Subcontratación en Chile y Argentina tras las reformas neoliberales

Subcontratación en Chile y Argentina tras las reformas neoliberales. Trinidad Vega G. Estudiante de sociología de la Universidad de Chile Correo de co

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Subcontratación en Chile y Argentina tras las reformas neoliberales. Trinidad Vega G. Estudiante de sociología de la Universidad de Chile Correo de contacto: [email protected]

Resumen: El trabajo desarrollado analiza comparativamente la situación de la subcontratación en los países de Chile y Argentina, desde las reformas neoliberales en adelante. Específicamente, aborda el peso y características del fenómeno mencionado en la estructura socio ocupacional, por un lado, y el desarrollo de la organización y acción colectiva de movimientos de trabajadores subcontratados, por otro. El énfasis está en dar cuenta de la particularidad que adopta la subcontratación en cada país, en relación a la profundización del neoliberalismo, y con ello de las estrategias de flexibilización del mercado y de las relaciones laborales. Palabras Clave: Subcontratación, América Latina, Organización colectiva no tradicional.

Estructura

socio

ocupacional,

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I. Introducción y formulación del problema Con la implementación del neoliberalismo en América Latina -en las décadas de los ’80 y ’90 dependiendo de la realidad de los distintos países-, surge un interés por estudiar las transformaciones que éste ha generado en el ámbito del trabajo. En este contexto, uno de los fenómenos que ha llamado la atención es la subcontratación. La particularidad del trabajo en régimen de subcontrato radica en la incorporación de un nuevo actor en la histórica relación entre trabajadores, empleadores y estado regulador, que es la empresa contratista. Se genera así una relación trilateral en la que el actor se sitúa en una doble sujeción: se subordina contractualmente a la empresa a la que pertenece, por un lado, y se subordina organizativamente a la empresa para la que realiza las funciones, por otro (Palomino, 2004). Esto genera consecuencias profundas a nivel no sólo de la identidad y sentido de pertenencia de los trabajadores y a su relación respecto de los trabajadores no subcontratados, sino también a nivel de las posibilidades de acción colectiva entre los trabajadores “internos” y los “externos”. Por esta razón, entre otras, es que el fenómeno de la subcontratación resulta relevante de estudiar desde la sociología, ya que trae implicancias sociales, políticas y culturales que desbordan la esfera de la producción. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que es necesario incorporar en el análisis y comprensión del fenómeno de la subcontratación, dentro de las cuales está por un lado la dificultad de aprehender un fenómeno que se manifiesta en múltiples y variadas formas, y por otro lado la forma concreta en toma este fenómeno según el contexto. Así, en cuanto a la multiplicidad de formas que adopta, se observa por un lado la subcontratación de servicios versus el suministro de trabajadores, así como también está la subcontratación de servicios calificados que implican alta especialización versus la subcontratación que tiene como fundamento la reducción de costos, que se traduce en precarización laboral para los trabajadores. En este último tipo, caben servicios como limpieza, mantenimiento, construcción, seguridad, y call centers -que según Battistini (2010) son algunas de las principales actividades subcontratadas en Argentina-, así como también actividades de servicios sociales y de salud, construcción, industrias manufactureras y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales -que según la Encuesta Laboral del año 2011 (Dirección del Trabajo, 2012) son algunas de las principales actividades subcontratadas en Chile.

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Por otro lado, está la necesidad de incorporar en el análisis la distinción sobre las formas concretas en que se ha desarrollado este fenómeno en los distintos países. Dentro de este contexto, es necesario considerar que tanto el momento como el proceso en que se implementaron y profundizaron las reformas neoliberales sintetizadas en el consenso de Washington fueron disímiles en los distintos países de la región latinoamericana, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y políticas internas de cada territorio. En ese sentido, se espera que las transformaciones del trabajo, y dentro de ellos la subcontratación, no se manifiesten de la misma forma en todos los países. Aunque compartan características –no sólo a nivel latinoamericano sino a nivel mundial-, se desarrollan con una especificidad propia en cada país, considerando el grado de profundidad del neoliberalismo, la configuración de la estructura productiva, el marco de regulación legal existente, la fuerza y capacidad de incidencia del sindicalismo u otras organizaciones de trabajadores, entre otros. De esta forma, la presente investigación busca comparar el fenómeno del subcontrato en los países de Chile y Argentina, considerando que según plantea Ruiz (2013), representan dos modos de implementación del neoliberalismo distintos, donde Chile sería el ejemplo paradigmático de un neoliberalismo ininterrumpido y consolidado, con transformaciones sociales y culturales profundas y sostenidas en el tiempo, y Argentina correspondería a un neoliberalismo revertido hacia lo nacional-popular, caracterizado por altos grados de clientelización estatal de los actores sociales y una vuelta a la industria nacional. Cabe mencionar que el proceso de implementación de las reformas neoliberales en ambos países no tiene una misma temporalidad, ya que en Chile éstas fueron impuestas en el marco de la dictadura en la década de los ’80, mientras que en Argentina fueron implementadas con los gobiernos democráticos –específicamente con el gobierno de Menem- una década más tarde (De la Garza, 2002). En este contexto, se contrastará la situación de ambos países desde dos aristas que permitan dar cuenta del fenómeno desde una perspectiva sociológica, involucrando elementos del plano de la estructura como del plano de la acción. Se considerarán además los elementos legales que sean pertinentes para el análisis, considerando las regulaciones laborales de ambos países respecto del subcontrato. Así, las dos dimensiones de análisis son:

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1) A nivel de estructura, lo que significa el subcontrato en la estructura socio ocupacional de cada país, lo cual permitirá tener un panorama general del peso de este fenómeno en la organización productiva de ambos países, en comparación al resto de las formas laborales y a su mutación en el tiempo. 2) A nivel acción, las organizaciones y movilizaciones de trabajadores subcontratados, considerando la fuerza de los actores colectivos en ambos países, su peso y capacidad de incidencia, y abordando la relación con los trabajadores que no están subcontratados. La investigación se enmarca dentro de las problemáticas del trabajo en América Latina, en tanto el fenómeno de la subcontratación constituye una de las formas del trabajo que más se ha expandido en la región a partir de las reformas del neoliberalismo; además, guarda una estrecha relación con los procesos de tercerización y flexibilización que caracterizan el mundo del trabajo en Latinoamérica desde los 90 hasta hoy. Por otro lado, es relevante en tanto sus efectos no sólo se circunscriben a las transformaciones en la esfera productiva, sino que tiene fuertes repercusiones a nivel de la identidad y organización de los trabajadores, por constituir una suerte de “trabajadores de segunda categoría” dentro de los espacios laborales. Todo esto implica desafíos tanto a nivel de la comprensión de los fenómenos del trabajo, como a nivel de las consecuencias que éstos tienen en la configuración de actores sociales. Si bien el fenómeno de la subcontratación se ha estudiado bastante a nivel teórico y a nivel de estudios de caso, en general existe una carencia sobre estudios que comparen las distintas realidades nacionales. Por esto la presente investigación tendrá relevancia principalmente empírica, ya que se fundamenta en la necesidad de aproximarse al estudio de la subcontratación desde una perspectiva comparativa, que contraste cómo este fenómeno se manifiesta real y concretamente en distintos contextos. Pregunta de investigación Respecto de lo anteriormente planteado, se espera generar una aproximación a la pregunta sobre cuáles son las particularidades que presenta el fenómeno de la subcontratación en Chile y Argentina, desde una perspectiva estructural y organizativa, considerando que son dos países que representan distintos contextos en cuanto a la implementación y avance del neoliberalismo.

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Objetivos Objetivo general 

Analizar comparativamente las particularidades que presenta el fenómeno de la subcontratación en Chile y Argentina desde los 90 en adelante

Objetivos específicos  

Comparar el panorama de la subcontratación en la estructura socio ocupacional de Chile y Argentina desde los 90 en adelante Comparar el estado de organización y acción colectiva de los trabajadores subcontratados en Chile y Argentina desde los 90 en adelante

Hipótesis Se espera que las particularidades de la subcontratación en Chile y Argentina se relacionen con el nivel de profundidad del neoliberalismo en cada país. De esta forma, en el plano de la estructura se puede suponer que en Chile la subcontratación es un fenómeno más extendido que en Argentina, producto de la variante de neoliberalismo que representa cada país. En el plano de la acción de trabajadores subcontratados, sin embargo, se puede suponer un panorama distinto considerando la efectividad de las políticas desarticuladoras de la dictadura en ambos países: mientras en Argentina no existe una capacidad efectiva de desmantelamiento del movimiento obrero clásico, en Chile la desarticulación fue total, por lo cual se puede suponer que la tradición de movimiento sindical argentino haga que las organizaciones de trabajadores subcontratados sean mayores y más fuertes en Argentina que en Chile. II. Delimitación histórica Dentro del desarrollo de las transformaciones socioeconómicas recientes en América Latina, De la Garza (2002) distingue tres momentos: en los 70 con el advenimiento de las dictaduras militares- comienzan los ajustes neoliberales, en los 80 éstos continúan desarrollándose con gobiernos civiles, y en los 90 se consolidan y se expanden. Sin embargo, esta delimitación temporal resulta discutible, en tanto las reformas neoliberales no tuvieron un mismo punto de inicio en los distintos países. Si bien en

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todos es posible observar un momento de inicio, desarrollo y consolidación –donde en algunos casos este proceso no tuvo obstáculos y en otros asumió bastantes dificultades-, estas etapas no siempre concuerdan temporalmente. Así, por ejemplo, en el caso de Chile las políticas económicas neoliberales comenzaron a implementarse en la década de los’ ‘80 con la dictadura, mientras que en la mayor parte de los países latinoamericanos fue posible implementarlas sólo con los gobiernos democráticos, en la década de los ’90. Tokman (2007) también identifica etapas de transformación productiva – que tuvieron sus propios ritmos e intensidades en cada país-, donde en una primera etapa se reemplazó la importación sustitutiva por la apertura de mercados, luego vino una etapa de privatizaciones y en tercer lugar una etapa de liberalización económica. Es en el segundo periodo de reformas donde se sitúan las reformas laborales, debido a que la necesidad de profundizar la adaptación productiva recayó sobre todo en el ámbito laboral. En este contexto, Tokman plantea la existencia de una relación entre el grado de exigencia de la regulación de los mercados de productos/servicios y de trabajo, ya que la necesidad de aumentar la competitividad a través de desregulaciones de los mercados, necesita reducir las exigencias de protección laboral. Así, en los 90 el empleo se comienza a configurar en base a los procesos de precarización, informalización y privatización, y se caracteriza por su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de la economía. De este modo, “América Latina pasó de constituir uno de los mercados más protegidos del mundo a mediados de los ochenta a constituir una región con aranceles bajos, más uniformes y eliminando barreras no arancelarias hacia comienzo de los años noventa” (Tokman, 2007, pág. 12), situación que según el autor produce incertidumbre, sensación de inestabilidad, y afecta en la cohesión social. En el caso de Chile, las reformas neoliberales se comenzaron a poner en práctica en la década de los 80 con la dictadura militar de Pinochet, la cual a su vez reformó el código del trabajo imponiendo flexibilidad laboral y restricción de los sindicatos y de la negociación, y contribuyendo al desarrollo de formas de gestión tradicionales y verticales (De la Garza, 2002). Durante los siguientes gobiernos de la Concertación, se fueron profundizando y consolidando las políticas aperturistas, flexibilizadoras y desreguladoras. Este giro -prematuro en relación al resto del continente y el

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mundo-, tiene como principales características una apertura al comercio exterior, un vuelco en su estructura productiva hacia la exportación de los commodities y la modernización de su producción agrícola y piscícola, junto con un rápido desarrollo del sector comercial y financiero (Barozet, Espinoza, & Méndez, 2012) En Argentina, por su parte, con el decaimiento de la economía en los ‘80 se intentaron imponer las primeras políticas neoliberales, que fueron resistidas por la CGT, y recién con Menem –en la década de los ’90- fueron encontrando lugar (De la Garza, 2002). Según el autor, Argentina es el país que avanza más rápido hacia un modelo flexible de las relaciones laborales, lo que se debe mayormente a las leyes que a efectos del mercado. Las reformas neoliberales en Argentina se llevaron a cabo de la mano de una “crisis profunda del empleo y un repliegue de los sindicatos del escenario de la conflictividad social” (Dávalos, 2011, pág. 603), situación que les abrió el camino para su implementación. En el año 2003 se inicia sin embargo un periodo que podría denominarse como ruptura del ciclo neoliberal implantado en la década del 90 (D'Urso, 2012), por una reconfiguración del rol del estado frente al trabajo (mayor intervención, generación de empleos, etc.) y un auge económico, pero que de todas formas mantiene las lógicas productivas impuestas en la década de los ’90. Por otro lado, en cuanto al fenómeno de la subcontratación en particular, Según De la Garza (2012), en los inicios del neoliberalismo en cada país ya existían formas de subcontratación que venían de antes, pero es desde finales de los 90 que el fenómeno ha crecido en importancia y significado. Pasó de ser un complemento de las políticas flexibilizadoras a una estrategia central para aumentar la productividad y competitividad en el entorno empresarial, y con ello sostener el futuro de la acumulación de capital. Fue recién en la primera fase de crisis global en la actualidad (del 2001 al 2003) cuando se reconoce que las formas antiguas de flexibilización como cadenas, redes, clusters, etc., eran formas de subcontratación propiamente tal. En la misma línea, Palomino (2004) plantea que la subcontratación siempre ha existido como forma de inserción laboral, pero desde las dos últimas décadas se ha multiplicado en la forma de cadenas de subcontratación, en diversas actividades de servicios, comerciales e industriales. Según el autor, la subcontratación fue la base de las prácticas de externalización de los 90

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en grandes empresas pertenecientes a diversas ramas. Este fenómeno va de la mano con las políticas de gestión empresarial en un contexto de reestructuración productiva, y a la vez constituye un mecanismo efectivo para llevar a cabo un proceso de desregulación y pérdida de los derechos laborales (Celis, 2012), proceso que ha sido facilitado por las transformaciones legislativas que se han llevado a cabo. En Chile, la subcontratación está muy extendida tanto cuantitativamente como en diversas áreas económicas, respecto al resto de países de Latinoamérica (Echeverría, 2012). Según la autora, “pasó de ser una práctica limitada a ciertos sectores, a transformarse en una estrategia usada en forma recurrente por las empresas en actividades y dominios previamente inimaginables.” (2013, pág. 249). Además, Chile es pionero en legislación de la subcontratación, con la creación de la Ley de Subcontratación del 2006 (Tokman, 2007). En el año 2007 fue la entrada en vigencia de esta ley, que junto con regular las obligaciones de la empresa principal respecto de quienes laboraban como contratistas, prohibía claramente el suministro permanente de trabajadores, actividad que se había consolidado en la economía chilena, de la mano de la creciente externalización (Echeverría, 2010). Las expectativas que generaba esta nueva legislación, contribuyeron a una maduración y eclosión de movimientos de trabajadores contratistas, quienes se sentían diferenciados respecto de los trabajadores contratados directamente por las empresas principales. Lo que estuvo en juego en 2007 y los años posteriores no sólo fueron las condiciones materiales de trabajo y los beneficios de los trabajadores contratistas, sino que especialmente su identidad y su dignidad. En poco tiempo, el sindicalismo contratista pasó de la completa invisibilidad a ocupar el espacio de vanguardia del movimiento de trabajadores en Chile (Echeverría, 2010). En Argentina, a partir de los 90 la “subcontratación moderna” (Battistini, 2010) fue un mecanismo desarrollado de forma extendida por las grandes empresas transnacionales, las cuales tenían la capacidad de contrarrestar cualquier acción sindical que se les opusiera. Esto ya que la relación entre empresarios y trabajadores estaba muy desequilibrada, por diversos factores. El gobierno a su vez propagó la flexibilización de las normas laborales, contribuyendo a fomentar las medidas de disminución de costos de las empresas. A nivel legal, no existe una norma unificada que regule las relaciones de subcontratación, sino que hay varias regulaciones parciales

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(Battistini, 2010). Por otra parte, en Argentina se desarrolló mucho el tema de la subcontratación en función de los cambios de gestión y organización empresarial, que trajo como consecuencia la erosión de las bases de los sindicatos, dificultando la identificación de intereses comunes entre trabajadores (Palomino, 2004). En relación a los actores involucrados, según De la Garza (2002), además del empresariado, el Estado también ha sido parte de la restructuración productiva en Latinoamérica, participando indirectamente en la transformación de la política industrial, manteniendo los salarios, induciendo flexibilidad al mercado de trabajo. La fuerza de trabajo, por su parte, no ha cambiado sustantivamente, pero el cambio más importante es el crecimiento del sector informal. Tanto en Chile como en Argentina las bases de los sindicatos fueron debilitadas, aunque en Chile, a diferencia de Argentina, el desmantelamiento fue casi total. En Argentina, el sindicalismo siempre contó con una tradición histórica de centralización, monopolio de representación y negociación colectiva, que le dio fuerza y capacidad de incidir a nivel político (Dávalos, 2011). En la dictadura, los sindicatos fueron desplazados del campo de la conflictividad social, hasta el año 2003 donde se abre un contexto de resurgimiento del sindicalismo tradicional que vuelve a posicionar a los sindicatos en el centro (Dávalos, 2011). Para Celis (2012), “las políticas del Estado, de los empresarios y de los sindicatos siguen jugando un papel en el desenvolvimiento de la subcontratación laboral” (p. 11), donde el Estado ha priorizado la competencia sobre el bienestar, con políticas aperturistas, desregulación, quiebre relaciones laborales, y desintegración del sistema productivo; los empresarios han tomado el rol de rechazar las regulaciones; y los sindicatos han ido desarrollando nuevas estrategias y políticas que trascienden las demandas de empresa e interpelan al conjunto de la sociedad. III. Delimitación conceptual Flexibilidad laboral Según De la Garza (2002), las reformas neoliberales implementadas en los distintos países de América Latina se basan en las ideas de reducir los déficit fiscales y la inflación, por un lado, y en la implementación de una reforma estructural para eliminar el proteccionismo, desregulando y

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privatizando las economías, por otro lado. Sin embargo, esta restructuración productiva es limitada a las grandes empresas, sin constituir ventajas para el resto de los actores, lo cual conlleva contradicciones a nivel interno. Así, las reformas monetaristas implementadas significaron una apertura al comercio internacional por parte de las economías nacionales, la eliminación de las barreras arancelarias y subsidios a la industria nacional, una reducción del gasto focalizado, y la privatización de una porción significativa del sector productivo estatal (Baño & Faletto, 1999). El ajuste macroeconómico que implica el neoliberalismo necesita una restructuración productiva con apertura y libertad de mercados, globalización de la economía, ruptura de pactos corporativos, entre otros fenómenos que se traducen en una flexibilización de la economía a nivel general (De la Garza, 2002). Sin embargo, la competitividad en mercados abiertos necesariamente conlleva la necesidad de flexibilizar no sólo la economía sino también las relaciones laborales (Tokman, 2008). De este modo, la flexibilización que caracteriza este proceso de reformas ha traído cambios en las leyes laborales, transformaciones en la contratación colectiva y debilitamiento de los pactos corporativos entre sindicatos, estado y empresas (Tokman, 2007). Dentro de esta flexibilidad, una de las modalidades más comunes de trabajo para facilitar y quitar responsabilidades a la organización productiva es la subcontratación de actividades o de trabajadores (Battistini, 2010). Subcontratación Para definir lo que se entiende por subcontratación, en primer lugar es necesario apuntar, según plantea De la Garza (2012), que existe una dificultad para definir el concepto debido a la diversidad de formas que implica, la cantidad de términos que se utilizan indistintamente, las diversas delimitaciones conceptuales utilizadas en cada país, entre otros factores. Si bien la subcontratación siempre ha existido, ha cambiado sus formas sociales, objetos y significados, y esta mutación implica tanto la aparición de formas nuevas como la extensión y diversificación del fenómeno (cadenas globales, transnacionales, grandes empresas nacionales).

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La subcontratación, entendida desde Palomino (2004), es un mecanismo que busca incorporar trabajo en empresas a través de la mediación de otra empresa –la empresa contratista-, generando un campo donde se combina la independencia contractual y la subordinación organizativa. Esto implica una situación donde los trabajadores no mantienen una relación contractual con la empresa usuaria de sus servicios, pero se ven supeditados organizativamente a ésta. Así, siguiendo a Palomino, se llega a una “doble sujeción”, ya que los trabajadores están bajo las órdenes y reglas organizacionales de una empresa, y a la vez dependientes contractualmente de otra. Se constituyen así relaciones trilaterales con una disociación de los vínculos de dependencia salarial y subordinación organizativa. Esta situación repercute en la organización sindical, sobre todo por la distinción entre trabajadores internos y externos, es decir, entre el núcleo estable de personal contratado y la periferia de trabajadores subcontratados que pertenecen a otras empresas. Se produce así una desagregación del colectivo de trabajadores que trabajan para la empresa usuaria: si los trabajadores de ésta pueden sindicalizarse y negociar colectivamente, no sucede lo mismo con los subcontratados, quienes a veces, y a lo sumo, pueden sindicalizarse y negociar colectivamente con su empresa, pero sólo en la medida en que lo permita la temporalidad de la relación que se ha establecido entre la empresa subcontratista y la principal (Echeverría, 2010). Para Celis (2012), la subcontratación, la flexibilidad, la tercerización, entre otros, son fenómenos que tienen como objetivo exteriorizar los riesgos empresariales hacia los trabajadores, quienes quedan sometidos a las presiones de contratos de derecho civil. Esto genera una eliminación de las principales conquistas de los trabajadores, una precarización de las condiciones de trabajo, y una vulnerabilidad de la identidad de los trabajadores. Más allá de las muy diversas formas que adopta el subcontrato, lo común es el “no reconocimiento de la existencia de una relación de dependencia entre el trabajador y el beneficiario final de la obra o servicio que aquél realiza.” (Celis, 2012, pág. 9), es decir, una “delegación de la condición patronal”. Su principal objetivo es el abaratamiento del costo de la mano de obra, para aumentar ganancias, aunque también hay situaciones de externalización genuina que se basan en criterios de calidad. Respecto a esto, según De la Garza (2012) “la tendencia ha sido a subcontratar cada vez más actividades que forman parte del giro principal de la empresa o bien que son aquellas en donde se generan partes centrales

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del bien o del servicio que la caracteriza” (De la Garza, 2012, pág. 22). Lo central para hablar de subcontratación, entonces, es definir qué tipo predomina, según el carácter de los costos laborales para la competitividad de las empresas. Si bien en los países desarrollados se manifiestan ambas formas, en los países subdesarrollados como los latinoamericanos la subcontratación se centra casi exclusivamente en la reducción de costos mediante la desprotección y precarización de los trabajadores (De la Garza, 2012). Según Echeverría (2010), las condiciones que deben cumplirse para que exista subcontratación son: 1) que los trabajadores presten sus servicios al contratista o subcontratista, que es su empleador directo, en virtud de un contrato de trabajo; 2) que el contratista o subcontratista se relacione con la empresa principal mediante un acuerdo contractual en el cual se establece la obra o servicio que le ejecutará o prestará; 3) que la ejecución de las obras o la prestación de los servicios sea por cuenta y riesgo del contratista, lo que implica que los trabajadores están bajo su dependencia (autonomía del contratista). Además, según la autora, son cuatro los factores que explican este fenómeno en la última década: 1) El profundo cambio en el modelo técnico productivo, que al cambiar la producción estandarizada hacia una flexible –produciendo acorde a la demanda-, provoca externalización de ciertas actividades, bajando los costos de producción y la mano de obra directamente contratada; 2) El cambio en la organización económica de las empresas, producto de la concentración (monopólica) y desconcentración (organizativa) a la vez, que se traducen en diversos cambios organizacionales, dentro de los cuales el más común es el subcontrato; 3) La desregulación de las relaciones de trabajo, puesto que para evitar tiempos muertos de trabajo, se contrata a personal por temporadas acotadas; y 4) La desarticulación sindical, puesto que la subcontratación provoca: fragmentación entre los trabajadores internos y externos a la empresa, trabas a la negociación (principalmente por el carácter temporal de los empleos), atomización de los trabajadores (que deben trabajar muchas veces fuera de los recintos y por lo tanto no pueden socializar con otros trabajadores), etc. Estructura socio ocupacional Dentro de la sociología latinoamericana, la fisionomía del trabajo se conforma como un problema central para estudiar la diferenciación social, sobre todo en relación al vínculo entre los individuos y el proceso de

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trabajo, y a la posición ocupacional (Boccardo, 2013). Esto cobra especial relevancia en la estructura social que se re-configura en base a las transformaciones neoliberales, por los procesos de flexibilidad, informalidad y tercerización que se han impulsado, que han alterado enormemente la estructura social de los distintos países. De esta forma, tomando el planteamiento de autores como Agulla (1997), un sistema de estratificación social basado en las clases no explica las sociedades modernas como lo hace un sistema basado en los niveles de status que otorga la ocupación. En ese sentido, como principal elemento para la construcción de la estructura social, se postula la variable “ocupación”, bajo el entendido de que el trabajo juega un rol central en la estructuración de las sociedades modernas. En esa misma línea, y concretamente en relación a la importancia de la variable ocupación, Barozet (2007) señala que, por un lado, el trabajo es capaz de definir roles sociales, y se relaciona con el acceso tanto al bienestar y al consumo, como a cualidades escasas como poder o autoridad. Además, es una variable que conlleva más información que sólo la categoría ocupacional, ya que está asociada a más elementos como nivel de estudio, ingresos, lugar en la estructura social, etc. En base a lo anterior, cobra sentido analizar la posición de la subcontratación en la estructura socio ocupacional de cada país, entendiendo que no sólo remite a una forma contractual distinta a otras formas laborales, sino sobre todo a un fenómeno que comparte ciertas características sociales. Organización y acción colectiva en el subcontrato La organización colectiva en el caso del subcontrato toma un carácter particular que la diferencia de la organización colectiva tradicional, por varias razones. En primer lugar, las distinciones que se generan con los trabajadores contratados, significa que no puede haber una organización en el conjunto de los trabajadores, y que aquellos que no están contratados queden relegados. Por otro lado, no tienen la posibilidad de constituir un sindicato en la empresa mandante, que es aquella con la que tienen contacto día a día y en la cual desenvuelven sus funciones. Si bien está la posibilidad de organizarse y negociar con la empresa que los contrata, ésta muchas veces no toma la forma de un empleador real sino que constituye un rut, razón social, o representante poco solvente (Echeverría, 2010). Todo

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esto genera dificultades para una acción colectiva organizada en cada unidad productiva. Además, el sindicalismo de subcontratados tiene otras particularidades propias que lo diferencian de los sindicatos tradicionales, con nuevas formas de acción y estrategias para la protesta (Echeverría, 2010). Se caracteriza por la alta rotación de trabajadores, quienes por la misma razón no pueden establecer lazos duraderos entre sí en un mismo lugar de trabajo. La autora además menciona que la precarización laboral a la que se ven expuestos estos trabajadores los imposibilita para ejercer sus derechos de sindicalización y negociación, a nivel práctico y legal. Se obtiene así un panorama organizativo bastante distinto al tradicional, con nuevos elementos característicos, nuevas estrategias y nuevas formas de constitución. Debido a estos elementos, y a su importante crecimiento en los últimos años, ha sido abordado teóricamente como un “nuevo sindicalismo” (Echeverría, 2010).

IV. Principales Resultados Caracterización de la subcontratación en la estructura socio ocupacional El caso de Chile Con respecto al panorama de la subcontratación en la estructura socio ocupacional, a nivel de Chile, el informe sobre la Encuesta Laboral 2011 (Dirección del Trabajo, 2012) muestra una serie de datos respectivos a la situación de subcontratación en Chile 31, que serán presentados a continuación.

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Es importante aclarar que la ENCLA recoge información de la empresa (no de los trabajadores) y considera sólo a aquellos trabajadores que estaban en la empresa en el momento de la encuesta. Además, involucra sólo de las empresas que declaran estas prácticas. Según Echeverría (2006) las zonas oscuras, complejidad, y falta de regulación de la subcontratación, hacen que no existe una “medición global inequívoca de las empresas contratistas y suministradoras de personal ni de la cantidad de trabajadores que laboran en esta condición (…) no existe ningún registro de empresas para fines de control de la legislación laboral. Por lo tanto, es imposible saber con certeza cuáles y cuántas son las empresas que trabajan como contratistas o subcontratistas.” (p. 37)

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En primer lugar, según Echeverría (2006) el subcontrato “venía en ascenso desde fines de los noventas, tendencia que se revierte a partir del año 2006 en adelante, cayendo en diez puntos porcentuales bianualmente, pudiendo atribuirse este giro a la eminencia de la ley de subcontratación en 2006 y a más de un año ya de su implementación, en 2008.” (pág. 70). Sin embargo, los datos de la ENCLA indican que desde el 2008 la subcontratación ha aumentado en términos, existiendo en el 2011 un 37,8% de empresas que utiliza esta práctica, versus un 30,5% del año 2008. Su utilización es proporcional al tamaño de las empresas, donde si bien la gran empresa tiene el mayor porcentaje, es en la única que disminuyó esta práctica desde el 2008, mientras que en todos los demás segmentos de empresas aumentó (Cuadro 1 Anexos). Respecto a la proporción de trabajadores subcontratados en relación a los trabajadores propios (Cuadro 2 Anexos), la micro y pequeña empresa son las que alcanzan la mayor magnitud (5-6 de 10 trabajadores), descendiendo hasta la gran empresa, que, aunque sea la que más subcontratación declara, es la que menos cantidad de trabajadores subcontratados tiene proporcionalmente (4 de 10 trabajadores). Al abordar la actividad que se externaliza, la cuarta parte de las empresas que realizan esta práctica lo hace con su actividad principal, con lo cual se asume que no realizan la subcontratación buscando especialización, sino para disminuir costos. El resto de las empresas, subcontratan actividades relacionadas a “servicios auxiliares a la producción, orientados a aumentar la eficiencia en las empresas. De estos, los más demandados por la vía de la subcontratación son los Servicios Legales, la Seguridad y/o Vigilancia, los Servicios de Aseo y/o Mantención y los de Transporte y/o Distribución.” En las ramas que más se subcontrata es en Servicios Sociales y de Salud, Construcción, Pesca y Agricultura. Por otra parte, las ramas en que las empresas tienen más proporción de trabajadores subcontratados para su actividad principal son Agricultura, Construcción y Transporte, mientras que en las ramas donde las empresas tienen más proporción de trabajadores subcontratados para realizar actividades distintas a la principal, son Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Industria y Pesca.

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Con respecto a la relación contractual entre la empresa mandante y la principal, la mayoría (51,4%) declara tener una relación informal de “contrato verbal, boleta o factura”, seguido por un 40,8% de empresas que declaran una relación civil o comercial. Respecto a la relación entre ambas empresas, predomina “aquella en que la contratista recibe maquinaria, materiales o insumos de parte de la empresa principal.”, seguida por la relación en la que la empresa principal presta apoyo tecnológico o de capacitación a la contratista. Finalmente, con porcentajes menores, está la relación en la que los trabajadores subcontratados eran antiguos trabajadores de la empresa principal, y finalmente la relación en que la empresa principal tiene participación de capital en la contratista. Por último, la ENCLA muestra que la subcontratación es mayor en las empresas en las que existe sindicato: “en efecto, casi dos tercios de la gran empresa con sindicato subcontrata alguna actividad, versus el 38,9% de aquellas que no lo tienen.” El caso de Argentina Para el caso de Argentina, en primer lugar, cabe aclarar que tal como plantea Battistini, “los datos referidos a cantidad de empresas subcontratistas, cantidad de trabajadores, salarios, etc. son inexistentes” (2010, pág. 30). Es decir, no existe un seguimiento del fenómeno del subcontrato –a través de encuestas, bases de datos, registros, etc.- que permita conocer su magnitud y su peso dentro de la estructura socio ocupacional, ni sus características más allá de los estudios realizados por algunos investigadores, que abordan el fenómeno sobre todo desde estudios de casos específicos. Sin embargo, al revisar los estudios realizados, se observa que la subcontratación en un inicio era llevada a cabo por grandes empresas transnacionales como complemento a su producción, pero luego en los ’90 sufrió un proceso de aumento indiscriminado (Battistini, 2010) o desarrollo masivo de subcontratistas como vectores del nuevo modelo productivo (Kosacoff, 2007). En relación a su magnitud, De la Garza (2002) plantea que al menos la subcontratación en la producción hacia el año 1996 era de un 25%. En este nuevo contexto, ya no se subcontrataban partes o aspectos colaterales de la producción de las empresas, sino que “llegaron a tercerizarse tantas actividades que, en algunos casos, algunas de las

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empresas madre se volvieron prácticamente ensambladoras de partes.” (pág. 1). Con el aumento de la subcontratación de los ‘90 comenzaron a surgir diversas PYMES que proveían los servicios ya mencionados, que antes eran llevados a cabo por la misma empresa mandante. Dentro de estos servicios, las actividades típicamente provistas por empresas subcontratistas (Battistini, 2010) son la logística, limpieza industrial y de edificios, mantenimiento, construcción, seguridad, producción de partes, selección de personal y call centers. En el sector productivo, por otra parte, la forma de organizar la producción primaria y los agroalimentos involucra elevados y crecientes grados de subcontratación, lo que genera repercusiones sobre todo el resto de la economía (Kosacoff, 2007). Según Battistini, los tipos de subcontratación más típicos desarrollados en Argentina fueron: 1) Subcontratación de empresas (para la producción de partes o insumos de producción), que se dio incorporando trabajadores contratistas en el mismo espacio productivo de la empresa, o trasladando los insumos desde un espacio externo en que trabajaban los contratistas; 2) Subcontratación de un proceso productivo entero por parte de una firma internacional, que provee sólo la marca y el principal insumo; y 3) Subcontratación de servicios eventuales, que provee personal (acá caben las PYMES anteriormente mencionadas). En relación al vínculo entre presencia del sindicalismo y subcontrato, Battistini plantea en el mejor de los casos se produce una sindicalización para el grupo de trabajadores de la empresa principal y otra para los trabajadores subcontratados; en otros casos, este último grupo –o incluso ambos- ni siquiera cuentan con posibilidades de sindicalizarse. Comparación entre ambos países En primer lugar, antes del análisis de la situación del subcontrato propiamente tal, se constata una diferencia importante respecto de la información disponible para ambos países. Si bien en el caso de Chile existen encuestas como la ENCLA que se hacen cargo de develar las principales características y formas del subcontrato, en el caso de Argentina sólo es posible encontrar una aproximación a esta información en estudios e investigaciones –principalmente de casos específicos-, pero no hay

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encuestas ni estadísticas que permitan conocer el peso de la subcontratación en la estructura socio ocupacional y su relación con la actividad no subcontratada. Ahora bien, de la información existente, en primer lugar se observa en ambos casos un aumento del uso de la subcontratación por parte de las empresas, asociado sobre todo a los procesos de flexibilización que se impulsaron con las reformas neoliberales. Así, si bien se plantea que la subcontratación ha sido una estrategia utilizada desde hace décadas, es recién en el contexto de la flexibilización neoliberal (en los ’80 para el caso de Chile y los ’90 para Argentina) donde este fenómeno se vuelve extensivo y generalizado no sólo como actividad colateral de la producción, sino muchas veces como la estrategia central. En este contexto, específicamente respecto de las áreas que se subcontratan, se observa en ambos casos un amento del subcontrato asociado a las actividades del giro principal. De todas formas, este aumento no llega a ser preponderante, ya que la mayor parte de las actividades subcontratadas son servicios auxiliares a la actividad productiva principal, orientados a aumentar la productividad de las empresas. En ambos casos se trata de una externalización que no busca especialización –y por tanto no se asocia a altos niveles de calificación ni a buenas condiciones laborales-, sino que busca la disminución de costos para aumentar la productividad dentro de las empresas, lo cual remite necesariamente en la precarización laboral de los trabajadores. En este proceso de expansión de las estrategias de subcontratación, son dos las formas más típicas de subcontratación en ambos países: por un lado, la de empresa, que se relaciona a la entrega de insumos para la fabricación de partes en determinada industria, donde los trabajadores no tienen un espacio de trabajo determinado, ya que pueden estar dentro del espacio productivo de la empresa o fuera de éste. Por otro lado, la subcontratación que se hace cargo de proveer servicios, donde surgen empresas – generalmente pequeñas y medianas- que se dedican sólo a proveer servicios que son subcontratados por otras empresas, dentro de los cuales destacan los servicios de aseo, seguridad y construcción. Cabe mencionar que se trata de servicios que anteriormente tenían que ser desarrollados por la misma empresa mandante, y que la posibilidad de subcontratarlos les permite disminuir (o más bien evadir) sus responsabilidades frente a los

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trabajadores que los llevan a cabo. Además, otra de las estrategias típicas de subcontratación para el caso de Argentina es la de subcontratar un proceso productivo completo por parte de una marca transnacional. En relación al vínculo entre existencia de subcontratación y sindicalismo, la ENCLA arroja que en Chile hay más subcontratación en las empresas que tienen presencia de sindicatos; sin embargo, es poco lo que se puede interpretar al respecto, ya que se desconocen los demás factores que inciden en esta relación. Para el caso de Argentina, se plantea que la mejor situación al respecto es la existencia de sindicatos de trabajadores subcontratados paralelo al sindicato de los trabajadores de planta, dando cuenta de la dificultad de articulación entre ambos grupos de trabajadores, que será desarrollada con mayor detalle en el apartado siguiente. Situación de la organización y acción colectiva de trabajadores subcontratados El caso de Chile El Plan Laboral del ’79 eliminó las posibilidades de negociación de los trabajadores subcontratados, al circunscribir los procesos de negociación dentro de la empresa (Echeverría, 2010); se generó así una atomización del ámbito laboral y sindical. De esta forma, dentro de la precarización en la que se encuentran inmersos los trabajadores subcontratados, se incluye su imposibilidad de ejercer derechos sindicales. Esto, entre otros factores, es lo que impulsó a grupos de trabajadores subcontratados, a fines de los ’80, “a reaccionar y a ejercer formas de relaciones entre ellos, de organización y de movilización adaptadas a las nuevas condiciones de flexibilidad.” (Echeverría, 2010, pág. 151). Según la autora, estas nuevas formas de organización constituyeron experiencias de participación colectiva y acción directa, promovían la militancia social amplia, tenían formas propias de apoyo mutuo y convivencia, entre otras características que las diferenciaban del sindicalismo clásico. Si bien no fueron muy visibilizadas, dentro de las más conocidas estaban la de trabajadores del montaje industrial, la de contratistas del cobre y la de mujeres temporeras de la agroindustria (Echeverría, 2010). La autora abre la pregunta sobre si estas nuevas formas podrían identificarse con un nuevo sindicalismo. El primer sindicato de subcontratados se funda en 1970, y corresponde al SINAMI (Sindicato Nacional de Mecánicos, Soldadores, Electricistas y Ramos

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Similares de Montaje Industrial) (Echeverría, 2010), con la característica de estar conformado por trabajadores calificados y de alta especialización. Sin embargo, no todos los sindicatos de trabajadores subcontratados tienen tales características en cuanto a la calificación y especialización de sus trabajadores, ya que –como se vio anteriormente- la subcontratación en la mayoría de los casos remite a procesos de baja especialización y calificación que buscan abaratar costos de las empresas. Por ello, muchas veces se trata de grupos de trabajadores sin cultura sindical, sin formación política y sin el peso estratégico para involucrar a la empresa en una negociación. Así se trate de uno u otro grupo, los subcontratados se han manifestado desde hace casi dos décadas (Echeverría, 2010), con momentos de invisibilidad y momentos en que explotan los conflictos. Los primeros auges se registran en los años 2003 y 2007. La particularidad de la explosión del 2007 es que se desarrolló junto con la implementación de la ley de subcontratación, donde hubo un proceso de rearticulación del movimiento sindical en general y sobre todo del sector de trabajadores subcontratados de la minería (Echeverría, 2010) -quienes posteriormente logaron instalar una mesa de negociación con CODELCO a nivel nacional- y los forestales agrupados en la Unión de Sindicatos Forestales de Arauco (USIFA). La gran ganada de estos trabajadores –a través de nuevas formas de organización y acción, caracterizadas por la violencia, extensión y exposición mediática (Leiva & Campos, 2013)- fue imponer la negociación directa con la empresa principal. El 2007 también surgió otra movilización de subcontratados importante, en el sector del retail con la Coordinadora de Sindicatos del Comercio, lo cual extiende el conflicto al sector servicios, que ha ido en enorme aumento en el último tiempo (Echeverría, 2010). Otro sector donde se han desarrollado grandes movimientos de trabajadores subcontratados, además de la anteriormente mencionada movilización de subcontratados de CODELCO, ha sido en la minería privada (Leiva & Campos, 2013), que si bien no se han logrado articular a nivel nacional, sí han logrado avances y conquistas como movimiento de subcontratistas. Según Abarzúa (2008), las principales diferencias del movimiento de trabajadores subcontratados con el sindicalismo tradicional, son: la organización transversal y de base, el carácter federativo que adquieren por tratarse de sectores estratégicos de la economía (sobrepasando el límite de la empresa), las demandas y reivindicaciones que se centran en la

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visiblización de la precariedad de su trabajo más que en el aumento salarial –y con ello su interpelación a la sociedad más que a la empresa misma-, su escenario de acción que no corresponde a las dependencias de la respectiva empresa sino a la calle y los lugares públicos y su relativa autonomía partidaria e identificación con la izquierda extraparlamentaria. Otra de las particularidades de los movimientos de trabajadores subcontratados, es que como su vida laboral gira alrededor de la flexibilidad, inestabilidad, tránsito entre distintos empleos, cambio de oficios, etc., además de que generalmente se trata de trabajadores jóvenes, existe una mayor resistencia subjetiva ante la amenaza del despido (Echeverría, 2010). Este elemento incide en la diferenciación con el sindicalismo tradicional, al plantear formas de acción más radicales, directas, a-legales (que se desarrollan por fuera de lo que permite la legislación), etc. A pesar de ello, por las mismas características del trabajo –precario, inestable, transitorio-, las luchas de los subcontratistas por más intensas que puedan ser tienen el riesgo de desaparecer al cumplir sus objetivos (Echeverría, 2010), ya que por los elementos antes mencionados, los trabajadores no tienen una proyección dentro de un mismo trabajo. El caso de Argentina Según Dávalos (2011), las transformaciones estructurales impuestas en los ’90 aun no muestran sus consecuencias sobre las estrategias sindicales y formas de organización. Si bien las reformas neoliberales y la modificación laboral que vino con ellas significaron una progresiva expulsión de los sindicatos del escenario de conflictividad social, desarticulación de las organizaciones obreras, con espacios de producción diferenciados –y con ello pocas posibilidad de interacción entre trabajadores-, y condiciones laborales muy disímiles, el panorama de auge económico argentino entre 2003 y 2008 significó un re-impulso del sindicalismo, nuevas oportunidades de dinamización de la negociación colectiva y aumento de salarios. Sin embargo, junto con esta revitalización sindical (D'Urso, 2012) se constata también una diferencia importante entre los segmentos de trabajadores. Por tanto, el debate en ese escenario, según Dávalos y D’Urso, es si esas condiciones son exclusivas para los trabajadores que cuentan con más

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estabilidad, o si se extienden a aquellos más precarizados –dentro de los cuales están los trabajadores subcontratados-, impactando en las formas de lucha impulsadas por éstos en los últimos años. Dentro del proceso de negociaciones y conflictos que fueron apareciendo con este auge económico, aparecieron también nuevos actores representados por los trabajadores subcontratados, cuya mayor reivindicación era mejorar sus precarias condiciones laborales (Ynoub, 2012), además del buscar equiparar condiciones con los trabajadores de planta y visibilizarse como actores. Cabe agregar que actualmente en Argentina no existe una normativa unificada que regule la subcontratación, sino que hay un conjunto de normas que se aplican según el caso (Battistini, 2010), lo cual lleva a que no haya un criterio único para determinar las condiciones de los trabajadores que se encuentran bajo este régimen de trabajo versus las de los trabajadores de planta. Dentro de este debate, los sindicatos de telecomunicaciones han demostrado ser inclusivos articulando los intereses y demandas de los trabajadores de planta con los tercerizados del rubro (Dávalos, 2011); en efecto, la cantidad e intensidad de conflictos de este tipo entre 2003 y 2008, son comparables a los llevados a cabo solo por los trabajadores acogidos al convenio colectivo. Si bien se logró una mayor equiparación de las condiciones entre ambos segmentos, las desigualdades entre éstos perduran en gran magnitud, debido mayormente a la dificultad de establecer parámetros de representatividad, la proliferación de empresas del rubro y las características propias de los puestos de trabajo. En el sector automotriz, por otro lado, según los estudios realizados por D’Urso (2012), se da una situación distinta: si bien los sindicatos involucran aquellos conflictos relativos a la tercerización del proceso productivo que refieren al encuadramiento sindical -que implicarían aumentar las bases de afiliación de los sindicatos-, no existe un apoyo de éstos hacia las reivindicaciones de los trabajadores subcontratados, desvinculándose de sus demandas sobre regulación contractual, entre otras que apunten a mejorar sus condiciones laborales. “En estos casos las medidas de acción directa son llevadas a cabo por trabajadores autoconvocados, muchas veces con el apoyo de militantes sindicales de izquierda contrarios a la conducción de SMATA [sindicato que representa la mayor proporción de trabajadores del sector automotriz]” (D'Urso, 2012, pág. 5), lo cual muchas veces lleva a que la situación conflictiva (trabajadores subcontratados)

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derive en un conflicto político entre el sindicato y otras fracciones de trabajadores con posturas disidentes. La situación conflictiva entre trabajadores de planta y subcontratados se acentúa en otro tipo de situaciones, donde frente a una paralización de actividades por parte de los sindicatos se les exige a los trabajadores externos seguir desempeñando sus funciones (Ynoub, 2012). Esta situación tensa y conflictúa aún más la relación entre ambos actores, segmentando la fuerza de trabajo. En algunas experiencias como la acontecida en el rubro de las telefonías (Ynoub, 2012), se realizan estrategias de concientización sobre la tercerización dentro de las mismas empresas, para visibilizar el conflicto y tener posibilidades de éxito en la negociación; según los estudios del autor, estas estrategias dieron resultado en la empresa Telefónica de Argentina. Se constituyó una organización consolidada de trabajadores subcontratados (Uettel), con autonomía, dinámicas y movilizaciones propias. La heterogeneidad de las bases de los colectivos de trabajadores, junto con la identidad diferenciada que se va formando a raíz de ésta, implica desafíos para la acción sindical (Dávalos, 2011); las estrategias sindicales que solo involucren la defensa de intereses de los trabajadores acogidos por el convenio colectivo (trabajadores directamente contratados), pueden profundizar la fragmentación existente con aquellos que no se encuentran bajo el alero de la normativa legal, que son los más precarizados. Comparación entre ambos países Al contrario de lo que se suponía al inicio de la investigación, en Chile se observa un mayor desarrollo de los movimientos de trabajadores subcontratados que en Argentina. En efecto, en Chile se han conformado múltiples sindicatos y federaciones de éstos, que trascienden los límites de la empresa y se configuran como movimientos de trabajadores subcontratados del sector en cuestión (forestales, mineros, del retail). Asimismo, han logrado triunfos en sus demandas, sobre todo en la posibilidad de negociar y de enfrentarse a la empresa mandante como un interlocutor válido. En Argentina el movimiento de trabajadores subcontratados no es tan autónomo como en el caos de Chile -sólo se menciona un sindicato que ha tenido la capacidad de movilizarse autónomamente con dinámicas propias

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(Uettel)- ya que se encuentra más dependiente del sindicalismo tradicional, buscando que sus reivindicaciones sean acogidas por éste último. En efecto, la mayor demanda de este sector de trabajadores, además de mejorar sus condiciones laborales- es equiparar estas condiciones a las de los trabajadores de planta. No se observa un componente reivindicativo mayor, como lo es en el caso de Chile donde las demandas van más enfocadas a la justicia y dignidad del trabajo, apelando por tanto más a la sociedad en general que a la empresa misma. Una diferencia importante que incide en el desarrollo y posibilidades de movilización de los subcontratados en ambos países, remite a las características de la legislación en cada caso. En Argentina, no existe una ley unificada que regule la situación de subcontrato, sino que existen varias leyes y decretos por separado, que se aplican a los distintos casos sin un criterio único. En cambio, en Chile el 2007 se implementa una legislación que pretende regular el fenómeno del subcontrato y del suministro de trabajadores en su totalidad, es decir, que unifica dentro de una misma ley todos los temas relativos a la situación de subcontrato, la relación entre trabajadores, empresa contratista y empresa mandante, etc. Cabe mencionar que esta ley fue resultado de procesos de movilización de trabajadores subcontratados, que a través de la presión efectiva que lograron realizar, visibilizaron el conflicto obligando al Estado a hacerse cargo de la situación. En relación a las características comunes, en primer lugar, en ambos países se observa un movimiento de trabajadores subcontratados que se mantiene funcionando, pero que pasa por momentos muy marcados de invisibilidad y de auge, que determinan finalmente la incidencia y fuerza que éstos pueden tener en la escena pública. Por otro lado, en ambos casos hay conflictos entre los trabajadores subcontratados y los de planta, dados por las diferencias en sus estrategias (negociación con la empresa vs acciones directas más radicales), por las posibilidades de efectividad de esas mismas estrategias, por la conformación de sus bases y cúpulas, etc. Lo anterior genera que los desafíos para el movimiento de trabajadores subcontratados sean distintos para cada caso. En Chile, según Echeverría (2010), el principal desafío de estos movimientos es develar cual es el interlocutor real de sus demandas, y forzar a la contraparte a que se conforme como tal y se disponga a negociar con estos trabajadores. En cambio, en el caso de Argentina, según Dávalos (2011) el principal desafío

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es poder sortear las condiciones de heterogeneidad y las diferencias de identidad que se van desarrollando en las bases de los movimientos, con el objetivo de articular las demandas de los sectores que se encuentran bajo el alero de la normativa y de los convenios colectivos y los que no, ya que de lo contrario se seguirá desarrollando la fragmentación dentro del colectivo de trabajadores. V. Conclusiones En base a los resultados del análisis, se observa que la situación de la subcontratación en Chile y Argentina presenta tanto particularidades en cada país, como también elementos en común. Se trata de un fenómeno que tuvo su temporalidad propia en cada caso -ya que en Chile se expandió y masificó antes que en Argentina-, pero que en ambos países ha tenido una fuerte repercusión en las formas de organización productiva y en las relaciones laborales. Así, en primer lugar, atendiendo a los resultados del análisis, es posible afirmar que las características que toma el fenómeno de la subcontratación dentro de la estructura socio ocupacional de ambos países es similar, en cuanto a su aumento y expansión de la mano de las reformas neoliberales, al tipo de actividades que se subcontratan y con qué objetivo lo hacen, las formas en que se materializa, etc. Así, para ambos casos, lo más problemático de esta expansión es que se desarrolla en base a la externalización del giro principal de la empresa y de los servicios auxiliares a la actividad productiva principal, lo cual da cuenta de una externalización que, tal como anunciaba De la Garza (2012) para el caso latinoamericano, se centra casi totalmente en la reducción de costos por parte de las empresas, a través de la desprotección y precarización de los trabajadores. A pesar de esta expansión de la subcontratación, no es posible afirmar ni refutar la hipótesis de que ésta es mayor en Chile que en Argentina –por representar un tipo de neoliberalismo más profundo e ininterrumpido-, ya que para el caso de Argentina no existen las cifras y datos que permitan compararlo con el caso chileno. De esto se desprende un desafío para la sociología argentina, de develar y visibilizar las formas específicas que toma la subcontratación a nivel de la estructura productiva en general, a través de cifras que permitan precisar y plantear escenarios comunes para los estudios particulares.

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Sin embargo, considerando el hecho de que en Chile existen encuestas y registros que incorporan la medición de la subcontratación, agregando además el hecho de que se haya implementado en el año 2007 una legislación exclusiva para regular los fenómenos relacionados con el subcontrato y suministro de trabajadores, es posible suponer que en Chile la problemática de la subcontratación es mayor que en Argentina, o al menos es más visibilizada, obligando a las distintas instituciones estatales a hacerse cargo del problema. De esta forma, sólo es posible dar una respuesta parcial a la hipótesis planteada inicialmente respecto de que las particularidades de la subcontratación en Chile y Argentina se relacionan con el nivel de profundidad del neoliberalismo en cada país. Esto, ya que a partir del análisis de la subcontratación en la estructura socio ocupacional no es posible afirmar, sino sólo suponer una mayor profundidad del fenómeno en el caso de Chile –país de neoliberalismo avanzado e ininterrumpido- que en el de Argentina –país de neoliberalismo revertido-, en base a: a) la existencia de un registro de medición y estadísticas sobre el subcontrato, y b) la necesidad de legislar y regular el tema debido a la presión de los actores involucrados en las problemáticas asociadas a la subcontratación. Por otro lado, en relación a la organización y acción colectiva de trabajadores subcontratados, los resultados contradicen lo supuesto en un inicio en la hipótesis de investigación. En efecto, la tradición sindical argentina parece no tener relación con el desarrollo de los movimientos de trabajadores subcontratados, los cuales se muestran con menores grados de organización y con menor capacidad de negociación y de visibilización de sus demandas que en el caso chileno. Al contrario de lo que se había supuesto al inicio, la existencia de sindicatos de trabajadores de larga data y tradición, parece dificultar aún más la existencia de sindicatos subcontratistas, en la medida en que existe una tensión entre los trabajadores de planta –agrupados en sindicatos tradicionales- y los subcontratados. Esta problemática en las bases de trabajadores hace que las demandas de los segundos rara vez sean articuladas con las de los trabajadores de empresa, y que el único tipo de reivindicación que encuentra cabida en ese escenario son aquellas que apuntan al “encuadramiento sindical” (a la posibilidad de formar parte de los sindicatos de trabajadores de empresa), lo cual implica aumentar sus bases de afiliación y por tanto resulta de un interés directo para los sindicatos en

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cuestión. De esta forma, actualmente el mayor desafío para los movimientos colectivos de trabajadores subcontratados en Argentina, es lograr que sus reivindicaciones tengan un lugar que trascienda la limitación existente hoy en día por la fragmentación y tensión con los trabajadores de planta. Es decir, el desafío de conformar movimientos de trabajadores que tengan su propio peso, que puedan o articularse con las organizaciones del sindicalismo tradicional o movilizarse y organizarse de forma autónoma, pero que tengan la capacidad de sobreponerse al peso histórico de la organización sindical tradicional argentina. La situación en Chile es distinta; si bien la hipótesis de investigación suponía que debido al desmantelamiento total de los movimientos de trabajadores por parte de la dictadura, se conformarían menos movimientos de trabajadores subcontratados y con menor fuerza, los resultados del análisis demuestran que no es así. Al contrario, las organizaciones de trabajadores subcontratados en Chile han tenido un fuerte desarrollo, tanto en la cantidad de sindicatos y federaciones de éstos, como en las estrategias utilizadas para la movilización y los triunfos que han logrado. En efecto, en Chile los movimientos de trabajadores subcontratados no sólo han logrado tener un lugar propio al alero del sindicalismo tradicional, sino que han desarrollado sus propias formas de organización, participación, acción y movilización, que han llevado a los estudiosos de la materia a preguntarse por la posibilidad de que se constituya un “nuevo sindicalismo” (Echeverría, 2010). Respecto a esto, resulta interesante preguntarse si el desmantelamiento de los sindicatos tradicionales en Chile por parte de la dictadura es un factor que incide en la emergencia y desarrollo de estos nuevos sindicatos, en tanto no existe una fuerza que contrarreste sus posibilidades de organización y acción como sucede en el caso argentino. Esto, ya que en ambos países existen tensiones entre trabajadores subcontratados y trabajadores de planta, pero la diferencia radica en que estas tensiones no han resultado ser un obstáculo para las organizaciones subcontratistas chilenas como lo son para las argentinas. Por otra parte, intentando responder al por qué del importante desarrollo de estos movimientos de trabajadores en Chile, es posible suponer que la fuerza que han alcanzado y los éxitos que han tenido -respecto de los movimientos sindicales tradicionales-, se debe también a que se desarrollan por fuera de la legislación vigente, con estrategias directas y violentas que

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transgreden las normas establecidas en el Plan Laboral del ’79, que son las normas que obstaculizan la movilización y los logros de los sindicatos tradicionales que funcionan dentro de ese marco. Por consiguiente, la organización y acción sindical de trabajadores subcontratados sí resulta una situación particular para cada país, que al contrario de lo supuesto en un inicio, no se correlaciona con la tradición sindical ni con la capacidad de resistencia de los sindicatos y organizaciones de trabajadores frente a las políticas desarticuladoras impulsadas por los gobiernos militares. Más bien, pareciera darse el caso contrario: En Chile, donde la tradición y peso histórico de los sindicatos es menor que en Argentina, y donde las organizaciones obreras fueron completamente desarticuladas y desmanteladas por la dictadura -sin capacidad de resistir como sí lo hicieron los sindicatos argentinos-, los movimientos de trabajadores subcontratados tienen más fuerza, mayor organización y capacidad de acción, y han logrado mayores triunfos que los movimientos subcontratistas argentinos, que se intentan conformar paralelamente a los sindicatos tradicionales, opacados por éstos últimos, con pocas situaciones de éxito en relación a la visibilización y cumplimiento de sus demandas. Por todo lo anteriormente desarrollado, se recalca la relevancia de estudiar fenómenos como la subcontratación desde la sociología, por todas las implicancias sociales que ésta tiene más allá de sus consecuencias en la producción misma. Como se vio, la situación de subcontrato incide enormemente en: a) la identidad y sentido de pertenencia de los trabajadores, b) las relaciones sociales dentro del proceso productivo, entre trabajadores con diferentes status según las tareas que realizan (y en último término según la relación contractual que mantengan con la empresa), y c) las posibilidades de organización y acción colectiva -a partir del desafío de una base fragmentada de trabajadores-, lo cual a su vez incide en las posibilidades de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y con ello sus condiciones de vida. En ese sentido, el desafío no es sólo la comprensión teórica y empírica de los nuevos fenómenos del trabajo –en este caso la subcontratación- sino sus efectos sobre la configuración de actores sociales y sobre las condiciones de vida de las personas. Finalmente, cabe reiterar la importancia del análisis comparativo, para comprender las particularidades del desarrollo de los distintos fenómenos según la realidad social a la que se enfrentan. En el caso del presente

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trabajo, la relevancia de esto radica en que a través del estudio de la subcontratación desde dos contextos específicos distintos, es posible visibilizar los distintos elementos que están en juego y que inciden en el desarrollo de la subcontratación –como lo son por ejemplo la legislación laboral vigente, o la fuerza y peso de los movimientos de otros trabajadores en el escenario de la organización colectiva-, debido a los cuales ésta se manifiesta de forma distinta, aunque con elementos comunes, en cada país. Bibliografía: 

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