EL PAIS – 28 de febrero de 2.010

REPORTAJE SOBRE EXTRANJERO

PRESOS

ESPAÑOLES

EN

EL

Un grito tras los barrotes Casi 2.100 españoles están encarcelados en 56 países diferentes. El 80% fueron arrestados por tráfico de drogas, tras ser captados muchos de ellos en las colas de parados. La atención que reciben por parte de los funcionarios consulares suele ser motivo de quejas JESÚS DUVA Antonio, un ex empleado de una empresa de andamiajes, fue en busca del paraíso, pero lo que encontró fue el infierno. Un día del año pasado, un holandés le ofreció 10.000 euros por llevar unos kilos de cocaína desde Bolivia hasta Turquía. "Es un trabajo fácil y seguro", le dijo. "Nosotros tenemos a policías comprados. Tú sólo tienes que coger el paquete y dejarlo donde te digamos. No te preocupes por nada". Y Antonio, un treintañero en paro, venció las reticencias de su novia Beatriz y se embarcó en una aventura arriesgada e incierta que ha acabado en la cárcel de Maltepe, en Estambul. "A veces pienso en quitarme la vida", escribe en una desesperada carta enviada a EL PAÍS en demanda de ayuda. "A veces pienso en quitarme la vida", escribe Antonio Martínez desde el penal de alta seguridad de Estambul Casi 400 reclusos españoles sufren desde graves enfermedades mentales hasta sida, cáncer y toxicomanías Antonio Martínez García es uno de los casi 2.100 españoles -más de 1.700 hombres y más de 300 mujeres- privados de libertad en cárceles extranjeras. Sus gritos de auxilio suelen quedarse tras los barrotes. En el mejor de los casos, sólo llegan a sus familias, que a través de la línea telefónica representan su cordón umbilical con el mundo exterior. Son la única voz amiga que reciben, en el mejor de los casos, 10 minutos por semana.

La mayoría de las veces, las únicas visitas que reciben estos reclusos son las de los funcionarios consulares españoles que van a verlos al menos una vez cada seis meses. Pero eso es bien poco consuelo. Y además estos funcionarios actúan frecuentemente con "ausencia de tacto y trato distante", según un informe de la Fundación Ramón Rubial. Eso motiva "muchas quejas", como admite la última Memoria del Defensor del Pueblo, que, sin embargo, concluye que tras las investigaciones oportunas "se suele concluir con una correcta actuación de la Administración". "Yo estoy aquí por un delito de narcotráfico", confiesa Antonio. "Como saben, nuestro país está sufriendo una gran crisis económica. Yo estaba en el paro. Desde hacía varios meses, mi pareja y yo buscábamos trabajo, pero no había manera de encontrarlo. Un día conocí a una persona que me ofreció hacer un viaje con una maleta en la cual iba a transportar cocaína. Al contárselo a mi pareja, ella se horrorizó... y yo tampoco estaba muy seguro de hacerlo. Dos días después me llamó esta persona y me ofreció 10.000 euros. Tal como estábamos, ese dinero nos salvaba de mucho. Y emprendí un viaje que nunca tuvo retorno y, por supuesto, tampoco un final feliz. Eso ha destruido mi vida, la de mi pareja, la de mi familia y la de mis amigos. Me estoy jugando una condena de entre 10 y 15 años de cárcel". Beatriz, la novia de Antonio, aclara desde Ortigueira (A Coruña) que éste fue arrestado nada más llegar al aeropuerto de Estambul con tres kilos de cocaína. Y el 19 de junio de 2009 dio con sus huesos en la prisión de alta seguridad de Kartal Maltepe, la misma en la que purgó condena el turco Ali Agca tras herir a tiros al papa Juan Pablo II en mayo de 1981. "Cada cuatro o cinco meses recibo del consulado de España 273 euros. En la prisión sólo nos dan dos comidas diarias, y el resto de las cosas tiene que salir de mi bolsillo. Mi familia y mi pareja no me pueden enviar nada por los problemas económicos que sufren. No tengo ni para comprar lo necesario para el aseo diario. Estoy al límite de todo", escribe Antonio Martínez. "Él me dice que les dan muy mal de comer y todos los días lo mismo", dice su novia. El recluso se queja de que recibe un trato distante y displicente por parte del consulado español: "El consulado sólo me ha proporcionado una vez la ayuda a detenidos. Además, la ayuda no te la dan por las buenas, sino que mi madre tuvo que mover tierra y mar para tramitar todos los papeles necesarios. ¡Tuvo que mandar tres veces los documentos hasta que me dieron la ayuda! Yo he enviado al consulado faxes y cartas..., y todo en vano", se lamenta. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores replica que Antonio ha sido visitado en dos ocasiones desde que está entre barrotes -una vez, en junio de 2009, y otra, en octubre-, además de haber recibido la ayuda económica prevista (un máximo de 120 euros al mes).

"España es el único país de la Unión Europea que da estas ayudas a los presos", recalca el mismo portavoz ministerial. En el informe remitido al Congreso consta que Asuntos Exteriores y Cooperación gastaron durante el primer semestre de 2009 unos 840.000 euros en ayudas a detenidos y presos en el extranjero. "El ministro Miguel Ángel Moratinos muestra muy poco entusiasmo por los presos españoles en el extranjero", afirma la senadora Rosa Vindel López, del PP, que durante años ha recibido infinidad de cartas de queja y de peticiones de ayuda de estos compatriotas. Vindel denuncia que el Gobierno solamente ha enviado desde el año 2000 tres informes al Parlamento sobre la situación de estas personas, pese a que entonces se comprometió a facilitar información cada seis meses. Antonio Martínez es uno de los 2.087 ciudadanos españoles que están entre rejas en 56 países diferentes, según Asuntos Exteriores (ver gráfico). Y eso que en julio del año pasado fueron liberados otros 170 presos en Marruecos gracias a un indulto concedido por el rey Mohamed VI. El país en el que hay un mayor número de españoles encarcelados es Perú (con 251), seguido de Francia (223), Brasil (192), Marruecos, Colombia, Alemania y Portugal. El altísimo número de detenidos en Perú ha obligado al consulado español a que un grupo de funcionarios se dedique en exclusiva a atender a esta colonia de españoles repartidos en diversos penales separados entre sí por muchos kilómetros, según Asuntos Exteriores. "Por eso, España ha solicitado al Gobierno de Lima que procure agrupar lo más posible a nuestros presos para facilitar la tarea del consulado", agrega. Quienes han pasado por esas prisiones las describen como algo parecido a la antesala del averno, debido a la mala comida y a su insalubridad. Un reciente informe enviado por el Gobierno al Senado resalta: "Los españoles son detenidos o encarcelados en el exterior por muy diversos delitos (robo, homicidio, falsificación, abuso de menores, atraco, violación, estafa, secuestro...), pero la causa que más se repite es el tráfico de drogas". El 80% de los detenidos en el extranjero lo es precisamente por tráfico de drogas. No se trata de grandes capos del narcotráfico, sino de mulas que simplemente acarrean la mercancía en su cuerpo o en su equipaje. Igual que Antonio, son personas en paro o en serias dificultades económicas que se arriesgan a larguísimas condenas a cambio de un puñado de euros. El paro galopante que azota España ha creado un mercado de trabajo en el que operan como pez en el agua las redes del narcotráfico. Se acercan a las colas de desempleados y captan a las futuras mulas con cantos de sirena que suenan a música celestial en los oídos de personas que llevan meses oyendo sólo

portazos. "Los reclutadores desalmados prometen entre 6.000 y 10.000 euros por un trabajo que ellos aseguran que es fácil, rápido y sin riesgos", explica un mando policial. Antonio Martínez, el español del módulo 10 del penal turco de Maltepe, comparte celda y cautiverio con Gregorio José Espinosa Mendoza, un treintañero de Guayaquil (Ecuador) condenado a 12 años de prisión por llevar en su estómago siete cápsulas con 74 gramos de cocaína. Espinosa aprovecha la carta enviada por Antonio a EL PAÍS para adjuntar otra suya en la que reclama apoyo para que las autoridades de Ecuador le ayuden a regresar a ese país para seguir cumpliendo condena. "Soy padre de cuatro niñas y un bebé varón, y tomé la fatal decisión de viajar a Turquía con 80 cápsulas de cocaína para sacar unos cuantos dólares con los que sacar adelante a mi familia", explica. "El altísimo porcentaje de detenidos y presos vinculados al mundo de las drogas y las pésimas condiciones de muchas cárceles, junto con el impacto de la privación de libertad, hacen que el porcentaje de enfermos sea elevado", destaca el último informe del Gobierno. "Sin embargo, no todas las enfermedades se deben a la estancia en prisión, pues también hay frecuentes casos de personas que arrastran dolencias previas que previsiblemente pueden agravarse por el ambiente que rodea la vida del recluso. Probablemente sea en las enfermedades mentales y las contagiosas donde la influencia de la reclusión es más marcada", añade. Entre los casi 2.100 reclusos hay 111 que sufren enfermedades mentales; 68 padecen toxicomanías; 54, dolencias digestivas; 49, afecciones respiratorias; 29, enfermedades hepáticas; 22, alteraciones cardiacas; 27, sida, y 11, cáncer. No es extraño que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2009 fallecieran 15 presos, todos ellos de muerte natural, excepto uno que fue asesinado en Brasil. Hay cárceles, sobre todo las de Suramérica y Asia, que son auténticas mazmorras en las que los reclusos malviven hacinados, rodeados de suciedad y conviviendo con sujetos muy peligrosos para los que la vida vale menos que un pitillo, según denuncian los familiares. Ramón Patiño López, un gallego de 41 años recluido desde 2001 en Grecia tras ser sorprendido con 26 kilos de heroína en su coche, ha contado que se tiene que enfrentar al hambre y a frecuentes peleas entre reclusos, además de haber sufrido tres cólicos de riñón que le han hecho estar "tirado en el suelo como una serpiente". Patiño ha sido condenado a cadena perpetua en Grecia, lo que supone un mínimo de 20 años sin pisar la calle. Desde el primer momento lucha por ser trasladado a un penal español. Lo ha intentado todo: desde una huelga de

hambre de 45 días hasta un suicidio frustrado. Pero las autoridades griegas no parecen dispuestas a ceder. "Todo sigue igual", dice, lacónica, su hermana Ángeles. UN SOBRINO DE URTAIN SE ENFRENTA A LA PENA CAPITAL Pablo Ibar, sobrino del célebre boxeador José Manuel Ibar, Urtain, es el recluso español que afronta una situación más desesperada: está condenado a muerte en Estados Unidos, acusado de asesinar en 1994 a Casimir Sucharski, dueño de un club, y a dos jóvenes modelos (Sharon Anderson y Marie Rodgers) en una vivienda de Mirarmar, en Florida. Ibar está embarcado ahora en una pelea jurídica larga y costosa encaminada a demostrar su inocencia. Hace unos meses, el Gobierno Vasco concedió a la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar una subvención de 103.000 euros para sufragar los gastos de nuevas pruebas forenses y los costes de su defensa jurídica. Por primera vez en la historia, el Congreso de los Diputados incorporó el año pasado, mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, una partida de 500.000 euros para asistir a los españoles que afrontan condenas de pena capital. Pese a estar aprobada esa importante partida económica, el Ejecutivo decidió el pasado verano limitar a 60.000 euros la cantidad destinada a tal fin, ya sea requerida por una sola persona o por varios solicitantes. Eso motivó que la senadora Rosa Vindel (PP) arremetiera contra Moratinos en una sesión del Senado: "¿Por qué se dan ustedes por satisfechos con la racanería de 60.000 euros cuando, señor ministro, dispone de hasta medio millón de euros? Pablo Ibar se enfrenta a tres condenas a muerte en el Estado de Florida. Señor ministro, ¿tiene usted idea de los gastos a los que ha de hacer frente para evitar su ejecución? Pues se lo voy a decir: 200.000 dólares para litigar tan sólo ante el Tribunal Supremo de Florida; otros 900.000 dólares más en la litigación posterior, se gane o se pierda la anterior; 55.000 dólares para analizar el ADN mitocondrial de cabellos de un testigo sorpresa y, además, otros 20.000 dólares para cubrir gastos de testimonio. Y frente a estas cifras, ustedes aportan 60.000 euritos. ¡Asombroso!". Moratinos se jactó de la novedosa partidaria presupuestaria con este argumento: "La excepcionalidad de la pena de muerte, no prevista en nuestro ordenamiento y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de nuestro Gobierno, justifica la oportunidad de establecer un mecanismo específico para conceder subvenciones a favor de quienes se enfrentan a la pena capital en el extranjero".

La senadora Vindel afea que Moratinos diga una cosa y luego, sin embargo, el Gobierno haya reducido a 200.000 euros la partida presupuestaria destinada en 2010 a la "asistencia a ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte".