Segundo Informe Temático
Democracia, participación política y justicia social Los Mandatos de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social 2012 - 2013
Las Constituyentes que se llevarán a cabo durante el 2014, como las ya realizadas, deben seguir siendo ejercicios de democracia directa, es decir aquella donde el pueblo manda y el pueblo decide, allí donde el pueblo ordena y ejerce mandato directo sobre quienes han de representarlo. Asimismo, las Constituyentes y las demás expresiones de participación real y comunitaria que se vienen edificando, deben continuar con el ejercicio de pedagogía desde donde se siga aprendiendo a trabajar honda y apasionadamente en el cambio de una cultura política que despierte en la colectividad la voluntad para gobernar directamente sus destinos. Es fundamental que el proceso de las Constituyentes por la paz con justicia social sea un aporte efectivo hacía la definición y el consenso del tipo de sociedad y de Estado que anhelamos, que se está haciendo realidad desde los escenarios locales, en los que desde abajo se ejerce el poder constituyente, el poder popular, el que tendrá la capacidad de realizar un profundo cambio constitucional acorde al mandato popular sobre los destinos de la Nación.
Segundo Informe Temático
Democracia, participación política y justicia social Los Mandatos de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social 2012 - 2013
Segundo Informe Temático DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA SOCIAL Los Mandatos de las Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social 2012 – 2013 Publicado por: Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social www.constituyentesporlapaz.org
[email protected] Coordinación: Equipo de Sistematización Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social Fotografía: Equipo de Comunicaciones Constituyentes por la Solución Política y la Paz con Justicia Social Diseño y Diagramación: Marcela Vega
[email protected] Con el auspicio de: FOS COLOMBIA – Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia. Las Constituyentes por la Paz con Justicia Social cuentan con la ayuda financiera del Fondo. Los contenidos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores y en ningún caso debe considerarse que reflejan la posición del FOS-COLOMBIA. Primera edición Bogotá, Septiembre de 2014 Impreso en Colombia
Contenido Presentación5 El contexto político durante el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, 2012 – 2013 Características de los procesos de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, 2012-2013
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Participación política23 El mandato 26 Principios generales 26 Iniciativa Legislativa 27
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Paz con justicia social39 El mandato 42 Principios generales 42 Iniciativa Legislativa 42
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Solución política al conflicto social y armado55 El mandato 58 Principios generales 58 Iniciativa Legislativa 58
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Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario69 El mandato 72 Principios generales 72
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Iniciativas de reparación81 El mandato 84 Principios generales 84 Iniciativa Legislativa 84
6. Mujeres91 El mandato 94 Principios generales 94 Iniciativa Legislativa 94
ituyentes p Constituyentes por la S ntes por la Solución Polít ituyentes p stituyentes por la Solució
Constituyentes por la Solución P Para una reflexión sobre el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social en el tema de democracia, participación política y justicia social
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Hacia una Asamblea Nacional Constituyente
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por la Solu a Solución Política y la P olítica y la Paz con Justici por la Solu ión Política y la Paz con
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Presentación Las Constituyentes por la Paz con Justicia Social son un ejercicio de poder popular que se ha venido desarrollando a partir de junio de 2012, fueron gestadas por los más de treinta mil participantes del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes por la tierra y la Paz de Colombia celebrado en agosto de 2011 en la ciudad de Barrancabermeja. Desde junio de 2012 hasta diciembre de 2013 se realizaron treinta Constituyentes en diferentes puntos de la geografía nacional, de cada una de estas surgió un mandato en el que se plasmó la voluntad soberana de los participantes, en los cuales se reflejaron sus contextos, sus principales problemáticas, pero sobre todo las alternativas para superarlas, las que en clave de legislación popular se convertirán en el articulado y los contenidos de una nueva normatividad construida directamente por el pueblo. Este segundo informe es nuevamente un ejercicio de sistematización de las Constituyentes realizadas durante los años 2012 y 2013, a diferencia del primero - dedicado al problema agrario y el desarrollo rural- centra su atención en la democracia, la participación política y la justicia social. Los insumos para su realización fueron principalmente los mandatos, no obstante también se enriqueció con las bitácoras y documentos hechos en ejercicios pre-constituyentes, estos últimos permitieron conocer a los sectores sociales convocantes, así como el efecto positivo de la planeación previa a la construcción de los mandatos, que reflejan una mayor apropiación del ejercicio de construir legislación popular y decantar las propuestas frente a las problemáticas.
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Las bitácoras son un tipo de diario de campo de carácter interno del proceso, en el cual los equipos dinamizadores en las regiones escribieron detalles de los momentos previos y posteriores a las Constituyentes, junto con la dificultad o avance en el desarrollo de las discusiones. Las más de 12 bitácoras trabajadas son entonces documentos complementarios de los mandatos que permiten comprender, por ejemplo, que la realización de algunos mandatos se hizo en el marco del Paro Agrario de agosto de 2013, o que uno de los momentos posteriores a varias Constituyentes fueron las movilizaciones. Aunque no se cuenta con todas las bitácoras y posibles documentos realizados en ejercicios previos a Constituyentes, es claro que el proceso en todas las regiones donde se desarrolló contó con socializaciones previas de la propuesta, representando más de 20 reuniones de socialización en diferentes regiones, que permitieron la realización de la Constituyente en unas partes y en otras un primer avance hacia ese objetivo. La primera parte de este documento presenta el contexto en el que se desarrollaron las Constituyentes haciendo especial énfasis en la participación política y también destaca las características generales del proceso; en segundo lugar, se encontrarán seis mandatos, cada uno de ellos refleja una categoría de análisis; para finalizar, las reflexiones construidas a partir de la sistematización, dedicando un capítulo especial a la Asamblea Nacional Constituyente. De los seis temas, tres –participación política, justicia social y solución política- guardan plena relación con el título propuesto para el informe, las tres restantes –derechos humanos y derecho internacional humanitario, iniciativas de reparación y mujer- si bien no corresponden directamente al tema central, han sido abordadas por la mayoría de los mandatos y son referentes básicos para la definición de un mejor proyecto de sociedad y la reconstrucción de la democracia.
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Paz con Justicia Social De cada uno de estos temas resultan entonces los seis mandatos populares que se presentan, estructurados bajo un contexto inicial, que pone en común los temas abordados y se soporta de información oficial, seguidamente desarrolla unos principios generales e iniciativas legislativas. La intencionalidad del presente informe es en primer lugar, devolver la experiencia del proceso de Constituyentes de manera organizada y jerarquizada contribuyendo en la reflexión de los equipos pro-constituyentes que se han venido consolidando durante los dos últimos años y para los que se encuentran en construcción; igualmente, que se convierta en un material educativo para el fortalecimiento de los procesos sociales; y además, que aporte elementos en torno al debate que actualmente cursa para alcanzar un país en paz con justicia social. Las Constituyentes que se llevarán a cabo durante el 2014, como las ya realizadas, deben seguir siendo ejercicios de democracia directa, es decir aquella donde el pueblo manda y el pueblo decide, allí donde el pueblo ordena y ejerce mandato directo sobre quienes han de representarlo. Asimismo, las Constituyentes y las demás expresiones de participación real y comunitaria que se vienen edificando, deben continuar con el ejercicio de pedagogía desde donde se siga aprendiendo a trabajar honda y apasionadamente en el cambio de una cultura política que despierte en la colectividad la voluntad para gobernar directamente sus destinos. Es fundamental que el proceso de las Constituyentes por la paz con justicia social sea un aporte efectivo hacía la definición y el consenso del tipo de sociedad y de Estado que anhelamos, que se está haciendo realidad desde los escenarios locales, en los que desde abajo se ejerce el poder constituyente, el poder popular, el que tendrá la capacidad de realizar un profundo cambio constitucional acorde al mandato popular sobre los destinos de la Nación. Equipo de Sistematización Constituyentes por la Paz con Justicia Social Agosto de 2014
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Constituyentes por la Solución P
Marzo 5 de 2013 Constituyente por la Paz, la Vida Digna y el Territorio, municipio de Bolívar -‐ Santander Marzo 09 y 10 de 2013 Constituyente de San Pablo por la Paz con Justicia Social -‐ Sur de Bolívar Abril 20 de 2013 Constituyente por la Paz de Sucumbios – Nariño
Junio 15 y 16 de 2013 Constituyente por la solución política y la paz, Municipio de la Macarena -‐ Meta
Julio 12 y 13 de 2013 Constituyente regional agraria por la paz con justicia social, San Andrés de Tello – Huila Julio 18, 19 y 20 de 2013 Asamblea Constituyente Departamental de Cundinamarca (Fusagasugá) – Cundinamarca
Julio 19 y 20 de 2013 Asamblea Constituyente Municipal por la paz con justicia social, Cartagena del Chairá -‐ Caquetá Julio 19 y 20 de 2013 Constituyente de frontera por la Solución Política de Colombia y la Paz con Justicia Social (Región fronteriza de la Orinoquia Colombo – Venezolana) Julio 20 de 2013 Constituyente Minera Quibdó -‐ Chocó
Junio de 2012 Primera Constituyente del Putumayo
Agosto 10 y 11 de 2013 Constituyente por la Paz con Justicia Social del municipio de Puerto Wilches -‐ Santander Septiembre de 2013 Constituyente Agraria de San Miguel -‐ Putumayo
Junio 24 al 26 de 2012 Constituyente por la Paz y la Vida Digna de El Peñón -‐ Santander
2012
Septiembre 17 de 2012 Constituyente por la tierra y la Paz de la Provincia de Ocaña -‐ Norte de Santander
Noviembre 29 y 30 de 2012 Constituyente por la Paz con Justicia Social del municipio de Cantagallo -‐ Sur de Bolívar
Diciembre 19 y 20 de 2012 Constituyente regional por la Solución Política y la Paz con Justicia Social en Colombia , San Juan de Losada -‐ Meta y Caquetá
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Septiembre 08 y 09 de 2013 Constituyente Agraria del Norte del Cauca (Corregimiento de Pescador – Vía Panamericana) -‐ Cauca Septiembre 10 de 2013 Constituyente Agraria del Sur del Cauca (Municipio El Bordo) -‐ Cauca Septiembre 8, 9 Y 10 de Constituyente Agro-‐minera del Refugio Humanitario de Barbosa -‐ Antioquia Septiembre 11, 12 y 13 de 2013 Constituyente Agraria del Meta (Vereda La Nohora) – Meta Septiembre 14 de 2013 Asamblea Constituyente departamental de paz Atlántico (Barranquilla) -‐ Atlántico Septiembre 14 y 15 de 2013 Constituyente Agraria de Villa Garzón -‐ Putumayo Septiembre 15 y 16 de 2013 Constituyente Agraria de San Pedro -‐ Putumayo Septiembre 16 y 17 de 2013 Constituyente Agraria de Puerto Vega Teteye -‐ Putumayo Septiembre 17 y 18 de 2013 Constituyente Agraria de Yarumo -‐ Putumayo Septiembre 20 de 2013 Constituyente Agro-‐minera del Magdalena Medio (Barrancabermeja) -‐ Santander Octubre 26 y 27 de 2013 Constituyente Juvenil del Cauca por la Paz con Justicia Social (Popayán) – Cauca Octubre 27, 28 y 29 de 2013 Constituyente comunal, campesina, estudiantil y LGTBI de Córdoba (Montería) – Córdoba Noviembre 08 al 11 de 2013 Constituyente por el agua -‐ Cauca Noviembre 29 y 30 de 2013 Constituyente Agraria del Tolima (Ibagué) -‐ Tolima
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El contexto político durante el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, 2012 – 2013 La necesidad de encontrar una solución política al conflicto armado interno que enfrenta el país desde hace varias décadas ubica en un primer plano el debate sobre la democracia y las garantías para la participación política de los sectores de oposición, como lo expresa el informe conjunto sobre el segundo punto del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” sobre participación política, discutido entre el gobierno nacional y las FARC-EP entre junio y noviembre de 2013 en la Habana, Cuba. El debate sobre la participación política para la construcción de una paz estable y duradera en el país, colocó en primer lugar la necesidad de una ampliación democrática en la que puedan surgir nuevas fuerzas políticas que enriquezcan los debates sobre las problemáticas nacionales y donde se reconozcan y fortalezcan las diversas visiones de la sociedad, garantizando su participación e inclusión política lo que implica dejar las armas como método para el ejercicio de la acción política. Los temas centrales que se abordaron en la mesa de conversaciones respecto a este tema se refieren a los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición política, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y las medidas efectivas para promover la participación de la ciudadanía en la política a nivel nacional, regional y local de todos los sectores, con igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
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Una de las grandes contribuciones que muestran los consensos alcanzados sobre este punto se encuentra en la concepción del ejercicio político no solo desde el campo electoral y el sistema político, donde tienen mayor relevancia los partidos políticos, sino desde el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de los espacios democráticos y plurales, en donde los movimientos y organizaciones sociales y populares juegan un papel significativo, contribuyendo así, a la ampliación de la participación ciudadana. Así mismo, es importante destacar la importancia que otorgan las partes en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización donde se promuevan los valores democráticos y la participación política fortaleciendo los derechos constitucionales.
de dependencias en organismos de control para garantizar el ejercicio político, así como acciones que consoliden el funcionamiento de las bancadas transparentemente. A pesar de los consensos a los que se llegó en la Habana sobre participación política, las medidas tomadas por el gobierno del presidente Santos parecieran ir en contra de una real ampliación democrática del país en la medida en que los ciudadanos no son partícipes de las decisiones tomadas respecto al cumplimiento y garantía de sus derechos constitucionales.
Sin embargo, aun cuando se estableció la necesidad de inclinar la balanza hacia un país más democrático y participativo, con consensos importantes sobre temas centrales para la ampliación y profundización de la democracia, como las garantías para el ejercicio político de los sectores de oposición y las minorías y el cambio hacia una cultura política democrática, quedan en vilo aspectos trascendentales para su real cumplimiento.
Ejemplo de ello se expresa con el intento de reforma a la salud promovido por el Estado a mediados del año pasado, en el que el derecho a la salud fue definido como un “plan de beneficios con exclusiones explícitas” no cubiertas por las EPS. Esto implicaba la privatización de los recursos públicos a través de la participación de intermediarios denominados “gestores de servicios de salud” quienes administrarían los recursos convirtiéndolos en ingresos empresariales, así como la posibilidad de que casos de corrupción como lo sucedido con Saludcoop quedaran impunes.
En primer lugar se encuentra pendiente la construcción del Estatuto de la Oposición entendido desde un enfoque integral del sistema y los partidos políticos, bajo un compromiso real del gobierno y las mayorías parlamentarias para permitir ese ejercicio, con una reglamentación eficaz en donde se tengan en cuenta aspectos como la concepción del ejercicio de oposición como un derecho fundamental, y por ende una protección judicial efectiva de sus contenidos; creación
Bajo la Ley Estatutaria en Salud el derecho constitucional de los ciudadanos se convertiría en un negocio, limitado a la atención de las enfermedades, con fuertes implicaciones para la universalidad e igualdad de condiciones para los ciudadanos manteniendo el régimen subsidiado y el régimen contributivo, así como el nulo fortalecimiento al sector público y a la red hospitalaria nacional. Factores que van en detrimento de las condiciones
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mínimas necesarias para el logro de la paz los tratos crueles e inhumanos y los ataques contra la población civil. con justicia social. El fuero penal militar fue otra medida impulsada por el gobierno en el 2013 para otorgar beneficios a los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y de este modo, compensar al estamento militar a cambio de su respaldo al proceso de paz. Así, los argumentos a favor de esta ley recaían en que la Justicia penal militar se encargaría de los casos de infracción al Derecho Internacional Humanitario mas no en los crímenes de lesa humanidad, evitando casos de impunidad en los procesos jurídicos de los militares implicados. El desconocimiento de los jueces civiles en el funcionamiento de la guerra, su incapacidad de diferenciar los crímenes de guerra de los ordinarios y la “inseguridad jurídica” para los miembros de la fuerza pública fueron otros de los fundamentos a favor de la implementación del fuero. No obstante, esta medida generó un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional por diversos sectores de la sociedad civil, principalmente organizaciones de víctimas, debido al alto grado de impunidad que tendrían los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares, sobre todo los referidos a las ejecuciones extrajudiciales, puesto que son comprendidas como una violación al DIH y por tanto entrarían a la Justicia Penal Militar. Otras vulneraciones a los derechos humanos también entrarían a ser investigadas por la Justicia Penal Militar como las detenciones arbitrarias, la violación a la intimidad y a la libertad de prensa y crímenes de guerra como
Vale la pena mencionar que frente a los fuertes debates por los altos grados de impunidad que el Fuero Militar otorgaba, el Congreso aprobó la medida que posteriormente, en el mes de octubre de 2013, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional al considerar que se presentó un vicio en el marco de la aprobación de dicho trámite en el Senado de la República. Lo que en otras palabras quiere decir que el proyecto de ley sobre el Fuero Penal Militar no fue aprobado por un error en su tramitación en el Senado y no por la vulneración a los derechos humanos que entrañaba. La reforma a la Justicia impulsada por el gobierno el año pasado fue otro exabrupto concebido para otorgar beneficios para los congresistas y magistrados principalmente a través de fueros judiciales como la eliminación de la detención preventiva durante la etapa de investigación, contrario a lo que ocurre con los demás ciudadanos; creación de una sala especial para ser investigados; fuero especial ante la Corte Suprema a los secretarios generales del Senado y la Cámara, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil y al Auditor General de la Nación; e hicieron más flexible la pérdida de la investidura gracias a un procedimiento con menos causales. Todo esto, aun cuando el objetivo principal de la reforma a la Justicia debía tener por principio enmendar las grandes problemáticas de la justicia que son de interés común a los colombianos como la falta de acceso, la impunidad, el clientelismo y la falta de transparencia de los jueces, pero que en este caso se habían dejado por fuera. Las
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magnitudes de esta reforma y sus alcances a favor de unos pocos, más la presión que diversos sectores de la sociedad ejercieron en contra de la reforma sirvieron para que el presidente Santos manifestara públicamente su descontento y la devolviera nuevamente al Congreso. Contrariamente a sus compromisos en la Habana, la orientación de las políticas de Estado del presidente Santos se ha enfocado en una solución militar al conflicto, ubicando en primer lugar el gasto en defensa, que para el 2.014 supera los 27 billones de pesos, superior al gasto destinado para vivienda (3 billones), inclusión social y reconciliación (8 billones), salud y protección social (18 billones). Medidas que demuestran que la agenda legislativa del gobierno del presidente Santos va en contra de lo que se está pactando en la Habana y en una vía opuesta a la paz con justicia social.
Esto sucedió con la compra de tierras baldías a manos de grandes multinacionales extranjeras como la brasilera Mónica Semillas, Timberland Holdings Limited y Wood Holdings Limited y Cargill y de grandes grupos empresariales nacionales como Riopaila, el Grupo Sarmiento AnguloCorficolombiana y la Sociedad Agroindustria Guarrojo SAS apoyados por la firma de abogados Brigard & Urrutia, el bufete de abogados antioqueño Contexto Legal y las firmas de auditoría empresarial KPMG y Deloitte & Touche. Este ha sido el proyecto de Estado del capital financiero, nacional e internacional para Colombia. Por su parte, las propuestas de la guerrilla se han orientado en reivindicar las garantías plenas para el ejercicio político de la oposición, de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y demás sectores excluidos y el derecho a ser gobierno; el estímulo a la participación de las regiones, de los entes territoriales y los territorios; la democratización de la información y la comunicación; la participación social en la construcción de políticas públicas y planeación; una cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular; y la restructuración democrática del Estado y reforma política además de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Otras iniciativas legislativas como el proyecto de ley “por medio del cual se crean nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y se modifica el régimen de baldíos” presentado en el Congreso a finales de 2013 tampoco contó con la participación de la población campesina en su elaboración y fue retirado por el presidente en diciembre del mismo año para su revisión y posible presentación posterior, dejando abierta la posibilidad de que en la legislatura actual se legisle a favor de la acumulación de baldíos y se den nuevas garantías a la concentración de la propiedad de la tierra. Son dos comprensiones del modelo de A esto se suma el proceso actual de sociedad democrático y participativo que extranjerización de la tierra y la apropiación han logrado llegar a unos consensos sobre el ilegal de terrenos baldíos con el fin de tema en las mesas de conversaciones en la adelantar proyectos agroindustriales en la Habana, pero que se distancian en el accionar Orinoquía colombiana y los llanos orientales. y toma de decisiones del Estado frente a
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aspectos relacionados con el ejercicio real de democrática y participativa donde se promuevan los valores democráticos y se los derechos fundamentales. respeten los derechos constitucionales. El cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP y la ampliación Para el proceso de Constituyentes por la democrática del país no se agota en su paz con justicia social es importante tener ratificación en el Congreso, sino en la claro que las negociaciones que se están construcción de alternativas de poder llevando a cabo en la Habana y los que se que recaigan en los sectores populares y deben abrir con el ELN pueden crear las organizaciones sociales que demanden el condiciones de transición política hacia la cese a la guerra y promuevan una salida paz con justicia social, pero que será en el conjunto de la sociedad en la que recaiga negociada política al conflicto armado. el papel principal para que los problemas Otro aspecto trascendental en el contexto estructurales sean solucionados. Esto implica político reciente del país, es la falta de que la democracia, la participación política garantías para el ejercicio político de la y la justicia social sean temas que no se oposición, tanto en el sistema político y agoten en el tema electoral pues este debe electoral, como en los espacios democráticos ser entendido solo como un paso más para y formas de acción de organizaciones y la construcción de un frente político, amplio movimientos sociales, convirtiéndose en un y popular enfocado en el gobierno propio, hecho significativo que tiene gran incidencia en el poder constituyente de los sectores en la mesa de negociaciones en la Habana y populares con su propia agenda política y en las iniciativas de participación política que de movilización y que tenga la capacidad de se den después de la firma de los acuerdos construir un consenso mayoritario acerca del entre las FARC-EP y el gobierno Nacional. Estado que quiere constituir. Esto se manifiesta en las pocas posibilidades de participación política, de espacios democráticos y garantías de seguridad que tienen los sectores de oposición para su ejercicio político, como los casos de asesinato, amenazas, desapariciones y judicialización contra líderes regionales y nacionales integrantes del conjunto del movimiento social y político que han ocurrido desde mediados del 2012 hasta estos días. Las interceptaciones que miembros de las fuerzas militares realizaron a los integrantes de la delegación de paz del gobierno, también manifiestan las pocas garantías que el Estado ofrece para el ejercicio de la oposición en el sistema político y electoral así como la dificultad para generar una cultura política
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Paz con Justicia Social a Solución Política y la P olítica y la Paz con Justici ión Política y la Paz con Características de los procesos de Constituyentes por la Paz con Justicia Social, 2012-2013 Convocatorias significativas1 lograron los procesos constituyentes en regiones como Ocaña, Jardines de Sucumbíos, La Macarena, Norte y Sur de Cauca y La Nohora, Meta. El contexto en el que se desarrollaron algunas de estas constituyentes explica no solo el logro en la convocatoria sino el valor de los mandatos en ellas realizados2. Para el caso de la Nohora, Meta, cumplían 26 días de paro las cerca de 1000 personas asentadas en el campamento campesino ubicado a un lado de la vía intermunicipal entre Acacías y Villavicencio. A pesar de las jornadas de represión que debieron sortear, participaron del proceso de la Constituyente y aportaron, entre otras, propuestas para implementar políticas sobre el funcionamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. En el marco del Paro Agrario de 2013 también se encontraban las comunidades asentadas en la vía Panamericana sobre las veredas de El descanso, Norte del Cauca, y El Bordo, Sur del Cauca. Las dos Constituyentes allí realizadas contaron con la presencia de más de 400 personas cada una. 1 Información extraída de las bitácoras correspondientes: La Nohora, 11-13 de septiembre de 2013; Ocaña, 14-16 de septiembre de 2012; Jardines de Sucumbíos, 20 de septiembre de 2013; La Macarena, 15-16 de junio de 2013; Norte de Cauca, 8 y 9 de septiembre de 2013; Sur de Cauca, 10 de septiembre. 2 En La Nohora cerca de 1000 personas, Ocaña 200 personas, Jardines de Sucumbíos más de 200 personas, La Macarena 200 personas, El descanso, Norte de Cauca y El Bordo, Sur de Cauca, cerca de 500 y 400, respectivamente.
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La convocatoria lograda en algunos procesos de constituyentes por acciones colectivas en marcha, como el Paro Agrario, contrasta con otras situaciones que marcaron la elaboración de los mandatos. El proceso electoral regional en Puerto Wilches fue una de las preocupaciones de los delegados de la Constituyente de este municipio santandereano, pues la candidata a la alcaldía para el periodo 2015-2019 es esposa de uno de los negociadores de Ralito, quien fue alcalde, y de otra parte algunos miembros de las organizaciones campesinas de Puerto Sogamoso habían recibido amenazas3.
del Proyecto URRA 1 en el escenario de la Constituyente. Sobresalen además en algunos ejercicios previos a constituyentes -como la acción humanitaria realizada en Tierralta- la participación indirecta y activa de la fuerza pública: “A la llegada a Puerto Frasquillo, (de vuelta de la acción humanitaria), estuvo un grupo de soldados con un superior que no se identificó, estos tenían orden explicita de tomar fotos a todo aquel que viniera de Crucito (lugar donde se había realizado la acción humanitaria), para tal fin utilizaron disfraces de payaso, daban la bienvenida a las personas. Obviamente esto generó Dentro de las convocatorias hechas, las mucha intimidación, no solo a la gente de las a las personas habitantes actividades pre-constituyentes fueron delegaciones sino 6 importantes, como en el caso de la del Alto Sinú” . Constituyente del Tolima y la de Cartagena del En algunas regiones, como Córdoba y Cauca Chairá, donde meses antes de la realización se realizaron los mandatos luego de poner a de las Constituyentes se había socializado la discusión insumos como la Constitución de propuesta y su metodología, lo que permitió 1991, memorias del Foro Agrario, Mesa de una mejor planeación de la convocatoria y la paz del Congreso de la República, Pliego de elaboración del mandato como los aportes de la Mesa de Interlocución y Acuerdo-MIA, así articulados para la Constitución popular o la como intervenciones de talleristas invitados. identificación más fluida en problemáticas y De otra parte, movilizaciones e intervenciones propuestas4. culturales, previas o posteriores a las Otro tipo de actividades que enriquecieron los constituyentes se presentaron en regiones mandatos, fueron acciones humanitarias como como Montería, La Nohora, La Macarena e la realizada en Tierralta-Córdoba5, meses Ibagué. antes de la instalación de la Constituyente Otros mandatos se desarrollaron en ausencia en Montería. La jornada potenció la de ejercicios previos de socialización pero participación de las comunidades reasentadas todos coincidieron en el trabajo colectivo, que desplegado en mesas temáticas, 3 Bitácora de Constituyente de Puerto Wilches, permitió ubicar problemáticas y propuestas 10-11 de agosto de 2013. 4 Bitácora de Tolima, 29 de noviembre principalmente en temas como la tierra y el de 2013; documento previo a la constituyente en territorio, la justicia social, el uso de recursos Cartagena del Chairá, Caquetá por las Constituyentes naturales, la economía campesina, los por la Paz, 20 de julio de 2012. derechos humanos y víctimas, y la solución 5 Con base en la bitácora de la Constituyente de la Acción Humanitaria en Tierralta, 26-27 de abril de 2013 y la de la Constituyente de Montería en Córdoba, 24-29 de octubre de 2013.
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6 Tomado de bitácora de acción humanitaria en Tierralta, 26-27 de abril de 2013.
Paz con Justicia Social Características
política al conflicto armado. Aunque diferentes en sus formas, el fondo de lo abordado en materia de participación política reflejó que lo mandatado en las constituyentes se centró en el acceso, exigencia y garantía de derechos sumado a mayor presencia del Estado. En cuanto a la participación de sectores sociales, a pesar de la preeminencia de organizaciones pertenecientes a Marcha Patriótica en el escenario de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, algunas constituyentes lograron la participación de funcionarios públicos, como alcaldes, personeros, integrantes de consejos municipales, maestros y directores de instituciones educativas, en la provincia de Ocaña, Bolívar-Santander, Jardines de Sucumbíos, y La Macarena. La participación campesina en las Constituyentes fue mayoritaria, seguida de la presencia de otros sectores sociales como trabajadores, mujeres, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, jóvenes, niños, adultos mayores, y comunidad LGTBI. Se destaca además la presencia de estos sectores sociales en formas organizativas como las cívico-comunitarias, sociales, productivas, gremiales, y políticas, así como la presencia de representantes de la institucionalidad. Sobresale su nutrida presencia mediante las Juntas de Acción Comunal, veredales y barriales, asociaciones campesinas, organizaciones defensoras de derechos humanos, Concejos Comunitarios y Cabildos Indígenas Organizaciones sociales, productivas, gremiales, y políticas y representantes de la institucionalidad presentes fueron:
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Organizaciones productivas y gremiales Constituyente
Departamento
Cantagallo
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Ibagué
Tolima
La Macarena
Meta Vía entre Acacías y Villavicencio-Meta
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La Vega
Cauca
Montería
Córdoba
Provincia de Ocaña Norte de Santander
Puerto Wilches
Santander
San Juan de Losada Meta y Caquetá San Pablo
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Sur de Bolívar
Nombres Unión Sindical Obrera-Uso, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra-Acvc Mesa de Interlocución y Acuerdo MIATolima, Comité Ambiental del Tolima Ascal-G, Asopeproc, Anzorc, Fensuagro, Agrogüejar, Agrocafre, Agrocun, Aspromacarena, Atcari, Acatamu, Astcagroam Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño, Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia, Coordinadora Departamental de Estudiantes de Secundaria Cauca, Proceso de Organización Estudiantil Palmira, Grupo de Estudiantes de Ingeniería Ambiental Augusto Ángel Maya, Coordinadora Estudiantil Tuto González Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú-Asodecas, Asociación Campesina del Sur de Córdoba- Ascsucor, Fedejuntas Asociación Campesina del CatatumboAscamcat, Federación de Estudiantes Universitarios- Feu Asociación Campesina de Puente SogamosoAscampsog, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria AgropecuariaSintrainagro, Asociación de Pescadores y Agricultores de Guayabo- Asopagua Ascal-G y Asopeproc Acvc, Federación de Trasportadores, Federación de Palmeros, Cooperativas Fluviales y Terrestres, Federación Agrominera, Asociación de Piscicultura
Paz con Justicia Social Características
Organizaciones sociales y comunitarias Constituyente Departamento Bolívar
Vélez, Santander
Cantagallo
Bolívar
Jardines de Sucumbíos
Ipiales, Nariño
La Macarena
Meta
La Nohora
Vía entre Acacías y Villavicencio-Meta
La Vega
Cauca
Nombres Corporación Escuela Campesina, Asociación Nacional de desplazados de ColombiaAndescol Mesa Comunal por la Vida Digna de la Región, , Red de Jóvenes de Cantagallo, Asofimac, Comité de mujeres de la Palua, Comité de Mujeres de la Victoria Fundación El Progreso, delegados de la iglesia católica y pentecostal Corpoayarí, Asocolonos, emisora comunitaria “Raudal stereo”, Cabildo Embera-Chami y Cabildo Tinigua, Derechos humanos del Oriente Colombiano-Dhoc, Asojuntas, Red de medios alternativos del Oriente Colombiano-Rema, Colectivo de MujeresTea, Coordinadora Nacional de DesplazadosCnd, Plataforma Sur, Centro de Memoria Historia, Fundación Manduco, Observatorio Internacional de Paz-Ipo Red de medios alternativos del Oriente Colombiano-Rema, Derechos humanos del Oriente Colombiano-Dhoc Asociación Somos Agua de esta TierraAsat, Conciencia Campesina de El Recreo, Fundación Despertar, Abriendo Trocha, WairaSipay, Cruce de Caminos, Aitproa, Resguardo Indígena de Guachicono, Fundación Universitaria de Popayán, Asociación de Juntas de Acción Comunal -Asocomunal La Vega, Grupo de Teatro Identidad Campesina de Albania, Grupo de Danza Pasos de Libertad, Junta de Acción Comunal de El Palmar, Orquesta “Ritmo Café”, Broderick, XmenosY, Achiote Cocina Audiovisual
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Provincia de Ocaña Norte de Santander
Puerto Wilches
Santander
San Juan de Losada Meta y Caquetá
San Pablo
Constituyente Bolívar Cantagallo
La Macarena La Nohora La Vega Montería San Pablo
20
Colectivo Luis Carlos Pérez Asociación Creciendo en Puerto Wilches y el Magdalena Medio (Asocrewilmag), Mesa por la Paz y la Vida Digna de Puerto Wilches, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Corpoayari
Organización Femenina Popular, Coordinadora del Adulto Mayor Asodesmag, Sur de Bolívar Asociación de Desplazados de San Pablo, Defensa Civil, Asodisanp, Asodesamuba, Credhos, Aheramigua, Organizaciones políticas Departamento Nombre Coordinación Nacional Agraria y Popular – Vélez, Santander Conap Comité Patriótico Municipal de Marcha Bolívar Patriótica, Comités Patrióticos Interveredales del Diamante, San Lorenzo y la Victoria Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Meta Oriente Colombiano-Mucapoc, Coordinación Nacional Agraria y Popular – Conap, Vía entre Acacías y Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Villavicencio-Meta Oriente Colombiano-Mucapoc Cauca Colombianos y Colombianas por la Paz Córdoba Poder Ciudadano Sucre Sur de Bolívar Marcha Patriótica
Paz con Justicia Social Características
Instituciones estatales Constituyente Departamento Nombre Personero municipal, representantes del Bolívar Vélez, Santander Consejo municipal Director de la la institución educativa del Jardines de corregimiento, Director de la seccional Ipiales, Nariño Sucumbíos del Sena para el municipio de Sucumbíos, Consejero de Paz de la gobernación de Nariño Un maestro de las institución educativa del municipio, Alcaldía Municipal, algunos La Macarena Meta miembros del Consejo Municipal, la Coordinadora de salud local, Cuerpo Voluntario de Bomberos, Defensa Civil Universidad del Cauca, Institución Educativa La Vega Cauca La Esperanza, Institución Educativa Escuela Normal Superior Los Andes Secretario gobierno de la Alcaldía del Provincia de Ocaña Norte de Santander municipio de Hacarí y el Defensor del Pueblo regional de la provincia de Ocaña
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22
1. Participación política
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Constituyentes por la Pa
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Paz con Justicia Social Participación política
Los mandatos sobre el tema de la participación política consideran que la violencia histórica que han ejercido quienes tienen el control sobre la tierra, así como el poder político y económico, han impedido la apertura de un verdadero proceso democrático que permita a los colombianos mayor participación en la toma de decisiones de los asuntos que les conciernen. También es claro para los constituyentes que existe una crisis del Estado mismo, el cual no solo se reduce a las instituciones, gobierno, cortes, policía, militares y partidos, sino también a un sistema de ideas y valores que se imponen por la vía de la persuasión o la fuerza, con el fin de generar consenso frente a las políticas del Estado. Igualmente, el Estado colombiano ha desconocido históricamente las garantías para el ejercicio real de la democracia, unido esto a la existencia de una sociedad carente de formación política y con una opinión pública hegemonizada por los medios masivos de comunicación. Al ser las Juntas de Acción Comunal los únicos espacios de participación política con los que cuenta la comunidad de El Peñón en Santander, consideran que no son suficientes para la participación en la contienda electoral;
de otro lado, la región ha tenido dificultades y problemas en términos de organización y democracia participativa. La falta de tejido social y organizativo, la carencia de comunicación y trabajo conjunto entre las Juntas de Acción Comunal Veredales; la ausencia de interlocución entre el gobierno municipal y la comunidad para discutir respecto a las necesidades reales; la falta de control político y seguimiento a la función pública en el municipio; la inexistencia de un diagnostico en participación ciudadana que lleve a la construcción de ejercicios de democracia participativa a través de los cuales la comunidad conozca y se capacite desde la práctica, han sido las problemáticas identificadas en torno a la participación ciudadana y la organización comunitaria, por parte de la comunidad de Bolívar en Santander. Finalmente, la alta concentración del poder político y económico por parte de familias tradicionales adscritas a los partidos políticos convencionales; la dependencia de prácticas politiqueras para la destinación y la utilización de los recursos de la región y la corrupción, son los inconvenientes que la constituyente de San Pablo, Sur de Bolívar identifica como problemas en el ejercicio de la participación política.
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Según la encuesta de Percepción Electoral de los Votantes Colombianos realizada por la Misión de Observación Electoral – MOE en 2010, el 25.4% de los votantes activos aseguraron conocer a alguien que ha votado por algún candidato a cambio de algún bien material; tan solo el 4% aseguran haberlo hecho ellos mismos. El 11.1% de los votantes activos encuestados aseguran conocer a alguien que ha recibido subsidios del gobierno a cambio de su voto.
Desde 1990 hasta el 2010 participación ciudadana en temas de control político:
Las denuncias por delitos electorales aumentaron significativamente de 2002 a 2007. Es así como en las elecciones más recientes de autoridades locales en 2007, el número de denuncias fue casi tres veces más que el que se dio en las elecciones de 2002, pasando de 597 denuncias en 2002 a 2052 denuncias en 2007.
Entre 2002 y 2007 el total de denuncias por la presunta ocurrencia de un delito electoral fue de 5.579. El 75% de éstas se concentró en cinco tipos penales: voto fraudulento (23%), fraude en la inscripción de cédulas (18%), corrupción de sufragante (14%), ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas (12%) y fraude al sufragante (8%).
solo un 33% ha participado en una consulta popular; un 31.8% ha apoyado con su firma la convocatoria a un referendo; 25.1% ha apoyado con su firma la inscripción de un candidato; 16.2% ha solicitado información a través de un derecho de petición; 13.7% ha apoyado con su firma una iniciativa legislativa.
La abstención electoral para las elecciones del año 2010 fue del 51% según la Misión de Observación Electoral – MOE.
El mandato Principios generales:
política con el fin de incentivar la participación política directa.
1. El fortalecimiento y apoyo por parte de los gobiernos nacional, departamental 4. Es deber del Estado garantizar la participación política de líderes y municipal a los diferentes procesos campesinos, afros e indígenas en las sociales y políticos que existen o ramas del poder público y el derecho a los que se creen para dar solución a la conformación de partidos políticos las problemáticas particulares de las liderados por ellos mismos. regiones. 5. El Estado debe garantizar los derechos 2. El campesinado debe ser reconocido de libre asociación y reconocer los como sujeto de derechos a través de un sindicatos campesinos, al igual que el régimen especial, por lo tanto debe tener reconocimiento político de las y los participación directa en las curules del campesinos, la libertad de expresión sin senado, gobierno municipal y regional. persecución y con seguridad política. 3. La construcción de una legislación que 6. Fin de la criminalización y estigmatización del trabajo organizativo y propositivo de reglamente el ejercicio de la participación
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Paz con Justicia Social Participación política
las comunidades con el fin de participar activamente en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas.
de reconocimiento de la diversidad y de la autonomía de los pueblos ancestrales de vivir en sus territorios, respetando las diferencias culturales y territoriales entre campesinos, indígenas y afrodescendientes.
7. La consolidación del proceso de Juntas de Acción Comunal como iniciación del ejercicio democrático en la participación y toma de decisiones de los municipios. 7. Es deber del Estado la inclusión en los planes de desarrollo de sectores 8. Modificar el régimen político colombiano tradicionalmente excluidos -víctimas, por uno de democracia directa. discapacitados, LGTBIQ, tercera edad, 9. Reconocer y defender la soberanía nacional mujeres-. y el derecho a la autodeterminación 8. Crear programas de capacitación desde del pueblo colombiano, rechazando la lo técnico, social, político y cultural, que intervención extranjera en asuntos de desarrollen las Juntas de Acción Comunal política interna. y otras formas de organización comunal,
Iniciativa Legislativa:
con el fin de formar a la comunidad en “el buen gobierno”.
1. Garantizar, por parte del Estado, la 9. Decretar que todos los candidatos a algún cargo de elección popular firmen financiación de las Juntas de Acción un acta de compromiso basado en planes Comunal con el fin de fortalecer la y programas aprobados, concertados y participación política de los municipios. construidos por la comunidad. 2. Garantizar el debido proceso en las consultas previas para las comunidades 10. Construir el estatuto de la oposición, en donde no solo participen los étnicas y que las comunidades campesinas partidos políticos sino también las cuenten con este mismo derecho. comunidades campesinas, indígenas y 3. Implementar veedurías por parte de las afrodescendientes. comunidades campesinas a los planes de 11. Fortalecer a las Juntas de Acción desarrollo locales y municipales. Comunal para que ejerzan el papel de 4. Crear una jurisdicción especial agraria veedoras frente a las políticas laborales, la con las facultades constitucionales función de los gobernantes, el uso de los que permitan el desarrollo integral del presupuestos municipales y la planeación campesinado colombiano. y ejecución de los planes de desarrollo. 5. Reconocer a las Zonas de Reserva 12. El Estado debe reconocer y garantizar Campesina como figuras territoriales el derecho de asociación, el derecho que permiten el reconocimiento de los a la protesta y a la movilización de los campesinos como sujetos políticos. ciudadanos. 6. Formalizar los territorios de las comunidades indígenas como forma
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Propuestas
Dejar de criminalizar y estigmatizar el trabajo organizativo y propositivo de la comunidad con el fin de participar activamente en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas.
La violencia histórica que han ejercido quienes tienen el control sobre la tierra, así como el poder político y económico, han impedido la apertura de un verdadero proceso democrático que permita a los habitantes de la región mayor participación en la toma de decisiones de asuntos que le conciernen a la comunidad.
Se propone el fortalecimiento de las JAC y la creación de una nueva instancia democrática y organizativa que acompañe la labor de las JAC en el control y regulación de la administración La región ha tenido dificultades municipal, fortalecimiento del poder local y garantizar el y problemas en términos de la cumplimiento de los proyectos municipales. También se organización y la democracia propone la formación y fortalecimiento de un “Semillero para participativa, pues los únicos espacios la democracia” donde se busque organizar a los jóvenes, unir de participación con los que cuenta la a las mujeres y capacitar a quienes hacen parte de las JAC. Se comunidad son las Juntas de Acción debe garantizar por parte del Estado la financiación de las JAC Comunal las cuales no son suficientes con el fin de fortalecer la participación política del municipio. para la participación política. Fortalecer y apoyar por parte del gobierno municipal a los diferentes procesos sociales y políticos que existen o se creen para dar solución a las problemáticas particulares de la región. (Constituyentes, Asambleas, etc.).
rural o urbano Rural Rural
28 Problemática
Participacion politica
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Énfasis
Dpto. Norte de Santander Santander
Lugar
Ocaña
El Peñón
Fecha
17 de Septiembre de 2012
24 al 26 de Junio de 2012
La comunidad de Bolívar identifica como problemáticas en torno a la participación Se propone la creación de nuevas organizaciones comunitarias ciudadana y la organización comunitaria: y el fortalecimiento de las ya existentes como las JAC con el La falta de tejido social y organizativo en fin de crear una mayor participación ciudadana en el debate de la región, la carencia de comunicación problemáticas sociales, económicas, políticas, ambientales, etc. y trabajo conjunto entre las Juntas de Consolidar el proceso de Asojuntas como ejercicio democrático Acción Comunal Veredales JAC; la en la participación y toma de decisiones del municipio. falta de comunicación entre el gobierno Poner en funcionamiento un control político real que sea municipal y la comunidad para discutir respecto a las necesidades reales; la independiente y autónomo de las veedurías ya existentes. Se falta de control político y seguimiento exige la rendición de cuentas por parte de la administración a la función pública en el municipio; la municipal, de manera trimestral frente al Plan de Desarrollo falta de un diagnostico en participación del Municipio, y que ésta rendición de cuentas se de en todas ciudadana que lleve a la construcción de las veredas de la región. Crear una Asociación Campesina ejercicios de democracia participativa Regional con el fin de lograr la unidad con las comunidades del y participación ciudadana, a través de municipio de El Peñón. los cuales la comunidad conozca y se capacite desde la práctica.
Garantizar la participación democrática de las comunidades en la construcción de los planes de ordenamiento territorial. Garantizar la participación democrática de las comunidades en la construcción de las políticas del país, convirtiendo sus propuestas y sus planes integrales de desarrollo en políticas públicas y exigiendo su estricto cumplimiento. Que exista una verdadera libertad para hacer y participar en política para las personas con ideologías e ideas políticas distintas, sin estigmatización, señalamientos y exterminio. El campesinado debe ser reconocido como sujeto de derechos a través de un régimen especial, por lo tanto debe tener participación directa en las curules del senado, gobierno municipal y regional. Garantizar el debido proceso en las consultas previas para las comunidades étnicas y que las comunidades campesinas cuenten con este mismo derecho. La comunidad de Sucumbíos trabajará por el fortalecimiento de las organizaciones sociales para que se garantice la participación en los espacios decisorios.
Paz con Justicia Social Participación política
29
Rural Rural
Santander Nariño
Bolívar
Jardines de Sucumbíos - Ipiales
5 de Marzo de 2013
20 de Abril de 2013
30 El Estado colombiano ha desconocido históricamente las garantías para el ejercicio real de la democracia, unido esto a la existencia de una sociedad carente de formación política y con una opinión pública hegemonizada por los medios masivos de comunicación.
Las constituyentes de Cundinamarca exigen promover y fortalecer el proyecto de ley de oposición política, que respete y garantice el ejercicio de participación política. Construir una legislación que reglamente el ejercicio de la participación política que incentive la participación directa. Fortalecer las Juntas de Acción Comunal las cuales deben aportar al proceso de transformación social y no seguir obedeciendo a los intereses del sistema. Asimismo reconocer, promover y participar en las constituyentes como espacio que recoge el sentir del pueblo colombiano en sus aspiraciones por un gobierno popular. Fortalecer procesos organizativos de las comunidades como la Coordinadora social y popular del Centro Colombiano (COSOPOC).
La comunidad del Huila proponen que: Los presidentes de Juntas de Acción Comunal son los que deben garantizar la asignación de tierras como entidad avalada por el Estado y conocedora de su realidad y su población. La implementación de veedurías por parte de las comunidades campesinas al desarrollo de la obras de infraestructura, para velar por el cumplimiento de las mismas. Se propone la creación de programas que garanticen la participación de los campesinos y sus organizaciones en las decisiones políticas y económicas de la región. La creación de una jurisdicción especial agraria con las facultades constitucionales que permitan el desarrollo integral del campesinado Colombiano.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Rural Rural/Urbano
Huila Cundinamarca
San Andrés Tello
Fusagasugá
12 y 13 de Julio de 2013
18, 19 y 20 de Julio de 2013
La comunidad se ha organizado alrededor de la defensa de su territorio y la garantía de los derechos humanos, reconocen sus procesos organizativos como iniciativas locales de paz. Se reivindican las Zonas de Reserva Campesina como figuras territoriales que permiten el reconocimiento como sujetos políticos. Formalización de los territorios de las comunidades indígenas, como forma de reconocimiento de la diversidad, de la autonomía de nuestros pueblos ancestrales de vivir en sus territorios, respetando las diferencias culturales y territoriales entre campesinos, indígenas y afrodescendientes. El Estado, mediante declaraciones de Se exige llegar a un acuerdo de paz para que el Estado sea sus representantes, ha señalado que garante de los derechos humanos y de condiciones para la las tierras de La Macarena son de las participación política de los sectores históricamente excluidos. FARC Proponemos que en un acto público el Estado nos reconozca como ciudadanos. Desde el trabajo organizativo se fortalece la construcción de rutas de exigibilidad de nuestros derechos, en la que participan todos, ruta que se fortalece siendo conscientes de que los derechos no solamente son aquellos consignados en la constitución sino aquellos que construimos diariamente con nuestra propia experiencia y vivencia con nuestras comunidades. Reafirmamos nuestra voluntad y nuestra iniciativa de construir la paz con justicia social, bajo la consigna del “¡El dialogo es la ruta!” Ante la ausencia de una política de paz se hace indispensable la manifestación de la voluntad soberana del pueblo. Deben La participación política popular se generarse condiciones de libertad, igualdad, vida digna ha impedido por la monopolización y garantías de respeto por la diversidad de pensamiento, del poder político, la corrupción que retomarse los ejemplos positivos en el manejo de la caracteriza a la administración pública administración pública por parte de líderes de la región. también impide la participación. Garantizar la participación política de líderes de la región en las ramas del poder público y que se tenga derecho a la conformación de partidos políticos liderados por campesinos.
Paz con Justicia Social Participación política
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rural rural
Meta Meta - Caquetá
La Macarena
San Juan de Losada
Junio 15 y 16 de 2013
Diciembre 19 y 20 de 2012
Constituyente como espacio deliberativo y participativo para la consolidación de una alternativa política, social, económica, cultural y ambiental que esté a favor de la dignidad del pueblo Crisis generalizada de representación Caqueteño. Garantía a los derechos de asociación y se de la sociedad y de la institucionalidad reconocimiento de los sindicatos campesinos, Reconocimiento colombiana, y la forma actual de político de las y los campesinos sin discriminación alguna, la democracia tanto en los mecanismos libertad de expresión sin persecución y con seguridad política. de participación, como en los derechos En cuanto a los mecanismos de participación: Creación de y garantías de la oposición. Pérdida en programas de formación, desde lo técnico, social, político la capacidad de definir colectivamente y cultural, realizados en las juntas de Acción comunal y en como sociedad los rumbos de nuestro otras formas de organización comunal, que formen en “el país, valga recordar que los rumbos y las buen gobierno”; Garantías electorales dadas por la elección políticas, son determinados actualmente popular de los registradores y funcionarios de los entes de por los criterios del mercado y el capital control (nacional, departamental y municipal; Decretar que mundial. También es claro que existe una todos los candidatos a algún cargo de elección popular, crisis del Estado mismo, el cual no solo firmen un acta de compromiso basado en planes y programas se reduce a las instituciones, gobierno, aprobados, concertados y construidos por la comunidad. cortes, policía, militares y partidos, sino Los funcionarios serán revocados del mandato en caso de no también a un sistema de ideas y valores cumplir el compromiso; Financiación equitativa para todos los que se nos imponen por la vía de la partidos y opciones políticas; La rama legislativa debe tener persuasión o la fuerza; el consenso frente una forma unicameral, y evitar así la corrupción y el malgasto a las políticas del Estado, las cuales del erario público; crear Cabildos sectoriales y populares que son un escenario de una correlación de definan los Presupuestos participativos de manera planificada fuerzas, donde unas pocas fracciones de y descentralizada. Estos serán incluyentes y condicionarán las la sociedad orientan el poder político y acciones de las administraciones local y nacional. Existencia los recursos del Estado en detrimento de de Consejeros locales de Juventud y de Mujer; Creación de la mayoría de la población, tanto en los mecanismos y organismos de Veeduría ciudadana y popular, mecanismos de participación, como en sobre la definición de la prioridad del gasto, de la inversión, los derechos y garantías de la oposición, con la respectiva vigilancia y observancia de los planes lo cual trae consigo una crisis lo cual construidos con las comunidades. Voto en blanco como implica la pérdida en la capacidad de rechazo al sistema electoral burocrático y excluyente cuando definir colectivamente como sociedad los este cierra el escenario de participación a los verdaderos rumbos de nuestro país, valga recordar representantes del pueblo; esto deberá estar acompañado por que los rumbos y las políticas son el fortalecimiento y la conformación de las JAC, comités determinadas actualmente por los criterios de proyección sectorial y escuelas políticas, que permitan la del mercado y el capital mundial. formación de líderes populares-campesinos en el marco de la construcción de unidad en el proceso político para el ejercicio pleno de la democracia.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
32 rural-urbano y propuestas nacionales
Caquetá
Cartagena del Chairá
Julio 19 y 20 de 2013
No existe el reconocimiento político del campesinado.
rural-urbano y propuestas nacionales
No hay un ejercicio real de democracia popular.
Crear mecanismos anticorrupción. Respeto a los derechos del campesino, participación política de las clases populares, incluyendo su reconocimiento, en especial el derecho a la libre expresión. Que los cargos políticos no sean otorgados únicamente por niveles de estudio y económicos sino por las capacidades de las personas. El régimen colombiano será parlamentario y los ministros serán elegidos por voto popular. El Estado debe garantizar los mecanismos de negociación y diálogo con el pueblo colombiano para garantizar la Paz. Medidas y garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. Participación real en la toma de decisiones en las entidades del Estado que tienen que ver con la población rural. Otorgar derecho a la consulta previa a las comunidades campesinas.
La desobediencia civil y pacífica en exigencia de derechos se ejerce en el desarrollo de este mandato. Para un real ejercicio de democracia popular, debe reconocerse al campesino, así como a sus organizaciones, como sujetos e interlocutores legítimos en la toma de decisiones que afectan la vida campesina. Que se impulse la creación de sistemas de justicia comunitaria que tengan legitimidad y apoyo entre los habitantes de territorios comunes.
La comunidad participante se reconoce como pueblo soberano, como constituyente primario y originario. Respaldo a todas las iniciativas de paz, Construcción de una nueva Constitución. Avanzar en el relevo generacional de los procesos y en la elevación de la conciencia y formación como el factor que permite el avance de los mismos. Unidad popular como premisa fundamental para la toma del poder. Alianzas e intercambio de experiencias de poder popular con países hermanos. Poner en discusión de Marcha Patriótica y el pueblo caqueteño nuestra participación en las elecciones para poder ser gobierno alternativo. Urge la protesta popular materializada en paros sectoriales y nacionales; Impulsar todas las formas comunitarias y solidarias en la producción y en la transmisión de saberes (formas comunales en la crianza de los niños, en el manejo de los cultivos). Reconocimiento del campesinado y las comunidades Indígenas y Afro descendientes localizadas en la región como sujetos políticos
Paz con Justicia Social Participación política
33
rural rural y urbano
Meta Putumayo
Caquetá
Cartagena del Chairá
La Nohora
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Julio 19 y 20 de 2013
Septiembre 11, 12 y 13 de 2013
Septiembre 14 al 18 de 2013
Garantizar la participación directa de las comunidades en la planeación del desarrollo rural. Que se garantice el derecho a participar en política y en la movilización social. Garantías para la participación política. Cambiar la estructura del Estado colombiano. Que sea un gobierno postulado por el pueblo. Ejercer la democracia y generar confianza en la constituyente popular. Fortalecer la identidad campesina a través de una educación acorde a las necesidades de las comunidades. Reconocimiento político. Todo mandatario que quiera hacer una reforma o crear una nueva ley, debe ser sometidas a consulta popular.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
34 rural y urbano
Putumayo
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Septiembre 14 al 18 de 2013
Creación del estatuto de oposición, que las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas seamos las directas creadoras del estatuto de oposición. Veedurías creadas por las comunidades en la aplicación del estatuto de la oposición
Convocar una Asamblea Nacional Constituyente popular y participativa para que esta refrende lo positivo de los eventuales acuerdos de la Habana, entre el Gobierno y la comisión de dialogo de las FARC EP y esta a su vez complemente las transformaciones estructurales en lo político, social, económico, cultural y de relaciones internacionales. Deben tenerse en cuenta también para el mandato de la Asamblea las propuestas de los foros convocados en el marco de los diálogos de paz. Que sean instaladas lo antes posible las mesas temáticas y sectoriales sobre los diversos problemas de frontera: Impactos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales del conflicto social y armado en Colombia y en la frontera orinoquénse y que este ejercicio sirva como paquete de propuestas para la Asamblea Nacional de Constituyente. Que esta discusión se haga desde las regiones. Fortalecer el compromiso con la revolución venezolana como premisa de la integración Bolivariana de los pueblos. En el momento en que se rompan los diálogos de la Habana se convoque a una huelga Nacional en Colombia para presionar la terminación del conflicto y la transformación social, política y económica en Colombia.
Paz con Justicia Social Participación política
35
Rural
Venezuela Tolima
Puerto Ayacucho
Ibagué
Julio 19 y 20 de 2013
29 de noviembre de 2013
Noviembre 29 y 30 de 2012
Marzo 09 y 10 de 2013
Agosto 11 y 12 de 2013
Municipio de Cantagallo
Municipio de San Pablo
Municipio de Puerto Wilches
Magdalena Medio Magdalena Medio Magdalena Medio
Modificar el régimen político colombiano por uno de democracia directa. Participación de la comunidad a través de veedurías ciudadanas y entes de control.Atención de la administración a los proyectos propuestos por la Mesa Comunal por la Vida Digna del municipio. Promover la unidad de las organizaciones sociales y populares del municipio para la construcción de un plan de trabajo conjunto en favor de la comunidad. Fortalecimiento de los movimientos políticos y populares para su incidencia en la política pública. Inclusión en los planes de desarrollo de sectores tradicionalmente excluidos -víctimas, discapacitados, LGTBIQ, tercera edad, mujeres-.
Alta concentración del poder en los espacios de representación por familias tradicionales adscritas a los partidos tradicionales. La destinación y utilización de los recursos dependen de prácticas politiqueras y corrupción.
Corrupción y clientelismo.
Actualización del Plan y Esquema básico de Ordenamiento Territorial. Implementación de veedurías a través de asambleas para hacer seguimiento a las problemáticas generadas por la contaminación del medio ambiente. Creación de una política pública de empleo para la paz. Veedurías de las JAC frente a las políticas laborales. Rendición de cuentas por parte de los trabajadores de la administración municipal. Promoción de mecanismos de veeduría y control. Capacitación a la comunidad en mecanismos de exigibilidad de derechos. Consulta previa a las comunidades para la ejecución de proyectos.
Crear una mesa de debate municipal con la participación primordial de la comunidad para discutir y concertar las problemáticas e iniciativas de los pobladores. Realizar veedurías para abordar las diferentes problemáticas en materia de salud, educación, trabajo, vivienda digna, entre otros.
Rural y municipal Rural y municipal Rural y municipal
36 Orfandad de los entes gubernamentales en el municipio y dificultades en el relacionamiento de las comunidades con las entidades públicas.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Los funcionarios estatales son corruptos y desconocen a los campesinos, los mineros artesanales, los indígenas y afrodescendientes y a diferentes sectores de la población.
Vinculación de la población atlanticense al debate sobre la paz y a la construcción de alternativas que cumplan tal deseo. Se solicita al presidente, al gobernador y a la alcaldesa departamental la suspensión de las reformas o decretos que no cuenten con la previa consulta popular. Realización de cabildos abiertos para debatir la situación de los servicios públicos.
Reconocimiento del campesino y del minero como sujeto político, con un enfoque diferencial de género dirigido a la mujer campesina. Garantías para el ejercicio del derecho al voto aún en las zonas más alejadas y en condiciones de transparencia. El Estado debe garantizar la participación ciudadana para el debate y decisión de los temas más trascendentales para la Nación. Apertura de los medios de comunicación para el ejercicio del derecho a la expresión del campesinado. Reconocimiento, financiación y capacitación a las JAC como la máxima autoridad de las comunidades campesinas, siendo estas las que definan el uso de sus territorios y sus planes de desarrollo. El poder popular es el mecanismo más adecuado para la creación de leyes alternativas. Reconocimiento y garantía al derecho de asociación de los campesinos y mineros, y del derecho a la protesta y la movilización. Respeto a la autonomía campesina. Creación de la rama del poder popular. Reconocimiento de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación, rechazo a la intervención extranjera.
Paz con Justicia Social Participación política
37
Rural Urbano
Antioquia Atlántico
Municipio de Barbosa
Barranquilla
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Septiembre 14 de 2013
Reconocimiento del campesinado, los indígenas, estudiantes y comunidad LGTBI como actores políticos del territorio cordobés. No habrá discriminación por la condición socioeconómica, raza o credo religioso. Reconocimiento y garantía al ejercicio de los derechos de la comunidad LGTBI e inclusión en los espacios de participación democrática. Las organizaciones sociales contarán con espacios dentro de un partido político el cual estará enfocado hacia al sector campesino y comunal. A las organizaciones sociales se les respetará el derecho a la participación política y se garantizará la vida de cada uno de sus dirigentes. Campesinos-as: el campesinado tiene derecho a participar en la creación de políticas públicas favorables para estos, se garantizarán mesas electorales en las veredas, garantizar la libre movilización de los productos agrícolas. Socialización y retroalimentación con las comunidades departamentales y municipales de los proyectos de ley a presentar. Juntas de Acción Comunal: recuperación del movimiento comunal, autonomía de las JAC para desarrollar sus planes estratégicos de desarrollo, trabajo articulado con el Estado para el fomento de la identidad comunitaria, destinación de partidas económicas municipales a las JAC, garantías económicas y sociales para el funcionamiento de las JAC, exonerar a las JAC de impuestos y obligaciones tributarias, reconocimiento de las JAC como la autoridad superior municipal, subsidio a los representantes legales y delegados de las JAC. Las organizaciones sociales tendrán circunscripción especial en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
38 Urbano y rural
Montería
Córdoba
Octubre 28 y 29 de 2013
Paz con Justicia Social La minería, la agroindustria y los megaproyectos
2. Paz con justicia social
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Constituyentes por la Pa
40
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
Los mandatos en el tema de paz con justicia social se refieren al olvido estatal en cuanto a la poca inversión social por parte del Estado para garantizar las necesidades básicas de las comunidades en lo que se refiere a salud, trabajo, vivienda digna, servicios públicos domiciliarios, infraestructura y educación, lo que agrava la situación de pobreza y genera una crisis económica que se manifiesta en la falta de vida digna para la población.
Ejemplo de ello es el incremento de la militarización planteado por la constituyente de San Juan de Lozada (Meta-Caquetá), región de colonización que hizo parte de la zona de distensión durante las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno Nacional, bajo la presidencia de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002. Asimismo el mandato de La Macarena (Meta), explicita cómo la entrada del Plan de Consolidación frenó la inversión social en esa región, afectando tanto el estado de la infraestructura vial como las economías de los pequeños agricultores por medio de un modelo económico favorable a los agrocombustibles, agronegocios y tratados de libre comercio. De manera que el mandato principal es la necesidad de garantizar los derechos humanos como la salud y el trabajo.
A la poca inversión social, se suma la exigencia del cese de las violaciones a los derechos humanos, la exclusión y estigmatización que sufren las comunidades en las regiones como se menciona en la constituyente de Cartagena del Chairá, región en la cual la discriminación social y el abandono social del Estado ha impulsado la creación de unos cercos económicos y sanitarios prohibiendo la entrada de alimentos y medicamentos a Los mandatos de Ibagué (Tolima) y San zonas que no son comerciales, violentando los Pablo (Bolívar) también hacen referencia a derechos fundamentales de los pobladores. las problemáticas que ha traído consigo la Este panorama contrasta con la fuerte inversión del Estado en la guerra, como la inversión que el Estado destina para la guerra, militarización de la vida de los jóvenes en la militarización y las políticas de seguridad Ibagué y las deficiencias en oportunidades por medio de los Planes de Consolidación. laborales y educación de calidad, tanto en infraestructura como en planta docente, mientras el gasto militar aumenta. De acuerdo con el Censo general del 2005 realizado por el DANE, para este año el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó el 19% del total de la población nacional y la población en miseria es del 5.8%
Según el ministerio de Hacienda, el gasto en defensa y policía pasó de 12 billones de pesos en 2000 a 27 billones de pesos en el 2014, aumentando en más del 225% el presupuesto para este gasto.
De acuerdo con el ministerio de Hacienda, el gasto en salud y protección social para el año 2014 es de 18 billones de pesos, es decir 10 billones menos del gasto en defensa y policía.
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
El mandato Principios generales:
Iniciativa Legislativa:
1. Garantizar la igualdad de oportunidades 1. Garantizar la calidad de la salud en y el respeto por los derechos humanos cuanto a la infraestructura y personal de para que haya paz con justicia social. trabajo, así como la asistencia médica y la vacunación para todos los habitantes 2. Fortalecimiento de la cultura popular, de manera gratuita. recreación y el deporte locales para un mejor desarrollo de las regiones en pro 2. Implementar la seguridad social para las de la consecución de la paz. personas que trabajan en los hogares y en el campo sin remuneración, así como 3. Promover un modelo de desarrollo para los empleados, discapacitados y alternativo que potencie la economía quienes tiene trabajos informales. campesina, la producción autónoma y el buen vivir.
3. Garantizar la vivienda digna a campesinos asignando los recursos sin intermediarios 4. Mantenimiento de la infraestructura así como subsidios y programas de en salud, educación, vías de acceso, vivienda de interés social para sectores servicios públicos y espacios culturales populares. que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 4. El Estado debe asegurar que los servicios básicos (agua, gas, electricidad) deben 5. El Estado debe garantizar la inversión constituirse legalmente como derechos social en las zonas rurales y urbanas fundamentales. asegurando la calidad y gratuidad de la salud y educación.
5. La educación debe ser gratuita, de calidad, y debe estar enfocada hacia el campo, 6. Participación directa de las comunidades, mejorando la infraestructura de los Juntas de Acción Comunal y veedurías planteles educativos, así como la planta comunitarias en los proyectos de inversión docente al tiempo que se implementan social para garantizar la autonomía, el universidades regionales con sedes control y el real cumplimiento de los mismos. 7. Rechazo a la privatización de la salud, educación, telecomunicaciones y servicios públicos.
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Paz con Justicia Social Paz con justicia social
en algunos municipios, como el Plan Educativo Integral para la Amazonía. 6. Derogatoria de la ley 100 y construcción de nueva legislación en salud. 7. El Estado debe implementar políticas públicas de subsidio para vivienda rural y urbana. 8. El Estado debe garantizar la titulación de la propiedad de los hogares campesinos. 9. El Estado debe, junto con las comunidades campesinas, construir e implementar una política agraria. 10. El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas una educación de calidad, salud eficiente y construcción de planes de vida para una vida digna. 11. El Estado debe generar políticas de empleo que sean acordes a los contextos de los municipios y que permitan disminuir los índices de informalidad laboral 12. Cumplimiento efectivo de la Declaración de los Derechos de los Niños con un enfoque diferencial para los niños-as rurales.
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Fecha
24 al 26 de Junio de 2012
5 de Marzo de 2013
Lugar
El Peñón
Bolívar
Dpto.
Santander
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Santander
Propuestas Ante la carencia de derechos, como la educación y la salud se propone la creación de un sistema educativo rural que vaya acorde a los intereses de la comunidad campesina y rural, que plantee soluciones a las necesidades del campo. Igualmente, se le exige al Estado garantizar la construcción de una infraestructura adecuada en salud y educación, así como una completa dotación de equipos e insumos médicos y escolares y la disposición suficiente y garantizada de personal capacitado. Respecto a la vivienda se propone el fortalecimiento de las organizaciones comunales que ejercen veeduría sobre el manejo de los recursos destinados a vivienda, la construcción de viviendas rurales y garantizar el acceso a los servicios públicos. También desarrollar proyectos culturales y deportivos para darles alternativas a los jóvenes y alejarlos del conflicto. Se exige la eliminación de las causas estructurales del conflicto: exclusión social, la falta de oportunidades, la distribución inequitativa de la tenencia de la tierra, la limitación de la participación política y la desigualdad social. La educación en el municipio debe tener un enfoque rural que permitan la identidad, el arraigo y permanencia en el campo. Mayor inversión en transporte médico, para su mejora; Más profesionales de la salud especializados, con el propósito de reabrir los centros de salud que en la actualidad no funcionan; Reestructurar la función de las brigadas de salud en las veredas, y su constancia, dirigida a darle un tratamiento a los problemas de salud específicos de la comunidad, sin ningún interés económico por parte de esas empresas; Reabrir y adecuar la sala de cirugía del municipio; Ampliar la cobertura de medicamentos en zonas rurales, especialmente los que no están incluidos en el POS. Implementar proyectos para la construcción y el mantenimiento de una vivienda digna, especialmente en Bolívar bajo, pues ha sido la parte del municipio más olvidada.
La pobreza, la exclusión, la estigmatización, la falta de oportunidades, el no disfrute de derechos como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna; demuestran la corrupción política y la debilidad de la política nacional para responder a las necesidades básicas de la comunidad de El Peñón. Esto permite ver que hay unas problemáticas políticas, sociales y económicas más allá de la confrontación armada.
Para la comunidad de Bolívar en Santander las causas que originaron el conflicto como la exclusión social, la falta de oportunidades, la distribución inequitativa de la tenencia de la tierra, la limitación de la participación política y la desigualdad social, aún perduran. En cuanto al derecho de salud, encontramos que el municipio cuenta con una buena infraestructura en la cabecera municipal, sin embargo de los siete puestos que existen en las veredas, solo dos se encuentran funcionando, sumado a esto, la atención no es la adecuada y el acceso es limitado, pues no se tiene en cuenta las situaciones de urgencia; mientras el servicio se da mediante remisiones alargando el proceso de atención; también existe una serie de dificultades en el servicio de ambulancia, pues éste no es gratuito, no está todo el tiempo disponible y no es lo suficientemente eficaz ; los medicamentos dados en los centro de salud constantemente se formulan los mismos independientemente de la enfermedad que se padezca.
Énfasis rural o urbano
Problemática
Paz con justicia social
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Rural Rural
La mayoría de los habitantes del municipio no tienen acceso y garantías de una vivienda digna, poniendo en evidencia que el gobierno no ofrece realmente propuestas para el fomento y sustento de ésta, limitándose a ofrecer cantidades mínimas de materiales de construcción sin comprometerse con un proyecto que a mediano plazo garantice el acceso seguro a vivienda digna.
Para los constituyentes de Popayán la justicia social es entendida como la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos humanos. Asimismo para que haya justicia social debe haber calidad y facilidad en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y vivienda digna y al mismo tiempo un apoyo al arte y las expresiones culturales. El Estado debe garantizar la calidad en infraestructura, equipos, personal profesional en salud, asistencia médica en todas las IPS del país y vacunación general y gratuita. La seguridad social que debe incluir a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares y actividades en el campo que son para su sustento y a quienes se encuentren en situación de desempleo, informalidad o discapacidad. La vivienda diga debe tener espacios amplios donde tengamos habitaciones cómodas, servicios sanitarios, adecuados y acabados completos, derechos a agua potable, energía eléctrica y gas domiciliario. Exigimos que los subsidios y programas de vivienda de interés social sean para los sectores populares.
que se padezca.
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
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Rural Urbano
Santander
Cauca
Bolívar
Popayán
5 de Marzo de 2013
26 y 27 de Octubre de 2013
En el corredor de Tello – Baraya se concentran altos indicadores de pobreza y vulneración de los derechos fundamentales que afectan a más de 20.500 habitantes, la tasa de analfabetismo es del 32.19%, la tasa de hacinamiento en los hogares roza el 32% y el empleo informal constituye el 97,95% de las ocupaciones. Estas cifras concluyen en un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de cerca del 53,45 que aunado a los rigores del conflicto armado interno han contribuido a que tiendan a agudizarse los desplazamientos forzados por la pobreza, la migración campesina a las ciudades, la no diversificación de cultivos y demás violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario sin que los pobladores cuenten con mecanismos eficientes y efectivos de acceso a la justicia y de garantía de sus necesidades básicas.
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La salud será financiada en su totalidad por el Estado, garantizando los medicamentos y tratamiento necesarios para garantizar el bienestar de la sociedad en general. Garantizar la vivienda digna para las comunidades campesinas, asignando recursos para la obtención de la misma sin limitantes ni tramites complicados. Un verdadero compromiso del Estado en brindar oportunidades de empleo digno a los jóvenes que se insertan en el mundo laboral. Constitucionalización como derecho fundamental de los servicios básicos del Agua, electricidad, gas, telefonía e internet para todo el campo Colombiano.
Para que haya justicia social los constituyentes de Sucumbíos proponen que: La educación debe ser pública y gratuita. Que se fomente la creación de programas de alfabetización para la población adulta en todos sus niveles y el acceso a la educación y el trabajo para la población discapacitada. Garantizar el acceso a las viviendas subsidiadas para la población rural y eliminación de los intermediarios, agilizando los trámites y reduciendo los requisitos, Saneamiento ambiental; acueductos con plantas de tratamiento del agua para consumo humano, alcantarillados para manejo de aguas residuales y tratamientos especiales para el manejo de las basuras. Una salud gratuita y de calidad.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Rural Rural
Nariño
Huila
Jardines de Sucumbíos - Ipiales
San Andrés Tello
20 de Abril de 2013
12 y 13 de Julio de 2013
Septiembre 8 y 9 de 2013
Septiembre 10 de 2013
18, 19 y 20 de Julio de 2013
Norte del Cauca
Sur del Cauca
Fusagasugá
Cauca
Cauca
Cundinamarca
Rural Rural Rural/Urbano
La violencia históricamente ejercida en Cundinamarca y en los departamentos de los que fueron desplazados, violentados y desarraigados por quienes tienen el poder político, económico y territorial, y por aquellos que se resisten o no quieren que en Colombia exista una apertura a un verdadero proceso democrático, provocó la destrucción del tejido social y el desplazamiento forzado. Además en el departamento no han existido garantías para el derecho a la vivienda digna que se ve reflejado en la carencia de servicios públicos domiciliarios en la mayoría del territorio rural del departamento de Cundinamarca.
El Estado debe garantizar un mínimo vital gratuito de los servicios públicos domiciliarios, además las viviendas deben ser dignas y tomadas en cuenta las diferencias contextuales entre el campo y la ciudad. Una educación y una salud, gratuita y de calidad. Iniciar un proceso de construcción colectiva de un modelo de educación alternativo y popular, que se construya desde la necesidad de rescatar la identidad cultural y reflexión crítica que incluya la historia y el contexto del territorio.
Educación superior para el campesino. La política de desarrollo rural tendrá que estar acompañada de políticas en educación, salud, vivienda, servicios públicos, créditos y asistencia técnica. Rechazo a la privatización de la salud, educación, telecomunicaciones y servicios públicos.
El Estado dará garantías a todos los habitantes del área rural y urbana, en infraestructura vial, servicios públicos, formación de escenarios deportivos y culturales con el propósito de una mejor integración con miras a un mejor desarrollo por la paz.
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
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Ante la ausencia de inversión social, La comunidad organizada de la región ha creado comités pro-carreteras que construyen y mantienen las vías de acceso existentes. El espacio de las Constituyentes permite construir un modelo de desarrollo alternativo que potencie la economía campesina, la producción autónoma, el respeto a las tradiciones culturales y que garantice el buen vivir. Se requiere de salud y educación de calidad, conservación de los recursos naturales, preservación de nuestra cultura campesina, protección de semillas, tecnificación, el uso racional y adecuado del suelo, acompañado de prácticas campesinas y tradicionales que no hagan uso de productos nocivos para la naturaleza y para nosotros como son los agroquímicos, transgénicos y otros cultivos. Crear una universidad para la ruralidad. El Estado debe dar garantías a los campesinos que viven en PNN pues en parte motivó la colonización en estas zonas. Denunciar la pobreza y el despojo y trazar una ruta de exigibilidad de derechos. La justicia social requiere reforma agraria tributaria y política integrales. El rol asumido por la comunidad como la construcción de vías y puentes, que es deber del Estado, debe ser respetado y potenciado. Las organizaciones de la región han propiciado iniciativas de integración cultural. La educación y salud deben ser gratuitas y de calidad. Instalación de una institución de salud de primer nivel de atención y creación de UPS en las veredas así como instituciones de todos los niveles educativos en le región. Creación de un sistema de pensiones para el campesino y trabajadores del campo.
La “semaforización” impulsada por el plan de consolidación ha frenado la inversión social en la región. Las vías de acceso a la región se encuentran en mal estado. El modelo económico actual es negativo para el desarrollo rural de los pequeños agricultores, ya que la apuesta está orientada a los agronegocios, agrocombustibles y los nefastos tratados de libre comercio. Los campesinos que viven en Parques Nacionales Naturales no tienen garantías. Existe una grave crisis humanitaria por la insatisfacción de los derechos a la salud, el trabajo, la educación, la vivienda digna, el saneamiento básico.
La región ha sido zona de colonización y entre las problemáticas más sentidas esta la presencia de PNN y el impacto del conflicto social y armado al haber sido zona de distención, por lo que existe una creciente militarización de la vida, bloqueos económicos. El litigio territorial que existe en la zona, entre los departamentos de Caquetá y Meta, impide la satisfacción plena de las necesidades básicas. Se necesita educación y salud de calidad. Trabajo digno y prestaciones sociales para los campesinos y trabajadores del campo. Las comunidades deben concientizarse de la necesidad de la paz con justicia social
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Meta
Meta - Caquetá
La Macarena
San Juan de Losada
Junio 15 y 16 de 2013
Diciembre 19 y 20 de 2012
48 rural rural
En el territorio el acceso a inversión en educación, salud, vivienda digna y vías de acceso es nulo, los Para una Colombia en paz se requiere del goce efectivo derechos a la educación, salud, vivienda y trabajo de las necesidades básicas por parte de las comunidades digno, incluso la libertad y la vida misma son campesinas. violentados o negados
El gasto estatal debe invertirse en su gran mayoría en inversión social, que existen vías idóneas de penetración, Que se cuente con profesores durante todas la épocas del año y acceso a todos los niveles educativos, que se construyan más hospitales de tercer nivel en el departamento, que se den garantías para la permanencia de las comunidades campesinas en sus veredas, el nombramiento de los maestros para las veredas no debe perjudicar los procesos académicos de los niños y jóvenes de la región, capacitación sobre la satisfacción de necesidades básicas y educación superior en áreas rurales, Que se reconozca y fortalezca la cultura popular de la región, presencia de educación especial, se exige la creación de espacios de recreación, Trabajo digno y justo para las comunidades en nuestros territorios.
Impacto negativo de las políticas económicas en empleo y desarrollo de la región, ausencia de salud y educación dignas, abandono estatal y discriminación social hacia la región que impulsa cercos económico y sanitarios, prohibiendo el transporte de alimentos y medicamentos a zonas que no cuentan con comercio, ni centros de salud y abastecimiento. Las expresiones culturales populares se han opacado por las culturas consumistas así como no se reconoce de manera digna la formación artística de las comunidades. Derecho a la educación de calidad y gratuita. Aumento salarial a los maestros. Aumento en la cobertura de la Educación Superior no solo en áreas urbanas. Garantizar la soberanía nacional y alimentaria. Cuidado de la naturaleza y el ambiente, como un derecho fundamental de los seres humanos y en especial de las generaciones jóvenes.
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
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rural-urbano y propuestas nacionales rural
Caquetá
Meta
Cartagena del Chairá
La Nohora
Julio 19 y 20 de 2013
Septiembre 11, 12 y 13 de 2013
50
Se necesita de inversión social en las zonas rurales, Mayores recursos del presupuesto nacional para salud, educación, vivienda y servicios públicos .El presupuesto que sea destinado a las comunidades deber ser manejadas por esta, el Estado garantizará la inversión social, la elaboración de un currículo propio para la Amazonía. Plan educativo con cobertura integral. Derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, concertación con la sociedad de una Nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo. Subsidio de vivienda para comunidades rurales y urbanas de 70%. que los campesinos tenga una pensión para tener una vejez digna
Invertir en escuelas, colegios, universidades, desarrollo de política agraria, desarrollo empresarial asociativo y comunitario, fortalecimiento de la democracia real. Preparar nuestros campos para asegurar la alimentación diaria, buscar el desarrollo científico y técnico, mejoramiento de vías. Para los pueblos indígenas educación de calidad, salud eficiente y oportuna, desarrollo económico y demás planes de fomento para una vida digna para estos pueblos, ya que en la frontera del territorio colombiano, la carga social y de atención la asume la república Bolivariana de Venezuela.
Carencia de personal para educación y salud, no hay vivienda digna, hospitales ni educación superior, No hay inversión social, algunas veredas no cuentan con escuelas o con profesores permanentes, la educación es de baja calidad y privada.
El contrabando proveniente de Colombia como generador de desabastecimiento y creado de forma preconcebida alentó la guerra mediática sobre la idea de la escasez de alimentos de la población venezolana. Los pueblos indígenas que habitan la frontera de la Orinoquía colombiana están en total abandono por parte del Estado en materia de salud, educación y desarrollo económico. Se destina más presupuesto para guerra que para inversión social
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
rural y urbano
Putumayo
Venezuela
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Puerto Ayacucho
Septiembre 14 al 18 de 2013
Julio 19 y 20 de 2013
Crisis económica y laboral manifestada en la falta de empleo. No se apoya la mano de obra local. Inexistencia de política pública dirigida al adulto mayor. Desviación de los recursos destinados a la población discapacitada. Abandono histórico del Garantizar la educación gratuita; municipio priorizando la intervención militar; Falta de maestros de educación primaria y secundaria en las veredas. Despilfarro de los recursos públicos y su alta destinación hacia la guerra y la política de seguridad.
Se hace necesaria la intervención del Estado con el objetivo de minimizar la pobreza y generar mayor inversión social y agraria. En la educación la evaluación por competencias, el hacinamiento, los pocos recursos y el poco material didáctico. Militarización de la vida juvenil.
La paz debe ser concebida de manera integral. Creación de políticas de empleo acorde con el contexto del municipio. Reestructuración del modelo educativo atendiendo los Crisis económica y laboral, falta de empleo, falta referentes culturales y de identidad. Garantizar el derecho de maestros, abandono histórico de los territorios a la educación en las zonas rurales y en la cabecera por parte del Estado. municipal. Creación de una universidad rural. Crear un centro de salud dotado de medicamentos e implementación de una ambulancia terrestre y fluvial.
29 de noviembre de 2013
Noviembre 29 y 30 de 2012
Marzo 09 y 10 de 2013
Ibagué
Municipio de Cantagallo
Municipio de San Pablo
Tolima
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Rural Rural y municipal Rural y municipal
Las JAC deben participar de la distribución de los proyectos de vivienda realizados en los municipios para garantizar la autonomía en el acceso. Legalizar los títulos existentes de los hogares campesinos. Que sean mantenidos los subsidios de familias en acción y se amplíe la cobertura. La tercera edad será beneficiada en su totalidad con el subsidio de la tercera edad. Construcción masiva departamental de infraestructuras para el ejercicio de la oposición. Recuperar nuestras raíces, articulación educación-sociedad, formación ética y moral, profesionalización docente. Gobierno escolar, democracia escolar y organización, valor de justicia y de lucha, lenguaje incluyente, motivación e inspiración. TICS, planta docente y alimentación balanceada.
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
51
Retomar los acuerdos firmados con el gobierno en el año 2011 respecto de la crisis laboral en las plantas petroleras de la zona. Propiciar empleos justos y participativos. Eliminación de la intermediación laboral y priorización de la población oriunda de la región para la asignación de empleos. Creación de subsidios para los desempleados. No exigir experiencia laboral para los recién egresados. Acceso Grave crisis humanitaria, principalmente en las a empleos sin importar la edad y la no exclusión de zonas rurales. Precaria infraestructura en los los discapacitados. Generar convenios y becas con puestos de salud y en las escuelas. Ausencia de diferentes instituciones para garantizar el derecho a la una política pública para el empleo. educación. Crear universidades en el Magdalena Medio. Aumentar la inversión en las escuelas rurales. Creación de una biblioteca pública y de bibliotecas itinerantes. Garantizar docentes de formación humanística. Creación de políticas públicas para la promoción de la cultura, la recreación y el deporte. Creación de una política pública para la protección de la tercera edad.
Inversión social. Las entidades estatales deben llegar a todas las veredas del Magdalena Medio para brindar la atención que sea necesaria a las mujeres, hombres y niños.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
52 Rural y municipal Rural
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Municipio de Puerto Wilches
Vereda Bélgica, municipio de Barrancabermeja
Agosto 11 y 12 de 2013
Septiembre 14,15, 16, 17, 18 y 19 de 2013
Abandono estatal
La paz con justicia social entendida como el acceso universal a los derechos fundamentales. Deben generarse cambios estructurales en el actual modelo económico, político, social y cultural para lo cual se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Servicios Públicos: ELECTRICARIBE debe cumplir con la sentencia T-793 según la cual no se debe suspender el servicio cuando en el hogar convivan niños o ancianos, la prestación de los servicios públicos debe volver a ser responsabilidad del Estado colombiano y no de los entes privados. Educación: transformar la Cárcel Distrital del Bosque en la Universidad Distrital de Barranquilla, creación de seccionales de la Universidad del Atlántico en diferentes municipios del departamento. Creación de una política pública para reducir el trabajo informal. Salud: propiciar un cambio estructural en esta materia, que sea reconocido como un derecho fundamental e implementación del sistema universal propuesto por la ONU y la OMS, y derogar la ley 100 Reconocer el acceso a la pensión como un derecho fundamental.
La paz es un derecho que tienen que ver con el respeto a la cultura, la identidad, la autonomía y la territorialidad. Deseamos que el derecho a la vida sea respetado y a un trato digno. Superación de la pobreza extrema y la generación de condiciones de vida digna. Cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Niños-as, con un enfoque diferencial dirigido a la niñez rural. Creación de un régimen especial para los adultos mayores y para la población discapacitada. Fomento del deporte, la recreación y la cultura a las comunidades rurales.
Paz con Justicia Social Paz con justicia social
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Rural Urbano
Antioquia
Atlántico
Municipio de Barbosa
Barranquilla
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Septiembre 14 de 2013
El Estado garantizará el acc so a los programas de interés social. Educación: se enfocará hacia la educación popular; el Estado garantizará la educación básica, media, superior y técnica; la educación será gratuita y de calidad; no se permitirá la tercerización de los institutos de educación; en el ámbito nacional no existirán docentes por contratación, serán a tiempo indefinido; se garantizarán docentes en las zonas rurales y estos serán preferiblemente oriundos de la región; eliminación de la intermediación en la educación; las contribuciones serán directamente desde la nación, el departamento y el municipio y contarán con veedurías ciudadanas; subsidio de transporte y alimentación para la comunidad estudiantil. Salud: se garantizará el acceso a la salud con la presentación del documento de identidad; el servicio de salud será supervisado por las JAC y las organizaciones sociales; se eliminarán las EPS; se acabarán con las citas previas para la prestación del servicio; todos los medicamentos requeridos por los pacientes se entregarán gratuitamente sin importar la enfermedad diagnosticada; los establecimientos de salud contarán con la infraestructura adecuada. Generar un subsidio mensual a todos los desempleados del país. El Estado regulará la promoción y financiación de la generación de empleo productivo. Cumplimiento de la legislación laboral y participación de los trabajadores de las ganancias de las empresas transnacionales. Cultura: descentralización de los recursos destinados para la cultura los cuales contarán con veedurías ciudadanas; el Estado expedirá normas claras para el ejercicio de actividades artísticas, deportivas y culturales.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
54 Urbano y rural
Montería
Córdoba
Octubre 28 y 29 de 2013
Paz con Justicia Social
3. Solución política al conflicto social y armado
55
Constituyentes por la Pa
56
Paz con Justicia Social Solución política
Uno de los problemas que agobia a la población colombiana, especialmente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, es la continuidad del conflicto social y armado. Las causas de la persistencia de este conflicto son la exclusión, por parte del Estado, de los sectores populares de la participación política y del disfrute de sus derechos económicos y sociales. Ante esta situación, diferentes organizaciones sociales y populares han decidido proponer caminos de equidad en la participación política y en la inversión social, con el fin de lograr la anhelada paz con justicia social.
La política del servicio militar obligatorio se ha convertido, en regiones como El Peñón – Santander o Cartagena del Chairá – Caquetá, en causa de desplazamiento y en la perdida de la identidad campesina entre los jóvenes, la muerte de integrantes de la comunidad y la militarización de la vida civil, que se ve reflejada en el uso de la población, en particular de los niños, por la fuerza pública en actividades cívico - militares.
Un caso particular frente al tema de la solución política es el que ofrecen las zonas donde se llevan a cabo planes de “Consolidación territorial”. En el marco del conflicto armado en la región del Catatumbo, el Plan Nacional de Consolidación Territorial, ha llevado a la continuación de la guerra, el desplazamiento de las comunidades, la estigmatización y la desarticulación de manera violenta de los procesos organizativos locales.
Las comunidades de San Juan de Losada en Meta y Caquetá, zona histórica de colonización y epicentro de la “zona de distención”, han sido estigmatizadas como auxiliadoras de la guerrilla. Igualmente la implementación del Plan Colombia y del Plan Patriota, junto con la presencia de empresas de explotación minera y petrolera, ha llevado a una mayor presencia de pie de fuerza, lo que ha generado una mayor intensidad de las operaciones militares de contrainsurgencia y en consecuencia un aumento del desplazamiento forzado en la región y de represión de la protesta social.
En La Macarena – Meta, escenario de planes militares como el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan de Consolidación Territorial para la región ha ocasionado la destrucción del tejido social, además, a pesar de la presencia de 10.000 a 14.000 activos y la presencia de una base militar estadounidense, persiste la problemática de cultivos de uso ilícito. Similar situación se vive en Cartagena del Chairá – Caquetá, en donde la implementación de la política de consolidación territorial y la presencia de multinacionales ha llevado a la agudización del conflicto social armado, convirtiendo a la población campesina y sus organizaciones locales en enemigos del Estado.
Finalmente la constituyente binacional realizada en la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas de la República Bolivariana de Venezuela, señala como el conflicto social y armado colombiano repercute en el vecino país. Las consecuencias son el intervencionismo estadounidense por medio de la instalación de bases militares en territorio colombiano con el fin de provocar permanentemente al país vecino y la introducción de grupos paramilitares colombianos en Venezuela como parte de planes desestabilizadores que ha venido impulsando el gobierno de los Estados Unidos, sus agencias y los sectores de derecha tanto en Colombia como en Venezuela.
57
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Para el año 2014 el total del presupuesto general de la Nación para el Ministerio de Defensa es de $27.743 billones de pesos (17.9%), mientras que el presupuesto para el: Ministerio de Educación es de $27.276 billones de pesos (17.6%). Ministerio de Trabajo es de $24.457 billones de pesos (15.7%) Ministerio de Salud y Protección Social es de $18.003 billones de pesos (11.6%). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es de $2.104 billones de pesos (1.4%).
El mandato 7. Fomentar la creación de medios alternativos de comunicación, a los que 1. Respaldo a los diálogos de la Habana la población Colombia tenga fácil acceso, y exigencia de inicio de un escenario con el fin obtener mayor información de similar con el ELN. lo que pasa en el país. 2. Se exige a las FARC - EP y al gobierno 8. Oposición al servicio militar obligatorio, nacional que no se levanten de la mesa de su derogatoria y respeto al derecho a la diálogos en la Habana -Cuba sin firmar objeción de conciencia al servicio militar. un acuerdo de paz con garantías reales. 9. Desenmascarar las alianzas del 3. La necesidad de un cese bilateral de paramilitarismo con la clase política y su acciones armadas por parte de las FARC injerencia en las instituciones públicas y – EP y las Fuerzas Armadas colombianas privadas. mientras se dialoga en la mesa de conversaciones en la Habana.
Principios generales:
Iniciativa Legislativa:
4. El rechazo a los diferentes planes nacionales de Consolidación Territorial. 1. Eliminar la prestación del servicio militar obligatorio. 5. Los diálogos entre las FARC - EP y el Gobierno se deben llevar a cabo 2. Frente a los prisioneros de guerra y luchadores sociales encarcelados, en Colombia con el fin de permitir la el Estado colombiano eliminará la participación activa de los sectores aplicación de la extradición y reconocerá sociales y populares colombianos. la existencia de los delitos políticos. 6. Las víctimas de Estado deben tener participación de manera directa en la 3. Garantizar el derecho a la protesta, especificando la no agresión a los mesa de diálogos de la Habana – Cuba, participantes por parte de las fuerzas ya que ellas no se sienten representadas por ninguna de las partes. armadas del gobierno.
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Paz con Justicia Social Solución política
4. Desmotar el Escuadrón Antidisturbios - ESMAD.
Móvil
5. La función del ejército debe enfocarse a la protección de las fronteras y la soberanía nacional. 6. Otorgar tierra a los miembros de los grupos armados que decidan reintegrarse a la vida civil para que la trabajen. 7. Reducir el pie fuerza y destinar parte del presupuesto de la guerra para inversión social. 8. Eliminar el Fuero Penal Militar 9. Prohibir la ayuda militar y las bases militares de los Estados Unidos en Colombia.
59
Fecha
17 de Septiembre de 2012
24 al 26 de Junio de 2012
Lugar
Ocaña
El Peñón
Departamento
Norte de Santander
Propuestas
La necesidad de un cese bilateral de acciones armadas, rechazo al plan nacional de consolidación territorial del Catatumbo y que los mandatos que surgen de las constituyentes por la paz sean tenidos en cuenta en el proceso de dialogo entre la insurgencia y el gobierno. Se exige que los diálogos entre las FARC y el Gobierno se lleven a cabo en Colombia con el fin de permitir la participación activa de los sectores sociales y populares colombianos. Se expresa la necesidad de eliminar la prestación del servicio militar obligatorio.
Problemática
En el marco del conflicto armado en la región, el Plan Nacional de Consolidación Territorial para el Catatumbo ha llevado a la continuación de la guerra, el desplazamiento de las comunidades, la estigmatización y la desarticulación de manera violenta de los procesos organizativos locales. Asimismo, el conflicto armado que se vive en la región ha ocasionado la destrucción del tejido social y provocado sentimientos de venganza que llevan a pensar a muchos de sus habitantes que la única forma de transformar la sociedad es a través de la lucha armada.
A pesar de que en la última década el único actor armado que hace presencia en la región es la fuerza pública, la comunidad de El Peñón ve con preocupación que los jóvenes campesinos Se exige la eliminación del servicio militar obligatorio. sean obligados a prestar el servicio militar lo que ocasiona la perdida de la identidad campesina entre los jóvenes, la militarización de la vida civil y la muerte de integrantes de la comunidad.
Énfasis rural o urbano Rural Rural
60
Santander
Solución politica
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Frente al conflicto armado colombiano los constituyentes de Sucumbíos exigen que ninguna de las dos partes se levanten de la mesa de diálogo que se lleva a cabo en la Habana, Cuba hasta lograr un acuerdo que conlleve a la solución política del conflicto social y armado, para lograr una paz con justicia social estable y duradera.
Rural Rural
Con el fin de dar una verdadera solución al conflicto armado en Colombia los constituyentes de Tello en el Huila exigen: La solución política y negociada del conflicto social y armado colombiano. Además que los jóvenes sean tomados en cuenta en la mesa de negociación de la Habana, con participación directa. Igualmente la oposición al servicio militar obligatorio, su derogatoria y que se respete el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Garantizar el derecho a la protesta, especificando la no agresión a los participantes por parte de las fuerzas armadas del gobierno, de igual forma limitar el accionar de la fuerza pública en caso de disturbios. Frente a los prisioneros de guerra y luchadores sociales encarcelados el Estado eliminará la aplicación de la extradición y la persecución por los delitos conexos a la rebelión. Asimismo brindaran un tratamiento humanitario que elimine la tortura penitenciaria.
Se le exige a las FARC y al gobierno nacional que no se levanten de la mesa de diálogos en la Habana sin firmar un acuerdo de paz con garantías reales. Se exige que se tenga en cuenta a las víctimas de manera directa en la mesa de diálogos de la Habana, ya que ellas no se sienten representadas por ninguna de las partes. Se exige que se tenga mayor acceso al conocimiento de lo que pasa en el país (diálogos de la Habana, la situación económica, social y política); a través del fomento de medios alternativos de comunicación a los que la totalidad de la población tenga fácil acceso.
Paz con Justicia Social Solución política
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5 de Marzo de 2013
20 de Abril de 2013
12 y 13 de Julio de 2013
Bolívar
Jardines de Sucumbío/ Ipiales
San Andrés Tello
Santander
Nariño
Huila
Rural
Escenario de planes militares como plan Colombia, plan patriota y plan de consolidación, con presencia de 10.000 a 14.000 activos. Persiste la problemática de cultivos de uso ilícito. La base militar estadounidense debe salir del territorio de La Macarena. El actual modelo de desarrollo potencia la guerra.
18, 19 y 20 de Julio de 2013
Junio 15 y 16 de 2013
Sur del Cauca
Fusagasugá
La Macarena
Cauca
Cundinamarca
Meta
Rural Rural/Urbano
62 rural
Los constituyentes de Cundinamarca proponen desarrollar un foro nacional de mujeres en el que se discuta el conflicto armado y la participación de la mujer en la solución al conflicto armado, social y político.También exigen tener garantías para continuar el proceso de construcción de las asambleas Constituyentes por la Paz con Justicia Social, sin depender del rumbo que tomen los diálogos de Paz. Por otra parte exigen la eliminación del servicio militar obligatorio y el respeto al derecho a la objeción de conciencia además de la eliminación de la exigencia de la libreta militar en instituciones educativas y empresas laborales. El Desmonte del ESMAD. El gobierno debe implementar medidas para la sustitución de cultivos. Un cese bilateral al fuego es necesario para el buen desarrollo de los diálogos de paz. El ejército debe restringirse a vigilar las fronteras nacionales y salir de nuestros territorios. Dar tierra a los miembros de los grupos armados para que trabajen. Eliminación del servicio militar obligatorio y se de a los jóvenes alternativas de formación en herramientas útiles a la comunidad. Que se construya un modelo de desarrollo que potencia la paz y no perpetúe la guerra como el vigente. Reducción del pie fuerza y destinación de parte del presupuesto de la guerra para inversión social. En la mesa de negociación de la Habana deben socializarse las propuestas de todos los colombianos.
Proyecto de ley de NO al servicio militar del joven campesino. Salida del Batallón de Alta Montaña.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
La solución más acertada del conflicto es la vía política, debe contener reformas económicas, políticas y sociales así como una amplia participación de los sectores sociales y populares. Se requiere del respaldo al proceso de diálogo en La Habana. El desarrollo de espacios de concientización y politización social permite desarrollar procesos de apropiación popular de la búsqueda de paz. Cese bilateral de operaciones en el territorio, creación de una ley que elimine la prestación del servicio militar obligatorio.
Respaldo al proceso de paz entre gobierno y las Farc - EP, que no se levanten las partes hasta tanto no se haya llegado a un acuerdo general, que los diálogos se den en Colombia, cese bilateral de hostilidades, defensa de la soberanía nacional, que no se presenten proyectos de ley hasta que se convoque una asamblea nacional de constituyentes, que exista y se respete la objeción de conciencia en el territorio, el servicio militar no sea obligatorio, y en su lugar se propone un tipo de servicio social
La región ha sido zona histórica de colonización y epicentro de la “zona de distención” por lo que su territorio y comunidades han sido estigmatizadas. La vía armada como camino de solución del conflicto ha demostrado su ineficacia. La minería y la explotación petrolera han generado mayor intensidad del conflicto social y mayor presencia de pie de fuerza. El conflicto ha generado en la región desplazamiento forzado y presencia del Plan Colombia y el Plan Patriota. El aparato militar del Estado que reprime al pueblo cuando este reclama, reclamos implícitos en nuestra constitución que por derecho propio deberían cumplirse a cabalidad. Esta guerra no nos pertenece, esto es un negocio lucrativo para unas minorías mientras las mayorías vemos como todos los días la pobreza nos golpea sin piedad, sin importar el color de la piel, la raza, el credo religioso o filosófico, el color político, si es alto o bajito. Agudización del conflicto armado, se ve a la población campesina como el enemigo, las multinacionales empeoran el conflicto social y armado. El servicio militar obligatorio se ha convertido en causal de desplazamiento, las Zonas de Consolidación son una estrategia de militarización que deja en un segundo plano la responsabilidad social del Estado; que no exista presencia de bases militares extranjeras y transnacionales en nuestro país.
Paz con Justicia Social Solución política
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rural
rural-urbano y propuestas nacionales
Meta - Caquetá
Caquetá
San Juan de Losada
Cartagena del Chairá
Diciembre 19 y 20 de 2012
Julio 19 y 20 de 2013
Se garantice el derecho constitucional de la paz, cese bilateral al fuego mientras se firman los acuerdos de paz entre el gobierno Rechazo a la implementación del plan nacional y las FARC en las conversaciones de la Habana. consolidación y el uso de la población civil, en Derogatoria del fuero militar, cumplimiento de la sentencia particular los niños, por la fuerza pública, en C-879 de la Corte Constitucional que niega la obligatoriedad actividades cívico-militares. del servicio militar. El servicio militar no deberá ser impuesto, sino voluntario.
rural rural y urbano
Meta
Putumayo
La Nohora
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Septiembre 11, 12 y 13 de 2013
Septiembre 14 al 18 de 2013
64 El Estado está presente en el territorio con su pie de fuerza y no su inversión social, la doctrina militar ve al campesino como objetivo militar, existe un escenario de criminalización a la protesta social.
Debe primar el diálogo sobre las posiciones que defienden la vía armada como solución del conflicto, que se reestructuren las FF.AA centrada en la formación y defensa de los Derechos Humanos, una restructuración y recuperación de las fuerzas para la defensa de los excluidos y explotados, eliminación del servicio militar obligatorio y la eliminación del fuero penal militar, Para llegar a la paz se requiere de un campesinado consciente, politizado, y organizado.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
El conflicto social y armado de nuestro país repercute en el vecino país venezolano. Una de estas consecuencias es el intervencionismo estadounidense: la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano impulsa la provocación permanente al país vecino y el uso de nuestro país como plataforma continental de guerra; la introducción de grupos paramilitares golpistas en Venezuela como parte de planes desestabilizadores, con apoyo de colombianos; espionaje y sabotaje como el denunciado en Puerto Carreño por la instalación de un globo aerostático durante la última campaña presidencial venezolana y la ya internacionalmente conocida política de espionaje denunciada por Edward Snowden
Mostrar que la naturaleza histórica y socioeconómica del conflicto demanda la más amplia participación social, y no es un asunto exclusivo de las fuerzas comprometidas directamente en la confrontación militar. La solución política requiere un proceso de reformas políticas, económicas y sociales. Es decir, que una solución política verdadera consiste en sentar las bases para la democracia real con justicia social en Colombia. Contribuir a la construcción de un amplio movimiento social y popular, que además convoque la amplia solidaridad Internacional, para el caso concreto la solidaridad Venezolana. No puede haber solución al conflicto colombiano considerando la exclusiva participación de las partes que han estado involucradas de manera directa en la contienda militar. Suspender las bases militares de EE.UU, en suelo colombiano y todo tipo de instrumental bélico y de inteligencia, así como de convenios militares que sirvan para agredirnos internamente y agredir a nuestros países vecinos y en particular a la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma se desechen las políticas desestabilizadoras contra Venezuela y se denuncie el espionaje de la CIA El Estado debe garantizar el cambio de sus doctrinas militares y policiales. Reemplazar al ESMAD por agentes educativos que garanticen el respeto a las movilizaciones campesinas y sociales del país. Los seres humanos somos libres y autónomos, partiendo de esto las normas que “Humanizan” el conflicto social y armado colombiano deben acoger las propuestas de la población civil y así mismo velar por su protección. Las partes en conflicto deben responsabilizarse y por ende deben garantizar la autonomía y respeto de los derechos de todas y todos. Es decir, se debe excluir a todas las personas en todas las categorías del servicio militar obligatorio.
Paz con Justicia Social Solución política
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Rural
Venezuela
Tolima
Puerto Ayacucho
Ibagué
Julio 19 y 20 de 2013
29 de noviembre de 2013
Noviembre 29 y 30 de 2012
Marzo 09 y 10 de 2013
Agosto 11 y 12 de 2013
Municipio de Cantagallo
Municipio de San Pablo
Municipio de Puerto Wilches
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Los actores del conflicto armado interno deben respetar y acatar la voluntad del pueblo. La insurgencia y el gobierno no deben levantarse de la mesa de la Habana hasta no concluir en un acuerdo estable y duradero. Ampliación de la participación de la sociedad civil en las mesas de diálogo. Cese bilateral del fuego. Eliminar el requisito de la libreta militar para la postulación a empleos.
Los actores del conflicto armado interno deben respetar y acatar la voluntad del pueblo. La insurgencia y el gobierno no deben levantarse de la mesa de la Habana hasta no concluir en un acuerdo estable y duradero. Ampliación de la participación de la sociedad civil en las mesas de diálogo. Cese bilateral del fuego.
Rural y municipal Rural y municipal Rural y municipal
66 Los actores del conflicto armado interno deben respetar y acatar la voluntad del pueblo cantagallero. Derecho a participar en las negociaciones de paz que actualmente se desarrollan en la Habana.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Septiembre 14 de 2013
Octubre 28 y 29 de 2013
Municipio de Barbosa
Barranquilla
Córdoba
Antioquia
Atlántico
Montería
Respaldo a los diálogos de la Habana y exigencia de inicio de un escenario similar con el ELN. Se solicita al presidente, al gobernador y a la alcaldesa departamental el desmonte del ESMAD y cese bilateral del fuego. Desenmascarar las alianzas del paramilitarismo con la clase política y su injerencia en las instituciones públicas y privadas. Discutir a fondo sobre el paramilitarismo y sus acciones de control social y guerra.
Urbano Urbano y rural
Desmonte del ESMAD.
Desmonte del ESMAD. Garantizar el derecho a la objeción de conciencia.
Rural
Paz con Justicia Social Solución política
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4. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
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Constituyentes por la Pa
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Paz con Justicia Social DDHH y DIH
Las Constituyentes evidenciaron que las principales vulneraciones a los derechos humanos se dirigieron en contra de los derechos civiles y políticos, representados en las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, al buen nombre, a la libre expresión, a la asociación, a la movilización, y a la protesta.
desapariciones forzadas son las principales manifestaciones de vulneración al derecho a la vida. De manera general, las constituyentes afirman que hay toda una estrategia de seguimiento y persecución dirigida al movimiento social y popular orquestada por el Gobierno Nacional, representada en capturas injustificadas, judicializaciones sin las garantías procesales, extralimitación en el Los mandatos del oriente del país, como uso de la fuerza por parte de agentes estatales los de La Macarena y San Juan de Losada –principalmente el ESMAD-, señalamientos expresaron que los cementerios de NN, y estigmatizaciones infundadas, amenazas y las ejecuciones extrajudiciales y las hostigamientos. La Fiscalía General de la Nación reportó Según el Instituto Nacional de Medicina en Colombia hay 68.425 en los últimos diez años 1726 casos de Legal, ejecuciones extrajudiciales con 3000 desaparecidos, de los cuales 53.852 son víctimas directas. hombres y 14.573 son mujeres. Durante el año 2013 se registraron 366 agresiones hacía defensores-as de derechos Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han humanos, 78 fueron asesinados, 39 sufrieron sido registradas oficialmente 5.185.406 atentados y más de 200 fueron amenazados. personas en situación de desplazamiento. (Programa Somos Defensores, Informe ( ACNUR Colombia) anual 2013) En el marco del Paro Agrario y Popular desarrollado entre el 11 de junio y el 07 de septiembre de 2013, 902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Del total de los casos, 15 personas fueron asesinadas, 7 víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas detenidas arbitrariamente, 40 personas víctimas de fuertes golpizas, 329 que a causa de los ataques, resultaron con algún tipo de lesión y/o herida y 5 personas con heridas graves que les derivó incapacidad parcial o total. Es de resaltar que en el 70% de los casos, las agresiones estuvieron acompañadas por otros tipos de violación. (Informe presentado por las organizaciones sociales colombianas ante la CIDH, Octubre 31 de 2013)
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
En materia de derecho internacional humanitario la afectación identificada es al principio de distinción por parte del Estado colombiano, al equiparar a la población civil de zonas apartadas y rurales con grupos alzados en armas, como consecuencia de lo anterior se han producido bombardeos y ametrallamientos indiscriminados dejando consigo lesiones a la integridad física de campesinos-as, daños a viviendas y semovientes, entre otros, tal como lo manifestaron las Constituyentes de la Macarena, San Juan de Losada, Putumayo, Cantagallo y San Pablo. En similar forma, es un reclamo reiterado que la presencia estatal se ha limitado a la militarización de las zonas rurales, en donde no solo se desarrollan acciones militares en contra de la insurgencia, sino que también
se involucra en la lógica de la guerra a las comunidades incidiendo negativamente en el contexto y sus cotidianidades, lo anterior se corrobora en lo expresado por la Constituyente de Cartagena del Chairá quienes denunciaron la restricción de alimentos y víveres a la población civil y el acoso sexual a las mujeres por parte de la fuerza pública. Un caso particular es el destacado en la Constituyente Binacional de la Orinoquia respecto del desplazamiento forzado producido por el conflicto armado interno, en el sentido que un gran número de la población en situación de desplazamiento migra del país o se dirige hacia las zonas fronterizas alterando el ordenamiento social y económico de estas regiones y afianzando la desintegración familiar.
El mandato Principios generales: 1. El rechazo a la militarización de la vida civil haciendo un llamado a los actores armados de no involucrar a la población que habita en las zonas rurales y urbanas. 2. Cesar con la estigmatización hacía los campesinos-as, indígenas y afrodescendientes que viven en las zonas rurales apartadas. 3. Respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de los actores del conflicto, en especial las fuerzas armadas colombianas. 4. Se respetará y garantizará el derecho a la libre asociación, a la protesta social y a la libre expresión. 5. Los movimientos campesinos, comunales, LGTBI, indígenas, estudiantiles, entre
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otros, tendrán un reconocimiento institucional y no serán estigmatizados por la fuerza pública y el gobierno colombiano. 6. Se garantizará el derecho al retorno de la población en situación de desplazamiento 7. Iniciativa Legislativa: 8. Alejar las bases de policía y militares de los cascos urbanos. 9. Abolir los programas de familias guardabosques y de informantes que involucran a civiles en la lógica de la guerra. 10. Se indemnizará a los campesinos-as que hayan sido víctimas del abuso de autoridad de las fuerzas armadas, se investigará y sancionará disciplinaria y penalmente a los autores de dichos atropellos.
Paz con Justicia Social DDHH y DIH
11. Se prohibirán las armas de guerra como los bombardeos por las consecuencias que producen en el medio ambiente y la población. 12. Reestructurar las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional, haciendo especial énfasis en el respeto a los derechos humanos, además sus miembros serán designados por el pueblo soberano. 13. Se derogará el Estatuto de seguridad ciudadana. 14. Se eliminará el servicio militar obligatorio. 15. El Estado colombiano garantizará la protección e integridad de los defensoresas de derechos humanos y de los líderes sociales y políticos, en especial los de oposición. 16. Se dejarán en libertad todos los presos políticos y de conciencia y se les reparará por su injustificado encarcelamiento, también cesarán los montajes judiciales en contra de las organizaciones sociales, campesinos, indígenas y afrodescendientes. 17. El Estado Colombiano adoptará y aplicará la Declaración Internacional de los Derechos de los Campesinos, aprobada por el Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 18. El gobierno brindará especial protección a los habitantes de los territorios y regiones en donde haya explotación de recursos naturales por parte de multinacionales. 19. Se fomentará la creación de comités de derechos humanos municipales, y se capacitará a la población en esta temática. 20. Se garantizará la presencia permanente de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país.
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El rechazo a la militarización de la vida civil haciendo un llamado a los actores armados de no involucrar a la población civil que habita en las zonas rurales y urbanas de la provincia.
Propuestas
Que se elimine el acceso obligatorio al servicio militar tanto para víctimas como para no víctimas a nivel nacional.Que se informe y capacite a la comunidad de Bolívar sobre la nueva sentencia en la que las batidas militares son consideradas como ilegales, y se adelanten procesos que eviten esta situación en el municipio.
Problemática
17 de Septiembre de 2012
24 al 26 de Junio de 2012
5 de Marzo de 2013
Fecha
Ocaña
El Peñón
Bolívar
Lugar
Alejar las bases de la policía de la escuela y de otros lugares que puedan poner en peligro a la comunidad.
Norte de Santander
Departamento
Santander
Santander
Énfasis rural Rural
o urbano
Rural
74 Rural
Dd.Hh - dih
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
20 de Abril de 2013
Septiembre 10 de 2013
18, 19 y 20 de Julio de 2013
12 y 13 de Julio de 2013
Jardines de Sucumbíos - Ipiales
Sur del Cauca
Fusagasugá
San Andrés Tello
Nariño
Cauca
Cundinamarca
Huila
Rural Rural Rural Rural/Urbano
Que se garantice la vida y protección de las personas que se encuentran inmersas en procesos por la defensa de los derechos humanos. Se Persecución política y violación sistemática de exige la presencia permanente de la oficina de Derechos Humanos de los derechos humanos y el derecho internacional la ONU en Colombia mientras continué el conflicto armado interno humanitario. y el proceso de post-conflicto. Que el Estado deje de involucrar a la sociedad civil en el conflicto armado, por medio de medidas como guardabosques e informantes.
No militarizar los territorios campesinos e indígenas.
Requerimos protección de los derechos humanos y a permanecer en el territorio frente a las agresiones de los megaproyectos como la construcción de la Troncal de la Macarena.
Se exige prohibir la instalación y permanecía de bases militares cerca a instalaciones educativas y cascos urbanos. Asimismo se exige la reubicación inmediata de la base militar de Sucumbíos.
Paz con Justicia Social DDHH y DIH
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Junio 15 y 16 de 2013
Diciembre 19 y 20 de 2012
Julio 19 y 20 de 2013
La Macarena
San Juan de Losada
Cartagena del Chairá
Meta
Meta - Caquetá
Caquetá
rural rural
76 rural-urbano y propuestas nacionales
El incumplimiento en el marco de la zona de distensión sobre el acuerdo de retoma en 48 horas ocasionó bombardeos indiscriminados contra la población, estigmatización de la población de la zona, retenciones masivas, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes, violaciones de los Derechos Humanos reiterativas que se vienen denunciando durante la última década y que se siguen dando hasta el día de hoy. Los líderes de la región han sido perseguidos, encarcelados y señalados. Señalamientos del campesinado como guerrilleros e irrespeto al derecho a la vida. Frecuente violación de los Derechos Humanos, el abandono estatal y discriminación social hacia la región genera ataques de las FF.AA a los campesinos de la región, falta protección estatal ante la desaparición forzosa y pena crueles, altos índices de desplazamiento forzado, señalamientos a la población civil, acoso sexual a las mujeres por parte de la fuerza pública, implementación de acciones de terrorismo estatal, montajes judiciales y restricción de alimentos y víveres, El municipio se ha caracterizado por la implementación de políticas de estigmatización y represión en contra de los campesinos, jóvenes, estudiantes, mujeres y las organizaciones sociales, agrarias y populares, además por la falta de apoyo a las mismas
La política de guerra del Estado afecta los derechos de los campesinos, no se han investigado los bombardeos injustificados, capturas, amenazas, rompimiento de cercas, daños de sementeras, está por esclarecerse aún el caso del cementerio de N.N y las ejecuciones extrajudiciales en la región. El derecho a la vida ha sido violado sistemáticamente.
Que no se estigmatice a los campesinos como milicianos o guerrilleros, que cesen los atropellos por parte del ejército, que generan los desplazamientos forzados, en el reclutamiento de jóvenes, los hostigamientos contra la población, y el acoso a las mujeres, que permanezca la oficina de derechos humanos de la ONU para la defensa de los DD.HH, capacitación a la comunidad campesina en DD.HH. Se demanda que los programas de desarrollo del gobierno y la fuerza pública respeten los derechos humanos del campesinado.
Los procesos organizativos han sido herramientas esenciales en la defensa de los DD.HH, cese a la estigmatización de las comunidades campesinas de la región y se respete el derecho a la vida.
Que sean indemnizados los campesinos que han sido víctimas del abuso de autoridad de las FF.AA, se deben prohibir los métodos de guerra como los bombardeos, y se deben investigar los atropellos cometidos como capturas, amenazas, rompimiento de cercas, daños de sementeras. Exigimos la libertad de los presos políticos y de conciencia y la reparación de quienes han sido presos sin motivo. Creación de oficinas de DD.HH veredales y una municipal. Sobre las ejecuciones extrajudiciales debe darse verdaderas reparaciones, sobretodo en el caso del cementerio N.N de La Macarena.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Que exista mejor vigilancia y control en los casos de violaciones a los DD.HH. Respeto a la vida. El desmonte de los procesos judiciales en contra de los campesinos, indígenas, afros y la libertad inmediata de los dirigentes de las organizaciones detenidos. Garantía y respeto a la actividad realizada por los defensores de DD.HH. Derecho a la libre Asociación y a la protesta social, que por lo tanto se derogue la ley de seguridad ciudadana. Garantizar la participación política, la libertad de expresión y la protesta social, libertad inmediata para nuestros presos políticos capturados arbitrariamente por reclamar los derechos. Los campesinos no deben sufrir ningún tipo de represión por poseer tierras viables para el desarrollo económico del país.Los colombianos no deben ser criminalizados por la fuerza pública por ejercer el derecho a la protesta social. Adopción y aplicación por parte del Estado colombiano, de la convención de los derechos de los campesinos y campesinas, aprobada en la reunión de la comisión de los Derechos Humanos de la ONU.
rural rural y urbano
Meta
Putumayo
La Nohora
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Septiembre 11, 12 y 13 de 2013
Septiembre 14 al 18 de 2013
Estigmatización, criminalización y violación al derecho de libre expresión, terrorismo de Estado, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos y ametrallamientos indiscriminados. Los dirigentes sindicalistas, de organizaciones sociales que no estén de acuerdo con el gobierno son señalados, judicializados o asesinados, estigmatizados.
una reestructuración de las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional; Pérdida de legitimidad de las FF.MM y los una restructuración centrada en la formación y defensa de los aparatos judiciales. Derechos Humanos, una restructuración y recuperación de las fuerzas para la defensa de los excluidos y explotados.
Paz con Justicia Social DDHH y DIH
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Fuertes operativos militares, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas conllevando a una Construir un Comité de Derechos Humanos y de víctimas en San crisis humanitaria en la región.Estigmatización Pablo para la asociación de las víctimas y el acompañamiento del campesinado por vivir en zonas alejadas y jurídico. por recurrir como mecanismo de subsistencia al cultivo de coca o a la minería artesanal.
Las organizaciones de población en situación de desplazamiento y las comunidades deben sumar esfuerzos para hacer efectivos sus derechos.
29 de noviembre de 2013
Marzo 09 y 10 de 2013
Agosto 11 y 12 de 2013
Ibagué
Municipio de San Pablo
Municipio de Puerto Wilches
Tolima
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Rural Rural y municipal
78 Rural y municipal
El gobierno garantizará el derecho a la vida en Los territorios o regiones donde hay explotación petrolera con una legislación especial. El gobierno debe garantizar a los campesinos y campesinas la libertad a las movilizaciones. Sin presiones, sin atropellos, con la libertad de libre expresión para convocar a las comunidades etc. Que sus líderes puedan libremente educar y capacitar al pueblo. Que nosotros los campesinos y campesinas deleguemos mediante voto popular, elegir a los encargados de derechos humanos que defienda nuestra protección regional, municipal, departamental y nacional. Es obligación del Estado dar garantías a todas las personas que centren su lucha en la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por medio de: no agresión, no sobornos, no desapariciones. Creación de comités por parte de las organizaciones e instituciones contra el destierro.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Cesar las acciones policivas y administrativas en Se solicita al presidente, al gobernador y a la alcaldesa departamental contra de los desplazados que habitan en algunos la libertad de los prisioneros políticos lotes del área metropolitana de Barranquilla.
Los movimientos campesinos, comunales, LGTBI, indígenas, estudiantiles, entre otros, tendrán un reconocimiento institucional y no serán estigmatizados por la fuerza pública y el gobierno colombiano.Se reconoce y garantiza a la población cordobesa el derecho a la protesta, sin persecución o estigmatización alguna. Se regulará el cumplimiento del Estado en sus compromisos en materia de derechos humanos.
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Septiembre 14 de 2013
Octubre 28 y 29 de 2013
Municipio de Barbosa
Barranquilla
Córdoba
Antioquia
Atlántico
Montería
Rural Urbano Urbano y rural
Abuso de la fuerza pública, señalamientos, Derecho al retorno a sus territorios a la población en situación estigmatización, judicialización, vulneración del de desplazamiento. Garantía del derecho a la movilización y derecho a la vida y violación del derecho a la la protesta. protesta.
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5. Iniciativas de reparación
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Constituyentes por la Pa
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Paz con Justicia Social Iniciativas de reparación
Las constituyentes evidenciaron que el conflicto social y armado colombiano ha dejado como resultado una amplia población víctima, que ha padecido principalmente la ejecución de delitos tales como: homicidio, desaparición forzada, violencia
sexual por parte de los agentes armados, y desplazamiento. Asimismo, el conflicto social y armado ha victimizado a la sociedad civil destruyendo el tejido social y los lazos afectivos de la comunidad.
El número de víctimas del conflicto social y armado colombiano es de 6.231.617, de las cuales 5.468.366 son víctimas de desplazamiento forzado y 7.169 son de abandono o despojo forzado de tierras. Información tomada del Informe de Gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas En 2006 el gobierno presentó a la Fiscalía un listado de 3.600 jefes paramilitares que deberían ser procesados bajo la ley 975 de 2005. De ellos menos de mil han comparecido ante fiscales. Eso significa que hay 2.600 jefes paramilitares en libertad –prófugos- sin que exista ninguna política o estrategia para perseguirlos. La apreciación de la mayoría de la gente sobre la aplicación de justicia para crímenes cometidos por paramilitares en Colombia se concentra en esos mil procesados, es decir, menos del 3 por ciento de los paramilitares supuestamente desmovilizados (o el 9 por ciento de los 12.000 paramilitares que había en 2002). El restante 97 o 91 por ciento está en total impunidad, sin investigación judicial ninguna, por decisión del gobierno, a través de una política de hechos cumplidos. Gallón, G. (17 de marzo, 2014). Ocho años de “Justicia y Paz”: un balance con más sombras que luces. Tomado de: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogasy-paz-temas-30/7446-ocho-a%C3%B1os-de-%E2%80%9Cjusticia-y-paz%E2%80%9D-unbalance-con-m%C3%A1s-sombras-que-luces.html La población del Peñón - Santander fue durante muchas décadas víctima de la violencia ejercida por los grupos armados que se disputaron el control del territorio, tiempo durante el cual fueron víctimas de masacres, desapariciones, persecuciones, homicidios, hostigamientos, torturas, estigmatización, falsos positivos y desplazamiento forzado. En la Macarena – Meta, las víctimas del conflicto armado por parte del Estado no han sido respetadas ni reparadas; la juventud de
la región ha sido víctima de las ejecuciones extrajudiciales. De otro lado, la mayoría de participantes de las Constituyentes señalaron que la Ley 1448 de 2011 -“Ley de víctimas y restitución de tierras”- no permite la superación de la situación de víctimas de los afectados, especialmente de las mujeres; y tampoco ha brindado las garantías necesarias, puesto que quienes han requerido del Estado protección para salvaguardar sus vidas, no han obtenido
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Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
una respuesta efectiva. Por lo anterior, se resaltan propuestas como la de El Peñón (Santander) en donde solicitan que se haga una revisión minuciosa de la Ley 1448, ya
que no recoge las demandas y alternativas que por décadas ha hecho el movimiento de víctimas en Colombia, en especial las de crímenes de Estado.
El mandato 9. Crear una organización de víctimas que desarrolle actividades encaminadas Derogar la ley de víctimas ya que a conocer la situación particular las personas que han afrontado las de violaciones a los derechos de los situaciones de conflicto tienen posiciones habitantes de las regiones, con el fin de críticas frente al proceso actual que se presentarla en otros espacios políticos y lleva con la Ley. sociales. Fortalecer los procesos educativos e investigativos de recuperación de la Iniciativa Legislativa: memoria histórica colectiva. Se exige el restablecimiento de los 1. Crear una mesa de concertación nacional de víctimas que haga una revisión de la derechos de las personas exiliadas y ley 1448 de 2011 con el fin de construir refugiadas en otros países a causa del una nueva ley de víctimas y restitución conflicto armado e incluirlos en los de tierras que haga una correcta procesos de reparación integral. caracterización de las víctimas, que no Aclarar la responsabilidad del Estado en incluya a los militares y policías como las ejecuciones extrajudiciales. víctimas, que permita por medio de El Estado debe reconocer su la verdad, la justicia y la reparación la responsabilidad, por acción u omisión, superación de la condición de víctimas. en los crímenes de lesa humanidad. Fortalecer la justicia con el fin de 2. Mejorar los mecanismos de participación de las víctimas para permitir el disfrute garantizar el acceso a la verdad, a la justicia efectivo de los derechos de verdad, y a la reparación integral, por parte de las justicia y reparación. personas y comunidades afectadas. El Estado debe reparar integralmente a 3. Crear políticas públicas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y las comunidades campesinas en zonas reparación integral a las comunidades de colonización, esta consistirá en rurales víctimas del conflicto. inversión en infraestructura, proyectos 4. Apoyar a las organizaciones de víctimas productivos, salud y educación. con el fin de fortalecer y capacitar a Se apoyará a organizaciones, familias, las personas y comunidades víctimas mujeres y madres cabeza de hogar, y en torno a los diferentes procesos de desplazados por la violencia en la creación reparación. de empresas.
Principios generales: 1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
8.
84
Paz con Justicia Social Iniciativas de reparación
5. El gobierno nacional debe diseñar políticas de retorno a sus territorios a los desplazados. 6. Fijar un porcentaje específico no menor al 10% del fondo de regalías, destinado exclusivamente a los programas de la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado. 7. Destinar un porcentaje específico no menor al 10% de los ingresos propios de los municipios y departamentos, destinado exclusivamente a los programas de la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado en estos territorios. 8. La reparación a las víctimas no debe ser económica solamente; las víctimas deben tener acceso a fondos de tierras locales, a créditos, subsidios y mercados para sus productos. 9. Crear juzgados especializados en restitución de tierras. 10. El Estado debe realizar un censo que identifique la cantidad y la real condición de las víctimas, con el fin de restablecer su dignidad a través de la verdad, justicia, y la reparación integral.
85
Fecha
Se exige la mejora de los mecanismos de participación a víctimas para permitir el disfrute efectivo de los derechos de verdad, justicia y reparación. Creación de una organización de víctimas que desarrolle actividades encaminadas a conocer la situación particular de violaciones a los derechos de los habitantes de la región, con el fin de presentarla en otros espacios políticos y sociales. Se exige un diálogo en torno a la Ley de víctimas, ya que las personas que han afrontado las situaciones de conflicto tienen posiciones críticas frente al proceso actual que se lleva con la Ley. Se propone la creación de una mesa de concertación nacional de victimas que propenda por la revisión y corrección de la ley 1448 en el tema de reparación colectiva y caracterización de las víctimas, puesto que en esta ley se incluye a los actores del conflicto (militares y policías) como víctimas. Se exige que la personería municipal garantice a la organización ASOVÍCTIMAS el fortalecimiento y capacitación en torno a procesos administrativos de reparación. Fortalecer los procesos de recuperación de la memoria histórica colectiva.
El conflicto armado colombiano ha dejado como resultado una población víctima que se clasifica como tal por los siguientes delitos: homicidio, desaparición forzosa, violencia sexual por parte de los agentes armados, desplazamiento y reclutamiento forzoso.
Se exige que, debido a la situación de conflicto armado de la región, se construya una ley que tenga en cuenta la diversidad de victimas que ha dejado el conflicto, que se condene a los criminales, asesinos y despojadores de tierra, y que garantice la devolución inmediata de las tierras para el retorno al territorio.
Propuestas
La población del Peñón fue durante muchas décadas víctimas de la violencia ejercida por grupos armados que se disputaron el control del territorio, tiempo durante el cual fueron víctimas de masacres, desapariciones, persecuciones, homicidios, hostigamientos, torturas, estigmatización, falsos positivos y desplazamiento forzado.
Problemática
24 al 26 de Junio de 2012
5 de Marzo de 2013
17 de Septiembre de 2012
Lugar
El Peñón
Bolívar
Ocaña
Departamento
Santander
Santander
Norte de Santander
Énfasis rural o urbano Rural Rural
86 Rural
Iniciativa de reparación de victimas
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
20 de Abril de 2013
18, 19 y 20 de Julio de 2013
Junio 15 y 16 de 2013
Jardines de Sucumbíos - Ipiales
Fusagasugá
La Macarena
Nariño
Cundinamarca
Meta
Rural Rural/Urbano rural
Las víctimas de la región no han sido respetadas ni reparadas. La juventud de la región ha sido víctima de las ejecuciones extrajudiciales. La Ley 1448, no permite la superación de la situación de victimas tanto de las mujeres, con ellos sus familias y por ende sus territorios
Los constituyentes de Cundinamarca exigen el restablecimiento de los derechos de las personas exiliadas y refugiadas en otros países a causa del conflicto armado e incluirlos en los procesos de reparación integral.Construir una ley alternativa que redefina el concepto de víctima por uno acorde a las identificaciones de la población afectada por el conflicto armado donde se Fije un porcentaje específico no menor al 10% del fondo de regalías destinado exclusivamente a los programas de la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado y un porcentaje específico no menor al 10% de los ingresos propios de los municipios y departamentos, destinado exclusivamente a los programas de la reparación integral de la población afectada por el conflicto armado en estos territorios. Que la reparación a las víctimas no sea económica solamente, que tengan acceso a fondos de tierras locales con permanente consulta de las comunidades, créditos, subsidios, programas de comercialización de cooperativas. Acceso a la verdad, se aclare la responsabilidad del Estado y opere la justicia debida. Una adecuada reparación directa, con justicia, verdad, y garantías de que hechos como las ejecuciones extrajudiciales, no ocurran en nuestro país, ni hagan parte del Estado, gobierno. Este tipo de reparación es una verdadera muestra y voluntad de paz del gobierno, comprometiéndose con las comunidades. Que se respeten y se cumplan efectivamente los derechos de todos los colombianos y especialmente el de la mujer, los afrocolombianos, indígenas y la niñez. Debe existir una política especial en el tema de víctimas puesla que existe no es suficiente.
El gobierno nacional debe diseñar políticas de retorno a los desplazados. Derogar la ley de víctimas, ya que esta legaliza la muerte, proponemos una reparación integral de por vida a las familias afectadas y que se castigue a los responsables.
Paz con Justicia Social Iniciativas de reparación
87
Realización de un censo que identifique la real condición de las Reconocimiento del múltiple universo de víctimas, Las medidas tomadas por el Estado para las víctimas víctimas, el Estado con las víctimas ha deben propender por empoderarlas, dando prioridad a restablecer tenido un papel asistencialista. su dignidad a través de la verdad, justicia, reparación integral.
Educación gratuita para todos los sectores populares y que permita la reconstrucción de la historia olvidada por el conflicto armado.
Julio 19 y 20 de 2013
Sep. 11, 12 y 13 de 2013
Septiembre 14 al 18 de 2013
Cartagena del Chairá
La Nohora
Villa Garzón, San Pedro, Puerto Vega Teteye, Yarumo, San Miguel
Caquetá
Meta
Putumayo
rural-urbano y propuestas nacionales rural
88 rural y urbano
Se considera que la ley 1448 Ley de víctimas y restitución de tierras no Se contemple la creación de un juzgado de restitución de tierras cumple con las peticiones de las víctimas, necesaria protección del Estado
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
29 de noviembre de 2013
El Estado debe reparar integralmente a las comunidades campesinas en zonas de colonización, esta consistirá en inversión en infraestructura, proyectos productivos, salud y educación.Realizar un censo general de las víctimas para la proyección de políticas públicas que solventen sus derechos.
El Estado debe reparar integralmente a las comunidades campesinas en zonas de colonización, esta consistirá en inversión en infraestructura, proyectos productivos, salud y educación.Las instituciones públicas deben acompañar el proceso de reparación integral.
El Estado debe reconocer su responsabilidad por acción u El conflicto social y armado ha victimizado omisión en los crímenes de lesa humanidad.El Estado debe a la sociedad civil, desarticulando el reparar integralmente a las comunidades campesinas en zonas tejido social y los lazos afectivos de la de colonización, esta consistirá en inversión en infraestructura, comunidad. proyectos productivos, salud y educación.
Marzo 09 y 10 de 2013
Agosto 11 y 12 de 2013
Noviembre 29 y 30 de 2012
Ibagué
Municipio de San Pablo
Municipio de Puerto Wilches
Municipio de Cantagallo
Tolima
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Magdalena Medio
Rural Rural y municipal Rural y municipal
Rural y municipal
El Estado en respeto al DIH debe indemnizar y reparar a las víctimas por todos los daños materiales y psicológicos a los cuales han sido sometidas por causa de la guerra. Reparación inmediata y equitativa de acuerdo a la afectación sufrida por daños físicos, morales , psicológicos, sociales y económicos , causados a organizaciones y personas por los diferentes medios de comunicación al igual que las instituciones gubernamentales en el caso de detenciones ilegales, torturas, panfletos, estigmatizaciones, asesinatos y acciones extrajudiciales. Investigación y castigo oportuno a los causantes de estos hechos como lo son las fuerzas militares, policía, fiscalía, etc.
Paz con Justicia Social Iniciativas de reparación
89
Creación de políticas públicas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las comunidades rurales víctimas del conflicto.
Se apoyará a organizaciones, familias, mujeres cabeza de hogar y desplazados por la violencia en la creación de empresas.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
90 Rural Urbano y rural
Antioquia
Montería
Municipio de Barbosa
Córdoba
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Octubre 28 y 29 de 2013
Paz con Justicia Social Mujeres
6. Mujeres
91
Constituyentes por la Pa
92
Paz con Justicia Social Mujeres
El no reconocimiento económico del trabajo de las mujeres en la economía del hogar, además de múltiples trabajos subvalorados y la imposibilidad para acceder a créditos bancarios al no ser poseedoras de bienes materiales o por la no remuneración de su trabajo, son algunos de los problemas que se identifican en los mandatos populares. Asimismo los constantes casos de violencia psicológica y física hacia las mujeres como consecuencia de la cultura machista colombiana es otra de las principales problemáticas identificadas en los mandatos. Según el Mandato realizado en Fusagasugá en Cundinamarca, entre 1985 y junio de 2011, se registraron 5,3 millones de personas desplazadas de sus territorios forzosamente (CODHES), siendo las mujeres rurales las principales víctimas. Esta situación ha reconfigurado la composición de los hogares colombianos, como lo muestra la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, elaborada por Profamilia en 2010, en la que se señala que una de las características principales de los hogares colombianos es la creciente feminización de la jefatura de los hogares.
ha fallecido por causa del conflicto armado interno. Además, en el marco del conflicto, recae sobre las mujeres un mayor control social sobre su apariencia, su tiempo libre, las clases de compañía con las que pueden estar, los lugares que pueden frecuentar, su vida sexual y afectiva, la realización de mercados, etc. Asimismo, el mandato de La Macarena – Meta, denuncia que la Ley 1448 de 2011 no cumple, en el caso de las mujeres, con sus preceptos de superación de situación de víctima. La vulnerabilidad de las mujeres sobrevivientes genera más niveles de pobreza, exclusión y violación de derechos, lo que ocasiona que la ley irremediablemente genere un círculo vicioso que lleva a que las mujeres no puedan superar la situación de despojo y condición de víctimas.
El mandato de Cartagena del Chairá, Caquetá, advierte que la falta de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, la falta de apoyo del gobierno para que la mujer pueda ejercer cargos públicos, la violencia intrafamiliar apoyada y reproducida por los medios de comunicación, entre otros Igualmente, son las mujeres quienes tienen problemas, estimulan la discriminación, el mayor dificultad en acceder a la titulación silenciamiento y el maltrato de la población de predios rurales cuando su compañero femenina.
93
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Es mínima la participación de la mujer en cargos públicos como las alcaldías. Del 100% de alcaldes electos en octubre de 2011 el 90.3% son hombres y solo 9.7% son mujeres.
Es mínima la participación de la mujer en cargos públicos como las asambleas departamentales. De los 11.037 asambleístas electos solo 1.875 (17%) son mujeres, los 9.162 (83%) restantes son hombres.
En las elecciones de 2011 para Gobernadores Es mínima la participación de la mujer en el senado departamentales, solo los votantes de 3 de los 32 de la república. De los 101 senadores electos para el departamentos del país escogieron a mujeres como periodo 2010 – 2014, solo 16 (15.8%) son mujeres. sus gobernadoras. Huila, Quindío y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Brecha salarial de género: En Colombia para el año 2011, las mujeres ganaban en promedio el 81% del ingreso de los hombres. Esto demuestra que los ingresos percibidos por las mujeres son muy inferiores a los de los hombres, lo que refleja una tendencia a subvalorar la calidad del trabajo realizado por las mujeres.
El mandato Principios generales: 1. Participación activa de las mujeres en las organizaciones sociales y populares de los municipios. 2. Reconocer a la mujer como sujeto político capaz de participar en la toma de decisiones; para ello se promoverán espacios comunes para fomentar su participación, deliberación y decisión. 3. Respeto a los derechos sexuales de la mujer e implementación de políticas alternas al aborto. 4. Respetar, implementar y cumplir la ley 731 de 2002, que reconoce a la mujer como sujeto digno en la ruralidad. 5. Restituir la dignidad del trabajo doméstico de las mujeres por medio de una remuneración mensual que pagaran el Estado y las empresas. 6. El Estado debe reconocer y promover
94
el papel de la mujer campesina en la agricultura y el ámbito político. 7. Construir, por parte de las comunidades, la red de mujeres para fortalecer la unidad hacia una constituyente nacional.
Iniciativa Legislativa: 1. Otorgar subsidios y líneas de créditos a largo plazo y con intereses blandos para el impulso de las actividades productivas de las mujeres y madres cabezas de familia. 2. Garantizar la inserción de la mujer rural en la vida económica del municipio y en los planes de desarrollo municipal. 3. Garantizar la implementación de licencia remunerada por maternidad, antes y después del parto, con opciones laborales acordes con la situación de la trabajadora. 4. Implementar una educación gratuita y de calidad que impulse y motive la
Paz con Justicia Social Mujeres
5. 6.
7.
8. 9.
participación política de las mujeres y madres cabeza de familia. Mantener la cuota diferencial de género que facilite su incursión en el ejercicio de cargos públicos. Garantizar a las mujeres el acceso a la tierra y a la titulación de la misma, como garantía del derecho a la vida, a la vivienda digna, a la alimentación y a la salud. El Estado debe impulsar y fortalecer la creación de microempresas para las mujeres víctimas del conflicto social y armado. Crear oficinas de atención directa para los casos de violaciones contra las mujeres. El Estado debe generar proyectos de vivienda para las mujeres en situación de desplazamiento.
95
Énfasis rural o urbano
Fecha
26 y 27 de Octubre de 2013
12 y 13 de Julio de 2013
Septiembre 10 de 2013
Lugar
Popayán
San Andrés Tello
Sur del Cauca
Departamento Cauca Huila Cauca
Urbano Rural
96 Rural
No reconocimiento económico del trabajo de las mujeres en la economía del hogar,múltiples trabajos subvalorados y por tanto no reconocidos económicamente, existe una subvaloración del trabajo campesino y artesanal frente a la producción industrial.; imposibilidad e incapacidad para acceder a créditos bancarios, al no ser poseedoras de bienes materiales y porque el trabajo de las mujeres no es remunerado.
Problemática
Propuestas
El Estado reconocerá y promoverá el papel de la mujer campesina en la agricultura y el ámbito político.
Restituir la dignidad al trabajo de las mujeres, dándole el reconocimiento económico que se merecen, esto se representa en una remuneración mensual que pagaran el Estado y las empresas por las labores realizadas por las mujeres que aseguran la continuidad de la vida y por tanto de la cadena productiva.La aprobación de líneas de créditos a largo plazo y con intereses blandos para el impulso de las actividades productivas de las mujeres. Una educación que impulse y motive la participación política de las mujeres. Mantenimiento de la cuota diferencial de género que facilite su incursión en el ejercicio de lo público. Educación para las madres cabeza de familia.
El Estado debe garantizar la implementación de una licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto, con opciones laborales acordes con el estado de la persona.
Mujer
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
La ley 1448 en el caso de las mujeres no cumple con sus preceptos de superación de situación de víctima. La vulnerabilidad de las mujeres sobrevivientes, genera más niveles de pobreza, exclusión y Se respete y se cumplan efectivamente los derechos de la mujer. violación de derechos, por ello es una ley que irremediablemente genera un círculo vicioso y se cae en la misma situación de despojo y condición de víctimas.
Que las mujeres tengan acceso a la tierra y a la titulación de la misma, como garantía del derecho a la vida, y de igual manera por el derecho a una vivienda digna, a la alimentación, Salud y educación gratuita y de calidad para el desarrollo humano. Que se tenga en cuenta el papel propositivo de las organizaciones de mujeres rurales y populares. Construcción de la red de mujeres para fortalecer la unidad hacia una constituyente nacional.
Entre 1985 y junio de 2011, se registraron 5,3 millones de personas desplazadas de sus territorios forzosamente (CODHES), siendo las mujeres rurales las principales víctimas. Esta situación ha reconfigurado la composición de los hogares colombianos, de hecho, en 2010 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, elaborada por Profamilia, señalaba que una de las características principales de los hogares colombianos es la creciente feminización de la jefatura de los hogares. Las mujeres tienen mayor dificultad en acceder a la titulación de predios rurales cuando su compañero ha fallecido por causa del conflicto interno. De hecho, en el marco del conflicto interno social y armado, recae sobre las mujeres un control social mayor sobre su apariencia, su tiempo libre, las clases de compañías con las que pueden estar, lo lugares que pueden frecuentar, su vida sexual y afectiva, la realización de mercados, etc.
Paz con Justicia Social Mujeres
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Rural/Urbano rural
Cundinamarca Meta
Fusagasugá
La Macarena
18, 19 y 20 de Julio de 2013
Junio 15 y 16 de 2013
Julio 19 y 20 de 2013
29 de noviembre de Septiembre 11, 12 y 2013 13 de 2013
Cartagena del Chairá
La Nohora
Ibagué
Caquetá Meta Tolima
rural-urbano y propuestas nacionales rural Rural
98 La mujer campesina debe ser reconocida en un real ejercicio de democracia popular.
Falta de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, la falta de apoyo del gobierno para que la mujer pueda ejercer cargos públicos, la violencia intrafamiliar apoyada y reproducida por los medios de comunicación, entre otras estrategias que propenden por la discriminación, el silenciamiento y el maltrato de la población femenina.
No se reconoce a la mujer campesina
Subsidios a las madre cabeza de familia
Mandatamos que las mujeres sean formadas y llamadas a la organización en cada uno de los lugares de los municipios, de igual manera, que se respeten los derechos sexuales de la mujer y se implementen políticas alternas al aborto, analizando sus consecuencias para mirar su viabilidad; exigimos, que dentro de los derechos constitucionales se respete, implemente y se cumpla la ley 731 de 2002, donde reconoce a la mujer como sujeto digno en la ruralidad y así proponer políticas para nuestro contexto donde reconoce a la mujer como sujeto digno en la ruralidad. El programa de Familias en Acción no sea de forma redentora si no que al contrario se implemente ayudas económicas sostenibles para la mujer.
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Marzo 09 y 10 de Noviembre 29 y 30 2013 de 2012
Agosto 11 y 12 de 2013
Septiembre 14,15, 16, 17, 18 y 19 de 2013
Generación de proyectos productivos para la inserción de la mujer rural en la vida económica y en la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Creación de microempresas para las mujeres víctimas directas e indirectas. Creación de oficinas de atención directa para los casos de violaciones contra las mujeres.
Las instituciones estatales, departamentales y municipales deben apoyar técnica y financieramente las propuestas organizativas y productivas de las mujeres rurales. Garantizar la generación de proyectos y la inserción de la mujer rural en la vida económica de las zonas rurales y en la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Garantizar espacios de formación para las mujeres rurales del Magdalena Medio.
Existen condiciones de marginalidad e inequidad hacía las mujeres rurales como consecuencia de la baja calidad de vida al interior de sus núcleos familiares .Constantes casos de violencia psíquica y física hacia las mujeres como consecuencia de la cultura machista colombiana.
Generar espacios de formación y capacitación para mejorar las condiciones de vida de las mujeres .Promover proyectos de vivienda para las mujeres en situación de desplazamiento. Generación de proyectos productivos para la inserción de la mujer rural en la vida económica y en la ejecución de los planes de desarrollo municipal. Creación de microempresas para las mujeres víctimas directas e indirectas.
Magdalena Medio Magdalena Medio Magdalena Medio Magdalena Medio
Rural y municipal Rural y municipal Rural y municipal Rural
Municipio de Cantagallo
Municipio de Puerto Municipio de San Wilches Pablo
Vereda Bélgica, municipio de Barrancabermeja
Las instituciones estatales, departamentales y municipales deben Existen condiciones de marginalidad apoyar técnica y financieramente las propuestas organizativas y e inequidad hacía las mujeres rurales productivas de las mujeres del área urbana y rural. Garantizar la como consecuencia de la baja calidad de inserción de la mujer rural en la vida económica y en los planes vida al interior de sus núcleos familiares. de desarrollo municipal.
Paz con Justicia Social Mujeres
99
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la S ntes por la Solución Polít stituyentes por la Solució La mujer campesina será reconocida como sujeta política capaz de participar en la toma de decisiones. Para ello se promoverán espacios comunes para fomentar su participación, deliberación y decisión. Reconocimiento especial a las mujeres en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Implementación de una política pública diferencial para las madres cabeza de hogar garantizándoles el buen vivir y el desarrollo integral de sus núcleos familiares.
Cumplimiento real y efectivo a lo establecido en la ley para la mujer rural. Reconocimiento de la mujer campesina garantizando su derecho a la participación, el voto y la autonomía. Reconocimiento del papel fundamental de la mujer en la sociedad. Reconocimiento político a la capacidad de liderazgo de la mujer. Ampliación de la normatividad dirigida a las mujeres.
ituyentes p ituyentes p
Constituyentes por la Solución P
Constituyentes por la Paz con Justicia Social
100 Rural Urbano y rural
Antioquia Montería
Municipio de Barbosa
Córdoba
Septiembre 08, 09 y 10 de 2013
Octubre 28 y 29 de 2013
por la Solu por la Solu
ón Política y la Paz con Justicia Socia
Paz con Justicia Social a Solución Política y la P olítica y la Paz con Justici ión Política y la Paz con Para una reflexión sobre el proceso de las Constituyentes por la Paz con Justicia Social en el tema de democracia, participación política y justicia social
101
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
102
Paz con Justicia Social Epílogo
Persisten en los mandatos exigencias alrededor de mayor presencia estatal y deben seguirse fortaleciendo las propuestas que piensan la participación política, la democracia y la justicia social como ejercicios que pueden vigorizarse desde la autonomía comunitaria. Los mandatos de las Constituyentes respaldan el proceso de negociación de la Habana pero señalan la importancia de construcción de paz desde una democratización del sistema político y la realización de la justicia social. Por ello retoman la solución política como salida efectiva al conflicto interno.
Frente a los diálogos de la Habana, los mandatos exigen cese bilateral de acciones armadas, donde las partes no se levanten de la mesa sin firmar un acuerdo de paz con garantías reales, y se dé inicio de un escenario similar con el ELN. Asimismo se señala que sean tenidas en cuenta las propuestas de las Constituyentes en la mesa. Si bien se respalda el proceso de la Habana, los mandatos abordan también la construcción de la paz desde la concreción de la justicia social. En esta perspectiva las Constituyentes exigen inversión social por parte del Estado con la participación directa de las comunidades, a través de las Juntas de Acción Comunal y veedurías comunitarias en los proyectos de este tipo, así como la promoción de un modelo de desarrollo alternativo que potencie la economía campesina, la producción autónoma y el buen vivir.
De acuerdo a las Constituyentes de la Macarena, San Juan de Losada, Putumayo, Cantagallo y San Pablo, esta convicción se apoya en los efectos de la militarización en los territorios, que vulnera los derechos civiles y políticos de las comunidades. Además se irrespeta, por parte del Estado, el principio de distinción en materia de derecho El apoyo a la salida política del conflicto señalado por las Constituyentes muestra internacional humanitario. que la negociación política de la Habana no La solución política también pasa por la agota la construcción de paz sino representa reparación a las víctimas, ya que la legislación un momento que facilita el tránsito hacia esa existente no es suficiente y se requiere de construcción pues corresponde a todos los una cualificación de las organizaciones sectores sociales el logro de la paz. Por ello, de víctimas de crímenes de Estado para la transformación real hacia la paz depende trascender la reparación administrativa como en buena medida de esas fuerzas políticas que única forma de reparación y que se reconozcan están de parte de la salida política, presentes otras iniciativas de reparación planteadas por en las Constituyentes, manifestándose en el conjunto de los movimientos sociales y las movilizaciones multitudinarias a favor populares. Pasa también la solución política de la paz del 9 de abril del año pasado y por reconsiderar el papel del servicio militar desplegadas en el paro agrario del segundo obligatorio, y de las fuerzas armadas en semestre de 2013. su conjunto, así como desenmascarar las alianzas del paramilitarismo con la clase política y sus relaciones con instituciones públicas y privadas.
Estas fuerzas políticas que rodean el proceso de diálogos en la Habana, que denuncian el carácter del sistema económico, prueban que la participación política no puede reducirse
103
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la Paz con Justicia Social
Constituyente es claro que esta ruta no seguirá con éxito desde la democracia representativa en un Congreso donde son mayoría las fuerzas políticas tradicionales. Mayoría ganada en un proceso electoral que se desdibuja cuando se contrasta la participación efectiva de la población en las urnas: en las pasadas elecciones, de los potenciales 32.835. 856 sufragantes, según la Las Constituyentes en cuanto a la Registraduría, sólo votaron 14.310.367 para participación política manifiestan que el el senado. poder político y económico que domina el Sí en el último siglo, de acuerdo a la encuesta país ha impedido la apertura de un verdadero de cultura política hecha por el Dane, el proceso democrático, siendo este poder autor 51.1% de los colombianos en capacidad de además de la crisis del Estado mismo, tanto votar se abstienen, y el potencial electoral lo en sus instituciones como en el sistema de conforman entonces cerca de 15,7 millones ideas y valores que lo soporta. de personas de las cuales el 80,4% dice no Al requerir del consentimiento de la mayoría tener preferencias políticas, ¿dónde reside la para su funcionamiento, recae también sobre legitimidad del proceso electoral cuando no la sociedad, carente de formación política todos deciden? y con una opinión pública hegemonizada Por ello, la apertura democrática real depende por los medios masivos de comunicación, de esa gran mayoría de quienes no participan el mantenimiento de este sistema político en lo electoral y de quienes participando no anquilosado. Por ello, Constituyentes como ven opciones reales de cambio. Tomemos la de Bolívar, Santander, señalan que frente a por ejemplo el caso de las mujeres y las la participación política está presente la falta condiciones efectivas de su acción política. de tejido social y organizativo así como la Mandatos como el de Cartagena del Chairáausencia de comunicación entre el gobierno Caquetá, advierten que la falta de políticas municipal y la comunidad. públicas dirigidas hacia las mujeres, en el Las Constituyentes marcan como derrotero ejercicio de cargos públicos, la violencia la trasformación del régimen político intrafamiliar apoyada y reproducida por colombiano, la consolidación del proceso los medios de comunicación, entre otros de las Juntas de Acción Comunal como un problemas, estimulan la discriminación, el proceso democrático real desde lo local, y silenciamiento y el maltrato de la población el rechazo a la intervención extranjera en femenina. asuntos de política interna, en defensa de Las Constituyentes demandan restituir la la soberanía nacional y por el derecho a la dignidad del trabajo doméstico de las mujeres autodeterminación del pueblo colombiano. por medio de una remuneración mensual que a la democracia representativa pues las formas de participación política popular en el campo, como las territorialidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como en los escenarios urbanos, pasando por la educación y medios de comunicación populares, viviendas dignas, economía propia, arte popular como el grafiti y el rap, desbordan los tiempos electorales.
Ante la posibilidad de abrir espacios hacia la consolidación de la Asamblea Nacional
104
paguen el Estado y las empresas. Así como el reconocimiento de la mujer campesina en
Paz con Justicia Social Epílogo
la agricultura y el ámbito político. De igual forma, los mandatos señalan que por parte de las comunidades, debe fortalecerse la red de mujeres que logre la unidad de criterios hacia una constituyente nacional. El caso de la mujer y su ejercicio político ilustra que la igualdad jurídica o acceso a los derechos no es suficiente. Pues existiendo el derecho al voto, al divorcio, a iguales salarios, a la educación, la planificación, a contar con aparatos domésticos, no ha terminado el patriarcado, la doble jornada que significa el trabajo doméstico, la maternidad irreflexiva y forzada, la dependencia económica, y ni siquiera la ley de cuotas femenina ha democratizado el sistema político del país.
los procesos que han venido construyéndose ganen en autonomía, en deliberaciones informadas, decisorias y respetadas. Ir transformando el sistema político en el propio hacer comunitario, atacar la corrupción, el asistencialismo, el clientelismo, el gamonalismo con participación decisoria en asuntos claves del Estado, sin dispersar las fuerzas sino concentrarlas en esfuerzos comunes es la tarea tanto de las Constituyentes como del movimiento social y popular.
Al estar vigentes las condiciones materiales e ideológicas que sostienen tanto la exclusión femenina como el estrecho sistema político, es que adquiere carácter imperativo la construcción de poder a partir de las autonomías comunitarias, rurales y urbanas. La exigencia por mayor presencia estatal y el acceso a derechos representan, entonces, sólo los actores de una obra donde los autores del argumento deben ser los ejercicios reales de poder popular, que no se agoten en la pretensión de formar buenos ciudadanos, que hagan a las comunidades sujetas de su propia historia, donde desarrollen las capacidades tecnológicas y organizativas necesarias. Las Constituyentes por la Paz con Justicia Social, y todos las demás iniciativas que potencien legislación y gobierno popular, deben ser escenarios donde la exigencia de presencia estatal no esté en función de perder las riendas de los procesos y entregar a las esferas del poder público lo ganado en décadas de lucha sino de participar de las decisiones estratégicas del Estado, para que
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ituyentes p ituyentes p
Constituyentes por la Solución P
Constituyentes por la Pa Constituyentes por la S ntes por la Solución Polít stituyentes por la Solució Constituyentes por la Paz con Justicia Social
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Paz con Justicia Social a Solución Política y la P olítica y la Paz con Justici ión Política y la Paz con Hacia una Asamblea Nacional Constituyente
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Paz con Justicia Social Epílogo
El año 2014 ha marcado un hito para el movimiento social y popular colombiano, ha sido el año de la unidad, representada en acciones específicas como la Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular celebrada el pasado 17 de marzo en la ciudad de Bogotá. Asimismo en ese proceso unitario se ha venido posicionando la necesidad de movilizarnos hacia una Asamblea Nacional Constituyente, la cual viene promoviéndose bajo la dinámica de procesos regionales y sectoriales a través de las Constituyentes por la paz con justicia social, iniciativas surgidas del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la tierra y la paz en Colombia. El diálogo es la ruta en 2011. A través de dicha Asamblea Nacional se busca lograr una profunda reforma del Estado y, en particular, del sistema político y de representación, que posibilite y genere las condiciones para el ejercicio de la política de quienes representan una alternativa de poder y aspiran a ser gobierno. Las Constituyentes realizadas durante el 2013 y las que se llevarán a cabo durante el 2014, son ejercicios de democracia directa y de pedagogía política que buscan a través de la promoción de un proceso de debate y organización popular, –que recupere para las clases populares su capacidad de autogobierno-, la construcción de un modelo de sociedad justa, equitativa y democrática, con el mayor grado de protagonismo y unidad popular, contando con la representación más amplia de las expresiones organizadas del pueblo colombiano.
social, lo judicial, lo cultural, lo territorial y ambiental. Y en la medida de su fuerza, convocatoria y representatividad deberán atender y resolver problemas comunes y cotidianos de las comunidades en cada ciudad o región, enfrentando la corrupción, la politiquería, el tráfico de influencias y la entrega de nuestras riquezas al capital extranjero y nacional. Son la herramienta de construcción de Poder Popular de carácter permanente. Por ello las Constituyentes por la paz con justicia social se convierten en la herramienta idónea para que desde cada vereda, barrio, municipio y departamento, se construyan formas de Poder Constituyente que sean de tipo permanente, en donde se vaya discutiendo y construyendo la nueva forma de democracia. Las Constituyentes son el espacio para poder formar a las clases populares como sujeto político y construir el poder constituyente, organizado y permanente, que pueda convocar una Asamblea Nacional, con nuevas reglas, que cuente con representación de los municipios, distritos, provincias y regiones, que pueda derrotar el sistema electoral actual y logre, imponiendo la voluntad de mayorías conscientes y organizadas, la construcción de un nuevo contrato social que posibilite la real democratización del país.
En otras palabras las Constituyentes por la paz con justicia social son un proceso estratégico para la generación de un Movimiento Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente, que permita fortalecer la unidad de los sectores democráticos del país, Es en las Constituyentes donde se debe que abandere la necesidad de la construcción discutir y aprobar propuestas en todos de la paz con justicia social, así como de la los terrenos: lo político, lo económico, lo democratización de la vida política nacional
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con base en la generación de garantías para el ejercicio político; la elaboración de una propuesta de ley a través de la cual se convoque una Asamblea Nacional Constituyente; y la redacción del articulado de una nueva Constitución Política de Colombia.
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