Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

CONSTRUCCION SOCIAL DE LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA EN BOLIVIA

Elaborado por: Rolando Sánchez Serrano (PhD)

La Paz, febrero de 2005

CONTENIDO

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Introducción………………………………………………………………………………. 2 1. Cultura y política…………………………………………………………….………… 3 2. La transición hacia la democracia………………………………………………….…… 8 3. Necesidad de una cultura política democrática……………………………………..… 12 4. La cultura política democrática entre avances y bloqueos……………………………. .15 5. La cultura política de conflictos y consensos…………………………………………...23 6. Algunas conclusiones……………………………………………………………………28 Referencia bibliográfica……………………………………………………………………30

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CONSTRUCCION SOCIAL DE LA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA EN BOLIVIA …un contexto social diverso es importante no sólo para la realización de los derechos políticos asociados a un régimen democrático. Un contexto semejante es también el espacio social donde los/as ciudadanos/as (…) ejercen derechos y poderes que no han transferido al estado ni “prestado” temporariamente a los funcionarios electos. Este es un ejercicio público, en la medida que estimula (…) el diálogo abierto sobre cuestiones que son, o que los interlocutores suponen ser, de interés general. Guillermo O’Donnell

INTRODUCCION El presente trabajo versa sobre las posibilidades de construcción de una cultura política democrática en el país, viendo la trayectoria del proceso sociopolítico que ha dado lugar al emprendimiento de la vida democrática, donde los comportamientos autoritarios, paternalistas y de enfrentamiento fueron cultivados por largo tiempo, mientras que los valores de tolerancia, respeto, deliberación y compromiso con los asuntos públicos han sido promovidos apenas en los últimos 22 años. Por tanto, dentro del contexto democrático, persisten muchos elementos de la tradición autoritaria en el comportamiento que asumen tanto los actores políticos como las organizaciones sociales que pretenden ser protagonistas del cambio; pero al mismo tiempo se percibe la exigencia generalizada por el respeto y cumplimiento de normas institucionales. Así, las medidas extremas adoptadas por las organizaciones sociales y el gobierno, como las marchas, los bloqueos de caminos así como la represión policial y militar que se desata para aplacar las acciones de protesta, se justifican haciendo referencia a las normas legales. De manera que hay una suerte de imbricación entre principios de tradición autoritaria y ciertos valores de carácter democrático en las actitudes y comportamientos de los actores políticos y sociales, lo cual va configurando una cultura política de conflictos y consensos. El ensayo se sustenta fundamentalmente en el análisis de la literatura existente sobre el tema de la cultura política así como en la revisión de resultados de encuesta acerca de la democracia y los valores democráticos, complementado con información periodística. Por lo tanto, las aseveraciones que se hacen a lo largo del texto se consideran como líneas de reflexión y discusión respecto a la configuración de la cultura política en el país, por lo que no se pretende establecer una “verdad” en el conocimiento y la comprensión del problema en cuestión. Los analistas políticos y sociales, han sostenido que el desarrollo de una cultura política democrática en el país es muy precario, arguyendo que los comportamientos y las acciones autoritarias son la forma más regular de expresión política y que existen pocos signos de práctica democrática. Sin embargo, hay que decir que esos elementos culturales de carácter autoritario, solidificados en el imaginario colectivo por decenios de años, no pueden cambiarse en pocos años. Tampoco parece sostenible plantear que la manifestación de movilizaciones sociales (bloqueos de caminos y marchas) nos llevarían pronto a un desastre, porque después de cada convulsión social de magnitud se ha llegado casi siempre a acuerdos importantes entre los gobernantes y gobernados, dando

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lugar al reajuste de los parámetros institucionales que permitieron a su vez una mayor democratización de los espacios de decisión política y los canales formales de participación ciudadana. Se puede decir que las acciones de protesta social han provocado la imaginación y creación de nuevas instituciones de inclusión ciudadana. Sin embargo, con esto no se pretende indicar que los bloqueos y las marchas sean por definición positivos para la construcción democrática, sino sólo se señala que sus efectos pueden ser importantes para el desarrollo de un sistema político más inclusivo. El texto se divide en seis apartados. En el primero se hace un planteamiento conceptual sobre la relación entre la cultura y política, estableciendo que la cultura política puede implicar tanto elementos democráticos como no democráticos. Mientras que la problemática de la transición a la democracia y los cambios que ha provocado en el quehacer político se desarrolla en el segundo apartado. En tanto, la descripción de los avances y dificultades que se han dado dentro del proceso democrático, así como las posibilidades de construcción de una democracia más deliberativa e incluyente, se presentan el tercero y cuarto apartados. Asimismo, la imbricación entre pautas autoritarias y democráticas que se manifiestan en el comportamiento y la acción de los actores políticos y sociales se discuten en el apartado cinco. Y finalmente se hace una breve conclusión donde se presentan aquellos aspectos que se consideran más relevantes. 1. CULTURA Y POLITICA Los valores, actitudes, comportamientos, aspiraciones, proyecciones y otras formas de inclinaciones más o menos colectivas, que se conforman en la dimensión sociocultural de la vida social, influyen también –al igual que los factores económicos o materiales- sobre la esfera política, y más aún cuando el sistema político se abre a las iniciativas sociales como efecto de la democratización del mismo. De manera que la cultura, entendida como formas de comportamientos compartidos por los miembros de la sociedad, afecta significativamente sobre el quehacer político. Es en este sentido que es posible hablar de una cultura política que puede favorecer o perjudicar las prácticas democráticas de participación de la gente en las decisiones políticas, la discusión respetuosa de las diferentes iniciativas de la gente, el respeto y la tolerancia entre los participantes, aspectos que tienen que ver principalmente con las pautas regulares de comportamiento que asumen tanto los actores políticos como sociales frente a los elementos y problemas relacionados con el poder político. Pues, las tradiciones culturales modelan la conducta política de las sociedades, donde las personas tienen ciertas preferencias en momentos de resolver los problemas y conflictos de intereses, promoviendo u obstruyendo la concreción de proyectos políticos de convivencia democrática en los países de reciente democratización. Así, determinadas pautas sociopolíticas empujan a las personas a asumir actitudes intolerantes, y otras conducen hacia la tolerancia y el respeto mutuo entre los actores. Existen también ambientes socioculturales que fortalecen las prácticas democráticas y otras que debilitan las instituciones democráticas, dependiendo del tipo de relaciones que se van estableciendo entre la sociedad y el estado así como las formas de acción que efectúan los miembros de la comunidad política para canalizar sus demandas. Es decir, las variaciones culturales afectan al proceso de construcción de la democracia.

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La relación entre la cultura y la política, se ha estudiado de manera más sistemática desde principios de los años sesenta, cuando Almond y Verba publicaron La cultura cívica, examinando las estructuras y procesos sociales que sostienen la democracia de un país1. Estos autores entienden la cultura política como pautas y orientaciones específicamente políticas y relacionadas con diferentes elementos del sistema del poder político, señalando además que en el futuro una gran parte del mundo tendría una cultura política preponderantemente participativo. Se trata de pautas de orientación que asumen los miembros de la comunidad política frente a los objetos políticos, pautas que implican el conocimiento, las creencias, los sentimientos y la evaluación respecto al sistema político, las instituciones políticas y sus resultados. Las orientaciones cognitivas tienen que ver con los conocimientos que tienen las personas respeto a los objetos, las instituciones, las prácticas y los rendimientos políticos así como de los actores existentes en un determinado contexto sociopolítico. En tanto que las orientaciones normativas se relacionan fundamentalmente con los derechos y deberes de los miembros de la comunidad política, en términos de participación en la determinación de los asuntos públicos. Mientras que las orientaciones de evaluación implican los juicios y opiniones sobre los fenómenos políticos que se van conformando a partir de los conocimientos y afectos que tienen los diferentes actores respecto al sistema político. Almond y Verba (1970) establecieron tres tipos puros de cultura política: la parroquial, la de súbdito y la de participación; la parroquial se da en las sociedades simples donde las instituciones específicamente políticas no existen o en su caso se hallan subsumidas a las estructuras económicas o religiosas; en cambio la de subordinación se da en las sociedades autoritarias donde los conocimientos, sentimientos y evaluaciones se dirigen principalmente al sistema político que debe responder a la diversidad de demandas sociales sin una participación activa de la gente; mientras que la de participación supone una contribución activa de los ciudadanos en la adopción de decisiones políticas. Pero en los hechos, lo que se produce es una cultura política mixta que comprende tanto actitudes y comportamientos parroquiales, de subordinación y de participación. Sin embargo, conforme con los argumentos de los autores antes mencionados, en las democracias de las sociedades occidentales se tiende hacia una cultura política de participación, obviamente con cierta presencia de pautas parroquiales y de subordinación2. De manera que, las recientes investigaciones sobre el tema incorporan muchos elementos conceptuales formulados por Almond y Verba, donde uno de los aspectos centrales de discusión es precisamente la condicionante sociocultural que se manifiesta en cada contexto político concreto y sus efectos sobre el sistema político democrático. Pues, se trata de captar las condiciones socioculturales que se expresan en un conjunto de representaciones, 1

Dentro de los estudios sobre la cultura política, la obra de Almond y Verba se ha convertido en un texto clásico, donde se establece la relación entre las condiciones culturales y la sostenibilidad de la democracia. Véase Gabriel Almond y Sidney Verba, La cultura cívica: estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Euramérica, Madrid, 1970. 2 Hay que aclarar que el estudio comparativo de cinco países (Inglaterra, Alemania, Italia, Estados Unidos y México), a pesar de las distintas críticas al modelo y los procedimientos metodológicos empleados por Almond y Verba, aparte de la autocrítica por parte de sus creadores, varios planteamientos centrales del enfoque sobre el análisis de la cultura política forman parte del debate actual sobre el tema, a pesar de que ha trascurrido cuarenta y dos años desde su publicación en inglés (1963).

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actitudes y comportamientos intersubjetivos y su impacto sobre el proceso político. Son estas actitudes y comportamientos de los distintos actores sociales y políticos que finalmente conducen hacia un determinado orden político autoritario o democrático. En este sentido, una cultura política democrática se caracteriza principalmente por la participación activa que muestra la gente en la solución de los problemas de interés comunitario, como la responsabilidad y el compromiso con el destino de la comunidad política (Murillo y Pizano, 2003). Entonces, la cultura política comprende aquellos valores, actitudes, creencias y orientaciones que comparten los miembros de una sociedad con respecto a la dimensión política como imaginario colectivo de la mayoría de la población: "Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura política." (Peschard, 1994: 9). Ahora bien, la cultura política democrática es una noción que se vincula con la construcción sociocultural de una convivencia democrática entre los miembros de la sociedad, mediante la promoción de pautas de comportamiento de tolerancia, respeto, diálogo, inclusión y corresponsabilidad entre los habitantes, a diferencia de inclinaciones hacia la intolerancia, la imposición, el enfrentamiento, la exclusión y la indeferencia que caracterizan a los regímenes autoritarias. Pues, para el florecimiento y la consolidación de la democracia es necesario que se desarrollen ciertas condiciones estructurales, institucionales y subjetivas. Por lo mismo, a pesar de un cierto mejoramiento de la situación socioeconómica y el fortalecimiento de las instituciones políticas, las pautas de comportamiento de las personas no siempre son favorables a la democracia. Además, el desarrollo de una cultura política democrática requiere de pautas de orientación sociopolítica basadas en conocimientos más o menos coherente sobre el sistema político así como del desempeño de los actores políticos, pues una cultura política democrática implica que los miembros de la sociedad se conciban como protagonistas del devenir político y con capacidad de organización y proposición de demandas frente al gobierno y las entidades políticas. Dicho en otros términos, el desarrollo de una cultura política democrática depende de la promoción de valores y aspiraciones implicadas en el tercer tipo de cultura política propuesto por Almond y Verba, como es la cultura política participativa, donde los ciudadanos tienen un amplio conocimiento del sistema político y su funcionamiento, por lo que están en condiciones de poder influir en la adopción de decisiones políticas. En esta perspectiva, las democracias de los países con larga tradición democrática como Estados Unidos o Inglaterra muestran rasgos significativos de una cultura cívica en el comportamiento de la población3. Se trata de una ciudadanía responsable y comprometida con los asuntos públicos y con el destino de sus semejantes, en términos de una suerte de corresponsabilidad con los procesos políticos. Esto supone el desarrollo de ciertos valores democráticos como la participación activa en la adopción de decisiones políticas, predisposición para organizar encuentros de deliberación, responsabilidad para enfrentar los retos del proceso democrático, sujeción a las normas institucionales, solidaridad, cooperación 3

Los rasgos más sobresalientes de la cultura cívica son: 1) participación activa en los asuntos públicos de la mayor parte de la población, 2) involucramiento y alto compromiso con los procesos políticos, 3) confianza y convicción para influir sobre las determinaciones gubernamentales, 4) capacidad para la conformación de asociaciones, y 5) valoración del sistema política democrático.

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y honestidad en la administración pública (Peschard, 1994). En cualquier caso, la construcción de una cultura política democrática requiere de creación y recreación de pautas de comportamiento que promuevan prácticas deliberativas para establecer compromisos y consensos respecto a los diversos problemas sociopolíticos y económicos. Por otro lado, se estima que las transformaciones socioeconómicas y políticas que se han dado como efecto del colapso del comunismo, el resurgimiento de la democracia, la globalización y el llamado consenso de Washington, afectaron notablemente el contexto de la acción política, en términos de redefinición de las estrategias y pautas de comportamiento, donde los códigos de interpretación ya no son adecuados para dar cuenta de los nuevos acontecimientos políticos, lo cual implica el establecimiento de nuevos mapas mentales de representación de la realidad social y política (Lechner, 1997). Además las políticas de descentralización que se aplicaron en la mayoría de los países de América Latina, han motivado la conformación de un nuevo entramado entre lo global y lo local, debilitando el marco referencial de la política en el nivel nacional y posibilitando la emergencia de nuevos actores sociales y políticos con diferentes alcances socio-territoriales. Además, la política no debe entenderse sólo como un aspecto circunscrito al estado sino presente en toda la relación social que puede afectar notablemente a las estructuras del poder vigente, por lo mismo es importante comprender las aspiraciones de los actores sociales que producen y reproducen las pautas culturales, mediante el entendimiento de lo que anhelan y sueñan (Krotz, 1997). Asimismo, los estudios de cultura política han introducido otros criterios sobre la configuración de valores y pautas culturales que influyen sobre el desenvolvimiento de la política, como el tipo de redes sociales predominantes en una determinada sociedad. Pues, las redes y las intersubjetividades sociales pueden ser más verticales u horizontales, lo cual hace que la cultura política sea autoritaria o democrática respectivamente. Es decir, en una sociedad donde la estructura primaria se funda en la familia patriarcal con predominio de relaciones sociales verticales, la cultura política tiende a promover rasgos autoritarios; mientras en una sociedad donde prevalecen las relaciones horizontales entre grupos sociales, se establece una cultura política menos autoritaria y más democrática (Lomnitz y Melnick, 1998). Esto significa que las culturas políticas que originan acciones autoritarias y de intolerancia se fundan en estructuras sociales muy verticales, en cambio una cultura política que favorece la interacción más dinámica y cooperativa entre los habitantes se basa en estructuras sociales menos verticales. Dicho en otros términos, la configuración de una cultura política democrática requiere de redes sociales más horizontales que verticales, donde la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la cooperación con el prójimo sean valores dominantes. No obstante, la realidad sociopolítica concreta no sólo contiene valores y actitudes favorables a la construcción de una democracia deliberativa e incluyente, sino también comportamientos y acciones de intolerancia y exclusión con manifestación de rasgos fundamentalistas, lo cual parece empeorar cuando se trata de sociedades heterogéneas compuestas de grupos étnicos diversos y hasta enfrentados. El proceso de democratización y la misma globalización que han tenido lugar de manera más clara en las dos últimas décadas del pasado siglo, no necesariamente impulsan a las sociedades hacia una cultura global, puesto que las sociedades nacionales o locales oscilan en un continuo que va de la aceptación al rechazo de las corrientes sociopolíticas y culturales que tienen origen en esos procesos de cambio que vive el mundo contemporáneo, pero también hay posiciones intermedias -aunque siempre diversas- entre la 6

aceptación y la resistencia militante, entre la fascinación por una cultura global y el aislamiento parroquial (Berger y Huntington, 2002). Esto significa que la cultura política de las naciones, hoy en día están siendo afectada además por esas oleadas de pautas y comportamientos que tienen lugar en el mundo globalizado, lo cual en ciertos contextos socioculturales y políticos puede ser favorable o perjudicial para la construcción de una cultura política democrática, porque las identidades étnico-culturales pueden reaccionar abrazando ideologías fundamentalistas, basadas en argumentos de derechos humanos, derecho a la diferencia, la justicia etnocultural, los derechos de las minorías o en principios nacionalistas. Es decir, el impulso ingenuo del multiculturalismo puede tener graves riesgos para la democracia y la estabilidad política en la medida de que se caiga en actitudes fundamentalistas, separatistas o de resistencias a la integración, produciendo una suerte de choque de identidades culturales (Kymlikcka, 2003; Huntington, 1997). Es más, en determinadas situaciones socio-históricas la intolerancia, la exclusión, la resistencia y el enfrentamiento pueden convertirse en pautas regulares de comportamiento y de acción política, donde la cultura política del autoritarismo gane más fuerza sobre la cultura política del entendimiento democrático. Pues, la continua explosión de conflictos sociopolíticos puede motivar a los actores políticos y sociales a abrazar proyectos extremistas que conducen a la violencia política, creando una cultura política de enfrentamiento con deseos de mejorar la situación de vida de los involucrados en las acciones violentas. Es más, a veces, las acciones violentas terminan dando sentido a la existencia humana, se constituyen en una razón para vivir; de manera que la violencia atrae a las personas como una droga en una situación de desesperación, creando esperanzas de mejoramientos socioeconómico y político. Porque: “Pocas cosas generan más rabia entre los desposeídos que aquellos que, pese a ser incapaces de ejercer el poder, intentan obtener enormes recompensas”. (Hedges, 2002: 24). Cuando la exclusión y el enfrentamiento dominan las relaciones sociales, existen pocas posibilidades de establecer acuerdos duraderos respecto a la solución de los problemas; porque: “Desde el punto de vista de una organización que funciona según el principio de que todo lo que no está incluido está excluido, todo el que no está conmigo, está contra mí, el mundo en general pierde todos lo matices, diferenciaciones y aspectos pluralistas, que en cualquier caso se han tornado confusos e insoportables para las masas”. (Hannah Arendt, citado en Hedges, 2002: 33). En cualquier caso, las condiciones socioculturales existentes en una determinada sociedad afectan positiva o negativamente sobre los procesos políticos que se dan dentro del orden democrático, dependiendo de la predominancia del tipo de valores que promueva la sociedad, que pueden ser “valores de supervivencia” o “valores de autoexpresión”. Las sociedades que aprueban más los valores de autoexpresión son las que tienen más probabilidades de generar prácticas democráticas y una ciudadanía activa, mientras que aquellas que ponen énfasis en los valores de supervivencia tienden hacia relaciones políticas autoritarias (Inglehart, 2001). Dicho en otros términos, la construcción de la cultura política democrática requiere más de valores y actitudes de autoexpresión que de supervivencia, porque la participación activa y comprometida de los ciudadanos es fundamental para expansión de prácticas democráticas e inclusivas donde la mayor parte de los ciudadanos se sienta como parte consubstancial de los procesos sociopolíticos (Bustelo, 1998). De manera que la producción de una democracia deliberativa supone a su vez la configuración de una cultura política democrática, aunque esto no significa la eliminación de comportamientos paternalistas y autoritarios. 7

La consolidación de la democracia en los países de América Latina y por tanto en Bolivia, depende en parte del ambiente cultural de cada país. Porque el mantenimiento del sistema político democrático requiere de ciertas condiciones sociales que permiten el funcionamiento de la democracia, como los valores cívicos de interés por los asuntos públicos y los problemas de los demás conciudadanos. Y esto es más notable en las sociedades de reciente democratización, donde aún persisten los valores tradicionales del autoritarismo practicados por mucho tiempo. Sin embargo, con la democratización y la adecuación de las instituciones políticas al orden democrático, se han logrado avances considerables en la expansión de los espacios de participación ciudadana que ha permitido una cierta inclusión de amplios sectores sociales marginados. 2. LA TRANSICION HACIA LA DEMOCRACIA Desde los principios de los años ochenta, se desató la ola de democratización en los países de América Latina, después de muchos años de gobiernos autoritarios, donde la elección popular de autoridades públicas se fue haciendo cada vez más frecuente, mediante la implantación de una variedad de reformas político-institucionales orientadas a fortalecer el orden democrático. En lo que toca a nuestro país, la transición hacia la democracia se dio entre 1978-1982, momento en se inicia una nueva etapa sociopolítica caracterizada por la realización de elecciones regulares para la conformación de autoridades gubernamentales. Tanto los actores políticos como los actores sociales cohesionados en diversas organizaciones de carácter corporativo han reconocido que la democracia es una opción preferible a cualquier otro tipo de gobierno, reconocimiento que favoreció el establecimiento de acuerdos políticos y sociales para crear instituciones necesarias para profundizar la democracia, aunque no siempre han faltado actitudes de resistencia a los cambios, tanto en los sectores privilegiados como en los estamentos desfavorecidos por el sistema. Así, desde principios de los años ochenta, Bolivia entró en una nueva etapa de ordenamiento político como efecto de la democratización del sistema político, con lo cual empezó también la implantación de políticas de ajuste estructural y la aplicación de reformas político-institucionales orientadas a la ampliación de canales de participación de la gente en la adopción de decisión políticas. Esto ha permitido que los sectores sociales marginados dispongan de oportunidades para influir sobre los asuntos públicos a través de los canales regulares establecidos por las reformas, en particular aquellas referidas a la descentralización que han dado lugar a que el poder político ya no sea asunto exclusivo de los partidos políticos sino también de las organizaciones sociales. Sin embargo, antes del proceso de descentralización política, los sectores sociales marginados y excluidos de los ámbitos del poder político han venido reclamando continuamente la “inclusión” y la participación en la determinación de las políticas públicas, en procura de lograr una cierta autodeterminación, en tanto protagonistas de la construcción de un destino propio, digno y libre. Es este propósito sociopolítico, trascendente en el tiempo, que ha impulsado las diferentes revueltas populares, movilizaciones o subversiones de los sectores sociales oprimidos, tanto en la colonia como en la vida republicana.

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Desde Katari al Mallku4 -pasando por Zárate, por Marka T’ula, por Chipana, por Flores, entre otros líderes de los pobres y excluidos-, la lucha ha sido casi siempre por la autodeterminación política, por eso la Revolución Nacional de 1952 tuvo un gran apoyo de las masas obrero campesinas. Dicho en otros términos, decidir políticamente sobre el destino propio, ha sido siempre un asunto recurrente para las comunidades campesinas del altiplano y los valles así como para los barrios populares urbanos. En consecuencia, la posible configuración de una cultura política democrática está de cualquier modo condicionado por esas pautas y comportamientos sociopolíticos de larga data que ha caracterizado a los sectores sociales mayoritarios de este país. La misma transición hacia la democracia obedeció en parte a la extensión e intensificación del movimiento popular, donde la participación activa de los diferentes segmentos sociales posibilitaron el debilitamiento de los gobiernos autoritarios, porque la apuesta colectiva fue por la democracia como una opción para superar las carencias y lograr una mejor condición de vida; aunque después se produjo una gran decepción y desencanto generalizado en la población dado que la democracia no llenaba las expectativas de los diferentes sectores sociales (Laserna, 1992; 2004). Para la mayor parte de la población, lograr la democracia representaba una oportunidad histórica para alcanzar la libertad política y de expresión que habían sido prácticamente anuladas durante los regímenes dictatoriales; se trataba también de pensar y actuar políticamente en función de los problemas candentes que enfrentaban los sectores populares, como la pobreza y la exclusión socioeconómica y política.

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La historia muestra que las poblaciones originarias del altiplano boliviano no han sufrido en absoluta sumisión la explotación y opresión colonial y republicana, sino que se han levantado con fuerza en procura de reivindicar sus derechos, en ocasiones en armas. Así, Tupac Katari hizo una gran movilización sociopolítica en 1780-1781, sitiando la ciudad de La Paz por más de tres meses; de la misma forma, Pablo Zárate, el temible Willka, se alzó en armas durante la guerra Federal de 1899 entre conservadores y liberales; igualmente, los caciques y autoridades originarias de los ayllus Machaca y otras poblaciones del altiplano se sublevaron en los años veinte; asimismo los excombatientes de la guerra del Chaco empezaron a organizar movilizaciones sociales en contra del poder oligárquico minero-terrateniente, lo cual en parte influyó sobre el estallido de la revolución de 1952. Y en el 2000 y 2003, Felipe Quispe, El Mallku, organizó una gran movilización campesina, paralizando la parte occidental del país. Puede verse a Xavier Albó, “Etnicidad y clase en la gran rebelión aymara-quechua: Kataris, Amarus y bases 1780-1781”, en: Fernando Calderón y Jorge Dandler, Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, Cochabamba, CERES; Fausto Reinaga, La revolución india, La Paz, Partido Indio de Bolivia; Ramiro Condarco, Zárate, el temible Willka, La Paz, Talleres Gráficos Bolivianos, 1965; Roberto Choque, “De la defensa del ayllu a la creación de la República del Qullasuyu: historia del movimiento indígena en Bolivia (1912-1935)”, (ponencia al III Encuentro de Estudios Bolivianos, Cochabamba, 1985); Javier Hurtado, El katarismo, La Paz, Hisbol, 1986; Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, La Paz, Hisbol, 1986; Julio Mantilla y otros, La ch ampa guerra: del tinku de la guerra al tinku del amor, La Paz, Centro Multidisciplinario de Ciencias Sociales, 2000; Raquel Gutiérrez y otros, Democratizaciones plebeyas, La Paz, Muela del Diablo, 2002; entre otros

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A pesar de que el orden político democrático era nuevo en el país5, los diferentes sectores sociales han apoyado resueltamente el proceso de democratización, sobre todo los mineros, fabriles, campesinos, gremiales, universitarios y demás sectores populares urbanos que tenían el objetivo común de terminar con las dictaduras que habían reducido a lo mínimo las libertades sindicales, donde los dirigentes de las organizaciones sociales y los partidos políticos de izquierda estaban confinados en la clandestinidad. Entonces, una vez decretada la amnistía política6, los dirigentes y los líderes volvieron a la lucha política buscando espacios en procura de jugar un papel protagónica en la pelea por la democracia, y ahí se estableció el gran acuerdo sociopolítico entre los actores políticos y sociales por alcanzar la democracia. Pero la instalación del orden democrático significó una gran batalla que fue librada por los trabajadores mineros, fabriles, campesinos, gremiales, estudiantes y demás sectores populares aglutinados en la Central Obrera Boliviana (COB) que llevó adelante las distintas medidas de presión para “tumbar” a los gobiernos golpistas. La pelea por la democracia (1978-1982) se efectuó entre el voto ciudadano y las acciones de protesta, con manifestaciones de violencia política. En este período de transición hacia la democracia el país se debatió entre urnas y fusiles7, donde se dieron cuatro golpes de estado, tres elecciones municipales y siete gobiernos diferentes. La transición hacia el nuevo orden político democrático fue un verdadero parto. El nacimiento doloroso de la democracia fue “asistido” tanto por masajes violentos fundados en la cultura política tradicional y autoritaria como por premisas racionales sustentadas en una exigua e incipiente cultura política democrática. La violencia arrogante y el ensayo de un entendimiento argumentativo, marcaron de inicio, el proceso de transición hacia la democracia, donde tanto los actores políticos como sociales se valieron de acciones violentas como de argumentos racionales para conseguir sus objetivos. Así, las marchas y los bloques callejeros así como el reclamo por el respeto de la Constitución 5

Como se sabe, la práctica democrática en el país fue ocasional a lo largo de la historia republicana, porque desde su fundación, los que dominaros el poder político fueron los gobiernos caudillistas en el siglo XIX, la rosca minero-terrateniente durante la primera mitad del siglo XX y los regímenes dictatoriales-militares en los años sesenta y setenta. Además antes de la revolución nacional de 1952 la participación política de la sociedad civil obedecía a la lógica de exclusión censitaria. Sólo entre la revuelta popular de abril de 1952 y golpe de estado de 1964 se puede decir que se ha dado una cierta participación democrática de las masas, como efecto de la implantación del voto universal, sin embargo las elecciones estaban atravesadas por manipulaciones fraudulentas. 6 Pese a la persecución violenta desatada contra los trabajadores y la prohibición de las huelgas por parte de la dictadura de Bánzer (1971-1978), los dirigentes mineros, fabriles y campesinos seguían impulsando la resistencia al gobierno de facto, así en diciembre de 1977 se instala la huelga de hambre de mujeres con cuatro esposas e hijos de trabajadores mineros en el Arzobispado de La Paz, multiplicándose rápidamente en los centros mineros y demás regiones del país, lo cual marcó prácticamente el fin de la dictadura, pues el gobierno presionado por el ascenso de la fuerza de los trabajadores, lanza la convocatoria a elecciones generales para 1978 y decreta la Amnistía Política. Véase a Roberto Laserna, Productores de democracia: actores sociales y procesos políticos en Bolivia 1971-1991, CERES – FACES, Cochabamba, 1992. 7 La historia política del país ha sido fuertemente marcada por dos formas de comportamiento y acción sociopolítica ejercidas tanto por los políticos como por la sociedad civil, que se expresan en la violencia política y la acción mediante canales institucionales. Pues, la disputa violenta por el poder estatal y la apertura de espacios de participación política fue muy recurrente en las diferentes manifestaciones de actores políticos y sociales, pero al mismo tiempo se ha reclamado insistentemente el ajuste de las acciones políticas a las normas institucionales, lo cual es muy visible dentro del actual orden político democrático que vive el país. Al respecto véase a Carlos de Mesa, Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles, Gisbert, 2 ed., La Paz, 1990; Salvador Romero B., Electores en época de transición, Plural – Caraspas, 1995.

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Política del Estado, han llevado finalmente al país a recorrer el camino escabroso de la construcción sociopolítica de la democracia. La dramática transición hacia la democracia ha significado para los actores políticos y sociales la actualización de viejas prácticas de lucha y la adopción de nuevas pautas de acción política. Los golpes de estado perpetrados por los uniformados así como las acciones de protesta efectuadas por el movimiento popular, estuvieron sazonados por discursos legalistas, donde la alusión a las normas de la Constitución Política del Estado fue frecuente, pues cada acción de fuerza se trataba de justificar con argumentos legalistas. De la misma forma, las negociaciones enmarcadas de algún modo en el marco legal, estuvieron acompañados por amenazas de “acción directa” ante el presunto incumplimiento de los acuerdos, las elites encaramadas en el gobierno sea militar o civil advertían a los dirigentes de las organizaciones sociales con el uso de la fuerza ante la eventualidad de los disturbios sociales, mientras que éstos también insinuaban paralizar el país con bloqueos y marchas multitudinarias. Una misma acción de protesta no institucional o legal presentaba al mismo tiempo rasgos tanto formales como informales, donde la imposición forzosa y el diálogo se conjugaban en un mismo acontecimiento sociopolítico. De hecho, la huelga de hambre de mujeres mineras que inició la transición hacia la democracia, se movió entre la acción directa y la exigencia legal del respeto de los derechos políticos. De la misma forma, la cantidad de movilizaciones sociales que realizaron los mineros, fabriles, campesinos, gremiales, estudiantes y otros sectores populares contra los golpes militares, implicó tanto acciones de violencia política como el reclamo de las normas constitucionales, por ejemplo el respeto de los resultados de las elecciones presidenciales; lo cual finalmente posibilitó en gran parte a que Hernán Siles Zuazo se posesionara como presidente constitucional, en octubre de 1982, haciendo valer su victoria alcanzada en las elecciones generales de 19808. Igualmente, los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha exigían el acatamiento de los resultados electorales conforme a las normas formales, pero al mismo tiempo convocaban –sobre todo las organizaciones políticas de izquierda- a las organizaciones sociales a efectuar movilizaciones de protesta, como ser los bloqueos de caminos, las marchas o las huelgas de hambre. En esta perspectiva, la transición hacia la democracia significó entre otros aspectos la búsqueda más o menos colectiva de fortalecimiento o transformación de las instituciones políticas, con una clara pretensión de dejar atrás las imposiciones y arbitrariedades de los gobiernos dictatoriales así como la ausencia de normas en la lucha política y la administración publica, para luego construir un orden político democrático sustentado en instituciones legalmente establecidas y la legitimidad brindada por la sociedad civil (Mayorga, 1991). Entre las instituciones políticas, se dio un significativo reconocimiento de los partidos como uno de los componentes importantes para la consolidación de la democracia, por eso es que el electorado ha participado con mucho entusiasmo en las

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La Unidad Democrática y Popular (UDP), había obtenido la victoria relativa en dos ocasiones, en las elecciones generales de 1979 con 31% y en las de 1980 con 34%; victoria que fue admitida por sus rivales. Pero no pudo jurar como presidente constitucional como consecuencia del golpe de estado perpetrado por Luis García Meza en julio de 1980. Véase a Opiniones y Análisis, Datos estadísticos elecciones generales 1979-1997, FUNDEMOS, La Paz, No. 31, febrero de 1998, T. I.

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diferentes elecciones generales y municipales efectuadas en la etapa democrática9. La población boliviana ha mostrado durante las justas eleccionarias una participación política importante mediante el voto en las urnas, incluso en momentos más difíciles, por ejemplo la realización del Referendo sobre la venta del gas (1994), cuando algunos dirigentes de las organizaciones sociales convocaban abiertamente al boicot de la consulta popular, la ciudadanía respondió de manera responsable, mostrando una madurez política cultivada a lo largo de los 22 años de convivencia democrática. En cualquier caso, el establecimiento de la democracia ha significado la conformación de diversos acuerdos entre partidos políticos y las organizaciones sociales para impulsar las distintas reformas estructurales y la modernización del estado, con ese propósito de consolidar el orden democrático: “…la meta de todo este proceso de reforma y modernización política e institucional, es el ajuste mutuo desde abajo y desde arriba, entre Estado y sociedad y la conformación de una nueva cultura de la sociedad y del poder”. (Lazarte, 1991: 44). De manera que, dentro del tiempo democrático se ha producido una suerte de desplazamiento de los modos de interacción política, que va desde el enfrentamiento más o menos extremista hasta la búsqueda de pactos políticos para encontrar salida a los diferentes problemas, aunque no siempre faltaron actitudes basadas en la defensa de determinadas posiciones intransigentes. 3. NECESIDAD DE UNA CULTURA POLITICA DEMOCRATICA Después de los procesos de democratización que han experimentado los países de América Latina y entre ellos Bolivia, desde principios de los años ochenta, una de las preocupaciones mayores, tanto para los políticos como para los analistas, ha sido la consolidación del orden democrático mediante la implantación de una variedad de reformas político institucionales, en procura de crear condiciones favorables para la gobernabilidad democrática. Y una de estas reformas ha estado orientada a producir una suerte de descentramiento del poder estatal, ya que el modelo centralista había generado la ineficiencia en la administración de los recursos públicos, de manera que se trataba de modernizar el aparato público10. La ejecución de las reformas institucionales se ha considerado como un aspecto fundamental para la consolidación y profundización de la democracia, por lo menos en su base fundamental como es la realización regular de elecciones populares para la conformación de los gobernantes, tratando de hacer eficiente y transparente las justas eleccionarias. Sin embargo, las diferentes reformas político institucionales no siempre han sido suficientes para la gobernabilidad y la estabilidad política, dado que los comportamientos y acciones de los agentes políticos y sociales han 9

Después de la recuperación de la democracia en 1982, en las diferentes elecciones nacionales de 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002, la abstención electoral no ha superado el 40%; y en la última elección municipal de 2004 la abstención alcanzó a 36%, aunque en las municipales de 1989 y 1993 la abstención fue mayor, 46% y 53% respectivamente. En cualquier caso, la población se ha movilizado notablemente en torno a las elecciones generales y municipales. 10 Desde mediados de los años ochenta se han hecho varios estudios sobre las posibilidades de consolidación de la democracia en los países de América Latina a través de reformas políticas de fortalecimiento de las instituciones políticas y la descentralización administrativa, dando mayor importancia a los espacios regionales y/o locales, en términos de un acercamiento mayor entre el estado y la sociedad civil. Al respecto puede verse a Dieter Nohlen (ed.), Descentralización política y consolidación democrática: Europa América del Sur, Nueva Sociedad, Venezuela, 1991; Guillermo O’Donnell, Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Argentina, 1998; Jordi Borja y otros, descentralización y democracia: gobiernos locales en América Latina, CLACSO – SUR – CEUMT, Santiago de Chile, 1989; entre otros.

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desbordado a menudo la reglas de juego. Muchas veces, las posiciones intransigentes han llevado a desenlaces violentos, donde las acciones de protesta social y la represión estatal influyeron notablemente sobre el desenvolvimiento gubernamental y la determinación de políticas públicas. Es decir, la resolución de los conflictos de intereses y la adopción de decisiones políticas, se han hecho en parte, al margen de las normas institucionales, porque tanto los gobernantes como los gobernados han tenido que resolver los problemas obedeciendo a diferentes coyunturas políticas. Esto ha llevado a sostener que las democracias en los países de la región son frágiles como efecto de la debilidad de las instituciones y la escasa adaptación de la población a las normas democráticas. En consecuencia, se ha planteado la urgencia de “educar” a la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos y obligaciones conforme con las normas institucionales establecidas11. Es decir, la consolidación de la democracia requiere el desarrollo de una cultura política democrática por parte de los actores políticos y sociales. Como se sabe, en nuestro país, desde 1985 se han aplicado ajustes estructurales y reformas político institucionales con el fin de crear condiciones adecuadas para la sostenibiliad de la democracia y el logro de la estabilidad política. De manera que las reformas de la llamada primera y segunda generación han aportado significativamente a la construcción de un orden político más estable y participativo. La implantación de modelo económico de corte neoliberal en octubre 1985 permitió detener la hiperinflación que había azotado al país, con lo cual se inicia una nueva etapa de relación entre estado y sociedad, ya que se pasó de una economía centrada en el estado a una tendiente hacia la privatización de las empresas públicas. Esto a su vez ha posibilitado crear una cierta confianza en la estabilidad económica por parte de la población. No obstante, las reformas que tuvieron mayor impacto sobre el sistema político y la sociedad civil fueron aquellas que se implantaron en los años noventa, marcando el inicio de la expansión de los espacios de participación política. Sin embargo, dichas reformas estuvieron influidas por los reclamos y la acción de los diferentes sectores sociales que han demandado a los gobiernos un tratamiento más justo a las demandas de los sectores sociales más empobrecidos, dándose un proceso sostenido de democratización e institucionalización. Empero, detrás de los cambios político institucionales como la reforma de la Constitución Política del Estado, la aplicación de la participación popular, la reforma del sistema electoral, la elección de diputados uninominales, la implantación de la cuota de la participación de la mujer en las listas de candidatos en 30%, entre otros, estuvo presente la valoración sociopolítica de la negociación y concertación de las decisiones políticas, haciendo que el establecimiento de los pactos se torne en un habito entre los actores políticos12. Así la insostenibilidad política del gobierno de Siles Zuazo, como efecto de la hiperinflación, la 11

Tanto desde el gobierno como desde las ONG’s se ha empezado a ejecutar programas orientado a la “educación ciudadana”, con el objetivo de fortalecer los espacios de debate político y las capacidades deliberativas en la sociedad civil. 12 Las negociaciones y la concertación política ha sido muy importante para el mantenimiento de la democracia y la implantación de las distintas reformas de modernización del estado y transformación de las instituciones políticas, lo cual se ha reconocido como la conformación de pactos democráticos, aunque siempre con rasgos de radicalismo enraizado en las organizaciones corporativas, mineros, fabriles, campesinos, gremiales y estudiantes. Sobre la conformación escabrosa de los pactos políticos dentro del contexto democrático puede verse a René Mayor (comp.), Democracia a la deriva: dilemas de la participación y concertación social en Bolivia, CLACSO – CERES, La Paz.

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fragmentación y la proliferación de las protestas sociales, fue enfrentada mediante un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, determinando el acortamiento de la gestión gubernamental de Hernán Siles. Luego después de las elecciones generales de 1985 se instituye la concertación política del “pacto por la democracia”13 entre el MNR de Paz Estenssoro y ADN de Hugo Bánzer, lo cual sirvió como sustento político para la implantación del ajuste estructural mediante el decreto supremo 21060 que significó la implantación de un nuevo modelo económico de corte neoliberal. Esto representó un reordenamiento de las relaciones entre la sociedad y el estado. Es decir, la aplicación de las reformas de la primera generación gozaron de un cierto respaldo por parte de la sociedad civil, sobre todo del sector campesino y las clases populares urbanas; pero al mismo tiempo los mineros se movilizaron en contra de la nueva política económica que se implantaba en un momento de colapso de los precios de estaño14, lo que provocó la denominada “marcha por la vida” que partió de Oruro a La Paz, como otra de las medidas radicales ante el despido de más 23 mil trabajadores mineros. La marcha que representaba un inminente enfrentamiento violento entre los mineros y las fuerzas del orden, fue detenida en Calamarca, donde se firmó un acuerdo para que los mineros vuelvan a sus distritos, con lo cual el gobierno continuó el proceso, lo cual significó para los mineros su derrota histórica. Posteriormente, el establecimiento de acuerdos políticos ha sido regular en la conformación de diferentes gobiernos, entre estos el de Jaime Paz Zamora (1989-1993), la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); la “megacoalición” que se conformó en torno a Bánzer (1997-2002) y el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002), obligado a la dimisión del mandato por la presión social que se desató desde la ciudad de El Alto. La conformación de coaliciones políticas ha sido fundamental para lograr la gobernabilidad y la implantación de políticas públicas con el apoyo del parlamento, aunque esto se ha criticado como una simple distribución de espacios de poder (el cuoteo político) y formación del “rodillo parlamentario” para la imposición de leyes. Pero de cualquier modo, los pactos políticos han sido importantes para la ejecución de las reformas político institucionales y la gobernabilidad política. La relación entre los partidos políticos se ha tornado más de adversarios que de enemigos, porque después de las contiendas electorales los líderes políticos han tratado en lo posible establecer acuerdos para conformar un gobierno fuerte. A lo largo de los 22 años de democracia, los políticos han aprendido que la negociación y los pactos son más fructíferos que el enfrentamiento intransigente. Aunque en los últimos dos años se estima que los cambios logrados en el proceso de la institucionalización y la virtud de los pactos políticos estarían en riesgo: “Los avances políticos, económicos e institucionales logrados por Bolivia desde la transición democrática y a través de audaces e innovadoras reformas, están en riesgo de perderse. Con la perspectiva nublada por la recesión económica y unas expectativas que se relacionan más con la cultura del consumo que con las realidades del trabajo, a la población boliviana le resulta casi imposible reconocer los avances que ha logrado en estos años”. (Laserna, 2004: 9).

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El “pacto por la democracia”, marcó una nueva forma de conformación de acuerdos políticos, dejando atrás las posiciones intransigentes que habían bloqueado la viabilidad político administrativa durante el gobierno de Siles Zuazo. 14 Entre 1985 y 1986, el precio del estaño había caído de 5.5 a 2.5 dólares por libra fina, lo cual hacía insostenible el funcionamiento de la minería estatal.

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Asimismo, en el ámbito de la sociedad civil, los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales han aprendido en cierta medida a actuar dentro del contexto democrático, además de que habían luchado para conseguirlo, pues han empezado a valorar la participación ciudadana y sus efectos sobre la estructura política. Los ciudadanos saben que su participación es tomada en cuenta por el gobierno, porque después de las marchas, bloqueos de caminos, huelgas de hambre y demás acciones de protesta, las cosas no siempre quedan como estaban, pues se establecen acuerdos y convenios que afectan en la determinación de políticas y la elaboración de las leyes. Se puede sostener que las movilizaciones sociales conllevan signos de mayor democratización, en la medida que ocasionan el reajuste continuo de las normas constitucionales y el mejoramiento de las políticas públicas. Es decir, las reformas políticas y la transformación de las normas constitucionales no sólo respondieron a la iniciativa y la buena voluntad de los actores políticos sino también al empuje de las fuerzas sociales que ha buscado constantemente una mayor democratización de los espacios de poder político; lo cual, en una sociedad de actores pasivos sería muy diferente, pues una sociedad civil sumisa a las determinaciones de elites sociales crea condiciones favorables para la instalación de tiranías y gobiernos autoritarios. Pero esto no significa que todas las acciones sociales de protesta sean constructivas y democratizadoras, dado que existen posiciones casi autoritarias que asumen ciertos dirigentes de las organizaciones sociales en oposición a la aplicación de determinadas leyes del estado, e incluso frente a otras organizaciones sociales, enfatizando en los derechos de la ciudadanía antes que en los deberes. La construcción de una cultura política democrática no siempre ha encontrado un ambiente sociopolítico muy favorable, porque a pesar que los actores han aceptado la democracia como una opción preferible, no han faltado los comportamientos y acciones intolerantes que en ocasiones han desembocado en enfrentamientos violentos. En consecuencia, hay una necesidad de promover y fortalecer los valores democráticos de convivencia en una sociedad visiblemente fragmentada; porque se estima que: “Uno de los medios probados, por la experiencia histórica para evitar…[que la democracia se desplome], es fortalecer la cultura democrática. La cultura democrática refuerza a la democracia porque la hace deseable por sí misma en virtud de los principios o valores que la definen, independientemente del rendimiento del gobierno, sobre el cual la población se pronuncia sin apelación el día de las elecciones.” (Lazarte, 2000: 9). 4. LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRATICA ENTRE AVANCES Y BLOQUEOS Como se ha dicho, tanto los actores políticos como sociales han abrazado las banderas de la democracia como una opción de orden político más adecuado. De cualquier modo se ha configurado ciertas pautas de práctica democrática que se podrían considerar como sustratos de la construcción de una cultura política democrática. Pero también se han manifestado con frecuencia comportamientos y acciones reñidas con las normas institucionales tanto en la dimensión política como en la social. El esfuerzo por mantener relaciones de entendimiento democrático entre los políticos, las organizaciones sociales, el estado y la sociedad civil se ha venido desarrollando entre avances y bloqueos. En el ámbito estatal, el establecimiento de los acuerdos políticos entre partidos ha permitido desarrollar y fortalecer las virtudes de negociación y flexibilización de posiciones 15

intransigentes y autoritarias que predominaban al principio de la instalación del orden democrático. Esto ha sido muy favorable para la gobernabilidad del sistema político y la aplicación de las reformas político institucionales15, que posibilitaron avanzar en el proceso de democratización y consolidación de la misma. Aunque en los últimos dos años, el valor de los acuerdos políticos ha perdido importancia como efecto de la desconfianza notable que se manifiesta en la sociedad civil respeto a los partidos políticos y sus formas de actuar, como las negociaciones de reparto de los espacios del poder, o incluso en el nombramiento de autoridades que requieren el voto congresal, por ejemplo el nombramiento vocales de la Corte Nacional Electoral, el Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor de la República, que requieren dos tercios del voto congresal. Ante estas “negociaciones” más o menos oscuras entre los políticos de los partidos con mayor representación parlamentaria, la población ha terminado creyendo que lo único que interesa a los políticos es aprovechar los espacios de poder en beneficio partidario y personal. A tal punto que los partidos tienen un apoyo menor respecto a los demás organismos como la iglesia, los medios de comunicación, Fuerzas Armadas o las alcaldías municipales16. Es más, el 69% de la población consultada indica que la desaparición de los partidos políticos no sería grave para la continuidad de la democracia. El desplome del grado de aprecio a los partidos es preocupante en relación a lo que tenían en 1990, cuando el 63% de la gente se pronunciaba que los partidos eran imprescindibles para la democracia17. La población tiende a desvalorizar cada vez más el rol de los partidos políticos dentro del contexto democrático, sobre todo de aquellos llamados tradicionales como el MNR, ADN y MIR, que han estado en el gobierno dentro del período de estabilización política o consolidación de la democracia, a pesar de que cada gobierno aportó con lo “suyo” al proceso de la modernización del sistema político y la expansión de los espacios de participación ciudadana. Con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (MNR) se estableció el primer acuerdo político dentro del la fase democrática, con el llamado “pacto por la democracia” y se 15

Desde principios de los años noventa, en el país se han producido reformas político institucionales de gran dimensión, pero las más impactantes fueron la modificación de la Constitución Política de Estado (en dos oportunidades, 1994 y 2004); la Participación Popular (1994); la Descentralización Administrativa (1995); elección de diputados uninominales (reforma a la Ley Electoral, aplicación de Art. 60 de la CPE, 1996); participación de las mujeres en elecciones nacionales y municipales con un cuota no menos al 30% (Art. 19 de la Ley de Partidos Políticos, 1999, Art. 112 del Código Electoral, 1999); Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (2004); Ley de Municipalidades (1999); participación de la sociedad civil en el diseño de políticas destinadas a la reducción de la pobreza (Ley de Diálogo Nacional, 2001); entre otros cambios. 16 Los resultados de la Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, muestran que los partidos políticos tienen, sobre una puntuación de 7 como máximo, apenas una de 2.6, es la institución en la que la gente menos confía en relación a las otras como los medios de comunicación (5.6), iglesia católica (5.3), juntas vecinales (4.6) o las Fuerzas Armadas con 4.2; casi lo mismo ocurre con el grado de representatividad, donde los partidos ocupan el último escalón. Véase a Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, CNE, La Paz, 1999. La indicación de “datos” que se hace más adelante en el texto, se sustenta en los resultados de la encuesta indicada. Señalar también que, existen dos trabajos referidos a la cultura política basados en estos resultados de la encuesta: Jorge Lazarte, Entre dos mundos: la cultura política y democrática en Bolivia, Plural, La Paz. 2000; Roberto Laserna, La democracia en el ch enko, Fundación Milenio – CERES, La Paz, 2004. 17 La encuesta sobre la cultura política en Bolivia, realizadas por Encuestas y Estudios (1990), por encargo del Congreso Nacional, fue interpretada por Jorge Lazarte, quien publicó en forma libro los resultados de la misma en Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia (partidos, problemas de representación y reforma política), ILDIS – Los Aminos del Libro, 1993.

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consiguió estabilizar la hiperinflación y el cambio del modelo económico hacia una economía de mercado, con lo cual se ha emprendido el camino de las reformas estructurales y políticas orientadas hacia el mantenimiento de la estabilidad económica y la gobernabilidad del sistema; se puede decir que el país se salvó de una inminente catástrofe social, económica y política, no era un simple discurso cuando Paz Estenssoro dijo, en 1985, de que “Bolivia se nos moría”. En tanto que durante la presidencia de Jaime paz (MIR), si algo importante se logró es la promulgación de la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del Estado, que ha permitido modernizar el aparato estatal y las relaciones entre el estado y la sociedad civil. Asimismo, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), se aplicó entre otras políticas que impactaron directamente sobre la sociedad civil, la ley 1551 de Participación Popular que ocasionó la municipalización del territorio nacional y la consiguiente conformación de los gobiernos locales; la Ley de Descentralización Administrativa que permitió la conformación de los consejos departamentales; y obviamente la promulgación de la Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado que posibilitó por ejemplo, entre otras cosas, la elección de diputados uninominales así como el reconocimiento estatal de la cualidad diversa de la sociedad civil como multiétnica y pluricultural, que también será fundamental para la ampliación de los espacios de participación ciudadana. Igualmente, en el mandato de Hugo Bánzer – Jorge Quiroga (ADN) se aprobó nuevamente la Ley de Necesidad de la Reforma de la Constitución Política del Estado y, lo más significativo para los sectores sociales empobrecidos del país, la Ley del Diálogo Nacional 2000, que ha dado apertura a la participación de las distintas organizaciones sociales en el diseño de las políticas de lucha contra la pobreza, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos de alivio a la pobreza (HIPC, por su sigla en inglés) entre los municipios según el índice de pobreza. Y por último, en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (MNR), reemplazado por el actual presidente Carlos Mesa, se promulgó la Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado, dando lugar a su vez a la publicación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, lo cual permitió una participación más directa de la ciudadanía en la disputa por los espacios de poder municipal. Como se ve, cada gestión gubernamental ha contribuido al mejoramiento del sistema político democrático, la participación ciudadana y –aunque escasamente- la situación económica y social del país. Así, en 22 años de vigencia de la democracia política representativa, el país ha avanzado bastante en términos de configuración de una convivencia humana de tolerancia, respeto y concertación en la solución de los conflictos. Y esto es más reconocible y meritorio, tratándose de una sociedad heterogénea o abigarrada como llamaba René Zavaleta, así como azotada por la exclusión interétnica, la marginación y la pobreza; el estoicismo sociopolítico de los bolivianos fue probado en el recorrido del camino escabroso de la construcción democrática; pues, no sólo se ha mantenido la elección mediante el voto popular de las autoridades gubernamentales, sino que se han ensanchado los canales institucionales de participación política, donde los ciudadanos tienen mayores posibilidades de influir sobre la adopción de decisiones políticas. Los más excluidos de los círculos de poder político durante decenios, ahora pueden acceder a cargos políticos de importancia en los gobiernos locales, por ejemplo los sectores sociales llamados indígenas. Además, las diferentes coaliciones gubernamentales que se formaron a lo largo del tiempo democrático, incorporaron en la administración estatal a los partidos de “izquierda” y hasta aquellos de tendencia populista y katarista, partidos que también tuvieron su aporte en la 17

producción de las reformas político institucionales y el fortalecimiento de la ciudadanía. Esto fue más significativo durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), donde formaron parte de la coalición gobernante el Movimiento Bolivia Libre (MBL) -partido de izquierda-, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) –partido de tendencia katarista con proyección de integración al sistema- y a la Unidad Cívica Solidaridad de inclinación populista. Y precisamente, es en esta gestión gubernamental que se aplica una e las políticas de mayores efectos de inclusión de aquellos sectores socio-territoriales marginados como las provincias, con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP); además, por primera vez en la historia republicana llega al palacio de gobierno un vicepresidente de origen aymara, marcando tal vez el avance significativo del proceso de democratización de los espacios del poder estatal y el acercamiento entre dos sectores sociales tradicionalmente enfrentados: entre los excluidos y los integrados, o como otros dirían entre “indios” y “q’aras”18. Asimismo, la llamada “megacoalición” que se conformó en el gobierno de Bánzer – Quiroga, también incluyó a partidos populistas con bastante apoyo electoral como CONDEPA19 y UCS, y una agrupación política de orientación katarista como el Movimiento Katarista Nacional (MKN) de Fernando Untoja. Además, la aprobación de la necesidad de las dos reformas a la Constitución Política del Estado (1993 y 2002) estuvo respaldada por el acuerdo de los “jefes” de los partidos con representación parlamentaria. Se puede decir que las reformas institucionales que han marcado una profunda transformación de las relaciones entre el estado y la sociedad civil en términos de acercamiento y mayor interacción sociopolítica, son producto de esa disposición y voluntad política que han mostrado los líderes de los partidos para establecer los pactos de gobernabilidad y la implantación de las reformas institucionales. La democracia pactada, desde 1985 hasta la actualidad ha permitido al país avanzar en la construcción de una democracia más participativa e incluyente, a favor sobre todo de los sectores sociales más desfavorecidos por el sistema. A pesar que algún partido político como el MNR ha tendido casi siempre a mantener al movimiento social subordinado al gobierno, la mayor parte de los políticos han impulsado en cierta medida una cultura política democrática de negociación más flexible y de respeto al adversario. Sin embargo, no todas las acciones gubernamentales fueron tan democráticas a lo largo de estos 22 años, pues algunas políticas fueron impuestas con violencia, como los “estados de sitio”20 y las represiones policiales y militares de las movilizaciones sociales de protesta que

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Una interesante reflexión sobre las movilizaciones sociales de abril y septiembre de 2000, como una manifestación étnica de “indios” en busca de integración a través de la acción conflictiva y sus efectos sobre la democracia, en términos de mayor democratización, puede verse en Diego Ayo, Indios violentos : discursos, percepciones y miedos de las movilizaciones de abril y septiembre de 2000, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, La Paz, 2001. 19 Conciencia de Patria (CONDEPA), es un partido que desde su fundación –sin incluir en su sigla la noción de katarismo- adoptó varios símbolos y rituales del katarismo como la wiphala, el mito escatológico de pachakuti o la esperanza de jach’a uru, hasta hizo aparecer al extinto Carlos Palenque como la encarnación del pachakuti. Sobre el surgimiento y la trayectoria de los partidos populistas y kataristas en Bolivia, considerados como outsiders, véase a René A. Mayorga, Antipolítico y neopopulismo, CEBEM, La Paz. 20 En el gobierno de Paz Estenssoro se dictó el “estado de sitio” en dos ocasiones, el primero en 1985 para desbaratar la huelga general de la COB -que duró casi medio mes- e implantar el decreto 21060; y otro, en 1986, para controlar el descontento abrumador que se desató en los centros mineros con motivo del despido

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emergieron desde distintas ciudades y regiones del país, en particular desde el altiplano paceño, el trópico cochabambino y la ciudad de El Alto. Pero las acciones de fuerza ejercidas por los gobiernos para aplacar la convulsión social, se justificaron como argumentos legales e institucionales en términos de uso legítimo de la fuerza estatal para el resguardo del orden social. Pero las acciones de represión gubernamental y resistencia social ocasionan a veces la pérdida de vidas humanas, exacerbando de ese modo los ánimos de los movilizados; aunque finalmente se encuentran salidas negociadas, donde juegan un papel fundamental los mediadores como la iglesia o la organización de los Derechos Humanos. Dicho en otras palabras, al final del túnel de los conflictos sociales protagonizados por los cocaleros del Chapare, los campesinos de Achacachi y los vecinos de la ciudad de El Alto, se han encontrado casi siempre arreglos fundados en principios democráticos, por eso los bolivianos todavía podemos gozar de las libertades democráticas y de una convivencia más o menos pacífica entre identidades socio-territoriales y étnico-culturales diversas. Ahora bien, en el ámbito de la sociedad civil, a primera vista se percibe que las movilizaciones sociales están fuertemente marcadas por signos de violencia política como bloqueos de caminos, marchas callejeras, incendio de edificios gubernamentales o destrucción de bienes públicos. Pero la mayor parte de las acciones de protesta se orientan fundamentalmente hacia la apertura de mayor participación en la determinación de políticas de gobierno, entendiendo que sus demandas no son atendidas por los gobiernos en turno, lo cual se considera como consecuencia de menor influencia sobre las instancias de decisión política por parte de los sectores sociales marginados. En este sentido, las movilizaciones sociales son principalmente la expresión de la potencialidad de participación política que existe en aquellos sectores sociales tradicionalmente desfavorecidos por el sistema, y no son simplemente acciones reñidas con las normas institucionales. El impulso ciudadano para influir sobre la determinación de políticas de gobierno y, en particular, sobre aquellas orientadas hacia los estamentos sociales empobrecidos, ha llevado a las organizaciones sociales a optar por los medios que regularmente tienen más efectos, como las movilizaciones de protesta, porque las demandas hechas por canales institucionales por lo general no son tomadas en cuenta por las autoridades gubernamentales, sobre todo en el nivel nacional. Entonces, la falta de espacios de deliberación de iniciativas y reclamos de los sectores sociales empobrecidos ha obligado a éstos a seguir con lo que mejor saben hacer: la acción directa. No obstante, en el nivel municipal van surgiendo signos de deliberación de conflictos, donde las autoridades municipales y las organizaciones sociales resuelven los problemas internos por medios pacíficos, como el diálogo, pero el diálogo no como un instrumento para dirimir sólo los enfrentamientos ya enfrascados en violencia política sangrienta –como se acostumbra hacer en el nivel nacional- sino para imaginar, proponer y discutir las diversas opciones de desarrollo local. Es decir, el diálogo para planear la resolución de los problemas locales y para programar una política municipal consensuada, y no solamente como un último recurso para evitar la catástrofe política que anuncia la radicalización de los conflictos sociopolíticos. Sin embargo, en el nivel municipal, a pesar de estos visos de diálogo, los conflictos también han estado a la orden del día, que en ocasiones han terminado con el azote de alcaldes, destrucción de bienes municipales, cierre de alcaldías y hasta con actos siniestros de incineración de la primera autoridad local, como lo ocurrido en el municipio de Ayo Ayo (2004). de 23 mil trabajadores mineros bajo la consigna de “relocalización”, lo cual produjo la Marcha por la Vida que partió de Oruro a La Paz para exigir el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

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El reconocimiento del pacto como un valor sociopolítico para encauzar los desacuerdos, ha estado sin embargo acompañado por la persistencia de actitudes y comportamientos paternalistas y autoritarios que se expresan tanto en la esfera política como en la dimensión de la sociedad civil. Así, conforme con el estudio de Laserna (2204), entre 1970 – abril de 2004, en Bolivia se han producido 9831 manifestaciones conflictivas, ascendiendo en momentos de mayor incertidumbre política, como en los gobiernos de Juan José Tórrez, Luis García Meza, Hernán Siles Zuazo y el segundo gobierno de Sánchez de Lozada; y los sectores sociales que protagonizaron más acciones de protesta son los obreros, sectores populares urbanos, cocaleros y campesinos. Además, este estudio muestra que las acciones de protesta planificada y activa han ganado más espacio, como son los bloqueos de caminos o las marchas, en relación a las medidas pacíficas como las huelgas y los paros. Pues, desde la perspectiva de los activistas, protesta que no es movilizada no es protesta, de modo que la movilización que termina paralizando la ciudad es tomada como el mejor ejemplo para las futuras acciones. La movilización de los diferentes sectores sociales siempre ha estado presente en la historia política de Bolivia, afectando sobre el proceso político nacional y hasta originando cambios de gobierno21, pero la mayor parte de las acciones se orientaron fundamentalmente hacia una mayor apertura de espacios de participación política. En esta perspectiva, las acciones de protesta pueden considerarse como elementos centrales del proceso de “liberación”22, en términos de debilitamiento de alzos de sujeción y ampliación de espacios de participación política, tanto en el nivel nacional como en el local. Dentro del período democrático, las “exigencias” ciudadanas por una mayor participación en los espacios de decisión política han aportado significativamente a la construcción de una democracia más tolerante e inclusiva en los diferentes niveles del estado y la sociedad. En la esfera política, las movilizaciones sociales lograron flexibilizar y abrir los círculos de poder fuertemente cerrados, lo cual se expresa por ejemplo en la presencia de los excluidos o los llamados indígenas en el parlamento y muy esporádicamente en el poder ejecutivo23. Además los gobiernos han tomado en cuenta las diferentes demandas sociales en la aplicación de las políticas para evitar la sanción social, expresada en el “voto castigo” o en la explosión de las movilizaciones sociales de protesta. De la misma forma, en el ámbito de la sociedad civil, los caudillos de las organizaciones sociales campesinas o vecinales van cediendo sus espacios de poder a los nuevos líderes que surgen cuestionando a los viejos dirigentes, creando una suerte de competencia por el liderazgo dentro de las organizaciones. Es más, la convocatoria para las movilizaciones sociales pierde fuerza cuando los campesinos o vecinos ven que los dirigentes 21

Un análisis sociológico de las movilizaciones sociales y sus efectos sobre la política boliviana, puede verse en Jean-Pierre Lavaud, El embrollos boliviano: turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982, IFEA – CESU – Hisbol, La Paz, 1988. 22 Las manifestaciones sociales de protesta entendidas como un proceso de liberación y estrechamiento de los espacios de dominación en desmedro del control y monopolio de las instancias de poder político que mantienen los sectores dominantes de la sociedad; y un desarrollo de las capacidades organizativas así como el fortalecimiento de la rearticulación social, se puede ver en el interesante ensayo de Luis Tapia, “Crisis y lucha de clases”, en Álvaro García y otros, Memorias de octubre, Muela del Diablo, La Paz, 2004. 23 Los llamados indígenas han tenido una escasa participación en el gobierno central, además esto ha sido posible solamente dentro del contexto democrático, donde los excluidos accedieron a ciertos cargos de gobierno como la vicepresidencia (Víctor Hugo Cárdenas) o la prefectura (Mateo Laura), por citar algunos ejemplos.

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lo hacen sólo para mantenerse en la dirección de la organización social; por ejemplo, los últimos llamados del Mallku (Felipe Quispe) o del dirigente vecinal Roberto de la Cruz (ahora concejal del municipio de El Alto) ya no tienen la misma respuesta que antes por parte de los campesinos y vecinos respectivamente. La ciudadanía se moviliza cuando considera que la lucha es por una causa “justa”. Dentro del tiempo democrático, se han dado ejemplos notables de movilizaciones sociales de inclusión sociopolítica y apertura de más espacios de participación ciudadana, ocasionando un cierto viraje en la lógica política y el comportamiento de los “jefes” políticos. En septiembre de 1991, por primera vez en la historia de Bolivia, los pueblos originarios de las tierras bajas efectuaron una marcha desde Trinidad hacia la sede de gobierno, la llamada “marcha por la dignidad y el territorio”, reclamando al estado y la sociedad en su conjunto el reconocimiento y la inclusión de las distintas etnias del oriente boliviano24, lo cual indujo a los gobernantes a considerar seriamente la problemática de la diversidad étnica y cultural. El impacto de la movilización étnica fue tan fuerte como para modificar el Art. 1 de la Constitución Política del Estado25 y crear un nuevo ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada. Obviamente que para la reforma de la constitución fueron también importantes las demandas de las poblaciones del occidente boliviano por el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades originarias y la inclusión en la vida política, lo cual es de larga data. El debate político y académico acerca de la cuestión “indígena”, ha dado lugar a la creación de nuevos espacios de participación política para las poblaciones originarias, a esto se debe por ejemplo la aplicación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que permitió a los “indígenas” participar de manera más directa en la pugna por los espacios del poder municipal al margen de la intermediación partidaria. Casi lo mismo se puede decir de la movilización social protagonizada por los vecinos y vecinas de la ciudad de El Alto durante las jornadas luctuosas de octubre de 2003, reclamando un acceso más democrático a los excedentes de la explotación de los hidrocarburos y obligando a Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia. Esto permitió el establecimiento de llamada “agenda de octubre” que implica la realización del referendo sobre la venta del gas 24

Como efecto de la movilización realizada por las distintas etnias del oriente boliviano (mojeños, chimanes, ibiatos, yucarés, etc.), el gobierno de Paz Zamora tuvo que reconocer los territorios originarios de estas poblaciones para su administración y control, así como el derecho de propiedad. Además la “macha por la dignidad y el territorio” sensibilizó a los gobernantes y a la ciudadanía en general de que existen otras identidades étnico-culturales con los mismos derechos que los demás bolivianos, lo cual permitió a los llamados indígenas del oriente a constituirse en actores dentro del proceso político nacional, a tal punto que el líder (Marcial Fabricano) de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviana (CIDOB) se postuló a la vicepresidencia de la república por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), para la elecciones generales de 1997. 25 Como consecuencia de la discusión sobre los derechos de los llamados pueblos indígenas, una de las modificaciones hechas a la Constitución Política del Estado fue precisamente en su artículo primero que ahora dice: “I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos. II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y la Justicia.”, a diferencia del texto anterior promulgada en 1967: “Bolivia, libre independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa”.

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–que ya fue efectuada en junio de 2004- y la asamblea constituyente prevista para el presente año. La “agenda de octubre”, entre otras cosas, provocó la articulación de las fuerzas sociales y/o cívicas del oriente boliviano en torno al Comité Cívico Pro Santa Cruz, que desde junio de 1994, planteó una agenda distinta a la que llevaron adelante los alteños y el presidente Carlos Mesa; lo cual tuvo su mayor trascendencia cuando en enero del presente año el presidente del Comité Cívico, ante una concentración multitudinaria, anunció el establecimiento de un “gobierno provisorio autónomo” a través de un cabildo abierto, aunque después lo anunciado no llegó a concretarse. Sin embargo, el cabildo abierto de los cruceños motivó el lanzamiento del decreto de la elección popular de prefectos y la posible realización del referendo sobre las autonomías, ambos eventos políticos previstos para esta gestión. Para el gobierno se presentó una nueva demanda de la sociedad civil, la llamada “agenda de enero”, que consiste justamente en el pedido de elección de prefectos y el referendo sobre las autonomías. No obstante, mediante un acuerdo entre el gobierno de Carlos Mesa y el congreso nacional, en torno a la actual situación política que vive el país, se decidió integrar las “agendas” de octubre y enero en una nueva denominada “agenda de Bolivia”26 que supone la elección de prefectos, el referendo sobre las autonomías y la concreción de la asamblea constituyente. Como se ve, dentro del contexto democrático, el despliegue de la acción ciudadana a través de movilizaciones sociales ha influido significativamente sobre proceso político, posibilitando una mayor democratización de los espacios del poder político y un ajuste de las políticas gubernamentales. En consecuencia, las manifestaciones sociales de “acción directa” no son en esencia antidemocráticas sino expresiones –en la mayor parte de los casos- de inquietud democrática ciudadana, además dichas manifestaciones pueden efectuarse en defensa del gobierno constitucional, como ocurrió con las marchas de apoyo al gobierno de Carlos Mesa27, ante el anuncio del Comité Cívico Pro Santa Cruz de conformar un “gobierno provisorio autónomo”. Y ante ese repudio casi generalizado respecto a los intentos de resquebrajamiento de la unidad nacional y de la misma democracia, los mismos participantes del cabildo abierto cruceño terminaron con loas a la integridad nacional y el proceso democrático. Se puede aseverar que los bolivianos mal que bien hemos desarrollado a lo largo de los últimos 22 años una capacidad y voluntad sociopolítica encomiable para construir y defender los principios y valores de convivencia democrática, lo cual significa que se va gestando – aunque con bastantes tropiezos- tanto desde la esfera política como desde el ámbito de la sociedad civil una cultura política democrática de tolerancia, respeto, deliberación, 26

El 21 de enero del presente año, se reunieron el primer mandatario Carlos Mesa y los presidentes de la cámara alta y baja del parlamento, donde se convino impulsar una sola agenda para superar la situación conflictiva del país; al respecto el presidente Mesa afirmó lo siguiente: “Para el Presidente de la República no existe agenda de octubre ni agenda de junio ni agenda de enero. Para mí, y creo que para el país, hay una agenda de Bolivia y esa agenda de Bolivia incluye autonomías, elección de prefectos y Asamblea Constituyente”. (La Razón, 2202-2005). 27 Las manifestaciones de protesta (marchas y pronunciamientos) contra las planes separatistas de algunos dirigentes cívicos de Santa Cruz y de apoyo a la preservación de la unidad nacional y el proceso democrático –que tanto sacrificio costó a los bolivianos construir el mismo-, se llevaron a cabo en diferentes ciudades y poblaciones del país, pues desde las juntas vecinales hasta los alcaldes de los municipios, pasando por los gremiales, transportistas, artesanos, campesinos y hasta los mismos pueblos originarios del oriente, manifestaron su repudio a las pretensiones divisionistas de la integridad nacional. Véase el matutino La Razón (27-01-2005).

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responsabilidad y compromiso con el destino del país. Aunque obviamente persisten actitudes y acciones paternalistas y autoritarias practicadas durante décadas, que se manifiestan conjuntamente con los reclamos legítimos de los ciudadanos que lo único que quieren es contar con más espacios y oportunidades de expresión de sus inquietudes y consecución de sus “proyectos” en busca de un mejoramiento de las condiciones de vida dentro de un ambiente pacífico y democrático. Por eso es que la mayor parte de la población rechaza las marchas callejeras que se hacen por cuestiones de menor importancia para la sociedad. Aunque la disponibilidad de involucrarse en las acciones de protesta sigue latente, y que puede manifestarse en cualquier momento, pero más en pro de mayor equidad y justicia social y no en contra de la democracia. Sólo así se explica el hecho de que más de dos terceras partes de los bolivianos sigamos apoyando a la democracia como un sistema de gobierno preferible a cualquier otro. La democracia ha cambiado sustancialmente el margen de libertad de expresión de las inquietudes ciudadanas, pues desde el confinamiento de los dirigentes de las organizaciones vivas de la sociedad civil se ha pasado en el último tiempo a la participación casi directa de los excluidos de los círculos de poder, en la disputa democrática por los espacios del poder municipal. Parece previsible que en un futuro próximo, las organizaciones ciudadanas y los llamados pueblos indígenas estarán pugnando de manera más directa por las prefecturas y la misma presidencia de la república en un ambiente sociopolítico de respeto de las normas institucionales. Esta apertura de espacios de expresión ciudadana y de control social sobre las instancias de decisión política, parece además extenderse hacia el terreno de la explotación de los recursos naturales como el gas, donde los llamadas indígenas del oriente boliviano tendrán intervención sobre las empresas transnacionales que explotan los energéticos, conforme con la futura ley de hidrocarburos28. 5. LA CULTURA POLITICA DE CONFLICTOS Y CONSENSOS Las prácticas sociopolíticas de construcción democrática se caracterizan fundamentalmente por la resolución de los problemas y conflictos de intereses sin recurrir a métodos violentos sino por medio de la deliberación y el establecimiento de acuerdos entre el estado y la sociedad civil, entre los políticos y entre los ciudadanos, donde debe primar la tolerancia y el respeto sobre el enfrentamiento y la exclusión. Pero para seguir construyendo una democrática más equitativa e incluyente es necesario sustituir las prácticas políticas del pasado (paternalismo, autoritarismo, corrupción) por nuevos valores de implicancia democrática como la responsabilidad ciudadana con los asuntos públicos, el arreglo deliberativo de los conflictos, la ética patriótica en el manejo de recursos públicos, el compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida y la solidaridad con los 28

La nueva Ley de Hidrocarburos que está en proceso de ajuste y aprobación en el parlamento, contempla entre los artículos aprobados, la consulta vinculante (Art. 115), que establece que cualquier actividad hidrocarburífera tendrá que ser consultada a las comunidades “indígenas” y originarias donde se pretenda explotar, y la respuesta será de cumplimiento obligatorio, además esa consulta debe ser hecha previamente y de modo obligatorio. Es decir, el carácter vinculante significa que si el “pueblo indígena” rechaza la propuesta de alguna actividad hidrocarburífera, las empresas empresas, incluida YPFB, no podrán ejecutar la propuesta. (La Razón 25-02-2005).

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sectores sociales empobrecidos. Es decir, cambiar los códigos de confrontación violenta por pautas de tolerancia y respeto mutuo entre los ciudadanos que promueven diversos proyectos de sociedad y estado. Se trata de una edificación de una auténtica cultura política democrática que inspire y fortalezca una convivencia pacífica entre los diferentes sectores sociales y entre las distintas identidades étnico-culturales. Ahora bien, en términos discursivos, tanto los actores políticos y sociales comparten más o menos determinados principios y valores que implica la democracia, pues tanto los políticos como los dirigentes de las organizaciones sociales consideran sin vacilación de que es importante preservar la democracia, pocos son los que se atreven a execrar a la democracia haciendo reminiscencias del pasado autoritario. Así, entre los bolivianos que optarían en determinadas circunstancias por un gobierno no democrático, alcanza apenas al 12%, y los que asumen una actitud de indiferencia respecto a la democracia al 15%, frente al 71% que considera a la democracia como la mejor opción de gobierno; tal como se observa en el gráfico 1. GRÁFICO 1 PREFERENCIA POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO

12%

2%

Preferencia por la democracia

15%

Indiferencia respecto a la democracia 71%

Preferencia por un gobierno autoritario ns/nr

Fuente: Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, 1999.

Sin embargo, a pesar del apoyo ciudadano preponderante a la democracia, la gente manifiesta que no está satisfecho con los resultados o el rendimiento de la democracia, dado que el 52% de la población indica no estar satisfecho; tal como se observa en el gráfico 2. GRÁFICO 2

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SATISFACCION CON LA DEMOCRACIA

3%

45%

Satisfecho No satisfecho

52%

ns/nr

Fuente: Corte Nacional Electoral, Encuesta sobre Democracia y Valores Democráticos, 1999.

Es más, el apoyo ciudadano a la democracia ha bajado para 2002, donde una encuesta muestra que ante una situación de desorden político y social, la gente optaría por un gobierno autoritario, inclinación que ha pasado de 12% en 1999 al 20% en 200229; lo cual es preocupante si es que esto sigue incrementando. Pero en cualquier caso, se percibe que la mayoría de los bolivianos sigue apostando a la democracia para superar los diversos problemas que los afectan, aunque persisten las manifestaciones de enfrentamiento y violencia política en la exigencia de la atención de las demandas sociales y la resolución de conflictos. Asimismo, en el gráfico 3 se muestra que la preferencia por la democracia es mucho más alta en cuanto se quiere una mayor participación en el gobierno, a diferencia de los que optan por un gobierno de mano dura, pues un 77% de la gente prefiere una democracia participativa, en contraste con el 59% que escoge un gobierno de mano dura, pero en democracia. Existe una tendencia por mantener la democracia pero con mayor ejercicio de autoridad en la solución de los conflictos y el orden social. GRÁFICO 3

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Defensor del Pueblo, Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2002.

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PREFERENCIA POR LA DEMOCRACIA Y PREFERENCIA POR LA PARTICIPACIÓN 77

80 70 % preferencia por el tipo de régimen

59 60 50 40 30

23 18

20 12

11 10 0 Democracia

Autoritarismo Preferencia por régimen

Da lo mismo

Mano dura Participativo

Fuentes: Mitchell,Seligson, La cultura política de la democracia en Bolivia 2000, Universidad Católica Boliviana, La Paz, 2001, p. 67.

En conclusión se puede decir que los ciudadanos prefieren simultáneamente tanto un gobierno de mano dura como participativo, lo que significa que el proceso democrático se sostiene al mismo tiempo en valores sociopolíticos de carácter autoritario y democrático; además hay signos que muestran una tendencia hacia una convivencia más democrática. No obstante, es pertinente señalar que en términos sociológicos el conflicto es un aspecto consubstancial a la existencia de los seres humanos en sociedad, dado que las inquietudes, las aspiraciones, los intereses y los proyectos de vida son diversos y frecuentemente contrapuestos, lo que provoca el surgimiento de conflictos sociales en cualquier sociedad. La cuestión es la forma de resolución de los conflictos, que puede ser mediante el uso de métodos pacíficos como la negociación y el establecimiento de pactos, o por vías de enfrentamiento y acción violenta, esto depende de la capacidad social y/o institucional que las sociedades hayan desarrollado en su trayectoria histórica. En esta perspectiva, la política es una de las formas de canalización de conflictos sociales sin mucha violencia y por medios institucionales sustentados en determinados pactos sociopolíticos, así como lo sostuvo Thomas Hobbes de que el estado se constituye a través de un pacto social para asegurar la paz entre los hombres y la defensa común. Casi en este mismo sentido ha planteado Michel Foucault, considerando que la paz es una situación lograda en la esfera política por los actores en conflicto, pero esto no significa la eliminación de los conflictos de intereses, de la potencialidad del enfrentamiento y la violencia, dado que la política se entiende como una guerra continuada por otros medios: “En otras palabras, detrás de la paz se debe saber descubrir la guerra; la guerra es la clave misma de la paz. Estamos entonces

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en guerra los unos contra los otros: un frente de batalla atraviesa toda la sociedad, continua y permanentemente, poniendo a cada uno de nosotros en un campo o en otro. No existe un sujeto neutral. Somos necesariamente el adversario de alguien”. (Foucault, 1992: 59). De manera que, dentro de la sociedad, la manifestación de los conflictos, los enfrentamientos y la violencia política así como el encauzamiento de los mismos por medios no violentos como la negociación, la deliberación y el establecimiento de acuerdos sociopolíticos, son aspectos subyacentes del proceso de construcción de principios y valores democráticos y, por lo tanto, de la misma de democracia. El surgimiento de los conflictos y el establecimiento de los consensos sociopolíticos son parte integral de la transformación política y social en democracia, donde los actores políticos y sociales buscan ser protagonistas de la generación y consecución de proyectos socioeconómicos y políticos. Porque la condición democrática permite justamente la expresión de las diferentes inquietudes, aspiraciones y “proyectos que surgen tanto desde la esfera política como desde el ámbito de la sociedad civil, y como no siempre es posible la atención y la satisfacción de las distintas opciones a través de las instancias regulares de procesamiento de las demandas, se va creando una situación de tensión en la medida que los políticos y los dirigentes de las organizaciones sociales no se resignan a ser postergados en sus aspiraciones y proyecciones. Entonces, cuando los medios institucionales del estado son insuficientes o limitados para procesar las demandas de la sociedad, los sectores sociales desatendidos por el sistema optan por canalizar sus reclamos por vías informales como las marchas o bloqueos de caminos en procura de flexibilizar los marcos institucionales del estado, pero lo cual en ocasiones termina con la modificación de las normas o la aplicación de nuevas leyes, por ejemplo la reforma de la Constitución Política del Estado. En este sentido, la mayor parte de las manifestaciones no institucionales (huelgas de hambre, paros, tapiados, marchas, bloqueo de caminos y hasta amenazas de incendio de edificios gubernamentales) se orientan sobre todo hacia el ajuste de los parámetros constitucionales y no tanto hacia el debilitamiento de las bases de la democracia, por eso es que la ciudadanía asiste a las urnas con entusiasmo y esperanza en las elecciones generales y municipales. Esto significa que el proceso de la construcción de una democracia deliberativa e incluyente se va produciendo fundamentalmente a partir de dos formas de acción sociopolítica: la de enfrentamiento y la de consenso. Ambas han marcado el desenvolvimiento del proceso democrático, pues tanto las movilizaciones sociales de protesta como la participación política institucionalizada sirvieron para la modernización de estado, el perfeccionamiento de las instituciones político administrativas y la ampliación de los espacios de participación ciudadana. De manera metafórica se puede decir que el edificio de la democracia se va construyendo a partir de la contribución simultánea del esfuerzo y “acción directa” de los ciudadanos y la dirección normativa que proporciona la ingeniería institucional. La democracia boliviana se nutre tanto de los enfrentamientos como de los pactos entre los actores políticos y sociales así como entre el estado y la sociedad civil. Esta configuración de la democracia basada tanto en prácticas de protesta social como en pautas institucionales de influencia política, puede esquematizarse del siguiente modo. DIAGRAMA DE LA CULTURA POLÍTICA DE CONFLICTOS Y CONSENSOS

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VALORES, COMPORTAMIENTOS Y ACCIONES SOCIOPOLÍTICAS - Acato de las normas legales - Voto ciudadano - Negociación - Tolerancia - Respeto - Deliberación - Diálogo - Acuerdos, pactos y consensos - Interés por el bien común - Solidaridad con el conciudadano - Cambio gradual y pacífico

PROCESO SOCIOPOLITICO DEMOCRATICO

DEMOCRACIA DELIBERATIVA E INCLUYENTE

- Cuestionamiento de las normas legales - Acción directa: bloqueos, marchas, tapiados, incendio de edificios públicos, inmolaciones, etc. - Hostilidad - Intransigencia - Imposición - Enfrentamiento - Manipulación - Desacuerdos, ruptura de negociación y desavenencias - destrucción de bienes públicos - Discriminación racista del conciudadano - Posiciones extremistas de cambio y planteamientos fundamentalistas

Además, tratándose de un país como el nuestro, parece poco sostenible pensar la democracia sólo en términos de institucionalidad, tolerancia, respecto, negociación, diálogo y establecimiento de pactos, porque las prácticas autoritarias, paternalistas, patrimonialitas, prebendalistas así como de confrontación y violencia política, fueron internalizadas y solidificadas en la mentalidad colectiva de los bolivianos por decenios de años, antes de emprender el camino de la democracia (1982), asumiendo en momentos opciones extremas de revolución, guerrilla o dictadura y en otras ocasiones -muy esporádicas- intentando gestar una “democracia social” como la Asamblea Popular, instalada en mayo de 1970. Así, interpretando desde la visión teórica planteada por Almond y Verba, se puede decir que el país ha cultivado por muchísimos años una cultura política parroquial y de súbdito, de sumisión y de rebelión, en suma: de tiranía y de insurrección revolucionaria. Poco se ha promovido los valores de una cultura política participativa que caracteriza a las democracias de larga trayectoria. De manera que nuestra cultura política fue configurada más por elementos de tipo parroquial y de súbdito que de componentes participativos; lo cual se desarrolló a lo largo del período que precede a la etapa de democratización que empieza en 1982. En relación a esta trayectoria de enfrentamiento y violencia política entre imposición señorial y la rebeldía de los sectores sociales oprimidos, René Zavaleta sostuvo que: “En la construcción de la política en esta sociedad ¿cuál es el significado de lo que se llama un golpe de estado? Es, hay que decirlo, una suerte de costumbre colectiva o, más

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bien, es la manera que adoptan el cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia. Primera consecuencia, no se trata de una anomalía o ruptura en la normalidad de la vida”. (Zavaleta, 1993: 14). En consecuencia, es poco probable dejar atrás en 22 años de experiencia democrática aquellas pautas no democráticas de comportamiento y acción practicadas durante más de un siglo y medio. No obstante, en el transcurso del tiempo democrático se han promovido valores tendientes a la concertación, la tolerancia, el respeto, el diálogo, la solidaridad y el compromiso y la responsabilidad con las tareas de interés colectivo. Tanto en la esfera política como en el ámbito de la sociedad civil se ha tratado de resolver los problemas y conflictos mediante métodos no violentos, encontrando al final de las confrontaciones y la convulsión social a menudo una salida negociada y pacífica. Es decir, dentro del contexto democrático, los heridos y muertos causados por el enfrentamiento entre las fuerzas represivas del estado y los movilizados de los diferentes sectores sociales (vecinos, cocaleros, campesinos, gremiales, mineros), no han llevado a la sociedad a un fin trágico y a la liquidación de la democracia, por el contrario el sistema político, los espacios de participación ciudadana y la misma democracia van siendo fortalecidos al final de las turbulencias sociopolíticas; tal como se ha tratado de mostrar a lo largo de estas páginas. Dicho en otros términos, el proceso democrático que vive el país ha permitido cultivar pautas y actitudes de tolerancia, respeto, diálogo, negociación y compromiso con los asuntos públicos, en una interacción constante entre la norma y la acción informal, entre el conflicto y los arreglos concertados, posibilitando la configuración de una cultura política cada vez más participativa y comprometida con el destino del país, y tal vez en un futuro muy próximo podamos sentirnos orgullosos por haber construido entre todos una cultura política democrática. 6. ALGUNAS CONCLUSIONES Históricamente, Bolivia ha tenido un proceso sociopolítico marcado por prácticas de enfrentamiento, violencia política y un cierto intento de generación de gobierno democrático, lo cual fue una suerte de costumbre hasta antes de la democratización del sistema político (1982). La tiranía y opresión de los gobiernos autoritarios sobre la mayoría de la sociedad civil ha provocado constantes levantamientos de los sectores sociales marginados y excluidos. De hecho, la república se instituyó sobre un ambiente sociopolítico de beligerancia, y posteriormente hasta finales del siglo XIX la disputa por los espacios de poder político entre los caudillos militares se hizo principalmente mediante métodos de violencia política, incluso algunos accedieron a la presidencia tras cometer actos de magnicidio. Asimismo, la primera mitad del siglo XX, se caracterizó por el despliegue de las rebeliones de las poblaciones llamadas indígenas y la represión violenta de las movilizaciones campesinas como por ejemplo la masacre de Jesús de Machaca (1921. De la misma forma, las dictaduras militares de los años sesenta y setenta ejercieron acciones de violencia contra la población civil, en particular contra los trabajadores mineros y campesinos, como la masacre de San Juan en 1967 o la masacre de los agrarios de Tolata y Epizana en 1974, en el valle de Cochabamba. Es decir, la manifestación de la violencia política ha sido un especto consubstancial al proceso sociopolítico boliviano. De la misma forma, antes del período democrático las trasformaciones trascendentes del estado y la sociedad estuvieron precedidas por acciones de violencia, como la guerra 29

Federal de fines del siglo XIX que dio lugar al inicio de los gobiernos liberales y una cierta modernización del país. Igualmente, la guerra del Chaco fue el arranque del proceso revolucionario de 1952, y obviamente el cambio profundo que experimentó Bolivia obedeció a la insurrección popular de abril del mismo año. Es más, los gobiernos de la revolución hasta el golpe de estado de 1964, estuvieron apoyados por las milicias obreras y campesinas. Y en los años sesenta y setenta –incluso dentro de la fase democráticasurgieron focos guerrilleros con afanes de desencadenar una revolución socialista de mayor alcance. La misma transición a la democracia significó una lucha de acción directa por parte de los diferentes sectores obrero-populares y los militares golpistas. La democracia surgió de un contexto atravesado por la violencia política, donde la convulsión social y la represión estatal estuvieron a la orden de día, hasta que en 1982 se emprende el camino de la transformación democrática sobre esas bases sociales y políticas de enfrentamiento y violencia. Así, el primer gobierno democrático (1982-1985) enfrentó muchos problemas, ya que las expectativas de los distintos sectores sociales no pudieron ser satisfechas por el primer presidente de la era democrática (Hernán Siles), las marchas y los bloqueos de caminos eran la forma más regular de manifestación o intento de participación política, así como las posiciones intransigentes de los políticos que todavía se movían dentro de la lógica de amigo-enemigo, a tal punto que fue necesario acortar el período de gobierno constitucional. No obstante, se ha logrado establecer el primer acuerdo político por la preservación de la democracia, lo que condujo a la conformación de los diferentes pactos políticos que se han dado dentro del proceso democrático. De algún modo se pasó de la lógica de oposición excluyente a la lógica de pactos entre actores y en la misma relación entre el estado y la sociedad civil; aunque obviamente han seguido persistiendo las actitudes y acciones de enfrentamiento. De manera que, la trayectoria de la vida democracia del país ha estado marcada por la generación de consensos y conflictos sociopolíticos. En cualquier caso, el país ha avanzado significativamente en la construcción de un orden político democrático más deliberativo e incluyente, dado que se han logrado modernizar las instituciones políticas y ampliar los espacios de participación ciudadana, mediante la aplicación de reformas político institucionales, como la modificación de la Constitución Política del Estado, la descentralización del poder político hacia los municipios, la elección de diputados uninominales, el referendo para decidir temas de interés nacional, o la reciente promulgación de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que permite una participación más directa de los excluidos. Estas reformas hubieran sido poco probables de hacer en un sistema político no democrático. La democracia boliviana se va construyendo a partir de dos modos de comportamiento y acción sociopolítica que manifiestan y efectúan los actores políticos y sociales, como son el enfrentamiento y el pacto, la acción directa y la norma legal, el conflicto y el consenso. Y es dentro de este contexto de conflictos y consensos que se configura la cultura política caracterizada por actitudes y comportamientos tanto autoritarios como democráticos, pues las pautas de intransigencia, imposición, enfrentamiento, exclusión, así como de tolerancia, respeto, diálogo, solidaridad y el compromiso con los asuntos públicos, se manifiestan 30

simultáneamente dentro del proceso sociopolítico democrático. La construcción de una cultura política democrática en el país enfrenta muchas dificultades en tanto persisten principios y valores sociopolíticos autoritarios cultivados por decenios de años. Pero también es cierto que los bolivianos hemos encontrado al final de los conflictos una salida negociada y pacífica, por eso es que todavía podemos gozar de las libertades democráticas. En consecuencia, tanto los conflictos como los consensos han tenido sus efectos sobre la trasformación democrática del país, donde tanto las acciones de protesta social como las normas legales influyeron en la generación de las reformas político-institucionales.

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