RESUMEN EJECUTIVO En el marco del cuarto año de gestión del Presidente Mauricio Funes al frente del Órgano Ejecutivo, Iniciativa Social para la Democracia (ISD), a través de su programa de investigación e incidencia: “Observatorio Ciudadano de Transparencia” (OCT), presenta el “Informe de monitoreo de transparencia al cuarto año de gestión del Presidente Mauricio Funes”, como un aporte de la sociedad civil al control social de la administración pública, en lo referente a la promoción e implementación de políticas e iniciativas en transparencia y lucha contra la corrupción desde las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo. El análisis del presente informe está basado en una matriz metodológica con aspectos e indicadores, así como de un ranking web que evalúa el cumplimiento y calidad de la divulgación de información oficiosa en los sitios web. El monitoreo se realizó en un período de 3 meses (agosto 2013 – octubre 2013) durante el cual se elaboraron más 70 solicitudes de información que fueron presentadas en las diferentes Oficinas de Información y Respuesta (OIR) o Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP), según el caso. I. ACCESO A LA INFORMACIÓN: Según los datos provistos por 55 instituciones durante el período de estudio, los entes obligados recibieron un total de 7,032 solicitudes de información de las cuales resolvieron 6,459 (92%) y se denegaron 567 (8%) solicitudes.

Gestión de solicitudes de información

8% Resueltas

92%

Denegadas

En cuanto al tipo de información solicitada por la ciudadanía en el período junio 2012 a mayo de 2013, se encuentra: información de carácter pública (53%) seguida de información oficiosa (34%); información confidencial (12%) e información reservada (1 %). Reservada Confidencial 12%

El ente obligado que recibió más solicitudes de información durante el período de estudio fue el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 1,098 solicitudes de información, siendo la Autoridad de Aviación Civil y el Instituto de Garantía de Depósitos las instituciones del ejecutivo que no recibieron ninguna solicitud de información durante el período de estudio.

1%

Oficiosa 34%

Pública 53%

Instituciones con mayor demanda de información (junio 2012 - mayo 2013)

1098

995 522

447 272

MARN

FISDL Consejo Salvadoreño del Café

ISRI

La principal causa de denegatoria de información a la ciudadanía es por motivos de información inexistente (30% del total de solicitudes denegadas). El tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información, fue de 4 días calendario.

FOLPROLYD

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIOSA EN SITIOS WEB:

Ranking web Se evaluó en este monitoreo el cumplimiento de divulgación de información en los sitios web, así como la calidad de la información oficiosa publicada. Los niveles evaluados fueron: Organizacional, Financiero, Rendición de Cuentas y Recursos Humanos.

Puntajes más altos

95

95 92.9 91.7

FSV

MH

SSF

INDES

91.7

INPEP

Pensiones de los Empleados Públicos 91.7%.

El mayor puntaje alcanzado fue de un 95% de cumplimiento en la divulgación de información oficiosa, por parte del Fondo Social para la Vivienda y el Ministerio de Hacienda. Le siguen la Superintendencia del Sistema Financiero con 92.9%, el Instituto Nacional de los Deportes 91.7% y el Instituto de

Los menores puntajes logrados en la divulgación de información oficiosa, fue del 26% por parte del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, 16.9% del Fondo Ambiental de El Salvador, 4.2% del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral; mientras que la Dirección Nacional de Medicamentos y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, obtuvieron 0% debido a inconvenientes de acceso en sus portales web. La nota global promedio de cumplimiento de las instituciones del ejecutivo en la divulgación de información fue del 70.5% Monitoreo sobre la existencia de información. En base a la metodología utilizada los últimos 3 años en el OCT-ISD, en la cual se asigna un valor de 10 como nota máxima y se califica la disponibilidad de la información publicada en sitios web, las mejores notas alcanzadas entre los ministerios del Ejecutivo este año corresponden a: Las instituciones que obtuvieron mayor ponderación en esta medición fueron el Ministerio de Hacienda (Nota 8.30), los Hacienda 8.30 Ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura Obras Públicas 8.17 (Nota 8.17), y Salud y Gobernación (Nota 8.04). Medio Ambiente 8.17 Agricultura

8.17

Salud

8.04

Gobernación

8.04

Mientras que los que resultaron con ponderación baja fueron el Ministerio de Justicia (Nota 7.24), el Ministerio de Turismo y la Presidencia de la República (Nota 7.51).

En términos comparativos respecto a los últimos tres años, se muestra una tendencia de estancamiento en el nivel de cumplimiento de las instituciones en la divulgación de información oficiosa desde sus portales web de transparencia; sólo el 25% de los entes obligados reflejaron Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación avances, mientras el 75% de las instituciones Institución final 2010 final 2011 final 2012 final 2013 mostró un leve retroceso respecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería 5.93 3.55 8.03 8.17 ranking realizado el año anterior. En términos globales, todos los ministerios del Órgano Ejecutivo y la Presidencia de la República reflejan un porcentaje de cumplimiento superior al 72.2%, mientras que en base a una escala de 10, todos sin excepción están por encima del 7 como nota global. 25%

Ministerio de Economía

4.73

5.67

8.43

8.04

Ministerio de Educación

5.8

4.87

8.04

7.64

Ministerio de Gobernación

7.64

7.9

8.17

8.04

Ministerio de Hacienda

5.93

6.72

8.43

8.30

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

3.68

5.8

7.77

7.24

Ministerio de la Defensa Nacional

5.01

4.34

7.77

7.90

Ministerio de Medio Ambiente

6.59

7.38

8.43

8.17

Ministerio de Obras Públicas

4.21

5.93

8.82

8.17

Ministerio de Salud Pública

5.4

5.14

7.77

8.04

Ministerio de Trabajo

3.56

5.01

8.43

7.90

Presidencia de la República

0.26

2.37

81 7.77

Avance 75%

Retroceso

Cabe destacar que los Ministerios de Salud, Defensa y de Agricultura y Ganadería, reflejaron un mejor cumplimiento en la divulgación de su información a través de sus portales web, respecto al año pasado.

En un análisis comparado, el ranking web refleja que en términos globales las instituciones del Órgano Ejecutivo están cumpliendo en mejor medida en la divulgación de información de carácter organizacional, seguida de la información relativa a recursos humanos y financiera, siendo el aspecto más débil los documentos de acceso público relativos a la rendición de cuentas de las instituciones, el cual refleja un cumplimiento de tan solo el 53%. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DIVULGACIÓN OFICIOSA

95

90.80%

90.10%

88.60%

86.80%

85.30%

82.80%

81.70%

78.10%

77.50%

77.20%

75.10%

72.20%

MH

MITUR

MINSAL

MRREE

MTPS

MARN

MDN

MOP

MJSP

MINED

MINEC

MIGOB

MAG

70

7.51

53

78

II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Durante el cuarto año de gestión del Presidente Mauricio Funes no ha existido una estandarización de los procesos de participación ciudadana, al igual que en los tres años anteriores, se han desarrollado procesos de consulta y participación ciudadana de manera dispersa sin un lineamiento base, ni registro o detalle de estos ejercicios. Cantidad de participantes 12,000

9,544

10,000 8,000 6,000

4,821

4,511

4,000 2,000

614

71

162

330

0

MIRREE

INPEP

DEFENSA MINEC

ISDEM MINTRAB

ISSS

En el período junio 2012 – mayo 2013, en algunas instituciones del Ejecutivo existen registros de cantidad de ciudadanos participantes en diversos espacios de participación ciudadana, siendo los ministerios de Economía (4,821 participantes); Relaciones Exteriores (4,511 participantes) los que más participación reflejaron en los mecanismos presenciales o de consultas. Cabe señalar que el Ministerio de Defensa cataloga participación ciudadana aquellas consultas sobre acceso a los servicios que ofrecen (71); mientras el ISSS considera que la cantidad de visitas a su sitio web (9,544) y de menciones en su cuenta oficial de red social (890) como los mecanismos de participación más utilizados.

La participación ciudadana no se limita a la interacción en redes sociales, la incidencia de la sociedad civil en el ciclo de políticas públicas exige una participación directa del ciudadano en la toma de decisiones públicas, para lo cual es important e que desde el ejecutivo se promuevan iniciativas y políticas públicas en las cuales se incorpore la opinión y consulta de la sociedad civil en sus diferentes expresiones. III. RENDICIÓN DE CUENTAS: Según la SSTA, en el período 2012 – 2013, el 100% de las instituciones del Órgano Ejecutivo realizaron convocatorias a ejercicios de rendición de cuentas dirigidos a la ciudadanía, lo cual eleva a 78 el número de instituciones que realizan rendición de cuentas en el 4° año de gestión del presidente Mauricio Funes; sumado a los 14 Gabinetes de gestión municipal y los 5,216 Centros Escolares. Cantidad de ejercicios de Rendición de Cuentas

Número de Participantes

Ministerios y Autónomas

64

15,663

Gabinetes de gestión departamental

13

7,300

Descentralizadas

16

2,211

93

25,714

Instituciones

Total

Instituciones del Órgano Ejecutivo que realizaron rendición de cuentas

64

71

78

2011

2012

2013

37

2010

En los ejercicios de rendición de cuentas, se contabilizó la participación de 25,174 personas aproximadamente, que representaban a organizaciones sociales, sectores campesinos, sindicatos, cooperativistas, académicos, políticos, representaciones diplomáticas y de la cooperación internacional, entre otros.

IV. PROMOCIÓN DE VALORES ÉTICOS Y DEMOCRÁTICOS: En el aspecto de promoción de valores, se valoró el control que instituciones externas realizan a la función pública de los servidores del Órgano Ejecutivo. Las instituciones que se monitorearon fueron: La Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República.

Corte de Cuentas Durante el primer trimestre del año 2013, la Corte de Cuentas recibió un total de 36 denuncias por diferentes medios, provenientes además de diferentes sectores del país: Denuncias ante la Corte de Cuentas

24 denuncias de forma personal 12 denuncias a través de internet 23 denuncias provenientes de la zona central del país 6 denuncias provenientes de la zona occidental 4 denuncias provenientes de la zona oriental 3 denuncias provenientes de la zona paracentral

Gestión de denuncias

36

31

5

Ingresadas

Resueltas

En proceso

Tribunal de Ética Gubernamental El Tribunal de Ética Gubernamental lleva un registro de los miembros de la Comisión de Ética Gubernamental (CEG) de las instituciones de la administración pública. Al respecto el TEG registra que en el Órgano Ejecutivo hasta el mes de mayo de 2013 de un total de 82 instituciones, 64 cuentan con CEG mientras 18 de las instituciones restantes no cuentan con una Comisión tal como lo mandata la ley. Las instituciones que aún no cuentan con comisión de ética son: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Corporación Salvadoreña de Turismo. Dirección Nacional de Medicamentos. Escuela Nacional de Agricultura. Fondo de Conservación Vial. Fondo de Emergencia para el Café. Fondo del Milenio. Instituto de Acceso a la Información Pública. Instituto Nacional de los Deportes. Ministerio de Educación. Ministerio de Gobernación. Policía Nacional Civil. Presidencia de la República. Registro Nacional de las Personas Naturales. Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. Universidad de El Salvador.

Ingresaron al TEG durante el período señalado 17 denuncias, de las cuales 10 fueron absolutorias y 7 sancionatorias. Lo que significa sólo un 41% de condenas en procesos por faltas a la ética.

Absolutorias

41%

59%

Las sanciones impuestas en los casos señalados fueron seis amonestaciones escritas y tres multas, de éstas, dos multas fueron por la cantidad de $224.10 dólares con diez centavos de los Estados Unidos de América y otra por un monto de $448.20 dólares con veinte centavos de los Estados Unidos de América. Las instituciones del órgano ejecutivo a las cuales pertenecen los servidores públicos sancionados fueron: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fondo Social para la Vivienda y Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura.

Sección de Probidad

17%

Durante el gobierno del Presidente Mauricio Funes, un aproximado de 15,421 funcionarios y servidores públicos han sido juramentados de toma de posesión en cargos. De estos, solamente el 46.5% han presentado sus declaraciones patrimoniales a la Sección de Probidad de la CSJ, dentro del plazo señalado. El 17% de funcionarios obligados a declarar, no lo han hecho a la fecha.

36.5%

28.06%

41.55%

30.39%

Sancionatorias

46.5%

Presentada en tiempo Presentada extemporáneamente

Presentaron declaración Declaración extemporánea No presentan declaración

En cuanto a los funcionarios y empleados públicos que fueron cesados de sus cargos desde el año 2009 a Septiembre de 2013, a quienes la Constitución y la Ley sobre el enriquecimiento ilícito obliga a presentar su declaración han sido un aproximado de 11,793; de los cuales sólo el 41.55% presentó su declaración patrimonial dentro del término de los 60 días que establece la Ley; mientras que el 28.05 % no ha presentado hasta la fecha la declaración patrimonial.

Fiscalía General de la República Los datos solicitados a la FGR evidencian que entre el mes de abril de 2012 a julio de 2013 se registraron un total de 98 denuncias por delitos de corrupción, siendo los delitos de peculado, cohecho propio y cohecho activo aquellos que reflejan mayor incidencia. Del total de 36 denuncias presentadas por el delito de peculado, únicamente 11 de estas han sido procesadas judicialmente, solamente 8 han sido procesadas de las 32 denuncias por delito de cohecho propio y únicamente 5 de las 16 denuncias por cohecho activo.

9%

3% 1%

Peculado

1%

Cohecho propio

37%

16%

Cohecho activo Cohecho impropio

33%

Negociaciones ilícitas Concusión Enriquecimiento ilícito

Conclusiones Acceso a la Información 

Entre junio 2012 a mayo 2013, 55 instituciones del Órgano Ejecutivo han recibido un aproximado de 7,032 solicitudes de información, de las cuales se han resuelto favorablemente 6,459, lo que representa un cumplimiento del 91,8%. Con un tiempo de resolución de 4 días.



Entre junio 2012 a mayo 2013, de las 7,032 solicitudes de información ingresadas en 55 instituciones del Órgano Ejecutivo fueron denegadas 567 solicitudes por diferentes causales.



Entre junio 2012 a mayo 2013, 55 instituciones del Órgano Ejecutivo recibieron un total de 3,229 requerimientos de información oficiosa; 4,940 requerimientos de información pública; 1,159 requerimientos de información confidencial y 78 requerimientos de información reservada.



Las instituciones que más solicitudes de información recibieron durante el período en estudio fueron: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local; Consejo Salvadoreño para el Café; Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral; Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados; Centro Nacional de Registros y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.



Durante el período en estudio las instituciones que no recibieron ninguna solicitud de información fueron las siguientes: Autoridad de Aviación Civil e Instituto de Garantía de Depósitos.



El 23 de febrero de 2013 se conformó el Primer Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Los comisionados designados fueron: Carlos Ortega (Sindicatos); Mauricio Vásquez (Universidades); Herminia Funes (Periodistas); Jaime Campos (Empresarios); José Ayala (Profesionales)



Desde su instalación el IAIP ha conocido 41 recursos de apelación. De estos 10 han sido archivados; 1 fue tramitado como denuncia; 1 fue tramitado como inadmisible; 17 como instrucción; 3 se encuentran tramitando como revocatoria; 1 se encuentra en elaboración de proyecto; 2 fueron clasificados como improcedentes por extemporánea; 1 fue sobreseído y otros 2 prevenidos.



Desde su instalación el IAIP ha conocido 7 denuncias interpuestas por la ciudadanía, de estas denuncias 5 corresponden a gobiernos municipales; 1 al Ministerio de Salud y otra más a la Corte de Cuentas de la República. El 11 de julio de 2013 la Asamblea Legislativa asignó al Instituto de Acceso a la Información Pública, una partida presupuestaria por un monto de $937, 920 dólares, para el período de 6 meses de funcionamiento administrativo.



Del total de 68 instituciones del Órgano Ejecutivo que fueron sometidas a ranking web, las 10 instituciones con mejor desempeño fueron las siguientes: FSV; Ministerio de Hacienda; SSF; INDES; INPEP; ISDEM; INSAFOCOOP; UTE; Ministerio de Turismo; Ministerio de Salud. Mientras las que reflejaron el más bajo desempeño fueron las siguientes: ISTA; Dirección Nacional de Medicamentos; ISRI; FONAES; CIFCO; Autoridad de Aviación Civil; UES; CEL; ISNA; CEFAFA.



Los cinco ministerios mejor evaluados en divulgación de información a través de su sitio web son: Ministerio de Hacienda; Ministerio de Turismo; Ministerio de Salud; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Participación Ciudadana



Luego de un proceso amplio de consulta se logró la implementación de la Política de Participación Ciudadana donde se uniformizan los procesos de participación ciudadana a través de una serie de lineamientos, formas y mecanismos de participación en las instituciones del Órgano Ejecutivo



Hasta el cuarto año de gestión del Presidente Mauricio Funes no se tienen contabilizados los procesos de participación ciudadana que se han realizado en dicha gestión, se tienen datos de algunos procesos involucran formas de participación colectiva e individual o una combinación de ambas, estas instituciones ya sea por mandato de ley o por ser parte de sus ejes programáticos de trabajo han incorporado este importante factor para la consulta de las nuevas políticas públicas o para el desarrollo de las ya existentes. Rendición de Cuentas



Se reconoce el gran esfuerzo realizado por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, en la coordinación, implementación y capacitación a funcionarios y servidores públicos de las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre los mecanismos de rendición de cuentas; lo cual ha significado un incremento cuantitativo en relación a instituciones que para este año realizan dicha práctica, pasando de 37 instituciones en el año 2010 a 78 instituciones del Ejecutivo que rendirán cuentas antes de finalizar el año dos mil trece.



La relevancia que el Órgano Ejecutivo le ha dado a la ciudadanía para que ejerza control social mediante la creación del plan piloto de contraloría social que se realiza al Programa Presidencial Territorios de Progreso y al Programa de Alimentación y Salud Escolar -PASE- para el cual se crearon este año, Comités de Contraloría Escolar en tres municipios del departamento de San Salvador.



Es importante la realización de los ejercicios de rendición de cuentas en Centros Escolares públicos, y elaboración de la herramienta metodológica “Guía para la rendición de cuentas en Centros Escolares”.Para diciembre del 2013 habrán sido 5,216 Centros Escolares que habrán rendido cuentas de su gestión.



La implementación de buenas prácticas realizada durante este periodo por algunas dependencias del Órgano Ejecutivo (Presidencia de la República y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social), en este caso se destaca la que se realiza mediante programas de difusión radial en los cuales se genera una interacción directa con la ciudadanía, el primero “Conversando con el presidente”, y el segundo denominado “Seguridad Social para Todos”. Promoción de Valores Éticos y Democráticos



La Corte de Cuentas de la República ha recibido durante el primer trimestre del año 2013, 36 denuncias, de las cuales ha resuelto 31 y se encuentran en proceso cinco.



De las auditorías realizadas por la Corte de Cuentas a las instituciones del Órgano Ejecutivo durante el primer semestre del año 2013, no se evidencian irregularidades, ni elementos que hayan merecido la consideración de los auditores para ser de conocimiento de los titulares de las instituciones monitoreadas.



De un total de 82 instituciones en el Órgano Ejecutivo, 64 cuentan con una Comisión de Ética Gubernamental, mientras 18 no cumplen con lo establecido por la Ley en la instalación de Comisión de Ética Gubernamental. Dentro de estas se encuentran: CENTA; CONACYT; CORSATUR; Dirección Nacional de Medicamentos; ENA, entre otros.



El Tribunal de Ética Gubernamental dictó 17 resoluciones definitivas, de las cuales 10 fueron absolutorias y 7 sancionatorias.



A través de Comisión de Ética Gubernamental se han recibido denuncias contra servidores públicos de las instituciones: ANDA; CORSAIN; SIGET y CNR.



Entre junio 2012 a septiembre 2013, el Tribunal de Ética Gubernamental ha impulsado 42 capacitaciones dirigidas a servidores públicos en general de diferentes instituciones. De estas 23 fueron dirigidas a instituciones del Órgano Ejecutivo y en ellas se contó con 634 asistentes.



Sólo el 46,5% de funcionarios que han tomado posesión durante la gestión del Presidente Mauricio Funes han presentado en tiempo y conforme lo dictado por la ley su correspondiente declaración patrimonial. Un 36.5% la ha presentado en situación extemporánea y 17% restante no ha presentado declaración.



Sólo el 41.55% de los funcionarios que fueron cesados de su cargo, presentó su declaración patrimonial conforme a la Ley. Mientras un 30.4% la presentó en período extemporáneo y un 28,6% no la ha presentado.



De 5,582 declaraciones patrimoniales evaluadas por la sección de probidad, se han subsanado un aproximado de 3,877 observaciones. Quedando pendiente de subsanar 1,705 declaraciones patrimoniales.



Entre el mes de abril de 2012 a julio de 2013 se registraban un total de 98 denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos de corrupción, siendo el delito de peculado, cohecho propio y cohecho activo aquellos que reflejan mayor incidencia.



Del total de 36 denuncias presentadas ante FGR por el delito de peculado, únicamente 11 de estas han sido procesadas judicialmente, solamente 8 han sido procesadas de las 32 denuncias por delito de cohecho propio y únicamente 5 de las 16 denuncias por cohecho activo. Reflejando la muestra anterior evidencia sobre la mora judicial en el combate a delitos de corrupción al interior del Estado y la necesidad que la importancia de dar prioridad al combate de un flagelo que debilita las instituciones públicas. Recomendaciones Acceso a la Información Pública



Fomentar el acceso a la información implementando mejores mecanismos de divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para logra superar la brecha digital existente en el país.



Ejercer mejores mecanismos de control a los procedimientos de acceso a la información por parte de la ciudadanía, aumentando la divulgación de otros medios válidos para hacer uso del derecho de pedir información, no remitiéndose exclusivamente a la información concentrada en los sitios web y demás mecanismos de participación virtuales.



Orientar a las Oficinas de Información y Respuesta –OIR- y Unidades de Acceso a la Información Pública –UAIP- a evitar la burocratización innecesaria de los procesos de acceso a la información, ayudando con ello a garantizar en mayor medida los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas de la ciudadanía.



Ampliar la cobertura de las capacitaciones en materia de acceso a la información a los y las Oficiales de Información, así como a sus respectivos titulares, especialmente en aspectos técnicos, de cumplimiento de la Ley, de orientación y atención ciudadana.



Efectuar un efectivo control sobre el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y a su reglamento, para que los funcionarios y servidores públicos cumplan con los preceptos y plazos establecidos en dichos cuerpos legales, especialmente a lo que se refiere a la actualización y publicación en legal forma de la información catalogada como oficiosa, garantizando con ello el acceso a información veraz y actualizada. Participación Ciudadana



Se debe trabajar más en el proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en la gestión pública, instrumento una vez aprobado tenga cumplimiento de carácter vinculante para todas las instituciones del Estado no solamente en el Órgano Ejecutivo.



Trabajar en procesos de capacitación sobre participación ciudadana con los oficiales de información ya que estos deben impulsar los anteriores a través de las Oficinas de Información y Respuesta o Unidades de Acceso a la Información Pública.



La delimitación del concepto de participación ciudadana implica que el ciudadano participa e incide en la gestión pública en todas sus etapas desde la formulación de las políticas públicas hasta su finalización, por lo tanto se recomienda a las instituciones no confundir con los procesos de acceso a la información y de rendición de cuentas. Rendición de Cuentas



Es necesaria la creación de un marco jurídico vinculante que permita la promoción de los ejercicios de rendición de cuentas de manera obligatoria para todas las instituciones del Órgano Ejecutivo, evitando con ello la discrecionalidad de los titulares de los entes estatales y una posible falta de voluntad del presidente en turno, en cuanto a la realización de los ejercicios de rendición de cuentas periódicos.



Es importante fomentar en la población una cultura de contraloría ciudadana a todos los programas y políticas que implementa el Estado, es especial aquellos que por años han estado bajo la opacidad de funcionarios anteriores. Lo anterior permitirá una mejor gestión de los recursos públicos y fortalecerá a la ciudadanía en la fiscalización del trabajo de sus funcionarios y servidores.



Deben de orientarse esfuerzos concretos en garantizar que todas las instituciones públicas, tanto del Órgano Ejecutivo, como de los demás órganos del Estado, implementen los ejercicios de rendición de cuentas, así mismo mejoren y amplíen los mecanismos ya existentes para permitir mayor alcance y participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas vertical.



Es fundamental que el Órgano Ejecutivo realice gestiones con los demás órganos de estado para fortalecer instituciones de Gobierno como la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, quienes constitucionalmente están obligadas a ser contralores en todas las dependencias públicas, del manejo de los fondos del estado y la administración de los mismos de manera idónea y correcta por parte de los funcionarios y servidores públicos. Promoción de valores éticos y democráticos



Se debe garantizar la participación ciudadana dentro de los procesos antiéticos, favoreciendo e impulsando una cultura de denuncia en todas las instituciones que ejercen control ético y de probidad, a fin de garantizar el respeto a las normas éticas que ayuden a prevenir posibles actos de corrupción por parte funcionarios o servidores públicos.



Debe fortalecerse el presupuesto y el recurso humano calificado dentro de instituciones como la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República y el área de anticorrupción de la Fiscalía General de la República, a fin de acercar a la ciudadanía los mecanismos de denuncia y prevención de faltas que atenten a la ética en el ejercicio de la administración pública.



Es necesario para un control más efectivo la coordinación entre los Comité de Ética Gubernamental, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental y al Corte de Cuentas a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos en el seguimiento de los diferentes procesos administrativos y/o penales que surjan de denuncias y posibles prácticas anti éticas dentro de la administración pública.



Es importantísimo llevar a la discusión pública la necesidad imperante de aprobación de un nuevo proyecto de Ley de Probidad y de una reforma sustancial a la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Empleados Públicos y los Códigos Penal y Procesal Penal; a fin de garantizar una verdadera lucha contra la corrupción en las instituciones del Estado.

San Salvador, 5 de noviembre 2013