprendedores. Además, adoptamos medidas para poner coto a la elevada morosidad de las administraciones locales que pymes y autónomos padecen de una forma especialmente intensa. Finalmente, nuevas medidas de disciplina fiscal y de control del gasto, en pos de la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, a través de la introducción de una regla de gasto que impone un criterio de austeridad sobre las administraciones. Por último, quisiera destacar que, dado el contexto de elevada incertidumbre en los mercados financieros internacionales, muy especialmente en la zona euro, y el riesgo de que esta situación termine lastrando la recuperación económica y la creación de empleo, estas medidas debían entrar en vigor de manera urgente, lo que justifica la utilización de la figura del real decreto-ley. Por todo ello, señorías, les pido que con su voto ratifiquen el texto de este real decreto-ley porque es de extraordinaria urgencia y necesidad adoptar medidas en todos los ámbitos que esta norma abarca para fortalecer nuestra economía y proteger a los más vulnerables. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.) La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora vicepresidenta. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Díez.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Oramas.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta primera, señorías, el real decreto que nos ha explicado la vicepresidenta primera tiene algunas medidas relevantes e importantes que, a mi juicio, van en la dirección correcta. En este turno me fijaré brevemente en tres bloques. Un primer bloque de medidas para mejorar la situación de los deudores hipotecados por su vivienda habitual. Se trata de medidas, como aquí se ha explicado, que eran necesarias y urgentes. A nuestro juicio, llegan tardíamente, se ocupan de una cuestión grave que ha supuesto ya más de 300.000 ejecuciones hipotecarias. Se puede criticar eso, que no hayamos sido capaces de enfrentarnos a tiempo con este problema, pero son medidas necesarias, urgentes e, insisto, correctas en cuanto a la dirección emprendida. Otro conjunto de medidas importantes, que tienen que ver con la limitación del crecimiento del gasto público para el Estado y los ayuntamientos, también van en la línea correcta, más allá de que en este caso se trate de una decisión del Pacto por el Euro. Se puede objetar que en estas medidas no se incluya a las comunidades autónomas, incluso se puede discutir cómo se fija el límite o

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, el decreto que hoy debatimos a mí me recuerda a aquellas leyes de acompañamiento que teníamos todos los parlamentos donde se metía de todo, más bien eran escobas. Como estamos acabando la legislatura, yo diría que es un decreto escoba que va barriendo todas las cosas que quedaban pendientes. ¿Por qué lo digo? Porque creo que este decreto no debía haber sido un decreto. Hay determinadas materias que nos parecen urgentes y que requieren un decreto urgente que además no se tramite como proyecto de ley, como pueden ser la parte —y estoy totalmente de acuerdo— de inembargabilidad —sobre todo para los sectores más vulnerables—, la regla de gasto de las administraciones públicas, también la línea ICO de los ayuntamientos y el concepto de rehabilitación, porque es una medida urgente. Después hay cosas inexplicables, como lo del cine y alguna otra materia; y hay cosas que se tendrían

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de la dación en pago en determinadas circunstancias, y otras alternativas como una moratoria en el pago de los plazos pactados, la transformación de la hipoteca en un contrato de arrendamiento con opción a compra o la condonación parcial de la deuda. En otro orden de cosas, valoramos también positivamente la línea de crédito para la cancelación de deudas de las entidades locales con empresas y autónomos, o las medidas para el fomento de la rehabilitación, para proporcionar una mayor seguridad jurídica en materia inmobiliaria o para una mayor simplificación administrativa. Sin embargo, nos ofrecen serias dudas algunas de las medidas de impulso a la actividad empresarial, por mucho que estemos de acuerdo en la necesidad de impulsar un cambio del modelo productivo. El recurso como medida de estímulo a exenciones fiscales se ha revelado en muchísimos casos ineficaz —y lo hemos discutido también en otras ocasiones— para garantizar un crecimiento económico sostenido. Existen numerosos casos de políticas de crecimiento económico basadas en beneficios fiscales que a largo plazo se han mostrado perjudiciales, como muestra el caso irlandés. Pero, señorías, señora vicepresidenta, nuestra mayor discrepancia la constituye la sección primera del capítulo 2, por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Las medidas aquí contenidas responden a una estrategia fiscal que consideramos contraproducente para favorecer la recuperación económica, como hemos manifestado también en múltiples ocasiones y sin ir más lejos el pasado martes en el debate sobre el techo de gasto. Por eso, señorías, como hemos anunciado al inicio de esta intervención, nos vamos a abstener en la votación de convalidación de este real decreto. Muchas gracias, señora presidenta.

que tramitar como proyecto de ley sobre las que todos tendríamos que hablar, como son procedimientos, el tema del silencio negativo o positivo y algunas cuestiones también de registro y, desde luego, los artículos 6.º y 7.º Yo creo que deberíamos hacer un proceso de reflexión. Quizás el Gobierno debería haber hecho tres decretos y unos tramitarlos como proyecto de ley, porque son temas que requieren meditación, poner comas, puntos, analizar posturas distintas; y otros sencillamente haberlos aprobado, no ahora, sino hace seis meses, porque muchas gente se ha quedado por el camino, sobre todo gente con salarios mínimos, con situación de vulnerabilidad social. Además, esa decisión que se debería haber tomado hace seis meses y que la vamos a tomar hoy, y que por eso no puede esperar a una tramitación como proyecto de ley, quizá debería llevar a la reflexión del tema general de hipotecas, como hemos planteado todas las fuerzas políticas de este país. Termino diciendo que ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el nuevo marco autonómico y con esta regla, parece urgente porque en este momento las mayores desconfianzas que a nivel internacional son sobre la situación del déficit, del límite de gasto del sistema autonómico español. Todos reconocemos que es una competencia constitucional, pero se tiene que reunir ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ya. Señora vicepresidenta, vamos a apoyar el decreto y su convalidación. Muchas gracias, señora presidenta. La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Oramas. Finalmente, por el mismo grupo tiene la palabra la señora Fernández Davila. La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta primera, el Bloque Nacionalista Galego anuncia ya la abstención en la convalidación de este real decreto porque aun teniendo muchas medidas que nos parecen positivas, otras son insuficientes desde nuestro punto de vista y algunas entendemos que están mal encaminadas. Quisiera hacer una referencia especial por su relevancia al capítulo 1, sobre la situación de los deudores hipotecarios. Valoramos como un avance las distintas medidas, en particular que se eleve el umbral de la inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Aun siendo también positivo que se eleve hasta el 60 por ciento del valor de tasación la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado, o las medidas para mejorar la eficacia de las mismas, sigue sin embargo sin abordarse la cuestión fundamental: una reforma en profundidad de la legislación en materia hipotecaria que contemple la admisión

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra en primer lugar la señora Buenaventura. La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta de asuntos económicos, nosotros, en primer lugar, nos alegramos de algunas de las medidas que propone el real decreto, por ejemplo el incremento de los ingresos mínimos inembargables. Compartimos al cien por cien esta medida, lamentamos que haya llegado tarde, que haya familias que en estos momentos ya están en la calle. Hace dos años, mi compañero Joan Herrera les planteó en el debate sobre el estado de la Nación del año 2009 la modificación de la legislación civil e hipotecaria para elevar el listón de ingresos inembargables a un 50 por ciento del salario mínimo interprofesional para cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión; y lo grave es que

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incumplido la ley, que se ejecutara con urgencia esta medida, que debe ser además crucial para reducir la morosidad y contribuir a la salida de la crisis y al mantenimiento de puestos de empleo. Creemos, además, que es fundamental reforzar el papel del ICO como banca pública y eliminar las trabas y el exceso de garantías solicitadas a través del facilitador financiero para garantizar que se inyecte a la economía productiva el cien por cien de los fondos de la línea ICO-directo. Consideramos que se podría haber incidido en esta cuestión mucho antes y nos quedaremos además con la sensación de que su Gobierno nunca ha creído mucho en el ICO y es una pena, una lástima porque en momentos de cerrojazo del crédito —a menudo injustificado—, quizás hubiera sido más útil reforzar el ICO que no destinar tanto dinero público a la reestructuración bancaria. Por último, el impulso de la actividad empresarial. Cuando leímos el título del capítulo pensábamos que realmente había propuestas de un nuevo modelo productivo, y ¿qué nos encontramos? Incentivo fiscal. Le podría decir en este punto lo mismo…

ustedes nos aprobaron la ampliación de los criterios de inembargabilidad mediante una enmienda en la resolución sobre vivienda que ustedes plantearon. Pero ahí quedó el asunto, no lo aplicaron. Señorías, celebramos que por fin abran los ojos y, ya puestos, les lanzo otra propuesta con el ánimo de que la valoren y la apliquen con celeridad. Se trataría de aplicar el incremento en los porcentajes de inembargabilidad a todos los casos de embargos judiciales para todo tipo de deudas. La actual propuesta del Gobierno se refiere solo a los embargos posteriores a la ejecución hipotecaria y aquí entramos ya en otro tema, el del incremento hasta el 60 por ciento del valor de tasación en la subasta de pisos y la disminución hasta el 20 por ciento en el depósito para participar en ella. Aquí la pregunta, como en el caso anterior, es la misma: ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no contemplan otras medidas como el alquiler social que, a diferencia de los principales Estados europeos, en España supone solo un 2 por ciento del total de las viviendas? Está muy bien que hagan estos gestos aunque sea, seguramente, por calendario preelectoral; bienvenidos sean. Pero, señorías, se acerca el final de la legislatura. Tomen medidas para hacer efectivo realmente el derecho a la vivienda. A nosotros particularmente nos gustaría acabarla con la noticia de que la dación en pago en nuestro país es posible. En cuanto a las medidas financieras, también vemos dos novedades: la regla del gasto y la nueva línea ICO. Respecto a la nueva regla del gasto, es cierto que ha habido ayuntamientos que en estos años han hecho un gasto excesivo; en algunos casos podemos ver excesos inexplicables en los que los ingresos provenientes de operaciones urbanísticas se gastaban con escaso criterio y el endeudamiento crecía y crecía. Esta ha sido una de las causas de la burbuja inmobiliaria y también de la corrupción, que van muy ligadas, la excesiva dependencia de los ayuntamientos en los ingresos del sector inmobiliario. Pero, evidentemente, no todos los ayuntamientos han actuado igual. Por eso proponemos que se debe revertir de manera profunda el sistema de financiación local y su participación en los tributos del Estado. Medidas como las que ustedes proponen, como la regla de gasto, no hacen más que profundizar en la lógica de reducir el gasto por reducir sin tener en cuenta si realmente es posible para poder mantener un mínimo Estado del bienestar, cuando además los ayuntamientos en muchos casos realizan estas actividades supletorias de lo que otras administraciones no están haciendo. Y en segundo lugar, por fin parece que se conseguirá crear la línea ICO, que desde todas las fuerzas políticas, desde todos los grupos parlamentarios hemos venido pidiendo. Como digo, pocas propuestas económicas en esta Cámara han tenido tanta unanimidad como la creación de esta línea ICO. Todos los grupos políticos, los expertos económicos, los agentes sociales, los colectivos de empresarios y hasta la Federación Española de Municipios y Provincias, todos hemos solicitado al Gobierno en reiteradas ocasiones, durante este año que se ha

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Buenaventura, por favor. La señora BUENAVENTURA PUIG: Voy terminando. La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Vaya terminando, por favor. La señora BUENAVENTURA PUIG: Le podría decir en este punto lo mismo que le decimos desde nuestro grupo cuando semana sí semana también el Grupo Popular nos trae su paquete estándar que, bajo grandilocuentes títulos, acaba siempre diciendo: para mejorar la economía, rebaja fiscal. Igualmente es lo que proponen ustedes. Para nosotros sería muy importante poder estar discutiendo y debatiendo una reforma fiscal hacia una fiscalidad justa y equitativa. Por todo ello, nosotros nos abstendremos. La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Buenaventura. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, señorías, como de costumbre, el Gobierno nos trae aquí una nueva demostración de cómo su política económica se ejecuta a golpe de decreto-ley. Quiero recordar que este decreto-ley hace el número 42 a lo largo de esta legislatura. En este caso, quiero decir, de entrada, que la realidad actual de la crisis y su afectación sobre los ciudadanos y el sistema productivo no nos permite dar la espalda en su conjunto a las medidas que dentro de su modestia van a permitir, creemos, aliviar los efectos de la misma y que responden

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puntos y las corporaciones locales en 0,2 puntos, elevándose en este caso el nivel de endeudamiento de la Administración General del Estado hasta un 74 por ciento, frente a un 5,5 de las corporaciones locales. Se trata, por tanto, de una medida más efectista que efectiva, puesto que las condiciones generales de limitación del gasto de la Hacienda local ya están perfectamente previstas en su regulación y porque las situaciones más graves que todos conocemos, por ejemplo, el caso de Madrid, tienen más que ver con la permisividad del Gobierno autonómico y, por extensión, también del propio Gobierno del Estado. En tercer lugar, aunque muy tardía, juzgamos como muy positiva la reintroducción de la línea de crédito ICO para las entidades locales, que deberá permitir cancelar deudas contraídas con pymes y autónomos y a su vez, que las corporaciones locales cumplan con los plazos de pago, aunque quiero recordar que esa medida ya fue incluida en la Ley de Morosidad y que finalmente cayó a través de la Ley de Presupuestos de 2011. En cuarto lugar, largamente reclamadas también en el contexto de la actual crisis han sido algunas actuaciones que incluye este real decreto-ley y que compartimos, tendentes a dar impulso a la actividad empresarial. Sin duda, el futuro inmediato de nuestra industria pasa por la innovación y la internacionalización. Finalmente, señorías, señora presidenta, las medidas de apoyo a los emprendedores…

en buena parte a algunas novedades prometidas por el presidente del Gobierno a lo largo del debate de política general o bien algunos compromisos adquiridos por el Gobierno ante la Unión Europea. Eso sí, se trata de medidas no todas ellas urgentes, se trata de medidas de muy distinto calado, algunas largamente reclamadas por nuestro grupo parlamentario y a las que el Gobierno en su día se opuso y que aquí devienen un poco de todo, devienen positivas en algún caso y en otro caso insuficientes, también inocuas y en la mayoría de los casos tardías, lo cual refuerza una vez más la imagen de un gobierno con falta de rumbo y unos movimientos espasmódicos a la hora de gobernar. Entrando en el detalle de los cinco grandes grupos de propuestas que se incluyen en este real decreto-ley, en primer lugar, quiero referirme por su importancia a uno de los compromisos estelares asumidos por el presidente del Gobierno en el pasado debate sobre el estado de la Nación, como es la situación de los deudores hipotecarios. La medida de elevar el umbral del salario mínimo interprofesional inembargable es una medida que ya propuso Esquerra y que puede suponer en el mejor de los casos, en la propuesta que hace el Gobierno, que una pareja con un hijo y en la que solo trabaje uno de sus miembros el mínimo se eleve a una cantidad de 1.346 euros. Se trata de una cantidad ciertamente modesta para atender a las necesidades mensuales de una unidad familiar de tres miembros, incluida la vivienda que ya ha sido ejecutada por la entidad de crédito. La cuestión, señorías, es que subsiste el principal problema de nuestra legislación, cuyo cambio constituye una reivindicación social ampliamente sentida, como es la dación en pago, porque las garantías a favor de las entidades financieras no deben convertirse en ningún caso en una condena de por vida para aquella persona que contrató una hipoteca, evidentemente porque quien alimentó y se lucró con el crecimiento de la burbuja hipotecaria debe asumir su parte alícuota del riesgo y de la responsabilidad en las operaciones sin beneficiarse de garantías extraordinarias. Además, esta medida simplemente va a alargar el periodo de pago, pero no va a afectar a la cuantía o volumen de la deuda principal y va a incrementar también los intereses. No aborda, insisto, la demanda social más sentida, como es la posibilidad de devolver las llaves a la entidad de crédito. En segundo lugar, el real decreto-ley incorpora una regla de gasto que afecta a los municipios y provincias, algo que nos parece discutible porque se sustenta en una idea que ha ido cuajando poco a poco sobre que el mayor responsable del déficit público del Estado son las administraciones territoriales. Eso no es cierto, en primer lugar, porque todo el mundo sabe que no se ha abordado en la actual legislatura el problema de la financiación local, y en segundo lugar, porque con los datos en la mano del propio Banco de España del primer trimestre de este año, ha sido el Estado el que ha incrementado en 1,5 puntos el endeudamiento respecto al PIB, mientras que las comunidades autónomas lo han hecho en 0,5

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta, diciendo que celebramos la inclusión de algunas de estas medidas de incentivo y de desgravación fiscal, aunque los límites cuantitativos que se imponen nos parecen muy restrictivos y poco ajustados a la realidad. Por todo ello, por ser un cajón de sastre, con medidas positivas, algunas inocuas y seguramente todas ellas tardías, nuestro grupo parlamentario va a abstenerse en la votación. Muchas gracias. La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu. El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, asistimos hoy en esta Cámara a una sesión típica, a algo que viene siendo práctica habitual, a la convalidación de un real decreto-ley. La excepcionalidad reclamada en otros tiempos de la fórmula del real decreto-ley ha desaparecido y no siempre se justifica en base a una urgencia ineludible sobrevenida por un motivo imprevisible. Ni siquiera se hace referencia en el preámbulo a la necesidad de aprobación inmediata de las medidas contem-

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No menos importante en estos momentos de falta de liquidez es la activación por parte del ICO de una línea de financiación que posibilite el pago a pymes y autónomos de las facturas antiguas que se encuentran en el fondo de los cajones de muchos ayuntamientos. Esta línea de financiación reducirá la morosidad y permitirá salir de la angustia financiera a muchos pequeños proveedores de obras y servicios de los ayuntamientos que, por motivos de la crisis económica, no podían cobrar por sus trabajos o servicios realizados. El montante es un tanto limitado —hasta el 25 por ciento de lo que normalmente reciben del Estado por la participación en los tributos— como también lo es su tiempo de duración, sólo tres años. Quizá en un futuro se puedan ampliar dichos límites, pero la medida, a nuestro juicio, es apropiada. Por cierto, señora vicepresidenta, es una medida que se venía reclamando insistentemente en esta Cámara desde hace mucho tiempo y ha habido que esperar hasta ahora no sabemos muy bien por qué. En este apartado —y a instancias de nuestro grupo parlamentario— acordamos incluir una disposición adicional, la segunda, en la que se respetan los sistemas de concierto económico y convenio. Como saben sus señorías, en el caso de los territorios históricos de la Comunidad Autónoma vasca y en el caso de Navarra la tutela financiera de los ayuntamientos está en manos de las diputaciones forales y del Gobierno navarro, respectivamente. Con la salvedad introducida, las diputaciones forales y el Gobierno de Navarra pueden negociar con el ICO una medida idéntica a la establecida por la Administración General del Estado para las corporaciones locales de régimen común. Aplaudimos también —como no puede ser de otra manera— la protección de los más necesitados cuando el precio de la venta de la vivienda habitual hipotecada es insuficiente para cubrir el crédito garantizado. No llega a lo que significaría la dación de pago, pero eleva en un 50 por ciento el nivel de inembargabilidad hasta un 150 por ciento del salario mínimo interprofesional, y un 30 por ciento adicional para cada miembro de la unidad familiar sin ingresos o inferiores a dicho salario. Es un mínimo exigible a nuestro juicio a la decencia y a la dignidad. La crisis no puede afectar tan cruelmente a los más necesitados después de ser desprovistos incluso de su propia vivienda habitual. Estos son los elementos centrales —y a mi juicio relevantes— de este real decreto-ley. Incorpora también el real decreto-ley otros elementos de naturaleza menor, como decía, esos que estaban en los cajones de los ministerios, pero que nuestro grupo los ve también favorablemente: las medidas de estímulo a la inversión de aquellos proyectos empresariales innovadores de jóvenes emprendedores, las actuaciones de rehabilitación de edificios, medidas registrales, cambios puntuales en el silencio positivo, y la protección muy importante de aquellos propietarios que con buena fe han adquirido una propiedad fuera de ordenación y que

pladas, simplemente es una manera de legislar; una manera flexible, ágil y rápida, sí, pero que impide en la mayoría de los casos el necesario debate parlamentario, el acuerdo y la negociación, elementos que configuran el quehacer de esta casa. Es cierto que esta legislatura es la de la crisis económica y que su evolución y consecuencias, muchas veces difíciles de prever, han podido explicar y justificar esta manera de proceder, pero no siempre. La IX Legislatura, que está concluyendo, se va a conocer por las famosas medidas incorporadas en textos legislativos, que no tienen nada que ver, pero que han condicionado el debate y la naturaleza de las propias leyes, y no menos para los muchos reales decretos-ley aprobados, con contenidos heterogéneos, con medidas de todo tipo, introducidas muchas veces con calzador y cuyo fin era dar cabida y solución a problemas que los ministerios guardaban en sus cajones sin saber cómo darles salida. Además, este real decreto-ley, señora vicepresidenta, nos ha pillado un tanto por sorpresa, prácticamente nos enteramos por la prensa el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros y no conocimos hasta el pasado jueves, en que se publicó en el boletín, su contenido real. Ello no quiere decir que nuestro grupo haya sido ajeno a esta cuestión ni que haya estado al margen porque hemos tenido la ocasión de hablar de sus contenidos básicos e incluso de incorporar algunas salvedades competenciales para evitar intromisiones que en otro caso se hubieran producido. Por tanto, nuestro grupo ha tenido la opción de estar al tanto y de hablar de estas cuestiones. En todo caso, el real decreto-ley que hoy nos trae a esta Cámara para su convalidación es el característico de la IX Legislatura. Tan solo con leer el título observamos la pluralidad de asuntos que incluye, de esos que se encontraban en los cajones de los ministerios. Tras esta disquisición que me he permitido y antes de entrar a comentar con brevedad algunas de las medidas que a nuestro juicio merecen mayor atención, quisiera adelantarles ya, vicepresidenta, que nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. A pesar de su heterogeneidad, creemos que es necesario que los contenidos se aprueben en la situación económica en que nos encontramos. Aprobar una regla de gasto que refuerce las leyes de estabilidad en el ámbito de la Administración Central del Estado y de las administraciones locales de régimen común respetando el equilibrio a lo largo del ciclo, será bien recibido por los mercados y en el ámbito de la Unión Europea y servirá a las administraciones para clarificar la manera de proceder en materia de gasto público; forma parte de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en el marco del Pacto por el Euro y tiene su consistencia. Este control adicional que se autoimponen las administraciones afectadas pondrá de manifiesto lo que les comentaba anteayer en el debate sobre el techo de gasto, la urgente necesidad de revisar y replantear el conjunto de las políticas públicas que desarrollan las administraciones.

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conoce perfectamente nuestro grupo lleva trabajando ya hace bastantes meses, diría más de un año como mínimo, en el tema de la protección a los deudores hipotecarios. Nuestro trabajo parlamentario ha conllevado que en estos momentos se esté sustanciando una subcomisión de estudio que debe ofrecer a la Cámara antes de diciembre una propuesta de reforma global del mercado hipotecario. Que en cualquier caso, mientras tanto y para cuestiones urgentes como se ha venido diciendo por parte de la totalidad de intervinientes, se tomen ya algunas de las medidas que todos compartimos, al menos en su concepto —algunas no en su cantidad—, nos parece inteligente y razonable e incluso nos parece propio de la urgencia que requiere un real decreto-ley. Por tanto en este aspecto la posición de nuestro grupo no puede ser más positiva, y se felicita igualmente de que algunas de las conclusiones y recomendaciones aprobadas en la propuesta de resolución pactada, a que hacía referencia, incluso están siendo oídas por parte del sector bancario. Ayer mismo una importante entidad anunció también la aparición de una figura hipotecaria que alimentaba las garantías al bien hipotecado, lo cual es objetivamente una buena noticia. Otra cuestión que también merece la urgencia es la del control del gasto público. Aquí nosotros solo deseamos que en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera haya también un acuerdo para que se pueda ver reconocido el esfuerzo que algunas comunidades autónomas —y Cataluña de forma muy especial, como usted sabe muy bien— están realizando y que estas medidas contribuyan, no a poner en cuestión la eficacísima labor que en estos momentos está haciendo el conseller Mas-Colell, del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, sino al contrario, a poner en valor este esfuerzo y ponerlo incluso como ejemplo para todas las administraciones, incluso para la Administración General del Estado. Otro aspecto que como usted sabe ha sido ampliamente reclamado —mi compañero Sánchez i Llibre se lo ha reclamado reiteradamente como inspirador y padre-padrino de la Ley de Morosidad— es el referente a la medida para que el ICO preste o avance dinero y así se puedan pagar las deudas contraídas por parte de los ayuntamientos con pequeñas y medianas empresas. Esta es una medida que conceptualmente compartimos aunque nos parece, señora vicepresidenta —y aquí empiezan las objeciones que nosotros planteamos—, que aquí nos hemos quedado cortos. (Rumores.)

pueden verse desprovistos de sus bienes, etcétera, cierran un conjunto de medidas que conforman este real decreto. Para no extenderme y para finalizar tan solo quisiera señalar que a nuestro juicio las cláusulas incorporadas a propuesta de nuestro grupo al artículo 21, relativas a la obligatoriedad de la inspección técnica de edificios, preservan las competencias y respetan las legislaciones autonómicas en la materia, como no puede ser de otra manera. Como ya les he avanzado, a pesar del método legislativo empleado, el real decreto-ley y la heterogeneidad de las materias a las que afecta, nuestro grupo parlamentario considera positivo que sea convalidado, y como tal va a votar favorablemente. Muchas gracias. La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias. El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señora vicepresidenta, el real decreto que hoy se nos presenta a ratificación podríamos calificarlo de real decreto ómnibus, un real decreto que recoge medidas de modificación de muchísimos textos legales, con cierto parecido por cierto — incluso con algunos términos coincidentes— con una propuesta de ley ómnibus que está siendo debatida en estos momentos en el Parlament de Catalunya. En el caso del debate de esta ley en el Parlament de Catalunya algunos grupos —concretamente su grupo— han planteado, y el Gobierno de la Generalitat ha aceptado, la división de la ley en varios paquetes para poder tratar legislativamente y encontrar las mejores soluciones para cada uno de estos aspectos. Nuestra posición en este caso coincide conceptual y exactamente con la misma cuestión. En este real decreto se mezclan cosas tan distintas como medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, control del gasto público, cancelación de deudas con empresas y autónomos por parte de las entidades locales, fomento de la actividad empresarial, impulso a la rehabilitación, simplificación administrativa, reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario. Todo ello es una especie de miscelánea de difícil encaje desde cualquier punto de vista. A la hora de fijar la posición de nuestro grupo queremos precisarla muy bien en cada una de las cuestiones, algunas de las cuales coinciden con planteamientos formulados hace pocos días por nuestro presidente de grupo y recogidas por el propio presidente del Gobierno, algunas de ellas pactadas con el Grupo Socialista y con otros grupos, como el Grupo Popular, y por cierto votadas por la totalidad de los miembros de la Cámara, con relación a algunos aspectos muy notables. El primero —también el primero por orden de su real decreto-ley— se refiere a las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios. Como la señora vicepresidenta

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor. El señor MACIAS I ARAU: Le voy a poner un ejemplo. Usted pone una limitación a esta línea que es que el capital más los intereses sea el 25 por ciento de los avances a cuenta, es decir, la parte de financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Esto podíamos aproximarlo en un 10 ó 12 por ciento de los

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hemos solicitado, y respecto de lo cual su propuesta no llega ni tan siquiera a emular la legislación francesa. En cualquier caso si ustedes se comprometen a tramitarlo como proyecto de ley nuestra posición podría ser de apoyo global, si no, por motivos de coherencia, vamos a abstenernos en la votación. Muchas gracias, señora vicepresidenta.

ingresos de un ayuntamiento. Ayer mismo aparecían tres ayuntamientos —solo tres— cuyo volumen de facturas en el cajón no eran de un 10 ó 12 por ciento, sino del 85 por ciento, es decir, que les solucionamos una ínfima parte de su problema. Por tanto está bien la línea, a algunos les va a ayudar, pero debemos ser conscientes de que no resuelve el problema, no ya el problema de la financiación de los entes locales, sino que tampoco resuelve siquiera el problema de algunos ayuntamientos que en estos momentos se encuentran en situación más angustiosa. Hay otro apartado que nosotros compartimos también —aunque en este caso no nos parece necesaria su inclusión en un real decreto-ley y por tanto su urgencia—, que son todas las medidas de agilización que contienen aspectos positivos, muchas de ellas vinculadas a temas de administración ambiental, pero nos hubiera gustado poder intervenir, como de hecho hemos intervenido, a través del capítulo dedicado a la rehabilitación, donde hemos pactado con la Secretaría de Estado de Vivienda algunas soluciones que a nuestro entender mejoran sustancialmente el texto del real decreto-ley. Y finalmente, señora vicepresidenta, hay una cuestión que quiero explicarle y es que, a pesar de compartir el principio y la necesidad de efectuar una serie de reformas tendentes a garantizar la confianza y la seguridad en el mercado inmobiliario, nos parece que aquí sí se nota una cierta precipitación. La verdad es que hasta el día en que apareció en el BOE nosotros no tuvimos ninguna notificación ni ninguna idea de lo que ustedes pensaban aprobar. Nos parece que, compartiendo el objetivo —la seguridad jurídica—, se incurre en errores de concepto muy básicos, por ejemplo la reinstauración de una demanda del silencio negativo para la licencia de primera ocupación, que es un elemento que genera gran inseguridad jurídica. Como usted sabe perfectamente es en este paso en el que muchos ayuntamientos —algunos con buena fe— han demandado a los particulares más allá de lo que la ley permite, pero algunos incluso con mala fe o con ánimo corrupto han aprovechado para extorsionar a los ciudadanos. Por lo tanto esta es una mala solución que la precipitación de un real decreto-ley no nos va a permitir corregir, repito que estando de acuerdo con el concepto y estando de acuerdo con la necesidad de su perfección. Por ejemplo nos parece un mecanismo especialmente adecuado la inscripción en el Registro de la Propiedad de toda una serie de circunstancias tendentes a dar mayor seguridad jurídica. Por todo ello, señora vicepresidenta, nuestro grupo no podrá votar afirmativamente la convalidación, a menos que se tramite como proyecto de ley para poder subsanar estas cuestiones que nos parece que podrían perfeccionar el conjunto, habiendo recalcado de forma muy importante —quisiera acabar con este aspecto— que varias de estas disposiciones están inspiradas por nuestro grupo, y otra de ellas —quiero hacer referencia para acabar— es el apoyo a la creación de empresas, aunque queda lejos del business angels que usted sabe que reiteradamente

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal. El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta. De este decreto-ley lo primero que sorprende es su fecha de aprobación, 1 de julio, y su fecha de publicación, 7 de julio. Para ser un decreto, como dice el último párrafo de la exposición de motivos, de extraordinaria y urgente necesidad mucho tiempo ha tardado el Gobierno en publicarlo, y esto es porque, una de dos, o llegó al Consejo de Ministros sin los deberes hechos —lo cual no extrañaría nada de un gobierno que nos tiene acostumbrados a cosas bastante inverosímiles— o bien se han producido modificaciones o negociaciones posteriores a ser teóricamente aprobado por el Consejo de Ministros el viernes día 1. Es inaudito que un decreto-ley tarde tanto tiempo en publicarse cuando lo habitual es hacerlo al sábado siguiente o como mucho al lunes siguiente, con alguna pequeña corrección técnica. Pero, temas de forma aparte —aunque son importantes, porque estamos degenerando mucho las formas en este sistema democrático y en esta legislatura últimamente—, vamos a la cuestión importante del contenido. Es un contenido variopinto, como suele acostumbrarnos el Gobierno, al fin y al cabo no quiere enfrentarse a esta Cámara para aprobar norma a norma, sino que mete todo un paquete para que los distintos grupos parlamentarios se tengan que definir en su conjunto sobre las mismas, con lo cual si pudiésemos ir de una en una la definición sería mucho más clara, pero como tiene que ir en su conjunto hay que ir valorando medida a medida: deudores hipotecarios, inembargabilidad y garantías para las ejecuciones. Está muy bien, pero nosotros habíamos propuesto al consenso de la Cámara en las propuestas de resolución que actuásemos sobre la transparencia en las transacciones financieras y mediación. De esto el Gobierno no dice nada, y si pudiésemos tramitar este decreto-ley lo introduciríamos como enmienda por parte de mi grupo. Lo que sorprende es que este Gobierno haya incluido una sensibilidad que es necesaria —aunque cuantitativamente el Gobierno sabe perfectamente que el impacto es muy limitado— en cuanto a la inembargabilidad, pero no haya querido aceptar las enmiendas del Grupo Popular en la Ley de Seguridad Social cuando nos encontrábamos en casos similares. Probablemente una de las principales medidas es la de la línea ICO para los proveedores de los municipios. Ayer tuve ocasión de discutir este tema con la vicepre-

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9 por ciento de déficit, este año ya veremos cómo cerramos las administraciones públicas—, con esta regla no se cierra, mantenemos ese 45 por ciento siempre. ¿Cómo quiere cerrar usted el déficit, señora vicepresidenta? Con esta regla no puede. Tendrá que hacerlo aplicando el resto de las normas de estabilidad presupuestaria, por lo cual la regla no sirve para nada. En la situación en que nos encontramos, en el momento presente, esta regla es sencillamente decir a todo el mundo que lo quiera observar que ponemos una regla por encima del nivel de exigencia que ahora mismo estamos poniendo. Como dijo su secretario de Estado de Economía, es una regla solo para una situación de equilibrio y una situación alcista del ciclo, sí, pero no estamos en situación de equilibrio ni en momento alcista del ciclo, por lo cual no era el momento de sacar esta regla. Tampoco va a dar credibilidad a nada ni va a permitir que los mercados, que siguen arreciando en sus dudas sobre la estabilidad financiera y el crecimiento de la economía española, tengan una mínima seguridad de que en España vamos a hacer las cosas mejor. De hecho esta regla, de hacer algo, resta credibilidad por esta razón. En segundo lugar, es una regla manipulable, puesto que se basa en una estimación del PIB nominal de nueve años, pero tres son de avance, tres son de previsión, por lo cual un tercio de la regla, un tercio de la cifra es la que el Gobierno quiera, y con un tercio se puede hacer mucha manipulación. Si hacemos una previsión tremendamente exagerada de los próximos tres años al final gastamos lo que queramos; una regla de disciplina no puede tener ese grado de manipulación; ahí hay un fallo de diseño clarísimo. En tercer lugar, no entendemos por qué ustedes piensan que una parte de las normas de estabilidad presupuestaria no son aplicables a las comunidades autónomas cuando el conjunto de las normas de estabilidad presupuestaria sí lo son. La normativa de estabilidad presupuestaria que se aplica a las comunidades autónomas se aprueba por un procedimiento especial porque tiene carácter orgánico. Esto pasó con la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; pasó con la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria; ha pasado con la normativa que determina y limita la financiación de las comunidades autónomas y su endeudamiento por parte del Estado cuando incumplen determinados requisitos, como las obligaciones de hacer planes de reequilibrio por parte de las comunidades autónomas. Todo eso está recogido con carácter orgánico en nuestra normativa de estabilidad presupuestaria y ahora resulta que esto, que es una parte adicional de esa estabilidad, no se puede poner. No estamos de acuerdo con el Gobierno en esta interpretación. En cuarto lugar, solo se aplica a municipios de más de 75.000 habitantes. Señora vicepresidenta, los mayores problemas de pelotazo inmobiliario e ingresos que han tenido los municipios han sido los relativamente pequeños, los municipios grandes tienen una financiación mucho más estable, y resulta que excluimos a los

sidenta y parece que al Gobierno por fin le ha gustado esta medida, pese a que la había vetado con anterioridad. Lo que es muy relevante es que el Gobierno no ha aplicado un plan financiero para los ayuntamientos que se sometan a la misma, algo que nosotros proponíamos. Es muy importante que las administraciones tengan una viabilidad financiera y no solo dotarles de liquidez. El Gobierno solo se ha cubierto con la posibilidad de cobrar de vuelta, pero no con la necesidad de que esta entidad financiera tenga viabilidad. Lo que está haciendo aquí el Gobierno es un ejercicio de realismo, porque hay facturas en el cajón, como decía el portavoz que me ha precedido en esta tribuna, y esas facturas en el cajón hay que sacarlas porque son deuda real. Esta línea de financiación va a incentivar que se saquen estas facturas del cajón, y yo no creo que deba preocuparse la señora vicepresidenta por ello, porque es déficit que existe, aunque no se haya reconocido, y es deuda que existe, aunque no se haya reconocido, y esto es muy importante. En España deberíamos empezar a conocer con mayor realidad y profundidad la situación de nuestras finanzas públicas. Esta línea ICO, aparte de proveer de liquidez a esas empresas que no han podido cobrar, tiene la virtualidad de que se les reconozcan las deudas, porque en muchos casos no habían sido reconocidas. Luego hay una serie de medidas de incentivo a la actividad empresarial que podemos calificar de menor interés, pero ya que van en la dirección correcta, es verdad, como el tema de la rehabilitación, la simplificación administrativa o el régimen fiscal para inversores, podrían asumir esta línea de actuación de manera mucho más ambiciosa si el Grupo Socialista aceptase la tramitación de la ley de emprendedores que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, en la que vienen medidas de tanto calado como el cambio de régimen de IVA de devengo a caja —que por cierto ya está contemplado en las directivas europeas—, la cuenta de compensación dentro de las administraciones públicas o la normativa sobre unidad de mercado. Sería muy interesante que este tipo de normas se introdujesen, porque iban a tener un impacto bastante más sustancial sobre la capacidad y la actuación de nuestras empresas. Vamos con el punto en el que somos críticos. Hasta ahora no lo hemos sido, señora vicepresidenta. Eran una serie de medidas de mayor o menor importancia que consideramos adecuadas, pero vamos al punto en el que somos profundamente críticos, que es la regla de gastos que ustedes han propuesto para el conjunto de las administraciones públicas. Ustedes la llaman de control del gasto público, pero no lo es, y la llaman de austeridad, pero tampoco lo es. Es una regla de cara a la galería, un auténtico brindis al sol y, si me lo permiten, auténtico papel mojado. ¿Por qué? En primer lugar, tiene un exceso de holgura, y usted lo sabe. Si crece el gasto nominal lo mismo que el PIB nominal el porcentaje de gasto público sobre PIB se mantiene constante, y si tenemos ahora mismo un 45 por ciento de gasto público sobre PIB y un 36 por ciento de ingresos —el año pasado

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radora de empleo; en segundo lugar, el apoyo activo a quienes más están sufriendo las consecuencias de esta crisis, y en tercer lugar, el refuerzo a la confianza internacional en nuestra economía y la convergencia hacia un verdadero andamiaje político europeo. Dentro de este último ámbito, dentro del refuerzo de la confianza económica, compartiremos que es una finalidad que desde luego gana relevancia en un contexto internacional como en el que nos vemos inmersos en estos últimos días, con una Unión Europea sometida a intensas tensiones financieras. Nosotros insistimos en defender una salida a la crisis a través de más Europa, por responsabilidad y también por solidaridad. Si algo debiera quedar patente en estas últimas tensiones financieras, señorías, es que no hablamos de un problema estrictamente local, sino que hablamos de problemas colectivos. Por ello entendemos que las respuestas deben visualizarse conjuntas, convergiendo de verdad hacia una unión política europea. Este real decreto-ley que debatimos contiene la regla de gasto, con cuya aprobación sin duda avanzamos en esta línea de convergencia y también en nuestro compromiso de retorno al equilibrio presupuestario. Consiste en limitar la evolución del gasto presupuestado por las administraciones públicas; y sí, tal como ha dicho el señor Nadal, excluye el gasto derivado de las prestaciones por desempleo y el gasto financiero, pero comprenderá que son gastos que deben ser atendidos. A nuestro modo de ver debe ser atendida tanto la devolución de la deuda como a las personas desempleadas. La regla de gasto busca presupuestos públicos, vinculando esta evolución a la de la economía española, y estos presupuestos públicos que busca permitirán la generación de colchones si es que se dan ingresos fiscales inesperados, y estos colchones a su vez permitirán amortiguar la situación en caso de que el crecimiento sea inferior al previsto. Prevención. Entendemos que esa es la clave de esta medida, medida que como se ha dicho se refiere a la Administración General del Estado, a las entidades locales y a todos sus organismos dependientes. Pero nosotros sí creemos en el diálogo, en el pacto, y en el acuerdo a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el caso de las comunidades autónomas. Es por ello que el impulso para estas administraciones se va a dar en ese seno. La implicación más relevante de estas medidas es su carácter anticíclico porque evitarán transformar lo que son ingresos extraordinarios coyunturales en gastos estructurales. También tendré que recordarle, señor Nadal, que la regla de gasto es perfectísimamente compatible con el objetivo de déficit, y en caso de no cumplirlo es perfectísimamente compatible con la presentación de planes de reequilibrio. Podrá gustarles la medida o no, pero si queremos respuestas conjuntas europeas, si queremos más Europa, lo que desde luego debemos tener en cuenta es que en unos meses Europa nos va a evaluar a todos por una regla conceptualmente muy similar a esta. Por lo tanto anda bastante lejos de su mensaje, señor Nadal, de restar credibilidad la aplicación de esta medida.

municipios de mayor riesgo de la regla. Se sigue sin entender. En quinto lugar —y esto sí que es de aurora boreal—, se excluyen de la regla las dos principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado de gasto: gastos de desempleo e intereses de la deuda. Entonces, ¿para qué aplicamos la regla? El gasto entero es gasto entero porque aquí lo que estamos buscando es que el volumen total de gasto sea controlado, no excluyendo las dos principales partidas que entre las dos suponen del orden del 60.000 millones de euros. Francamente, si excluimos de mi regla de gasto más de un tercio del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado, para eso no hacemos nada, dejamos totalmente libre el funcionamiento del gasto público, que es lo que precisamente esta norma pretende controlar. En sexto lugar, es una norma que no ha entendido que determinadas reformas fiscales pueden producir impacto y crecimiento de la actividad económica, y por tanto pueden estimular la recaudación. Esto ha ocurrido en determinados momentos cuando las reformas fiscales se hacen bien, pero no, aquí se establece una norma rígida que respecto a una previsión de base fija —y evidentemente los impuestos no dejan fija la base— cuando se reducen impuestos se castiga a la Administración que los reduce, y cuando se suben se permite a esa Administración gastar más, precisamente lo contrario de lo que necesita una economía como la que ahora mismo tenemos; perjudicar a los que bajan impuestos para estimular la actividad económica no es precisamente la mejor política económica, aunque ya sabemos que ustedes creen en lo que creen. Por último, se dice que hay que aplicar medidas de corrección inmediata cuando se incumple. Si atendemos a lo que ha hecho el Estado con sus obligaciones en reiteradas ocasiones de venir a esta Cámara el Gobierno con un plan de reequilibrio para el Estado, cuando ha incumplido sus obligaciones de estabilidad presupuestaria, francamente esto se queda en nada. En definitiva es una regla de papel mojado, una regla que no sirve para nada, una regla que no crea confianza, y en todo caso se ha notado muchísimo que se ha ido a cubrir el expediente de una promesa en un consejo europeo. Muchas gracias. (Aplausos.) La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Gastón. La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos un conjunto de medidas con una nítida voluntad política, una voluntad que corresponde a los tres ámbitos prioritarios en los que el Gobierno está trabajando, tres ámbitos en los que además los socialistas plasmamos toda nuestra energía y toda nuestra convicción. En primer lugar, la reactivación económica gene-

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Por tanto, creemos que es importante para los ayuntamientos, sí, pero sobre todo supone un paliativo para pymes y autónomos, insisto, ante el problema de crédito y liquidez que tienen, con facturas pendientes de cobro por parte de las entidades locales. A través de esta línea las entidades financieras colaboradoras pagarán directamente a los proveedores, lo que permitirá cancelar deudas acumuladas y previas al 30 de abril de 2011 que ayuntamientos y órganos dependientes tengan pendientes con empresas y autónomos. Tendrá un plazo de cancelación de tres años para el ayuntamiento. Y, sí, tiene un límite, el importe total no debe exceder el 25 por ciento del global anual de entregas a cuenta en los tributos del Estado para este ejercicio 2011, puesto que tampoco se pretende asfixiar a futuro a los ayuntamientos, sino ayudarles con sus tensiones de tesorería. Tiene un elemento importante: una garantía de cara a no generar déficit dentro de nuestro ineludible marco de consolidación fiscal, ya que el importe que un ayuntamiento no pagara al ICO supondría un aumento del déficit estatal. Comprenderán que si el ICO tiene pérdidas, esto pasa directamente a déficit del Estado. Entonces, ese importe del ayuntamiento que no pagara, lo que va a ocurrir es que se verá retenido de su participación en los tributos del Estado. Lo que conseguimos de esta forma es un equilibrio en el déficit. Esta es la diferencia entre esta medida recogida en el real decreto-ley con la que otros grupos parlamentarios nos han venido pidiendo. Insisto, si el ICO no cobra al no pagarle un ayuntamiento, el déficit estatal en vena sería directo. Esta es la fórmula óptima para los ayuntamientos, para las pymes y autónomos pendientes de cobro de estas facturas y también para el respeto a la consolidación fiscal. Por último, me referiré a las medidas vinculadas a la protección de los deudores hipotecarios. Es importantísimo atender a estas necesidades lo que, por un lado, supone aumentar el umbral de inembargabilidad en un procedimiento de ejecución hipotecaria, decimos que del 110 al 150 por ciento del salario mínimo interprofesional y añadimos adicionalmente un 30 por ciento por cada miembro de la unidad familiar que no tenga ingresos o estos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Pero es que hablando en euros supone pasar de 705 a 961 euros los ingresos garantizados que no podrán ser embargados en estas circunstancias. Son garantías añadidas a las de no malbaratar el precio de la vivienda habitual subastada en caso de que los ciudadanos se encuentren ante la triste circunstancia de la ejecución hipotecaria, aumentando del 50 al 60 por ciento del valor de tasación de esta vivienda el límite. Adicionalmente —se ha recordado también—, pretendemos mejorar la eficacia de las subastas permitiendo mayor concurrencia de postores y de pujas reduciendo hasta el 20 por ciento el depósito que se exija a los postores. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Concluyendo, señorías, consideramos que este elenco de medidas que recoge el real decreto-ley son justas para la protección de las personas con menores recursos y

El segundo de los ámbitos, sin duda el prioritario para el Gobierno, es la reactivación económica generadora de empleo, y dentro de este ámbito este real decreto-ley incluye medidas como el fomento a la inversión empresarial. Son estímulos de impulso que nos acercarán al concepto que tiene el señor Macias de los business angels, pero desde luego creemos que da un empujón relevante hacia ese concepto; concepto y elemento dinamizador para proyectos empresariales innovadores, incentivos que incluyen exenciones en el IRPF para las plusvalías derivadas de la inversión en estos proyectos hasta 25.000 euros anuales, y con una permanencia de entre tres y diez años. No es que solamente le demos importancia el Grupo Parlamentario Socialista, es que esta medida ha tenido una buena acogida e interés, en especial por el marco en el que nos encontramos, donde el crédito es realmente difícil para los emprendedores que cuentan con este tipo de proyectos. Se incluye también en el real decreto-ley el fomento a la rehabilitación a través de nuevas medidas que profundizan y desarrollan el marco general ya contenido y aprobado en la Ley de Economía Sostenible, y lo consideramos igualmente relevante si es que tenemos en cuenta la finalidad de impulsar la rehabilitación como elemento dinamizador para la actividad en el sector de la construcción en nuestro contexto económico actual. Se incluyen también mayores facilidades para la creación de empresas. También desarrolla lo contenido en la Ley de Economía Sostenible, facilitando la actuación para los ciudadanos. Simplificación administrativa, la cual, además de mejorar el intercambio entre las distintas administraciones, lo que hace también es reducir cargas y costes para el ciudadano. Incluye la eliminación de la exigencia de la licencia municipal de actividad en el ordenamiento estatal, para que sea sustituida simplemente por controles o bien a priori o bien a posteriori, y también recoge un catálogo de 124 procedimientos administrativos en los que ahora el silencio se va a transformar en sentido positivo. Esto es relevante, puesto que evitará retrasos, dilaciones e impedimentos para el desarrollo de nuevas actividades. Incluye también —y nosotros sí le damos importancia— una prórroga para el ejercicio 2012 de las desgravaciones fiscales a la producción cinematográfica, contenida ya en la Ley del Cine del año 2007, pero es que lo creemos importante puesto que supone la continuidad de un aliciente a esta importante industria cultural y generadora, tanto de riqueza como de empleo. En el tercero de los ámbitos que sustenta la línea de trabajo del Gobierno está la preocupación por quienes más están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Dentro de este ámbito incluiría la línea ICO para que los ayuntamientos paguen a sus proveedores, dadas las dificultades de liquidez y de crédito para pymes y autónomos. A nuestro modo de ver es una herramienta para que los ayuntamientos solventen sus tensiones de tesorería, en ningún caso está pensada como herramienta para corregir las malas gestiones municipales realizadas.

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Armadas y subordinación en el conjunto de la transformación democrática de este país y, por tanto, quiero en estos momentos hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas en el marco de esta ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero además recordar en esta ley, porque fue motivo también de nuestra propuesta de Observatorio de la vida militar y de la ley de derechos y deberes, a la Unión Militar Democrática, un embrión democrático en nuestras Fuerzas Armadas en un periodo muy difícil y a la que le hemos reconocido su aportación pero yo creo que nunca le reconoceremos, en definitiva, su sacrificio por el bien tanto de las Fuerzas Armadas como de la evolución democrática de nuestro país. En tercer lugar, señorías, quiero también reconocer en esta ley un compromiso, el compromiso que adquirimos la fuerza política que yo represento con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en torno a la Ley de Defensa Nacional, que vino luego acompañada de la Ley de la Profesión Militar y que planteaba en una de sus disposiciones finales la necesidad de desarrollo de la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y también del Observatorio de la vida militar. Por tanto, para nosotros esta es una ley muy nuestra porque, en definitiva, hemos impulsado la aprobación de esta ley y estamos satisfechos. Quiero decir también, señorías, que el curso parlamentario de esta ley la ha mejorado sustancialmente. No había motivo para la presentación de la enmienda de totalidad, como hizo una parte del Grupo Mixto, UPyD; en nuestra opinión se equivocaba con aquella enmienda de totalidad. Nosotros creíamos que el proyecto tenía deficiencias pero que podían ser subsanadas en el trámite parlamentario y que era mejor tener una ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas que no tenerla. En estos momentos, cuando estamos al final del trámite, tengo que reconocer que el trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente la ley; la ha mejorado en relación a los derechos de los militares, con alguna sombra. Creemos que se ha avanzado mucho en los derechos fundamentales, que aparecían demasiado coartados, condicionados en el proyecto de ley: el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad de los profesionales de las Fuerzas Armadas. En todo eso hemos mejorado sustancialmente. Sin embargo decía que teníamos una sombra y quiero hacer referencia a esa sombra, que viene en esta ley y que viene en otra ley de manera absolutamente subrepticia: no entendemos cómo reconocemos derechos y libertades a las Fuerzas Armadas y en otra ley le negamos a la Guardia Civil algunos derechos fundamentales. Nos parece que no es aceptable y que la sombra que aparece en este texto sobre el derecho de reunión de los profesionales de las Fuerzas Armadas aparece en mucha mayor medida, en un texto que no tiene nada que ver, sobre la Guardia Civil. Esa es una de las sombras de este texto.

posibilidades en esta crisis; son proactivas y relevantes para impulsar la actividad económica y así apoyar la creación de empleo, y son responsables, además de solidarias, con la gobernanza europea. Estas son, señorías, respuestas tangibles que requieren, como se ha dicho de antemano, rapidez en su aplicación en un marco claro, fiable y certero. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista agradece de antemano a los grupos que lo han manifestado su apoyo a la convalidación de este real decreto-ley y pide al resto de la Cámara que le dé este apoyo, de igual modo que pedimos… El señor PRESIDENTE: Señora Gastón, debe acabar. La señora GASTÓN MENAL: Termino ya, señor presidente. Muchas gracias. Insisto, pedimos que sea tramitado como tal, con este formato de real decreto-ley, por la prisa, por la necesidad de agilización, y no como proyecto de ley. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón. ENMIENDAS DEL SENADO. — PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000082.) El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra la señora Díez. (Pausa.) La señora Díez no está. ¿Desea hacer uso de la palabra algún otro miembro de su grupo, el Mixto? (Denegaciones.) Se entiende renunciada la solicitud de palabra que ha hecho. Señor Llamazares, tiene la palabra. El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. Señorías, quiero expresar en esta intervención la honda satisfacción de mi grupo porque esta ley, la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, pueda ser definitivamente aprobada en esta Cámara y además lo sea en un tiempo muy significativo. Hace setenta y cinco años hubo en este país un golpe cívico, también militar, que terminó en una guerra civil. En ese sentido para mí es significativo que esta iniciativa profundice en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas y signifique que aquel problema de España del que hablaba don Manuel Azaña —uno de ellos era el problema militar— en mi opinión esté definitivamente solucionado y sea en estos momentos en las Fuerzas Armadas donde se ha producido una verdadera modernización, una verdadera inclusión de las Fuerzas

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