UN SINDICALISMO PARA EL FUTURO RESUMEN EJECUTIVO | MARZO 2012

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UN SINDICALISMO PARA EL FUTURO RESUMEN DEL LIBRO PUBLICADO POR LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO

CADA PERIODO DE LA HISTORIA DEL CAPITALISMO MODERNO HA PLANTEADO EXIGENCIAS ESPECÍFICAS A LOS TRABAJADORES DEBIDO AL MODO EN QUE LA EXPLOTACIÓN HA TENIDO LUGAR Esto ha originado formas diversas de identidad y de organización. Dicho de otro modo, cada etapa del desarrollo capitalista ha conocido un tipo predominante de sindicalismo. La experiencia histórica confirma que todos los grupos sociales construyen su identidad en una dialéctica de confrontación y colaboración que ha adoptado en la historia múltiples formas. Tanto las grandes corporaciones como las pequeñas empresas, tanto los sectores empresariales como los sociales, tanto los autónomos como los asalariados, construyen su identidad detrás de un discurso y una práctica colectiva a través de sus organizaciones. En la medida en que las formas de apropiación varían, varían las formas de resistencia; en la medida en que mutan los poderes empresariales y cambian las mismas empresas y la organización productiva, en la medida en que las formas de control social evolucionan, cambian la naturaleza de los conflictos y la naturaleza de las resistencias. Todo poder es un par de fuerzas que condiciona a quien lo ejerce y a quien lo soporta, a quien domina y a quien es objeto de dominación. De ahí que preguntarse por el papel del sindicalismo, por su vigencia, por su utilidad, por sus retos actuales y de futuro es preguntarse por la situación, estructura y composición de la clase trabajadora, o si se prefiere, por el papel del propio trabajo, del hecho laboral, en la medida en que la forma de articular los diferentes intereses de la clase trabajadora, y sus matices es una función variable asociada a la complejidad o la simplicidad de la explotación, a sus sujetos y mecanismos, en cada momento histórico. A lo largo del siglo XIX se produjo en los principales países europeos la revolución industrial, punto de partida del desarrollo capitalista. Se mecanizó la producción de bienes de consumo, se utilizó la máquina de vapor como poderosa fuente de energía, se construyeron las redes ferroviarias y nació la industria siderúrgica. Todo ello dio lugar a la consolidación de los diversos mercados nacionales y al crecimiento exponencial del comercio internacional.

Los capitalistas se opusieron con firmeza, y muchas veces con fiereza, al asociacionismo obrero argumentando que impedía la libertad de mercado. 3

Y, más adelante, identificándolo con la subversión y el desorden, pero difícilmente podían negar la realidad que los sindicatos denunciaban. Desde que a mediados del XIX comenzaron a difundirse modelos alternativos al capitalismo; el sindicalismo estuvo siempre orientado hacia la construcción de un nuevo modelo de sociedad y dejaría de tener sentido si perdiera esta referencia en el futuro. En 1929 la crisis económica, al extenderse por todo el mundo, abrió un período de incertidumbre y de inestabilidad que hacía temer por la supervivencia del sistema. En los estudios en los que se comparan las diversas crisis económicas se suele pasar por alto que lo que distingue la del 29 de todas las demás no es su gravedad sino la percepción de la misma. Se creía, lo creían los propios representantes del sistema, que el capitalismo liberal estaba herido de muerte y que se necesitaban profundos cambios para evitar su derrumbe. El New Deal, propuesto por Roosevelt al ser elegido presidente en 1932, contenía diversos programas de recuperación económica entre los que destacaba el dirigido a la industria. Las empresas que se incorporaban a este programa debían elaborar un código de conducta comprometiéndose a no reducir la producción y colaborar con los sindicatos. Por la ley Wagner estaban obligadas a reconocer al sindicato que hubiera obtenido la mayoría y a negociar con él. La afiliación sindical se duplicó, aunque algunas de las empresas más poderosas se negaron a cumplir la ley. Con todo, el New Deal prefiguró un modelo, llamado por algunos corporatismo democrático, basado en un sistema de checks and balances, o de equilibrios, en el que los intereses económicos organizados (patronal y sindicatos) intentaban, de acuerdo con el gobierno, regular la actividad económica. No obstante, para buscar las raíces del sindicalismo actual de una manera más precisa tenemos que remontarnos a 1945. La II Guerra Mundial había puesto fin al ciclo de revolución y contrarrevolución que se inicia en 1917, dejando un legado de valiosas enseñanzas de cara a la construcción del nuevo orden mundial. El sentimiento más extendido era que no podían repetirse las circunstancias y los hechos que habían llevado a aquella horrible orgía de muerte: el paro masivo y las dictaduras fascistas; desde estas premisas, puede decirse que se inaugura en occidente un nuevo modo de regulación sobradamente conocido: gestión keynesiana de la economía, Estado de Bienestar y producción/consumo de masas como resultado de un nuevo modo de producir: el conocido como “fordismo”. La implantación del Estado de Bienestar en Europa ha sido uno de los hechos más tras-

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cendentales del siglo XX, seguramente el que ha tenido una repercusión más positiva. Al tiempo, la intervención del Estado en la economía impulsa un giro en el sindicalismo ya que introduce una forma de gestión que contempla el pacto entre patronal, sindicatos y el propio Estado. Pero esto no significa que desapareciera el conflicto social. A lo largo del período hubo dos grandes oleadas huelguísticas impulsadas por un sindicalismo en alza, la primera en torno a 1950 para asegurarse una posición de poder en la nueva sociedad que se estaba diseñando; la segunda en torno a 1968 para ampliar las reformas en un momento en que parecían detenerse. Desde todos los puntos de vista estos años (1950-70) representan la edad de oro del sindicalismo por la afiliación, la combatividad, el poder contractual y las mejoras sociales alcanzadas.

EL PAPEL DEL MOVIMIENTO OBRERO EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA. Durante todos estos años, en los que se produjo un significativo avance del sindicalismo, España permaneció al margen debido a la dictadura franquista. Los sindicatos obreros fueron prohibidos en 1939 y no volverían a ser legalizados hasta 1977, ya en democracia, y sus líderes perseguidos y encarcelados; la actividad sindical libre y al margen del sistema fue reprimida con extrema dureza. En su lugar se creó un sindicato oficial ligado al aparato del Estado, del que formaban parte empresarios y trabajadores, con escasas posibilidades reivindicativas. Los esfuerzos de modernización industrial acometidos a finales de los 50, llevaban consigo mejoras en los sistemas de trabajo, sustituyendo el arcaico “ordeno y mando” por métodos de control de tiempos e incentivos; de este modo, también en España, la introducción del fordismo por la vía militar acabó otorgando un gran poder en planta a los trabajadores de la gran industria a partir de los años sesenta, hasta el punto de que se haría necesario crear la figura jurídica de los Convenios Colectivos (ley de 1958) por medio de los cuales empresas y trabajadores pactaban las condiciones de trabajo. CCOO, que vio las posibilidades que abría la nueva situación para impulsar la lucha reivindicativa, definió una acertada estrategia: ocupando los cargos de representación sindical, elegidos por la base, se podía participar en la negociación de los convenios y convertir éstos en una punta de lanza de la lucha contra el franquismo. Aunque, en principio, la plataforma de los convenios se ceñía a reivindicaciones económicas y laborales, la exigencia de libertad sindical los convertía en una denuncia contra la dictadura. Así, en los primeros instantes de la transición política española, habida cuenta del poder sindical en el centro de trabajo, el tablero estaba prácticamente listo para articular un modelo de relaciones laborales propio de los estados de bienestar keynesianos. Entonces llegó “el malo” y de un manotazo tiró al suelo las fichas y el tablero. El malo era, claro está, la crisis de la economía internacional que en España tenía rasgos propios añadidos.

Uno de los mayores aciertos fundacionales de CCOO fue precisamente la definición de sus principios. 5

Que no fueron una declaración retórica, sino la congruente plasmación de los objetivos y valores que inspiraban la práctica de las Comisiones Obreras primeras, y que han ido demostrando su valor en el posterior desarrollo confederal. El primero de esos principios define a Comisiones Obreras como un sindicato de clase. Ser un sindicato de clase supone no resignarse a la estratificación social establecida, sin otra perspectiva que la inmediata defensa de los intereses profesionales de aquellos colectivos que podamos encuadrar; por el contrario, ser un sindicato de clase supone ser capaz de intervenir y así contribuir a los cambios hacia nuevas formas de organización del trabajo y de la producción, trascendiendo los muros de las fábricas, las fronteras de los estados-nación, y las divergencias entre los intereses particulares de los distintos colectivos que configuran la sociedad actual. Ser un sindicato de clase significa asumir como propios los intereses y derechos de la clase trabajadora en su conjunto, vertebrándola, articulando y dotando de contenido de clase, es decir, interpretando desde las claves del conflicto capital-trabajo, las reivindicaciones de las mujeres, de los jóvenes, de las personas inmigrantes, de las personas con discapacidad. Significa no dejarse atrapar en la regulación de los intereses profesionales, que acabaría inevitablemente en la consolidación del corporativismo más rancio, sino acudir a los elementos que estructuran y configuran el hecho laboral tal y como es, a sus condiciones, que derivan de una determinada organización del trabajo, que derivan de una determinada concepción de los derechos vinculados al trabajo, que derivan, en definitiva, de una distribución del poder en las empresas asimétrica, cada vez más escorada del lado del capital. El segundo de esos principios define a Comisiones Obreras como un sindicato sociopolítico. Comisiones Obreras es el primer sindicato de este país que ha concebido con brillantez la intervención en los espacios sociopolíticos y socioeconómicos como parte de un modelo sindical que no se limita sólo al ámbito de la empresa, sino que se proyecta al exterior en una estrategia que intenta regular también la suficiencia y la equidad de las condiciones de vida. Esto implica no constreñir la acción sindical a estrictos temarios laborales, sino ampliar la intervención del sindicato en la defensa de derechos e intereses de la clase trabajadora, cada vez más incardinados con sus derechos de ciudadanía, y fuertemente condicionados por las políticas económicas, sociales y culturales de los poderes públicos. El tercero de los principios define a Comisiones Obreras como un sindicato reivindicativo. Y es que concebir el sindicato como un mero instrumento de gestión, que trabaja exclusivamente a demanda, supone perder toda capacidad de iniciativa y estar sometido a las propuestas e iniciativas de otros, lo que acarrea actitudes defensivas. Por el contrario,

Comisiones Obreras se ha caracterizado siempre por contar con reivindicaciones propias ajustadas a sus objetivos, tener propuestas bien elaboradas, y saberlas gestionar con acierto mediante la justa combinación del trinomio movilización-presión-negociación 6

GLOBALIZACIÓN Y NUEVOS RETOS SINDICALES La globalización tiene un carácter que cabría definir como líquido, poliédrico, polisémico y escurridizo, por lo que resulta trascendente identificar, con carácter previo, cual va a ser la perspectiva con la que queremos acercarnos a una realidad compleja y bajo la que, a lo largo de estos años, se cobijan muchos procesos simultáneos, complementarios y que mantienen entre sí una relación dialéctica. La globalización no es un incremento cuantitativo ni cualitativo de las relaciones o transacciones económicas a nivel mundial. Esta es una de sus consecuencias, pero no su naturaleza; tampoco es una ampliación al espacio global (que supera al internacional) de estas relaciones o transacciones económicas, aunque uno de sus efectos sea un crecimiento espectacular de las mismas y su sofisticación, especialmente en lo que hace referencia a las transacciones financieras y a los mercados de capitales. La globalización, especialmente en aquellos aspectos de más incidencia y que más impactan en el sindicato, es, sobre todo: • Una profunda transformación en las formas de producir bienes y servicios. • La transformación del modelo de empresa que pasa de la empresa integrada a la empresa en red. • La transformación de las formas de trabajo, de las relaciones de los trabajadores entre sí y con la empresa. • La desestructuración de la identidad de los trabajadores, que tiene efectos individualmente, como personas, y colectivamente, como sujeto social. • La “deconstrucción” de las relaciones de poder en el seno de la empresa y en la sociedad, con sus consecuencias en las estructuras sociales y políticas. • La construcción de una nueva cultura, unos nuevos valores sobre los que se articula este nuevo concepto de empresa y de sociedad. Hablamos del sindicato como la organización que agrupa, organiza y representa intereses de parte, dejando al mismo tiempo claro que este concepto de “intereses de parte” tiene un amplio perímetro. El sindicato representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el sentido más amplio del término, en sus diferentes realidades y situaciones, cada vez más dinámicas

e inestables, cada vez menos estáticas y permanentes, pero, al mismo tiempo, se trata de intereses de carácter general; los intereses que nos agrupan son los intereses generales de los trabajadores. 7

Sin embargo, lo problemático de esta definición estriba en que los intereses que el sindicato agrupa lo son ahora de colectivos diversos, en ocasiones con expresiones contradictorias y no pocas veces contrapuestas; un fenómeno que se ha incrementado en los últimos tiempos fruto de uno de los elementos que caracteriza la globalización: los procesos de producción de bienes y servicios en red y las estrategias de externalización productiva como mecanismo de externalización de riesgos y costes. Por ello, resalta aún más la necesidad de reforzar una de las señas de identidad del sindicato de clase: la de sindicato general que se organiza confederalmente, que tiene la vocación de constituirse en el espacio, en el medio a través del cual trabajadores y trabajadoras puedan agrupar sus intereses no por la vía de agregar o sumar, sino de hacerlos compatibles, organizarlos y representarlos. Para que los cambios institucionales generados por la globalización pudieran avanzar social y políticamente y facilitar toda la potencialidad de las innovaciones ideológicas ha resultado determinante la configuración de una nueva hegemonía ideológica, merced a la cual se ha configurado la centralidad social del mercado, que no solo se ha convertido en el eje de las relaciones económicas, sino en el elemento vertebrador de toda la sociedad, de las relaciones sociales y políticas, lo que ha supuesto una ruptura del equilibrio ancestral entre cooperación y competitividad, a favor de ésta última, así como una ruptura del equilibrio entre individuo y colectividad. Lo substancial parece ser la profunda transformación que ha provocado en el hábitat natural del sindicalismo, a partir de la transformación del espacio territorial y temporal en que se organiza la empresa, la sociedad, la política, el derecho y por supuesto el sindicalismo. Y, sobre todo, la profunda inadaptación a estos cambios de todas las formas de organización social e institucional hijas de la sociedad industrial. Los poderes económicos, los llamados “mercados”, en la medida en que han demostrado una mayor capacidad de adaptarse a estas transformaciones que afectan al espacio territorial y temporal, son los que están llevando la iniciativa en la construcción de nuevas institucionalidades. La inadecuación entre el espacio regulador de la política y la sociedad, que es local o nacional, y el espacio de actuación de la economía y los mercados, que es global, produce una pérdida en la capacidad reguladora de las instituciones políticas y sociales. En paralelo, un incremento de la capacidad reguladora (de facto) de los mercados, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad reguladora y normativa de la ley y de la negociación colectiva. Consecuentemente se produce también un debilitamiento de la capacidad de intervención y de poder del sindicato en la empresa y en la economía.

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Es tan evidente esta nueva realidad reguladora en el terreno de las relaciones laborales que incluso se expresa nítidamente en los conceptos utilizados, en el uso social de la lingüística. Así, lo que en un determinado momento eran “relaciones laborales” como expresión de la función del derecho, del papel de la legislación y de la negociación colectiva en la reducción de los desequilibrios generados por la economía, ahora es el “mercado de trabajo” como expresión de la hegemonía del mercado y la lógica de la economía que domina sobre la del derecho. Sin embargo, frente a la lógica empresarial de empresa en red, el sindicalismo continúa actuando con lógica de empresa de proceso productivo integrado y sindicato autárquico, incentivado por una legislación y un modelo de representatividad que propician la representación de los trabajadores y la negociación colectiva propia de la empresa integrada; frente a la lógica de tiempos digitales de la empresa, el sindicato organiza la acción sindical y sobre todo se organiza de manera autorreferencial con lógica de tiempos industriales. Además de las dificultades para adaptarse a los tiempos de respuesta, la legitimación social del sindicato hoy choca frontalmente con dos retos. Una de naturaleza más estructural y otro vinculado a la actual crisis económica en el marco de la crisis del Estado Social. En términos estructurales se ha producido siempre una inadecuación entre las funciones de representación de los intereses generales de los trabajadores y las formas de participación y de comunicación del sindicalismo. Una inadecuación que en determinados espacios de la acción sindical no genera especiales problemas de legitimación social del sindicalismo, porque los instrumentos de participación y comunicación construidos por el sindicato han devenido útiles. Es el caso de la acción sindical vinculada a las condiciones de trabajo de una empresa y sector que tienen en nuestras formas tradicionales de comunicación y participación un buen conducto a través del cual construir la legitimación de las actuaciones del sindicato. Pero en la medida que estos espacios de actuación amplían el universo subjetivo y objetivo, se refieren a colectivos muy diversos y a problemáticas de naturaleza socioeconómica, estos mecanismos tradicionales de comunicación y participación no pueden desempeñar sus funciones y el resultado es una mayor dificultad para la legitimación social del sindicato.

NECESIDAD DE UN SINDICALISMO CONSCIENTEMENTE GLOBAL El sindicato en este proceso de readaptación a los cambios en relación a los grandes cambios producidos en su hábitat natural, en las formas de producción de bienes y servicios, del modelo de empresa, debe construir respuestas en el terreno de las formas de organizar la acción sindical, en los mecanismos de comunicación y participación, en el reforzamiento de su legitimidad social.

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Estas respuestas no son sencillas como ocurre siempre que se trata de abordar problemas complejos. Pero parece evidente que algunas de estas respuestas requieren de la condición de sujeto global del sindicato. Sin la asunción de esta condición de sujeto global del sindicalismo no parece viable el proceso de recreación del sindicato. Pero al mismo tiempo este sujeto global que pretende ser el sindicalismo requiere como condición previa y constituyente que esta concepción de sujeto global se incorpore al quehacer diario, en los conflictos locales, en la acción sindical local. Sea cual sea el ámbito de actuación del sindicalismo deviene imprescindible que el sindicato actué con lógica de sujeto global. Que no viene determinada por el ámbito de la intervención sindical, del conflicto, sino por la nueva realidad empresarial, productiva, económica y social que el proceso de globalización ha hecho emerger. Este punto de vista es esencial, particularmente para abordar cuál es la significación del sindicato “como sujeto global”, así como es también necesario para avanzar en la línea de reflexión acerca de una necesidad esencial del sindicalismo actual: la de que asumamos “conscientemente” su imprescindible carácter de “organización global”, un objetivo (la conciencia del carácter global en la acción sindical) aún no alcanzado en aspectos esenciales de la vida del sindicalismo. Definir los intereses comunes en el ámbito supranacional debería constituir un objetivo central de las correspondientes estructuras sindicales, para organizar, en torno a ellos, su actividad. Quizás avanzaríamos en este sentido si fuéramos capaces de preguntarnos en serio el porqué de la escasa significación de convocatorias como los “7 de octubre”, jornadas de “acción sindical mundial” nada menos que en defensa del “trabajo decente”, o, más próximo, del último 29-S, jornada europea en defensa contra las agresiones al “Estado de Bienestar”. Sobre ambos ejemplos volveremos más adelante. Las consideraciones en torno al sindicalismo global no pueden ignorar su necesaria función abordando la crisis y las adecuadas respuestas y propuestas sindicales. Se trata de una cuestión preocupante que, quizás con la esperanza de que algún día, y pronto, escampara, continúa sin abordarse con la suficiente claridad, porque lo esencial en la acción sindical no es proporcionar información y recetas a los que quieran oír, no es decir lo que deben hacer los otros (empresarios, gobiernos,…), sino proponer y plantearse como pesar en el escenario correspondiente para que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. El sindicalismo que necesitamos ha de ser “global”, y lo ha de ser “conscientemente”, es decir asumido como tal. De ahí que un reto para el sindicalismo local, de empresa, sectorial, nacional sea, en estos momentos, el contribuir al sindicalismo “conscientemente global”.

SINDICALISMO, ESTADO DEL BIENESTAR Y MODELO SOCIAL EUROPEO

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El desarrollo del sindicalismo de clase en Europa está estrechamente asociado al Estado de Bienestar, cuyo origen se enmarca en momentos históricos convulsos y violentos, lo que conviene tener presente para comprender no sólo la importancia de la intervención del Estado y el desarrollo de leyes sociales sino el protagonismo de las organizaciones sociales y, muy especialmente, las organizaciones sindicales. La conformación del Estado de Bienestar expresa la combinación de un intenso proceso de acumulación de capital privado y público, en el que la extensión de los mercados y la actividad de las empresas privadas se produce de manera interrelacionada con una creciente intervención del Estado, una elevada oferta de bienes públicos y un desarrollado sistema de protección social que permite conseguir el pleno empleo. Un modelo en el que los derechos políticos -base de los sistemas democráticos- son indesligables de otros derechos laborales o sociales como el derecho al empleo, a la educación o la sanidad, a la protección por desempleo, a la jubilación o al acceso a la vivienda y en el que la participación social en las políticas públicas ocupa un papel central. En el modelo social europeo, la “ciudadanía laboral” es un aspecto inseparable de la “ciudadanía política”, en cuyo desarrollo tiene un importante papel el sindicalismo de clase. El Estado del Bienestar expresa así un complejo equilibrio y compromiso entre los agentes políticos y sociales en el mantenimiento de las tasas de beneficio de las empresas, y una política de relativa moderación salarial relacionada con la evolución de la productividad, que no presiona hacia cambios radicales en la distribución primaria de la renta entre capital y trabajo -a pesar de la mayor capacidad de negociación que el pleno empleo podría dar a los trabajadores- en la medida en que el desarrollo de un sistema fiscal con importante capacidad recaudatoria y redistributiva genera derechos y rentas de ciudadanía que palian las desigualdades sociales generadas en la primera distribución de la renta. La aparición de un elevado y creciente desempleo con perspectivas de ser estructural, la aparición de importantes fenómenos de pobreza y de exclusión social, y la aplicación de las políticas nacionales de ajuste de los gastos públicos sociales, supusieron una primera crisis del Estado de bienestar como construcción política, económica y social. En definitiva, la modificación de las bases del “pacto keynesiano” y la incapacidad de las instituciones y acuerdos desarrollados hasta entonces en la integración europea para “tomar el relevo” de lo realizado a nivel nacional y conseguir un nuevo reequilibrio en el reparto de poderes. También en este periodo se estaban fraguando cambios de gran envergadura, que marcarían la última etapa del siglo XX y los comienzos del XXI. La llamada globalización. La internacionalización de las relaciones económicas tuvo uno de sus principales ejes de desarrollo en la continua ampliación de los mercados internacionales, al calor de la expansión del comercio mundial.

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La construcción de nuevos derechos ciudadanos significó una creciente incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, y aquéllos no solo generaron una nueva cultura de la igualdad –quizás apenas atisbada en sus principios- sino también cambios profundos en las estructuras familiares clásicas, basadas en la remuneración y hegemonía del varón como principal sustentador de la unidad familiar, provocando demandas de nuevos derechos sociales e importantes cambios en las tendencias demográficas. El aumento de los niveles educativos supuso un cambio generacional de los valores del esfuerzo y el trabajo en los jóvenes, cuya expresión más inicial y mediática fueron las revueltas de mayo del 68 pero que ahora se proyectaba en un escenario de creciente fragmentación social, en el que la mejora de los niveles educativos convivía con un aumento del fracaso escolar -a pesar de la provisión pública del derecho a la educación- y un crecimiento de trayectorias educativas, laborales y sociales atrapadas en la exclusión laboral y social. Finalmente, estos cambios económicos y sociales tuvieron su reflejo en la necesidad de mano de obra inmigrante para cubrir los puestos de trabajo de menores niveles de cualificación, intensificados no solo por las mejores posibilidades de vida de los ciudadanos “autóctonos” sino por las notables diferencias entre los proyectos que los inmigrantes podían llevar a cabo en los países del norte y el sur del desarrollo económico. Los principales rasgos que caracterizaron a las estructuras sociales que dieron fuerza y legitimidad a la conformación de los Estados de bienestar, se estaban transformando profundamente. Se estaba produciendo un cambio en las características y composiciónde la clase trabajadora y de sus valores sociales, desde los principios de solidaridad y justicia social en los que se basaban las organizaciones sindicales de clase, como instancias de participación pública de la ciudadanía. Todo ello tuvo su reflejo en la creciente “popularidad” de las ideologías postmodernas de individualismo y su proyección en el neoliberalismo, y en la pérdida de peso de los valores socializadores del trabajo frente a los del consumo. Es necesario repensar la conformación actual del Estado del Bienestar como proyecto político –consustancial al sindicalismo de clase- porque no se trata solo de defender un aumento del presupuesto comunitario, el papel del Banco Central Europeo o la coordinación de las políticas económicas nacionales y su orientación hacia los objetivos de crecimiento económico y del empleo para mejorar la “gobernanza” europea, sino de entender que la llamada “crisis fiscal del Estado” nace no solo de la insuficiencia de los impuestos para financiar los gastos sociales que caracterizan al Estado del Bienestar (que también), sino de la creciente divergencia entre la distribución primaria de la renta frente a los criterios de distribución e igualdad social que se consideran socialmente deseables. Se trata, de proyectar el EB mediante un nuevo contrato social intergeneracional que debe tener su reflejo en nuevas formas de entender la actividad económica, el valor de los recursos naturales –los actuales y los que van a ser legados a las generaciones futuras-, en la consideración de los gastos sociales no como gastos de consumo sino de inversión, y en la valoración del trabajo “extramercado” que recae en las familias y

especialmente en las mujeres. Esta nueva perspectiva debe supone un cambio radical en la evaluación de las cuentas públicas y la contabilidad nacional al uso, y en la obsesiva consideración de la restricción de los déficit públicos como una prioridad absoluta. 12

El sindicalismo europeo, como ha señalado la CES en su reciente Congreso en Atenas se enfrenta al reto de reconstruir las bases sociales que han dado legitimidad y alcance político al Estado del Bienestar, porque no se trata de formular propuestas “técnicas” y explicar su viabilidad sino de recrear el Estado de Bienestar como proyecto político, que hoy solo puede tener expresión como proyecto internacional, huyendo de los planteamientos “eurocentristas” proyectándolo al nuevo escenario histórico de la globalización.

EL SINDICALISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE COHESIÓN SOCIAL Coincidiendo con la fase más dura de la crisis económica, y del empleo, asistimos con preocupación a una campaña sistemática contra el sindicalismo por parte de la derecha política y mediática, tanto global como local, que unas veces impugna sus convocatorias reivindicativas y movilizadoras y otras su estrategia dialogante y negociadora, con el objetivo común de deslegitimar socialmente su intervención, recortar sus derechos e imponer sin límites la lógica mercantilista en las relaciones laborales. La combinación de viejos resabios reaccionarios con el doctrinarismo neocon proyecta una imagen distorsionada del sindicalismo real, caricaturizado como anacrónico y disfuncional, escasamente representativo y perturbador del libre funcionamiento del mercado, con objeto de justificar así iniciativas y prácticas orientadas a reducir derechos y ampliar desigualdades sociales. La realidad del moderno sindicalismo es, sin embargo, mucho más compleja y su análisis riguroso nos permite constatar tanto su representatividad consolidada (no exenta de dificultades para la agregación e intermediación de intereses colectivos en un mercado de trabajo cada vez más fragmentado) como la cobertura y eficacia de su intervención (negociación colectiva, concertación social, gestión del conflicto), cuyo alcance y desarrollo mantienen una significativa correlación con los principales indicadores de competitividad económica y cohesión social. Una correlación acreditada por los datos procedentes de diferentes fuentes estadísticas e investigaciones empíricas comparadas, cuyo análisis pone en cuestión el discurso deslegitimador y justifica la reivindicación del sindicalismo en el ejercicio de sus diferentes funciones de agregación y representación de los intereses de los trabajadores y su promoción y defensa en el marco de unas relaciones laborales asímétricas y de una sociedad en transformación. Finalmente, con objeto de evaluar el impacto de la intervención sindical en las relaciones laborales y el propio desarrollo económico, el Instituto Sindical Europeo (ETUI) ha elaborado un Índice Europeo de Participación que combina las principales dimensiones colec-

tivas de la misma (afiliación, representación, participación y cobertura negocial) y sitúa a nuestro país en la franja medio-alta de la escala (0,66). 13

En la primera edición del Benchmarking Working Europe, correspondiente a 2010, se analizan las relaciones entre el EPI y los principales indicadores de la Estrategia Europea de Empleo (PIB, productividad, empleo, inversión en I+D), mientras que en su segunda edición se hace lo propio respecto de los indicadores de la Estrategia 2020 (PIB, empleo, educación, exclusión social, consumo energético, etc.) En ambos casos se pone de manifiesto la existencia de una importante correlación positiva entre el índice de participación y los principales indicadores socioeconómicos, lo que permite reivindicar la contribución decisiva del sindicalismo al desarrollo de la competitividad económica y la cohesión social.

SINDICALISMO Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL MUNDO DEL TRABAJO Desde mediados de los años 70, se desarrolla un creciente y dinámico proceso de transformación del modelo de empresa integrada característica del modelo de acumulación fordista dominante en la etapa de los “30 años gloriosos” del capitalismo de la post guerra. En términos generales, suelen destacarse dos tipos de factores que impulsan este proceso de cambio. De un lado, la rigidez de la propia organización para dar respuestas a una demanda cada vez más cambiante y en la que, al menos en apariencia ya no son tan interesantes las economías de escala tradicionales. Una rigidez que parte de la propia estructura jerárquica de la empresa y el proceso de toma de decisiones, pero también de la enorme cantidad de capitales invertidos en estructuras de producción rígidas, que resulta difícil de cambiar cuando el producto resulta obsoleto. De otro lado, la rigidez laboral. En el análisis convencional se han enfatizado sobre todo la importancia de las normas de ajuste externo de la empresa, impuesta por las estructuras de mercados internos y por las leyes laborales dominantes en muchos países, y por la rigidez de las estructuras salariales. Rigidez esta última en una doble dirección: dificultad de ajustar a la baja los salarios nominales, y dificultad de alterar las estructuras salariales a los cambios en las demandas y ofertas relativas de muchos empleos. La combinación de estos factores impulsará un proceso profundo de transformación del modelo de empresa tradicional que, apoyándose en las posibilidades brindadas por las nuevas tecnologías de la información en materia de control y coordinación de los procesos, dará progresivamente lugar a la conformación de un nuevo modelo organizativo que puede caracterizarse como de “empresa red”, y que se caracteriza por los siguientes elementos: La gran empresa, deja de concebirse como un conjunto de actividades integradas, con un organigrama común, una definición común del espacio interior de la empresa, y pasa a constituirse como un complejo entramado de unidades empresariales que tienen un conjunto de nexos de conexión entre sí. Una red de relaciones bien definida en las que la gran

empresa actúa como elemento central de la red, como la instancia que le da sentido y por tanto la que ejerce un control sobre su funcionamiento básico. 14

La gestión deja de ser completamente jerarquizada desde la cúpula superior hasta la base del proceso productivo. Una gran parte de la gestión cotidiana se realiza desde las propias unidades y parte de la gestión centralizada se convierte en gestión del funcionamiento de la red utilizando métodos diversos: contratos mercantiles, dirección por objetivos, fijación de retribuciones preestablecidas etc. La primacía de las estrategias que buscan la rentabilidad financiera a corto plazo sobre las orientadas a objetivos de rentabilidad “productiva” a medio y largo plazo; un hecho que conlleva otorgar una mayor prioridad al valor a corto plazo del accionista frente a los intereses a largo plazo de otras partes de interesadas y afectadas por el funcionamiento de la empresa (como los trabajadores, consumidores y comunidades locales). La consolidación de una lógica de reestructuración permanente de la organización empresarial, a través de un doble proceso: por un lado, la concentración de la actividad en aquellos segmentos de la cadena productiva que generan mayores posibilidades de extracción de valor, y el desprendimiento del resto (vía externalizaciones, relocalizaciones u otras modalidades de reestructuración), por otro, el desarrollo de estrategias de crecimiento con el objetivo de consolidar liderazgo en segmentos de mercado (por ejemplo, a través de fusiones y adquisiciones). La principal consecuencia de todo ello ha sido un incremento sustancial de la transferencia del riesgo empresarial tanto para los trabajadores − en términos de pérdida de empleo, empeoramiento de las condiciones de trabajo y mayores dificultades para las relaciones laborales − como para el entorno social y medioambiental de las empresas. Una dinámica que ha contribuido a una mayor vulnerabilidad de amplios segmentos de la población, cuyos efectos se han manifestado en toda su crudeza con el estallido de la crisis actual, donde se ha puesto claramente de relieve que “la gestión empresarial expone cada vez más a los trabajadores a los ataques de los mercados, y que la política de las empresas consiste cada vez más en protegerse de las tempestades exponiendo a su violencia a los trabajadores de primera línea”. Así, por una parte se plantea la necesidad de potenciar la participación sindical en el diseño general de las políticas relacionadas con el cambio de modelo productivo, tanto a nivel europeo y estatal. Una participación que normalmente suele situarse en el plano de la consulta − no de la negociación − y que en muchos casos no tiene una incidencia real efectiva en el desarrollo de las políticas. Por otra parte, se propone impulsar la mejora de la concertación social territorial. Un ámbito de negociación especialmente relevante, dado que las Comunidades Autónomas tienen competencia sobre muchas de las políticas clave para el cambio de modelo productivo (como la Investigación, Desarrollo e Innovación, la formación y las políticas de empleo entre otras).

Un elemento fundamental es el reforzamiento del papel de la negociación colectiva. 15

Como un instrumento central para impulsar cambios en el modelo de competencia de los sectores productivos y empresas, sobre bases alternativas a la reducción de costes y precios. Para ello, se plantea un doble eje básico de actuación: el fomento de un enfoque proactivo de actuación de las organizaciones sindicales, como alternativa a las prácticas reactivas de intervención; y el enriquecimiento de los contenidos de la negociación colectiva en materias como la innovación tecnológica, la organización del trabajo y la formación, como mecanismo para influir en los factores determinantes de la actividad de las empresas. En primer lugar se plantea la necesidad de fomentar la coordinación sindical en toda la cadena de valor. La razón es que la fragmentación de la producción también significa que la negociación a nivel de empresa puede perder pertinencia. Los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores en una empresa subcontratada pueden depender más de las decisiones y exigencias de la empresa que domina una cadena de suministro particular que del propio personal directivo. Asimismo, el hecho de que la propiedad sea poco precisa puede crear confusión a los sindicatos a la hora de identificar los agentes apropiados de la negociación. Afrontar todo ello implica reforzar elementos como la articulación de la intervención entre sectores, empresas y territorios; la cooperación sindical internacional; un mejor funcionamiento de los diferentes instrumentos de actuación internacional existentes, tales como los comités de empresa europeos, y el desarrollo de ámbitos de actuación muy poco desarrollados hasta ahora (por ejemplo, la negociación colectiva transnacional). En segundo lugar, se plantea cómo influir sindicalmente a fin de prevenir los efectos más perjudiciales de la financiarización. Particularmente, es necesario impulsar nuevas formas de actuación orientadas a garantizar la tutela de los derechos de los trabajadores en situaciones de “parasubordinación” utilizadas por los empresarios como vía de precarización del empleo (como es el caso, por ejemplo, de los falsos autónomos y los falsos becarios). Una realidad que merece especial atención es la del trabajo no declarado. Éste es un fenómeno cuya propia naturaleza oculta impide una adecuada estimación, pero que diferentes estudios sitúan con un volumen en España en torno al 20 por ciento del PIB. Es importante remarcar que el trabajo no declarado se caracteriza por un elevado grado de diversidad en relación tanto a los factores determinantes y las motivaciones de los agentes implicados, como a las características de su desarrollo y sus efectos. Promover una transición justa hacia el trabajo regular es un reto de primera magnitud.

EL SINDICALISMO FRENTE A LA SALIDA NEOLIBERAL DE LA CRISIS

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La crisis económica, cultural y política que recorre Europa desde hace ya varias décadas está mostrando su cara más agresiva y violenta en los últimos tres años, despojando progresivamente a los ciudadanos de sus derechos sociales más básicos. Esta deriva, que hasta la llegada de la crisis de 2008 habían sufrido con mayor intensidad los trabajadores migrantes extracomunitarios, se impone ahora con carácter general a toda la ciudadanía. La dialéctica entre capital – trabajo y política, durante el desarrollo de la crisis, parece resolverse, al menos por el momento, en un fuerte intervencionismo público que insiste en la idea de que el crecimiento económico por sí solo consentirá mayores dosis de Estado Social. De este modo, asistimos paradójicamente a un desmantelamiento progresivo del Estado Social para favorecer y reforzar los mecanismos de obtención de beneficio empresarial y crecimiento económico que, según aseguran los hacedores de políticas, concluirá en una sociedad caracterizada por su bienestar. Así, la actuación política desde la que se hace frente a esta expropiación de derechos confluye con carácter general en un discurso caracterizado, en un primer momento, por la resignación e imposibilidad de acción frente al poder omnímodo de los mercados para concluir, en un segundo momento, en la consustanciación de aquélla con los planteamientos que acaban azotando a los derechos que conforman la ciudadanía social. O lo que es lo mismo, el proceso de gestión política de la crisis ha transitado diversos posicionamientos ideológicos que han oscilado desde el rechazo firme a que los trabajadores paguen una crisis que no han causado, a abrazar los postulados neoliberales de salida de la crisis. Sin embargo es preciso ser conscientes de que la consideración de las políticas públicas, y muy especialmente las de carácter social, de su naturaleza, alcance y efectos, precisamente en tiempos de crisis, suele ser objeto de controversia, cuando no de análisis y planteamientos presuntamente teóricos (y realmente ideológicos), que enturbian el carácter radicalmente estabilizador que tales políticas juegan, por su propia naturaleza, tanto en lo que se refiere a garantizar o, al menos, posibilitar, el bienestar de las personas, como, consecuentemente, la cohesión social y, de manera derivada, el crecimiento económico a pesar de que, de hecho, únicamente con políticas sociales de carácter marcadamente estructural es posible combinar de manera equitativa y sostenible, crecimiento y desarrollo. Otro tanto cabe decir de las políticas fiscales: su denominación “habitual” como “carga fiscal” ya pone sobre aviso acerca de su carácter supuestamente “negativo”, a lo que hay que añadir que su actual diseño, lejos de avanzar en una más justa distribución de la riqueza no hace sino profundizar en su distribución desigual, profundizando así en la desigualdad social, en la creación de zonas de vulnerabilidad y brechas de exclusión. Más allá del debate conceptual sobre la equidad, lo que importa es detectar la desigualdad, analizar sus causas y determinar los mejores instrumentos para reducirla. En realidad son múltiples las manifestaciones de la desigualdad: desigualdades económicas de renta y riqueza (en donde puede incluirse la pobreza), la desigualdad entre co-

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lectivos (minorías, género, migrantes...), desigualdades en el acceso a los servicios públicos (clara violación de la equidad), las desigualdades intrafamiliares o las desigualdades territoriales. Para estudiar la desigualdad y sus mecanismos de corrección, necesitamos ir a los análisis de distribución de la renta y de sus causas y al estudio de los efectos de las políticas públicas, singularmente de las políticas fiscales (ingresos y gastos públicos)”. Ha empeorado especialmente a lo largo del tiempo la distribución de la renta primaria que procede del mercado de trabajo, lo que conlleva como consecuencia de la desigualdad socio económica, se producen serias desigualdades en el acceso a los servicios públicos. Así ocurre con la educación, los servicios locales, la salud, las pensiones, o el acceso a la vivienda. En el caso de nuestro país, además, hay que añadir con respecto al déficit social que arrastramos y que se manifiesta, precisamente, en lo que podríamos denominar un “Estado Social de baja intensidad”, que, a pesar de los esfuerzos realizados en años pretéritos, no ha logrado alcanzar, ni en los mejores momentos económicos, las cotas medias en materia de gasto social con relación al PIB de la Unión Europea; una situación que la crisis económica no ha hecho sino agravar. El replegamiento de la política, la regulación implícita desde el “fuera” de los mercados que está determinando gran parte de las medidas que se toman, incluidas, por supuesto, las de contención del gasto público, pueden y deben ser respondidas desde el sindicato: desde la legitimidad que éste tiene, desde su capacidad real de representación de intereses generales, desde la proximidad con sus representados, desde su propia capacidad para ejercer la necesaria pedagogía que renueve y refuerce el discurso de la solidaridad intra e intergeneracional y la cultura del trabajo, desde su perfil sociopolítico, densificando la democracia, dotándola de un mayor carácter inclusivo, un perfil, por otra parte, consustancial al sindicalismo confederal y de clase, desde su dimensión internacionalista, desde la organicidad en la toma de decisiones que permite coherencia en la propuesta y ajuste a la realidad concreta en la misma. Pueden y deben ser respondidas desde un sindicato que no se contenta con analizar la realidad, sino que la comprende y es sujeto activo de cambio. Cierto es que el sindicato se encuentra con nuevas dificultades para hacer sindicalismo como consecuencia de la dispersión social que impone el nuevo capitalismo. Pero esa dificultad y muchas otras no impiden afirmar que esas nuevas dificultades son, simplemente, un problema de correlación de fuerzas en un contexto internacional de crisis en las relaciones del poder global. Significa que es un fenómeno esencialmente político aunque con profundas raíces económicas. En la medida en que las formas de apropiación varían, varían las formas de resistencia; en la medida en que mutan los poderes empresariales y cambia la organización productiva, en la medida en que las formas de control social evolucionan cambian las naturalezas de los conflictos y la naturaleza de las resistencias.

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La disgregación física, que se suele citar como el principal factor que impide sentirse como grupo, hace tiempo que solo es una mala excusa. En un mundo de conexiones virtuales, en el que internet se muestra como una oportunidad real para enlazar a infinitas comunidades, la separación física no es ya un obstáculo. Lo que falla es la madeja de ideas que proporciona altura de miras al conjunto en forma de un interés más general. Lo que falla es la capacidad de las ideologías de actuar como cemento y vehículo para explicar las cosas. Es esa carencia la que impide constituirse en una comunidad de intereses. Pero eso es algo común en la historia: nunca la conciencia de pertenecer a colectivos con intereses comunes ha surgido espontáneamente de las propias condiciones del trabajo, siempre “vinieron de fuera” desde las ideologías.

LA REDEFINICIÓN DEL PAPEL DEL SINDICATO EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERÉS GENERAL DENTRO DE LA EMPRESA Dejar en manos de la dirección, progresivamente identificadas con una lógica sectaria y excluyente, financiera y cortoplacista, la defensa de la empresa como el resultado de un interés común, todos estamos en el mismo barco, muestra la dificultad de los trabajadores para articular respuestas adecuadas ante cada situación. El sindicato es un sujeto colectivo cuyo hacer consiste, precisamente, en “construir” un interés general en todos los espacios en los que participa, a negociar con todas las partes para fraguar un proyecto común articulado lo más sólido posible a largo plazo, que tiene algo que ofrecer al conjunto. Esa actitud en el interés común es indisoluble a la confrontación contra las formas absolutistas del poder, contra las políticas que entienden el interés general como forma de justificar la apropiación del esfuerzo de la mayoría, contra el monopolio de la información, contra los que desprecian al trabajo y solo desean cabalgar sobre él para extraer el máximo de beneficios de forma inmediata. El sindicalismo confederal tiene que aspirar a incorporar a sus bases, a la mayoría de los cuadros de las empresas, que son la expresión de la pluralidad social con la que hay que contar y de las contradicciones del momento actual que los empuja a ser homogeneizados a la baja. Los sindicatos, desde una mayor y más extendida presencia en la empresa, deben salir a la sociedad y reorganizar su presencia en todos los espacios verticales en los que el debate social existe. El predominio de la organización territorial sobre la vertical incapacita en algunos sectores (todos los nominados como intelectuales orgánicos) para batallar en la construcción de las ideas que fabrican consenso. Trabajadores y trabajadoras deben ser capaces de ofrecer una alternativa viable a la so-

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ciedad desde el sistema productivo. El sindicato está obligado a expresarse públicamente con una síntesis coherente entre la libertad y la intervención, lo espontáneo y lo organizado, los impulsos participativos y la funcionalidad de la autoridad. Ello no le alejará de los trabajadores sino todo lo contrario porque significa la defensa de un modo alternativo de entender la convivencia que supone, al tiempo, más derechos, más dignidad para el trabajo y más innovación, bajo una dirección económica coherente y rigurosa. La actuación en la empresa del sindicato pertenece a la memoria de la organización sindical y constituye en la cultura del sindicalismo, especialmente del español, un elemento básico de identidad del sujeto colectivo. Esto implica también un redescubrimiento de la importancia de la empresa como elemento vertebrador de la acción de tutela de los derechos de los trabajadores. Lo que resulta perfectamente comprensible porque la empresa sigue siendo,“el lugar de máxima refracción de las desigualdades y, al mismo tiempo, el lugar donde no es posible abolirlas”. Son constantes las referencias a la relevancia de la empresa y a la necesaria reconducción de la acción de tutela de los derechos de los trabajadores en ese ámbito. Se sitúa en primer plano la temática de la participación en la empresa y la necesidad de extender los derechos de información y consulta en la misma, o se recita incluso la importancia de establecer la responsabilidad social de las empresas. Las reflexiones sobre la conveniencia de fomentar un tejido productivo sostenible y de calidad desembocan por lo general en una incitación a la acción sobre las empresas, como también la reiterada urgencia para el sindicalismo de atender en su estrategia de acción las “nuevas realidades productivas”. La acción específica en o desde la empresa permite conceptuar una fase laboral propiamente dicha de la capacidad de acción del sindicato y de sus planos de intervención en la realidad social que resultan más productivos socialmente y que permite una mejor visibilidad de la capacidad del sindicato de tutelar y representar los intereses de los trabajadores, y es una condición necesaria para impulsar los procesos de movilización. Enlaza así el sindicato con su identidad segura, con sus certezas provenientes de su historia y de su cultura. El discurso sobre una acción sindical centrada en la empresa tiene varias implicaciones. Ante todo, repara en una vertiente más reivindicativa en lo concreto de las condiciones de trabajo y de empleo, que obliga a replantearse la utilización de los mecanismos clásicos de presión y de negociación de manera encadenada, es decir a una recuperación del ligamen nunca perdido entre huelga y negociación colectiva en el ámbito de la empresa. Ambas facultades de acción se hallan delimitadas por la inmediación con la relación de trabajo entre empleador y trabajadores en el marco del contrato de trabajo que despliega

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sus efectos en una determinada organización de la actividad productiva empresarial. Además, desde el punto de vista de los contenidos, se presta una atención prioritaria a las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo en las unidades productivas, reforzando en consecuencia el trabajo como preocupación sindical más que el empleo como objetivo absorbente de las energías reivindicativas. De esta forma se refuerza la figura del trabajador con derechos – derechos “viejos” construidos desde la relación salarial fordista y derechos “nuevos” ligados a la persona del trabajador y a las nuevas identidades que esta figura social incorpora – frente a la del ciudadano social, que ante todo se sitúa en el ámbito de la suficiencia de las condiciones de vida y existencia, en el dominio de la reproducción social. Es por tanto útil reforzar los vínculos que ligan el lugar de trabajo y la empresa como espacio de regulación de las condiciones de trabajo y de empleo. Eso implica que hay que repensar la institucionalización de la acción sindical actualmente existente –en los términos en los que realmente se expresa–, es decir tanto el modelo dual de representación de intereses en vigor como la propia estructuración interna del sindicato en la conformación de la posición que ocupa la sección sindical de empresa. Por otra parte, al ser el sindicato un agente de regulación de las condiciones de trabajo y de empleo, y partícipe de las decisiones sobre la organización del trabajo – que sigue reclamando el empresario como monopolio suyo -, la concreta administración de esta relación en la empresa requiere una reflexión sobre la red de instrumentos regulativos colectivos que se vinculen directamente con la empresa como centro de imputación normativa, lo que plantea numerosos problemas tanto en relación con la distribución de espacios reales de regulación de las relaciones laborales en la empresa desde fuera de ella como respecto del propio uso y “gobierno” sindical de los instrumentos regulativos que se ciñen a este ámbito. El sindicato ha de tener como objetivo desarrollar una acción sindical que dinamice los necesarios cambios en la organización del trabajo, re-diseñando o fortaleciendo modelos más participativos, básicamente entre los trabajadores y trabajadoras en los puestos de ejecución de la industria y los servicios. Esta participación en el diseño de los procesos de trabajo debería incorporar una reflexión sobre el modelo productivo y las estrategias competitivas de las empresas, pero sobre todo, está incrustada en la consecución de la mejora de las condiciones de trabajo y el fortalecimiento de la presencia sindical en la empresa. Contrariamente a lo que habría cabido esperar, la evolución de la crisis no se ha orientado, como parecía en un primer momento, a una sustancial modificación del modelo hegemónico que nos condujo a ella. Y que se ha venido denominando como modelo “neoliberal”, sino que, paradójicamente, ha venido a revitalizar las fórmulas más rancias e integristas de ese modelo.

Un modelo que precisa, para su máximo desarrollo, de la desaparición del concepto de “conflicto”, que apela a la supremacía, incluso moral, de lo individual frente a lo colectivo. 21

Una de las “enseñanzas” de la crisis y su evolución, una de las “lecciones” amargamente aprendidas, es, sin lugar a dudas, el hecho de que el conflicto social no sólo no ha desaparecido: tan siquiera está larvado, y, a medida en que avanzamos en esa evolución se muestra más descarnadamente: desde su configuración en el siglo XIX como conflicto capital-trabajo, desde su localización como conflicto estrictamente vinculado a la consideración del trabajo como mercancía y las relaciones determinadas por esta consideración, el conflicto social, lejos de amansarse, ha sido y es impulsor del derecho del trabajo, motor de los derechos sociales Así, el sindicalismo, debe estar allí donde se dirimen los intereses de la fuerza del trabajo, y aunque ese lugar no es únicamente el centro de trabajo, implica la necesidad de que el sindicato se sitúe con renovada fuerza y protagonismo en la empresa, en el centro de trabajo, abriendo cauces de participación a las mujeres, a los jóvenes, a las nuevas realidades producto de los procesos migratorios, a quienes son víctimas de distintas formas de precariedad, abriendo cauces para la revitalización de la acción sindical en la empresa, que no es otra cosa que el lugar en el que se hacen efectivos los cambios; por tanto, es el lugar donde también se han de hacer efectivos los nuevos retos que el sindicalismo tiene ante sí. Y eso quiere decir, ante todo, que la función esencial del sindicalismo, hoy como ayer, continúa siendo la misma, si bien que inclinada en una configuración de la realidad, como decíamos, distinta, sistémica, lo cual no resta un ápice de vigencia a las exigencias básicas que el sindicalismo debe hacerse a sí mismo. Desafíos que tienen relación también con la transnacionalización de las empresas, mientras los espacios sociolaborales se ubican en los ámbitos locales, una segmentación cada vez más fuerte del mercado de trabajo, el desempleo y la precariedad. La precariedad laboral produce desigualdad social, desarticula y dualiza el mercado de trabajo; cuestiona los derechos individuales y colectivos, desestabiliza el funcionamiento de buena parte de las instituciones y amenaza en fin la cohesión económica y social de un país. Hay que evitar que la precariedad se convierta en un instrumento para la competitividad. Así mismo los cambios en la propia organización del trabajo y un fuerte cuestionamiento de los mecanismos de dialogo social, que es considerado por los sectores neoliberales como un lastre para el desarrollo económico que hay que arrojar por la borda. Estamos partiendo de los profundos cambios que se vienen produciendo en las relaciones laborales, en los ámbitos de decisión en los sistemas de redistribución y protección social. Tiene mucho que ver con el papel que ha de jugar el sindicalismo, con su capacidad representativa, afiliativa y de intervención también.

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Cambios en la empresa, lugar en el que ciertamente se hacen efectivos los nuevos retos y que obligan a poner especial énfasis en situarla como eje central de la actividad sindical, avanzando en el gobierno democrático de las relaciones laborales, cambios que requieren ganar nuevos espacios de intervención, que tienen todo que ver con los sistemas de protección social, con la política educativa, con la sanidad, con las pensiones, con los servicios públicos…. Llevamos tiempo debatiendo de la creciente internacionalización de la economía, junto a ello hemos venido reflexionando sobre la necesidad de hacer una fuerte apuesta por el sindicalismo europeo. Ahora bien, y al objeto de no reproducir frases muy manidas, la clave está en abordar en profundidad y de la manera más clara posible, cómo avanzar organizativa y estratégicamente en las respuestas necesarias e intervención suficiente, para gobernar sindicalmente y de manera efectiva la totalidad de los cambios, su simultaneidad, y el tiempo en que éstos evolucionan, se modifican y transforman incluso drásticamente. En este sentido, se hace cada vez más imprescindible abordar temas referidos a los ámbitos supranacionales de negociación colectiva, al papel también de los Comités de Empresa Europeos, y a los espacios contractuales que están llamados a ocupar, si no queremos que languidezcan como meros receptores de información. Igualmente se ha de avanzar en definiciones sobre el nivel de organización concreta de los trabajadores a escala europea y mundial.

SINDICALISMO, ACCIÓN SINDICAL Y PARTICIPACIÓN Para influir, se ha reiterado en numerosas ocasiones, el sindicalismo debe estar organizado atendiendo a las estrategias empresariales, a su nivel de organización, no sólo a los espacios contractuales definidos, sino también a los que están por crear y que desde el movimiento sindical queremos impulsar. Es imprescindible que el sindicalismo se nutra de su propio conocimiento, que sea capaz de aglutinar sus propias experiencias, de desbrozarlas de sus elementos casuísticos y articularlas en un planteamiento general. Pero para ello el sindicalismo tiene que reforzar (y tal vez reformular) sus pautas y sus mecanismos de vinculación con la afiliación, en definitiva, tiene que fomentar, de manera decidida la participación de su afiliación y hacerlo no sólo para tomar decisiones, siendo esto imprescindible, sino fundamentalmente para elaborar propuestas. Este llamamiento a la participación cuenta, sin embargo, con afrontar otro gran desafío para el sindicalismo; un desafío que podemos caracterizar como la superación de un cierto alejamiento de determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras respecto a las estructuras sindicales. Por consiguiente, es prioritaria la recuperación de la política y de la cultura como ele-

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mentos centrales del discurso sindical, hay que seguir batallando por hacer realidad la definición teórica de sindicato confederal. Y hacer frente a esa prioridad sindical requiere, con urgencia y con intensidad, situar la participación en el centro del discurso y de la práctica sindical. Hay que entender esto bien: no quiere decir que hablemos de la participación: quiere decir que la construcción misma del discurso sindical debe sostenerse sobre la participación, que el discurso sindical es ya, de suyo, un compromiso de la organización con su afiliación, con los trabajadores, porque si no lo es, no son más que palabras. La práctica sindical, los modos de hacer del sindicalismo, los procesos de movilización, de negociación, las tomas de decisión, precisan de un proceso de construcción participada que es lo único que legitima la representación. Sin duda son temas que tienen una repercusión importante respecto de la estrategia sindical en la empresa y al papel del sindicato dentro de ella, y que habrá que ir definiendo, pero hay que incorporar esa dimensión al sindicalismo en su elaboración cotidiana, comenzando por abordar desde la propia negociación colectiva una revisión de los ámbitos de negociación, de los funcionales ante todo, pero también de los territoriales, prestando especial atención a los procesos de segregación de empresa, al objeto de la que negociación colectiva dé respuesta a espacios actualmente desprotegidos. No se trata de crear nuevos ámbitos de negociación que acentúen la dispersión actual, sino más bien al contrario, de contener los ámbitos de negociación al tiempo que se amplía su cobertura. El sindicato no puede ser concebido como un mero movimiento de protesta. El sindicato ha de tener capacidad de gobierno de las relaciones laborales, de la protección social..., es por ello por lo que el sindicato gobierna desde el acuerdo, interpretando bien el conflicto, porque ese y no otro es el ámbito donde puede influir para cambiar las cosas, porque o se gobierna desde el acuerdo, reforzando la capacidad contractual, o se gestiona más mal que bien lo que se decide desde otras instancias favoreciendo otros intereses. Ello exige de una acción sindical multidireccional, que no unidireccional, además de supranacional, que no renacionalizadora. El sindicalismo debe asumir que en un mundo cada vez más interdependiente, los derechos sólo pueden defenderse haciéndolos extensivos a los demás. Dicho de otro modo: el sindicalismo tiene que impulsar su propia capacidad de negociación más allá de las fronteras nacionales; también su propia capacidad de movilización. El sindicalismo, por tanto, tiene ante sí el desafío de articular su auténtica dimensión transnacional, lo que influye de manera determinante en cómo debemos concebir las organizaciones sindicales de carácter nacional.

EL SINDICALISMO CONFEDERAL Una concepción que debe bascular sobre el principio de la confederalidad, en el buen entendimiento de que el término alude no a una estructura, por tanto a un entramado

lógico más o menos flexible, sino a una organización, esto es, a una articulación viva, orgánica en este sentido, con intereses compartidos, equilibrada, racional. 24

Un protagonismo que debe crecer no sólo en intensidad, sino también en extensión, abriendo camino a nuevas formas de participación de los trabajadores en la empresa, lo que debería llevarnos a plantear, en última instancia, cuál ha de ser el modelo deseable de “gobernanza de la empresa”, lo que se traduce por dar solución al reparto de funciones entre los distintos componentes que la configuran, determinar las funciones que en la misma deben asignarse a la propiedad (titulares del capital, accionistas) y a los demás elementos que la componen (trabajadores, clientes y suministradores, así como también a los consumidores), teniendo además en cuenta el interés social y ambiental que la rodea. Para el sindicato la proximidad al colectivo joven, se convierte en un autentico reto, en la empresa y fuera de ella, con quien tiene empleo y con quien no lo tiene, llegando por tanto también a los centros educativos, buscando formulas organizativas que favorezcan su incorporación al sindicato y que sirvan también para transversalizar las políticas con relación a la población joven, integrándolas en el conjunto de la actividad del sindicato. La necesidad de más sindicato en la empresa para que haya más sindicato en la sociedad, no implica políticas ni acciones contradictorias, más bien al contrario, son caminos complementarios, porque la fortaleza del sindicato en la empresa lo hace más fuerte en la sociedad. El sindicalismo y la acción sindical se deben alejar de cualquier reduccionismo del trabajo que lejos de fortalecerse en lo específico, en las reivindicaciones concretas, lo que conlleva es al alejamiento, cuando no a la ruptura, con los espacios sociales donde se dilucidan los salarios indirectos y los derechos. Ese reduccionismo terminaría por condicionar, cuando no limitar, las líneas de acción sindical que se pretenden fortalecer. En un escenario de creciente complejidad y dureza como la actual, el sindicato no puede tender a una simplificación de su actividad. El sindicato es una formación social que aspira a representar tanto a los empleados como a los desempleados, tanto a las personas que se encuentran insertas en una relación laboral activa, recomponiendo las fracturas y segmentaciones al que le condena la relación productiva dirigida por el empresario, como a aquellas otras que más allá de las fronteras del empleo activo, no encuentran trabajo, no pueden trabajar o han salido definitivamente del mercado laboral. Su relación de interlocución se hace más compleja al afrontarse tanto frente al empresariado en sus diversos grados de representación, como frente a los poderes públicos. El sindicalismo tiene la misión de modificar la realidad para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras. Esa misión sólo puede cumplirse si hacemos frente a la realidad tal y como ahora es, y eso quiere decir hacer frente también a los profundos cambios que la configuran en su raíz, a través de una estrategia sindical definida y flexible a la vez, cuyo objetivo central debe ajustarse estrictamente a una única premisa: “intervenir para transformar”. Este propósito nos aleja del camino con-

trario, puesto que un sindicalismo que se limitara a actuar en la superficie de los cambios, para gestionar bien o mal sus consecuencias, sería un sindicalismo impotente y resignado. 25

El sindicato defiende intereses y derechos y se fortalece en la medida en que es capaz de articularlos. Un sindicato de carácter general, que como sujeto social, potencia valores y pautas de actuación en los espacios territoriales, sociopolíticos y socioeconómicos, que en un escenario de continuo cambio y ante un mapa laboral cada vez más heterogéneo. En la medida en que todos estos espacios siguen siendo soporte de la actividad productiva son parte de una acción sindical que supera los límites de la empresa, precisamente porque los interpreta y comprende como parte de los cambios que se están produciendo en la misma empresa. Pero el sindicato no puede limitarse a abordar una estrategia meramente defensiva en materia de derechos, debe acometer también trabajos de prospectiva, elaborar propuestas de futuro. Debe asumir que en un mundo cada vez más interdependiente, los derechos sólo pueden defenderse haciéndolos extensivos a los demás. Un sindicato de carácter general debe aspirar a representar al conjunto diverso y cambiante de los trabajadores y trabajadoras. En esto consisten hoy las señas de identidad del sindicalismo confederal y del sindicalismo de clase. Estamos ante una ofensiva contra los trabajadores y sus derechos, contra el sindicalismo de clase, de carácter global y local que, con todo, no debe sorprender, pues constituye una expresión más del conflicto social y como tal hay que afrontarla, ni tampoco debe operar como discurso autocomplaciente que oculte la revisión de errores propios déficits, y debilidades. No debe sorprender…, pero debe ocupar al sindicalismo, en la medida en que lo que las personas perciben como real, es real en sus consecuencias…, es decir, que las percepciones sociales sí importan y acaban condicionando el comportamiento de las gentes. Hacer frente a dicha campaña de deslegitimación, exige revisar (y renovar) estrategias tanto en el ámbito de la acción, del saber hacer (presencia e intervención cotidiana en los centros de trabajo, en la sociedad, negociación colectiva, asesoramiento, representación institucional) como de la opinión, del hacer saber (estrategia de comunicación, creación de imagen y opinión, intervención en las redes sociales). Una estrategia comunicativa que pretenda hacer frente a las campañas de deslegitimación y poner en valor la función sindical, debe atender no sólo a la renovación de los mensajes sino a la adecuada utilización de los canales y la articulación entre los emisores internos y externos. Para este objetivo la formación del conjunto de las estructuras sin-

dicales es un elemento clave, no solo para comunicar sino para poner en valor la función del sindicato, en primer lugar en los centros de trabajo. 26

La canalización del conflicto social se materializa tanto a través de la movilización sindical como de una participación ciudadana de origen muy variado y heterogéneo, donde cabe destacar la necesidad de entablar un diálogo permanente de cara a crear una suerte de frente común con que abordar a los ataques que el Estado Social. Nos estamos refiriendo a las relaciones que, en el marco español, vienen estableciéndose entre movimiento sindical y movimientos sociales. Sindicalismo y movimientos sociales son dos formas de entender el conflicto, de abordar lo político y, sobre todo, de dar cauce al mismo para su resolución, en la medida en que los movimientos sociales no aspiran a gestionarla. De ahí que la convergencia con aquellos movimientos sociales que coincidan con la defensa de los intereses generales de clase que son consustanciales al hecho sindical no deba convertirse en un condicionante para la estrategia del sindicato, ni en términos de movilización, ni en términos de acuerdo, ni en términos de gestión, sin olvidar que los modelos de organización sindical son un factor fundamental que influye en la evolución de los sindicatos frente a los cambios económicos y sociales. Y eso quiere decir, básicamente que, sin abandonar los principios que le hicieron nacer, el sindicalismo tiene que dotarse de nuevas estrategias, nuevos mecanismos organizativos, nuevas pautas de actuación sindical, nuevos ámbitos de intervención que, de un lado, le permitan dar la respuesta necesaria y efectiva para garantizar el gobierno de la totalidad de los cambios que hasta ahora se han producido y que continúan produciéndose de manera acelerada y en un entorno que también se difumina y complejiza muy rápidamente. Por eso la cultura sindical debe partir de una premisa básica: la de la proximidad, una proximidad que no implica la desvertebración de las organizaciones, pero que sí exige su versatilidad, flexibilidad y capacidad de adecuación a lo concreto que siempre es diverso y plural; una proximidad que exige centralidad en los objetivos, organicidad en las decisiones, articulación de las estructuras, y autonomía creciente en la gestión. Solo puede haber por tanto sindicato si se hace sindicalismo y ello exige alejarse de la cultura de lo fugaz. Afrontar estos retos que, no son sólo retos de futuro, sino fundamentales retos de presente, exige una reorganización de la clase trabajadora, y para ello es imprescindible la revitalización del sindicalismo confederal. Una revitalización que incluso tiene que ver con la propia organización y articulación del sindicalismo, en definitiva, con lo que en esencia es la confederalidad. Son tiempos en los que hay que robustecer la relación democrática del sindicato con los trabajadores, generando las formulas de participación más eficaces, estableciendo es-

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tructuras sólidas por abajo, en los que el sindicalismo tiene que ser capaz de integrar todo lo diverso que esta emergiendo, tiene que hacerse cargo de resolver la tensión entre lo general y lo especifico que aflora en esa diversidad, entre igualmente lo global y lo local. Es necesario seguir profundizando en el papel del sindicato como interlocutor en la empresa, y fuera de ella. Hay que plantearse abordar los necesarios procesos de co-decisión en la empresa y hacer más eficaces los procesos de negociación social y laboral fuera de ella. El sindicato ha de ser por tanto un interlocutor decisivo en lo micro y en lo macro. Y es esta reflexión la que lleva a plantear la necesidad de alejar al sindicalismo de la rutina y del cortoplacismo, para generar mayor capacidad de iniciativa y de propuesta, para abordar una agenda, que en sus primeras paginas consigne algunas de las tareas que en estos momentos están pendientes en el terreno sindical, donde incluye lo organizativo, porque forma parte de él, y que tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras cuyas condiciones de empleo, salariales y de trabajo se están precarizando de manera peligrosa, empujando, del propio movimiento sindical dependerá que sea reversible, a una cada vez más amplia individualización de las relaciones laborales. Es más actual, sin embargo, comprobar cómo los cambios en la organización empresarial y la acción combinada de la privatización y la externalización de los servicios “esenciales” no sólo han generado cambios importantes en las formas de acceso a los derechos satisfechos a través de éstos, sino en las formas del conflicto, mucho más “horizontales” o “segregacionales” que los antiguos conflictos “generales”, lo que a su vez induce a un debilitamiento de la solidaridad y de la igualdad como motor del conflicto.

FORMAS NUEVAS Y VIEJAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO De otra parte se constata desde hace mucho tiempo la especialidad de la organización del servicio en la determinación del alcance del conflicto. Es más actual sin embargo comprobar cómo los cambios en la organización empresarial y la acción combinada de la privatización y la externalización de los servicios “esenciales” no sólo han generado cambios importantes en las formas de acceso a los derechos satisfechos a través de éstos, sino en las formas del conflicto, mucho más “horizontales” o “segregacionales” que los antiguos conflictos “generales”, lo que a su vez induce a un debilitamiento de la solidaridad y de la igualdad como motor del conflicto. En ese sentido, el auge de otras formas de protesta, no reconducibles al concepto de huelga como abandono colectivo y concertado del trabajo es una tendencia creciente que tiene que ver con la eficacia última de la medida de presión en contextos de trabajos más cualificados y posiblemente en mejores condiciones de negociar sus condiciones de trabajo. También, con carácter general, el desplazamiento indirecto de la eficacia del conflicto del área de la producción al espacio de la comunicación como forma de incidir sobre

una opinión pública que se percibe determinante en el éxito o en la aceptación de las reivindicaciones sostenidas mediante la huelga. 28

El desplazamiento al espacio de la comunicación de una parte de la presión de los trabajadores como condición de eficacia de la misma repercute necesariamente en la práctica sindical, obligándole a “sacar” del ámbito de los lugares de trabajo la efectividad de las medidas adoptadas, o al menos, a “compartir” el lugar del conflicto: del espacio de la producción al espacio de la comunicación. Tradicionalmente este ligamen se hacía a través de la “salida” del conflicto a la calle a través de manifestaciones o las marchas desde los lugares de la empresa a la ciudad en la que se encuentran los centros de decisión económica. En el espacio global se va delineando progresivamente con más fuerza una figura decisiva, el sindicato como representante global de los trabajadores. Teniendo en cuenta que en este siglo nuevo es en el que más trabajadores asalariados existen en el planeta, incluido desde luego la diferenciación entre economía regular e irregular: más de tres mil millones de asalariados. Por eso hay que situar al sindicalismo español, ante las salidas de la crisis y la formulación de un claro proyecto de cambio y de reforma de las estructuras institucionales como forma de encarar correctamente, desde la perspectiva de defensa de un trabajo con derechos, una salida a la crisis alternativa al modelo neoliberal que se ha impuesto y que requiere necesariamente un acción general y desde luego europea en una dirección común y coordinada. Hay que interrogarse sobre el rol del sindicalismo europeo y nacional frente a la crisis y a las reformas planteadas, preguntándose además sobre las acciones globales que el sindicalismo puede emprender frente a la crisis, como la CES ha emprendido a partir del Congreso de Atenas. En época de crisis de forma especial, pero con carácter general, el sindicalismo europeo –como el que se desenvuelve a nivel global– tiene que poner las bases de una acción colectiva que movilice a una gran parte de los trabajadores en torno a un proyecto de regulación más justa y más igualitaria. Esto necesariamente lleva aparejada la necesidad de plantear formas de presión y de movilización a nivel transnacional, entre las cuales sigue siendo imprescindible la abstención del trabajo que significa la huelga como medio de acción sindical. u