Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vicepresidencia de la República

SITUACIÓN DE DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIO

HUMANOS

Y

DERECHO

En aplicación del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado comunitario” y desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, los índices de violencia registrados en el país mostraron una significativa tendencia a la disminución, comportamiento que se logró mantener a lo largo del periodo considerado. Es de resaltar en particular las reducciones que se presentaron en cuanto a violaciones contra las personas, principalmente contra el derecho a la vida de los colombianos y de los grupos más vulnerables a la acción de los grupos armados al margen de la ley y contra la libertad personal. Es así como el secuestro pasó de registrar 3.588 casos en 2002 a 800 en 2005, así como los homicidios comunes y las masacres que mostraron una disminución de 32 y 80%, respectivamente en estos dos años. Lo anterior se puede atribuir, por un lado a la implementación por parte del Gobierno nacional de estrategias y programas orientados a la protección de la población civil y a la prevención de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Por otra parte, a la recuperación paulatina del control territorial por parte de la Fuerza Pública, que ha permitido al Estado en su conjunto volver a hacer presencia y ejercer su autoridad democrática en muchos lugares del país que se encontraban bajo el yugo de los grupos armados irregulares, así como a la desmovilización individual y masiva de 22.157 integrantes de los mismos en los últimos tres años. Adicionalmente, con base en su desarrollados por el Estado en derechos económicos, sociales reactivación social y económica,

estrategia de acción integral, los esfuerzos cuanto a la realización progresiva de los y culturales, a través de su política de se han encaminado a reducir el impacto de

la violencia sobre la calidad de vida de los colombianos. Lo anterior ha generado que los ataques de los grupos armados irregulares durante el año 2005 se hayan orientado principalmente hacia la destrucción de la infraestructura pública, intentando deslegitimar los avances del Gobierno en este sentido. Sin embargo, el Gobierno nacional es consciente que los niveles de violencia alcanzan todavía proporciones indebidas, razón por la cual se empeñara en consolidar las líneas de acción desarrolladas, en particular en lo relacionado con la prevención del desplazamiento forzado y del delito en general, así como en cumplir las obligaciones de un Estado Social de Derecho en materia de respeto, promoción y protección de los derechos humanos de los colombianos. Homicidios Antes de realizar el estudio de esta variable, es importante aclarar que el análisis del fenómeno del homicidio es fundamental a la hora de observar la situación de los derechos humanos en el país. Sin embargo, se debe tener en cuenta que su evolución está atada a diversos factores que van desde problemas de convivencia, venganzas personales, hasta aquellos relacionados con el desarrollo de la confrontación armada en el país, por lo cual es importante analizar regionalmente dicho fenómeno. Adicionalmente, se debe considerar que la fuente utilizada para el estudio de los homicidios es el registro efectuado por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, quienes entienden por homicidio “el acto irreparable de matar a otro”1, razón por la cual dentro de los homicidios comunes –cifras utilizadas- se registran todos los casos, a excepción de los accidentes de tránsito. De acuerdo con lo anterior, la Policía Nacional clasifica el homicidio de acuerdo con los autores de la siguiente manera: Homicidio del crimen organizado, cometido por bandas, grupos y organizaciones conformadas específicamente con la misión de delinquir; Homicidios de la subversión, cometido con el propósito de perturbar el orden político, constitucional, social y económico y Homicidio de particulares, son los que ejecutan personas que no clasifican en ninguna de las categorías anteriores y los cometen a título personal”2. Hechas estas aclaraciones, para el 2005 se mantuvo la tendencia a la baja que se viene presentado desde 2002, año en el que se registraron 28.837 homicidios, la cifra más alta desde 1986. Esta tendencia ha permitido que entre 2002 y 2005 se presente una disminución de 37% en el número de homicidios, es decir 10.726 víctimas menos. En 2005, acaecieron 18.111 1

Policía Nacional. Revista de Contravencional. 2004, página15. 2 Ibidem, página 16.

Criminalidad

No.

47.

Estadística

delincuencial

y

homicidios, lo que equivale a una tasa de 39.34 homicidios por cada cien mil habitantes, la tasa más baja en los últimos 20 años, lo cual evidencia que la Política de Defensa y Seguridad Democrática no sólo ha permitido disminuir ostensiblemente el nivel de los homicidios, sino también ha permitido mantener la tendencia a la baja . Dicha política ha implementado como estrategia directa sobre el tema, la consolidación del control estatal del territorio a través del incremento del pie de fuerza de la Fuerza Pública, la cual ha aumentado en un 16% entre 2002 y 2005, al pasar de 357.749 a 386.053 efectivos3 y la presencia permanente de la Policía Nacional en todos los municipios del país, lo que ha permitido aumentar la protección de la población.

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

Evolución de los homicidios 2000 - 2005 35.000 27.841

30.000 25.000

28.837

26.540

23.523

20.210

20.000

18.111

15.000 10.000 5.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

Para 2005, ocurrieron homicidios en 867 municipios, lo que indica que en 228 (21%) de ellos no se presentaron homicidios. De estos últimos, en 108 tampoco se había registrado víctimas de homicidios durante 2004.

3

Datos del Ministerio de Defensa Nacional.

A pesar de esta disminución, es importante recalcar que de los 867 municipios donde se registraron homicidios durante 2005, 365 (42%) presentaron tasas de homicidios superiores a la tasa nacional. Entre los anteriores, los más afectados fueron Vistahermosa (Meta) con una tasa de 464, San José del Palmar (Chocó) con 385, San Juan de Arama (Meta) con 333, Valdivia (Antioquia) con 287, Sipí (Chocó) con una tasa de 275, Bolívar (Valle) y Puerto Asís (Putumayo) con una tasa de 259 cada uno, Mutatá (Antioquia) con 251, Tame (Arauca) con 230, Dosquebradas (Risaralda) con 222 y El Dorado (Meta) con 206. Los tres municipios del Meta incluidos en este grupo hacen parte de la región del Ariari – Guayabero, zona donde se presenta en la actualidad un enfrentamiento entre las autodefensas que quieren mantener su dominio, en particular sobre los sembrados de coca y las Farc que reaccionan frente a las actuaciones de las autodefensas ilegales. Con respecto a Valdivia, se presentó un notable aumento al pasar de 5 homicidios en 2004 a 33 en 2005, debido a una masacre perpetrada el 24 de agosto por parte del frente 36 de las Farc, cuando asesinaron a 14 personas, acusadas por las anteriores de ser raspachines al servicio de grupos de autodefensas. La alta tasa de homicidio en San José del Palmar se relaciona con los enfrentamientos registrados entre miembros de las autodefensas y las Farc, debido a la disputa territorial que mantienen estas agrupaciones por los cultivos de coca, enfrentamientos que dejaron como saldo 26 muertos entre unos y otros. Por otra parte, en Sipí (Chocó) los homicidios registrados fueron producto del ataque de las Farc contra las instalaciones de la Policía Nacional, donde murieron 6 agentes de la Policía y 10 más resultaron heridos. En Bolívar, municipio del norte del Valle, los homicidios se relacionan con el tema del narcotráfico, en el cual confluyen varias acciones: por un lado, la ofensiva llevada a cabo por parte del Ejército, que ha permito dar de baja a varios delincuentes en operaciones antinarcóticos, la lucha entre miembros de las Farc y las autodefensas por el control del tráfico de estupefacientes y la guerra librada entre las dos facciones del cartel del norte del Valle. En Puerto Asís (Putumayo), estos hechos están ligados con la presencia de cultivos ilícitos en la zona, donde las Farc han ejercido una marcada influencia desde la década de los ochenta, mientras que en los últimos años las autodefensas iniciaron una incursión en este municipio, lo cual ha generado ataques por parte de ambos grupos contra la población civil. Prueba de lo anterior, es que de los 181 homicidios registrados en 2005, 86 fueron perpetrados por las autodefensas, 49 por las Farc –incluidos los 19 soldados muertos por el ataque de las Farc en Teteyé-, 26 por la delincuencia común y sobre los 20 restantes, se incluyen aquellos miembros de las Farc y de las autodefensas que murieron en combate con la Fuerza Pública.

Mutatá (Antioquia), otro de los municipios afectado por una alta tasa de homicidio, también fue escenario de un duro combate entre miembros de las Farc y el Ejército, donde perdieron la vida 19 soldados y 11 guerrilleros. Tame (Arauca), también ha sido blanco de ataques perpetrados por las Farc, como el perpetrado en abril cuando murieron 17 miembros de la Fuerza Pública y un civil. Finalmente, en Dosquebradas, la tasa está también relacionado con el fenómeno del narcotráfico, que se ha ido extendiendo desde el norte del Valle hacia la zona del Eje Cafetero. Lo anterior demuestra que las altas tasas de homicidio en algunos municipios están relacionadas con el desarrollo de la confrontación armada, en especial los ataques de las Farc y la disputa territorial que sostienen con algunos grupos de las autodefensas, más que con problemas de convivencia. Por ello, para mantener la tendencia a la disminución en cuanto al número de homicidios, es necesario mantener la estrategia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática relacionado con el control estatal del territorio y la lucha frontal contra el narcotráfico. Sin embargo, no se deben dejar de lado las acciones encaminadas a mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en las capitales departamentales, donde se conjugan los dos tipos de violencia, la relacionada con la confrontación armada y la relacionada con la delincuencia común y la convivencia. Como es el caso de Programa Departamentos y Municipios Seguros, que tiene como objetivo fundamental “fortalecer el manejo institucional de la convivencia y la seguridad ciudadana”4.

NÚMERO DE HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTO 2004 - 2005 No. Homicidios No. Homicidios No. Homicidios No. Homicidios Variación % DEPARTAMENTO Variación % 2004 2005 2004 2005 VALLE 4.233 3.533 -17% CESAR 541 374 -31% TOLIMA 472 373 -21% ANTIOQUIA 2.726 2.374 -13% DISTRITO CAPITAL 1.571 1.669 6% GUAJIRA 443 315 -29% RISARALDA 885 915 3% QUINDIO 290 302 4% NORTE DE SANTANDER 900 786 -13% ARAUCA 395 277 -30% 491 738 50% BOYACA 317 191 -40% NARIÑO CALDAS 768 696 -9% CASANARE 373 190 -49% ATLANTICO 730 637 -13% CORDOBA 230 173 -25% META 706 535 -24% CHOCO 131 153 17% CAUCA 436 526 21% SUCRE 230 151 -34% SANTANDER 603 515 -15% GUAVIARE 98 129 32% BOLIVAR 462 444 -4% VAUPES 2 18 800% MAGDALENA 535 427 -20% AMAZONAS 8 13 63% CUNDINAMARCA 575 424 -26% GUAINIA 2 11 450% CAQUETA 380 405 7% SAN ANDRES 7 7 0% HUILA 416 404 -3% VICHADA 5 2 -60% PUTUMAYO 249 404 62% DEPARTAMENTO

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

4

Op. cit. Página 33.

El departamento que registró el mayor número de homicidios en 2005 fue Valle del Cauca con 3.533 homicidios, superando nuevamente a Antioquia que presentó 2.374 homicidios. Sin embargo, el número de homicidios registrados en Valle en 2005 es inferior en un 17% al registrado en 2004. A Antioquia, le sigue el Distrito Capital, con 1.669 homicidios, presentándose un aumento del 6% con respecto a 2004; Risaralda, que ocupa el cuarto lugar con 915 homicidios, registró un aumento de 3%, mientras que Norte de Santander con 786 homicidios durante 2005, registró una disminución del 13% en relación con el año anterior. Además, hay que resaltar que 45% de los homicidios ocurridos en el Valle del Cauca se produjeron en Cali, lo cual eleva la participación del departamento a nivel nacional. Este alto número de homicidios en la capital del Valle está relacionado con la división entre los carteles del norte del Valle, que han provocado enfrentamientos entre las diversas agrupaciones que lo integran. Así mismo, el dinero del narcotráfico ha permeado las organizaciones delincuenciales de la ciudad, lo que ha implicado mayores recursos disponibles para el crimen, lo que generalmente está relacionado con un aumento en el número de homicidios. Al igual que en Valle, la mayoría de los Norte de Santander y Risaralda departamentales, es decir, en Medellín del departamento, en Cúcuta un 55% y

homicidios registrados en Antioquia, se registran en las capitales se concentró 32% de los homicidios en Pereira un 52%.

Puesto que Medellín concentra el 40% de los homicidios del departamento, la evolución favorable de su dinámica ha influido en la notable reducción en el número de homicidios del departamento. Esta tendencia a la baja se viene registrando desde 2003, lo cual está relacionada por una parte con la declaración de la tregua por parte de las autodefensas en diciembre de 2002 y con la posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, lo que redujo la violencia en las comunas. Por otra parte, la operación Orión realizada por miembros de la Fuerza Pública en la comuna 13 de Medellín, reduciendo la disputa que se libraba entre los grupos de autodefensa y la guerrilla. Mientras que la tendencia a la baja en el número de homicidios registrados en Medellín se viene consolidando desde 2003, para ese mismo año, el número de homicidios registrados en Cali por primera vez superan los presentados en Medellín, lo que demuestra que el trabajo realizado por las autoridades locales en Antioquia y en especial en Medellín se han visto reflejados en mejores niveles de seguridad y menores índices de violencia, como también ha venido sucediendo en el Distrito Capital desde 1994, a pesar del aumento en los homicidios registrado en 2005.

De los 32 departamentos, en 20 se registraron disminuciones en el número de homicidios al comparar este año con el anterior: Vichada con 60%, Casanare 49%, Boyacá 40%, Sucre 34%, Cesar 31%, Arauca 30%, además en La Guajira, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Tolima, Magdalena, Valle, Santander, Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Caldas, Bolívar y Huila. En San Andrés, se mantuvo el nivel de homicidios, mientras que Vaupés, Guainía, Amazonas, Putumayo, Nariño, Guaviare, Cauca, Chocó, Caquetá, Distrito Capital, Quindío y Risaralda registraron aumentos en el número de homicidios al comparar los años 2004 y 2005. Lo anterior evidencia la preocupante situación que está viviendo tanto el suroriente como el suroccidente del país, donde se han presentado ataques de gran envergadura por parte de la subversión en reacción a las acciones ofensivas desplegadas por la Fuerza Pública en desarrollo del Plan Patriota.

Masacres A partir de 1994, tanto el número de casos de masacres, como de víctimas producto de ellas empezaron a aumentar notablemente, debido a que éstas se convirtieron en un instrumento para generar terror y ejercer dominio sobre ciertas comunidades, por parte de los grupos armados al margen de la ley. Dichos eventos alcanzaron su punto máximo en 2000, año en el que se registraron 236 casos que produjeron 1.403 víctimas, siendo éste uno de los momentos más críticos en el desarrollo de la confrontación armada en el país. Sin embargo, a partir de ese momento y en los últimos seis años se viene registrando una sostenida tendencia a la disminución en cuanto al número de víctimas de masacres, aunque se debe aclarar que la disminución en 2005 fue leve en comparación con el año anterior. VÍCTIMAS DE MASACRES 2000 - 2006 1600 1400

1403

1200 1044

1000 800

680

600

504

400

263

200

252

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

Esta disminución ha estado relacionada con una mayor efectividad en el accionar de la Fuerza Pública, por la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a partir de 2002 y el proceso de desmovilización de las autodefensas, a quienes se les atribuía el mayor número de masacres. Para 2005, se han registrado homicidios múltiples en 16 de los 32 departamentos, siendo Valle del Cauca –al igual que con el número de homicidios- el más afectado con 16 casos de masacres (91 víctimas), lo que equivale a un aumento del 60% con respecto al mismo periodo del año anterior; en este sentido, se tiene que subrayar que el Valle del Cauca reúne 36% del total de víctimas de masacres registradas durante el año. Sin embargo, la mayoría de las anteriores están más relacionadas con represalias y enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes del norte del Valle, en particular “Los Rastrojos” de Wilber Varela y “Los Machos” de Diego León Montoya, que con el desarrollo de la confrontación armada. VÍCTIMAS DE MASACRES DISTRIBUIDAS POR DEPARTAMENTO Y VARIACIÓN PORCENTUAL DE MAYOR A MENOR CON BASE EN AS CIFRAS DE 2005

Variación % 2004 2005 No. Casos No. Víctimas No. Casos No. Víctimas No. Casos VALLE 50 10 91 16 60% ANTIOQUIA 46 10 30 4 -60% 24 5 NARIÑO CAUCA 13 3 15 3 0% GUAJIRA 4 1 13 2 100% HUILA 4 1 13 3 200% CAQUETA 12 2 CUNDINAMARCA 4 1 12 3 200% DISTRITO CAPITAL 9 2 NORTE DE SANTANDER 47 3 9 2 -33% CALDAS 8 1 4 1 0% CASANARE 19 4 4 1 -75% 4 1 CESAR META 24 5 4 1 -80% PUTUMAYO 4 1 4 1 0% SANTANDER 4 1 ARAUCA 16 1 -100% BOYACA 10 2 -100% CHOCO 5 1 -100% SUCRE 5 1 -100% TOLIMA 4 1 -100% Total general 263 46 252 48 4% DEPARTAMENTO

Variación % No. Víctimas 82% -35% 15% 225% 225% 200% -81% -50% -79% -83% 0% -100% -100% -100% -100% -100% -4%

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

A Valle, le sigue Antioquia con 4 casos (30 víctimas), dentro de los cuales se encuentra el registrado en el municipio de Valdivia, donde guerrilleros de las Farc asesinaron a 14 personas, presuntos raspachines acusados de ser colaboradores de las autodefensas y el de Mutatá, donde subversivos atacaron a 5 personas; Nariño con 5 casos (24 víctimas), dos de ellos en Barbacoas, uno perpetrado por las Farc el 3 de febrero y otro por las autodefensas el 26 del mismo mes; Cauca con 3 casos (15 víctimas), uno de ellos perpetrado por las Farc en Bolívar, donde asesinaron a cuatro indígenas de una misma familia, entre ellos dos menores de edad y otro

también perpetrado por las Farc en Corinto, donde asesinaron a 4 vigilantes según información de la Policía Nacional y Guajira con 2 casos (13 víctimas), aunque es necesario resaltar que uno de los dos casos registrados por la Policía Nacional es en realidad producto de un enfrentamiento entre las Farc y las autodefensas. En Huila, se reportaron 3 casos (13 víctimas), uno de ellos ejecutado por las Farc en julio, quienes atacaron a un grupo de concejales y sus familiares que departían en un restaurante; en el hecho murió el presidente de la Junta de Acción Comunal, el secretario del Concejo del municipio y dos personas más. Así mismo, miembros de la subversión asesinaron a cuatro miembros de una misma familia en Pitalito (Huila). En Caquetá, se registraron 2 casos (12 víctimas), uno de ellos fue el ataque perpetrado por las Farc contra concejales de la localidad, donde perdieron la vida cuatro de ellos, el Secretario del Concejo y un agricultor y otro también perpetrado por las Farc en Milán. Al comparar el número de víctimas de masacres por departamento en 2004 y 2005, se evidencian aumentos en La Guajira, Huila, Cundinamarca, Valle, Cauca, Caquetá, Nariño, Distrito Capital, Cesar y Santander; en los últimos cinco no se registraron masacres durante 2004. En Antioquia, Caldas, Casanare, Norte de Santander y Meta se presentaron disminuciones así como en Arauca, Boyacá, Chocó, Sucre y Tolima, donde no se registraron masacres en 2005. En Putumayo, se registró un caso en 2005 al igual que en 2004. Aunque sobre un porcentaje bastante alto de los casos de masacres, no se haya podido determinar el autor, entre 2000 y 2005, se evidencia un notable descenso en el número de víctimas de masacres ejecutadas por los grupos de autodefensas ilegales, que pasaron de 701 en 2000 a 8 víctimas en 2005. Además, se debe resaltar que en 2004 y 2005, el ELN no ha cometido ninguna masacre, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional. Con respecto a las Farc, éstas cometieron el mayor número de masacres en 2002, cuando fueron las responsables de 259 víctimas, superando por primera vez el número de víctimas que arrojaron las masacres perpetradas por las autodefensas ilegales. A partir de ese año, el comportamiento de los homicidios múltiples perpetrados por las Farc ha sido bastante disímil, sin embargo siempre han superado las cometidas por las autodefensas. En general, sobre 39 de los 48 casos de masacres ocurridos en 2005, no se ha podido establecer aún el autor y de los nueve restantes, 7 fueron presuntamente perpetradas por las Farc y dos por las autodefensas. Con respecto a las Farc y las autodefensas, el número de masacres cometidas disminuyó tal como el número de víctimas en relación con el año anterior. Para 2005, el 54% de las masacres se registraron en zona urbana. Lo anterior parece ser el resultado de que varias de ellas estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre narcotraficantes, lo que evidencia un cambio tanto en los fines como en los autores de las mismas. En otras

palabras, al parecer los grupos armados irregulares están en la actualidad utilizando tácticas de terror diferentes a la comisión de masacres y este cambio en la tendencia es el reflejo de los enfrentamientos entre delincuentes organizados, que buscan, más que generar temor entre la población, vengarse o “ajustar cuentas”. VÍCTIMAS DE MASACRES SEGÚN PRESUNTO AUTOR Y AÑOS 2000 - 2005 PRESUNTO RESPONSABLE SIN ESTABLECER AUTODEFENSAS FARC ELN DELINCUENCIA COMUN ERG ERP Total general

2000 500 701 161 41

2001 609 281 120 22

1403

7 5 1044

2002 309 59 295 17

680

2003 367 18 79 36 4

2004 118 13 119

504

263

2005 201 8 43

13 252

Total general 2104 1080 817 116 17 7 5 4146

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

Situación de los derechos humanos de los indígenas El Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH ha construido una base de datos que facilita la aproximación y análisis de algunas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, tales como el homicidio, a través de la contrastación y verificación de la información proveniente de distintas instituciones, tanto de orden gubernamental como de carácter privado5. De acuerdo con los datos arrojados por la base de datos mencionada, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2005, se evidencia una significativa disminución en las cifras de indígenas víctimas de homicidio en el país. No obstante, durante el período analizado es posible diferenciar dos momentos importantes en el comportamiento de la curva. En una primera etapa, comprendida entre los años 2000 y 2002, se evidencia un crecimiento constante del homicidio de indígenas, que llega a su punto más alto en 2002, al registrarse 196 indígenas asesinados. A partir del año 2003 y hasta el 2005, se inicia un segundo período, que se destaca por una tendencia decreciente, pasando de 163 víctimas de homicidio en 2003, a 85 en 2004 y finalizando con 49 en 2005.

5

Dentro de las instituciones de orden gubernamental se encuentran la Defensoría del Pueblo, el Programa Presidencial de DDHH y DIH, el Ministerio de Interior y el DAS. Así mismo, el Observatorio se apoya de la información registrada por organizaciones indígenas no gubernamentales tales como la ONIC, Fundación Hemera, la ACIN, OIA, entre otras.

Homicidio de Indígenas 2000- 2005 250 200 150

181

196 163

142

100

85

50

49

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República.

De esta manera, al realizar una comparación entre las cifras al comienzo (año 2000) y al final (año 2005) del periodo analizado, se encuentra una significativa disminución del 65% en el número de indígenas asesinados en el país. El crecimiento sostenido de los homicidios de indígenas durante la primera fase analizada responde al último período de consolidación de las autodefensas en departamentos como Cesar, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba, donde fueron asesinados indígenas y líderes de las etnia Nasa o Paéz, Kankuamo y Embera Katío, debido a la constante estigmatización de la que han sido víctimas estos pueblos, pues su discurso de neutralidad y marginalidad frente a la confrontación, fue leída equivocamente por los grupos armados irregulares que asimilan la resistencia pacífica de las comunidades aborígenes con la vinculación con el contrincante que hace presencia en las zonas que intentan controlar. Por otra parte, durante el año 2003, la cifra de 163 víctimas se explica por la serie de homicidios de los cuales fueron víctimas los indígenas Kankuamo. Esta etnia tiene resguardos en las partes baja, media y alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que produjo que se constituyeran en blanco de recurrentes violaciones por parte las autodefensas y las Farc, quienes están ubicados en la zona baja y alta de la Sierra, respectivamente. A partir de 2003, –año en el que la cifra de indígenas asesinados continuaba siendo elevada-, el homicidio inicia una tendencia a la baja, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para proteger el derecho a la vida de estos pueblos, a su compromiso en la aplicación de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana dictó en favor de algunos

indígenas y comunidades aborígenes, así como a los proyectos que buscan proteger a las poblaciones indígenas más vulnerables a posibles violaciones tales como el Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo, adelantado por el Programa Presidencial de DH y DIH de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia. Al comparar el año 2005 con el año inmediatamente anterior, las cifras arrojadas por la base de datos de indígenas construida por el Observatorio, demuestra una disminución importante en el número de víctimas por homicidio en 2005, de 42% respecto de las registradas en 2004, al pasar de 85 indígenas asesinados en el primer año a 49 en el segundo. Esta disminución responde a una reducción de 80% en los homicidios cometidos por los grupos de autodefensa y de 42% en los perpetrados por los desconocidos. De otro lado, con el propósito de analizar geográficamente la dinámica del homicidio de indígenas y realizar una comparación de su comportamiento en los dos últimos años, es necesario tener en cuenta cuáles fueron los departamentos con mayor número de víctimas, las etnias más afectadas y los principales responsables. En 2005, se registraron homicidios de indígenas en 16 de los 32 departamentos del país, de los cuales 8 registraron una disminución en este fenómeno, mientras que en 7 se presentó un aumento. Sólo en un departamento el número de homicidios de indígenas se mantuvo estable. En este sentido, los departamentos que mostraron las mayores reducciones fueron Magdalena, con una disminución del 100%, al pasar de 6 indígenas asesinados en 2004 a ninguno en 2005; Vichada (100%), al registrar 4 víctimas en 2004 y no presentar ninguna en 2005; Cesar, (85%) al pasar de 13 víctimas en 2004 a 2 en 2005; Valle del Cauca (83%), pasando de 6 víctimas en 2004 a 1 en el siguiente año; Putumayo (80%), al disminuirse el número de víctimas de 5 a 1 entre un año y otro; y por último, Risaralda (75%), al pasar de 4 indígenas asesinados en 2004 a 1 en 2005. Otros departamentos que presentaron disminuciones fueron Antioquia (67%), Caldas (56%), Guajira (30%) y Cauca (20%). Sin embargo, algunos departamentos que no habían registrado homicidios en 2004, presentaron al menos una víctima en 2005, tales como Amazonas, Bolívar, Quindío y Sucre. Por el contrario, departamentos como Vichada, Tolima, Norte de Santander, Guainía, Caquetá y Boyacá que habían presenciado homicidios de indígenas en 2004, el año siguiente no registraron ninguno. En cuanto a los departamentos que presentaron los mayores aumentos en el número de indígenas asesinados, se encuentran Chocó, Nariño y Arauca, que registran un incremento de 100%, puesto que en 2004 no habían registrado ningún homicidio, mientras que en 2005 se reportaron 6, 5 y 4 respectivamente. En el caso de Chocó, el alto número de homicidios atiende a la masacre de 5 de los 12 indígenas de la comunidad de Pava,

secuestrados en el mes de julio en Riosucio por miembros de las Farc, después de los enfrentamientos sostenidos entre el frente 57 de las Farc e integrantes de las autodefensas del Bloque Elmer Cárdenas. Estos grupos armados al margen de la ley se disputan el dominio de esta zona, así como del río Atrato y sus afluentes, los cuales son de vital importancia, no sólo para el comercio de bienes y servicios entre el norte y sur del país, sino también para el avituallamiento de estos grupos y el transporte de armamento y droga que nutren sus finanzas. Con relación a Nariño, este departamento fue el segundo más afectado por las acciones de los grupos armados al margen de la ley en 2005, principalmente por los hostigamientos que han afectado a los civiles, en especial a los indígenas. Así mismo, los homicidios en Nariño en 2005 han buscado golpear la identidad indígena y su proyecto cultural, puesto que dos de los indígenas asesinados eran reconocidos líderes como fue el caso de Efrén Pascal Nastacuas, secuestrado por las Farc en 2004. Arauca, por su parte, es otro ejemplo del asedio que los grupos armados al margen de la ley han ejercido sobre las comunidades indígenas, puesto que en este departamento, la confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ha llevado a estigmatizar a este grupo poblacional como colaborador de una u otra agrupación. Otro de los aspectos que preocupa a las autoridades en este departamento es el creciente número de indígenas víctimas de minas antipersonal en 2005, después de que miembros del frente 10 de las Farc minaron los territorios donde residen las comunidades indígenas Guahíbo de Tame. Como se puede deducir del diagnóstico presentado, en 2005 se registraron importantes disminuciones en materia de homicidio de indígenas en el país, que obedecen en buena medida a los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir el impacto del asedio y de las acciones armadas de los grupos al margen de la ley sobre la población civil y las repercusiones de su estigmatización. Sin embargo, se deben aunar esfuerzos para aumentar el nivel de protección de las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos anteriormente mencionados y aquellas que residen en Cauca. El caso del Cauca es preocupante, puesto que aunque este departamento registró un descenso en la cifra de indígenas asesinados (20%), al pasar de 15 en 2004 a 12 en 2005, la guerrilla ha emprendido una campaña para hostigar a las comunidades Nasa o Páez que durante el año anterior continuaron reivindicando su proyecto de resistencia civil y su derecho a la tierra y la autonomía, reclamando los compromisos que el Gobierno nacional había adoptado con relación a este tema. Este derecho a la autonomía es rechazada por los grupos armados irregulares, en especial, por las Farc que lo perciben como un desafío a su dominio territorial. Con relación a lo anterior, durante 2005 las poblaciones de Caldono, Jambaló y Toribío fueron atacadas por las Farc, como parte de la estrategia

emprendida por este grupo armado ilegal, que busca consolidar su presencia en el Macizo colombiano, considerado como un punto neurálgico para las acciones de respuesta al desarrollo del Plan Patriota, golpear al Ejército en zonas con menos apoyo logístico y desprestigiar la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Por otra parte, al hacer un análisis por etnia, se observa que la mayoría vieron disminuir el número de sus integrantes asesinados, entre las que mayores reducciones presentaron, se encuentran la Arhuaco, con una disminución de 100%, al pasar de 5 víctimas en 2004 a ninguna en 2005; la Siona y Kogui (100%), al pasar de 3 indígenas asesinados en 2004 a ninguno en 2005 respectivamente; la Kankuamo (92%), al pasar de 13 a 1 de un año a otro; Embera Katío (75%), que mientras en 2004 registró 4 víctimas, en 2005 registró una víctima y por último, la Embera Chamí (62%) al pasar de 13 a 2 de un año a otro. Sin embargo, durante 2005 algunas etnias vieron su situación deteriorarse, por presentar un aumento en el número de sus integrantes asesinados -tal fue el caso de los Embera, con un incremento de 167%, al registrar 8 indígenas asesinados en 2005, mientras que en 2004 se reportaron 3- o porque se observaron homicidios, después de que en 2004 no se había presentado ninguno, como sucedió con los Awa, que registraron 4 y los Guahíbo, que durante 2005 registraron 3 víctimas. En cuanto a los responsables, todos los autores registraron una disminución en el número de homicidios perpetrados. El ELN presentó una reducción de 100%, al pasar de 2 víctimas en 2004 a ninguna en 2005; las autodefensas de 80%, al disminuir las víctimas por homicidio de 15 a 2 entre un año y otro; los desconocidos presentaron una disminución de 42%, al pasar de 43 en 2004 a 25 en 2005 y otros autores redujeron el número de indígenas asesinados en 22%, al pasar de 9 a 7 de un año a otro. En lo atinente a secuestros, en 2005 fueron plagiados 23 indígenas, lo que representa una disminución del 26% con respecto a 2004 cuando se registraron 31. El departamento más afectado fue Chocó con 12, seguido por Guajira y Cauca con 4 respectivamente. Cabe resaltar, que 9 de los indígenas secuestrados fueron asesinados por sus captores, tal como sucedió en Chocó, como se mencionó anteriormente, y en Cauca donde los 4 indígenas secuestrados fueron asesinados. En términos de desplazamiento forzado, de acuerdo con datos proporcionados por el Sur de la Red de Solidaridad Social, los indígenas representaron el 5% del total de los desplazados en el país. Los departamentos con mayor participación dentro del total de población indígena desplazada fueron Guainía con 67.9%, seguido por Vaupés con 60.2%, Amazonas con 52.6%, Putumayo con 15.7%, Guajira con 15.2%, Risaralda con 13.4%, Chocó con 12.2%, Vichada con 11.8% y Nariño con 11.2%.

En la mayoría de estos departamentos, se incrementaron las acciones armadas de los grupos armados al margen de la ley, así como los enfrentamientos entre éstos como es el caso de la Orinoquía, la Amazonía y Nariño. En departamentos como Putumayo, las acciones de las Farc llevaron al éxodo a varias comunidades indígenas después de los constantes bloqueos realizados por este grupo en 2005, lo que impidió el transporte y acceso a bienes indispensables para la supervivencia, así como de víveres y otros elementos. Por último, el caso del Chocó es ilustrador del desplazamiento indígena como consecuencia de las acciones armadas de los grupos armados irregulares. En el mes de diciembre de 2005, la Defensoría del Pueblo denunció el ingreso de unos dos mil hombres del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas al resguardo indígena de Emberá Dobidá de Mamey Dipurdú, donde “ocuparon espacios de uso comunitario, sustrajeron animales y productos agrícolas para el consumo humano y se apropiaron, además, de los medios de movilización y transporte de los residentes”6. Estas acciones provocaron restricciones al derecho de locomoción e impedimentos para desarrollar las actividades de pesca, caza y recolección, fundamentales para la supervivencia de las comunidades indígenas de esta zona.

Situación de los derechos humanos de los sindicalistas

Homicidio de Sindicalistas 2000 - 2005 140 120 100 80

123 99

86

60 40

47

42 14

20 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC Policía Nacional, ENS, CUT Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

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El Tiempo, Defensoría del Pueblo pidió protección para resguardo indígena en Carmen del Darién (Chocó). Diciembre 1 de 2005.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Escuela Nacional Sindical (ENS)7, entre los años 2000 y 2005 han sido victimas de homicidio 413 sindicalistas8. El año más crítico para este grupo vulnerable fue 2001, cuando se registraron 123 homicidios, sin embargo, cabe destacar que en los años siguientes el homicidio de sindicalistas ha venido descendiendo paulatinamente hasta registrar en 2005 una disminución de 89% con respecto a los homicidios presentados en 2001. Entre 2000 y 2005, los departamentos en los cuales resultaron más afectados los sindicalistas fueron Antioquia con el homicidio de 78 sindicalistas, Valle con 56, Atlántico con 27, Norte de Santander con 20, Arauca con 19, Cesar con 15, Cauca con 14 y Bolívar, Meta, Magdalena y Tolima con 13 cada uno. Cabe destacar que las ciudades más afectadas fueron Apartadó, Medellín y Turbo, al concentrar el 44% de los homicidios de sindicalistas que se presentaron en Antioquia; Barrancabermeja, que concentró el 47% de los ocurridos en Santander; Cali, el 41% de los homicidios de sindicalistas acaecidos en Valle del Cauca; Barranquilla, el 70% y Cúcuta el 60% de los departamentos de Atlántico y Norte de Santander. En el período anteriormente analizado, los sindicatos más afectados fueron Anthoc, con el homicidio de 48 de sus miembros, cometidos principalmente entre los años 2001 y 2003; seguido de Sintraelecol, que registró el homicidio de 30 de sus miembros, situación que resultó especialmente preocupante entre 2000 y 2002; Asonal Judicial, con 28 homicidios cometidos, principalmente en 2001; Sintrainagro, con 26 homicidios, en su mayoría ejecutados en 2000 y 2002 y la Uso, con 18 homicidios, cometidos especialmente en 2001. De otra parte, cabe destacar que en los últimos seis años, en el 11% de los casos de homicidio de sindicalistas, las víctimas fueron mujeres y en el 89% fueron hombres. Con respecto a la situación de derechos humanos de los sindicalistas, en el año 2005 se registraron 14 asesinatos de trabajadores sindicalizados pertenecientes a los sectores público, agrícola, industrial, comercial, de defensa, transporte y salud. En los meses de enero, febrero, marzo y abril, se presentó el homicidio de un sindicalista en cada mes, en mayo se

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Cabe aclarar que la información sobre homicidio de sindicalistas que se presenta en este informe es producto de la fusión y contraste de los datos proporcionados por las fuentes mencionadas, los cuales son validados por el Ministerio de la Protección Social al recibir certificaciones de los sindicatos que confirman la afiliación sindical de las víctimas. 8 En los datos que se presentan sobre sindicalistas, no están incluidos los docentes sindicalizados, puesto que los estudios sobre el tema han determinado que las causas del homicidio de uno y otro sector difieren en el sentido de que uno es más relacionado con la actividad sindical, mientras el otro con la labor que desarrollan los docentes. Por otro lado, los sindicalistas concentran su acción en los centros urbanos, mientras los maestros ejercen tanto en lo urbano como en lo rural. Por tal razón, este grupo se analiza en el apartado de docentes.

registraron cuatro homicidios, occurió un homicidio en junio y julio repectivamente, en agosto tres y en diciembre uno. Entre los años 2004 y 2005, se registró una disminución de 67% en los índices de homicidio de sindicalistas. De los 14 sindicalistas asesinados en el 2004, 13 eran hombres y 1 mujer. Ocho departamentos se vieron afectados por la violencia contra sindicalistas, dos de ellos, Atlántico y Santander, concentraron 58% de los homicidios, con 4 homicidios cada uno. Como se observa en las estadísticas, se evidencia una disminución sustancial del homicidio de sindicalistas en el país, lo cual responde principalmente a dos factores. El primero, relacionado con las medidas de protección y seguridad adoptadas por el Gobierno nacioanl a favor de este grupo vulnerable y el segundo, relacionado con los cambios en la estructura laboral, los cuales se expresan, entre otras cosas, en una disminución de la tasa de sindicalización. Situación de los derechos humanos de los docentes Homicidio de docentes sindicalizados y no sindicalizados 2000-2005 97

100 80

69

82

60

54

47

40 20

20 0

2000

2001

2002

Docentes sindicalizados

2003

2004

27 16 2005

Docentes no sindicalizados

Fuente: Ministerio de la Protección Social, CIC Policía Nacional, FECODE, ENS, CUT Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Según los datos del Ministerio de la Protección Social, el CIC de la Policía Nacional, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y la Escuela Nacional Sindical (ENS)9, entre los años 2000 y 2005, han sido víctimas de homicidio 412 docentes, de los cuales 36 (9%) no eran sindicalizados y 376 (91%) estaban vinculados con

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Cabe aclarar que la información sobre homicidio de docentes que se presenta en este informe es producto de la fusión y contraste de los datos proporcionados por las fuentes mencionadas, los cuales son validados por el Ministerio de la Protección Social y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

algún sindicato de educadores10. A partir del 2000 y hasta el 2002, el homicidio de docentes tuvo un incremento constante, así, en 2001 se registró un incremento de 19% con respecto al año anterior y en 2002 el aumento fue de 18% con respecto al 2001. En 2003, se registra una importante reducción de 44% en los homicidios de docentes y aunque en 2004 se registra un aumento de 24%, en el año 2005 se vuelve a registrar una disminución de 36% con respecto al año anterior. Entre los años 2000 y 2005, el sindicato de docentes más afectado fue la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), puesto que se presentaron el homicidio de 94 sus afiliados. Es importante señalar que los años críticos para este sindicato fueron 2000, 2001 y 2002, años en los cuales se concentró el 79% de los homicidios de docentes afiliados a Adida. En 2003, se registraron disminuciones de 59% con respecto al 2002 y aunque en 2004 se registró el mismo número de homicidios que en 2003, en 2005 se presentó una disminución de 78%, al pasar de 9 homicidios ocurridos en 2004 a 2 en el 2005. Otros sindicatos de docentes que también fueron afectados durante el período comprendido entre 2000 y 2005 por el homicidio de sus miembros son la Asociación de Institutores de Caquetá (AICA) con 23 homicidios, el Sindicato de Maestros de Nariño (Simana) con 21, la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort) con 19 y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) con 17. Cabe resaltar que en el 22% de los casos, las mujeres fueron las víctimas y en el 78% fueron hombres. Con respecto al año 2004, se observa una disminución de los homicidios de docentes sindicalizados y no sindicalizados. Con respecto a los primeros, la disminución fue de 43%, mientras que en el caso de los docentes no sindicalizados, la disminución fue de 20%. Durante 2005, el departamento de Valle registra el mayor número de víctimas, al concentrar el 16% del total de las mismas. Antioquia y Córdoba concentraron el 24% de los homicidios (12% cada uno) y Caldas y Nariño el 14%. Siguiendo esta tendencia, el sindicato más afectado fue el Sindicato Único de Trabajadores del Valle (Sutev) con 5 víctimas, seguido de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) con 6 victimas y el sindicato de Educadores de Caldas (Educal) con 3.

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Entre el año 2000 y 2003, no se tienen registros de homicidios de docentes no sindicalizados, es sólo a partir del 2004 que se empieza a hacer un registro de los homicidios de docentes que no están afiliados a ningún sindicato.

Situación de los derechos humanos de las autoridades locales

Homicidios de alcaldes y ex alcaldes 2000-2005 20

19 15

15

12

10

9

7

7

5 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Homicidios Fuente: Federación Colombiana de Municipios Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

De acuerdo con las cifras brindadas por la Federación Colombiana de Municipios durante el año 2000 fueron asesinados 19 alcaldes y ex-alcaldes, para el año 2001 se registraron 7 homicidios, 12 en el 2002, 9 en el 2003, 15 para el año 2004 y se redujo la cifra a 7 durante el año 2005. A pesar de las variaciones registradas en el periodo analizado, se observa una tendencia a la baja, en especial entre el año 2004 y 2005 donde la disminución registrada corresponde a un 53%. Con respecto a la variación del número de homicidios de alcaldes y ex-alcaldes en los últimos dos años, para 2004 acaecieron 4 asesinatos de alcaldes y 11 de ex-alcaldes, ambos registros disminuyeron en 2005, al pasar a 1 homicidio de alcalde y 6 de ex-alcaldes. Ante lo anterior, llama la atención el número significativo de ex-alcaldes asesinados. Ello se explica por el hecho de que una vez que éstos terminan su periodo, se vuelven más vulnerable a las acciones de los grupos armados irregulares, en la medida en que muy a menudo éstos les tienen reclamos sobre su gestión, en su afán por intentar influir en la gobernabilidad local. Además, la mayoría de ellos, mientras en el cargo, son beneficiarios del Programa de Protección adelantado por el Ministerio del Interior y Justicia, a través del otorgamiento de diversos esquemas de protección. Para los años 2004 y 2005, los departamentos más afectados fueron Valle y Norte de Santander, con 3 asesinatos cada uno. En Norte de Santander, se presentaron los crímenes de dos ex-alcaldes de Abrego, Luis Eduardo Casadiego Vergel y Silvio Vergel Arévalo y del ex-alcalde de Tibú, David

Jaimes, todos ellos acaecidos durante el año 2004. Con respecto al departamento del Valle, se registró en el 2004 el homicidio de Ovidio Arturo Marín Cuevas, ex-alcalde de Restrepo y en el año 2005 los homicidios de Abraham Betancur Mejia y Hernán Duque Henao, el primero, ex-alcalde de Riofrio y el segundo, ex-alcalde de Caicedonia. Los demás homicidios de exalcaldes durante el año 2005 ocurrieron en María La Baja (Bolívar), Sitio Nuevo (Magdalena), Hobo (Huila) y San Luis (Tolima). El alcalde asesinado corresponde a Jaime Heriberto Castro Toro, de Génova (Quindío). Por otra parte, de acuerdo con cifras entregadas por Fondelibertad en materia de secuestro, en el año 2004 se presentaron 4 plagios de alcaldes y 3 de ex-alcaldes, en contraste con el año 2005, año en el que se registró 1 secuestro correspondiente al alcalde encargado de Alto Baudó en Chocó, Eligio Caisamo Isarama, por presuntos miembros del ELN, ocurrido el 26 de enero, quien posteriormente fue liberado. En materia de amenazas a mandatarios locales, la Federación Colombiana de Municipios registró para el año 2005, 21 alcaldes amenazados, de los cuáles 4 se presentaron en el departamento de Bolívar, siendo este departamento el más afectado, seguido de Nariño y Meta, con 3 casos cada uno y el departamento del Atlántico con 2, que corresponden a amenazas realizadas en dos ocasiones contra el alcalde de Baranoa, Carlos Zambrano, quien en la segunda ocasión fue amenazado presuntamente por las AUC. Entre los presuntos autores de las amenazas, se encuentran 8 casos que ubican a las Farc como presunto responsable, 1 se imputa a las AUC y 12 no tiene un autor identificado. Respecto de la situación de los concejales, de acuerdo con información de la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) y la Policía Nacional, en los últimos seis años han sido asesinados 226 concejales, siendo los años más críticos 2002 con 80 homicidios y 2003 con 75, y que están relacionados con periodos electorales. En 2004, se registra un notable descenso (76%) en el número de homicidios con respecto al 2003, al ser asesinados 18 concejales. A pesar de esta disminución, en 2005 nuevamente se presenta un incremento de 44% en el número de homicidios con respecto a 2004, con el asesinato de 26 concejales. Sin lugar a dudas, Caquetá fue el departamento más afectado durante 2005, al registrarse 10 homicidios, es decir, el 38% del total de homicidios de concejales registrados en el país. Le sigue Valle, donde fueron asesinados 4 concejales, La Guajira, donde fueron perpetrados 3 homicidios, en Cauca 2, Sucre, Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Atlántico y Santander, departamentos donde ocurrió el homicidio de un concejal, respectivamente.

Homicidio de Concejales 2000 - 2005 80

80

70

75

60 50 40 30

26

20 10

17

18 10

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Policía Nacional - Centro de Investigaciones Criminológicas y FENACON Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

El municipio de Puerto Rico, Caquetá, fue el más afectado del país por el homicidio de concejales puesto que fueron asesinados 6 concejales de este municipio, durante 2005. En el mes de febrero, desconocidos asesinaron a un concejal y en abril, las Farc dieron muerte a otro. Adicionalmente, durante el mes de mayo, en un atentado a la sede del concejo perpetrado por este grupo armado ilegal, murieron 4 concejales y también resultaron muertos el secretario del concejo y un Policía, así como otros concejales heridos. Así mismo, en San Vicente del Caguán, las Farc asesinaron dos concejales, uno en el mes de marzo y otro en abril y El Paujil, integrantes de esa agrupación perpetraron el homicidio de un concejal en agosto y otro en diciembre. Además, se debe destacar que los concejales del departamento del Caquetá no sólo han sido afectados por los homicidios, sino también por las amenazas proferidas por la Columna Teófilo Forero de las Farc, en especial contra los concejales de El Doncello, quienes se vieron obligados a salir del municipio. En Valle, desconocidos perpetraron el homicidio de un concejal de Buga en el mes de febrero, en el mes de mayo las Farc asesinaron a un concejal de Trujillo y en el mismo mes, la delincuencia común fue responsable de la muerte de un concejal del municipio de El Dovio. Por último, en el mes de diciembre, desconocidos asesinaron a otro concejal de Trujillo. En La Guajira, desconocidos cometieron el homicidio de un concejal de Fonseca en enero, en marzo las autodefensas fueron responsables del asesinato de un concejal en Riohacha y en octubre desconocidos asesinaron a un concejal en la misma ciudad; esto sólo para relatar algunos de los hechos perpetrados contra concejales.

Adicionalmente, fueron asesinados cinco ex-concejales en Cajibío (Cauca), uno en Guamal (Magdalena), otro en Campoalegre (Huila) a manos de las Farc, uno en Villavicencio (Meta) y finalmente, uno en Salamina (Magdalena) por parte de las autodefensas. En cuanto a secuestros, según datos suministrados por Fondelibertad, en 2005 fueron secuestrados tres concejales, uno el 6 de junio en Lebrija (Santander) por parte de las autodefensas ilegales, liberado al día siguiente, otro el 28 de agosto en San Juan Nepomuceno (Bolívar) por parte de las Farc, quienes lo liberaron 3 meses después y el último, el 1 de septiembre en Mesetas (Meta), por parte de las Farc, quienes lo liberaron horas después. Con respecto a desplazamiento forzado, de acuerdo con Fenacon, en el 2005 se registró el desplazamiento de 107 concejales debido a las constantes amenazas por parte de los grupos armados ilegales. El departamento más afectado por este fenómeno fue Caquetá, que registró 44 casos, seguido por Huila con 31 y Arauca con 13. Por último, el Programa Presidencial de DH y DIH ha recibido denuncias sobre casos de amenazas, las cuales han sido remitidas al Ministerio del Interior con el fin de estudiar los casos en el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) a Alcaldes, Concejales, Personeros y Diputados para brindarles las medidas de seguridad respectivas. Las denuncias reportadas han sido de un concejal en Barbosa (Antioquia), dos de Yopal (Casanare), uno de Villanueva (Huila), otro del Tarra (Norte de Santander), uno de La Guajira, de Quipile (Cundinamarca) y de La Cumbre (Valle). Situación de los derechos humanos de los periodistas Homicidios de periodistas 2001-2005 12 10 8 6 4 2 0

11 9 7 3

2001

2002

2003

2004

2 2005

Homicidios Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

De acuerdo con datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), durante el año 2001 fueron asesinados 9 periodistas, 11 en el 2002, en 2003 se registraron 7 homicidios, en 2004 la cifra se redujo a 3 y durante el año 2005 la tendencia a la baja se mantuvo al registrarse 2 homicidios de periodistas a razón de su oficio. A partir del año 2002, se ha venido registrando un comportamiento descendente y comparativamente entre los años 2004 y 2005, los homicidios se redujeron en un 33%. Durante 2005 se registraron los homicidios de Julio Hernando Palacio Sánchez, periodista de Radio Lemas, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y de Rafael Enrique Prins, Presidente del periódico Apocalipsis, en el municipio de Magangue (Bolívar). Si bien, durante 2005 disminuyeron los homicidios contra periodistas, se registró un incremento en otros tipos de vulneraciones a los derechos humanos, específicamente en materia de amenazas. Es así como mientras en 2004 se registraron 39 casos, durante el año pasado se presentaron 6411, la mayor parte de ellas relacionadas con temas de corrupción y de autodefensas, según indicó la Flip12. En cuanto a periodistas amenazados durante el año 2005, se registraron 17 casos de periodistas amenazados, de las cuales los de mayor trascendencia fueron las proferidas el 16 de mayo contra tres directores de medios, Carlos Lozano, Daniel Coronell y Hollman Morris. Ante estos hechos, el Gobierno se comprometió a brindarles protección para que pudieran seguir ejerciendo su labor. Por otra parte, la Fiscalía se comprometió a asumir la investigación dentro de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH. Por último, la Policía organizó un grupo especial de investigación para que apoye la investigación.13 Actualmente, Daniel Coronell se encuentra exiliado. El segundo hecho que generó un fuerte impacto en la opinión pública y en el medio periodístico, fueron las amenazas emitidas contre el periodista y director de noticias de RCN Radio Juan Gossaín el pasado 20 de septiembre. En la llamada telefónica anónima, las amenazas se hicieron extensivas a los también periodistas Mauricio Vargas, director de la revista “Cambio”, Julio Sánchez Cristo, director de la emisora La W de Caracol Radio, Pedro Luis Mogollón director del diario El Universal en Cartagena y a Jacqueline Rhenals, cronista política del mismo diario.

11

De acuerdo con la FLIP se entiende por amenaza: la intimidación directa con el anuncio o insinuación de la provocación de un mal grave para el periodista o su familia. Las amenazas no coinciden necesariamente con el número de periodistas amenazados. Se contabilizan como amenazas separadas contra un periodista las que provienen de autores diferentes, se originan por temas diferentes o que se hacen en lapsos prolongados. Si se trata de amenazas reiteradas por una misma razón, se toma como una sola violación. 12 Informe mensual de la Flip, diciembre de 2006. 13 Ibidem.

Esta situación de temor frente a las amenazas y crímenes cometidos contra otros comunicadores sociales, ha llevado a la autocensura de muchos periodistas y medios de comunicación, e inclusive al cierre de medios o al abandono de la profesión14. En este sentido, si bien son alentadoras las cifras en cuanto a la disminución de los homicidios perpetrados contra periodistas, los registros en materia de amenazas se han venido incrementando en los últimos dos años. Adicionalmente, en 2005 se presentaron seis hechos relacionados a ataques contra medios de comunicación, los cuales atentan contra la libertad de prensa y la integridad de los periodistas. Es así como el 13 de febrero fue derribada la antena de la emisora de Puerto Asís "Latina Estéreo", el 25 de mayo, esta misma emisora fue víctima de un segundo atentado, al ser incendiadas sus antenas de transmisión, situación que redujo a un 30% su cobertura. El 20 de febrero, la sede de RCN radio y televisión en Cali, sufrió un atentado con carro bomba frente a las instalaciones de este medio. Días después, mediante un comunicado de prensa el frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de Farc, aceptó ser el responsable del ataque, supuestamente porque “RCN había tomado parte en el conflicto a favor del Gobierno y del Ejército”15. El miércoles 2 de marzo de 2005 una de las estaciones de transmisión de los canales privados de televisión, RCN y Caracol, fue destruida. El hecho ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera que va de Mocoa a Pasto, en el departamento de Putumayo. El atentado dejó sin señal de televisión a estas cadenas en gran parte del departamento de Putumayo. Las autoridades locales atribuyen el hecho a las Farc.16 El 13 de marzo, fueron derribadas por parte de integrantes del frente 49 de las Farc, las torres de transmisión de la emisora Espléndida Estéreo, quien tiene su sede en la ciudad de Florencia (Caquetá). Ante este evento, de acuerdo con el alcalde del municipio, se decidió implementar un esquema de protección para todos los medios de comunicación en la ciudad17. Finalmente, el 15 de agosto desconocidos lanzaron una granada de fragmentación contra la sede del diario "El Informador" de la ciudad de Santa Marta (Magdalena).

14 15 16 17

Ibidem Ibidem. http://www.flip.org.co/Alertas/Ataques_a_medios/2005/ale04_03_05.htm http://www.flip.org.co/Alertas/Ataques_a_medios/2005/ale14_03_05.htm

Secuestros De acuerdo con los datos reportados por Fondelibertad, durante el período que se extiende entre 2000 y 2005, los secuestros han presentado una tendencia decreciente, alcanzando en este último año la cifra más baja desde 1996 con 800 plagios. De manera que, al realizar una comparación entre las cifras al comienzo (año 2000) y al final del periodo considerado (año 2005), se encuentra una significativa disminución de 78% en el número de personas secuestradas en el país. Secuestros 2000- 2005 4000 3500

3582

3000

2921

2885

2500 2122

2000 1500

1440

1000

800

500 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: FONDELIBERTAD Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Esta reducción se deriva de los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional, que a través de distintos programas ha buscado reducir y neutralizar la comisión de este flagelo a nivel nacional. Entre las principales medidas que se han desarrollado, se encuentran la coordinación interinstitucional en campañas de prevención tales como “Vive Colombia, Viaja por ella”, que además de disminuir los secuestros en carreteras, incentivó el turismo; otra de las medidas que se adoptaron fue la implementación del SIIES -Sistema Integrado de Información contra la Extorsión y el Secuestro-, cuyo objetivo consiste en facilitar la sinergia y el trabajo mancomunado entre las instituciones responsables en el tema; así mismo, se observa una mayor concientización de la ciudadanía para reportar el secuestro 24 horas después de ocurridos los hechos. Sin embargo, no se puede desconocer que los grupos armados al margen de la ley han sustituido gran parte de los recursos que adquirían a través de la comisión de secuestros, con los ingresos provenientes del narcotráfico y

otras actividades ilícitas, lo que ha incidido de manera directa en la reducción de los plagios cometidos por estos grupos. Un tercer elemento que contribuye al análisis de la reducción del secuestro es la evolución de la extorsión, que desde 1998 muestra un pronunciado incremento. En este sentido, aunque se evidencie una disminución en el número de secuestros, se observa con preocupación el aumento de la extorsión, como otro medio para extraer recursos. Vale la pena aclarar que en los tres últimos años se aprecia una caída en el secuestro extorsivo y simple, lo que ha favorecido la disminución sostenida de las cifras absolutas de secuestro en el país. No obstante lo anterior, en los tres primeros años (2000 –2002), el comportamiento de los secuestros extorsivos fue inconstante, mientras que los de carácter simple tendieron al alza. Al comparar el año 2005 con el año inmediatamente anterior, las cifras reportadas por Fondelibertad demuestran una disminución de 44% en el número de personas secuestradas respecto de las registradas en 2004, al pasar de 1.440 víctimas de este fenómeno en el primer año a 800 en el segundo. Esta disminución responde tanto a una reducción del 50% en el secuestro extorsivo entre un año y el siguiente, como a una disminución del 42% en el secuestro simple. De otro lado, con el propósito de analizar geográficamente la dinámica del secuestro y realizar una comparación de su comportamiento en los dos últimos años, es necesario tener en cuenta cuáles fueron los principales departamentos afectados, el tipo de secuestro más recurrente, la participación por autor, así como la situación actual de la persona plagiada. En 2005, se presentó una disminución en el número de secuestros en 22 de los 32 departamentos que conforman el país, mientras que se presentó un aumento en 7 de los mismos. Cabe resaltar que sólo dos departamentos (Quindío y Guainía) no registraron plagios durante 2005. Amazonas, por su parte, no presenta víctimas por este flagelo desde 1997. En este sentido, los departamentos que mostraron las mayores reducciones en el número de plagios fueron Vaupés con una disminución de 88%, al reducirse el número de víctimas de 8 en 2004 a 1 en 2005; Bogotá (82%), al pasar de 188 personas secuestradas en 2004 a 34 en 2005; Magdalena (79%), al pasar de 63 a 13 víctimas entre un año y otro; Putumayo (79%), al disminuir el número de personas secuestradas en 2005 a 3, cuando el año anterior se presentaron 14; Cesar (78%), al pasar de 64 víctimas en 2004 a 14 en 2005 y Antioquia, al pasar de 214 secuestros a 61 de un año a otro. Otros departamentos que presentaron reducciones significativas fueron Sucre (67%), Córdoba (67%), Huila (58%), Guajira (56%), Chocó (54%) y Boyacá (50%). Se debe destacar que Bogotá desde el año 2002 observaba una tendencia creciente tanto en el número de secuestros como en las víctimas por

extorsión, sin embargo, este comportamiento se altera en 2005, cuando se aprecia una importante disminución en ambos fenómenos. Con relación a la extorsión en la capital del país, de acuerdo a un estudio elaborado por la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Cámara de Comercio de Bogotá, este delito se presenta en zonas donde confluyen tres elementos, a saber la alta ocurrencia de delitos contra el patrimonio, concentración de activos comerciales y un número de habitantes importante18. “Lo anterior podría sugerir que la extorsión en la ciudad no responde a factores accidentales sino que son una serie de acciones deliberadas y sistemáticas de los actores que la promueven, acciones que están sujetas a la dinámica de la actividad económica y a la disponibilidad de recursos de una zona, al mayor número de víctimas potenciales; y al ambiente propicio para el desarrollo de otros delitos, especialmente los que atentan contra el patrimonio económico”19. Magdalena y Cesar advirtieron una disminución del secuestro y la extorsión durante 2005, sin embargo, es importante mencionar que mientras el secuestro ya venía presentando un descenso en la tendencia desde 2003, la extorsión, por el contrario, presentaba un aumento desde 2002. Los principales víctimas de las extorsiones en el departamento de Magdalena fueron los ganaderos, quienes debían pagar “impuestos” a los grupos armados al margen de la ley en razón de su actividad económica. En cuanto a los departamentos que presentaron un aumento en el número de personas secuestradas, se encuentran Guaviare, que pasó de tener un caso a once; Caldas (200%), al pasar de 8 personas plagiadas en 2004 a 24 en 2005; Caquetá (93%), que presentó 14 víctimas en 2004 y 27 en el siguiente año; Cundinamarca (61%), al pasar de 31 a 50 de un año a otro; Nariño (33%), al pasar de 45 en 2004 a 60 en 2005 y Risaralda (10%) donde fueron secuestradas 23 personas en 2005, mientras en 2004 había sido plagiadas 21. Cabe resaltar que en los departamentos de Quindío y Guainía no se registró ningún secuestro durante 2005, como se anotó anteriormente.

18

Hay que aclarar que en 2004, el delito de la extorsión se había dispersado por todas las localidades de la ciudad, sin desconocer una mayor incidencia de este fenómeno en ciertas zonas. 19 Caracterización del secuestro y la extorsión en Cundinamarca 1998- 2004. Enero de 2005. Pág. 73

Secuestros por departamento 2004 y 2005 Departamento ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO

2004

2005

2004

2005

214

61

Variación % Departamento -71%

HUILA

71

30

Variación % -58%

14

8

-43%

LA GUAJIRA

39

17

-56% -79%

12

10

-17%

MAGDALENA

63

13

188

34

-82%

META

97

95

-2%

BOLIVAR

55

31

-44%

NARIÑO

45

60

33%

BOYACA

20

10

-50%

NORTE SANTANDER

34

23

-32%

CALDAS

8

24

200%

PUTUMAYO

14

3

-79%

BOGOTA D.C.

CAQUETA

14

27

93%

QUINDIO

CASANARE

40

23

-43%

RISARALDA

21

23

10%

CAUCA

92

60

-35%

SANTANDER

60

31

-48%

CESAR

64

14

-78%

SUCRE

39

13

-67%

CHOCO

35

16

-54%

TOLIMA

81

62

-23%

6

2

-67%

VALLE

67

47

-30%

31

50

CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA

2

GUAVIARE

1

61% -100%

11

VAUPES VICHADA

5

8

-100%

1

-88%

1

100%

1000%

Fuente: Fondelibertad Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República

Con relación al tipo de secuestro, durante el año 2005, como se mencionó anteriormente, el número de secuestros de carácter extorsivo se redujo en 50% y los secuestros simples en 42%. El primer tipo de plagio se concentró en el departamento de Antioquia (13%), Valle (10%), Meta (8%), Nariño (8%), Bolívar (7%) y Cauca (7%). En el caso de Antioquia, se destacan varios secuestros colectivos realizados en zonas rurales del departamento, muchos de los cuales registran como víctimas a ganaderos, comerciantes y agricultores. En cuanto a Valle, el fenómeno del narcotráfico podría incidir en el número de secuestros extorsivos, puesto que en algunas regiones del país el plagio es utilizado como un “impuesto a la renta” de las personas. Con respecto al secuestro simple, el departamento que registró el mayor número de plagios de este tipo fue Meta (16%), seguido por Tolima (12%), Cundinamarca (9%), Cauca (9%) y Nariño (8%). En Meta, este tipo de secuestro es utilizado por los grupos al margen de la ley como un método para ejercer control sobre la población, pues una vez se produce el plagio, estas agrupaciones proceden a interrogar a la víctima con el fin de asegurarse que no se encuentre vinculada con otro grupo armado irregular. Tal fue el caso de seis personas integrantes la Comisión Técnica de Salud del departamento, quienes fueron secuestradas por las Farc en el municipio de La Uribe, para descartar una posible infiltración de los grupos de autodefensa, según información suministrada por los boletines del DAS. Así mismo, la dinámica de los secuestros simples en el departamento del Meta atiende a la ocurrencia, cada vez más frecuente, de los secuestros express, que por lo general están asociados al hurto y a la exigencia de pequeñas cantidades de dinero, puesto que la intención no es retener a la víctima por un largo período de tiempo sino apoderarse de su dinero o propiedades. En el caso de Tolima, los secuestros simples obedecen a una nueva modalidad que consiste en retener al plagiado en las carreteras, que por lo

general es un comerciante o conductor, para robarle la mercancía que transporta, la carga o los vehículos. Las autoridades aún no han podido establecer la autoría de este tipo de secuestro en el departamento. En lo atinente a los responsables -teniendo en cuenta la totalidad de los secuestros- el comportamiento se oriente a la disminución en la mayoría de los casos. Los familiares fueron el grupo responsable, cuya disminución fue más significativa con 84%, al pasar de 57 plagios cometidos en 2004 a 9 en 2005. El ERG redujo el número de personas secuestradas en 63%, puesto que en 2004 8 personas fueron víctimas de este grupo, mientras que en 2005 lo fueron 3; las autodefensas (56%), con 120 personas secuestradas en 2004, mientras que en 2005 plagiaron a 53; la delincuencia común (49%), al pasar de 419 a 215 de un año a otro; las Farc (38%), que plagiaron en 2005 a 197 personas, cuando en 2004 retuvo a 316; el ELN (37%), al pasar de 138 a 87 entre un año y el otro y el EPL (33%), que en 2004 secuestró a 6 personas y a 4en 2005. El único autor que aumentó el número de secuestros perpetrados fue el ERP, que mientras en 2004 no había cometido ningún plagio, en 2005 plagió a 5 personas. Los secuestros perpetrados por la delincuencia común se concentraron en Cundinamarca, Bogotá y Valle con 10% cada uno, mientras que los cometidos por las autodefensas tuvieron como epicentro el departamento del Meta con 21%, Casanare con 13% -donde se concentraron también la mayoría de las acciones armadas perpetradas por este agrupación, siendo los actos de piratería terrestre los más frecuentes- y Cundinamarca con 9%. Así mismo, las Farc tuvieron como principal escenario para la comisión de secuestros el Meta con 16%, Antioquia con 14%20 y Cauca con 12%. Por otra parte, el ELN cometió la mayoría de los secuestros en Valle y Nariño, con 11% respectivamente. Con relación a la situación de la persona plagiada, la mayoría de los secuestrados fueron liberados, concentrando el 54%, ya fuere porque se pagó el rescate o porque fueron víctimas de la modalidad de secuestros express, seguidos por los cautivos y los rescatados que representaron un 18% respectivamente; los liberados por presión de la Fuerza Pública constituyeron el 5%, mientras que los muertos en cautiverio el 3% y los fugados el 1%. El 78% de las víctimas fueron hombres y el 22% restante fueron mujeres. Por último, a pesar de haber disminuido el secuestro de menores en 55% con respecto a 2004 y su proporción en la totalidad de los plagios, la situación de este grupo poblacional es preocupante, puesto que constituyó el 13% de las víctimas en 2005. Según información proporcionada por los Gaula de la Policía, la delincuencia común es el grupo que más niños secuestra, puesto que existe la tendencia a que los padres de los menores 20

En Antioquia y Meta también se concentraron la mayoría de las acciones armadas perpetradas por las Farc en 2005, así como los contactos armados emprendidos por iniciativa de la Fuerza Pública contra este grupo armado ilegal.

cancelen el dinero exigido en un tiempo relativamente corto o hagan todo lo posible por tener sus hijos de vuelta. Así mismo, los niños pocas veces intentan fugarse de sus secuestradores y generalmente se adaptan a las personas adultas que los cuidan. Por lo general, se esconde a la mayoría de menores víctimas de este flagelo en la zona urbana porque esto les permite a los secuestradores acceder mejor a la alimentación, la salud y otras demás condiciones que pueda necesitar un niño. Además, rara vez se necesita de personal armado para cuidarlos. Por último, es importante mencionar las estrategias que el Gobierno nacional ha implementado en materia de lavado de activos, con el fin de generar un impacto en la reducción de los delitos de secuestro y extorsión, teniendo en cuenta que un porcentaje importante de los recursos derivados de ambas actividades ilícitas son legalizados y asimilados por la economía legal21 a través de esta figura. Dentro de las principales estrategias estatales se encuentran la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales apoyadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- para “conocer en detalle los flujos de dinero de las organizaciones criminales y sus estructuras para aplicar la extinción de dominio sobre la totalidad de los recursos utilizados o extraídos de la extorsión y el secuestro”22. En esta medida, el Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro conformó una mesa de trabajo intersectorial conformada por la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional – Diase, la Dirección de Gaula Militares – Digau-, la Subdirección Antisecuestro del DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, apoyados por la Dirección Nacional de Fiscalías, el Cuerpo Técnico de Investigación –CTI-, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, del Ministerio de Defensa Nacional –Fondelibertad-. Actos contra la población civil Los actos de terrorismo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, son aquellos hechos en los cuales son utilizados artefactos explosivos de manera indiscriminada, atacando la vida de los no combatientes y sus bienes, es decir actos contra la población civil. Según esta fuente, en el periodo estudiado, 2002 con 1.645 de estas acciones, es el año más álgido, debido al incremento significativo de las acciones perpetradas por las Farc, 21

El lavado de activos es utilizado para legalizar fondos de procedencia ilícita, recurriendo a distintos sectores de la economía legal tales como el financiero, solidario, inmobiliario, comercial e industrial, entre otros. 22 De acuerdo con información suministrada por Fondelibertad.

al finalizar la Zona de Distensión y los diálogos entre el Gobierno y esta agrupación. A partir de ese año, se inicia un comportamiento descendente en el número de actos de terrorismo, hasta llegar a 611 en el 2005, la cifra más baja en todo el periodo, lo cual está claramente relacionado con la recuperación del control territorial por parte de la Fuerza Pública, en desarrollo del Plan Patriota, estrategia militar que ha permitido asestar golpes contundentes contra los grupos armados ilegales.

ACTOS DE TERRORISMO 2000 - 2005 1.800 1.600

1.645

1.549

1.400

1.257

1.172

1.200 1.000

724

800

611

600 400 200 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Ministerio de Defensa Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República.

Los departamentos más afectados por los actos de terrorismo en 2005 fueron Arauca y Putumayo con 62 acciones en cada uno, registrando una disminución del 26% en el primer caso, con respecto al 2004 y un aumento del 13% en el segundo caso. A Putumayo, le sigue Meta con 54 y Antioquia y Norte de Santander, con 53 actos cada uno. De los 29 departamentos de Policía, donde se registraron actos de terrorismo, en 18 se presentaron disminuciones: Guainía, Cundinamarca, Nariño, Santander, Caquetá, el Distrito Capital, Antioquia, Huila, Cauca, Caldas, Guaviare, Bolívar, Magdalena, Boyacá, Cesar, Meta, Sucre y Valle. Al contrario, se presentaron aumentos en 9 departamentos, especialmente en Urabá, Atlántico, Casanare, Chocó, Quindío, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Putumayo. Este último no sólo fue uno de los más afectados por los actos de terrorismo sino también por los atentados contra la infraestructura petrolera, lo que evidencia la crítica situación del departamento en los últimos meses.

Por último, en La Guajira se mantuvo el mismo nivel del año 2004 con tres actos de terrorismo, mientras que en Córdoba se presentaron tres actos de terrorismo en 2005 cuando no se había presentado ninguno en 2004. COMPARATIVO ACTOS DE TERRORISMO POR DEPARTAMENTO DE POLICÍA 2004 - 2005 Departamento de Policía Putumayo Arauca Meta Norte de Santander Antioquia Valle Huila Caqueta Atlantico Tolima Guaviare Boyaca Quindio Sucre Nariño Cauca Bogota D.C. Casanare Bolivar Santander Caldas Magdalena Choco Uraba Risaralda Cesar Cundinamarca Guajira Córdoba Guainia Amazonas San Andres Vaupes Vichada TOTAL

2004 55 84 61 30 88 41 58 46 9 14 28 22 9 18 33 23 19 4 13 18 12 10 3 1 3 6 12 3 0 1 0 0 0 0 724

2005 62 62 54 53 53 39 35 26 23 20 19 17 16 16 16 15 11 9 9 9 8 7 6 5 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 611

Variación % 13% -26% -11% 77% -40% -5% -40% -43% 156% 43% -32% -23% 78% -11% -52% -35% -42% 125% -31% -50% -33% -30% 100% 400% 67% -17% -58% 0% 100% -100%

Fuente: Ministerio de Defensa Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

-16%

Ataques contra la infraestructura pública La infraestructura pública ha sido tradicionalmente objeto de ataques por parte de los grupos armados irregulares, con el ánimo no sólo de sabotear la economía del país, sino también de afectar directamente a la población civil, por la consiguiente suspensión de los servicios, y tratar de dispersar los esfuerzos de la Fuerza Pública, a veces con el objetivo de cometer acciones de mayor envergadura. Por ello, es importante realizar un análisis de la situación de este sector teniendo en cuenta la infraestructura energética, petrolera, vial, de comunicaciones y los acueductos. Con respecto a la infraestructura energética, estos ataques mostraron una tendencia a la baja desde 2002, año en el que se presentaron 483 atentados contra torres de energía hasta 2004, cuando se registraron 127 ataques. Sin embargo, para 2005 dicha tendencia se revirtió, al producirse un aumento de 78% con respecto al año anterior, aunque sin alcanzar los altos niveles que se habían registrado durante la anterior administración. Entre 2000 y 2005, la empresa más afectada ha sido Interconexión Eléctrica S.A., puesto que en los seis años han sido averiadas o derribadas 1.144 de sus torres, mientras que el resto de empresas (25) concentraron el 40% (757) del total de atentados en todo el periodo. Esto se debe, principalmente a que Isa cuenta con el 84% de las redes de transmisión en todo el país.

ATENTADOS CONTRA LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 2000 - 2005 500

483

450 400

454

350 300

329

250

282

200

226

150 100

127

50 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: ISA- Interconexión Eléctrica S.A. Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

De los 122 ataques perpetrados contra torres de energía perteneciente a Isa que se presentaron en 2005, 43 ocurrieron en Antioquia (Angostura, San Carlos, Guadalupe y San Rafael), 26 en Norte de Santander (Rionegro, Ábrego y Salazar), 14 en Arauca (Arauquita), 9 en Tolima (Coyaima, Ortega y Natagaima), 8 en Valle (Tulúa y Palmira), Cauca (Piendamó y Totoro), y Bolívar (Carmen de Bolívar), respectivamente; 3 en Nariño (El Peñol y Pupiales), 2 en Boyacá (Cubará) y uno en Atlántico (Sabanalarga). A parte de Isa, en 2005 fueron afectadas 14 empresas más -dos menos que en el 2004-, entre las que se encuentran: Epsa (Empresa de Energía del Pacífico), la cual registró 14 atentados en el 2005, mientras que en 2004 había registrado un ataque. A Epsa, le sigue Enelar (Empresa de Energía Eléctrica de Arauca S.A.), la cual registró 13 ataques en el 2005, 3 más que en el 2004, CENS (Centrales Eléctricas del Norte de Santander) con 12 atentados en el 2005, lo que equivale a un aumento de 300% con respecto a 2004. Cedelca (Centrales Eléctricas del Cauca) con 11 ataques, el Ministerio de Minas y Energía con 10, Electrocosta (Electrificadora de la Costa Atlántica) y Cedenar (Centrales Eléctricas de Nariño) con 9 cada uno, EEPPM (Empresas Públicas de Medellín) con 8, Transelca con 7, Bajo Putumayo con 5, Caquetá con 3 y EEB (Empresa de energía de Bogotá), EADE (Empresa Antioqueña de Energía) y Termoflores con 1 cada una. Lo anterior demuestra que las zonas más críticas durante el año 2005 fueron el suroccidente (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), el oriente (Catatumbo y Arauca) y el norte (Montes de María y Oriente Antioqueño). Estos atentados generaron cuantiosos gastos en recuperación y refuerzo de la infraestructura23 para las empresas, así como la suspensión o racionamiento de la energía eléctrica para miles de personas, sin contar las pérdidas en ingresos dejados de percibir debido a los apagones.

Ataques contra infraestructura petrolera De acuerdo con datos suministrados por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en el año 2000 se contabilizaron 215 ataques contra la infraestructura petrolera, cifra que se incrementó en un 21% en el año 2001, al registrarse 261 ataques. En cambio, en 2002 descendió en un 67% con 86 ataques, la cifra más baja dentro del periodo analizado y en 2003, la cifra volvió a incrementarse y alcanzó 184 ataques. En 2004, nuevamente se presenta una disminución hasta alcanzar 98. En 2005, se registra un incremento del 58%, contabilizándose 155 ataques.

23

La recuperación de las torres averiadas durante el 2005, implicaron un costo sólo para Isa de 13.126 millones de pesos.

Ataques contra infraestructura petrolera 2000-2005 300 250 200

261 215

184

150 86

100

155 98

50 0

2000 2001

2002 2003 2004 2005

Fuente: Ecopetrol Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

Durante el periodo 2000-2005, se aprecia una tendencia a la disminución en lo atinente a los ataques contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas, en contraste se percibe un incremento en los actos perpetrados contra los tramos de la Gerencia Sur24 (GSU), situación que se puede explicar en parte, por la creación de una unidad militar especial, cuyo objetivo es brindar seguridad al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por lo anterior, los ataques contra este oleoducto han venido disminuyendo paulatinamente desde el año 2001, cuando registró 170 ataques. En el año 2002, se presentaron 42 ataques, 35 en 2003, 16 en 2004 y 25 en 2005. Por otra parte, la intención de las Farc, al atacar la infraestructura petrolera que se sitúa en los departamentos de Nariño y Putumayo, busca romper la presión ejercida por la Fuerzas Militares en desarrollo de la operación JM y desconcentrar el esfuerzo militar. Al respecto, las cifras muestran como a partir de 2003, año en que se inicia la Operación JM en el suroriente del país, los ataques contra los tramos de la GSU se incrementan en un 300%, pasando de 36 en 2002 a 144 en 2003. En el año 2004, se registró una disminución del 57% correspondiente a 62 ataques y en 2005, el número de ataques se elevó a 75. Con relación a la empresa Petronorte, en 2004 se registraron 2 ataques y en el 2005 la cifra subió a 18, incremento que responde en parte, a que el oleoducto conecta a Tibú en el departamento de Norte de Santander con el caserío de Ayacucho, en el municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, es decir atraviesa la Serranía de los Motilones ubicada en la cordillera Oriental,

24

La Gerencia Sur de Ecopetrol (GSU) agrupa los oleoductos: Transandino (OTA), San Miguel Orito (OSO), Churuyaco Orito (OCHO) y Mansoya Orito (OMO)

zona del país que tiene presencia del frente 33 de las Farc y los frentes Camilo Torres Restrepo y Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, lo que lo hace vulnerable a la acción de estos grupos ilegales, en especial en la parte montañosa. Adicionalmente, el tramo que atraviesa en el departamento del Cesar, se encuentra el área de influencia de las Autodefensas del Sur del Cesar (Ausac), que abarca los municipios de Aguachica, Gamarra, San Martín, San Alberto y La Gloria.

Ataques a Infraestructura Petrolera 2000-2005 200

170 144

150 100

109 97

83

50 0

36

35

1

2000

2001 GSU

2002

75

62

42

2

2003

Caño limón

16

25 2

2004

18

2005

Petronorte

Fuente: Ecopetrol Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DI Vicepresidencia de la República

Finalmente, se aprecia que de los 155 ataques perpetrados contra la infraestructura en 2005, 126 fueron contra oleoductos, mientras que los 29 restantes tuvieron por objetivo baterías, pozos, plantas y tanques, de los cuales se resalta que 14 corresponden a los vehículos de transporte terrestre y fluvial de la empresa Petrotesting Colombia S.A., cuya actividad es el transporte del crudo en el departamento del Putumayo, en particular entre Orito-Puerto Asís. En cuanto a los demás ataques contra la infraestructura tales como las vías, torres de comunicaciones, puentes y acueductos perpetrados durante el periodo analizado, el año que presenta mayores niveles es 2002, cuando se presentaron 422 ataques contra la infraestructura, es decir 248 ataques contra vías, 100 contra puentes, 62 contra torres de comunicaciones y 12 contra acueductos. A partir de ese año, se observa una merma, la cual se mantiene hasta 2005, año en el que se registraron 99 ataques (79 contra vías, 16 contra puentes y 4 contra torres de comunicación), la cifra más baja en todo el periodo.

OTROS ATAQUES CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 2000 - 2005 250 200

248 186 134

150

113

100 100 50

79 39

31 0

0 2000

51

29 6

0

2001

62 19 12 2002

33 3

1 2 7

2003

2004

Ataques contra torres de comunicaciones

Ataques contra puentes

Ataque contra acueductos

Ataques contra vías

Fuente: Ministerio de Defensa Procesado: Observatorio Programa Vicepresidencia de la República

Presidencial

de

Derechos

4

16 0

2005

Humanos

y

DIH

Se debe resaltar que los ataques más recurrentes durante este lapso, a excepción del año 2000, fueron perpetradas contra las vías, los cuales pasaron de 39 en 2000 a 51 en 2001, 248 en el 2002, 113 en 2003, 134 en 2004 y 79 en 2005. Se puede asociar la merma en este tipo de acciones registrada en los últimos tres años a la ejecución de la Estrategia Integral de Seguridad en Carreteras, que ha permitido una mayor vigilancia del Estado sobre las vías. Con respecto a los ataques contra puentes, a pesar de haber presentado una notable disminución entre 2002 y 2004, se registró un incremento de 129% entre 2004 y 2005, puesto que en el primer año se presentaron 7 ataques mientras que en el segundo fueron 16, unas relacionadas con emboscadas a la Fuerza Pública y otras con el propósito de incomunicar poblaciones y sembrar dudas sobre la eficacia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Los ataques contra torres de comunicaciones presentan un comportamiento similar a los ataques contra puentes, registrándose un aumento de 100% en los dos últimos años, al pasar de 2 en 2004 a 4 en 2005. Finalmente, con respecto a ataques contra acueductos, éstos han presentado una comportamiento descendente a partir de 2002, año en el que se registraron 12 acciones, disminuyendo a 3 en 2003, 1 en 2004 y 0 en 2005.

Ataques a Poblaciones De acuerdo con la información cotejada con el Ministerio de Defensa Nacional y el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, se considera ataques a la población, como todo acto cometido por grupos armados al margen de la ley que atente contra la población civil, que no esté dirigido contra un objetivo militar, y durante el cual se emplee medios o métodos de combate, cuyo efecto no sea posible limitar y que cause muertos y heridos entre la población civil, o daños considerables a bienes de carácter civil, o ambas cosas. Para 2005, se registró un aumento de 25% con respecto a 2004, al presentarse 5 casos mientras que en el año anterior se habían presentado cuatro. ATAQUES A POBLACIONES 2003 - 2005

5

5

5

4

4

3 2 1 0 2003

2004

2005

Fuente: Ministerio de Defensa y Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República

En 2004, se registraron tres ataques en el departamento de Nariño, uno el 24 de enero en La Llanada y dos más en Ricaurte y Cumbitara el 8 de septiembre y otro en Uribía (Guajira). En 2005, el departamento más afectado fue Cauca, donde se registraron tres ataques a población, el 14 de abril en Toribío, donde guerrilleros de las Farc y el ELN incursionaron en el pueblo, destruyendo la estación de Policía, 15 viviendas y la sede del Banco Agrario; el 21 del mismo mes, miembros de la Columna Móvil Jacobo Arenas y el frente 6 de las Farc atacaron Jambaló, la estación de Policía y la Iglesia. El 3 de septiembre, en Caldono nuevamente la Columna Móvil Jacobo Arenas y el frente 6 de las Farc atacaron el municipio. Así mismo, se presentó un ataque en abril en Guachaves (Nariño) y otro en octubre en San Miguel (Putumayo).

Desplazamiento forzado Este capítulo se desarrolla con base en la información suministrada por la Red de Solidaridad Social a partir de la inscripción que se realiza en el Registro Único de Población Desplazada, de las declaraciones presentadas por los hogares y personas que buscan que el Estado colombiano les reconozca la condición de desplazados. Con el fin de realizar un seguimiento organizado de la población en situación de desplazamiento, así como de los servicios que ofrece el Estado para atenderlos, la Red de Solidaridad Social cuenta con el Sistema Único de Registro - Sur, una herramienta técnica que permite identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características, así como mantener actualizada la información acerca del potencial de población a ser atendida y de la población beneficiada por los servicios del Estado.

Número de Personas Desplazadas (2000-2005) 450000

424153

400000 350000 300000

374919 331247

250000

220189

200000

162109

150000

141266

100000 50000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la República.

De acuerdo con los datos del Sur, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005, se evidencia una significativa disminución en las cifras de desplazamiento forzado en el país. No obstante, en esta trayectoria es posible diferenciar dos fases en el comportamiento de la curva de personas desplazadas por la violencia. En una primera fase, comprendida entre los años 2000 y 2002, se evidencia un crecimiento sostenido de los registros del Sur, que llega a su máximo nivel en 2002, al registrarse 424.153 personas desplazadas en Colombia. A partir del año 2003 y hasta 2005, se inicia la segunda fase, que se destaca por un pronunciado descenso en las cifras de desplazamiento, pasando de 220.189 personas desplazadas en

2003, a 162.109 en 2004 y finalizando con 141.266 personas desplazadas en 2005. De esta manera, al realizar una comparación entre las cifras al comienzo (año 2000) y al final (año 2005) del periodo analizado, se encuentra una significativa disminución del 57% en el número de personas desplazadas en el país. Al comparar el año 2005 con el año inmediatamente anterior, las cifras del Sur demuestran una disminución importante en el número de personas desplazadas en 2005, de 13% respecto de las registradas en 2004, al pasar de 162.109 víctimas de este fenómeno en el primer año a 141.266 en el segundo. Esta disminución responde tanto a una reducción del 15% en las cifras de desplazamiento masivo entre un año y el siguiente, como a una disminución del 12% en el desplazamiento individual. De otro lado, con el propósito de analizar geográficamente la dinámica del desplazamiento forzado y realizar una comparación de su comportamiento en los dos últimos años, es necesario tener en cuenta cuáles fueron los principales departamentos y municipios expulsores (desde los que se produce el desplazamiento) y cuáles los receptores (hacia donde se dirigen las personas desplazadas). En 2005, según los datos del Sur, se presentó una disminución en el número de personas expulsadas en 23 de los 32 departamentos del país, mientras que el número de personas recibidas se redujo en 27 de los mismos, respecto de lo registrado en 2004. En este sentido, los cinco departamentos que mostraron las mayores reducciones en el número de personas expulsadas fueron Casanare, con una disminución del 60%, al pasar de 3.251 personas expulsadas en 2004 a 1.314 en 2005; Vaupés (59%), pasando de 636 víctimas de este fenómeno en 2004 a 260 en el siguiente año; Guajira (49%) al disminuirse el número de víctimas de 6.872 en 2004 a 3.508 en 2005; Guainía (47%), al registrar 273 personas expulsadas en 2004, a 144 que salieron forzadamente del departamento en 2005 y por último, Vichada (46%), al pasar de 556 a 300 afectados de un año a otro. Otros departamentos que presentaron reducciones significativas en materia de desplazamiento forzado fueron Magdalena (40%), Cundinamarca (36%), Amazonas (34%) y Risaralda (34%). En cuanto a los cinco departamentos que presentaron las mayores disminuciones en el número de personas recibidas, se encuentran San Andrés con una disminución del 100% al pasar de 8 a 0; Casanare (71%), al pasar de 2.234 personas recibidas en 2004 a 656 en 2005; Vaupés (67%), pasando de 579 personas recibidas en 2004 a 191 en el siguiente año; Guainía (57%), al registrarse 420 personas recibidas en 2004, mientras que en 2005 se presentaron 180; Vichada (56%), al pasar de 282 a 123 afectados entre un año y el siguiente y Guajira (55%) al disminuirse el número de personas que arribaron al departamento de 6.801 en 2004 a 3.053 en 2005. Otros departamentos en los que hubo importantes

disminuciones en la recepción de personas desplazadas por la violencia, respecto de lo registrado en 2004, fueron Magdalena (47%), Tolima (45%), Caquetá (36%), Meta (35%) Cesar (49%), Risaralda (33%) y Boyacá (32%). Por otra parte, el panorama para el año 2005 muestra que los cinco departamentos que presentaron las cifras absolutas más altas de personas que huyeron de sus poblaciones a causa de amenazas o acciones armadas perpetradas por los grupos armados ilegales, fueron Antioquia, de donde salieron 14.731 personas; Cauca, con 11.021 personas expulsadas; Bolívar, de donde salieron 9.563 personas en el año; Cesar, con 8.583 personas expulsadas y Chocó con 8.552. En contraste, los cinco departamentos que recibieron el mayor número de personas durante 2005 fueron Bogotá, a donde llegaron 14.484 personas desplazadas por la violencia; Antioquia, que recibió a 12.506 personas desplazadas durante el año; Cauca con 9.729; Bolívar, que recibió a 7.206 y Caldas, a donde arribaron 7.184 personas. Como se puede deducir del diagnóstico presentado, en 2005 se registraron importantes disminuciones en materia de desplazamiento forzado en el país, que obedecen en buena medida a los esfuerzos del Gobierno nacional por reducir el impacto de las acciones armadas de los grupos al margen de la ley sobre la población civil, así como a la importante movilización de recursos humanos y económicos orientados a evitar la expansión de este fenómeno en el país. Sin embargo, es importante destacar que en algunos departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar y Cesar, aunque se presentaron disminuciones importantes en el número de personas desplazadas (tanto expulsadas como recibidas), la situación sigue siendo de mucha preocupación. Así mismo, se debe prestar especial atención a los departamentos de Cauca, Caldas, Córdoba, Nariño y a la capital del país, donde se presentaron aumentos significativos en las cifras de desplazamiento forzado durante el año. En este sentido, se encontró que de Cauca fueron expulsadas a causa de la violencia 11.021 personas en 2005 (160% más que en el año anterior, cuando salieron 4.232) y fueron recibidas 9.729 personas víctimas del desplazamiento (216% más que en 2004 cuando arribaron al departamento 3.080); en Caldas, se presentó un aumento de 71% en el número de personas que salieron del departamento en 2005 (8.258) respecto de lo registrado el año anterior (4.839), así mismo, el departamento recibió 113% más personas desplazadas en 2005 (7.184) que en 2004 (3.365); Córdoba, por su parte, tuvo un aumento de 40% en el número de personas expulsadas, pasando de 2.660 en 2004 a 3.722 en 2005. Así mismo, las personas que llegaron como desplazadas al departamento fueron 32% más en 2005 (4.012) que en el año anterior (3.034). En Sucre, el número de personas expulsadas ascendió en un 21% (de 4.092 en 2004 a 4.969 en 2005) y el número de personas recibidas aumentó en 26% (de 5.084 en

2004 a 6.400 en 2005). En Nariño, el número de personas expulsadas aumentó en un 13% (de 4.855 en 2004 a 5.467 en 2005). Sin embargo, la cifra de personas recibidas disminuyó en 14%, pasando de 6.037 en 2004 a 5.205 en el año siguiente. Finalmente, en Bogotá, se presentó un aumento de 88% en el número de personas expulsadas, pasando de 138 en 2004 a 260 en 2005. Respecto de este panorama, es importante recordar que durante el año 2005 el departamento de Cauca fue objeto de constantes ataques y actos de terrorismo perpetrados por los grupos armados al margen de la ley, particularmente las Farc, grupo al que se le atribuyó 46 actos de terrorismo - la mayoría de ellos en la parte nororiental del departamento -, 5 ataques a las poblaciones en Caldono, Jambaló y Toribío; 28 ataques a instalaciones de la Fuerza Pública y 32 hostigamientos, entre otras acciones armadas perpetradas en el departamento durante el año. Los reiterados ataques de las Farc en 2005 en el departamento del Cauca hacen parte de su estrategia de consolidar su presencia en esta zona, considerada como estratégica para contrarrestar los efectos de la operación JM y asegurar sus corredores de movilidad en el suroccidente del país. Así mismo, el Macizo Colombiano se constituye en una conexión geográfica entre el bloque Sur y frentes ubicados en la parte occidental y oriental del país. No hay que olvidar que la estrategia de las Farc por mantener su dominio sobre el Macizo atiende también a las ventajas que ofrece esta región del país para la comercialización y transporte de víveres, armamento y estupefacientes puesto que en este lugar se cruzan las cordilleras Central y Occidental y nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. Nariño fue otro de los departamentos más afectados por el accionar de los grupos armados ilegales durante 2005, lo que se tradujo en altos índices de desplazamiento tanto individual como masivo, al registrarse 43 actos de terrorismo, 42 ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, 21 hostigamientos y 19 emboscadas. Los ataques en Nariño en 2005 tuvieron el mismo propósito que los producidos en Putumayo que buscan principalmente desconcentrar el poder de fuego del Ejército en estos departamentos, consolidar su presencia, mantener la movilidad y asegurar los canales de suministro y abastecimiento. Así mismo, los ataques en Nariño como en Putumayo se produjeron en los puntos donde se percibía cierta debilidad y vulnerabilidad de las unidades del Ejército con el fin de poner en duda la eficacia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Con relación al departamento de Caldas, en el mes de abril y noviembre del año 2005, se produjeron dos desplazamientos masivos que elevaron significativamente el número de personas desplazadas, ubicando a este departamento dentro de los más afectados por este fenómeno en el año analizado. Ambos desplazamientos masivos se produjeron a raíz de los enfrentamientos entre autodefensas y guerrilla, después de que la guerrilla acusara a las autodefensas de propiciar una campaña política en los

municipios del oriente del departamento, entre ellos Samaná, uno de los cuales tuvo lugar en el corregimiento de Encima, desde donde se desplazaron 2.287 personas al casco urbano de Samaná en el mes de noviembre. En el nivel municipal, es importante destacar que tres de los cinco municipios que registraron los mayores incrementos en cuanto a población expulsada en 2005 respecto del año anterior pertenecen al departamento del Chocó, y el municipio que presentó el mayor aumento en este sentido, pertenece al departamento del Cauca. Estos municipios fueron Toribío (Cauca) de donde salieron 7.689 personas en 2005, cuando en el año anterior fueron expulsadas 77; Medio Atrato (Chocó) con 2.104 personas expulsadas en 2005 cuando salieron 95 durante el año anterior; Mapiripana (Guainía) de donde salieron 20 personas en 2005, comparado con una persona en 2004; Bajo Baudó (Chocó), de donde huyeron 1.050 personas por causa de la violencia en 2005, a diferencia de 54 que lo habían hecho durante el año anterior; Capitanejo (Santander) donde se registró la salida de 14 personas en 2005, frente a una que abandonó este municipio durante el año anterior y Río Quito (Chocó), donde el desplazamiento aumentó de 3 personas expulsadas durante 2004 a 34 en 2005. El caso del municipio de Bojayá (Chocó) debe ser tenido en cuenta, puesto que si bien el desplazamiento se redujo en un 53% respecto del año anterior cuando se desplazaron 6.479 personas, en 2005 salieron de forma forzada 3.054, cifra que sigue siendo muy elevada. De igual forma ocurre con Samaná (Caldas), donde el desplazamiento aumentó en 261%, al pasar de 1.916 a 6.916 de un año a otro, a raíz de los enfrentamientos entre grupos de autodefensas y guerrillas de la zona, como se mencionó anteriormente. Por el contrario, algunos municipios registraron importantes disminuciones tales como El Dorado (Meta), donde el desplazamiento se redujo en 98% al pasar de 245 personas en 2004 a 4 en 2005; Magui Payan (Nariño), que registró una disminución de 95%, puesto que en 2004 fueron expulsadas 441 personas frente a 21 en 2005; San Juan del Cesar (Guajira), de donde huyeron 4.525 personas en 2004 frente a 371 que lo hicieron en 2005, lo que equivale a una reducción de 92% y Mani (Casanare), de donde salieron 994 personas en 2004 mientras en 2005 lo hicieron 87, para una reducción de 91%. Por otra parte, en cuanto a los procesos de retorno de personas desplazadas a sus lugares de origen, la Red de Solidaridad Social cuenta con un programa de apoyo que opera bajo esquemas de concertación y coordinación entre las autoridades territoriales, las instituciones oficiales locales y regionales, los organismos de cooperación internacional y nacional y la misma comunidad. El proceso incluye un análisis de las condiciones de viabilidad para el retorno en cuanto a seguridad, voluntariedad y sostenibilidad. Las familias

que participan del programa han sido desplazadas por la violencia y por actos o amenazas terroristas, por lo que no se incluyen familias que se desplazan por motivos económicos. Según la Consejería para la Acción Social, gracias a los programas de apoyo y acompañamiento liderados por la Red de Solidaridad Social durante el año 2005, retornaron 8.405 hogares que corresponden a 35.317 personas. De los anteriores, 7.786 hogares retornaron masivamente (33.701 personas) y de manera individual, volvieron a sus lugares de origen 619 familias (1.616 personas, la cifra la más significativa del cuatrienio. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2005, volvieron a sus lugares de origen o fueron reubicadas 25.032 familias. Así mismo, en 2005 los departamentos que registraron el mayor número de procesos de retorno fueron Antioquia con trece (concentrados principalmente en los municipios del Oriente); Chocó con nueve eventos (especialmente en el Medio Atrato); Bolívar y Nariño con cuatro respectivamente y Meta, Cesar y Córdoba con tres eventos cada uno. Los resultados obtenidos hasta el momento representan un avance del 83% en el cumplimiento de la meta propuesta por el Gobierno nacional de auspiciar el retorno de 30.000 familias desplazadas durante el cuatrienio 2002-2006. Minas antipersonal y explosivos abandonados no detonados Colombia continúa bajo la amenaza de las minas antipersonal (Map) y las municiones abandonadas sin explotar (Mase o Uxo), como consecuencia de la permanencia de la confrontación armada y del uso recurrente por parte de grupos armados irregulares de estos artefactos en la conducción de las hostilidades. De esta manera, según información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y 2005, se han presentado 4.193 accidentes25 y 1.991 incidentes26, registrándose el mayor número de eventos en el año 2004. Pese a que la totalidad de los departamentos entre 2000 y 2005 han sido afectados por estos artefactos explosivos, más de la mitad de los eventos se concentró en cinco departamentos (54%), en coincidencia con la ubicación geográfica de la confrontación armada: Antioquia con el 24% de los eventos (en el 71% de sus municipios), Meta con el 10% (83% de sus municipios); Caquetá con el 9% (en la totalidad de sus municipios), Cundinamarca (51% de sus municipios) y Arauca, en la totalidad de sus municipios, 25

Por accidente se entiende “un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas” (Ley 759/02, Artículo 1). 26 Por incidente, “un acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente” (Ley 759/02, artículo 1).

demostrando una delicada situación a nivel departamental, al igual que en el Caquetá. Durante este mismo periodo de estudio, 71 municipios del país han presentado eventos por Map y Mase, siendo los municipios más afectados San Francisco en el departamento de Antioquia, San Vicente del Caguán en Caquetá, El Carmen de Bolívar en Bolívar, Tame en Arauca y Vistahermosa en Meta.

EVENTOS POR MAP Y MASE 2000 2005 1500

1339

1000 500 0

950

957 150 75

2000

609 339

188 155

2001

2002

Accidente

516

434

2003

2004

472

2005

Incidentes

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

En el año 2000, se presentaron 225 eventos (33% accidentes y 67% incidentes); en 2001, con la puesta en marcha del sistema de información IMSMA27, que sistematizó y amplió la recolección de registros, se presentó un incremento de 52%, con 343 eventos (45% accidentes y 55% incidentes); en 2002, los registros se incrementaron en 176%, representando el incremento más alto registrado durante el período, llegando a 948 eventos (36% accidentes y 64% incidentes). En 2003, con la intensificación de la confrontación, continuó el aumento en un 47%, con 1.391 eventos (31% accidentes y 69% incidentes). En 2004, los registros aumentaron en un 33%, ubicándose en 1.855 eventos (28% accidentes y 72% incidentes) y en 2005, se presentaron 1.422 eventos (33% accidentes y 67% incidentes), equivalente a una disminución de 23% en relación con el año anterior. Con respecto a las iniciativas emprendidas para contrarrestar los efectos de las Map y Mase, los registros de incidentes demuestran que a partir de 2002 aumentaron sustancialmente, constituyendo el 68% del total de los eventos que se presentaron entre 2000 y 2005, demostrando una acción decidida del Gobierno contra las Map. De los incidentes que se presentaron en este 27

El Sistema de Gestión de Información – IMSMA- creado en 2001 es sistematizar la información necesaria para la georreferenciación de campos de registro de accidentes e incidentes por minas antipersonal y Explosivos Detonados (Uxo o Muse), y procesar las estadísticas a nivel nacional, municipal desde 1990 hasta la fecha.

el encargado de minados y zonas Abandonados No departamental y

periodo, el 63% equivale a casos de desminado militar, principalmente a partir de 2002 en el departamento de Antioquia, Meta y Caquetá. El 30% fueron registros por incautación de minas antipersonal, el 6% por sospecha de campo minado y el 1% restante de los eventos fue por producción de minas antipersonal, hallazgo de Mase y desplazamiento forzado por la presencia de estos artefactos. En comparación con 2004, en 2005 se registró una merma de 29% en el número de incidentes. A nivel departamental, Antioquia a pesar de registrar una disminución de 44% en 2005, se mantuvo con el mayor número de incidentes a nivel nacional. De igual forma, se presentaron importantes incrementos en el número de incidentes en los departamentos de Meta (46%, 107 en 2004 y 156 en 2005), Risaralda (600%, 1 en 2004 y 7 en 2005) y Caldas (123%, 13 en 2004 y 29 en 2005). Adicionalmente, durante este último año se presentó un primer evento en el departamento de Guainía, donde anteriormente no se habían registrado incidentes, poniendo en evidencia el comienzo del uso de estos artefactos en esta parte del país. INCIDENTES POR MAP Y MASE 2004 Y 2005 DEPARTAMENTO 2004 2005 Variación ANTIOQUIA META CAQUETA BOLIVAR CAUCA ARAUCA CUNDINAMARCA GUAVIARE NORTE DE SANTANDER SANTANDER NARIÑO PUTUMAYO BOYACA TOLIMA CASANARE HUILA CALDAS VAUPES SUCRE VALLE DEL CAUCA MAGDALENA CESAR LA GUAJIRA CHOCO RISARALDA BOGOTA DC VICHADA CORDOBA QUINDIO AMAZONAS GUAINIA ATLANTICO Total general

309 107 136 76 78 74 85 57 45 45 36 47 42 22 27 22 13 22 20 13 19 14 11 5 1 6 4 1 1

173 156 84 82 60 34 21 35 34 32 38 22 19 30 18 20 29 11 7 12 5 7 4 4 7 1 1 2 1 1

1 1339

950

-44% 46% -38% 8% -23% -54% -75% -39% -24% -29% 6% -53% -55% 36% -33% -9% 123% -50% -65% -8% -74% -50% -64% -20% 600% -83% -75% 100% -100% 100% 100% -100% -29%

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Acerca de los accidentes, el 95% de los registros entre 2000 y 2005, responden a la acción de minas antipersonal y el porcentaje restante al de municiones abandonadas sin detonar. Durante este periodo, el punto más alto se presentó en 2004, con 516 accidentes. Estos accidentes arrojaron un total de 3.673 víctimas, de las cuales el 76% fueron heridos y 24% muertos. Las víctimas fueron mayoritariamente miembros de la Fuerza Pública (64%), le siguen civiles (35%) y miembros de grupos armados ilegales y desconocidos (1%). Geográficamente, durante este periodo, más de la mitad de las víctimas (52%) se localizaron en los departamentos de Antioquia (27%), Meta (9%), Caquetá (8%) y Norte de Santander (7%), los tres primeros en coincidencia con la ubicación de los incidentes. Los accidentes disminuyeron en un 9% entre los dos últimos años, pasando de 516 en 2004 a 472 en 2005, sin embargo el número de víctimas presentó un aumento de 16% (en 2004, 668 heridos y 206 muertos y en 2005, 738 heridos y 280 muertos). De la misma manera, durante el año 2005, tanto el número de víctimas militares como civiles se incrementaron en un 22% y 6% respectivamente. Víctimas por Map y Mase por condición 2004 y 2005 ESTADO VÍCTIMA Herido

Total herido Muerto

Total muerto Total general

CONDICIÓN Actor Armado Ilegal Civil Desconocido Militar Actor Armado Ilegal Civil Desconocido Militar

2004 1 192 2 473 668 8 58 140 206 874

2005

Variación

198 2 538 738 3 68 2 207 280 1018

-100% 3% 0% 14% 10% -63% 17% 100% 48% 36% 16%

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Tal como sucede con la ubicación geográfica de los incidentes, los accidentes y por tanto las víctimas, se concentraron mayoritariamente en Antioquia, pese a que sus registros disminuyeron de 304 víctimas en 2004 a 233 en 2005. Por su parte, la contraofensiva de las Farc en el departamento del Meta, ubicó al departamento en el segundo lugar de registros por encima de Caquetá (que ocupó este lugar en 2004), al pasar de 92 víctimas en 2004 a 145 en 2005.

ACCIDENTES POR MAP Y MASE 2004 Y 2005 DEPARTAMENTO 2004 2005 Variación ANTIOQUIA META CAQUETA BOLIVAR CAUCA ARAUCA CUNDINAMARCA GUAVIARE NORTE DE SANTANDER SANTANDER NARIÑO PUTUMAYO BOYACA TOLIMA CASANARE HUILA CALDAS VAUPES SUCRE VALLE DEL CAUCA CESAR LA GUAJIRA CHOCO RISARALDA BOGOTA DC CORDOBA GUAINIA Total general

176 64 62 27 25 30 4 10 22 3 1 13 3 13 1 4 22 9 6 6 5

136 61 24 28 30 34 6 35 1 24 10 2 16 4 8 17 3 1 3 7 3 6 1 2 10

1

8 1 516

472

-23% -5% -61% 4% 20% 13% -100% -40% 59% -67% 2300% -23% -33% 23% 300% 100% -23% -67% -83% -50% 40% 100% 500% 100% 100% 25% -100% -9%

Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

Resultados operacionales de la Fuerza Pública Contra los grupos de autodefensa

ACCIONES CONTRA LAS AUTODEFENSAS Muertos en Combate 2000 - 2005

ACCIONES CONTRA LAS AUTODEFENSAS

Capturas 2000 - 2005

600

5.000

500

558

4.000

400

346

300

322

200 100 0

4.836

3.000

92 2000

117 2001

2003

2004

2005

2.967

2.000

1.089

1.000

187 2002

3.166

0

1.356

327 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Ministerio de Defensa Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

En el periodo estudiado se presentó una tendencia al alza entre 2000 y 2004 en el número de integrantes de las autodefensas ilegales muertos en combate al pasar de 92 en 2000 a 558 en 2004, fruto de la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, y de un mayor accionar de la Fuerza Pública con respecto de estos grupos; sin embargo para el 2005 se registro un descenso de 42% con respecto al año anterior. El mismo comportamiento se evidencia con respecto a las capturas, las cuales aumentaron sosteniblemente a partir de 2000, alcanzando su punto más alto en 2004 con 4.836 capturas y disminuyendo para 2005 en un 39%. La disminución en 2005 tanto de capturas como de muertos en combate puede estar relacionado con el alto número de desmovilizaciones tanto individuales (1.105), como colectivas (10.419), fruto de los diálogos y negociación entre estos grupos y el Gobierno nacional. Contra la subversión ACCIONES CONTRA LA SUBVERSIÓN Muertos en Com bate 2000 - 2005

ACCIONES CONTRA LA SUBVERSION Capturas 2000 - 2005

2.000

7.000

1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400

1.919 1.962

1.870

1.690

6.967

6.000

6.266

5.000

5.126

4.000 970

2001

2002

3.000

1.029

2.000 1.000

200 0 2000

3.553

3.763

2001

2002

2003

2004

2005

1.776

0 2000

2003

2004

2005

Fuente: Ministerio de Defensa Procesado: Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República

Con respecto a las acciones en contra de la subversión, se registró una tendencia al alza entre 2000 y 2004, en el número de muertos en combate, sin embargo registró una leve disminución de 5% para 2005. Por el contrario, el número de capturas empezó a disminuir a partir de 2003, año en el cual registró su punto más alto con 6.967 capturas hasta llegar a 5.126 en 2005.

Desmovilizaciones El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa Nacional, reporta un total de 9.490 desmovilizaciones individuales28 para los años comprendidos entre 2002 y 2005. De éstos el 51% (4.834) corresponden a personas desmovilizadas de las Farc, el 32% (3.068) de grupos de autodefensas, el 14% (1.316) del ELN y el 3% (268) correspondió a desmovilizaciones de disidencias. Al comparar el número de desmovilizaciones individuales por año se aprecia que en el año 2002 se registraron 1.412 desmovilizaciones, para 2003 se registraron 2.538, lo que representa un aumento del 80% en comparación con el año anterior. En el año 2004, se presentaron 2.972 desmovilizaciones en el año 2005, se desmovilizaron voluntariamente 2.568 personas, manteniendo una tendencia estable en las desmovilizaciones en comparación con el año 2004. En general, los 9.490 desmovilizados de grupos de autodefensas y subversión que entregaron sus armas en este periodo, son el resultado de la efectividad de las operaciones militares desarrolladas en su contra y a los beneficios integrales recibidos del Programa de Reincorporación a la Vida Civil.

Desmovilizaciones voluntarias de grupos al margen de la ley. 2002 a 2005 2000 1800

1844

1703

1600 1400 1200

1412

1269

1000 800

1463 1105

694

600 400 200 0

2002

2003

Subversión

2004

2005

Autodefensas

Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 28

Aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República. Decreto 128 de 2003.

Al observar las desmovilizaciones acaecidas durante 2005, el grupo irregular con mayor número de desmovilizados fue las Farc con 1.136 personas (44%) y le siguen grupos de autodefensa con 1.105 (43%), mostrando ambos una disminución del 13% en comparación con el año anterior. Por otro lado, en cuanto al ELN se presentaron 293 desmovilizaciones (11%), disminuyendo en un 12% en comparación con el año anterior y finalmente los desmovilizados de las disidencias fueron 33 (1%), disminuyendo en un 57% en proporción al número de desmovilizados del año 2004. En cuanto al análisis por departamento y por grupo irregular, de enero a diciembre de 2005, se evidencia que las Farc con 238 personas (21%) se desmovilizaron mayoritariamente en el departamento del Caquetá, le sigue Antioquia con 142 (13%), en Bogotá abandonaron las armas 84 personas (7%), en el departamento del Meta se desmovilizaron 73 (6%) y finalmente en Tolima, se presentaron 72 desmovilizaciones (6%). En estos cinco departamentos, se desmovilizó el 54% del total de personas desmovilizadas de las Farc para el año 2005. En lo que se refiere a los grupos de autodefensas, se desmovilizaron 143 personas (13%) en el departamento de Casanare, 133 (12%) en Antioquia, así mismo en Bogotá 126 (11%), en el Meta 96 (9%) personas y finalmente en el departamento de Santander abandonaron las armas 93 (8%) personas; en estos cinco departamentos se desmovilizaron el 53% del total de las desmovilizaciones pertenecientes a grupos de autodefensa. Adicionalmente, 86 personas del ELN se desmovilizaron en Antioquia (29%), en Santander se presentaron 30 (10%) desmovilizaciones individuales, en Arauca 25 (9%) y en Cesar se registraron 20 (7%), lo que equivale al 55% de las desmovilizaciones de esta agrupación. El departamento con mayor número de desmovilizaciones individuales en el 2005 fue Antioquia con 364 desmovilizaciones, sin embargo registra una variación de menos 11% en comparación con 2004, cuando se presentaron 411 desmovilizaciones. A Antioquia le sigue Caquetá, con 264 desmovilizaciones, presentándose un aumento del 43%. El tercer puesto lo ocupa Bogotá, con 224 desmovilizados, ciudad que vio el número de desmovilizados incrementarse en un 63%. Así mismo, se registra un aumento considerable en las desmovilizaciones individuales en los departamentos de Vichada, con un aumento del 64%, Arauca con un 13%, y de Norte de Santander con 22%. En los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, se registró en su conjunto un aumento de 15% en las desmovilizaciones voluntarias en el año 2005, lo que se puede atribuir en gran medida a las acciones militares derivadas de la operación JM liderada por la Fuerza de Tarea Omega en esta región, por lo que se puede considerar estas desmovilizaciones como un

impacto de estas operaciones en las desmovilizaciones voluntarias de los grupos irregulares de las Farc y autodefensas que operan en la región. En total, las desmovilizaciones acaecidas en estos tres departamentos representan el 20% de las desmovilizaciones registradas en el año 2005. En cambio, departamentos como Cundinamarca registró una disminución de 66% en relación con el año anterior, Magdalena presentó un descenso de 59%, Casanare registró una disminución de 58% y Boyacá presentó un descenso de 57% en relación con el año anterior. De los 2.568 desmovilizados en el año 2005, 2.218 (86%) fueron mayores de edad y el 14% (863) restante fueron menores de edad. Así mismo, el 13% (321) fueron mujeres y el 87% (2.247) fueron hombres. Al observar el tiempo de permanencia en el grupo irregular, se destaca que el 18% (461) de los desmovilizados permaneció en el grupo menos de un año, el 48% (1.228) entre uno y tres años en el grupo irregular y el 34% (862) restante más de tres años. Por otro lado, como fruto del acuerdo de Santa Fe de Ralito por la Paz de Colombia, firmado entre el Gobierno y las autodefensas el 25 de julio de 2003 y ratificado el 7 de octubre de 2004, se han presentado 14.079 desmovilizaciones colectivas de grupos de autodefensas en el periodo que se extiende entre 2003 y 2005. En este marco, en el año 2005, se desmovilizaron 10.419 miembros de grupos de autodefensa, siendo éste el año con mayor registro de desmovilizaciones colectivas. En total para este año, se han desmovilizado 16 bloques de las autodefensas que operaban principalmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre, Nariño, Meta, Vichada, Chocó, Casanare, Tolima, Risaralda y Arauca. Se han entregado 4.976 armas largas, 1.088 armas cortas, 412 armas de acompañamiento, así mismo, 3.626 granadas, 869.856 municiones, de igual manera material de intendencia, de comunicaciones y accesorios. En conclusión, si se suman los 14.079 desmovilizados productos de diálogos entre el Gobierno y las autodefensas en el periodo comprendido entre 2003 y 2005 y los 3.068 desmovilizaciones individuales de grupos de autodefensas para el mismo periodo, han dejado sus armas 17.147 personas pertenecientes a grupos de autodefensa. A lo anterior, se añaden las 5.010 personas que abandonaron de manera individual las filas de la subversión durante los tres años considerados. En total, fueron 22.157 combatientes de estos grupos que fueron reincorporados a la vida civil y tienen ahora una opción de vida digna.

Desmovilizaciones colectivas de grupos de autodefensas. 2003 a 2005 12000

10419

10000 8000 6000 4000 2000

2624 1036

0 2003

2004

2005

Desmovilizados Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.

CIFRAS DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA Comparativo 2000 - 2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Homicidios Víctimas de masacres Casos de masacres Homicidios de Indígenas Homicidios sindicalistas Homicidios de Maestros Sindicalizados Homicidios de Maestros No Sindicalizados Homicidios de Alcaldes y exalcaldes Homicidios de Concejales Homicidios de Periodistas Secuestro Actos de Terrorismo Ataques contra torres de energía

26.540

27.841

28.837

23.523

504 94 163 47

20.210 263 46 85 42

18.111

69

82

97

54

47

27

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

20

16

19 17 N.D. 3.588 1.549

7 10 9 2.921 1.172

12 80 11 2.885 1.645

9 75 7 2.122 1.257

15 18 3 1.440 724

7 26 2 800 611

454

282

483

329

127

226

Ataques contra oleoductos Ataques contra torres de comunicaciones Ataques contra puentes Ataques a acueductos Ataques contra vías Ataques a poblaciones Desplazamiento Forzado Eventos por MAP y MASE Heridos por MAP y MASE Muertos por MAP y MASE

215

261

86

184

98

155

186 31 0 39 85 331.247 225 103 32

6 29 0 51 29 374.919 343 238 53

62 100 12 248 32 424.153 948 487 142

19 33 3 113 5 220.189 1.391 556 170

2 7 1 134 4 162.109 1.855 668 206

4 16 0 79 5 141.266 1.422 738 280

92

117

187

346

558

322

327

1.089

1.356

3.166

4.836

2.967

970

1.029

1.690

1.919

1.962

1.870

1.776

3.553

3.763

6.967

6.266

5.126

694

1.269

1.105

1.844

1.703

1.463

1.036

2.624

10.419

Miembros de grupos de autodefensa muertos en combate por la Fuerza Pública Miembros de grupos de autodefensa capturados Subversivos muertos en combate Subversivos capturados por la Fuerza Pública

Miembros de los grupos de autodefensas desmovilizados

Miembros de la subversión desmovilizados

Desmovilizaciones Colectivas

1.403 236 142 86

1.044 186 181 123

680 115 196 99

1.412

252 48 49 14