BOLETÍN HUMANITARIO NÚMEROS 17 - 18 | 19 Abril – 2 Mayo de 2010 COLOMBIA

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Comunidades indígenas en medio de combates en el Departamento de Cauca Comunidades rurales y urbanas amenazadas por grupos armados ilegales CICR y MAPP/OEA publican informes periódicos sobre Colombia Aumenta la afectación por la temporada de lluvias

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Comunidades indígenas en medio de combates en el Departamento de Cauca Ö Las confrontaciones armadas en zona rural del Norte del Cauca continúan afectando a las comunidades indígenas. Se reportaron víctimas civiles y desplazamientos fueron reportados en los municipios de Toribío, Totoró, Caloto y Guapi. Desde el 26 de Abril, combates entre las FARC y el Ejército en el Norte del departamento del Cauca (municipios de Toribío, Caloto y Totoró) han dejado dos personas heridas (una mujer y un menor) y una persona muerta. El 29 de abril, 250 personas del resguardo indígena de Tacueyó (corregimiento de Toribío) se desplazaron al casco urbano y están concentrados en “asamblea permanente”, de acuerdo a la información suministrada por las autoridades indígenas. Las clases fueron suspendidas en las escuelas del resguardo hasta la próxima semana. Más de 3.000 personas entre estudiantes y profesores se han visto afectadas. De acuerdo a la información más reciente (2 de mayo), los combates ya han cesado. Las comunidades desplazadas requieren materiales para la construcción de albergues temporales, previendo más desplazamientos. En el área rural de Caloto (vereda Los Chorros) 215 personas abandonaron la vereda. La Población Desplazada permanece en la escuela como sitio de “asamblea permanente”. De acuerdo a la información más reciente (2 de mayo), los combates ya han cesado. Sin embargo, la comunidad teme futuros ataques. También en el departamento de Cauca, el 25 de abril, las FARC activaron un artefacto explosivo en el casco urbano del municipio de Corinto (no se registraron víctimas) y el 2 de mayo un artefacto explosivo con el que se pretendía atacar la estación de policía en el casco urbano del municipio de Guapi (Costa Pacífica) dejó 11 heridos y un muerto.

Comunidades rurales y urbanas amenazadas por grupos armados ilegales Ö Panfletos amenazantes dirigidos a diversos sectores sociales urbanos reaparecieron en los departamentos de Córdoba y Bolívar. En Antioquia, las presiones de los grupos armados ilegales ponen en riesgo a las comunidades rurales. Events por departmento y categoría (Abril 19 – 25)* Homicides on PP

Massacres 1%

2%

30

Threats

Homicides

5% Armed actions

45% 15

APM/IED/UXO Victims

19%

2%

Sucre

Guaviare

Putumayo

Huila

Arauca

Meta

Caquetá

Tolima

Risaralda

Quindío

Cesar

La Guajira

Bolivar

Santander

Nariño

Bogotá D.C.

Caldas

Atlántico

Magdalena

Cauca

Antioquia

Córdoba

0

Norte de Santander

Displacements Attacks on civilians 24% 2%

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Entre el 19 y 22 de abril, las fuentes de prensa informaron la aparición de panfletos amenazantes en los municipios de Ovejas, Sincé y Corozal (Departamento de Sucre) y Río Viejo (sur del departamento de Bolívar). Los documentos, uno anónimo y otro suscrito por una persona desconocida, contienen amenazas contra determinados sectores sociales. El panfleto en el departamento de Sucre tiene los nombres de 26 personas presuntamente vinculadas a "actividades ilícitas". En Río Viejo, el panfleto establece una serie de "normas" entre otras, restricciones a la movilidad para las mujeres menores de 17 y menores de edad motociclistas y toque de queda. En el departamento de Magdalena también se reportó la aparición de panfletos. Todavía no hay información disponible sobre los autores y los objetivos de las amenazas. Sin embargo, los habitantes locales temen represalias de los grupos armados ilegales presentes actualmente en los municipios. Ambas regiones (Córdoba y el Magdalena Medio, respectivamente) se vieron particularmente afectadas por la guerrilla y grupos paramilitares a finales de la década de 1990 y principios de 2000, cuando un alto npumero de masacres, desapariciones, asesinatos y desplazamientos fueron registrados. En la actualidad, los grupos armados ilegales siguen teniendo influencia en la zona, incluidos los grupos que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares. En el departamento de Antioquia (Región de Urabá), la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (zona rural del municipio de Apartadó) denunció que miembros de un nuevo grupo armado ilegal llegaron a su comunidad y amenazaron a algunos líderes (13 de abril). Durante los últimos días la ONG CODHES reportó un aumento en las amenazas y señalamientos contra la comunidad de ser “colaboradores de la guerrilla”. La Comunidad de Paz pidió a los actores armados que respeten su neutralidad y pidió acompañamiento a la Defensoría del Pueblo. El 23 de abril de 1997, la comunidad se declaró "comunidad de paz" como medio de protesta y auto-protección frente al impacto del conflicto armado en su territorio. La Comisión Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad en diciembre de 1997. Eventos por departamento y categoría (abril 26 a mayo 2)* Masacres 40

Amenazas 7%

1%

Víctimas por

MAP/MUSE/UXO 5%

Homicidios 36%

Acciones armadas 10%

Desplazamientos 1%

20

Ataques a civiles

Cundinamarca

San Andrés

Casanare

Valle del Cauca

Tolima

Guaviare

Sucre

Cesar

Caldas

Bolivar

Bogotá D.C.

Arauca

Santander

Putumayo

Nariño

La Guajira

Huila

Risaralda

Magdalena

Quindío

Meta

Atlántico

Caquetá

Córdoba

Antioquia

Cauca

0

Norte de Santander

40%

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CICR publica reporte anual sobre Colombia Ö “Miles de personas siguen sufriendo las duras consecuencias del conflicto armado en sus vidas día a día - y sin embargo permanecen en el anonimato. Muchos viven en los pueblos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima y la región del Catatumbo.” (Prólogo). El informe, lanzado en Ginebra el 26 de abril, examina la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia en 2009 y da una lectura de las principales consecuencias humanitarias del conflicto armado en el país. Según el informe, “durante el año pasado, delegados del CICR registraron cerca de 800 presuntos violaciones al Derecho Internacional Humanitario, incluidos 28 casos de homicidio, 61 ataques directos contra civiles y 84 casos de personas desaparecidas en relación con el conflicto armado. Las amenazas de muerte son algunas de las razones por las que las personas se han visto obligadas a huir de sus hogares”. El informe señala que aunque el número de presuntas violaciones reportadas en 2008 fue de 1.600, la reducción para 2009 “no refleja necesariamente un cambio de la situación sino a un sistema de documentación del CICR más centrado en eventos que sobre los individuos”. Entre las consecuencias humanitarias mas preocupantes del conflicto armado identificadas por el CICR están los desplazamientos, la contaminación por armas que afecta a la población civil, la violencia sexual y el reclutamiento forzado. “El número de personas desplazadas en Colombia ha venido aumentando cada año y ahora oficialmente es superior a 3,3 millones, una de las cifras más altas del mundo”, señala el Informe. “Muy pocas de estas personas se atreven a volver a sus pueblos porque se sienten amenazados por los combates", dijo Christophe Beney, jefe de la delegación del CICR en Colombia durante la presentación del informe. En cuanto a la contaminación por armas, el CICR señala que Colombia enfrenta el incremento de la utilización, presencia y abandono de las minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar (APM/OIE/MUSE). “Esta situación impide a menudo a las comunidades puedan acceder a sus cultivos, fuentes de agua, escuelas, hospitales y zonas de culto, entre otros. Es también causa de confinamientos, desplazamientos e impide puntos de retorno de los desplazados”, afirma con preocupación el CICR. El CICR destaca la importancia de legitimar y hacer visibles a las víctimas. “Las difíciles condiciones de vida de las víctimas de conflictos armados y sus necesidades más profundas son poco conocidos”. Eventos – Tendencia semanal * 250 200

189

189

214

Apr 26 May 2

Apr 19 25

Ap 12 18

Ap 5 11

Mar 29 Ap 4

107

127

Mar 22 28

126

Mar 14 21

Feb 22 28

Feb 15 21

Feb 1 7

175

141 172

Mar 1 7

183

209

Mar 8 14

186 120

Jan 25 31

Jan 18 24

Jan 11 17

0

Jan 4 10

50

159

97

Dec 28 Jan 3

100

147

189

Feb 8 14

150

191

Decimocuarto informe trimestral de la MAPP/OEA Ö “La Misión ha detectado con preocupación que en diversas zonas del país las acciones de las estructuras emergentes o bandas

criminales en contra de la población no han cesado y continúan presentándose masacres, secuestros, desapariciones, homicidios, amenazas y extorsiones. Asimismo se ha encontrado que estas estructuras afectan directamente a líderes comunitarios y sociales,

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funcionarios públicos, poblaciones indígenas y afrocolombianas cuando representan un obstáculo para el desarrollo de sus actividades ilegales, situación que genera incertidumbre y temor dentro de las comunidades.”

El Secretario General de la OEA reitera en su informe su preocupación con respecto a “las dinámicas de violencia observadas en los últimos meses entre estructuras emergentes, las cuales están generando afectaciones de todo tipo a las comunidades, particularmente en algunas zonas rurales y en barrios de ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.” De igual manera, nota que la falta de seguridad para las vícitmas, postulados y funcionarios públicos es preocupante y puede amenazar el proceso de Justicia y Paz y los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. El reporte indica que a la fecha hay 2,824 casos de reclutamiento de menores por parte de las antiguas AUC conocidos por la Fiscalía. Más aún, la misión señala que este problema sigue afectando a los desmovilizados, los jóvenes, adolescentes y niños en varias partes del país. Se nota con preocupación el aumento en los casos entre niños indígenas. Entre las principales conclusiones del informe están: i) debe evitarse la politización de los asuntos relacionados con el proceso de Justicia y Paz de cara a las próximas elecciones presidenciales; ii) se requiere un equilibrio entre las precisiones jurídicas señalados por el Poder Judicial de Justicia y la necesaria flexibilidad de la justicia transicional y los estándares internacionales con el fin de permitir que existan sentencias firmes en Justicia y Paz; iii) como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún hay no hay “avances efectivos en la entrega de reparaciones a las víctimas”; iv) es indispensable el apoyo decidido de todos los sectores de la sociedad colombiana con el fin de “fortalecer y consolidar los logros alcanzados en búsqueda de la paz.”

Aumenta la afectación por la temporada de lluvias Durante el periodo en revisión el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres (SNPAD) reportó más de 13.000 personas afectadas por desplazamientos, inundaciones y vendavales. El 29 de abril, el SNPAD informó sobre tres aludes de tierra en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, uno de los cuales dejó una persona muerta, ocho heridas y 328 afectadas. Las inundaciones más Fuertes fueron reportadas en Jamundí (Valle del Cauca) con 750 personas afectadas y 150 viviendas destruidas. En Chigorodó (Antioquia) 385 personas fueron afectadas y 77 viviendas averiadas. Desde el comienzo de la temporada de lluvias (Abril 8), la Dirección de Gestión del Riesgo, ha destinado 167 millones de pesos para la entrega de asistencia. Afectación Eventos

Muertos

Heridos 8

---

Personas

Familias

Viviendas destruidas

Viviendas averiadas

380

463

3

244

Inundaciones

3,961

2,750

26

2,722

Vendavales

1,672

133

---

133

15.859

3.346

29

3,099

27.100

5.576

101

5.219

Deslizamientos

1

Desaparecidos

Total Acumulado Abril 8Mayo 2*

11

87

1

* Abril 8,inicio oficial de la temporada invernal.

___________________________ * Todos los datos adjuntos presentados fueron procesados por OCHA de fuentes oficiales y secundarias.

Contacto: OCHA Colombia

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