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Diversas Lecturas de una Protesta LOS PERIÓDICOS DE LIMA FRENTE A LOS SUCESOS EN AREQUIPA DEL

2002 Fernando Calderón Valenzuela∗

RESUMEN En junio del 2002, un conjunto de protestas contra la privatización de dos empresas generadoras de electricidad tuvieron lugar en la ciudad de Arequipa. La posición irreductible de éstas causó una crisis en el gobierno, dejando a la luz las contradicciones existentes entre las autoridades centrales y las locales. En tales eventos, los periódicos desempeñaron un rol importante al construir y difundir la imagen de una protesta a nivel nacional, y no sobre la diversidad de la política local. Los periódicos que se producen en Lima, y que por antonomasia se les denomina nacionales, se encargaron de esta labor. En este artículo, tras un recuento de los sucesos, se analiza cómo se difundió el movimiento social del 2002 en Arequipa a través de siete periódicos publicados en Lima, para los cuales, la actividad política local y regional es una cuestión coyuntural, sólo de interés durante los procesos electorales o cuando alguna crisis social altera las decisiones del gobierno. PALABRAS CLAVES Movimiento Social / Arequipa / Siglo XXI / Prensa / Cultura Política Different Views of a protest. Newspapers in Lima against the events of Arequipa, 2002 ABSTRACT Many readings of a protest. The newspapers of Lima and the success in Arequipa in 2002. In June, 2002, protests against the privatization of two generating companies of electricity happened in Arequipa’s city. The uncompromising position of these caused a crisis in the government, showing the existing contradictions between the central authorities and local. In such events, the newspapers played an important role on having constructed and to spread the image of a national protest, and not on the diversity of the local politics. The newspapers edited in Lima, and that par excellence they are named a native, entrusted themselves of these labor. In this article, after an inventory of the events, there is analyzed how the social movement of 2002 spread in Arequipa across seven newspapers published in Lima, for which, the political local and regional activity is a relating to the moment question, only of interest during the electoral processes or when some social crisis alters the decisions of the government.

* Universidad Nacional de San Agustín. Correo electrónico: [email protected]

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KEY WORDS Social Movement / Arequipa / Century XIX / Press / Political Culture

“Los periodistas sumidos en los constreñimientos que hacen pesar sobre ellos las presiones o las censuras de los poderes internos y externos, y sobre todo la concurrencia, es decir la urgencia, que nunca favorece la reflexión, proponen a menudo, sobre los problemas más candentes, descripciones y análisis apresurados y frecuentemente imprudentes; y el efecto que producen, en el universo intelectual como en el político, es muy pernicioso ya que están en medida de hacerse valer mutuamente y de controlar la circulación de los discursos concurrentes como los de la ciencia social.” Pierre Bourdieu1

INTRODUCCIÓN

La imagen republicana de la ciudad de Arequipa ha sido caracterizada como agitadora, rebelde y conspiradora, valiéndole el apelativo de “revolucionaria”. Jorge Basadre la denominó “caudillo colectivo”, comparándola con una “pistola que apuntaba al corazón de Lima”2. Esta representación delineada en los libros de historia, en las memorias de los protagonistas y observadores eventuales, en las ceremonias y discursos conmemorativos, la encontramos también en los periódicos peruanos publicados desde inicios del periodo republicano. Esta imagen no es gratuita, se formó a lo largo del siglo XIX a raíz de la participación de la ciudad en la agitada vida política del país. Aparece de manera notable en el libro de memorias de Juan Gualberto Valdivia3 -clérigo que intervino activamente en casi todos los movimientos de la primera mitad del XIX-. Su vida azarosa y zigzagueante está estrechamente vinculada al acontecer político y social de la ciudad durante este siglo. El último movimiento social de gran magnitud que tuvo lugar en Arequipa sucedió en junio del 2002, cuando distintas agrupaciones sociales y políticas urbanas se enfrentaron al gobierno central en protesta contra la privatización que éste llevaba a cabo de dos empresas eléctricas del sur del Perú. Según Basadre, las protestas “no son combates directos o conscientes orientados hacia el derrumbe de la sociedad ni a la ruptura implícita o explícita con la desigualdad de clases. 1  Citado en. Ferry, Pascal, “¿Existe el “Sentido Común” de una “Identidad Colectiva”? Apuntes acerca de Nociones Ambiguas y Aplicadas a Villa El Salvador”, en: Bulletin de L’Institut Francais d’Etudes Andines (Lima), Tomo 26, Nº 1, 1997, p. 121 -122. 2  Basadre, Jorge, La Multitud la Ciudad y el Campo en la Historia del Perú, 3ª ed., Lima: Ediciones Treintaitrés & Mosca Azul, 1980, pp. 199 -204. 3  El libro del Deán Juan Gualberto Valdivia titulado: “Memorias Sobre las Revoluciones de Arequipa desde 1834 hasta 1866”, ha sido varias veces reeditado [e. o. 1874; reediciones de 1956, 1958, 1994, 1996], esto demuestra la importancia de este libro en la construcción de la identidad de la ciudad.

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Implican erupciones contra dificultades en la coyuntura y contra los símbolos locales del poder, especialmente contra el propietario, la autoridad política o el fisco”1. Esta definición es apropiada para entender los acontecimientos sucedidos en Arequipa en junio del 2002, resaltando que estas “erupciones” no eran contra quienes ostentan el poder local sino, básicamente, contra el sistema político que centraliza el poder y los representantes locales de este sistema, sea la prefectura o dependencias de instituciones administradas desde Lima, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). La visión que poseemos de estas protestas es parte de la identidad nacional y local que está en construcción. Dicha visión se forma gracias a diferentes fuentes como obras literarias, prensa, canciones, eventos conmemorativos y monumentos. Una de estas fuentes, los periódicos, junto con la televisión -creador de imágenes por excelencia-, posee una mayor difusión, logrando notable importancia en la construcción de la identidad. En este trabajo analizaré las diversas lecturas que se publicaron en los periódicos editados en Lima sobre la protesta arequipeña de junio del 2002, intentando construir una historia de la noticia de tal suceso; además, elaboraré una clasificación de estas lecturas a partir de las diferentes posiciones políticas que se advierten en cada texto. Los periódicos considerados en este trabajo fueron seleccionados siguiendo dos criterios: primero, de acuerdo a la importancia de su posición en la sociedad2, tal es el caso de El Comercio y La República, asimismo, los diarios Correo y Liberación; segundo, en base al consumo y la difusión masiva que tienen los siguientes periódicos: Trome, Ojo y El Popular. En el primer grupo el debate político es mayor que en el segundo, mientras que éste posee la cualidad de tratar la noticia superficialmente. Advertimos que cada diario del primer grupo maneja algún periódico con características del segundo; esto fuerza, normalmente, a que las opiniones de la empresa editora sean comunes a todas sus agencias. Los números de los periódicos seleccionados para ser analizados aparecieron entre el 14 y el 22 de junio del 2002, constituyéndose un corpus documental de 56 ejemplares. La parte de estos diarios que analizo son las editoriales, artículos de opinión y el tratamiento de la noticia que realizó cada uno. No obstante, consciente de las limitaciones que existen ante la carencia de un estudio de los actores sociales que construyen los textos publicados en los periódicos, y de las redes que se tejen entre los medios de comunicación y el poder político; aún así, encuentro que estas carencias no invalidan el trabajo presentado, al contrario, éste servirá como un elemento de referencia para entender el manejo discursivo de las redes que existen entre estos dos poderes, el de la información y el del Estado. Es importante señalar que, si bien los textos estudiados reflejan ciertas tendencias ideológicas

1  Basadre, siguiendo la historiografía rusa sobre los movimientos sociales en este país, señala además que existen diferencias cronológicas e ideológicas entre la protesta y la revolución, siendo esta última la etapa consciente en la participación política de las masas. Ver: Basadre, Jorge, El Azar en la Historia y sus Límites, Lima: Ediciones P: L. V., 1973; p. 116. 2  Considero que la importancia de un periódico en la sociedad está vinculada a la trayectoria de éste, al tiraje de su edición diaria y al poder que ejerce en la formación de corrientes de opinión.

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-en algunos casos pretenden aparecer como neoliberales o anti-neoliberales1-, existe una ausencia de debates sobre la concepción de región e identidad regional en la mayoría de periódicos. LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES

Los terremotos que estropearon Arequipa no sólo significan puntos de cambios arquitectónicos, sino también rupturas en los procesos de urbanización. Dos eventos naturales, a fines de la década de 1950, influyeron en la configuración social de la ciudad: primero, en 1958 y 1960 dos terremotos generaron una expansión del casco urbano2, segundo, la sequía que asoló la zona alto andina de los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno implicó un incremento en las migraciones hacia la ciudad de Arequipa3. Sumado a esto, el desarrollo económico que atravesaba la ciudad debido a la aparición, desde las primeras décadas del siglo XX, de fábricas y diversas empresas -llegando a fundarse un parque industrial en 1965-, la convirtió en un núcleo de atracción para nuevas migraciones, originando una configuración social más heterogénea. Las migraciones significaron cambios en la forma de concebir la ciudad; desde la década de 1960 hasta el año 2000 los paros y protestas no lograban involucrar a las autoridades políticas provinciales con los grandes grupos populares, solo consiguieron crear lazos clientelistas a partir de la construcción de obras en beneficio de la población migrante (asfaltado de vías de comunicación, formalización de propiedades, extensión de los servicios públicos, etc.)4. Los nuevos pobladores fueron integrándose al quehacer cotidiano de la ciudad estableciendo nuevas dinámicas económicas, como la formación de mercados de alimentos y centros comerciales, pero sobretodo engrosaron el comercio informal y ambulatorio. El incremento de mano de obra dio lugar a un alto número de desempleados. Además, nuevas características culturales se fueron mostrando en este espacio construido por las migraciones, siendo la más importante la presencia de diferentes representaciones artísticas propias de las provincias alto andinas en los distintos actos conmemorativos de la ciudad. Las necesidades básicas de esta nueva población arequipeña, aún insatisfechas por los gobiernos locales y nacionales, fueron los principales problemas que enfrentaron, agrupándose para que sus reclamos tuviesen mayor fuerza. Lentamente, los nuevos pobladores fueron “adueñándose” de la ciudad, fundando nuevas organizaciones vecinales, sindicales, culturales, etc. El Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) formado el 30 de marzo de 1999, reunió a distintos grupos, cuyos miembros, mayoritariamente, eran parte de esta nueva población que 1  Es necesario apuntar que los debates sobre las privatizaciones serán los de mayor presencia, pero siguiendo fórmulas preestablecidas –“sin inversión privada no hay desarrollo”– en detrimento de los principales temas que planteaban los grupos locales, tal es el caso de la descentralización, distribución del poder, autonomía administrativa y fiscal, etc. 2  Ver: Gutiérrez, Ramón. Evolución Histórica Urbana de Arequipa (1540-1990), Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes/ Epígrafe, 1992). 3  En 1940 residían en Arequipa 15 974 habitantes de origen puneño, en 1972 su número asciende a 65 205. 4  En diciembre de 1955 ocurrió la última protesta social de gran magnitud en la ciudad, contra el gobierno del Gral. Manuel A. Odría, básicamente, contra su Ministro de Gobierno Alejandro Esparza Zañartu.

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se configuró desde los años ’50. Éste provino de la unión de dos frentes: el primero, el Frente Amplio de Arequipa asocia a organismos como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), los trabajadores de construcción civil, el Partido Aprista Peruano, los sindicatos de EsSalud, de Telefónica del Perú, la Federación Nacional de Trabajadores y Servidores en Educación (FENTASE) y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) denominado Juventud Socialista; mientras el segundo, el Frente Cívico de Arequipa, agrupa a militantes del partido político Patria Roja, al Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP), al Sindicato de Trabajadores de la UNSA (SUTUNSA), y a pequeños grupos universitarios, entre otros. Ambos frentes aparecieron en escena a finales del gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Creado el FACA, se le unen los grupos de despedidos durante el gobierno fujimorista y la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA). Los primeros actos de este frente se centraban en la convocatoria de paros regionales, estos se convertirían en el principal mecanismo de protesta en la transición política de principios del siglo XXI1. Aunque la formación de un solo frente agrupó el descontento popular sobre la política peruana, de ninguna manera implicó que existiese unidad en sus filas, al contrario, las disputas entre los dirigentes y las bases demostraban la fragilidad del frente2. Probablemente, por esta razón, ante los sucesos de junio del 2002, una persona al margen del FACA e incluso en desacuerdo con éste, en algunos momentos, manejó la representación de las protestas, el alcalde provincial de Arequipa: Juan Manuel Guillén Benavides. Así, Arequipa, con una mayor población migrante o de descendientes de migrantes, quienes a través de las ceremonias escolares fueron conociendo la “tradición revolucionaria” que caracterizaba a la ciudad -mito que las radios difundieron durante la protesta- sumida en una grave recesión económica desde la década de 1980, fue el escenario donde los nuevos actores sociales demostrarían estar integrados a esta tradición y práctica local. AREQUIPA: JUNIO DEL 2002

Durante la campaña electoral del 2001, el candidato a la Presidencia de la República del Perú, Alejandro Toledo, se reunió con dirigentes y autoridades de Arequipa, con quienes firmó un acuerdo mediante el cual, si obtuviese el triunfo en las elecciones, su gobierno no privatizaría las empresas eléctricas del sur peruano: Empresa Generadora de Electricidad S.A. (EGASA) y Empresa Generadora de Electricidad del Sur (EGESUR). Obtenido el triunfo electoral -al contrario del compromiso aceptado-, a inicios del 2002, el gobierno del Presidente Toledo procedió a anunciar la convocatoria para privatizar ambas empresas en el mes de marzo. Conocida la noticia, las diferentes agrupaciones arequipeñas, encabe1  Ver las memorias del dirigente del FACA, Luis Saraya: La Gesta de Junio. Testimonio de Lucha, pp. 39 -50. 2  Uno de los momentos que refleja esta disputa sucedió cuando los dirigentes del FACA firman un convenio con el Presidente Alejandro Toledo y su Ministro de Vivienda Carlos Bruce en noviembre del 2001, por el cual se acordaba que el gobierno promovería la inversión privada en la construcción de la represa de Angostura, poco después las bases obligaron a sus dirigentes a retirar sus firmas, mostrando su clara tendencia antiprivatizadora (Bedregal & Armendariz: 2003).

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zadas por el FACA, buscaron impedir el desarrollo de este proceso mediante paros regionales, invasión y toma de las instalaciones de EGASA y huelgas de hambre, logrando retrasarlo hasta junio del mismo año. Fueron cuatro los paros regionales convocados por el FACA entre los meses de febrero a mayo, además de una marcha de sacrificio hacia Lima. Todos estos actos fueron subestimados por el gobierno a raíz de los informes enviados por el Prefecto de Arequipa, Luis Gutiérrez, quien minimizaba los hechos. Durante el paro del 13 de junio, un día antes de la privatización de las empresas eléctricas, un camarógrafo del canal de cable arequipeño “Star 3”, grabó el preciso instante cuando el prefecto comunicó al presidente Toledo la poca acogida que, según él, había tenido el paro, tildándola de pacífica y débil1. Por su parte, la Municipalidad Provincial y los gobiernos distritales también se opusieron al proceso privatizador, aduciendo la potestad de la autoridad local sobre dichas empresas. El 12 de junio, el Alcalde provincial de Arequipa, Guillén Benavides, y nueve alcaldes distritales, se sumaron a la huelga de hambre que desde el 3 de junio realizaban dirigentes del FACA en el atrio de la Catedral. La intención de la Municipalidad y de la Asociación de Alcaldes Distritales era llevar a cabo una consulta popular para decidir el futuro de las empresas. El Alcalde Guillén presentó en la Corte Superior de Justicia de Arequipa una acción de amparo, aceptada por el juez Benny Álvarez, de esta manera trataba de impedir el proceso de apertura de sobres con las propuestas de compra de las empresas eléctricas que se realizaría el día 14 del mismo mes. Tal como se estableció, ese día se llevó a cabo la privatización de las empresas eléctricas, pero no con normalidad, puesto que el congresista arequipeño Arturo Valderrama, integrante del partido aprista, irrumpió en la sala donde se llevaba a cabo el evento repartiendo volantes contra la privatización, entre gritos y protestas de los empresarios ahí reunidos fue sacado de la sala por los agentes de seguridad. Tanto EGASA como EGESUR eran consideradas empresas menores por el gobierno, difundiendo la imagen de ser empresas públicas ineficientes que ocasionaban pérdidas. Fueron cinco las transnacionales que se presentaron a la convocatoria, solo una, TRACTEBEL, presentó una oferta de compra cuyo precio, por ambas empresas eléctricas, fue de US$ 167 432 001 -once millones más del precio base establecido por el gobierno-, adjudicándose el control de éstas. En Arequipa, los dirigentes y los representantes municipales presentaron a la prensa informes que demostraban las utilidades obtenidas por las empresas eléctricas y su potencialidad, denunciando al gobierno por haber subvalorado el precio base de éstas2. Al tener conocimiento de la venta de las empresas eléctricas a la transnacional TRACTEBEL, una serie de protestas suceden en Arequipa contra el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) y contra la Prefectura, la policía intenta persuadir a los manifestantes con bombas lacrimógenas; el vandalismo se desata y las instituciones públicas como la SUNAT, los Registros Públicos, e instituciones financieras como bancos y aseguradoras, sufren los pri1  Según la periodista Ana Guillén, directora de noticias de “Star 3” hasta el año 2002, este video fue el detonante de las protestas. Ver Guillén: s/f, pp. 5 –9. Considero que este video enervó más los ánimos, pero debemos tener en cuenta la poca difusión que tuvo esta noticia debido al limitado acceso de la televisión por cable. Gracias a la difusión de esta noticia en las radios locales un mayor número de personas conoció del suceso. 2  Al respecto ver la revista “Economía al Día” (Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín), Nº 2, (2007):2-9

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meros daños, asimismo, las transnacionales como Telefónica del Perú son atacadas. De esta manera, la protesta contra la privatización devino en una revuelta popular; en palabras de Luis Saraya: “los obreros de construcción civil que laboraban en la Catedral cambiaron sus herramientas por palos y piedras. Los taxistas que circulaban por la plaza comenzaron a tocar sus bocinas en repudio a la actitud del Ejecutivo. Todo esto sucedió en contados minutos, sin una planificación previa”1. Al día siguiente, la ciudad estaba incomunicada por el bloqueo de carreteras y la ocupación del aeropuerto por parte de los manifestantes; los enfrentamientos continuaban y el número de heridos aumentó. Son atacadas también las retransmisoras de canales de televisión limeños por considerar que no emitían información acorde a lo sucedido en la ciudad. El gobierno central decidió enviar contingentes policiales de refuerzo y los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del Interior, Fernando Rospigliosi, emitieron opiniones que exaltaron los ánimos de los protestantes, llamando a los dirigentes arequipeños “tontos útiles”, acusando al juez Álvarez de cometer prevaricato, o minimizando la magnitud de la protesta. Los alborotos se extienden hasta la periferia de la ciudad donde cualquier teléfono público es objeto de vandalismo. En los medios de comunicación apareció una denuncia contra la transnacional TRACTEBEL, que se adjudicó el control de las empresas eléctricas, acusándola de ser dueña, en el puerto de Ilo, de ENERSUR, con lo cual, sumado a su reciente compra, superaba el porcentaje permitido por la legislación peruana, situándola en posición de dominio en el mercado eléctrico del sur, creándose un monopolio en el servicio de distribución eléctrica. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), era la institución del Estado encargada de supervisar esta denuncia; apareció al mismo tiempo otra contra esta empresa por un supuesto pago de soborno durante el régimen de Alberto Fujimori. El gobierno de Toledo decidió declarar en estado de emergencia la ciudad, el día 16, mediante Decreto Supremo N° 052, nombrando al Gral. Oscar Aníbal Gómez de La Torre, Jefe del Comando Político Militar de la ciudad. Esto no disminuyó la protesta, todo lo contrario, se incrementó a medida que transcurría el tiempo y las disposiciones aplicadas perjudicaban a un mayor grupo de la población. Al día siguiente se produjo la primera víctima mortal de estas luchas, un estudiante herido de gravedad el día 14 por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. El desborde contra el gobierno se volvió masivo; mediante el “cacerolazo” (golpe de cacerolas para emitir ruido en señal de protesta) se buscó formas más pacíficas de enfrentamiento. Gran parte de la población participó de esta manera, incluyendo pobladores de distritos de clase media y alta. El gobierno central resolvió formar una comisión mediadora presidida por el ex Arzobispo de Arequipa, Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, e integrado por los ministros de Industria, Relaciones Exteriores, Defensa, Salud, Educación, el ex Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban de Noriega; un miembro de la Comisión de la Verdad, Gastón Garatea; y Jorge Villacorta. Esta comisión se entrevistaría en el colegio San José de Arequipa el día 18, con representantes de la ciudad, siendo estos: Juan Manuel Guillén, Miguel Manchego, alcalde provincial de Condesuyos; Edy Medina, alcalde provincial de Castilla; Simón Balbuena, alcalde del distrito arequipeño de Hunter y presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales; Ronald 1  Ver Saraya, Luis: op. cit., p. 206 y ss. El subrayado es nuestro.

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Paredes, Defensor del Pueblo en la ciudad; Luis Saraya, Gerónimo López, Leonardo Maquera, Luis Vilca, Hugo Rosas y José Villafuerte por el FACA, el congresista Arturo Valderrama, Jorge Sumari y Helbert Campano por la Municipalidad Provincial de Arequipa1. El día 19, ambas partes firman el “Acta de Arequipa”, por la cual se acuerda que los manifestantes cesarían las protestas y el gobierno suspendía la privatización de las empresas eléctricas hasta que el poder judicial emita fallo ante la acción de amparo interpuesta por Guillén. Durante todo este tiempo la ciudad vivió el desabastecimiento de alimentos e incomunicación, principalmente la ausencia de información periodística capitalina. Dos canales de televisión de señal abierta, ATV y Austral Televisión, y el canal de cable “Star 3” -de propiedad de la empresa Star Global Com-, eran vistos en la ciudad. Otro canal de noticias de cable, cuya sede está en Lima, “Canal N”, no sufrió ataques, pues emitía en directo los sucesos, y los manifestantes consideraron que no había, por lo tanto, “distorsión”. El rol de los medios de comunicación en las protestas es trabajo pendiente para los investigadores de las ciencias sociales2. Las radios locales fueron quienes jugaron un papel protagónico en apoyo de las protestas; a través de éstas los dirigentes convocaron a los paros regionales, se difundió el “cacerolazo” y se informó de las tratativas con la comisión mediadora3, al tener mayor cobertura, sobretodo entre los grupos populares, vinculan sus discursos con estos, los difunden y obtienen representatividad ante la población4. Durante las protestas fue constante la referencia hacia la revolución de 1950 -el paro programado el 13 de junio coincidió con la fecha de este movimiento-. Los dirigentes del FACA y otras instituciones, en sus discursos hacían recuerdo de estas jornadas tratando de vincular el pasado 1  La gran cantidad de representantes por Arequipa demuestra la fragmentación de las agrupaciones sociales existentes en la ciudad y la escasa representatividad de éstas. 2  En un reciente libro editado por Erick Tejada (2009) titulado Movimientos Sociales y Democracia en el Perú de Hoy. Reflexiones a Propósito de la Gesta de Arequipa, tres de los nueve artículos pretenden tratar el tema del movimiento social arequipeño del 2002, pero sin mucho éxito. El texto de José Luis Vargas procura mostrar los medios de comunicación como un nuevo y activo protagonista en la agitación de la población, evidentemente desconoce el papel de la prensa decimonónica peruana y arequipeña, a inicios de la república. Es cierto que el impacto de la información, por la rapidez con la que se transfiere de un espacio a otro, actualmente es, en comparación con la del siglo XIX, masiva; pero no podemos olvidar los intereses que siempre han tenido los dueños de los medios de comunicación, y cómo estos negocian en el campo político. El breve texto de Jorge Bedregal vincula la imagen bucólica arequipeña, antes mencionada, y la integración de la población migrante a esta imagen, a través de su participación política, pero sin un adecuado estudio demográfico de la ciudad durante el siglo XX no podremos determinar el cambio en la conformación social y sus consecuencias, sino solo a través de observaciones, como las hechas por Bedregal, de carácter apriorístico. El último artículo, escrito por José Luis Ramos, trata sobre los discursos y los sujetos en esta coyuntura. Escrita a modo de crónica personal, sostiene que el movimiento del 2002 puso en debate la democracia representativa y el sistema político peruano -aunque no conceptualiza, ni caracteriza ambos elementos-, más que la privatización de las empresas eléctricas. 3  Ver Saraya, Luis: Op. Cit. (p. 206). 4  Un año después de estos sucesos el diario local, “Arequipa al Día”, publicó un suplemento en tres números sobre los sucesos de junio del 2002 escrito por Gloria Armendariz y Jorge Bedregal; en este texto se le denomina “Gesta de Junio” a tales acontecimientos y se intenta hacer paralelos entre las protestas de 1950 y del 2002, comparando al alcalde Guillén con Francisco Mostajo, líder político arequipeño de la primera mitad del siglo XX. Aunque encuentro desproporcionadas estas apreciaciones, este documento refleja los sentimientos localistas que se utilizaron en las protestas y que servirán para construir la imagen histórica de las mismas.

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histórico arequipeño con los nuevos actores sociales. En la construcción de barricadas con adoquines de las calles, en la marcha presidida por la bandera, o en la entonación del himno de la ciudad -todos estos elementos relatados por Luis Saraya- muestran una población identificada con la tradición rebelde de la ciudad1. LAS DIVERSAS LECTURAS DE UNA PROTESTA SOCIAL

Dos elementos caracterizan a la prensa en los primeros años del gobierno de Toledo; primero, la prensa nacional2, publicada básicamente en Lima, estaba desacreditada después de demostrarse que, durante el gobierno de Fujimori, sirvieron a los intereses del régimen dictatorial, distorsionando la información de los opositores al sistema; segundo, el incremento en los años noventa de la prensa denominada “chicha”, de bajo costo y dirigida a un público popular, donde se prioriza la información de personajes del espectáculo local. Ambos elementos ocasionaron que la prensa ejerza mayor presión, por un lado, y a la vez intente acceder a los mercados populares elaborando discursos políticos menos complejos, como mostraremos a continuación. El 5 de junio del 2002, se habían vendido las empresas eléctricas de Etecén y Etesur, en el norte del Perú, sin ningún tipo de contrariedad; en el país se preparaban, además, las elecciones municipales y las primeras elecciones regionales en noviembre de ese año, para lo cual se elaboraba la ley de descentralización en el Congreso; advirtamos también que en esta época se venía discutiendo en la prensa el problema de la hija no reconocida del Presidente Alejandro Toledo, Zaraí, demandando que éste se sometiese a una prueba de ADN para deslindar responsabilidad. Los acontecimientos sucedidos en Arequipa influyeron en todos los asuntos que afrontaba el gobierno. Para los fines de este trabajo he dividido en dos grupos a la prensa, el primero está integrado por diarios de trayectoria, como El Comercio y La República, que ejercen corrientes de opinión y que tienen ascendencia entre las elites políticas, ambos con tendencias ideológicas -políticas distintas. El Comercio, perteneciente a la familia Miró Quesada, con clara tendencia neoliberal, apoyó desde un principio las privatizaciones de las empresas públicas, una fórmula repetida en sus editoriales expresa la relación siguiente: “más privatización es igual a más inversión” y, de este modo, la existencia de un Estado más eficiente. Además, termina identificando en oposición a estas ideas, a grupos de izquierda y al APRA; señalando en una editorial que: “[...] la actuación de los caudillos locales, así como la manipulación incuestionable que hacen la extrema izquierda y el APRA, sólo responden a motivaciones politiqueras en vísperas de las elecciones municipales y regionales. Es incoherente pedir que 1  El prefecto intentó deslegitimar las protestas señalando que eran dirigidas por provincianos ajenos a la ciudad (algunos altos dirigentes del FACA no habían nacido en Arequipa); logrando, al contrario, el rechazo de los dirigentes. 2  Las diferencias que considero entre prensa regional y prensa nacional son: primero, la escala de difusión, mientras la prensa regional es distribuida en un entorno local, la nacional se distribuye a lo largo del territorio peruano; segundo, la proporción de información sobre las actividades del gobierno central y los gobiernos locales, en la prensa nacional el primer elemento es mayor al segundo, ocurriendo lo inverso en la prensa regional.

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se postergue la privatización hasta después de esos comicios; así en el fondo, los únicos beneficiarios serían ellos mismo” (Ed. 14 –06 –2002, a21). “Desde época del velascato socializante y marxistoide, y desde la incoherencia aprista que trató de estatificar la banca en 1987(sic), no había tan grotescas iniciativas de suspender el proceso de privatización” (Ed. 19 –06 –2002, A15) El Comercio sostenía que las empresas eléctricas eran del estado peruano, y que éste tenía la potestad de privatizarlas, al contrario de lo que argumentaban los dirigentes locales, quienes consideraban que las empresas eran de propiedad de la región y, por tanto, quienes debían de decidir sobre la privatización de las mismas era la población local. Asimismo, este diario mostraba a estas empresas como poco significativas, menospreciando su valor, sin dar importancia a las denuncias contra TRACTEBEL antes mencionadas. El día 15 apareció en la sección de Negocios, un artículo escrito por N. Zevallos, titulado “Privatizaciones, Privaciones, Pretensiones”, en éste se denunció los intereses políticos de los dirigentes arequipeños como el leit motiv para oponerse a la venta de EGASA y EGESUR, señala que: “La acción de privatizar cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, según todas las encuestadoras. Los grupos opositores saben de estos sondeos. Su protesta parece una forma confusa y desesperada de llamar la atención por el abandono que reciben del gobierno central” (15 –06 –2002, B3). Considerando minoritarios a los grupos opositores de la privatización, llegando a exponer que “los aspectos sociales no deberían ser razón para paralizar el proceso”, olvidándose del poder que estos aspectos tienen en el desarrollo de un país. Durante los siguientes días, El Comercio exigirá al gobierno mantener su posición y no ceder a las protestas, anunciando el envío de tropas desde Lima, las mostró como el medio indicado para disuadir a los protestantes. Pero la imagen de Arequipa que se dibuja en este diario es romántica, tradicional, casi campesina o rural: “Arequipa, esa hermosa ciudad de limpias calles empedradas, de estilo colonial, fachadas con ornamentos de sillar, custodiada por el gigantesco Misti con su mechón de nieve perpetua, ahora está herida y convulsionada” (Ed. 17 –06 –2002, A1). Lentamente, las noticias contra las protestas cambiaron contra el gobierno, denunciando su incapacidad al momento de comunicar los beneficios de la privatización y de liderar este proceso. Sus redactores comenzaron a observar el proceso de regionalización como peligroso, acelerado, sin modelo definido. Así también, buscaron desacreditar a los dirigentes arequipeños, empezando por el Alcalde Guillén a quien consideraron que, por los bajos índices de aprobación que tenía, necesitaba presentarse como defensor de los intereses arequipeños para continuar con su carrera política en las siguientes elecciones1. 1  La percepción de la población era diferente a la que expresa El Comercio, según una encuesta realizada entre el 14 y 15 de junio del 2002 en Lima y Callao por Apoyo, Opinión y Mercado S. A., a la pregunta: “se están organizando actualmente algunos paros regionales, ¿Quién cree que los está organizando?”, el 41% respondió que la población de manera espontánea es la responsable de su organización, el 14% creyó que son los líderes regionales independientes, el 11% señaló que son dirigentes del APRA, 9% que son fujimoristas, 9% que son de la izquierda y un 13% no precisó.

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El 20 de junio, en El Comercio se publicaron los resultados de una mesa redonda convocada por este diario un día antes, el tema era “La crisis del sur y los escenarios a futuro en el país”, participaron el ex presidente del Perú Valentín Paniagua, el sociólogo Julio Cotler, Felipe Ortiz de Zevallos, Jorge Bruce y el Almirante Alfonso Panizo. En esta mesa, Paniagua consideró que el problema era la falta de comunicación del gobierno central, pero, además, la continuación del modelo privatizador; por su parte, Bruce y Ortiz de Zevallos analizaron el problema de las privatizaciones y el modelo que hasta el momento se siguió y las imágenes que la población tiene de estos. Julio Cotler consideró que fue un momento inapropiado para llevar a cabo esta privatización y que el proceso de regionalización significa, para los distintos departamentos, “una redistribución de poder político en lo que se refiere a autoridades, recursos y funciones”. En el mismo diario, el empresario Arturo Woodman señaló que: “los arequipeños, imbuidos en su prestigio de rebeldes democráticos han iniciado prácticamente una revolución”, denunciando como responsables de tal actitud a la extrema izquierda -por estar contra las privatizaciones-, al protagonismo de Guillén, a las falsas promesas de trabajo y desarrollo, y, al final, a los errores del gobierno (20 –06 –2002, A17). Después de la firma del “Acta de Arequipa” las noticias y artículos publicados son casi apocalípticos en El Comercio. Jaime de Althaus sostuvo que “luego de Arequipa, el Perú podría haber quedado condenado a no recuperarse, con el riesgo de involucionar hacia la marginalidad global absoluta”; mientras el pintor Fernando de Szyszlo señaló que “las provincias creen ahora que democracia es gobernar por referéndum, por consultas populares, olvidando que al votar en las elecciones delegan libremente en sus elegidos el trabajo de decidir”. Por su parte, Juan Paredes Castro, editor político del periódico, se preguntaba “¿Ahora qué hacemos?”, señalando que los líderes provinciales son “entidades sin representación legítima, desconectados del pueblo y del tejido social”; otro analista político del diario, Fritz du Bois, indicó que “los sucesos de Arequipa han introducido a nuestro país en la nueva corriente latinoamericana de política callejera” (21 –06 –2002). Todas estas apreciaciones de los principales escritores de este diario, intentan mostrar como nuevos los problemas que desde hace mucho sucedían en el país; la fragmentación de los partidos políticos, la poca representatividad de los mismos, la protesta como método para obtener respuesta a los problemas económico-sociales y la debilidad, casi endémica, del gobierno central para afrontarlos. Otro periódico de gran difusión y contrario a la postura ideológica de El Comercio, La República, se planteó el problema de forma distinta. Conocida la actitud de los frentes arequipeños, contraria a la privatización de EGASA y EGESUR, en La República se criticó la insistencia del gobierno en continuar con este proceso sin solucionar antes las continuas protestas y huelgas de hambre que se realizaban. Se publicaron entrevistas a los dirigentes arequipeños, tales como Luis Saraya y Juan Manuel Guillén, quien convocó a una “resistencia popular” contra la venta de las empresas. Mirko Lauer, analista político del periódico, en su columna denominada El Observador, señaló que Toledo está “encendiendo el Misti”: “Lo que está surgiendo es una oposición que va a rebasar a los partidos. [...] Mención aparte merecen los operadores políticos de Toledo dedicados a hacer alegre escarnio

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de la población arequipeña, lanzando burlas centralistas a políticos regionales [...], o amenazando a un juez local” (15 –06 –2002, 6). Advirtió además que el valor de compra de las empresas eléctricas se había minimizado; la editorial del día 15 señala que “apenas once millones de dólares sobre el precio fijado” se consiguió con su venta. Asimismo, en sus columnas económicas aparecen noticias de la rentabilidad de EGASA y EGESUR -empresas que en ese momento pagaban más impuestos que las limeñas Edelnor y Luz del Sur-, acusando al gobierno de seguir un modelo neoliberal caracterizado por ser vertical y desnacionalizador. Se criticó el proceso de privatización por aceptar que existiese un solo postor, e inclusive que éste estuviese vinculado a hechos de corrupción investigados por el congresista aprista Mauricio Mulder. Otro tema con el que este diario discrepó del grupo liderado por El Comercio se refiere a la posición de la población arequipeña y sus dirigentes; en La República se señaló que: “Ellos [los dirigentes arequipeños] defienden el patrimonio del pueblo arequipeño con la convicción desesperada pero lúcida de quienes saben que costó mucho tenerlo y que no podrá ser repuesto” (15 -6 -2002). Desde el día 16 de junio, en su editorial, se expresaba la necesidad de formar una comisión mediadora para dialogar con los dirigentes locales. También se distinguió entre las protestas de la población y los actos vandálicos ocasionados por personas que “se plegaron a último momento” (17 -06 -2002, 2). Por otro lado, en este periódico destacan el carácter histórico-revolucionario de Arequipa, matizando la información de los sucesos del 2002 con noticias sobre las protestas contra el gobierno de Odría en 1950. Igualmente, en este periódico se utilizaron las encuestas para legitimar sus apreciaciones, afirmando que el 74,8% de la población limeña está en desacuerdo con la privatización de Sedapal, lo que hace inviable seguir con este modelo; además, que el proceso privatizador en el sur tiene vicios procesales y no respeta la voluntad de la región. Otro punto que generó división entre estos dos periódicos fue sobre la existencia de la Región Arequipa. Según El Comercio no existe aún la región formalmente, ya que el proceso de regionalización empezaba con la elección de sus autoridades en noviembre del 2002 y la promulgación de la Ley de Descentralización; por su parte, en La República se presentaba a Arequipa como una región de hecho, es decir, en ningún artículo o editorial se duda de su existencia, dando por sentado inclusive que tienen derecho a administrar sus bienes y rentas siguiendo lo señalado por la Constitución Política de 1993 en los artículos 192 -193. En los siguientes números de La República, posteriores a la firma del “Acta de Arequipa”, encontramos diferentes análisis sobre el fracaso del proceso privatizador; en una entrevista a Julio Cotler, éste señaló que: “[...] incluso frente a las elecciones regionales, los peruanos del interior tienen una imagen de que Lima se apropia de todos los recursos, los abandona y despoja. Incluso esta imagen la tienen los propios congresistas que se presentan a su región” (20 -06 -2002, 7).

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En los artículos posteriores al fracaso del proceso privatizador, se delineó una imagen esperanzadora del futuro; Humberto Campodónico, en su columna, afirmó que se creía que bastaba con dar órdenes desde Lima, al estilo centralista y patrimonialista, pero todo esto se vino abajo; agregando que: “Las manifestaciones en el sur significan la irrupción de nuevos sectores sociales al protagonismo de la vida política y económica. No nacen contra el gobierno democrático del Presidente Toledo, sino rechazan, en lo político, la orientación centralista y autoritaria, y en lo económico, la política neoliberal que se viene aplicando” (20 -06 -2002, 19). El sociólogo Hugo Neira escribió un artículo en este periódico donde consideró que el problema es la “arquitectura política” del país, donde no se define claramente los límites entre gobierno central y gobierno regional, y los alcaldes probablemente no reconocen la existencia del estado peruano. Aunque estos dos diarios señalan la pauta en cuanto a la opinión pública, reflejan en menor medida los debates frente a las políticas del Estado. Otro diario -con una visión más moderada en cuanto a las protestas arequipeñas-, Liberación, dirigido por Ángel Delgado Silva, sugirió la incapacidad del gobierno por liderar un proceso basado en claras políticas económicas; a la vez, puso énfasis en la inviabilidad y el riesgo de la protesta y su degeneración en vandalismo. El director de este periódico consideró que, aunque el monto de la venta de estas empresas puede ser significativo para nuestra “escuálida economía”, éste representa una cifra diminuta ante “el hondo resentimiento de la población arequipeña” (14 -06 -2002). En Liberación se destaca más el interés de ponderar los efectos sociales de las medidas que el gobierno venía tomando contra las protestas, mencionando que: “Ciertamente, ministros y funcionarios públicos planean y deciden sobre Arequipa, sin entender las razones ni la idiosincrasia de la población” (17 -06 -2002)1. “Las movilizaciones son sólo respuestas espontáneas a antiguas frustraciones, acicateadas por la enorme torpeza oficialista. Arequipa no quiere derrocar al régimen, pero si demanda respeto” (19 -06 -2002). Asimismo, se denunció al Gral. Gómez de La Torre por haber firmado el “Acta de Sujeción” durante el gobierno dictatorial de Fujimori, advirtiendo, de esta forma, la pervivencia de un sector corrupto en puestos claves de la jerarquía militar. Otro periódico, contrario a éste, hizo juego con las apreciaciones planteadas por El Comercio, pero fue más radical en su crítica. El diario Correo, dirigido por Juan Carlos Tafur, al principio no mostró interés por las protestas, apareciendo noticias breves sobre el proceso de privatización. En la edición del 15 de junio, se pidió al gobierno de Toledo “mano firme y liderazgo” contra las movilizaciones que buscan paralizar al Estado. Sus columnistas, como Francisco Igartua, advertían que el proceso regionalista acabaría en anarquía, mientras que Aldo Mariá1  Apreciación que parecería desmesurada si consideramos que el Director de Proinversión, institución encargada en el proceso de privatización de EGASA y EGESUR, era Vega Llona, relacionado con los grupos de poder económico de Arequipa; pero debemos entender que la ciudad cambió rápidamente desde la década de 1950 su configuración social.

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tegui acusaba a los arequipeños de haber guardado silencio durante el régimen de Fujimori, Pedro Salinas se encargó de dibujar una imagen satírica de Guillén1, y Juan Carlos Valdivia agregaba a esta visión que: “Lo real es que Arequipa es una ciudad donde la inversión privada (y pública) han escaseado. Los pocos incentivos para establecerse en provincias residen no en beneficios tributarios, sino en la falta de moderna infraestructura que las hace dependientes de Lima” (17 -06 -2002). En el transcurso de los días esta visión es más radical, exigiendo al gobierno no negociar con los manifestantes. Así lo planteó Juan Carlos Tafur en la editorial: “El Perú está siendo testigo del surgimiento de una nueva clase política afincada en las provincias, identificado grosso modo con una suerte de ideología nacional populista, divergente de los modelos neoliberales y de cualquier atisbo de libre mercado. [...] el ejecutivo ha hecho bien en plantarse en sus trece (sic). Si revierte la venta de Egasa y Egesur, se acabó para todo el tiempo que dure su gobierno cualquier esfuerzo por atraer inversiones privadas” (18 -06 -2002). Luego de la firma del “Acta de Arequipa” el desbande contra el gobierno es parecido al presentado en El Comercio, se indica que deben de estar conformándose “300 frentes, decenas de marchas. Adiós ministerios, adiós congreso, adiós autoridades públicas”. Probablemente sea Rosa María Palacios, columnista de este diario, quien presentó una visión diferente en forma, pero con el mismo contenido –“inversión privada igual desarrollo”-. Sostuvo que las protestas en el sur tienen componentes mágico-religiosos, donde se destaca el miedo al cambio, indicando que éste es rechazado porque se considera impuesto por la capital: “Se prefiere la más abyecta pobreza a darle la razón a Lima. Porque darle la razón a Lima implica reconocer que la propiedad de estas empresas es de todos los peruanos, aunque los beneficios sean sólo para ellos. Los líderes en Arequipa están conectados al pueblo por el sentimiento, no la razón, que es la que mueve a los pueblos y la capitalizaron para su propio proyecto político” (21 -06 -2002). El segundo grupo de periódicos formados por Ojo, Trome y El Popular tiene como rasgo principal, la mayor difusión y acogida entre la población, confirmado por sus niveles de venta. En todos estos diarios hay, por lo menos, dos características principales. Primero, que la información política es pequeña y, por lo tanto, la noticia de las protestas del sur y la privatización es breve, solo a raíz del decreto de Estado de Emergencia y la orden del Toque de Queda aparecen en la portada de estos diarios; esta breve información suele ser descriptiva, en muy pocos casos colocando algunos adjetivos, pero, en esencia, simplemente presentan los titulares con espectacularidad y la noticia sucinta sin comentarios. Segundo, tienen carácter didáctico sobre ciertos puntos. Por ejemplo, el diario Trome, diario perteneciente al grupo editorial de El Comercio, durante todo el tiempo que duraron las protes1  “Guillén no entiende, como yo no entiendo su cara de damnificado y de niño símbolo de la teletón, que en todas partes se liberaliza y se privatiza porque la economía de mercado es lo que mejor funciona” (17 –06 –2002). Asimismo, se avisa que pronto se mostrarán videos de Guillén con Vladimiro Montesinos y que éste se convertía en una de las “siete plagas arequipeñas”, considerando a Abimael Guzmán y a Montesinos como parte de estas plagas.

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tas publicó una sección donde diferentes economistas expusieron las ventajas de la privatización. Del mismo modo, en su sección editorial titulada “La Seño María” se hicieron apreciaciones sobre estos sucesos; en encuentros narrados por “la Seño María” con diferentes personas llegadas de Arequipa o amigos taxistas de Lima, se proyecta la misma tendencia neoliberal, atacando a los grupos de izquierda y al APRA, denunciando que han llegado al extremo de obligar al Estado a “declarar el toque de queda como en tiempos de Velazco (febrero del 75)”. Cuando el gobierno da marcha atrás en la privatización se muestra la molestia contra éste narrando un encuentro con un amigo fotógrafo quien describe su paso por Arequipa de esta manera: “Nunca podré olvidar que en la plaza gritaban Arequipa revolución! Muerte a Lima! No pues María, esa protesta ya no era por la privatización. [...] y lo peor, cuando esos dirigentes regionales decían que solo habían ganado una batalla y que faltaba la guerra ¿Cuál guerra? Que les pasa a esos politicastros characatos. ¿Es que buscan el caos y desgobierno? Si es así, que lo digan y no se escuden en protestas contra la privatización para hacerle la guerra ya no al gobierno toledista, sino a todo el sistema democrático” (21 -06 -2002, 2). El diario El Popular fue el más descriptivo y sintético de estos tres, insertando algunos adjetivos entre sus noticias, como por ejemplo “apenas once millones de dólares más pagó TRACTEBEL”. En Ojo, por su parte, se puso mayor atención en las protestas, resaltando los momentos en que hay víctimas mortales -las fotografías que publicó son más violentas-, y con titulares más llamativos. Desde el día 22 de junio, en casi todos estos periódicos, no se volvió a publicar más noticias al respecto. Todos estos diarios, del primer y segundo grupo, también señalaron el incremento de las protestas en el Perú mientras avanzaba la de Arequipa. En algunos casos son más didácticos, como El Comercio y La República que publicaron mapas donde se explicó el desarrollo cronológico de la protesta y su expansión en todo el territorio nacional; otros, más breves, resaltaron el incremento de la violencia especialmente en Tacna, Puno, Moquegua y Cuzco. Todos estos acontecimientos habían generado entre los redactores de los diarios mayor escepticismo frente al proceso regional. En el diario Liberación, un artículo escrito por Daniel Saba, titulado “La descentralización que se viene”, se mencionó que: “La coexistencia de 25 presidentes regionales, aparte de exótica y exagerada, configura un escenario que no resulta especialmente atractivo, máxime si se tiene en cuenta la falta de coherencia que existe a nivel político” (18 -06 -2002, 6). CONCLUSIONES

El debate en los periódicos sobre las protestas en el sur del Perú tuvo como eje central el problema del modelo económico que seguía el gobierno; fue débil y, hasta en algunos casos, inexistente el debate sobre regionalización. El primer grupo de diarios son los que expresan y comentan, a través de sus columnistas, una posición clara y política frente a la actualidad nacional; fue también donde se presentó mayor debate, frente a un segundo grupo que buscó llamar la atención con noticias más espectaculares, pero cuyo contenido fue más didáctico y descriptivo.

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Es en el primer grupo donde se dibuja mejor la imagen de una Arequipa tradicional, revolucionaria, pero sumida en el subdesarrollo sea por voluntad propia, posición frente al proceso privatizador, inexistencia de infraestructura que debería ser creada por la propia región, etc.; o por acción de un gobierno centralista, autoritario y patrimonialista. En ninguno de estos casos se tiene clara la división de las funciones entre los gobiernos locales y el gobierno central, llegando a contradecirse en la misma interpretación de la legislación peruana. Son muy pocas las referencias sobre la fragmentación política que existe en la ciudad y las diversas protestas que dentro de una se fueron agrupando; en muchos casos las noticias regionales de estos diarios simplemente tratan sobre sucesos policiales o accidentes humanos o naturales (atropellos, violaciones, asesinatos, huaicos, inundaciones, incendios, terremotos, etc.), es decir, para estos medios de comunicación la política regional existe solo en época de protestas y procesos electorales. De esta manera, los elementos que atribuyen a la identidad se basan en apreciaciones románticas decimonónicas, son pocos los artículos en donde a partir del análisis de los procesos de migración que vivió la ciudad sureña, los cambios sociales que trajo, los nuevos grupos sociales que se formaron y las nuevas demandas que presentan, advierten que estas exigencias, más allá de tener visos mágico -religiosos, se fundamentan en una realidad de postergación y marginación, no sólo frente a la política central, sino también frente a la política local.

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FUENTES

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