Un Sí a la agricultura, ganadería, pesca y medio rural

Un sí a la agricultura, ganadería, pesca y medio rural. El mundo rural atesora una buena parte de los recursos que sustentan el PIB del país, unos recursos que se convierten en factores estratégicos para un desarrollo futuro en el cual la seguridad alimentaria, las defensas ambientales y las energías limpias serán elementos imprescindibles. Las circunstancias históricas, geográficas, orográficas, económicas, políticas y sociales de España han dado lugar a un complejo mapa municipal caracterizado por la abundancia de pequeños municipios y una variada realidad a lo largo de nuestro territorio. A finales del pasado siglo, alrededor del 20% de la población residía en municipios rurales y este porcentaje se ha reducido hasta el 18% durante los años transcurridos de esta centuria. El descenso ha sido mayor en los municipios de menos de 2.000 habitantes con más de un 30% de pérdida de población, en una dinámica opuesta a los urbanos en donde el 91% ha registrado aumentos de población en lo que va de siglo. Los socialistas apostamos por el medio rural, el 90% del territorio, y por los pequeños municipios, con un compromiso claro y determinado no sólo por su supervivencia sino por su desarrollo como núcleo esencial de nuestra organización administrativa y como garantes del patrimonio natural, cultural y social de estas zonas. Debemos reconocer la brecha existente entre los derechos y oportunidades de los habitantes del medio urbano con los del medio rural, promoviendo políticas públicas cuyo objetivo sea equiparar ambos medios, potenciando e impulsando el medio rural, consiguiendo la misma calidad de vida e igualdad de oportunidades que en el medio urbano. Los ciudadanos y ciudadanas del mundo rural lo son de pleno derecho. Necesitamos una política rural de Estado, con la agricultura y la pesca como protagonistas destacados, con todos y para todos, integradora, moderna y generadora de riqueza y futuro. La realidad y la experiencia de las políticas territoriales rurales con gobiernos socialistas demuestran que la articulación de una política de base territorial y perspectiva global, apoyada en modelos de alta participación social, es un marco seguro para la creación económica estable y sostenible. Además, contamos con un sector agroalimentario muy potente con una producción de 45.000 millones de euros. La calidad y el dinamismo de nuestra oferta alimentaria han permitido dar salida a nuestras producciones y situarlas en mercados cada vez más diversificados. Debemos, por tanto, considerar la actividad económica que se realiza en el medio rural como un sector estratégico de la economía española y merecedor de una

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política agraria, pesquera y de desarrollo rural que complemente a la que ejecuta la Unión Europea, potenciando sus fortalezas y atacando sus debilidades. Durante los últimos años de gobierno del Partido Popular hemos podido constatar el abandono de toda política rural territorial. El resultado ha sido que gran parte de nuestro territorio y de nuestra población se han vuelto invisibles para el gobierno, ignorando y despreciando la capacidad y la existencia de cerca de diez millones de ciudadanos y ciudadanas. En los últimos cuatro años, se ha producido una dramática disminución del presupuesto público para el medio rural; los recortes han afectado a todas las políticas de gasto dejando reducido el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a una mera gestoría de Fondos Europeos, que además han sido gestionados con poca o nula eficacia. La Política Agraria Común (PAC) está unida al desarrollo del proceso de integración europea y es un elemento de cohesión social, económica y territorial entre los países que forman parte de la UE. La forma como el PP la ha puesto en marcha para el periodo 2014 – 2020 ha sido muy contestado y debe ser revisado. Se trata de una PAC más compleja, que “no nos representa” tal como señalan algunas organizaciones agrarias y que ha repartido ayudas discriminatorias y desregulando los mercados. Además, la política de desmantelamiento de medidas de protección está generando una caída de precios, en muchos casos por debajo de los costes de producción, que está arruinando a miles de agricultores y ganaderos. Hemos asistido a la práctica desaparición de las inversiones en el medio rural. La medida estrella en esta legislatura ha sido la Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que va radicalmente contra la autonomía de los ayuntamientos, limitando las posibilidades de desarrollo del medio rural. A esto hay que añadir la reducción en 2.000 millones de euros de la financiación del Estado para el periodo 2014 – 2020, lo que se traducirá en una espectacular reducción de gasto público para gran parte del territorio rural. Por otro lado, la pesca ha perdido cualquier presencia en la acción política del gobierno de España, aminorando recursos económicos, flota y trabajadores. Las potencialidades de este sector no se han aprovechado durante la crisis y a día de hoy la pesca es la gran olvidada de nuestras actividades económicas. El ejecutivo de Rajoy ha abandonado las mejoras sociales, de internacionalización y de gestión de los recursos pesqueros que estaban en marcha. El reparto compulsivo de cuotas en algunas flotas y caladeros, es la evidencia más palmaria del absoluto fracaso de su política. Ante esta situación el PSOE está obligado a dar una respuesta contundente y poner en marcha a partir del 26 de junio una política agraria, pesquera y de desarrollo rural

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comprometida, con financiación, que consiga atacar las debilidades de nuestro sistema productivo, corrija sus déficits estructurales y apoye decididamente todos nuestros factores de crecimiento.

SÍ A LA AGRICULTURA Y A LA GANADERÍA 

Elaboraremos un Plan estratégico de la agricultura y ganadería española Horizonte 2030 que establezca las prioridades de la política agraria de ámbito nacional y que proponga las líneas de actuación y los compromisos económicos a asumir. Este Plan contendrá, entre otros aspectos, líneas de políticas activas a favor de la mujer rural, la incorporación a la actividad agraria, el relevo generacional, el mantenimiento de los sistemas de protección a la producción que constituyen la sanidad animal, vegetal y la política de fomento en la contratación de seguros agrarios, avanzando en los modelos de protección y creando un marco nacional de seguros integrales de explotación. Nos comprometemos a: o Aprobar un Estatuto de la Agricultura Profesional que establezca beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones con el objetivo de una mayor competitividad de las mismas, que facilite la transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional en el sector agrario, el arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación. o Elaborar un Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura que se financiará con fondos nacionales y con los obtenidos con el sistema de topes de ayudas de la PAC y de modulación. o Impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada por el anterior Gobierno socialista en apoyo a la mujer del medio rural, que no se ha puesto en marcha por la falta de voluntad política del PP.

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Revisaremos el modelo de aplicación de la PAC en España recientemente aprobado por el Gobierno del PP realizando una apuesta clara por los agricultores profesionales y por el empleo en el medio rural. Entre otras medidas nos comprometemos a modificar la definición de “agricultor activo” y el establecimiento de un tope máximo para el cobro de las ayudas.

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Nos proponemos recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que eviten la actual volatilidad de los precios. Haremos una defensa a ultranza del mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga sus principios inspiradores (abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo, etc.) y que haga un esfuerzo por su simplificación

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Prestaremos un apoyo decidido a la industria agroalimentaria española, especialmente a la que está localizada en el medio rural y transforma los productos de nuestra agricultura. Apoyaremos todos los esfuerzos de la industria

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agroalimentaria para añadir más valor, para su internacionalización y adoptaremos medidas de fomento de incremento de la dimensión empresarial. 

Impulsaremos en el ámbito de la Unión Europea, una estrategia de defensa del sector agroalimentario que asegure su carácter estratégico para el conjunto de la UE. Exigiremos la defensa del modelo europeo frente a posibles acuerdos con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la posición de los productores en la negociación de precios.

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Asumimos el compromiso de elaborar los cambios normativos necesarios para conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria que reparta justamente esfuerzos y beneficios. Para ello, proponemos: o Revisar la Ley de equilibrio de la cadena Alimentaria, para hacerla más eficaz y ejecutiva, que elimine excepciones especialmente en la obligatoriedad de contratos, que perfeccione la identificación de prácticas abusivas (especialmente la venta a pérdidas) y mejore el régimen sancionador. o Regular la figura del mediador de contratos con capacidad de intervención en conflictos colectivos a la hora de fijar los precios. o Asegurar la máxima coordinación entre las autoridades de comercio y de agricultura para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones comerciales en la agricultura y la alimentación.

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Llevaremos a cabo la actualización de la Ley de Agricultura de Montaña y los programa de desarrollo destinados a estas áreas que presentan debilidades naturales para el ejercicio de actividades agrarias, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 130.2, en el que se establece que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

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Fomentaremos los aprovechamientos sostenibles y la regeneración del bosque, la generación de empleo en su mantenimiento y certificación de sus productos tanto los maderables como los no maderables, mediante un marco financiero estable que prime el buen uso del bosque y su papel como Sumidero Verde de Carbono e impulsaremos una estrategia de marca de calidad para los productos forestales sostenibles.

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Impulsaremos un estatuto básico para agentes y bomberos forestales en un marco de mejora continua de su capacidad profesional y regulador de un mínimo común legislativo de sus importantes funciones en la defensa y protección de nuestro patrimonio natural y biodiversidad.

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Recuperaremos la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas y aprobaremos una estrategia integral de prevención de incendios, reconociendo el valor del bosque vivo y bien gestionado.

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SÍ A LA PESCA 

Debemos establecer como objetivo fundamental el impulso de una política pesquera europea que iguale los derechos de acceso a recursos y ayudas de todos los pescadores de la UE.

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Completaremos la ordenación de los caladeros nacionales, aprobar los planes de gestión pendientes y desarrollar una buena política de cuotas, garantizando un reparto justo y equilibrado entre flotas, artes y Comunidades Autónomas.

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Promoveremos cambios en los fondos europeos para la pesca que acaben con la discriminación de las mujeres y determinados colectivos de trabajadores del mar.

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Impulsaremos y defenderemos la presencia de la flota española en los caladeros internacionales

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Impulsaremos con medidas de apoyo al segmento de la flota artesanal más frágil y de gran calado social, incluyendo a las mariscadoras y mariscadores.

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Potenciaremos el Instituto Español de Oceanografía y coordinaremos el CSIC y los centros de investigación autonómicos.

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Articularemos conjuntamente con las Comunidades Autónomas en un plan de acción con las cofradías de pescadores, organizaciones de productores, asociaciones y cooperativas para impulsar su papel distribuidor y donde se permita gestionar industrias nuevas manufactureras del producto que se capture.

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Colaboraremos con las CCAA en una acuicultura marina y continental sostenible, fomentando la investigación para obtener nuevos alimentos más ecológicos para los peces e incorporando nuevas especies cultivo.

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Mejoraremos la aplicación de las medidas de control e inspección de España en cuanto a la trazabilidad y etiquetado de los productos.

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Mejoraremos la promoción de los productos pesqueros.

SÍ AL DESARROLLO RURAL 

Reactivaremos la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

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Estableceremos beneficios especiales para los emprendedores que desarrollen actividad y creen empleo en el medio rural, especialmente en las zonas en peligro de despoblamiento.

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Lanzaremos, en el primer año de legislatura, el programa “Start-Up Spain”, una iniciativa para la incubación, aceleración y escalamiento de emprendimientos de base tecnológica destinado a atraer emprendedores y emprendedoras nacionales

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e internacionales para su implantación en España, poniendo particular énfasis en aquellas regiones con menor desarrollo tecnológico y zonas rurales. 

Potenciaremos los grupos de acción local, los mecanismos de subsidiariedad y la capacidad de los actores locales. Se trata de blindarlos jurídicamente de la posibilidad de manipulación o utilización fraudulenta para intereses particulares. Permitir su trabajo de forma rigurosa y transparente. También debemos fortalecer las redes, los mecanismos de comunicación y los foros de difusión y puesta en valor.

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Impulsaremos un programa específico para el apoyo de las mujeres rurales que incorpore acciones específicas, criterios de prioridad, beneficios fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales, en particular relacionados con la incorporación de las mujeres rurales a la actividad emprendedora. El programa prestará especial atención a las medidas de conciliación y corresponsabilidad y tendrá una singular aplicación en el ámbito de los planes y medidas de igualdad que deban adoptar las administraciones públicas en el ámbito rural.

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Aprobaremos un Plan específico de dotación de servicios básicos de ciudadanía (sanidad, educación, comunicaciones, difusión, cultura, dependencia) para garantizar a los habitantes del medio rural las mismas capacidades que los que viven en el medio urbano. En desarrollo de este Plan, nos comprometemos a: o Promover la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas independientemente del lugar de residencia, situación personal, sociocultural y económica, para lo que habrá que garantizar la excelencia en todos y cada uno de los centros educativos públicos y dedicar una especial atención al medio rural y aquellos situados en zonas de desventaja social. o Elaborar un Plan de Cooperación Territorial específico de apoyo a la escuela rural en el seno de la Conferencia Sectorial, con la colaboración de los Ayuntamientos, en el que se analice los recursos necesarios, la formación específica del profesorado, los servicios complementarios y con especial atención las necesidades de transporte y apoyo material al alumnado. o Modificar la actual Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional para consolidar un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la obtención tanto de títulos de Formación Profesional como de Certificados de Profesionalidad, así como para mejorar la conexión de los distintos grados, dando respuesta a las especificidades del medio rural. o Proponer un Programa de Apoyo a la Red Básica de Acceso a la Creación Cultural mediante la cooperación con CCAA y las administraciones locales destinado al apoyo y manteniendo de establecimientos culturales sean éstos públicos o privados, con especial atención a las pequeñas y medianas librerías, bibliotecas, centros de música en vivo, museos y teatros y que tendrá una especial atención a localidades pequeñas y entornos rurales.

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o Poner en marcha una Estrategia para potenciar el Conocimiento en la Sociedad Red, que incluirá la creación de espacios de acceso a la formación en el uso avanzado de aquellas herramientas necesarias para tener acceso a la información y la participación, a través de una metodología de aprendizaje que permita acceder a la información y contrastarla, centros públicos de acceso que ya existen en algunas comunidades autónomas, con especial implantación en el medio rural. o Facilitar, en colaboración con las CC.AA., el acceso a la red a todas las zonas rurales, incluidas las de mayor dispersión, dado que facilita la posibilidad de comunicación en tiempo real, el acceso a la formación a distancia y a la sociedad del conocimiento, las relaciones económicas de zonas aisladas y, sobre todo, permite el arraigo y consolidación de las personas en sus áreas de residencia y producción, evitando la desertización del campo. o Poner en marcha el plan “Toda España Conectada”, que garantice un acceso universal a la banda ancha de alta velocidad a precios asequibles en todo el territorio nacional, con especial atención a las zonas rurales. Para ello, extenderemos la obligatoriedad de cobertura móvil a todos los centros urbanos y empresariales, integraremos entidades territoriales, actualizaremos la legislación referente al despliegue de redes y adjudicaciones de espectro radioeléctrico, y promoveremos la disposición de los recursos público-privados que garanticen la prestación de los servicios de banda ancha. Este plan incluirá un programa social de conectividad para los colectivos más desfavorecidos que facilite su acceso a banda ancha en condiciones aceptables. o Impulsar un Plan Concertado con las CCAA para la promoción del envejecimiento activo en entornos rurales que incluya luchar contra la brecha digital, generalizar programas de teleasistencia y programas interactivos. o Diseñar la Estrategia de la Discapacidad en el Medio Rural. o Crear líneas ICO para las actuaciones de rehabilitación y renovación en viviendas individuales, especialmente en el medio rural. 

Fomentaremos las energías eólica, solar, biomasa, hidráulica y marina, pues, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, aprovechan recursos autóctonos, contribuyen a crear un tejido empresarial generador de desarrollo y empleo, y tienen un impacto económico positivo distribuido por el territorio, especialmente en la fijación de empleo en el mundo rural.

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Aprobaremos un plan de acción para los pequeños municipios y entidades locales menores, que propicie su supervivencia, así como su evolución demográfica, social y económica, y un nivel adecuado de recursos.

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Impulsaremos la intermunicipalidad a través de mancomunidades y consorcios adecuados a las necesidades reales del mundo rural, que permita el máximo ejercicio de competencias locales y la mejor respuesta a las demandas ciudadanas.

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Pondremos en marcha políticas concretas para los territorios despoblados, de especial protección elaborando un mapa de la despoblación en España, en colaboración con las CCAA, de provincias y comarcas que no lleguen a los 10 habitantes por Km2 aplicando criterios compensadores para el mantenimiento de servicios básicos en el medio rural y las políticas de creación de empleo vía ayudas de Reindus por despoblación en las mejores condiciones que permita la normativa de fondos europeos.

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Incluir, modificando la medida puesta en marcha por el PP, a los pequeños municipios como receptores de los fondos FEDER reconociendo el papel de las zonas rurales en el desarrollo urbano sostenible como herramienta fundamental para reducir los desequilibrios económicos y sociales con el medio urbano.

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