Beatriz, 9 semanas de lucha y espera Beatriz es una mujer de 22 años que vive en un municipio del departamento de Usulután, al oriente de El Salvador. En abril del 2013, llegó a oídos de algunas integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (a la que llamaremos Agrupación) el caso de esta joven con un alto riesgo de muerte por estar embarazada sufriendo lupus eritematoso discoidea agravado con nefritis lúpica. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune crónica que inflama y daña el tejido que ayuda a mantener unidos o separados los órganos y sistemas del cuerpo. El lupus puede afectar cualquier parte del organismo, aunque los sitios más frecuentes son el aparato reproductor, las articulaciones, la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado y el sistema nervioso. Cuando daña al riñón (nefritis lúpica), puede dar lugar a insuficiencia renal. Es una enfermedad impredecible donde se alternan periodos de crisis con otros de remisión. Un año antes, había tenido otro embarazo que le había generado varias crisis en las que padeció anemia, neumonía e hipertensión, sus riñones fueron dañados (cuadro lúpico exacerbado) y sus pulmones se llenaron de líquido (derrame pleural). Fue catalogado como pre eclampsia severa, que se da cuando una mujer en embarazo presenta hipertensión arterial y un nivel elevado de proteínas en la orina. Esto, sumado a las enfermedades que padecía, hizo que fuera necesario practicarle una cesárea. Tuvo a un niño prematuro con un trastorno respiratorio debido a que sus pulmones no estaban completamente maduros (síndrome de distress respiratorio) y con un problema por el cual el tejido intestinal muere (enterocolitis necrotizante). Al niño le dieron de alta tras estar 38 días ingresado. A Beatriz le propusieron esterilizarse por el alto riesgo de otro embarazo, pero decidió no hacerlo pues temía que su niño recién nacido muriera y ya no pudiera tener otro. Ahora estaba nuevamente embarazada, pero las tres ultrasonografías que se le habían practicado revelaban que el feto era anencefálico, es decir, que carecía de una parte o la totalidad del cerebro, una anomalía que hacía incompatible que pudiera sobrevivir fuera del útero. Debido a la crisis que había sufrido en el embarazo anterior, sabía que si el embarazo avanzaba, era probable que volviera a ocurrir. El caso llega a la Agrupación A la Agrupación le llegó información del caso de Beatriz un sábado 6 de abril. La información incluía dos cartas donde el personal médico recomendaba la interrupción del embarazo. El 20 de marzo, la Sala de Direcciones del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” (Hospital de Maternidad) decidió solicitar la opinión de la Unidad Jurídica del hospital para luego realizar una petición a la Unidad de Vida de la Procuraduría y enviar un resumen a la titular del Ministerio de Salud. La documentación recibida por la Agrupación incluía la carta del Jefe de la Unidad Jurídica del Hospital de Maternidad dirigida

a la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, donde determinaba que era "de vital importancia realizarle un procedimiento médico ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna”. En la otra carta, el Jefe de Perinatología del Hospital de Maternidad solicitaba opinión del Comité de Médicos del nosocomio para abordar el problema médico-legal del caso y buscar el modo de salvaguardar la vida de la madre, puesto que el feto, de 13 semana de gestación, tenía anencefalia. No obstante, la actual legislación existente en El Salvador hacían que el personal médico no se atreviera a interrumpir este embarazo inviable por miedo a las repercusiones legales. Beatriz también corría el riesgo de acabar presa en caso de que pusieran fin a su embarazo. Esta situación hizo que, lejos de aplicar el tratamiento indicado, la paciente fuese enviada a su casa. El artículo 133 del Código Procesal Penal condena de forma indiscriminada la realización de cualquier tipo de aborto, aunque sea un procedimiento necesario para salvar la vida de una mujer embarazada. Incluso, cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir. El deber del Estado salvadoreño a garantizar el derecho a la vida y la salud de Beatriz quedaba en entredicho en este caso. La Agrupación trató de localizar a la joven para verificar que su caso era cierto y que, como decía en los documentos que recibieron, ella había decidido poner fin a aquel embarazo que hacía peligrar su salud y su vida. La buscaron en el Hospital de Maternidad, donde descubrieron que el viernes 5 le habían dado el alta y se encontraba de regreso en su municipio. A través de una red de mujeres que trabaja en el área en la que vive Beatriz, se logró localizarla. Una vez confirmada su situación de salud y su decisión, se informó a través de correos electrónicos a las integrantes de la Agrupación y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (la Colectiva) y se trató de lograr que Beatriz llegase a San Salvador el lunes 8 para reunirse con ellas. Se reunieron al día siguiente. Se presentaron como un grupo de defensoras de derechos humanos y comprobaron que contaba con información sobre su estado de salud y los efectos del embarazo sobre éste. Le expusieron que la Agrupación lucha por el derecho a la salud y la vida de las mujeres, por cambiar la situación de muchas de ellas, y que su caso podía servir para visibilizar los problemas que se derivan de la legislación vigente que penaliza toda forma de interrupción del embarazo. Las integrantes de la Agrupación llamaron a Sofía Villalta, Coordinadora de la Unidad Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, para hacerle llegar la información sobre el caso de Beatriz al asistente de la ministra del ramo, María Isabel Rodríguez, y para ver si era posible que esta Unidad se hiciera cargo y se realizara la intervención sin llegar al plano legal, pero no fue posible.

Pasando al plano legal, el proceso de amparo A Beatriz le explicaron que consideraban que la estrategia legal que debía usar era presentar un amparo y que la podían apoyar para hacerlo. Le propusieron que diera un poder de representación a los abogados de la Agrupación. Ella aceptó y esa misma noche se hizo. Beatriz pidió mantenerse en el anonimato, no ser reconocida ni expuesta en los medios de comunicación. "El primer día le dijimos que defenderla iba a ser nuestra prioridad, pero si sirve para defender a otras mujeres lo íbamos a hacer hasta donde ella quisiera. Sacar el caso pero ocultar a las personas", recordaron desde la Agrupación. Se logró mantener al margen de los medios la identidad de Beatriz. Quienes sí dieron declaraciones a la prensa fueron su hermano y su madre, que confesó que, pese a que consideraba pecado el aborto, pedía que se practicase para salvarle la vida a su hija. A través de la Agrupación, Beatriz presentó el 11 de abril un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando que autorizasen al personal sanitario intervenir a Beatriz sin riesgo de ser procesado por el delito de aborto. Un día después, el Comité Médico del Hospital de Maternidad entregó un informe, donde estimaba necesaria la finalización de la gestación al considerar: que el feto no tenía posibilidades de sobrevivir; había muchas posibilidades de que la patología de la madre se agravase conforme avanzase la gestación; era recomendable ponerle fin en etapas tempranas puesto que habría menos riesgo de complicaciones, incluyendo la posibilidad de muerte materna; y en ese momento era factible finalizar el embarazo por vía vaginal, pudiendo evitar tener que practicarle una nueva cesárea1. El Comité admitía que, "a pesar de lo expuesto anteriormente y que estamos de acuerdo en el proceder, desde el punto de vista del conocimiento médico, pero todos estamos sujetos a las leyes del país y como profesionales del Hospital no podemos infringir la ley". La ministra respaldó la interrupción del embarazo desde que tuvo en sus manos el diagnóstico. La Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador (ASOGOES) apoyó "a los médicos tratantes y al comité médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad que han solicitado la terminación del embarazo de la paciente en cuestión, por razones médicas". También el Consejo por la Igualdad y la Equidad de El Salvador (CIE), un cuerpo colegiado de carácter ad honorem integrado por liderazgos políticos y sociales de diversidad ideológica y profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la igualdad de género, apoyó la decisión. El 17 de abril, la Sala de lo Constitucional admitió el amparo en contra del Director, el Jefe de la Unidad Jurídica y el Jefe de Servicio de Perinatología del Hospital de Maternidad, por ser

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Información extraída del análisis técnico que el Staff Médico del Hospital Nacional de maternidad elaboró en atención al caso especial de Beatriz.

quienes de facto estaban privando a Beatriz de su derecho a la salud y la vida. La Sala requirió el informe de las autoridades demandadas afirmando o negando los hechos y exponiendo los fundamentos de su posición, junto con el diagnóstico de Beatriz. Asimismo, solicitó informes al Coordinador de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, al Fiscal General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Procuradora General de la República para saber si dieron respuesta a las solicitudes formuladas por los apoderados de Beatriz y en qué sentido. También se solicitó a la Ministra de Salud y a la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador informar acerca de si existen normas y protocolos para la atención de complicaciones obstétricas en casos como el de Beatriz. Mientras todo esto sucedía, la Agrupación comenzó a adquirir un protagonismo mediático que trajo consecuencias. Uno de los abogados de la Agrupación recibió una llamada donde le decían que iba a haber una gran campaña contra la actuación legal que estaban llevando a cabo y que iban a ir a por él y otras integrantes de la Agrupación. Decidieron no hacer oídos sordos a las amenazas pero tampoco darles mayor importancia, teniendo cuidado al movilizarse y manteniendo a alguien informado de dónde estaban durante el día. La resolución se retrasa La Sala Constitucional resolvió que se adoptasen medidas cautelares, es decir, que las autoridades demandadas debían garantizar la vida y la salud de Beatriz brindando el tratamiento médico necesario para preservar tales derechos mientras tramitaban el amparo. Al conocer esta decisión de la Sala, la Agrupación decidió ese mismo 17 de abril solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización con respaldo internacional y nacional por otros casos que ha defendido y con la capacidad técnica necesaria para un caso de esta envergadura. La Colectiva, la Agrupación y la CEJIL solicitaron a la CIDH que requiriera al Estado de El Salvador que permitiera que Beatriz tuviera acceso al tratamiento médico necesario para garantizar la protección efectiva de sus derechos y los de su hijo y que no habría consecuencias penales, administrativas, ni disciplinarias contra ella, los profesionales de la salud involucrados o terceras personas que hubieran apoyado a Beatriz. De este modo, se abrieron dos vías legales: la nacional y la internacional. La primera actuación de la CIDH consistió en requerir información del Estado de El Salvador. Beatriz regresó al hospital, donde fue internada y medicada mientras la Sala de lo Constitucional determinaba si procedía o no poner fin al proceso de gestación. Mientras se procesaba el amparo, expertos de la ONU en derecho a la salud, tortura, y violencia y discriminación contra las mujeres instaron al gobierno salvadoreño a actuar y poner fin a la espera debido a que consideraron que "esta situación de incertidumbre ha

extendido el sufrimiento de Beatriz, quien tiene pleno conocimiento del estado de salud del feto y el riesgo de muerte que ella misma enfrenta, sometiéndole a vivir una situación cruel, inhumana y degradante”. En la Procuraduría General de la República, la Procuradora Auxiliar de San Salvador, Sandra Yanira Coto de Alvarenga, manifestó que no se opondría a que practicaran a Beatriz "el procedimiento médico quirúrgico que los profesionales en medicina y que se encuentran en conocimiento del estado de salud de la misma, estimen a bien y consideren pertinente e idóneo que vaya en función de garantizar el derecho fundamental a la vida de la misma”. La propia Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, manifestó a los magistrados de la Sala lo urgente que era la necesidad de resolver la situación de Beatriz de conformidad con el análisis técnico que había realizado el Comité Médico. La Comisión de Bioética señaló que se estaba creando un conflicto de carácter ético porque los profesionales de la salud están obligados a garantizar la vida de la paciente sin dilación ni postergación. En todos los espacios públicos comenzó a debatirse el caso de Beatriz y la Asamblea Legislativa fue cuestionada, pero ningún grupo parlamentario (incluyendo al Grupo Parlamentario de Mujeres y al FMLN) se posicionó de manera clara a favor de que se finalizase el estado gestacional de Beatriz. El 21 de abril, el arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, se posicionó en contra de que se interrumpiera el embarazo de Beatriz argumentando que su estado de salud no era tan grave y que faltaba poco tiempo para que se le practicase un pacto inducido en lugar de un aborto. La Iglesia católica salvadoreña aseguró que se estaba usando el caso de Beatriz como estratagema para legalizar el aborto. No obstante, hubo otras iglesias que apoyaron el derecho de Beatriz a poner fin a su embarazo y que conformaron un bloque para defender temáticas relativas a los derechos sexuales y reproductivos. Esta unión entre iglesias de distinto credo nació a raíz del caso de Beatriz, pero su objetivo no era solo defender esta causa, sino también la diversidad sexual y denunciar los crímenes por homofobia. Las personas que integraron este bloque fueron duramente criticadas. El 26 de abril, se esperaba que la Corte emitiera un fallo. Durante todo aquel día, un gran número de personas hicieron un plantón en la puerta de la Corte esperando, sin éxito, que los magistrados se pronunciaran. La Sala de lo Constitucional ordenó al Instituto de Medicina Legal (IML) llevar a cabo un examen médico para determinar la salud de la joven. Varias organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales recordaron a la Sala lo urgente que era que dieran respuesta, puesto que las patologías ligadas a la enfermedad de Beatriz se agravarían con el avance del embarazo. Debaten sacar a Beatriz del país

Resultó frustrante para la mayoría que se dilatase el proceso de esta manera. Fue una etapa en la que se debatió sobre el riesgo al que sometían a Beatriz al esperar el fallo de la Corte y se planteó la opción de llevarla a otro país para que la intervinieran. Querían que la interviniesen antes de las 20 semanas de gestación para que el riesgo de complicaciones maternas fuese menor. El temor era que su estado de salud empeorase, temían por su vida. Las personas que la acompañaron sintieron impotencia, indignación y enojo al ver cómo pasaban los días sin que la Sala resolviera. Por no descartar la opción de sacarla del país, se realizaron trámites para que obtuviera su pasaporte y se contactó con las Embajadas de Estados Unidos, México y España. A ella le daba miedo viajar para ser intervenida, pero dijo que aceptaría si le acompañaba algunas de las mujeres que había estado apoyándola durante todo el proceso y si se comprometían a cuidar de su hijo y acompañar a su pareja mientras ella estuviera ausente. Para ella, salir del país era la última opción. Tampoco era recomendable que viajara debido a su estado de salud. En la Agrupación temían, además, que se les aplicase la extraterritorialidad del Código Penal, según la cual, a la persona que realice un acto en cualquier parte del mundo que en El Salvador es considerado un delito, se la puede procesar cuando llegues a territorio nacional. Retraso, estrés, presión y miedo En el hospital, Beatriz sufrió mucho estrés y algunas de las mujeres que la acompañaron señalaron que, si no fuese porque lograron tramitarle un permiso ambulatorio a través del Ministerio de Salud para que pudiera ser dada de alta los fines de semana para poder regresar a su cantón y estar con su pareja y su hijo, quizá no hubiera aguantado tanto tiempo en esa situación. Para quienes integran la Agrupación, los magistrados de la Sala tenían mucho miedo y fueron fuertemente presionados. Esto explicaría que pidiesen informes al IML y a la Asociación de Bioética, pese a saber que estas dos últimas instituciones están ligadas al Opus Dei, con una visión claramente parcial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. En el IML, sometieron a Beatriz a cuatro peritajes: psiquiátrico, nefrológico, reumatológico y ginecológico, para validar la información aportada por el Ministerio de Salud. Ese mismo día, algunos medios digitales anunciaron que, según el informe preliminar de Medicina Legal, Beatriz podía continuar con el embarazo. Quienes integran la Agrupación decidieron denunciar a su director, José Miguel Fortín Magaña, ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), al considerar que infringió éticamente sus funciones al estar dando información sobre el caso, haciendo activismo desde su cargo y asegurando que la vida de Beatriz no corría riesgo cuando no conocía el expediente médico en profundidad.

El 29 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado salvadoreño que adoptase "las medidas necesarias para implementar el tratamiento recomendado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad". También pidió que se presentase información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en un plazo de 72 horas. El Estado hizo caso omiso de esta demanda. La Agrupación y diversas organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos en general llevaron a cabo una intensa campaña de incidencia. Para la manifestación del Primero de Mayo, la Agrupación imprimió miles de volantes para informar a quienes participaban en la marcha. El 5 de mayo, emitieron un video en el que la propia Beatriz ponía voz a una petición para que se aprobase el amparo. Paralelamente, la Fundación Si a la Vida organizó varias conferencias de prensa. En alguna llevaron una canasta con ropa y otros utensilios para el cuidado de bebés para dárselo a Beatriz. Para muchas de las personas que dieron seguimiento a todo esto, esta estrategia fue una forma cruel de jugar con sus sentimientos. El 8 de mayo informaron a la Agrupación de que la audiencia tendría lugar el 28 de mayo y se enteraron de que la Fundación Si a la Vida había solicitado que se le concediera representación en calidad de tercera beneficiada. En la citatoria de la audiencia también se informaba de que se habían incorporado al amparo los escritos firmados por Jorge Alberto Rivas, Secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de El Salvador, consistentes en un comunicado y consideraciones morales legales de la Conferencia Episcopal sobre el caso Beatriz. La ministra de Salud lamentó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no permitieran que el médico ginecólogo, obstetra, Jefe del Programa de Salud de la Mujer del Servicio Nacional chileno, Aníbal Faúndes, y la doctora nicaragüense Ligia Altamirano, que fue la primera presidenta de la Federación Centroamericana de Ginecología y Obstetricia (FECASOG), fueran peritos en la audiencia probatoria. Se les negó esta posibilidad arguyendo que el título de él no tenía el sello de la Haya. Al ver que a mediados de mayo la Sala de lo Constitucional no había emitido una resolución, la Agrupación decidió solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales. En esas fechas, el 13 de mayo, el Presidente de la República, Mauricio Funes, fue abordado durante la inauguración de un puente para que diera su opinión sobre lo que estaba ocurriendo, puesto que hasta el momento se había mantenido al margen. El mandatario salvadoreño dijo haber pedido a las autoridades del Ministerio de Salud que garanticen la vida e integridad de Beatriz y pidió que no se diese tinte electoral a este caso. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional celebraron durante el 15 y 16 de mayo la audiencia oral probatoria, donde participaron todas las partes involucradas en el caso. Pero nuevamente postergaron la resolución acordando que la sentencia se emitiría en un plazo de

15 días. Esther Major, investigadora sobre América Central de Amnistía Internacional, criticó el retraso en la resolución del amparo por parte de la Sala de lo Constitucional: "Darse hasta tres semanas para decidir si Beatriz vive o muere, o potencialmente termina con graves problemas de salud, es extremadamente cruel". Dos fallos y un desenlace agridulce En el fallo del 28 de mayo, la Sala de lo Constitucional estimó que no procedía el amparo porque, según consta en la resolución, las autoridades del Hospital de Maternidad le proporcionaron a Beatriz "el tratamiento que, en el marco de la legislación vigente, está destinado a la tutela de sus derechos a la salud y a la vida". La Sala se apoyó en el informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, donde niegan que la joven sufriera insuficiencia renal, para sostener que la salud de Beatriz no corría el riesgo reflejado en el informe del Comité Médico del Hospital de Maternidad. Los magistrados subrayan en la resolución que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción, como manda el artículo 1 de la Constitución de la República”. No obstante, a esas alturas ya se podía dejar de hablar de aborto para hablar de parto inducido. La resolución fue emitida con tres votos favorables, uno concurrente y otro disidente, este último de Florentín Meléndez, un gesto que todos entendieron como el intento de mantener la coherencia de quien había ostentado el cargo de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rodolfo González emitió un voto concurrente, es decir, que compartía la decisión final pero no los argumentos. Cuando la Agrupación conoció el fallo de la Sala, mucha gente les aconsejó que sacasen a Beatriz del país porque temían que terminase siendo una mártir. Decidieron esperar un día más. Un día después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes ante los Estados miembros, como lo es El Salvador, requirió al "Estado de El Salvador adopte y garantice, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la señora B pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideran oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los derechos a la vida y la integridad personal y a la salud de la señora B”. Ante dos resoluciones tan dispares, la Ministra de Salud intercedió asegurando que ya no se podía hablar de aborto, debido a que Beatriz ya se encontraba en la semana 27 de gestación y, como rezaba la sentencia de la Sala, el personal médico debía actuar para preservar la salud de la joven. El 3 de junio, el equipo médico del Hospital de Maternidad le realizó una cesárea a Beatriz,

finalizando el proceso de gestación, fue llevada a la unidad de cuidados intensivos, donde se recuperó de manera satisfactoria. Aunque finalmente se logró, para muchas de las personas que lucharon por que se le interrumpiera el embarazo a Beatriz la situación no fue ni mucho menos la ideal. Muchas estaban indignadas al considerar que prolongar el tiempo para intervenir a Beatriz había supuesto complicar su situación médica además de someterla a una situación tortuosa. “Para mí personalmente, es triste que tengan que hacer una cesárea por un bebé que no tiene pronóstico; es injusto”, expuso una de las doctoras, quien añadió que practicarle una cesárea supuso exponerla a un daño a sus riñones, ya dañados, debido al uso de anestesia y el proceso de recuperación. “Si la evacuación hubiera sido vía vaginal, ella habría tenido chance (opción) de tener un bebé que va vivir. En cambio, ahora le quitan el chance (la opción) por un procedimiento con alguien que no tiene pronóstico (por tratarse de un feto anencefálico)”, agregó. Desde la Agrupación, se condenó la "acción entorpecedora de grupos anti-derechos" considerando que con dicha acción habían prolongado una situación que debió haberse resuelto hacía 14 semanas. "Responsabilizamos a estos grupos por el grave sufrimiento, la tortura y el riesgo innecesario, evitable e irreversible para la salud de Beatriz", señaló en un comunicado publicado el 5 de junio. El 10 de julio, Beatriz salió del Hospital. Antes de darle de alta, un médico le dijo que un riñón le había quedado dañado. El apoyo continúa El acompañamiento ha seguido porque Beatriz ha tenido que seguir llegando a San Salvador para pasar consulta. Además, pidió apoyo a la Agrupación para enterrar a la niña, que murió pocas horas después de haber nacido, y se la acompañó durante el velorio para vigilar que ningún medio lograra acceder. Se le está dando apoyo para que pueda lograr ser autónoma. Se estudió la posibilidad de ayudarla a instalar una tienda, enseñándole manejo administrativo y se está tratando de conseguirle una beca. Ella quiere estudiar cosmetología. Además, CEJIL, IPAS, la Colectiva y la Agrupación están estudiando demandar de manera conjunta al Estado salvadoreño ante la CIDH por violación a los derechos humanos. De este modo, se asegurará que Beatriz cuente con atención médica prioritaria de manera constante.

Grado de apoyo inesperado La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL) y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico fueron el epicentro de la mayor parte de las actividades que se organizaron, aunque una gran cantidad de organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos se unieron, participaron o respaldaron las diversas acciones. ORMUSA, Las Dignas, el IMU, las Mélidas, las colectivas de jóvenes feministas, la Unión de Mujeres, el MSM, algunas organizaciones LGBTI, grupos de lesbianas feministas, coaliciones de grupos juveniles, pero también grupos de jóvenes, algunos estudiantes de la UCA y de la UES y trabajadores. Es difícil saber qué hubiera sido de Beatriz sin el apoyo y el asesoramiento de quienes integran estas organizaciones. En la repercusión internacional del caso tuvo un papel fundamental Amnistía Internacional, puesto que dio respaldo a la Agrupación y comenzó una campaña de recogida de firmas que dio la vuelta al mundo, dejando un saldo de más de 170,000 cartas de respaldo de más de 30 países. A esto hay que añadir pronunciamientos de instituciones nacionales e internacionales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador (ASOGOES), de la Comisión Nacional de Bioética y de Naciones Unidas. Se mostraron a favor de la petición de Beatriz grupos políticos, de derechos humanos y feministas de lugares como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, México o España, e incluso artistas como René Pérez, vocalista del grupo musical Calle 13. Todo el mundo solicitaba al Estado salvadoreño que concediera el amparo a Beatriz. En el consulado de Nueva York y en embajadas de países como España, México, Nicaragua, Costa Rica e Inglaterra hubo grupos que realizaron acciones frente a las embajadas de El Salvador pidiendo a la sede diplomática que solicitara al gobierno salvadoreño que se le practicara la interrupción a Beatriz. Este apoyo tan multitudinario e inesperado de carácter internacional supuso un gran impulso para quienes estuvieron trabajando dentro del país y para la misma Beatriz, sorprendida y emocionada del eco que tuvo su situación en todo el mundo. La situación de la joven, que no pedía abortar, sino sobrevivir, mostraba las injusticias que se derivan de la prohibición absoluta del aborto y generaron uno de los mayores consensos sociales en torno a un tema siempre espinoso. No obstante, también tuvo que enfrentarse a los juicios de gran parte de la sociedad. La Fundación Sí a la Vida, filial de la organización trasnacional Red Familia, y la Conferencia Episcopal fueron actores clave al solicitar que se denegase el amparo. Beatriz recibió llamadas, cartas y mensajes tratando de convencerla para que no persistiera en la idea de poner fin a su embarazo.

El debate El debate estaba en la calle, en los centros educativos, en los centros de salud, en los medios. El caso de Beatriz hizo a mucha gente ponerse en sus zapatos o imaginar que fuese alguien cercano, y ver que en este caso se trataba de salvar la vida de una persona y proteger a su hijo ya nacido. Esto hizo que cambiase el discurso de los grupos fundamentalistas, que buscaron argumentos más científicos en lugar de basarse en que era pecado. El caso de Beatriz puso de manifiesto que la penalización absoluta del aborto afecta fundamentalmente a las mujeres pobres, sin acceso a una educación sexual ni a una educación laica, y genera situaciones límite como lo era ésta. A la gran mayoría de la población le pareció lógico que, puestos a elegir entre realizar una intervención temprana a una mujer para salvaguardar su salud y su vida o ponerla en peligro por prolongar un embarazo cuando el feto no tiene posibilidades de subsistir, apostar por la salud de la mujer era lo más humano. Los argumentos contrarios al aborto se desdibujaban ante este caso, el debate en torno a esta problemática se activó y cambiaron las formas en las que muchas personas se lo planteaban. Cuando se le practicó la cesárea a Beatriz, se tenía claro que había que presentar una propuesta para modificar el marco legal en torno al aborto por motivos médicos, pero las personas más implicadas tuvieron durante los meses que duró el caso abandonadas otras tareas y, cuando Beatriz salió del hospital, todas retomaron la avalancha de actividades que tenían acumulada. Esto ha dificultado la posibilidad de capitalizar lo que se logró y mantener el tema en la agenda. No obstante, es un momento que deja un terreno fértil, el tema estuvo en agenda por dos meses, se ha logrado que ahora se hable del tema más libremente y que muchas personas que antes no hablaban del tema lo hicieran. El reto es cómo lograr que el tema no sea engullido por la amnesia colectiva. Se está trabajando en una propuesta de ley para modificar el artículo 133 del Código Penal, de modo que se exima de responsabilidad penal en el caso de un aborto practicado por motivos de salud.

La huella de Beatriz El caso de Beatriz afectó a todas las personas que se involucraron en el proceso de lucha por hacer valer su vida, su salud, y la de su hijo de 13 meses. Se trabajó dando asistencia legal, repartiendo volantes, elaborando convocatorias, comunicados de prensa y otros materiales para medios de comunicación y redes sociales, se prepararon discursos, se hicieron marchas, plantones frente a la Corte y el centro judicial, se dieron y se coordinaron entrevistas a medios nacionales e internacionales, se incidió en Embajadas y en la clase política de cualquier rincón del mundo para que manifestara públicamente su apoyo, se entrevistó a Beatriz en video y se la acompañó en el hospital, en los tribunales, en su colonia y en otros lugares donde la mantuvieron escondida de la prensa. Fueron muchas las mujeres que pasaron horas acompañando a Beatriz en el Hospital de Maternidad con el objetivo de darle apoyo emocional y moral, pero también de protegerla de personas que llegaban a tratar de persuadirla sobre su determinación de vivir o a preguntarle por qué estaba demandando a personal médico. Al compartir tiempo y espacio con Beatriz, acabaron por crear una relación con ella, por compartir mucha intimidad. En ese intento por olvidar en qué situación estaban y que solo les restaba esperar, inventaron de todo, le contaron sus historias, la peinaron, la maquillaron, rieron y lloraron juntas. Muchas generaron un vínculo que se prolonga hasta ahora, cuando todavía intercambian llamadas y mensajes por el celular. A las que actuaron como voceras o trabajaron en la parte de comunicaciones, este caso les supuso un reto en el manejo de los medios de comunicación. Les hizo tener que replantearse su discurso, incluyendo el lenguaje que utilizaban. Se vieron más expuestas de lo acostumbrado y muchas tuvieron que sufrir y aprender a encajar críticas e incluso calumnias. Sobre todo en casos de mujeres jóvenes que acompañaron a Beatriz, muchas dieron un paso en su vocación de defensoras de los derechos de las mujeres. A través de las entrevistas, resulta palpable que fue una situación muy intensa para todas estas personas que trabajaron desde distintos ámbitos por la defensa del derecho a la salud y la vida de Beatriz. Del discurso de la mayoría de ellas se desprenden que vivieron situaciones de estrés continuo, teniendo que improvisar, resolver y repensar continuamente las estrategias de trabajo, a la par que mantener el sosiego y la serenidad en el trato con las demás y con la propia Beatriz. Esto fue dejando una marca de cansancio y desgaste, pero también de orgullo y autoafirmación por el deber cumplido al sentir que estaban luchando por una causa justa. Durante este periodo, no hubo manera de compensar tantas situaciones de tensión porque el momento requería estar solo atentas a lo que sucedía. Posteriormente se organizaron unas jornadas fuera de la ciudad para desahogarse y dar salida al estrés acumulado. Algunas comentaron que uno de los aprendizajes del caso de Beatriz fue que es necesario poner límites entre las situaciones críticas y la vida propia, no abandonar el autocuido porque, si no, la tensión se va comiendo las energías y desgastando el ánimo y la salud. Estas mujeres dicen sentirse reconfortadas por haber actuado conforme a sus convicciones, luchando por algo que consideran justo. Una de las lecciones aprendidas que muchas mencionan es haber confirmado que la unidad hace la fuerza. El trabajo en equipo fue clave.

La guerra de términos médicos Durante los meses que transcurrieron desde que Beatriz se sometió al diagnóstico del Comité Médico del Hospital de Maternidad hasta que le fue practicada la cesárea, varios grupos contrarios a toda forma de aborto en cualquier situación emplearon argumentos supuestamente científicos que fueron considerados falsos por ginecólogos profesionales. Estos mismos profesionales criticaron que desde el Instituto de Medicina Legal se señalase que es viable llevar a término un embarazo cuando se padece lupus, puesto que esto es así cuando el lupus está controlado y no activo, como era el caso de Beatriz, y en países con recursos para atender estas situaciones de salud tan delicadas. Grupos fundamentalistas vinculados al Opus Dei señalaron que el estado de salud de Beatriz no era tan grave, puesto que en ese lapso de tiempo no estuvo en cuidados intensivos. No obstante, profesionales de la medicina señalaron que existen muchas enfermedades, como la insuficiencia renal, que no requieren que la persona enferma esté ingresada en cuidados intensivos sin que esto exima el caso de gravedad. Pero quizá el argumento más empleado por estos grupos fue que era posible que una bebé anencefálica sobreviviera. Se publicaron fotos y casos en los que supuestamente esto se había dado, pero no es posible sin estar conectado a una máquina que le proporcione oxígeno y siempre teniendo en cuenta que son bebés con muerte cerebral, en estado vegetativo. El caso de Beatriz demostró las divisiones y los miedos que existen dentro del gremio médico en relación al aborto. La Asociación de Ginecología emitió un comunicado a favor de que se le interrumpiera el embarazo a Beatriz para salvaguardar su salud y su vida, pero nadie firmó este pronunciamiento. Hubo profesionales de la medicina que criticaron la actitud del personal de ginecología del Hospital de Maternidad al considerar que esperaron a que la Agrupación se movilizase para que la legislación permita el aborto terapéutico para luego ellos poder atender a sus pacientes sin haber luchado por lograrlo. Hubo mucha gente que acusó a Beatriz de ser irresponsable por haberse quedado embarazada padeciendo lupus, sin tener en cuenta el asesoramiento médico que hubiera recibido, sus conocimientos en materia sexual y reproductiva o el acceso que tuviera a los anticonceptivos. Del mismo modo, muchas mujeres denunciaron que la gente solo culpara a Beatriz de su embarazo y nadie visibilizara la responsabilidad de su pareja.

LA DEMANDA CONTINÚA El Salvador es uno de los cinco países de América Latina en los que el aborto está absolutamente prohibido, es decir, que no está permitido ni siquiera en circunstancias extremas como peligrosidad a la salud o vida de la mujer, inviabilidad del feto debido a malformaciones incompatibles con la vida o si el embarazo es producto de incesto o violación. Esto es así desde 1997, fecha en la que fue modificado el Código Penal. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Eugenésico, Ético y Terapéutico ya había interpuesto un recurso ante la Sala de lo Constitucional contra la legislación sobre aborto alegando que es contraria al derecho a la vida y la salud. La Sala respondió que ellos no eran ellos competentes para modificar la legislación, sino la Asamblea Legislativa. Añadió que hay casos extremos donde es posible interrumpir el embarazo, puesto que el Código Penal tiene un artículo sobre eximentes, donde señala que pueden no aplicarse las condenas en casos muy extremos como aquellos donde se demuestre demencia. Actualmente, la Agrupación demanda que la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa cumplan las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de este modo revise su legislación sobre aborto para hacerla compatible con las disposiciones del Pacto. “El Estado debe tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, demandó la Agrupación en un comunicado. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto propuso que se modifique el Código Penal para que contemple y regule los procedimientos para la terminación de procesos de gestación, a solicitud de la mujer, cuando éstos amenacen gravemente su salud y su vida, así como en los casos de anomalía fetal incompatible con la vida extrauterina, como la anencefalia y otros. Plantearon que, en estos casos, un equipo médico hospitalario facultado para ello y regulado por el Ministerio de Salud, se encargase de autorizarlos. Están luchando en dos frentes. Por un lado, en los casos de mujeres con embarazos complicados que ponen en riesgo su salud y su vida. Por el otro, las mujeres que son acusadas de haber asesinado a su hija o hijo. El Sistema de Naciones Unidas expuso en un comunicado que el caso de Beatriz ponía de manifiesto la necesidad de que el Estado salvadoreño cumpliera con el compromiso asumido en el 2010 de promover "la creación de un diálogo nacional amplio y participativo, con los distintos sectores sociales y las entidades públicas relacionadas, sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva y sobre las implicaciones de las leyes restrictivas del aborto" y reiteró su disposición para facilitar y apoyar este diálogo nacional. La Agrupación quiere propiciar este diálogo, trabajando en la creación de vocerías y buscando con Naciones Unidas cómo preparar las condiciones para que se dé este debate sin que repercuta el contexto electoral.

El comportamiento de los medios El caso de Beatriz fue recogido por las principales agencias de noticias y periódicos del mundo, como El País, The New York Times, Al Jazeera y otros de Inglaterra y Alemania. El comportamiento de quienes reporteaban el caso fue diverso. Hubo periodistas con sensibilidad a la hora de reflejar la situación de Beatriz y la complejidad del caso, mientras que también hubo quien sentía más interés por la parte morbosa o se centraban casi exclusivamente en si se trataba o no de un aborto, sin prestar atención a la propia Beatriz. Un ejemplo que ilustra la tendencia morbosa de algunos medios es que hubo un canal televisivo que estuvo dando vueltas por Jiquilisco buscando el lugar del velorio de la niña, que tuvo lugar en otro municipio para prevenir precisamente este tipo de situaciones. Hubo quien mostró actitud de colaboración, sabiendo que su labor podía contribuir al debate, tratando de expresar con veracidad lo que se decía en las conferencias. También hubo quien cubría los actos y luego plasmaba su propia versión, llegando a distorsionar las palabras de quienes dieron declaraciones. Hubo mucha insistencia por parte de periodistas para hablar con Beatriz, pero en todo momento se respetó la decisión de ella de no hacerlo. Pero en general, los medios de comunicación reflejaron la apertura que se dio hacia el tema del aborto. Incluso en los medios de comunicación salvadoreños con un enfoque conservador y, en algunos casos, vinculados al Opus Dei, plasmaron las dos versiones de lo que estaba ocurriendo.

“Este caso (de Beatriz) ejemplifica la urgente necesidad de poner en marcha un diálogo nacional sobre la legislación del aborto, a fin de considerar la introducción de excepciones a la prohibición general, sobre todo en casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto”, subrayaron expertos de la ONU en tortura, derecho a la salud, y violencia y discriminación contra las mujeres. 70,000 FIRMAS Más de 70,000 activistas de Amnistía Internacional firmaron una petición dirigida al Estado salvadoreño para que permitiera que se interrumpiera el embarazo de Beatriz.