Conclusiones mesa sobre seguridad ciudadana en Medellín y la región metropolitana 23 de febrero de 2012 La política criminal territorial y la Secretaría de Seguridad en Medellín pueden ser alternativas novedosas que mejoren la seguridad ciudadana.

El programa Medellín Cómo Vamos en asocio con la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit realizaron una Mesa de Trabajo sobre seguridad ciudadana en Medellín y el área metropolitana el 23 de febrero de 2012. En la Mesa se contó con la participación del Secretario de Gobierno de Medellín, Mauricio Facio Lince Prada; del Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe; de Bernardo Pérez Salazar, Asesor, ONU-HÁBITAT Colombia; y de Patricia Bulla e Isaac Beltrán Investigadores de la Fundación Ideas Para la Paz -FIP-. Con ocasión de la inclusión dentro del Plan de Gobierno del alcalde Aníbal Gaviria Correa de la propuesta de creación de una Secretaría de Seguridad o, en su defecto, de una Gerencia de Seguridad para Medellín en el marco de la “Gran Alianza por la Seguridad” y dado que la Alianza Medellín Antioquia (AMA) incluyó el tema de la defensa de la vida, la búsqueda de la seguridad y la convivencia, la Mesa de Trabajo tuvo como objetivos propiciar un espacio de discusión para analizar conjuntamente con algunos expertos en torno a la viabilidad de la propuesta de la Secretaría de Seguridad y los elementos a tener en cuenta para su conformación y ahondar en los aspectos más relevantes de la Alianza en cuanto a la seguridad. Al respecto el Secretario de Gobierno de Medellín manifestó que la Secretaría de Seguridad es un compromiso del actual alcalde Aníbal Gaviria, plasmado en su Plan de Gobierno y que actualmente se ha avanzado en la concepción de ésta como una instancia que abordará esencialmente la seguridad y la relación del Municipio con la Policía, la Fiscalía, el CTI y el sistema judicial; por su parte, la Secretaría de Gobierno se ocupará de la convivencia, los derechos humanos y el espacio público. El secretario no ahondó en detalles sobre esta escisión. La justificación del secretario en torno a la Secretaría se centró en que la seguridad es uno de los temas de mayor preocupación ciudadana, y no cuenta con su propia secretaría. Por su parte, los expertos tuvieron diversas visiones sobre la creación de una Secretaría de Seguridad. Bernardo Pérez de ONU-Hábitat destacó en primer

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lugar que Medellín es ejemplo nacional en materia de innovaciones en política pública para la seguridad ciudadana. Sin embargo, en el caso de la creación de la Secretaría de Seguridad se mostró escéptico en cuanto consideró que no fue suficientemente explícito en la mesa cuáles son las ganancias de la división planteada por el Secretario. En su concepto no es buena la excesiva sectorización en las secretarías del municipio porque terminan afectando la necesaria coordinación que se requiere en temas afines como el de la seguridad, la convivencia y los derechos humanos. En ese sentido, consideró tal y como está planteada la propuesta como un retroceso. Entre otros interrogantes que dejó a la Administración están el qué pasaría entonces con la línea de emergencias 123, ¿a qué Secretaría estaría adscrita? E instó a presentar con prontitud el proyecto de acuerdo al Concejo de la ciudad para garantizar que la futura Secretaría cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento. Por su parte, Patricia Bulla de la FIP manifestó que un buen insumo para el relacionamiento de la futura Secretaría de Seguridad con la Policía Nacional es la evaluación del Plan Cuadrantes, realizada por la FIP. Destacó que luego de 18 meses de evaluación se puede dar respuesta al cómo está operando la Policía y en dónde se presentan los mayores inconvenientes para dar respuesta a la demanda ciudadana por mayor seguridad. En su concepto el Plan Cuadrantes es un avance en el quehacer de la Policía en cuanto tiene sus fundamentos no sólo en la vigilancia comunitaria sino también en un enfoque de solución de problemas. Cada policía asignado a un cuadrante tiene un plan de trabajo por el cual responde. Sin embargo, señaló que un factor clave de éxito es la corresponsabilidad, esto es, que el enfoque de solución de problemas con el cual trabaja el policía requiere del concurso de la comunidad y de la administración local. La corresponsabilidad puede ser entonces una oportunidad para que las administraciones locales trabajen coordinadamente con la Policía, de forma metódica, sistemática y se busquen indicadores a los cuales se les pueda hacer seguimiento y evaluación, pasando de indicadores operativos a indicadores de resultado, que son los que más le interesan a la ciudadanía. Isaac Beltrán de la FIP1 (quien hizo presencia en la mesa pero no pudo intervenir por restricciones de tiempo) reiteró que los resultados que está obteniendo el Plan Cuadrantes deben ser recogidos por la futura Secretaría de Seguridad. 1

Véase video en el siguiente link: http://www.medellincomovamos.org/opini-n-de-experto-sobre-lacreaci-n-de-la-secretar-de-seguridad-isaac-beltr-n

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Añadió que el punto central del diseño serán los procesos misionales y los procesos de apoyo a otras entidades como la Fiscalía, el CTI, el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto de Medicina Legal. En esas funciones de apoyo, como la función de vigilancia, que idealmente se debe realizar a través del Plan Cuadrantes, se deben idear contratos que contemplen incentivos, por ejemplo, la Policía debería recibir estímulos por su labor, que le permita obtener resultados más favorables no sólo para su institución sino también para la ciudadanía. También se debe contemplar la creación de equipos especializados para combatir el crimen, aumentando los costos para los grupos al margen de la ley. Manifestó que estos grupos tienen su propio plan cuadrantes, y han sido muy exitosos en esa tarea, tienen mecanismos de reclutamiento y de ascenso completamente meritocráticos, y mientras tanto se preguntó, ¿qué hace el Estado para competir con ese esquema institucional tan exitoso? Ante la pregunta de ¿cuál sería la diferencia esencial entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad? Beltrán precisó que la primera se ocuparía de diseñar la estrategia de seguridad y convivencia, mientras que la segunda sería la ejecutora de dicha política. En su concepto, esta separación de lo político y lo técnico, permitiría que la Secretaría de Gobierno sea más estable en el tiempo, y la segunda sea la que responda a las demandas ciudadanas que exigen cambios en los mandos de las secretarías cuando los indicadores y la percepción de seguridad se deterioran. Un concepto distinto expresó el consultor internacional Hugo Acero en un documento y en respuesta a una pregunta formulada vía electrónica por el programa MCV. Acero estuvo invitado a la mesa pero por encontrarse fuera del país no pudo participar. En primer lugar, Acero sostiene que hasta el momento las administraciones municipales en Colombia cuentan con varias instituciones que intervienen y tratan los temas de convivencia y seguridad propiciando que “en algunos casos se trabaje de manera aislada y sin coordinación entre las distintas instituciones dejando de lado el manejo integral que debería tener la gestión de estas problemáticas….Es importante que la administración municipal construya un sistema de manejo de la convivencia y la seguridad ciudadana, donde el Alcalde, como máxima autoridad municipal, sea la cabeza visible de coordinación de las instituciones de seguridad, justicia y convivencia, las cuales tendrán que responder ante los ciudadanos por las responsabilidades constitucionales y legales que tienen en estas materias”2

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Acero, Hugo (2012) “Creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana”

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El esquema administrativo propuesto por Acero incluye cuatro direcciones: 1) seguridad, 2) justicia y derechos humanos, 3) convivencia y cultura ciudadana y 4), administrativa. Además incluye un fondo de seguridad (en el caso de Medellín sería la Empresa de Seguridad Urbana- ESU- y un observatorio de la violencia (en el caso de Medellín sería el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-). En el caso de la Dirección de Seguridad, se ocuparía de todo lo concerniente con la elaboración, ejecución y seguimiento del plan municipal de convivencia y seguridad ciudadana, en coordinación permanente con la Policía y con las demás direcciones. Todos los temas que actualmente tiene la Secretaría de Gobierno están cobijados en esta nueva secretaría propuesta, ante lo cual se le preguntó ¿qué rol cumpliría entonces la Secretaría de Gobierno? En su concepto, ésta Secretaría debe tener como función el relacionamiento político del gobierno local con la finalidad de sacar adelante todas las iniciativas de las distintas secretarías, las relaciones con los partidos políticos, la participación con las comunidades, entre otros. En el plano nacional, Acero recomienda la creación de un Ministerio de Convivencia y Seguridad y que la Policía Nacional dependa de ese Ministerio. El Ministerio del Interior actualmente tiene poco espacio para ocuparse de la seguridad ciudadana y casi siempre el ministro ocupa su tiempo en el Congreso. Otra opinión a favor de la creación de la Secretaría la dio Jesús Ramírez, ex secretario de Seguridad de Medellín, al afirmar que con el conocimiento del trabajo en alianza entre la Alcaldía y la Gobernación, está convencido de la necesidad que tiene la ciudad de esta Secretaría y de los insumos con los que actualmente cuenta para conformarla, como el SISC, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad Metropolitano- SIES-M y aproximadamente $33.000 millones disponibles para arrancar, provenientes de Fondos Comunes. Instó a la Administración a proseguir con esta iniciativa. Justamente sobre el trabajo en alianza entre la Alcaldía y la Gobernación, el Secretario de Gobierno Departamental destacó que el tema de la seguridad tendrá un enfoque territorial en la administración departamental. Reconocen que el área metropolitana representa entre el 65% y el 70% de la actividad delictiva en el departamento y por ello habrá un trabajo mancomunado con los alcaldes del área para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y convivencia. Precisó que la visión de la Gobernación es integral pues incluye cuatro temas estratégicos: la seguridad ciudadana, el orden público, la

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prevención de la violencia y los derechos humanos, que se convierten en los cuatro componentes de la línea tres del Plan de Desarrollo, denominada “Antioquia es segura y previene la violencia”. Los diagnósticos en cada caso muestran retos enormes como la falta de infraestructura para la atención de los menores infractores, las debilidades institucionales en la mayoría de los municipios para enfrentar al crimen, la vinculación de niños y adolescentes a grupos armados, el primer lugar en presencia de minas anti personales y el mayor número de incidentes con éstas y el que la mayoría de las personas que han sido víctimas del conflicto no salen de esa condición y se eternizan en el sistema de atención. En su concepto lo más novedoso de la apuesta departamental, y en la cual estará presente la Alianza AMA, es la definición de una política criminal regional para el control territorial, la cual inicialmente ha tenido aceptación por parte del Gobierno Nacional. En esta política se contempla el combate de los grupos armados ilegales (guerrilla, BACRIM), delincuencia común y las rentas ilícitas. El otro frente en el cual hará presencia la Alianza AMA es en el de los Derechos Humanos y la atención a las víctimas con el Programa Departamental de Atención Integral y Reparación de Víctimas del Conflicto. En cuanto a la figura de los Consejos Metropolitanos de Seguridad, que sesionarán cada quince días, se han puesto una meta ambiciosa de definición del Plan Metropolitano de Seguridad en próximos días. También señaló que para tener un sistema de indicadores de alcance departamental se apoyarán en el SISC. En ese sentido, fue reiterativo en la importancia de la información, los indicadores creíbles y compartidos que permitan medir las acciones y evaluar los impactos. De otro lado, el experto de UN-Hábitat, Bernardo Pérez, dedicó gran parte de su exposición a mostrar aspectos, que no sólo en Medellín sino en general en Colombia, son susceptibles de mejorar. Sin dejar de lado las recetas tradicionales, que la Alcaldía de Medellín ha venido aplicando de forma juiciosa y le ha merecido el reconocimiento de numerosos expertos, deben explorarse opciones nuevas que puedan quebrar las tendencias en problemas críticos como: 1) la expansión de las actividades ilegales (expendio de SPA, extorsión, servicios informales de seguridad privada, contrabando y lavado de activos, reventa de elementos hurtados, usura y cobros “gota a gota”) como alternativa de ingresos para hogares desconectados de circuitos formales de la economía; 2) modelos de gobernanza excluyentes, dominados por actores paraestatales y

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3) las dificultades para territorializar la política y la inversión en prevención de la violencia y el delito. En cada caso sugirió respuestas del orden nacional y local. En cuanto a la gobernanza, precisó que la preocupación central actualmente debería ir dirigida a analizar al interior de las administraciones cuáles son las posibles oportunidades de cooptación de las dependencias, actualizando de forma permanente los “mapas de riesgo” institucional en entidades y dependencias vulnerables en incurrir en fraude, abuso de facultades por acción u omisión y suministro de información privilegiada. Finalmente, en cuanto a la dificultad para territorializar la política precisó que la respuesta típica es el fomento de instancias de participación comunitaria para la identificación de necesidades y demandas relacionadas con la convivencia y seguridad, pero la respuesta novedosa debería ser la compilación y sistematización de información integrada (intersectorial) sobre necesidades y demandas de las comunidades locales, así como de su valoración de los resultados de la respuesta institucional y su coordinación entre distintos niveles administrativos.

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