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VENEZUELA La República Bolivariana de Venezuela es un país multiétnico y pluricultural que reconoce y garantiza la existencia de más de 40 pueblos indígenas. De los 30 millones de habitantes, el 2,8% se identifica como indígena. Los pueblos indígenas en Venezuela son los akawayo, amorúa, añú, arawak, arutani, ayamán, baniva, baré, barí, caquetío, cumanagoto, chaima, e´ñepá, gayón, guanano, hoti, inga, japreria, jirajara, jivi, kari´ña, kubeo, kuiva, kurripako, mako, makushí, mapoyo, ñengatú, pemón, piapoko, píritu, puinave, pumé, sáliva, sánema, sapé, timotes, waikerí, wapishana, warao, warekena, Wayuu, wotjuja (piaroa), yanomami, yavarana, ye´kuana y yukpa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad venezolana, así como el heroísmo y sacrificio de los antepasados aborígenes en la construcción de la patria; contempla un capítulo dedicado a los derechos humanos de los pueblos indígenas y generó espacios de participación política indígena a nivel nacional, estatal y municipal. En 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT y se ha aprobado un conjunto de leyes que desarrollan de forma directa los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución, entre ellas: la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). En 2007, Venezuela votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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l año 2014 estuvo marcado por una alta conflictividad política y una crisis económica creciente producto de la anterior. Desde finales de 2013, el presidente Nicolás Maduro hizo llamados al diálogo con la opositora Mesa de la Unidad Democrática, los que fueron interrumpidos por un sector disidente de la oposición que llamó a “la salida” del gobierno de Maduro. “La Salida” consistía en protestas callejeras en algunos focos clase media y alta que dejó más de 40 víctimas y destrozos de bienes.

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Sierra de Perijá

La crisis económica se fue agudizando a lo largo del año, lo cual se reflejó en la escasez de algunos productos básicos, la inflación inducida por sectores desestabilizadores que superó el 60%, la devaluación monetaria signada por la escasez de divisas y un férreo sistema de control cambiario, todo agravado por el desplome de los precios del petróleo, principal ingreso de la economía venezolana. Los controles de precios a productos subsidiados, la devaluación monetaria y la amoral actuación de sectores que optaron por el negocio del contrabando, generaron la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas. El gobierno nacional responsabilizó a la oposición de llevar adelante una “guerra económica”, y emprendió la lucha contra el contrabando y el acaparamiento.

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Ante el desplome de los precios del petróleo y la crisis de la economía rentista dependiente de los hidrocarburos, el gobierno venezolano enfrenta la necesidad de diversificar sus fuentes de ingreso aprovechando las potencialidades de los sectores agrícola, turístico, minero e industrial. Durante 2014 resaltaron los avances en el plano jurídico e institucional para sentar las bases de la explotación de importantes recursos mineros y carboníferos en el llamado “Arco Minero del Orinoco” y la Sierra de Perijá, con impactos socioambientales difíciles de prever sobre los pueblos indígenas que habitan estos territorios. Lamentablemente, la agenda de derechos de los pueblos indígenas, reconocidos a nivel constitucional, no experimentó avances importantes durante 2014. Su principal demanda -la demarcación y titulación de sus tierras- sigue pendiente, pero, además, representa para el Estado un obstáculo en sus planes de seguir implementando un modelo de desarrollo centrado en la extracción de recursos naturales, en especial hidrocarburos y mineros. Por otra parte, el crecimiento incontrolado de la minería ilegal de oro, diamantes y coltán en el sur del país, así como la presencia cada vez mayor de actores armados no estatales, son factores que preocupan a las pueblos indígenas por los impactos negativos sobre el ambiente y las propias comunidades en sus territorios ancestrales.

Creación del Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas El 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Resistencia Indígena, el vicepresidente Jorge Arreaza creó el Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. En el acto estuvieron presentes los voceros que conforman este Consejo Presidencial, con un representante por cada pueblo indígena del país. Según el vicepresidente Arreaza, esta institución tendrá el mismo rango del Consejo de Ministros y tendrá como objetivo “crear un canal directo de comunicación entre estas comunidades y el Ejecutivo”.1 Al día siguiente, el presidente Nicolás Maduro, junto al vicepresidente Jorge Arreaza, la ministra para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, así como 35 voceros de los pueblos indígenas del país, instalaron formalmente el Consejo Presidencial del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. En el evento el presidente Maduro hizo varios anuncios: 1. Incorporación de los indígenas, a partir de los 50 años de edad, para recibir el beneficio de la pensión para los adultos mayores.

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2. Aprobación de 2.963 millones de bolívares para la construcción de 5 mil nuevas viviendas en 2015, beneficiando a 23.698 indígenas. 3. Aprobación de 575.792 bolívares para planes dirigidos a garantizar atención integral de 396 comunidades indígenas en situación de extrema pobreza. 4. Aprobación de 265 millones de bolívares adicionales para financiar proyectos socioproductivos en 396 comunidades indígenas. 5. Instalación de agencias de la banca pública en comunidades indígenas. 6. Dotación de computadoras portátiles (tipo tableta) a los voceros del Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas. 7. Dotación de medios para mejorar la comunicación con las comunidades indígenas a través del apoyo de las Fuerzas Armadas para el acceso por vía aérea y fluvial y mediante la instalación de dispositivos de comunicación satelital en las comunidades indígenas. Además, se anunció la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. En este particular, la ministra para los Pueblos Indígenas, precisó que el instituto está enmarcado en la Ley de Idiomas Indígenas decretada en el año 2008, destacando que “de los 44 pueblos originarios en el país, 34 hablan el idioma de su etnia y 10 lo han perdido. Hemos estado trabajando en la propuesta para ese instituto y en su proceso de investigación para fortalecer o rescatar los idiomas indígenas que se han perdido”.

Demarcación y reconocimiento de Tierras Indígenas La ministra para los Pueblos Indígenas anunció como meta para el año 2014 la entrega de 21 títulos de tierra y hábitat indígenas en ocho estados del país.2 El 13 de octubre, el presidente Nicolás Maduro entregó seis títulos de tierras indígenas a comunidades de los pueblos cumanagoto y kariña del estado Anzoátegui: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Comunidad guatacarito (pueblo indígena cumanagoto), por 1.891,24 ha. Comunidad jabillote (pueblo indígena cumanagoto), por 438,68 ha. Comunidad capachal (pueblo indígena kari´ña), por 983,52 ha. Comunidad pedregal (pueblo indígena kari´ña), por 3.294,53 ha. Comunidad guayabal (pueblo indígena cumanagoto), por 657,07 ha. Comunidad mapiricurito (pueblo indígena kari´ña), por 1.119,33 ha.

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La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), con motivo de cumplirse –el 15 de diciembre de 2014– quince años de la aprobación de la Constitución, publicó un comunicado donde se presentó un balance del proceso nacional de demarcación de los hábitat y tierras indígenas. A partir de un análisis de los datos oficiales sobre las comunidades indígenas que han sido demarcadas y respecto al total de comunidades a nivel nacional (cerca de 3.000), concluyen que “faltaría por demarcar el 87,6% de los hábitat y tierras indígenas” del país, evidenciando “falta de voluntad política con relación al desarrollo del proceso de demarcación”. Finalmente, “con el ánimo de hacer avanzar el proceso nacional de demarcación”, plantearon al gobierno nacional que, a) se haga una revisión urgente de todos los expedientes de demarcación solicitados, a efectos de llegar a dictámenes favorables en extensión suficiente y concertada con los pueblos, comunidades y organizaciones involucradas; y b) se elabore e implemente, con la participación activa de las organizaciones indígenas, un Plan de Acción para Avanzar en el Proceso de Demarcación, con criterios claros y dando prioridad a las demarcaciones colectivas por pueblos indígenas y multiétnicas, partiendo de las solicitudes realizadas por autodemarcación.3

La lucha del pueblo yukpa por sus territorios Son nueve los miembros de las familias de los caciques Sabino Romero y Carmen Fernández, que han sido asesinados desde 2008 en la lucha por recuperar sus tierras ancestrales, invadidas por hacendados y parceleros, en la Sierra de Perijá, estado de Zulia.4 Aunque ya las tierras habían sido demarcadas por el gobierno nacional y entregadas a los indígenas, aún no han sido abonadas a sus antiguos dueños todas las haciendas y bienhechurías, y algunos de estos terratenientes juraron acabar con Sabino Romero y toda su familia debido a las tierras que el gobierno restituyó a los yukpa. No obstante, estos yukpa continúan recuperando sus territorios, ocupando haciendas que aún no han sido pagadas por el gobierno. El 11 de febrero ocuparon la hacienda Mi Deleite y, el 19 de marzo, la hacienda Las Delicias, quedando por ocupar en esa área el Araguaney, el Carmen y otras dos pequeñas haciendas, junto al parcelamiento la Estrella.5 La respuesta de los ganaderos, con sicarios a su servicio y apoyados presuntamente por algunos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha sido la continuación de las agresiones contra estos indígenas. El 3 de enero de 2014 intentaron liquidar al joven Silverio Romero, de 18 años de edad, uno de los hijos

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menores del cacique Sabino Romero. Los agresores, armados con escopetas, resultaron ser sicarios vinculados a terratenientes. El 16 de febrero, Rodolfo Fernández de 16 años, hijo de Carmen Fernández, fue golpeado por efectivos del Ejército en la comunidad kuse; y el 20 de febrero, Leandro Romero Izarra, hermano de Sabino, fue detenido y golpeado brutalmente por un grupo de efectivos del Ejército. El 24 de junio, cinco efectivos del puesto fronterizo El Tokuko de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron contra los hijos de Carmen Fernández en las adyacencias de la antigua hacienda Las Delicias, resultando muerto Cristóbal Fernández y herido Leonardo Fernández, su hermano. Cristóbal era un importante testigo en el juicio que se sigue a seis detenidos por el asesinato del cacique Sabino Romero. Con este nuevo crimen ya suman tres hijos de Carmen Fernández asesinados, además de otros cinco parientes heridos. Todos estos casos siguen impunes. El 30 de junio, luego del velorio y entierro de Cristóbal Fernández, un grupo de más de cien yukpas del Tukuko y criollos de Machiques asediaron por ocho horas la casa de Carmen Fernández, quien resultó gravemente herida de un disparo en el cuello, como también su hijo Luis Adolfo Fernández y un sobrino.6 Toda la familia fue desalojada de la hacienda Las Delicias y luego detenidos cuando fueron a presentar la denuncia.7 El 15 de agosto fueron condenados a siete años de prisión cinco agentes de la policía municipal de Machiques tras admitir su complicidad en la muerte del cacique Sabino Romero Izarra el 3 de marzo del 2013, hecho en el que también resultó herida su esposa, Lucía Martínez. Activistas ligados a la causa yukpa repudiaron la sentencia por la baja pena impuesta. Por este caso, aún se encuentra en etapa de juicio Ángel Romero, alias El Manguera (ex agente del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, y guardaespaldas del alcalde del municipio Machiques), quien es señalado como la persona que disparó contra el cacique y su esposa.8 Lucía Martínez, viuda de Sabino, Carmen Fernández y la Sociedad Homo et Natura denunciaron el retardo procesal intencionado del juicio, cuyas audiencias se suspendieron 7 veces, exigiendo la investigación y aprensión de los autores intelectuales del crimen, ligados a la asociación ganadera de Machiques.9

Minería ilegal y presencia de grupos armados no estatales en territorios indígenas En la Amazonía venezolana, el auge de la minería ilegal de oro, diamantes y coltán, la presencia de grupos armados irregulares, así como los planes del gobierno nacio-

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nal para desarrollar el llamado “Arco Minero del Orinoco”, generaron reacciones de diferentes sectores -en especial de las organizaciones indígenas- preocupados por los impactos sociales y ambientales de la minería en sus territorios. La COIAM hizo público un pronunciamiento expresando su preocupación debido al incremento de la minería ilegal en el cauce del río Atabapo, en el Parque Nacional Yapacana y el bajo río Ventuari, en su mayoría practicada por extranjeros provenientes de Colombia y Brasil, causando la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio. Señalaron, además, que la actividad minera ilegal va acompañada de otras actividades ilícitas como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución y la trata de mujeres, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas. Finalmente, hacen un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano para que tomen acciones urgentes destinadas a controlar la minería y las demás actividades ilícitas.10 Las Organizaciones de Mujeres Indígenas de Amazonas también se pronunciaron con un comunicado sobre “la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio ancestral”. En el documento señalaron la presencia de grupos armados no estatales, que se autoidentifican como integrantes de las FARC, quienes “acosan, hostigan y amenazan a las ancianas sabias -líderes e integrantes activas de las organizaciones indígenas-, protegen a los mineros ilegales, utilizan la coerción, amenaza y amedrentamiento como táctica para generar miedo y contribuir al desplazamiento de las comunidades indígenas, captan y reclutan a niños y niñas, y están presentes en los lugares sagrados de los territorios indígenas impactando en el bienestar espiritual”. También señalaron que “la minería ilegal depreda nuestros territorios ancestrales y afecta en mayor medida a las mujeres indígenas, quienes son un blanco fácil para las redes de trata con fines de explotación sexual y laboral, así como a mujeres, niñas y adolescentes, quienes optan o son forzadas a ejercer la prostitución, situación que desencadena altos índices de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual”.11

Minería ilegal en la cuenca del río Caura, estado Bolívar La Organización Indígena de la Cuenca del Caura “Kuyujani”, que agrupa a 53 comunidades de los pueblos yek’wana y sánema, denunció el incremento exponencial de la actividad minera en la cuenca alta del Caura, en el estado Bolívar. Según Mayrale-

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no Cortés, dirigente de la organización, actualmente hay más de 3 mil mineros trabajando con maquinarias en el río Yuruaní y su desembocadura en el Caura, también han proliferado los bares con menores de edad llevadas para la prostitución y la venta de drogas y licor. Todo esto ocurre a pesar de que existen cuatro puestos de control de la FANB distribuidos a lo largo del río Caura, quienes en lugar de bridar seguridad a las comunidades indígenas los atropellan y maltratan. El 14 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión en la que se exhorta al Ejecutivo Nacional a recategorizar la Reserva Forestal del Caura a una figura más restrictiva prevista en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Además, ordena “la inmediata paralización de cualquier actividad de explotación, aprovechamiento, extracción, comercio de minerales metálicos o no metálicos (…) en la región que conforma la actual Reserva Forestal del Caura y su cuenca hidrográfica”, y se instruye al Ministerio del Ambiente para que inicie un programa de recuperación de las áreas degradadas por la minería.12 La Organización Indígena “Kuyujani” emitió un pronunciamiento ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el que solicitan la titulación de la propiedad colectiva del hábitat y tierra de los pueblos ye’kwana y sánema de la cuenca del Caura, pendiente desde el año 2006. Asimismo, rechazan “que con el pretexto de la “conservación ambiental” se pretenda imponer áreas protegidas y cualquier otra figura de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) sobre nuestros territorios ancestrales, sin el otorgamiento previo de la titularidad colectiva de nuestros hábitats y territorios tradicionales de la cuenca del Caura”.13

Política minera del Estado y desarrollo del “Arco Minero del Orinoco” El 20 de marzo de 2014, el presidente Nicolás Maduro aprobó el Decreto N° 84114 que establece la creación de la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita, en la Región Guayana,15 que tiene por objeto elaborar y ejecutar un Plan de Acción para abordar de forma integral la problemática suscitada por la práctica de la minería ilegal en la región, en sintonía con los objetivos del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019. En el mes de junio, la COIAM publicó un comunicado pronunciándose sobre la promulgación del Decreto N° 841. Según las organizaciones indígenas, esta normativa busca implementar el llamado “Arco Minero del Orinoco”, desarrollando y promoviendo la actividad minera en la región Guayana (región amazónica) y la extracción

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de recursos naturales como propuesta de desarrollo nacional y regional, tal como lo establece el denominado “Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019”. En el comunicado manifiestan su preocupación porque el decreto haya sido aprobado sin la consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados, y sin que el Estado venezolano haya realizado la demarcación efectiva de los hábitats y tierras indígenas. Además, reiteran su postura de rechazo a la minería en sus diferentes formas y modalidades, ya que produce fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Concluyen solicitando al gobierno nacional que realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana, estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una moratoria de la actividad minera al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios.16 El 11 de junio, Nicia Maldonado, ministra de la Región de Desarrollo Integral Guayana y ex-ministra de Pueblos Indígenas, instaló oficialmente la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana. Este es el quinto intento del Gobierno para acabar con la minería ilegal. El 9 de agosto se realizó una reunión con representantes de las organizaciones indígenas del estado Bolívar, convocada por la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana. La reunión fue una respuesta a los reclamos de los indígenas por su exclusión y la omisión de la consulta previa e informada referente a la creación de dicha Comisión Presidencial y la aprobación del Decreto Nº 841. Los representantes indígenas hicieron una serie de denuncias referentes a los problemas que están sufriendo por causa de la minería: mafias aliadas con funcionarios de la FANB, tráfico de drogas, combustible y alimentos; sicariato, incursión de bandas armadas, devastación de las áreas protegidas y contaminación mercurial de los ríos. Juan Blanco, un líder del pueblo pemón, manifestó que “nuestras comunidades han sido devastadas poco a poco por los extranjeros que prácticamente nos están acorralando y por los mal llamados ‘sindicatos’ 17 que no sabemos de dónde salen con tantos armamentos. En las minas, militares activos están prestándose para apoyar a la mafia”. También hizo mención a la participación de las comunidades indígenas en la minería: “somos habitantes que dependemos de la actividad minera, porque es verdad la necesidad inmensa que tenemos todas las comunidades indígenas

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y debido a esa necesidad hemos ido abandonando nuestra costumbre y nuestra cultura”.18 La organización “Kuyunu” de los pueblos ye´kwana y sánema del alto río Ventuari, en el estado Amazonas, se pronunció en rechazo al convenio entre los gobiernos de Venezuela y la República Popular China firmado en el año 2012 para la exploración y explotación minera en varias regiones del sur del país. En el comunicado declararon estar en contra de la exploración y explotación minera en su territorio, que no se ha consultado a los pueblos indígenas para la firma del convenio con la empresa minera china CITIC para desarrollar prospección minera en su territorio, y solicitaron la titulación de las tierras y hábitat de la cuenca del Alto Ventuari, cuyo expediente reposa en la Comisión Regional de Demarcación desde diciembre de 2009.19 El 18 de noviembre de 2014 fue aprobado el Decreto Nº 1.395, mediante el cual se dicta la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a éstas,20 “con el propósito de revertir los graves efectos del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradación del ambiente, el irrespeto de la ordenación territorial, el atentado a la dignidad y la salud de las mineras y mineros, y las pobladoras y pobladores de las comunidades aledañas a las áreas mineras”. Esta Ley, en su artículo 40, declara el mineral de oro y a las áreas mineras auríferas como estratégicos para la Nación, con la finalidad de ser declarados Zonas de Seguridad Nacional. En consecuencia, corresponderá a la FANB -entre otros aspectos- “participar activamente en la atención y desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas que hagan vida en las zonas mineras”.

Proyectos desarrollistas y extractivistas en el Estado Zulia En el estado Zulia, movimientos sociales y ambientalistas continúan enfrentando los proyectos de los gobiernos regional y nacional, para la apertura de nuevas minas de carbón en la Sierra de Perijá, la construcción de una planta termoeléctrica alimentada con carbón, y la construcción de un puerto de aguas profundas en la salida del lago de Maracaibo. Estos proyectos de gran envergadura forman parte del Plan de Desarrollo Económico-Productivo del estado Zulia 2013-2016, que pretende elevar la producción de carbón de 7 a 22 millones de toneladas.21 Como consecuencia de la explotación de carbón en las minas Paso Diablo y Mina Norte, el río Guasare y sus afluentes han perdido caudal, varias comunidades del pueblo indígena wayúu fueron desplazadas y sufren los impactos en el ambiente y en su propia salud. Los proyectos para abrir nuevas minas de carbón afectarían los ríos

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Socuy, Cachirí y Maché, desplazando a las comunidades wayúu que ocupan tradicionalmente estas cuencas, y afectando los ríos y la provisión de agua a Maracaibo y otras ciudades aledañas, que ya sufren la escasez de suministro.22 La construcción de carreteras y el puerto América o Bolívar, para el transporte y exportación de la producción de carbón y petróleo, podría tener impactos ambientales de gran magnitud sobre los ecosistemas del lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela. Afectando además las islas San Bernardo, San Carlos, Pájaro y Zapara, las cuales forman parte del territorio ancestral del pueblo indígena añú, aún no demarcado.23

Tradición oral Mapoyo reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial Los mapoyo son un pueblo indígena que habita las sabanas que se extienden desde la serranía de Los Pijiguaos hasta el río Orinoco, en el extremo occidental de la Guayana venezolana. Su población es de unas 400 personas, asentadas principalmente en la comunidad El Palomo. El idioma mapoyo es de filiación lingüística caribe y se encuentra en peligro de extinción, contando actualmente con apenas tres hablantes. El Gobierno gobierno venezolano, a través del Centro de la Diversidad e Identidad Cultural, postuló ante la UNESCO “la tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral”, siendo reconocida en noviembre del 2014 e incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Los más ancianos de la comunidad mantienen esta tradición oral, que se encuentra amenazada por factores que ponen en peligro su transmisión a las nuevas generaciones: la emigración de los jóvenes buscando oportunidades educativas y económicas; la expansión de las industrias mineras; y la influencia del sistema público de  educación formal que no fomenta el uso de su lengua materna.24

Notas y referencias 1 “Arreaza instala Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas”, en El Universal, 12.10.14. 2 AVN. “Este año está prevista la entrega de 21 títulos de tierra y hábitat indígenas”. 08.01.14. 3 COIAM. “Comunicado de la COIAM sobre el proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras indígenas a los 15 años de aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. 28.11.14. 4 Barrios, D. “Van 9 yukpas asesinados en la lucha por sus tierras”, en Últimas Noticias, 07.08.14. 5 Sociedad Homo et Natura. “El Estado sigue en deuda con los Yukpa”. 20.05.14.

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Los yukpa no están unificados frente al tema de la demarcación de su territorio y respecto a la relación que establecen con el Gobierno. Algunos indígenas yukpa no apoyan la lucha que liderizó Sabino Romero, Carmen Fernández y otros yukpa para recuperar sus tierras y, al contrario, son aliados de los ganaderos y grandes terratenientes. Sociedad Homo et Natura. “S O S por las familias de Carmen Fernández y Sabino Romero Izarra”. 25.07.14 “Condenan a cinco hombres por muerte de Sabino Romero”, en Diario La Verdad, 18.08.14. Lucía Martínez y Carmen Fernández. “Lucía Martínez Romero y Carmen Fernández Romero hace un llamado”. 10.11.14. COIAM. “Comunicado de la COIAM sobre la minería ilegal en el municipio Atabapo”. 05.05.14. OMIDA – Wanaaleru. “Comunicado de las Organizaciones de Mujeres Indígenas de Amazonas sobre la situación de las mujeres indígenas en el municipio Autana”. 11.12.14. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Expediente N° 12-1166. 14.05.14. Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani. “Pronunciamiento de los pueblos y comunidades ye´kwana y sánema del Caura ante la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional. EXP. 12-1166”. 15.05.14. Gaceta Oficial, N° 40.376, 20.03.14 La región Guayana abarca 3 estados al sur del país: Amazonas, Bolívar y delta Amacuro. COIAM. “Segundo Comunicado de la COIAM sobre la nueva política minera del Estado venezolano”. 02.06.14. En las zonas mineras del estado Bolívar los llamados “sindicatos” son grupos armados no estatales que extorsionan a los mineros a cambio de servicios de seguridad. Rangel, C. “En las minas los militares están prestándose para apoyar a la mafia”, en Correo del Caroní, 09.08.14. “Los pueblos ye´kwana y sánema rechazan la presencia de la empresa minera china (CITIC) y de grupo generador de violencia en el Alto Ventuari, en La Iglesia en Amazonas, Nº144, junio de 2014. Gaceta Oficial Nº 6.150 Extraordinario, 18.11.14. Gil B., M. “La Sociedad Homo et Natura: No al Puerto América”, en Tal Cual, 26.05.14. Sociedad Homo et Natura. “No a la carboeléctrica en el Zulia ni a la explotación de carbón en el río Socuy; sí al agua y a la energía limpia del Parque Eólico de la Guajira”. 01.09.14; “Desde PDVSA/Carbozulia, Ministerio de Energía y la Gobernación del Zulia se conjura la muerte de los ríos Guasare, Socuy y Maché y el desplazamiento de los pueblos wayuu aledaños”. 28.12.13. Sociedad Homo et Natura. “La salvación del Lago de Maracaibo no es cerrarlo para construir Puerto Bolívar”. 13.05.14. UNESCO. “La tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral”, en http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&USL=00983

Aimé Tillett. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía - Wataniba.