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Anexo Nº 6/2013
Propuesta Preliminar Institucionalidad del Sistema de Admisión a la Educación Superior
1. El desarrollo del sistema y evidencia de falencias institucionales En la década de 1960 con el incipiente crecimiento del número de estudiantes que accedían a la educación superior, el Bachillerato, que se había aplicado durante más de un siglo y se masificaba cada vez más, comenzó a ser cuestionado. Varias eran las razones que se esgrimían. Entre otras, la falta de rigurosidad en asegurar una corrección pareja que no terminase siendo discriminatoria, las ventajas que tenía este sistema para los grupos socioeconómicos altos que accedían a mejores profesores, pagaban clases particulares para repasar las materias y accedían también a un mercado “informal” de preguntas posibles y, por último, la incapacidad del Bachillerato de predecir el desempeño académico de los estudiantes que ingresaban a las universidades. Esta situación motivó a un grupo de investigadores de la Universidad de Chile a aplicar experimentalmente una nueva prueba a estudiantes universitarios de primer año y a alumnos del equivalente a cuarto medio en 1963. Los resultados de esta investigación y aplicación fueron los que dieron origen a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que luego el Consejo Universitario de la Universidad de Chile decidió aplicar como mecanismo de selección e ingreso a la totalidad de sus carreras a partir de 1967. Su aplicación fue ofrecida a las demás universidades; siete en total. Simultáneamente una ley suprimió el Bachillerato y estableció la Licencia de Enseñanza Media como uno de los requisitos legales de
ingreso a las universidades. Así, en enero de 1967 y como exigencia para el ingreso de los estudiantes a las universidades ese mismo año se aplicó, por primera vez, la PAA. En esa ocasión ella fue utilizada por todos los planteles de educación superior. Sin embargo, desde el punto de vista del acceso eran tiempos muy distintos. Ese año la matrícula en las ocho universidades que existían en ese entonces alcanzó cerca de 55 mil jóvenes. Por consiguiente, el conjunto de instrumentos disponibles fue diseñado para administrar un sistema de educación superior muy selectivo. El sistema diseñado en ese entonces, sin perjuicio de las revisiones en los contenidos y la inclusión de pruebas especiales para algunas carreras, se mantuvo sin variaciones significativas hasta el año 2002 (hubo una excepción que fue la creación de la prueba obligatoria de historia y geografía de Chile en 1983). A partir del proceso de admisión 2004 (año 2003) los instrumentos de selección fueron reemplazados. Quedaron
atrás
las
Pruebas
de
Aptitud
Académica,
Verbal
y
Matemáticas, las Pruebas Específicas de Matemáticas, Biología, Física, Química y Ciencias Sociales y la Prueba de Historia y Geografía de Chile, siendo estas reemplazadas por cuatro Pruebas de Selección Universitaria (PSU): Matemáticas, Lenguaje y Comunicaciones, Ciencias y Ciencias Sociales. La tercera de estas pruebas tiene un núcleo común y luego los estudiantes pueden elegir un módulo complementario especializado en Química, Física y Biología. En ese sentido quizás el cambio más notorio es que se suprimió un examen de matemáticas. En la práctica, en muchas carreras disminuyó el número de instrumentos disponibles para distinguir entre postulantes a las diversas universidades y carreras. Cabe recordar que estos cambios se anunciaron antes que concluyera un proyecto FONDEF que contemplaba pruebas alternativas de selección universitaria, es decir antes que se supiera el carácter definitivo que 2
iban a tener los distintos instrumentos y se validara su aplicación. Esa experiencia ya arrojó diversas dudas respecto de la capacidad de la institucionalidad existente para garantizar una evolución razonada y razonable del sistema de admisiones. En el proceso de admisiones 2013 se aplicó por décima vez el nuevo conjunto de pruebas y se sigue extrañando una reflexión más profunda sobre la evolución que debe tener el sistema de admisión a las universidades chilenas. Este año se introdujo una bonificación de notas una vez que ya se había dado el puntapié inicial al proceso de admisión. Una vez más no se conocieron ni se anticiparon a la opinión pública los estudios que evaluaran los potenciales impactos de estos instrumentos1 y avalaran la conveniencia de incorporarlos. Además, contradiciendo la experiencia de sistemas de admisión de otras naciones, los cambios propuestos se anunciaron en medio de un proceso que ya se había iniciado. En enero de 2013 se conoció una auditoría internacional realizada por la consultora internacional Pearson que reveló que nuestra PSU no satisface plenamente los estándares internacionales que se exigen a una prueba de altas consecuencias. Son positivas estas evaluaciones, porque permiten ir mejorando los instrumentos e incorporando los avances que ocurren en el diseño de pruebas estandarizadas. La preocupación más inmediata es que la auditoría reitera algunos cuestionamientos que estaban presentes en una evaluación hecha en 2004 por ETS. Que esas advertencias no hayan sido acogidas revela una inercia que es propia de una institucionalidad que no reacciona apropiadamente a las exigencias
1
Si bien existen estudios que mostrarían que la incorporación de alguna forma de ranking podría contribuir a aumentar la predicción de desempeño y también la equidad, ellos son más bien de carácter limitado. Además, el instrumento utilizado en esos estudios no era propiamente el ranking (o más bien bonificación de notas) que se terminó acordando.
3
a las que deben estar sometidas los sistemas de admisión a la educación superior.
Estos tres episodios reflejan desprolijidades que no se
observan en sistemas más maduros y constituyen una clara evidencia de falencias institucionales que requieren superarse. Ello se nota también en otras dimensiones. Por ejemplo, en la ausencia de un plan claro de desarrollo del sistema de admisión a las universidades chilenas, la débil experimentación que se observa con nuevos instrumentos de selección, la escasa información sobre el desempeño de las pruebas existentes y la insuficiente divulgación de material de apoyo a los futuros postulantes y docentes, entre otros aspectos.
2. Desafíos institucionales Es conocida en la literatura especializada la inconsistencia dinámica que puede significar en las decisiones un inadecuado diseño de las instituciones. En esas situaciones se pierde de vista una mirada de más largo plazo en las decisiones y se dejan de abordar iniciativas que apunten a solucionar problemas cuyos efectos no se van a notar de inmediato pero que no por ello pueden postergarse, sobre todo cuando las consecuencias de no enfrentarlos son complejas. Por ello, no es casualidad que en la experiencia comparada se observen, en general, instituciones especializadas con consejos directivos bien constituidos que las dirigen y personal calificado que les reporta. En general, son personas con conocimientos especializados en los asuntos propios del sistema de admisiones. Por ejemplo, cuando se trata de miembros de universidades
o
nominados
por
éstas
típicamente
se
recurre
a
vicerrectores de admisión. También se observa una separación entre el diseño de los instrumentos y la elaboración e implementación de los mismos. La razón es relativamente simple. La elaboración de preguntas, 4
la mantención de bancos de preguntas pertinentes y la realización de pilotajes y análisis de estos con altos estándares son relativamente caros. En ese sentido si el proceso está en una sola institución, ésta no tiene necesariamente los incentivos para desarrollar estas tareas con exigencias elevadas. Se requiere, entonces, de un mandante cuya preocupación
sea
asegurarse
de
que
esos
procesos
funcionen
adecuadamente. Obviamente que es de mucha utilidad que, además, el mandante o institución responsable de dirigir el sistema de admisión tenga que dar cuenta de su labor a todos los actores interesados y, en general, a la opinión pública.
Nuestro país está lejos de tener una
institucionalidad de estas características. En esencia, ella no es muy distinta de la que existía en los comienzos
de la PAA, a pesar del
significativo incremento en el número de estudiantes que rinden las diversas pruebas, la oferta de programas e instituciones de educación superior y el mayor escrutinio al que son sometidos los sistemas de admisión en todo el mundo, entre otros aspectos. Que este último fenómeno también ocurre en Chile se nota, por ejemplo, en el creciente cuestionamiento de estudiantes y de diversas organizaciones a los instrumentos disponibles y a la confiabilidad de los mismos. Otro aspecto en que nuestra institucionalidad muestra carencia proviene
nuevamente
de
la
comparación
con
la
experiencia
internacional. En esta se aprecia una preocupación por enriquecer los instrumentos de selección tanto si la admisión tiene su base en el sistema escolar como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra o Alemania o si es sobre la base, principalmente, de pruebas de admisión como en Estados Unidos o Suecia. Así, por ejemplo, en Estados Unidos existe un conjunto básico de instrumentos que incluye una prueba de aptitud verbal, una de aptitud matemática y un test de escritura. Este es acompañado por veinte pruebas específicas, un número importante de 5
las cuales mide conocimientos en otro idioma, pero también hay dos pruebas adicionales de matemática de distinto grado de dificultad, literatura, biología, física e historia universal, entre otras. En el Reino Unido, las universidades les exigen rendir entre tres a cinco materias a sus postulantes de un total de poco más de 40 materias que ofrecen las instituciones responsables de administrar los exámenes. Las materias solicitadas varían en cada uno de los programas ofrecidos. Esta evolución tiene diversas explicaciones. Por una parte, se desea que los jóvenes que aspiran a la universidad puedan estudiar y especializarse en las materias que son de su interés con un grado de profundidad mayor sin que ello signifique restringir las opciones de estudio
disponibles.
Esta
posibilidad
también
permite
una
mejor
preparación para los estudios superiores. Por otra, a las universidades les interesa afinar de la mejor forma posible la predicción respecto del rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a sus aulas. Asimismo, y en línea con este último propósito, se espera que los distintos instrumentos, tanto los que evalúan las capacidades cognitivos como aquellos que apuntan a medir habilidades no cognitivas, reflejen adecuadamente las distintas habilidades de los jóvenes, porque ese esfuerzo
permite
universidades
más
que
aumenten
selectivas
las
a
un
opciones
de
estudiantado
incluir más
en
las
diverso
socialmente.
3. Un modelo internacional prestigiado Ahora bien, teniendo a la vista la institucionalidad existente es explicable que se haya pasado por estas situaciones. Los rectores no son especialistas y tampoco tienen el tiempo para destinar un análisis 6
prolongado al sistema de admisión. El Consejo Técnico Asesor tampoco tiene un carácter claro. Ni este órgano asesor ni el propio CRUCh son, en estricto rigor, una organización mandante del DEMRE. Así, por ejemplo,
no
hay
una
clara
separación
entre
el
diseño
de
los
instrumentos y la elaboración de los mismos. Hasta donde llega el conocimiento del Ministerio de Educación no hay un sistema de admisiones de carácter masivo en el mundo, donde sean los rectores los que toman decisiones respecto de los instrumentos de selección universitaria. Por eso, el país debería avanzar hacia una mejor institucionalidad
para
lidiar
con
los
desafíos
de
un
sistema
de
admisiones moderno y comprensivo. En efecto, la administración de los sistemas de admisión y las decisiones respecto de su evolución, particularmente si son pruebas estandarizadas que tienen vínculos indirectos con el sistema escolar, están en manos de instituciones especializadas cuyo único propósito es velar por un sistema de admisión de alta calidad. Un modelo interesante para Chile es el estadounidense, porque,
entre
otros
aspectos,
nuestro
sistema
de
pruebas
estandarizadas tiene su origen en la experiencia de ese país. En efecto, los creadores de la PAA tuvieron esa experiencia a la vista durante su desarrollo. Ahí las instituciones de educación superior contribuyeron a formar una fundación, que se conoce como CollegeBoard. Su objetivo no es sólo administrar el sistema de admisiones a las instituciones de educación superior sino que también tiene entre sus propósitos un mejoramiento en el acceso y la preparación para los estudios terciarios. Esta fundación sin fines de lucro tiene un directorio que es nombrado por las instituciones que utilizan sus servicios y que vela por los distintos objetivos específicos que persigue la organización, entre los cuales se cuenta el diseño apropiado de los instrumentos de selección, la verificación permanente de su validez y confiabilidad, el desarrollo y 7
evaluación oportuna
de y
nuevos
instrumentos,
apropiada
a
los
divulgación
distintos
actores
de
información
educacionales
y
preocupación por un acceso efectivo a la educación superior. La institución tiene un equipo ejecutivo cuidadosamente seleccionado y diversos académicos y especialistas son contratados habitualmente como
consultores
para
abordar
algunos
de
los
desafíos
de
la
organización. Se realiza así una permanente investigación respecto de los instrumentos en diversas dimensiones y también se asegura una cuidadosa evaluación de todo cambio que siempre se anuncia con la suficiente anticipación. Asimismo, mantiene una nutrida información para
todos
los
actores
relevantes
del
sistema,
principalmente
estudiantes y actúa con altos grados de transparencia y rendición de cuenta. Un elemento valioso es que existe la posibilidad de acceder a una amplia base de preguntas y facsímiles de las distintas pruebas que ofrecidas. Es importante, entonces, pensar sobre cómo debería ser la institucionalidad instrumentos
que
de
gobierne
selección
a
las la
decisiones
educación
respecto
superior.
El
de
los
modelo
estadounidense es una alternativa, pero hay otras posibles. En cualquier circunstancia el país requiere que sea más sofisticada que la actual. Es indudable que el desarrollo del sistema de admisión tiene una historia
que
debe
reconocerse
y
que
supone
respetar
derechos
intelectuales del conjunto de instrumentos disponibles. El financiamiento del sistema proviene actualmente de los estudiantes y del propio Estado. El Ministerio de Educación estima que esos recursos podrían financiar los gastos corrientes de un sistema de admisión como el que se
sugiere
a continuación, aunque la transición podría significar
desembolsos extraordinarios que estaría dispuesto a absorber para instalar una mejor institucionalidad. 8
4. Desafíos para una nueva organización Una institución más especializada y de mayores capacidades que el actual sistema podría abordar desafíos que no se han asumido desde esa primera vez que se aplicó la PAA en enero de 1967. A diferencia de un sistema de admisión basado en la trayectoria escolar de los jóvenes, el chileno descansa en pruebas estandarizadas que se rinden una vez al año y que son fundamentales para decidir el futuro de nuestros jóvenes. Un mal día tiene un costo enorme que se podría evitar con un número mayor de exámenes al año. El SAT, por ejemplo, se puede rendir hasta seis veces al año. En cinco de esas ocasiones se puede rendir pruebas específicas. Como las pruebas deben ser de dificultad equivalente, es indudable que esta decisión le impone nuevas exigencias al sistema, pero no hay barreras técnicas que impidan llevar este sistema adelante con un adecuado desarrollo en un plazo razonable. Ello impacta en los costos del sistema, pero hay que considerar que nuestro sistema no es barato. Un estudiante chileno o el Estado paga 52 dólares por inscribirse para rendir la PSU. Para el SAT un estudiante debe desembolsar 73 dólares para rendir las tres pruebas que componen el SAT básico -una de ellas que incluye una parte escrita- y una prueba específica. Si se considera la paridad del poder de compra y el ingreso per cápita nacional, es evidente que el sistema nacional de admisión no es barato y que seguramente hay espacio para avanzar en un sistema de admisión que permita rendir al menos dos veces al año la prueba asegurándose su comparabilidad y sin necesidad de elevar los precios. Tampoco resulta razonable el actual sistema de postulaciones, y es difícil encontrar experiencias de estas características en otros países. Este, como se recordará, obliga a los estudiantes a postular apenas recibido sus puntajes, estableciendo desde ya un orden de preferencias 9
que determina la única oferta de admisión que recibirán. Apenas llega esta oferta tienen un plazo muy limitado para matricularse. Así, un joven debe tomar una de las decisiones más importante de su vida en un plazo de apenas dos semanas y sin que realmente pueda evaluar ofertas alternativas. Ocurre, además, que las pruebas disponibles si bien son predictivas de desempeño, lo son en una proporción baja, por lo cual la distinción entre un estudiante y otro es relativamente débil, sobre todo en algunos rangos de puntaje. La única ventaja que tiene este proceso es que impide la discrecionalidad en la selección, pero ella también se puede evitar bajo esquemas alternativos. Es evidente que este
sistema
de
postulaciones
es
muy
inconveniente
para
los
estudiantes y sólo se pone del lado de las instituciones que participan en este proceso. El proceso es particularmente poco atractivo para los estudiantes de bajos recursos, porque al privilegiar la oferta de espacios que las instituciones de educación superior deciden ofrecer a los aranceles determinados por ellas se diluye la preocupación por lo que el estudiante busca y los precios que él o ella puede pagar. Es mucho mejor un sistema en el cual las instituciones están especialmente motivadas por atraer estudiantes, ofreciéndoles los mejores servicios educacionales a cambio de los recursos que el estudiante y el Estado, a través de sus sistemas de apoyo, pueden ofrecer. Es ese el sentido de la experiencia internacional y por eso la inclinación por sistemas que ofrecen múltiples ofertas académicas a los postulantes. Poner al centro a los estudiantes debe incluirse entre los desafíos del sistema de admisión del futuro. Por esto el proceso de postulaciones debería tomar más tiempo, asegurándose que el estudiante reciba múltiples ofertas de las instituciones y que pueda decidir en un plazo razonable entre ellas, como ocurre en otros lugares del mundo. Una nueva institucionalidad
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podría abordar estos y otros desafíos con una mirada sistémica y sin los apuros propios de la actual institucionalidad.
5. Desafíos de corto plazo La auditoría internacional realizada por Pearson impone obviamente desafíos significativos al sistema de admisión. Pero en ausencia de una institucionalidad efectiva no es evidente cómo se resuelven los aspectos más urgentes. Una comisión de expertos especial que defina una agenda de cambios de corto plazo, al interior de la actual institucionalidad, y transformaciones que quedarían en manos de la nueva institución responsable del sistema parece pertinente. El Ministerio de Educación está disponible para aportar equipos técnicos a esta instancia. Se visualizan las siguientes tres grandes áreas de modificaciones que, por lo demás, son las que cubrió el informe Pearson, y en cada una de ellas los puntos específicos que se señalan. Construcción de las pruebas • El informe señala que si bien en el proceso de elaboración de preguntas se reconoce la experiencia profesional de los equipos a cargo, hay falencias respecto a la elaboración de las preguntas de la PSU, ya que no participan del proceso de revisión y análisis de la pertinencia de éstas expertos externos al Demre. Se recomienda la mejora en la documentación que guía y respalda los procesos, la realización de estudios específicos, la inclusión de expertos en currículum y profesores de enseñanza media que representen a más de una institución, y la realización de auditorías periódicas.
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• Otro problema detectado es que las preguntas disponibles y que finalmente llegan a la PSU no se testean o experimentan de manera adecuada. Todos los años se prueban las preguntas o ítems con un grupo de estudiantes que rinden el examen de manera voluntaria (Pilotaje), antes de la PSU. Sin embargo, según el informe de Pearson, la muestra que realiza este examen voluntario no es representativa del total de la población que rinde la Prueba de Selección Universitaria.
•
En la construcción de las preguntas, el proceso permite que éstas sean cambiadas después de ser testeadas, por lo que las preguntas finales quedan sin
una última revisión que
analice
si
tienen
problemas de sesgo. • Las preguntas están alineadas de manera baja con el currículum de enseñanza media y están centradas en la enseñanza científico humanista, por sobre la modalidad técnico profesional. •
El informe señala que el nivel de omisión, tanto cuando se testean las preguntas como cuando se rinde la Prueba de Selección Universitaria, son más altos que a nivel internacional. La recomendación es reconsiderar la práctica actual de que se descuenten respuestas buenas por una cantidad de respuestas malas, dado que esto no es habitual en otros sistemas a nivel mundial.
•
En la PSU hay un indicador denominado DIF, que alerta si las preguntas al ser testeadas tendrían algún problema de sesgo, tanto de género como por tipo de establecimiento. Según el informe de Pearson, después de esta alerta no se realiza un análisis cualitativo 12
de la pregunta, por lo que en el banco de preguntas quedan aquellas que podrían tener algún problema de sesgo. Se recomienda que se integren DIF relacionados con el nivel socioeconómico, modalidad educacional y región de procedencia. Puntuación de las pruebas, comunicación y uso de los resultados •
Se detectó que falta un método que permita que la escala de puntajes de la PSU sea equivalente entre las distintas aplicaciones y de un año a otro. Además, que los márgenes de error de algunas pruebas son altos.
•
Pearson señaló en su análisis que es inadecuado usar un puntaje único para las pruebas de Ciencias, ya que se basa en un principio de equivalencia de las disciplinas evaluadas y no son comparables. Se recomienda desarrollar pruebas separadas, para Biología, Física y Química y reportar sus resultados en forma independiente.
• Se considera que no existe suficiente explicación para que los jóvenes que rinden la prueba y otros actores relevantes comprendan el
significado
de
los
resultados
de
la
Prueba
de
Selección
Universitaria, por lo que el equipo evaluador recomienda que en cada uno de los reportes
se entregue información adicional que permita
interpretar los puntajes. Validez de las pruebas • Se determinó que en la estructura de las pruebas hay potenciales problemas de sesgo, que afectarían principalmente a los estudiantes
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de la modalidad Técnico Profesional. Se detectó que el examen con mayores problemas es el de Matemáticas. •
Se señala que las pruebas tiene un alineamiento bajo con los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios del currículum chileno, por lo que se recomienda una revisión.
•
Al desagregar los puntajes por dependencia y modalidad educacional, los puntajes han aumentado para el caso de los establecimientos particulares pagados y modalidad científico humanista en desmedro de la modalidad técnico profesional. Además las brechas de acuerdo al nivel socioeconómico son más altas de las que se observan comúnmente en instrumentos de estas características.
•
La capacidad de predicción respecto al desempeño en la universidad de los estudiantes que rinden la PSU, si bien existe, es menor que la de otras pruebas internacionales.
6. Una propuesta específica de institucionalidad No hay una única forma de organizar la nueva institucionalidad que debería hacerse cargo del sistema de admisión, pero es evidente que esta debe tener un carácter especializado y la suficiente flexibilidad en su gestión. Una posibilidad es, al igual que en el caso del CollegeBoard, constituir una fundación sin fines de lucro responsable de esta tarea. Más allá de la fórmula legal que se elija para instalar esta institución, es importante que no sea de carácter informal, es decir que tenga precisamente un sustento legal y que se someta a un estatuto que 14
proyecte
apropiadamente
su
labor
en
el
tiempo.
Entre
otras
consideraciones, ese estatuto debería establecer los siguientes aspectos: Principios 1. Calidad del sistema. Desde este punto de vista, es fundamental el poder predictivo de los instrumentos de selección. Estos instrumentos deben ser capaces de identificar habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes, de modo de permitir a las instituciones seleccionar a quienes
tengan
mayores
probabilidades
de
desempeñarse
satisfactoriamente en sus programas de estudio. 2. Equidad y diversidad. Debe buscar la integración de jóvenes talentosos de sectores desaventajados y resguardar que no haya discriminaciones arbitrarias. El sistema de selección debe contar con instrumentos que
permitan responder de manera adecuada a la
heterogeneidad que existe en la educación superior tanto en términos de estudiantes y sus habilidades, como de instituciones. 3. Foco en los alumnos. Los alumnos tienen derecho a estar bien informados, a contar con suficiente material de estudio y preparación, a que haya una estabilidad del sistema, a un sistema de postulación simple y transparente, que les permita contar con diversas alternativas y con el tiempo y el apoyo para una adecuada toma de decisiones, etcétera. Funciones Para asegurar el cumplimiento de los propósitos recién descritos, se propone que el nuevo organismo esté abierto a todas las instituciones 15
de educación superior que se acojan al sistema de admisión y cumplan, tal como se señala más adelante, con los requisitos específicos que la nueva organización defina. Las funciones de la nueva institución incluirían: 1. Diseñar instrumentos de selección coherentes con los propósitos. 2. Contratar la elaboración de los instrumentos de selección que cumplan con los elementos de diseño definidos con una institución externa. Esto obedece a la conveniencia de separar la función de diseño y elección de instrumentos de la elaboración de los mismos. Es importante que vele porque los bancos de preguntas y las pruebas sean de propiedad de la institución responsable del sistema de admisión y no de la agencia externa que elabora las preguntas. Durante un período de transición a definir, la agencia responsable de elaborar los instrumentos podría ser el DEMRE. Luego podría participar en la licitación convocada o bien, si su labor es bien valorada podría continuar a cargo de esta tarea. La decisión específica debe radicarse en la nueva institución. 3. Evaluar permanentemente los instrumentos y el sistema de selección y proponer alternativas para mejorarlos. Una primera tarea asociada a esta función consistiría, más allá de las recomendaciones que realice la comisión de expertos antes mencionada, en evaluar el Informe
de
Pearson
sobre
la
PSU
y
proponer
una
agenda
complementaria de cambios de mediano y largo plazo. 4. Velar por que las modificaciones a los instrumentos y al sistema de selección se hagan de manera oportuna y basadas en evidencia que apoye su realización, así como por que sean anunciadas con suficiente anticipación.
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5. Encargar la aplicación de los instrumentos de selección que, por razones de eficiencia, podría estar en manos de la misma institución elaboradora de las pruebas. 6. Administrar el sistema de postulación y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior. 7. Difundir entre los estudiantes y las instituciones de educación superior todos los antecedentes que resulten relevantes para ellos y que garanticen la transparencia del sistema (resultados de estudios, modificaciones en el sistema, fechas relevantes, usos de recursos, etcétera). 8. Realizar
recomendaciones
de
carácter
general
sobre
las
ponderaciones de los instrumentos de selección a las IES miembros y realizar sugerencias específicas sobre éstas. 9. Proponer iniciativas y acciones que promuevan la inclusión y la equidad, como serían cursos en línea para estudiantes de menores recursos que aspiran a acceder a la educación superior. 10.
Rendir cuenta pública de su labor.
Este
organismo podrá
externalizar sus funciones a
través de
licitaciones o contratos directos, velando siempre por hacer un uso eficiente de sus recursos. Naturaleza de la institución y membresía 1. La institución sería organizada como una fundación, corporación u otra organización de carácter similar. 2. La corporación debe contar con estatutos. 3. Todas las IES que cumplan los requisitos establecidos por la corporación podrán adherirse al sistema, haciéndose miembros de la corporación. 17
Ejemplo de requisito: seleccionar a la mayor parte de sus alumnos en base a los mecanismos adoptados por el sistema, pudiendo dejar una fracción acotada para cupos especiales (deportistas, discapacitados, etcétera, pero en ningún caso a cambio de transacciones económicas). 4. El incumplimiento de los estatutos podría implicar la expulsión del miembro. Estructura El Sistema estaría compuesto por: 1. Un director ejecutivo, seleccionado por concurso y elegido por el Consejo. 2. Un Consejo compuesto por 15 integrantes, cuyo fin es velar por el cumplimiento permanente de los principios. Composición del Consejo: i) 6 miembros elegidos por el CRUCh ii) 3 miembros elegidos por otras instituciones de educación superior iii) 4 miembros elegidos por el Ministerio de Educación iv)
2
miembros
representantes
de
los
establecimientos
secundarios del país El
Consejo
Directivo
además, estaría
presidido
por
uno
de
sus
miembros, quien sería escogido por los mismos y tendría como responsabilidad convocar y guiar las reuniones del Consejo. Este debería escuchar a todas las instituciones miembros del sistema. 18
Financiamiento El esquema básico de financiamiento se mantendría. Se establece un precio por estudiante que rinde los instrumentos y el Estado lo paga en el caso de los alumnos pertenecientes a escuelas subvencionadas que los rinden por primera vez. Los recursos serían administrados por esta corporación y en caso de externalizar alguna de sus funciones, será la Corporación la encargada de negociar los contratos y realizar los pagos correspondientes. Distribución de funciones Funciones del Consejo (entre otras): 1. Designar al director ejecutivo. 2. Aprobar cada 4 años la misión y objetivos estratégicos de la organización. 3. Aprobar anualmente el plan de investigaciones y programas piloto a evaluar. 4. Definir las directrices generales de los instrumentos de selección universitaria. 5. Aprobar el presupuesto anual y los costos de los programas más importantes. 6. Sancionar la introducción de un nuevo instrumento o la modificación de uno existente y plantear el momento en que el cambio debe introducirse. 7. Aprobar la Cuenta Pública de la Organización Funciones del Director Ejecutivo (entre otras): 1. Diseñar las licitaciones y contratos con las instituciones que elaboren o apliquen las pruebas. 19
2. Velar por la administración de los bancos de preguntas y pruebas de admisión. 3. Diseñar
o externalizar
el
sistema de
postulaciones
y
selección de los estudiantes. 4. Administrar y ejecutar el presupuesto. 5. Revisar el cumplimiento de los estatutos por parte de las IES miembros. 6. Supervisar el cumplimiento de los contratos de estudios e implementación de instrumentos, etcétera. 7. Difusión. 8. Mantener informado al Consejo. 9. Elaboración de la Cuenta Pública
7. Consideraciones finales El sistema de admisiones chileno presenta particularidades que son difíciles de encontrar en la experiencia comparada. Que ello ocurra no necesariamente es a priori un signo de debilidad. Sin embargo, un análisis informado sugiere que no está a la altura de lo que debe ser un sistema moderno y sofisticado. Esas particularidades pasan a ser defectos que deben corregirse. El Ministerio de Educación reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior para definir el proceso de admisión, por lo que este documento es una invitación a reflexionar sobre el futuro, tomando en consideración el interés de nuestros jóvenes. Es posible mejorar sustancialmente nuestro sistema de admisión y postulación en un plazo razonable. El Ministerio está disponible para apoyar la transición.
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Otra anomalía del sistema nacional es que exista un financiamiento institucional atado al resultado que obtienen los estudiantes en la Prueba de Selección Universitaria. Ello tiene ventajas y desventajas, pero en la actualidad las últimas parecen superar largamente a las primeras. Desde luego inhiben la innovación en el sistema de admisión. Por ello, el Ministerio de Educación estaría disponible para evaluar el término gradual del aporte fiscal indirecto y su reemplazo, por ejemplo, por un fondo que promueva el ingreso a universidades de calidad de estudiantes vulnerables con mérito y también su posterior apoyo en los primeros años de estudio.
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