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CONCIERTO ECONOMICO: UNA HISTORIA INTERMINABLE (STS. 9/12/2004 -‐ STJCE 8/11/2008) Jose Luis Etxeberria Monasterio Letrado jefe Diputación Foral de BIZKAIA
1) El Concierto Económico está siendo estos días de octubre de 2015 objeto de lo que el propio Gobierno Vasco denuncia como una “campaña para deslegitimar el Concierto Económico”. http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/3522990/gobierno-‐vasco-‐denuncia-‐ campana-‐concierto-‐economico/ http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/06/paisvasco/1444135670_817228.html Euskadi denuncia una campaña para deslegitimar el Concierto Económico El portavoz del Gobierno recuerda que se trata de un instrumento centenario, anclado en la Constitución y que goza de consenso en la sociedad y los partidos vascos Pedro Gorospe Vitoria 6 OCT 2015 -‐ 16:26 CEST Una campaña "orquestada" para "deslegitimar" el Concierto Económico. Así entiende el Gobierno vasco las reiteradas posiciones y acciones "recentralizadoras" del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, las tesis de Ciudadanos para eliminar "el privilegio que supone el Concierto", y las últimas y más recientes críticas de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha asegurado que es necesario "modular" el Cupo porque Euskadi "está recibiendo más fondos que otras comunidades para la prestación de los servicios públicos". El Gobierno vasco ha denunciado tras la reunión del Consejo, la existencia de una campaña "perfectamente orquestada" para "deslegitimar" el Concierto Económico de Euskadi, pese a que se trata de una norma "amparada" por la Constitución. El portavoz, Josu Erkoreka, ha lamentado esos mensajes tendentes a revisar el Cupo vasco -‐el dinero que paga Euskadi al Estado español por los servicios que el segundo presta en la comunidad autónoma en el caso de las competencias no transferidas-‐: "El Cupo es una herramienta esencial del Concierto Económico, la norma que regula las relaciones tributarias y financieras entre Euskadi y el Estado español", ha reiterado Erkoreka, tras lamentar que con esos mensajes se pretende "convertir el Concierto Económico en objeto de controversia política". 1
Está avalado por la Constitución y el Tribunal Constitucional" El portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que el Concierto "no nace" de la actual Constitución, sino que tiene su origen en 1878. De hecho, ha subrayado que se trata de una norma "centenaria", que "ha sobrevivido a diferentes periodos históricos y regímenes", incluida la dictadura franquista. En el recorrido histórico que ha hecho el portavoz, también ha aludido al "sustrato jurídico" del Concierto, "amparado" por la Disposición Adicional Primera de la Constitución y que ha recibido el "aval" del Tribunal Constitucional, además de ser social y políticamente una de las normas que más "consenso" genera entre los partidos vascos. Y junto a todas esas características ha hablado del riesgo que incorpora. Es un instrumento de "riesgo unilateral", dado que las haciendas vascas, en las que recae la competencia de recaudar los impuestos en Euskadi, "nunca podrán ser rescatadas" por la Hacienda española si un eventual deterioro de los ingresos les lleva a una situación "insostenible". De hecho, el último Gobierno de Juan José Ibarretxe, aprobó un presupuesto con unas previsiones de ingresos que luego no se cumplieron. Con el gasto lanzado, y unos ingresos tributarios desplomándose el 25%, al nuevo Ejecutivo se le abrió un agujero de varios miles de millones de euros que les obligó a un endeudamiento máximo.
2) El Concierto Económico no es un invento de anteayer. Nació en 1878, tras la derogación foral que sucedió a la última guerra carlista. De modo que tiene tras de sí algo más de 135 años. Ha convivido con la Restauración, con la Dictadura de Primero de Rivera, con la II República y hasta con el Franquismo. Con éste último, sólo de forma parcial, evidentemente, porque un Decreto de 1937 -‐dictado en plena guerra civil-‐ suprimió el régimen concertado en Bizkaia y Gipuzkoa por considerarlas “provincias traidoras”. Tras la muerte de Franco, el régimen político que le iba a suceder no podía reclamar para sí la condición de democrático, si no garantizaba el restablecimiento del Concierto Económico en los dos territorios a los que Franco había despojado del mismo. Sin embargo fue, gracias a la Disposición Adicional Primera de la Constitución con una cláusula de amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales de, que ahora el Concierto Económico goza hoy de un engarce constitucional, que no puede desconocerse sin vulnerar la propia Constitución. Así lo recuerda el Tribunal Constitucional cuando dice en STC 76/88 que : “históricamente, la determinación de las aportaciones de las Haciendas Forales a la estatal ha venido realizándose mediante el sistema de conciertos, que implica un elemento acordado o paccionado, integrante del núcleo del régimen foral y que constituye, por tanto, parte del contenido mínimo de la garantía institucional de ese régimen, en cuanto que su desaparición supondría la de un factor esencial para que pudiera reconocerse la pervivencia de la foralidad”.
3) Desde su restablecimiento en 1981 para los cuatro Territorios Históricos de Alaba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra ha sido también objeto de diversas controversias como las que estamos viviendo estos días. Sin embargo las actuales polémicas simplemente dialécticas, no han sido el mayor ataque que ha sufrido nuestro Concierto Económico. El mayor ataque jurídico y con consecuencias reales, lo fue el que significó la Sentencia del Tribunal Supremo de 9/12/2004. Esa Sentencia suponía dejar sin contenido jurídico la 2
capacidad de regular disposiciones tributarias en forma distinta a la establecida por el Estado, que entiende que toda regulación distinta e inferior, conlleva sin más una Ayuda de Estado proscrita por el Tratado de la Unión Europea. Eso sucedió con la supresión del tipo de gravamen del 32,5 del Impuesto sobre Sociedades establecido en las Normas forales de los Territorios Históricos. Tal Sentencia suponía una eliminación de la capacidad normativa que el Concierto Económico otorga a los Territorios Históricos y un ataque frontal a dicho Concierto Económico, que quedaba herido de muerte.
4) La Sentencia de 9/12/2004 partía de un error, al indicar que inicialmente esa distinta regulación supone una Ayuda de Estado pues eso había sido determinado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere nce=1619262&links=&optimize=20050217&publicinterface=true DÉCIMOSEPTIMO.-‐ De las anteriores consideraciones resulta que cabe considerar, inicialmente, incluibles en el concepto de "Ayudas de Estado" las medidas fiscales contenidas en los siguientes preceptos de las NN.FF: artículo 11, apartado 2.a) del artículo 14 en cuanto se refiere a "sociedades de promoción de empresas", apartado 11 del artículo 15, artículo 26 (ya anulado), apartado 1.a) del artículo 29, artículos 37, 39 y 40, apartado 2.1º del artículo 45, y artículos 49, 53, 54 y 60 . Queda, sin embargo, por examinar si pueden considerarse incluibles en las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del anterior artículo 92 del Tratado (actual art. 87 ).El referido apartado 2 recoge una serie de supuestos que por razones de especial solidaridad, determinadas ayudas orientadas a concretas finalidades, son compatibles con el régimen del Derecho europeo. Se trata de las consideradas "exenciones de oficio" en las que la Comisión no tiene capacidad de apreciación ya que la compatibilidad resulta "ope legis pero que, desde luego, no resultan aplicables a las reseñadas previsiones de las NN.FF que no contemplan los objetivos sociales ni los mecanismos paliativos de desastres naturales o de acontecimientos de carácter excepcional a que se refiere el precepto europeo. El apartado 3 señala las que pueden entenderse como "excepciones eventuales" que exigen una decisión de la Comisión Europea de conformidad con las previsiones del propio artículo. Pero, en cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que, a la luz de la constante doctrina del TJCE, las facultades de los órganos jurisdiccionales nacionales, en caso de ayudas no notificadas, han de orientarse a la constatación de tal circunstancia, para en caso de respuesta afirmativa, anular las correspondientes Normas, por haber sido adoptadas sin cumplir la obligación de notificación a la Comisión Europea establecida en el artículo 93 (actual artículo 88). O, dicho en otros términos, no cabe que el Juez nacional se pronuncie sobre la compatibilidad de las medidas de ayuda con el Derecho europeo, en los casos en que esta valoración está reservada por el Tratado a la Comisión, y sólo puede decidir, a efectos de aplicar el apartado 3 del artículo 93 (actual art. 87) si las medidas adoptadas son susceptibles de ser comprendidas dentro del concepto "Ayudas de Estado". DECIMOCTAVO.-‐ Las consideraciones expuestas justifican: a) La desestimación del recurso de casación interpuesto por las representaciones procesales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la Diputación Foral 3
de Bizkaia y de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, confirmando la nulidad del artículo 26 de las NN.FF . b) La estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Federación de Empresarios de la Rioja, acogiendo el primero de los motivos aducidos. Y, sin necesidad de examinar los restantes motivos de casación, que se case y anule la sentencia de instancia y, resolviendo las cuestiones suscitadas dentro de los términos del debate procesal que se rechace la pretensión principal de la demanda y se acoja parcialmente la esgrimida con carácter subsidiario declarando la nulidad, además del artículo 26 de las NN.FF ya apreciada, de los siguientes preceptos de las mismas Normas: artículo 11, apartado 2.a)del artículo 14 en cuanto se refiere a "sociedades de promoción de empresas", apartado 11 del artículo 15,artículo 26 (ya anulado), apartado 1.a) del artículo 29, artículos 37, 39 y 40, apartado 2.1º del artículo 45, y artículos 49, 53, 54 y 60, al haberse omitido la necesaria notificación a la Comisión Europea establecida en el artículo 93 (actual artículo 88) del Tratado para medidas que indiciariamente pueden constituir "Ayudas de Estado". Sin que, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 LJCA, la anulación de los referidos preceptos afecte a la eficacia de las sentencias o de los actos firmes que los hayan aplicado antes de que su anulación alcance efectos generales. Procede imponer las costas causadas en los recursos de casación interpuestos por las representaciones Gipuzkoa y de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la Diputación Foral de Bizkaia y de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia a tales Administraciones. Y no procede la imposición de las costas causadas en el recurso interpuesto por la representación procesal de la Federación de Empresarios de la Rioja. Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español, FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de las Juntas Generales de Gipuzkoa, de la Diputación Foral de Bizkaia y de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia interpuestos contra la sentencia, de fecha 30 de septiembre de 1999, dictada por la Sala de lo Contencioso-‐Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco , en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 3753/96, en el que se impugnaban Normas Forales de las Juntas Generales de Gipuzkoa núm. 7/1996. de 4 de julio, de Bizkaia núm. 3/1996, de 26 de junio, y Álava núm. 24/1996, de 5 de julio, reguladoras del Impuesto sobreSociedades, confirmando la nulidad del artículo 26 de dichas Normas e imponiendo las costas de sus recursos a las Administraciones recurrentes. Que, asimismo, debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Federación de Empresarios de la Rioja, contra la referida sentencia que anulamos, y, en su lugar, declaramos, además de la nulidad del artículo 26 de las Normas Forales mencionadas, la nulidad de los siguientes preceptos de las mismas Normas: artículo 11, apartado 2.a) del artículo 14 en cuanto se refiere a "sociedades de 4
promoción de empresas", apartado 11 del artículo 15, artículo 26 (ya anulado), apartado 1.a) del artículo 29, artículos 37, 39 y 40, apartado 2.1º del artículo 45, y artículos 49, 53, 54 y 60 , desestimando en el resto la pretensión principal y subsidiaria formulada en la demanda; sin que haya lugar a imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes. Publíquese este fallo en el correspondiente Boletín Oficial a los efectos previstos en el artículo 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-‐ administrativa. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.-‐ Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.
5) Inmediatamente desde esta Diputación Foral de Bizkaia, se procedió a iniciar iniciativas legales contra dicha Sentencia. La primera fue la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Tribunal Supremo que fue rechazado por el mismo mediante Auto TS de 04/04/2005 en el que el Tribunal volvía a incidir en su error esta vez de forma más contundente al insistir en que existía jurisprudencia del Tribunal Europeo que conllevaba a la existencia de Ayudas de Estado. ATS 4-‐4-‐2005 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refe rence=822186&links=&optimize=20060511&publicinterface=true …Ciertamente, en el presente caso, no existían dudas razonables sobre el concepto de "ayudas de Estado", sino, por el contrario, una reiterada doctrina del TJCE sobre el mismo, así como su aplicación al reconocimiento de las ventajas fiscales producidas por entidades territoriales, incluso con respecto a Estados de configuración federal, y a los criterios o parámetros de la especificidad y de la distorsión de la competencia o de la afectación del comercio intracomunitario.
6) También el Gobierno Vasco interpuso Recurso de Amparo contra la Sentencia de 09/12/2004 ante el Tribunal Constitucional que fue rechazado por el mismo mediante Sala Primera. AUTO 62/2007, de 26 de febrero de 2007
7) Sin embargo quiso el destino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa pronunciara Sentencia sobre el asunto AZORES, que facilitó que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha reiteradas peticiones de esta Diputación Foral de Bizkaia , planteara cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo , lo que dio origen a las llamadas conclusiones KOKKOT y ello posibilitó la Sentencia del Tribunal Supremo de 27/05/2008, donde ya recogiendo la citada jurisprudencia y las conclusiones de la Abogada General en su Tribunal Supremo propiciara una discreta corrección de cuanto había dicho en la STS de 9/12/2004 y reiterado en ATS del 04/04/2005. 5
STS 27-‐5-‐2008 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere nce=119931&links=&optimize=20080703&publicinterface=true …En todo caso, y como puede observarse, la Comisión Europea, que en diversos momentos ha manejado los distintos textos de 1996, dirigió sus Decisiones contra los preceptos que se han acabado de indicar, pero no contra los que fueron objeto de anulación por la Sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004. La circunstancia expresada resulta trascendente, por cuanto si bien es cierto que existe obligación de dar cuenta a la Comisión de nuevas ayudas (artículo 88.3 del Tratado), también se otorga competencia a la misma para proceder a su examen permanente junto con los Estados miembros (artículo 88.1), pudiendo proponer las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común y si después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones (artículo 88.2), la Comisión comprobare que una ayuda no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine. En el ejercicio de esta competencia de control, la Comisión ha de actuar con la debida diligencia y en este sentido, la STCE de 22 de abril de 2008, dictada en el asunto C-‐408/04 P y en recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, ha recordado por lo que respecta a las ayudas de Estado comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado CE, que "el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), establece que, cuando obre en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta ayuda ilegal, deberá proceder a su examen sin demora." Por todo ello, puede afirmarse que si bien la Sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2004, juzgó de la validez de las disposiciones impugnadas con arreglo al momento en que fueron publicadas (año 1996), a la hora de dar cumplimiento a aquella, dictando las disposiciones de sustitución, y transcurridos 10 años (por tanto, ya en 2005), puede considerarse razonable entender que las Decisiones de la Comisión no se habían enfrentado a los preceptos que han suscitado la presente controversia y que, en consecuencia, los mismos no planteaban problema desde el punto de vista del Derecho Comunitario, por lo que no era necesario tampoco someterlas al procedimiento de comunicación previa a la Comisión Europea que se establece en el artículo 88, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea. Desde luego, la Sala entiende que el riguroso cumplimiento del deber impuesto por el artículo 118 de la Constitución y 103.2 y 3 de la Ley de esta Jurisdicción, proyectado sobre la Sentencia de 9 de diciembre de 2004, debía haber conducido, de forma prudente, a dar cuenta a la Comisión Europea del contenido de las disposiciones a dictar en sustitución de las anuladas. Ahora bien, preciso es reconocer también que las circunstancias concurrentes traducidas en acontecimientos ocurridos desde el año 1996, en que se publicaron las disposiciones anuladas por la Sentencia de esta Sala 9 de diciembre de 2004 y las de sustitución, dictadas en 2005, a que antes se ha hecho referencia, hacen que no se pueda afirmar con absoluta certeza que concurra el elemento subjetivo de intención elusiva que exige el apartado 4 del artículo 103 de la Ley Jurisdiccional para la declaración de nulidad de disposiciones de sustitución de las anuladas en virtud de una resolución judicial. A esta conclusión coadyuva la manifestación 6
realizada en el Auto impugnado de 14 de noviembre de 2005 en el sentido de que "que no concurre en los productos normativos de los tres territorios históricos una global finalidad de eludir el cumplimiento del a STS de 9 de diciembre de 2004, como lo acreditan suficientemente las exposiciones de motivos de cuantas disposiciones están examinándose...", que resulta compatible, ciertamente, con la posibilidad de que la voluntad elusiva se ponga de relieve de forma selectiva en la aprobación en vigor de alguna o algunas normas idénticas a las anuladas, pero que por la afirmación transcrita obliga a ser todavía más cuidadoso a la hora de enjuiciar si se ha producido o no la conducta elusiva. Y esto es lo que se hace al calificar el hecho reconocido de la repetición de una disposición sin dar cuenta a la Comisión a la luz de hechos y circunstancias posteriores acaecidos entre la fecha de la publicación de las disposiciones inicialmente impugnadas y la de las disposiciones de sustitución. Las razones expuestas nos llevan a estimar el recurso de casación, a través del motivo alegado por las partes recurrentes de infracción del artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-‐ Administrativa, lo que se traduce en la consecuencia de no extender la declaración de nulidad decretada en la Sentencia de 9 de diciembre de 2004 a las disposiciones de sustitución, por no concurrir el elemento subjetivo de intención elusiva requerido en el ante citado precepto
8) Posteriormente llegó ya la Sentencia TJUE de 11 septiembre de 2008, .Sentencia clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 08/09/2008, en la misma se reconoce que los Territorios Históricos gozan de: 1.)-‐ Autonomía institucional al estar recogidas tanto en la constitución como en el Estatuto de Autonomía del País Vasco; 2).-‐ Autonomía de procedimientos, pues sus Normas forales no pueden ser vetadas por el Estado y 3.)-‐ Autonomía Económica pues el menos ingreso que pueda suponer un tipo inferior tributario no es en modo alguno compensado por el Estado, asumiendo los Territorios Históricos el recargo del ingreso. RESUMEN: El Tribunal reitera la doctrina establecida con el sistema fiscal de las islas Azores, de manera que para que la imposición de un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre Sociedades por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco no tenga la consideración de ayuda de Estado ilegal, la entidad infraestatal debe tener una autonomía institucional, de procedimiento y económica, suficiente. Considera el Tribunal que en base a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al Concierto Económico dicha Comunidad tiene esta autonomía, pero señala que es el Tribunal Superior de Justicia el que debe verificar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de ella.
9) A partir de aquí el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dicta sentencia de 22/12/2008 donde recoge la doctrina de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11/09/2008 y ya de forma clara y contundente pueda apartarse de la Sentencia del Tribunal Supremo de 09/04/2004. Tribunal Superior de Justicia País vasco. Sala de lo Contencioso. Sentencia 22/12/2008 Ponente: LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&refere nce=4666713&links=&optimize=20090723&publicinterface=true QUINTO.-‐ Dicho esto,; como indica la Sentencia de 11 de Setiembre, se trata de verificar por esta Sala si la entidad infraestatal compuesta por la CA del País Vasco y los Territorios Históricos goza de la suficiente autonomía, es decir, "si dispone de autonomía institucional, de procedimiento y económica, desempeñando un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas" –Sentencia TJCE de 11 de Setiembre, apartado 55 -‐, y papel fundamental ese que, "es consecuencia de la autonomía y no un requisito previo de ésta", siendo tales, "los únicos requisitos que deben cumplirse para que el territorio en que ejerce su competencia sea el marco pertinente para apreciar si una decisión adoptada por ésta tiene carácter selectivo". -‐Apdo. 60-‐. Esta particular reflexión y otras del Tribunal, -‐y los términos en que emite su respuesta final-‐, nos lleva a diferenciar dos grandes campos de análisis, uno de ellos, de Índole más abstracta y planteable en términos estrictamente jurídicos internos, es si la autonomía financiera y tributaria que asiste al País Vasco en el ordenamiento jurídico constitucional y estatutario vigente cumple esa triple condición para ser "marco pertinente" para la apreciación del carácter selectivo de una medida. El segundo no afectaría al marco institucional como tal, una vez verificado, sino a una apreciación in concreto de las características mismas de la medida, que, además de por las razones generales que se derivan del articulo 87.1 TCE , podrían también ser calificadas de selectivas si se adoptan fuera de las competencias que a la entidad infraestatal corresponden, -‐apartado 143-‐, o si dan lugar u originan otras compensaciones o flujos financieros que supongan, con relación de causa a efecto, que los Territorios Históricos o la CAPV no asumen las consecuencias políticas o financieras de su decisión. Si nos situamos en ese doble esquema de posibilidades, lo que procede primeramente en este proceso contencioso-‐ administrativo, -‐ya que es la cuestión que está en la base de todo el litigio desde los planteamientos procesales de hecho y derecho de las partes litigantes y de las resoluciones judiciales y comunitarias en que sus tesis se han fundado-‐, es, "verificar si los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco gozan de tal autonomía, lo que tendría como consecuencia que las normas adoptadas dentro de los límites de las competencias otorgadas a dichas entidades infraestatales por la Constitución Española de 1.978 y las demás disposiciones del Derecho español no tienen carácter selectivo,en el sentido del concepto de ayuda de Estado tal como aparece recogido en el artículo 87 CE , apartado 1". EL TJCE en la Sentencia de 6 de Setiembre de 2.006, asunto C-‐88/03 , ya estableció los tres criterios acumulativos de que la autonomía de la región europea examinada deberla gozar para excluir esa calificación,y ahora viene a reafirmarlos con ocasión de plantearse dudas sobre la concreta situación del País Vasco a la hora de juzgar de las disposiciones fiscales establecidas con carácter de generalidad dentro de su ámbito El resultado que vamos a obtener es el que se desarrolla y concluye en las siguientes fundamentaciones ,-‐ 8
-‐La autonomía institucional de esa entidad en tanto poseedora de "un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno Central", -‐en palabras del TJCE en el apartado 87 -‐, no ha merecido la duda de esta Sala, y nos remitimos con ello a los particulares atinentes del Auto de planteamiento. Es de destacar que en este capitulo, y aunque se formularon algunas objeciones, -‐párrafo 85-‐, la respuesta del TJCE tampoco introduce matices adversativos ni condicionantes, afirmando con rotundidad que entidades infraestatales como los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco, "cumplen el criterio de la autonomía institucional". -‐En lo relativo a, la autonomía en materia de procedimiento, se le planteaban a esta Sala ciertas dudas de interpretación acerca del alcance de dicho criterio. Se decía que el procedimiento formal de elaboración de la normativa tributaria del País Vasco, no está sometido a la intervención directa del Gobierno central, pero que cuenta éste con mecanismos, (no coercitivos, sino de conciliación, recíprocos y paritarios), en orden a, una vez conocidos los proyectos, examinar la adecuación al Concierto entre las partes, en pos de que las normativas a promulgar por ambas se acomoden a lo pactado y elevado a nivel de ley entre las Administraciones concertantes. La duda era si esa actividad del Gobierno central constituía un síntoma de insuficiencia de la autonomía del País Vasco de cara a integrar dicho criterio del Tribunal de Justicia; Igualmente se añadía que, desde un punto de vista distinto, es decir, desde la perspectiva de los objetivos a atender por la normativa tributaria autónoma y a su eventual obligación de, "tener en cuenta el interés nacional al fijar el tipo impositivo", lo que el Concierto refleja son límites negativos recogidos en su articulo 3°, referidos a la presión fiscal efectiva global, a las libertades de circulación y establecimiento, o a no producir efectos discriminatorios. Si la Comunidad Autónoma vasca, a través de los órganos competentes de los Territorios Históricos del País Vasco, puede libremente producir normativas diferenciadas de las del Estado en materia tributaria, fijando tipos impositivos distintos en función de apreciaciones económicas y de oportunidad política que en principio están solo referidas a su propio ámbito, si bien el Estatuto de Autonomía,-‐articulo 41.2 -‐, y el propio Concierto que de él dimana, artículos 2 y 3 -‐, se establecen unos límites genéricos en orden a la armonización fiscal con el Estado, que pueden dar lugar a un control jurisdiccional a posteriori de las concretas disposiciones fiscales puestas en vigor a efectos de verificar la observancia de esas pautas o directrices legales. A estas vacilaciones de la Sala consultante, y atendidas igualmente las observaciones formuladas ante el propio TJCE por los intervinientes, dedica el Tribunal los párrafos 95 a 110, que no vamos a transcribir Integramente por razones de economía y mayor claridad y dado que su texto completo se encuentra incorporado a estos autos, limitándonos a extraer una síntesis significativa de las pautas interpretativas que el Tribunal nos brinda. En torno a la primera de las dudas, la Decisión Prejudicial comienza por afirmar que la autonomía procedimental, "no excluye que se establezca un procedimiento de conciliación para prevenir los conflictos, siempre que la decisión final tomada al término de dicho procedimiento sea adoptada por la entidad infraestatal y no por el Gobierno central". -‐96.Luego, tras analizar diversos preceptos 9
del vigente Concierto Económico, (arts. 4.1, 64), concluye que la Comisión de Evaluación Normativa, "es solamente un órgano consultivo y de conciliación, y no un mecanismo a través del cual el Gobierno central imponga su propia decisión en el caso de gue exista un conflicto entre un proyecto de normas forales y la normativa tributaría del Estado español." -‐100-‐.Esas precisiones del TJCE, conducen inequívocamente a esta Sala a dar por sentado que la existencia de los mecanismos aludidos no inciden negativamente sobre el nivel de autonomía que exige al indicado criterio. En lo concerniente al segundo grupo de dudas y observaciones, es asimismo enervatorio de las mismas el enfoque que en los apartados 101 y siguientes se desarrolla por el TJCEE, en base a la conclusión de que; "Por lo que atañe a los diferentes principios invocados por la Comunidad Autónoma de la Rioja, la Comunidad Autónoma de Castilla y León así como la Comisión, no puede concluirse que aquellos menoscaben la autonomía de decisión de los Territorios Históricos, sino más bien que definen los límites de ésta". Se examina el principio de solidaridad del art. 13 8 CE , respecto del que se nos dice que, "exigir a una entidad infraestatal que tome, en consideración el equilibrio económico de las diversas partes del territorio nacional a la hora de adoptar una norma tributaria define el límite de las competencias de dicha entidad, aun cuando los conceptos utilizados para definir esos límites, como el concepto de equilibrio económico, sean desarrollados eventualmente en el marco de la interpretación correspondiente al control jurisdiccional," o que," el hecho de que deban respetarse determinados límites preestablecidos a la hora de adoptar una decisión no implica, en principio, que se menoscabe la autonomía de decisión de la entidad que adopte aquélla. " -‐ 103y 104-‐. Respecto al principio de armonización fiscal y todas sus vertientes, enunciadas en el artículo 3 del Concierto Económico, se declara que; "Si bien parece desprenderse de dicho principio que los Territorios Históricos no están dotados de una competencia de gran amplitud por lo que se refiere a la presión fiscal globalque puede establecerse mediante las normas forales, ya que ésta debe ser equivalente a la que existe en el resto del Estado español, las partes están de acuerdo, sin embargo, en que la presión fiscal global es tan sólouno de los elementos que han de tomarse en consideración a la hora de adoptar una norma tributaria. Así pues,siempre y cuando respeten ese principio, los Territorios Históricos están facultados para adoptar disposiciones tributarias que difieran en diversos aspectos de las disposiciones aplicables en el resto del referido Estado." Además, -‐siempre en palabras del TJCE-‐, el criterio esencial para determinar la existencia de autonomía enmateria de procedimiento no es la amplitud de la competencia reconocida a la entidad infraestatal, sino la posibilidad de que esta entidad adopte, en virtud de esa competencia, una decisión de manera independiente,es decir, sin que el Gobierno central pueda intervenir directamente en su contenido, y de ello se desprende que la obligación de que una entidad infraestatal tome en consideración el interés del Estado al objeto de respetar los límites de las competencias atribuidas a dicha entidad no constituye, en principio, un elemento que menoscabe la autonomía en materia de procedimiento de ésta cuando adopte una decisión dentro de los límites de esas competencias. 10
En definitiva, "procede señalar que, como se deduce de las disposiciones nacionales aplicables y, en particular, de los artículos 63 y 64 del Concierto Económico, no cabe concluir que el Gobierno central pueda intervenir directamente en el proceso de adopción de una norma foral para imponer la observancia de principios como el de solidaridad, el de armonización fiscal, u otros principios como los invocados por las demandantes en el procedimiento principal". Aunque esas exhaustivas consideraciones dejarían incólume la competencia del órgano jurisdiccional nacional para determinar, aplicar e interpretar el derecho nacional, y para aplicar por si él derecho comunitariosobre esta materia, -‐párrafo 110, no se atisban ni aparecen racionalmente otras vertientes diferentes en lo relativo a dicho criterio procedimental, cuyo examen critico, -‐ por lo que las partes han llegado a observar y oponer y la Sala ha llegado a contrastar-‐, ha de tenerse por agotado. SEXTO.-‐ En lo que respecta, por último, a la autonomía económica, esta Sala de lo Contencioso-‐Administrativo no albergaba, ni alberga dudas, -‐y luego se volverá sobre ello-‐, acerca de que el bloque normativo a tener en cuenta configura una situación de autonomía financiera y presupuestaría, en que el País Vasco opera como fiscalmente responsable de sus políticas en materia tributaria, asumiendo las repercusiones que de una menor recaudación puedan derivarse en la limitación del gasto público en servicios para la comunidad e infraestructuras de su competencia, sin que existan previsiones normativas especificas en el sistema legal acerca de que el déficit fiscal hipotético que pudiera seguirse de una menor recaudación fuese soportado o subvencionado por los poderes públicos centrales o por otras regiones.
10) A continuación ya es el propio Tribunal Supremo quien en Sentencia de 03/04/2012, aun con 3 votos particulares en contra rectifica de forma completa su sentencia de 09/04/2004, asumiendo por tanto los planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia 11/09/2008. Tal doctrina ya es recogida en todas las posteriores sentencias del Tribunal Supremo en cuya última de 27/11/2013 es ponente de la misma el mismo magistrado que realizó voto particular en contra que él volvió a reiterar en esa misma Sentencia.
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Fecha: 03/04/2012
Ponente: MANUEL MARTIN TIMON Resumen: IS. Cupo regulado en la ley del Concierto Económico del País Vasco. Decreto Foral-‐ Norma 3/2007, de 30 de diciembre, de la Diputación Foral de Guipúzcoa por el que modifica la Noma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto de Sociedades. Votos particulares http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere nce=6353590&links=&optimize=20120507&publicinterface=true SEPTIMO .-‐ Como se ha señalado anteriormente, el tercero de los motivos, por el cauce del artículo 88.1. d) de la LJCA sirve a la recurrente para alega violación de los artículos 14 y 139.1 de la Constitución .La diferencia de tipos de gravamen dentro del mismo territorio del Estado se 11
haría difícil de entender a la luz de la doctrina constitucional sobre la materia, de la que es ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2002 de 25 abril (Fundamento de Derecho 7), en la que se dijo: "... es la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su art. 14 en un precepto,el art. 31.1 , cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas aquí en cuenta, pues, la igualdad antela Ley Tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capacidad, justicia y progresividad, que se enuncian en el último precepto constitucional citado ( SSTC 27/1981, de 20 de julio, F. 4 ; 19/1987, de 17 de febrero, F. 3 ; 209/1988, de 10 de noviembre , F. 6 ; 45/1989, de 20 de febrero, F. 4 ; 221/1992, de 11 de diciembre, F. 4 ; 54/1993, de 15 de febrero, F. 1 ; 214/1994, de 14 de julio, F. 5 ; 134/1996, de 22 de julio,F. 6 ; y 46/2000, de 17 de febrero , F. 4). Efectivamente, dicho precepto constitucional dispone que «todoscontribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Esta recepción constitucional del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente configura un mandato que vincula no sólo a los ciudadanos sino también a los poderes públicos ( STC 76/1990, de 26 de abril , F. 3) ya que, si los unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica al sostenimiento de los gastos públicos, los poderes públicos están obligados, en principio, a exigir esa contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación. La expresión «todos» absorbe el deber de cualesquiera personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio (principio de territorialidad) exteriorizan manifestaciones de capacidad económica, lo que les convierte también, en principio, en titulares de la obligación de contribuir conforme al sistema tributario. Se trata, a fin de cuentas,de la igualdad de todos ante una exigencia constitucional -‐el deber de contribuir o la solidaridad en el levantamiento de las cargas públicas-‐ que implica, de un lado, una exigencia directa al legislador, obligado a buscar la riqueza allá donde se encuentre ( SSTC 27/1981, de 20 de julio, F. 4 ; 150/1990, de 4 de octubre, F. 9 ; 221/1992, de 11 de diciembre, F. 4 ; y 233/1999, de 16 de diciembre , F. 14), y, de otra parte, la prohibición en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, es decir, de beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional, al constituir una quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado." Bajo esta doctrina, el motivo debería ser estimado. Ahora bien, la Disposición Adicional Primera de la Norma Fundamental establece también: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución". Es obvio que la Disposición transcrita tiene carácter excepcional, por lo que el Tribunal Constitucional ha precisado tanto el ámbito espacial al que afecta, como la forma de deber ser entendida la misma. En cuanto a lo primero, la Sentencia 76/1988, de 26 de abril , señala en su Fundamento de Derecho 2: "... Viene pues a referirse a aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del Derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos yregiones de España, culminada en los Decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieronsus propios fueros (entendidos tanto en el sentido de peculiar forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando inclusohasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de las Provincias Vascongadas y de Navarra."
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En cuanto a lo segundo, la misma Sentencia argumenta en el Fundamento de Derecho 3: " El segundo apartado de la Disposición adicional primera de la Constitución toma en cuenta ambos aspectos, alestablecer que «la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía». Es evidente que esta precisión supone un complemento indisoluble del primer párrafo de la Disposición adicional primera C.E ., que ha de ser considerada en su conjunto, y no únicamente en cuanto reconocimiento y respeto de derechos históricos, sin otra matización. Enefecto, la actualización que se prevé resulta consecuencia obligada del mismo carácter de norma suprema de la Constitución. Y ello, al menos, desde dos perspectivas. Primeramente, desde la necesaria adaptación a los mandatos constitucionales de esos derechos históricos que se amparan y respetan. El carácter de norma suprema de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes del Estado ( art. 9) y que resulta del ejercicio del poder constitucional del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y del que emanan todos los poderes del Estado ( art. 1.2 C .E.) imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas (aun con una probada tradición) que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales. La Constitución no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ellas, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general en su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones «históricas» anteriores. En este sentido, y desde luego, la actualización de los derechos históricos supone la supresión, o no reconocimiento, de aquellos que contradigan los principios constitucionales. Pues será de la misma Disposición adicional primera C. E ., y no de su legitimidad histórica de donde los derechos históricos obtendrán o conservarán su validez y vigencia." El excepcional reconocimiento y actualización de los derechos históricos de los Territorios Forales " se reflejó para el ámbito hacendístico en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco , aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (BOE de 22 de diciembre ), donde se indica que las relaciones de orden tributario entre el Estado y dicha Comunidad Autónoma se regulan mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios (apartado 1), que han de respetar las atribuciones de las instituciones competentes de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular, dentro de su ámbito, el régimentributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, se contengan en el propio Concierto, que se aprobará por ley,y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma (apartado 2.a). Así pues, tras ser reafirmado el sistema foral tradicional, la norma estatutaria define el contenido del Concierto, precisando sus condicionamientos y los límites que no puede traspasar, tendentes a lograr que, no obstante la autonomía tributaria del País Vasco, su sistema impositivo se acomode a los principios generales establecidos con carácter general en la legislación tributaria estatal. Se trataba, en suma, de reconocer a la instituciones vascas unas facultades normativas propias en esta materia y el derecho a la recaudación tributaria nacida en su propio territorio (en consonancia con el artículo 156.2 de la Constitución ), sin perjuiciode su obligación de contribuir a las cargas generales del Estado, mediante un «cupo», en virtud del principio de solidaridad interterritorial que consagra nuestra Carta Magna en el artículo 158 " ( Sentencia de esta Sala de 10 de enero de 2010, recurso de casación 4749/04 ). A partir de lo expuesto, es deben entenderse declaraciones de esta Sala como las que a continuación se recogen. Ya en los Fundamentos de Derecho Noveno, Décimo y Décimoprimero de la Sentencia de esta Sala de9 de diciembre de 2004 (recurso de casación número 7893/1999 ) se dijo: " (...) 13
En segundo lugar, los principios constitucionales de autonomía, igualdad, unidad y solidaridad han de ser entendidos desde las exigencias que impone la propia pervivencia de los sistemas forales reconocida por la propia Norma Fundamental y que obliga, desde luego, a establecer un cuidadoso equilibrio entre dichos principios y el ejercicio de las competencias tributarias de los territorios forales partiendo de la doctrina del Tribunal Constitucional. (...) La compatibilidad con la igualdad encuentra una primera referencia en la autonomía financiera (art. 156 CE), en relación con la que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la igualdad de los ciudadanos españoles no significa que sea imprescindible una total uniformidad fiscal en todo el territorio nacional, lo que sería incompatible con la autonomía financiera, y aún más con el específico sistema foral. Lo que impone el principio de que se trata es que se asegure la igualdad de posiciones jurídicas fundamentales de los ciudadanos en relación con los deberes tributarios, que evite ciertamente la configuración de sistemas tributarios verdaderamente privilegiados en el territorio nacional. En este sentido la STC 150/1990 , señala: "la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región de decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas no por ello resultan necesariamente infringidos los artículos 1 , 9.2 , 14 , 139 , 149.1.1 de la Constitución [ni los artículos 31.1, 38 y 149.1.13, cabe añadir] ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía, sino a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales se reviere, una igualdad de posiciones jurídicas fundamentales". Por tanto, salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de los españoles, las cargas fiscales que deban soportar, pueden ser en alguna medida diferentes (Cfr. ATC 182/1986, de 26 de febrero ). Por consiguiente, el deber básico de contribuir a los gastos públicos establecido en el artículo 31.1 CE puede tener un tratamiento diferenciado en los Territorios Históricos, siempre que quede a salvo la igualdad básica de todos los españoles y ello no suponga un trato fiscal realmente privilegiado. El análisis particularizado que se hará de los preceptos de las NN.FF pondrá de relieve que en algunos, los que coinciden con el concepto de "Ayudas de Estado", puede apreciarse un tratamiento favorable para determinadas sociedades en función de su punto de conexión territorial, y en este sentido resultan contrarios al postulado constitucional de que se trata. Pero no ocurre así en relación con aquellos otros en los que la diferencia de tratamiento puede encontrar su justificación en un fundamento o elemento de distinción jurídicamente relevante como es el propio reconocimiento constitucional y estatutario de los sistemas forales tributarios. (...).-‐ La unidad del sistema tributario tiene un carácter instrumental respecto del principio de igualdad de los españoles, y según la doctrina del Tribunal Constitucional, tampoco es incompatible con las competencias tributarias de las Comunidades Autónomas y con la autonomía presupuestaria y financiera de las mismas ( STC 19/1987 ). Y es precisamente la desigualdad tributaria derivada de los distintos sistemas en su conjunto -‐y no de un impuesto concreto-‐ lo que las Leyes de Concierto y Convenio Económico tratan de controlar, previendo normas de armonización, entre las que destaca la exigencia de una presión efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. Es forzoso reconocer la dificultad de acreditar procesalmente la magnitud de las respectivas presiones fiscales efectivas. Pero, de una parte, no es posible prescindir del dato de la globalidad en términos de una situación de "equivalencia financiera" (según la fórmula que introdujo la Ley 19/1998, de 15 de junio) entre ambos modelos, el común y los forales,
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entendiendo que para que tal exigencia se cumpla es preciso que resulte equivalente la aportación al Estado de las comunidades forales, con el saldo neto que se hubiera producido con la Hacienda central de aplicarse en estas Comunidades las reglas tributarias comunes; esto es, las Comunidades forales deben de contribuir en igual proporción que las demás Comunidades al sostenimiento de las cargas generales. De otra, precisamente el parámetro europeo que se utilizará para apreciar la nulidad de determinados preceptos de las NN.FF. que se enjuician sirve también de mecanismo válido para la verificación de la presión integral. O, dicho en otros términos, la contradicción con el Derecho europeo, a través del régimen de las "Ayudas de Estado", es también indicio suficiente para apreciar una falta de "equivalencia financiera" globalmente consideradas entre los sistemas financieros. En fin, la solidaridad, rectamente entendida, no es exigencia de uniformidad ni tampoco proscribe toda diferencia. Es precisamente la constancia de notables desigualdades de unas partes del territorio con respecto a otras las que entran en contradicción con dicho principio ( STC 64/1990, de 5 de abril ); de tal manera que resulta posible una cierta competitividad fiscal entre Comunidades Autónomas, con diferentes ofertas de incentivos, siempre que, por su importancia, no deban calificarse de auténticas "Ayudas de Estado", sometidas a un régimen especial por el Derechos Europeo." Por último, en la Sentencia de 28 de mayo de 2008 (recurso de casación 7700/2002 ) hemos dicho: "Pues bien, para dar respuesta al motivo, debemos partir de que esta Sala tiene reconocido -‐v. gr. en Sentencias de 19 de julio de 1991 (recurso de apelación 1148/1989 ), 30 de octubre de 1999 (recurso de casación 670/1995 , 30 de noviembre de 1999 (recuso de casación 2283/1995 )-‐ y también el Tribunal Constitucional, en Sentencias 37/1981, de 16 de noviembre , 76/1988, de 26 de abril , 37/1987, de 20 de marzo y 150/1990 , de 4 de octubre, que las facultades normativas reconocidas a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos por el artículo 2 de la Ley del Concierto -‐mantener, establecer y regular su régimen tributario-‐ hace que las excepciones y limitaciones que, asimismo, establece dicha Ley en sus artículos.3 y 4 a tal autonomía -‐ respeto a la solidaridad, atención a la estructura general impositiva del Estado, coordinación, armonización fiscal y colaboración con éste y entre las Instituciones de los Territorios Históricos, sometimiento a Tratados Internacionales, interpretación con criterios de la Ley General Tributaria , adecuación en terminología y conceptos a la referida Ley General, mantenimiento de presión fiscal equivalente a la del Estado, respeto a la libre circulación de personas, bienes y capitales, etc.-‐, no puedan interpretarse como obligación de transposición mimética de tipos impositivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador tributario foral en mero copista o amanuense de los preceptos aplicables en el territorio común, y que el principio constitucional de igualdad no puede tampoco entenderse, en todos los casos, como un tratamiento legal e igual con abstracción de cualesquiera elementos diferenciados de trascendencia jurídica, ni como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento que chocaría con la realidad de la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas y con la de que, en virtud de ella, pueda ser distinta laposición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional, siempre que quede a salvo el contenido esencial de los derechos fundamentales. Del propio modo, la impugnación de cualquier Norma Foral por aducirse vulnera los criterios y principios acabados de exponer -‐ proscripción de privilegios y de variación de la presión fiscal, menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial y del libre movimiento de capitales y mano de obra y atemperación a los criterios que rigen la política económica general-‐ exige algo más que su enunciación apodíctica, conforme antes se ha puesto de relieve..."Con el mismo criterio, Sentencia de esta Sala de 22 de enero de 2009 (recurso de casación número 3372/2004). Por lo expuesto, el motivo no puede ser acogido. 15
OCTAVO. -‐ Al no acogerse ninguno de los motivos, procede desestimar el recurso de casación, si bien que ello ha de hacerse con imposición de costas a la parte recurrente, aun cuando la Sala, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-‐Administrativa, limita los honorarios de los Letrados de las partes recurridas, a la cifra máxima de 1.200 euros para cada uno de ellos. Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución, FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación número 610/2009, interpuesto por Dª Inmaculada , Procuradora de los Tribunales, en nombre de UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE LA RIOJA (UGT-‐RIOJA) , contra sentencia de la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso-‐Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 22 de diciembre de dos mil ocho, dictada en el recurso contencioso-‐administrativo número 1444/05 , con imposición de costas a la parte recurrida, si bien que con la limitación indicada en el último de los Fundamentos de derecho. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Montalvo Manuel Vicente Garzon Herrero Juan Gonzalo Martinez Mico Emilio Frias Ponce Joaquin Huelin Martinez de Velasco Jose Antonio Montero Fernandez Oscar Gonzalez Gonzalez Ramon Trillo Torres Manuel Martin Timon Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso: 27/11/2013 Ponente: MANUEL VICENTE GARZON HERRERO Resumen: Norma Foral 3/2009 de 23 de diciembre, de las Juntas Generales de Bizkaia publicada en el B.O.B. nº 247 de 28 de diciembre de 2009 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2010. Doctrina de la Sala. http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere nce=6902438&links=&optimize=20131209&publicinterface=true TERCERO.-‐ DELIMITACIÓN DEL DEBATE Es manifiesto que esta Sala ha resuelto asuntos sustancialmente idénticos al que ahora decidimos por lo que en virtud del principio de unidad de doctrina hemos de estar a lo en ellas declarado. En este sentido, en nuestra sentencia de 3 de abril de 2012 declarábamos…
11) Estos acontecimientos hemos tratado de recogerlos de forma cronológica y con citas de las distintas resoluciones judiciales que aquí han sido mencionadas, con el único propósito de que no caigan en el olvido y sean conocidas por las generaciones posteriores, ya que el Concierto Económico no es una iniciativa de anteayer, ni un privilegio, pues está recogido en la Constitución Española en su disposición Adicional Primera y en el Estatuto de Autonomía del Pais Vasco. Hemos querido recoger de manera sintética unos hechos de indudable transcendencia jurídica que no pueden ser en modo alguno olvidados y no se pueden “perder como lágrimas en la lluvia” cuando se escriba la historia real y jurídica del Concierto Económico del País Vasco.
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La Sentencia del Tribunal Supremo de 9/12/2004 supuso el mayor ataque con efecto jurídico del Concierto Económico y no fue más que la oposición de las Instituciones Forales, encabezadas por la Diputación Foral de Bizkaia, la que consiguió revertir esa situación mediante la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11/09/2008 que supone el mayor logro hasta la fecha del Concierto Económico, pues al hacer compatible con los términos del Tratado de la Unión Europea , tal y como finalmente el Tribunal Supremo ha venido a reconocer en las Sentencias como las citadas que han rectificado su criterio de 9/12/2004.( están copiados los links de todas las sentencias y autos citados) Bilbao 20 de octubre 2015
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