Dos cosas que indignan Lucy Garrido UNA - El 30% de los ginecólogos de nuestro país manifestaron “objeción de conciencia” para practicar el aborto una vez que fue aprobada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Más allá del derecho que les asiste a hacerlo, y de que éste, bajo ningún concepto puede impedir el ejercicio del derecho de las mujeres a abortar; más allá de que la objeción solo puede ser individual y que deban ponerla por escrito; y sin detenerme a calcular cuánto de este 30% está peleando en realidad por un reclamo sindical, hay una pregunta que me interesa más todavía. Las y los ginecólogos que sí acatan la ley, ¿no tienen conciencia? ¿No lo hacen “en conciencia”?

Los médicos/as que sí cumplen la ley también tienen conciencia. Saben que el aborto clandestino es inseguro, saben del peligro y los riesgos por los que tantas miles de mujeres han tenido que pasar. Su ética ha sido construida sobre ese conocimiento y están a favor, no sólo de todos los nacimientos deseados, sino también, de la vida y el proyecto de vida de las mujeres. No se trata sólo de que cumplen la ley, sino de que reconocen la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir. Al contrario de los “objetores” que están acostumbrados a ser los que deciden sobre las “pacientes”, la conciencia de los que sí cumplen la ley, entraría en crisis si no respetaran la voluntad de interrumpir el embarazo.

No es buena cosa, no es justo, regalar la idea de “conciencia” a los que anteponen su modo de pensar a los derechos sexuales y reproductivos de esas mismas mujeres que, sin embargo, quieren tener como “pacientes”. Aunque no como ciudadanas. DOS - Respecto a la paridad y la participación política de las mujeres en Uruguay, el cuadro que presentamos abajo dice más que mil palabras. ¡Estamos un poquito peor que los países del Pacífico, y apenas un “poquito” mejor que los países árabes! ¿Será que aquello de República “Oriental” del Uruguay no era en balde?

Promedio de mujeres en los parlamentos en el mundo, la región y Uruguay

Fuente: Unión Inter -Parlamentaria e Instituto Nacional de las Mujeres

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Tras la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El mapa cambia de color Patrícia Álvares Hace un año Cotidiano Mujer imprimía una publicación con el mapamundi que colorea el planeta de acuerdo a la legislación del aborto que tiene cada uno de los países. En ese entonces, Uruguay –como la mayoría de las naciones del hemisferio sur– estaba pintado de naranja por su prohibición al aborto, salvo en casos de violación o riesgos para la vida de la madre. Tras la aprobación en octubre de 2012 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), nuestro país ahora está pintado de color verde. Se ha encendido una luz de esperanza para el derecho a decidir de las mujeres en toda la región. Alonso cuestiona, entre otros puntos, la necesidad de que la mujer realice tres consultas y la garantía de la confidencialidad, además de insistir en que los ginecólogos no fueron invitados a participar del proceso de redacción de la nueva normativa. Sin embargo, la Sociedad Ginecotológica del Uruguay (SGU) informó haber prestado asesoramiento en la reglamentación.

Sin embargo, este cambio de color, y de ley, implica un nuevo desafío: garantizar el acceso al aborto a todas aquellas mujeres que lo soliciten en cualquier lugar del país. En estos primeros meses, en el horizonte se asomaron numerosos obstáculos: los plazos se hicieron enemigos de las pastillas abortivas que pueden fallar, una mujer tuvo que recurrir a una clínica clandestina (tras el fracaso del aborto con fármacos), algunas se sintieron destratadas en los centros de asistencia, hubo escasez de trabajadores sociales y, en Salto, todos los ginecólogos alegaron objeción de conciencia.

Antes de que se votara la normativa, los parlamentarios abrieron un espacio de consulta en el que participó el cuerpo médico: “Algunos hicieron llegar su opinión y solicitaron ser recibidos, como los médicos de Colonia, por ejemplo. Otros supongo que se vieron representados en las instituciones y organismos invitados. La comisión especial no dejó de considerar a nadie que quisiera ser escuchado”, explica la diputada del Frente Amplio, María Elena Laurnaga.

Hasta el momento de cierre de esta publicación, el 30% de los ginecólogos se ha declarado objetor, según el Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre ellos figura Justo Alonso, grado 5 de ginecología del Hospital Pereira Rossell, quien señaló que no fue objetor de conciencia por cuestiones morales o filosóficas –como prevé el código de ética de medicina–, sino por estar en contra de cómo fue redactada la ley.

Mientras el Ministerio de Salud y los objetores más activos protagonizan un rifirrafe en la prensa, muchos prefieren no pronun-

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ciarse públicamente, aunque sí lo hacen en foros médicos con acceso privado. En estos sitios, algunos profesionales hablan abiertamente sobre el ser objetor de conciencia para no cargar con el estigma de “aborteros” o señalan la necesidad de cobrar por el acto médico. Así fue que ganó fuerza la idea de que muchos ginecólogos estarían usando la objeción de conciencia para disfrazar un caso de desobediencia civil. Es decir, para negarse a aplicar la ley.

vez que pueda vulnerar los derechos de otras personas y que ante la presentación de objeción de conciencia por determinado profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema la obligación de asegurárselo”. Cotidiano Mujer intentó hablar con el Colegio de Médicos acerca de su postura, pero no obtuvo respuesta. Frente a los médicos objetores, el MSP pretende que enuncien sus motivos por escrito, una medida que podría identificar a los profesionales que están desvirtuando el concepto de objeción de conciencia. Por su parte, los profesionales que se oponen a realizar abortos manifiestan persecución y argumentan que la declaración permitiría crear listas de objetores y “aborteros”. Sin embargo, para Leticia Rieppi, directora del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, tales listas ya existen en cada institución: los respectivos coordinadores saben quiénes son los profesionales que atienden o no en determinada prestación de servicio.

Por su parte, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) busca agradar a griegos y troyanos con un comunicado que dice que la objeción de conciencia “es un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país y cuyo ejercicio debiera llevarse a cabo con plenitud pero sin lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo”. Al mismo tiempo, la carta señala que “no es un derecho absoluto, sino que encuentra sus limitaciones toda

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Uno de los abogados del MSP, Sergio Araújo, reitera que la objeción de conciencia “abre una excepción individual por razones íntimas, filosóficas. No puede ser utilizada como instrumento para reclamar cambios a una ley”. El letrado sin embargo reconoce que estas puntualizaciones conceptuales no van a tener efecto en la práctica: “Un médico podría decir que objeta por cuestiones personales y tener en su historia un hecho que lo contradice, es una prueba, pero en la práctica sería muy difícil llevar adelante alguna sanción”, evalúa.

En el territorio A la objeción de conciencia general de Salto, se le encontró la solución de trasladar a las mujeres a otros departamentos para conseguir la receta de prescripción de la mifepristona y el misoprostol. Esta medida, que en un principio se propuso como temporal, no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. “Hay que indagar si en términos jurídicos es posible obligar al centro de salud a brindar ese servicio dentro del territorio de su competencia”, opina Laurnaga, que está en desacuerdo con el traslado de las salteñas. La diputada apostilla: “Es raro que todos los médicos de Salto opinen lo mismo. No creo que antes de la ley no hubiera abortos clandestinos allá, pero esto es pura especulación mía y de mucha gente”.

León Ferrari

La Federación Médica del Interior (FEMI), integrada por 23 instituciones distribuidas en 18 departamentos del país, se dispuso a trabajar por la implementación de la ley, pero no considera viable contratar nuevos ginecólogos para ofrecer este servicio: “La demanda [de solicitudes a la IVE] ha sido menor de lo que se pensaba. La radicación de especialistas en el interior pasa, entre otras cosas, por asegurar trabajo pleno con buenas condiciones y salario digno”, señala el presidente de la FEMI, Edgardo Mier. Aunque en Salto se contratara un nuevo profesional que no fuera objetor, y el departamento alcanzara la situación actual de Paysandú (solo un ginecólogo no es objetor), otro problema continuaría: ¿qué pasaría con las mujeres que necesitaran una intervención quirúrgica en manos de ginecólogos que tienen el derecho a no provocar la interrupción y el deber de concluirla en esos casos? Más allá de la objeción de conciencia, el desafío es garantizar a la mujer que llega al centro de salud un trato digno, que se respeten sus derechos humanos al margen de las cuestiones morales del profesional que le tocó en suerte.

Ojos que no ven, corazón que no siente Otro obstáculo que ha surgido a partir de la ley tiene que ver con los métodos abortivos. Muchos ginecólogos no tienen problema con recetar los fármacos recomendados para provocar la interrupción del embarazo ni de hacer una intervención quirúrgica para limpiar el útero de posibles restos tras la utilización de las pastillas. Pero sí rechazan la idea del aborto quirúrgico como primer procedimiento.

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Esta dificultad entorpece la posibilidad de realizar un aborto quirúrgico cuando la mujer que llega al centro de salud está con un tiempo de embarazo cercano al plazo límite establecido por la ley. Un ejemplo de ello fue el caso de una paciente en Canelones quien denunció que le fallaron las pastillas abortivas recetadas por el médico frente a una gestación de casi 12 semanas. La mujer tuvo que salir del país para abortar de forma clandestina. A la prensa contó temer que si continuaba con el embarazo, el hijo naciera con problemas debido al uso de los medicamentos abortivos.

La vía rápida

De acuerdo con información publicada por El Observador, en Tacuarembó los ginecólogos objetores son la mayoría, pero no tienen problema en prescribir la medicación: “Su objeción es solo para abortos quirúrgicos”. El Ministerio de Salud reconoce este escenario, pero sostiene que no se ha registrado ningún problema en ese departamento. Rieppi asegura que los ginecólogos están orientados a recurrir al método quirúrgico cuando la mujer presenta más de nueve semanas de embarazo: “En este período la mifepristona ya no resulta tan eficaz como hemos podido observar”, explica. Sin embargo, la jerarca admite que el número de objeciones de conciencia aumentaría si la reglamentación los hiciera sentirse obligados a aplicar ese procedimiento como primera elección, cualquiera fuera la circunstancia. “Nosotros, que realizamos abortos, sabemos que es un derecho de la mujer y lo hacemos de forma racional, pero es un procedimiento complicado que mueve la parte emocional del médico”, puntualiza Rieppi, quien también es ginecóloga.

La joven se reunió el mismo día con un ginecólogo, una sicóloga y una trabajadora social. A ellos les contó, separadamente, que quería interrumpir su embarazo y ellos le informaron todos los procedimientos. “Me dieron el formulario de consentimiento que te explica todo, también sobre los métodos, la medicación, los tiempos, las dosis, los intervalos, los cuidados, los efectos, las contraindicaciones”.

Julieta (nombre ficticio), de 20 años, quedó embarazada a pesar de que tomaba sus pastillas diarias para evitarlo. Llamó a su mutualista y pidió información sobre la IVE. Le explicaron todos los pasos, incluso, el del encuentro con el “tribunal” interdisciplinario. “Me asusté con la palabra ‘tribunal’, pero la persona me explicó que no era para juzgar, sino para explicarme los procedimientos y me agendó las consultas”, recuerda.

Al cabo de cinco días volvió con el papel firmado y el médico le recetó cinco pastillas: cuatro de misoprostol y una de mifepristona. “Me gustó que pudiera hacer todo en casa porque me sentí más cómoda con los cuidados de mi familia”, cuenta. La joven no tiene ninguna queja: “Me hicieron todo el acompañamiento por teléfono, me llamaron para saber si estaba todo bien. Hubo un día que sentí fuertes dolores y sangré muchísimo, pero no fue necesario ir al hospital”. Terminado todo el procedimiento, volvió a la institución y le confirmaron que no habían quedado restos en su útero. “Fue un alivio. Aún me siento mal por todo, es una decisión muy difícil de tomar, sobre todo porque pienso ser madre un día, pero sé que todavía no es el momento”.

La píldora que no es mágica en el contexto de la objeción Por un lado hay médicos que practican el aborto siempre y cuando no tengan que participar directamente: la mujer se va con la medicación y las instrucciones. Será en su hogar que vivirá el dolor, las contracciones, el sangrado. Por otro, están los médicos que no están de acuerdo con ninguna forma de interrupción voluntaria del embarazo, pero deben atender a las usuarias que llegan a emergencia. En el medio queda atrapada la mujer.

MSP con los docentes de todos los departamentos, frente a la pregunta de si no sería mejor que se internara a las usuarias y garantizar así la efectiva administración de los medicamentos, Rieppi destacó que si “no hay un ambiente amigable, la paciente puede sentirse expuesta, intimidada”.

Los expertos coinciden en que el método medicamentoso es el menos agresivo. En este “recomendable” surge un desafío que evidencia debilidades del sistema de salud en Uruguay: un ambiente frío y hostil para sus pacientes en los momentos de mayor vulnerabilidad. El pasado febrero, en una videoconferencia del

En esa misma reunión, una médica informó del problema de los ginecólogos objetores de guardia: “En el lugar que trabajo hemos intentado acompañar a las pacientes por teléfono y hasta por email para evitar que se vayan a emergencia durante las guardias de colegas objetores”.

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El via crucis Informaciones desencontradas, falta de equipo, atraso en los plazos, destrato y negligencia resultaron en un sinfín de idas y vueltas para Lorena (nombre ficticio) de 26 años, madre de dos hijos, que decidió interrumpir su embarazo cuando lo descubrió, a las cinco semanas. Lorena cuenta que se sintió juzgada por todo el equipo de salud durante el proceso del aborto que le costó un mes, una infección, dos legrados e incontables miradas de desprecio en su mutualista.

En el hospital, llevada finalmente por un ginecólogo de emergencia, le explicaron que podría pasar por una intervención quirúrgica para sacarse los restos, pero que el médico disponible en el horario “estaba en contra del misoprostol”. Lorena no entendía lo que quería decir: “Me internaron junto a otras mujeres en la misma situación y ese médico las estaba atendiendo a todas. Cuando me atendió a mí, me dijo que cuando despertara de la anestesia debía volver a casa porque él se iba de licencia y yo no podía quedarme internada por un mes, hasta que él volviera para darme de alta”. Aun sin entender la actitud del médico, Lorena le dijo que tenía miedo y que prefería quedarse, a lo que le respondió: “Lo que quiere usted es comer gratis”. El mismo médico quien le hizo el legrado le dio de alta sin explicarle nada, ni recetar otro medicamento que pudiera ser necesario. Pasado un par de días volvió a llamar a la emergencia porque continuaba con malestar: le identificaron una infección y le pasaron antibióticos.

Obstáculo número uno: hasta marzo no había trabajadora social con agenda disponible. Para ese mes, su gestación ya estaría cerca de las 12 semanas. Sin embargo, con un calendario en mano, la psicóloga le insistía que había tiempo. Como Lorena no quería prolongar su angustia, decidió ir a un centro en el que sí estuviera la profesional. Después de cuatro viajes, consiguió cita para principios de febrero. Como en ese trayecto habían pasado las tres semanas, Lorena entendió que los cinco días de reflexión habían transcurrido, pero la única trabajadora social de la mutualista para todo Montevideo le dijo que debía esperar cinco días más (de acuerdo con la ley). Lorena protestó. Contestó que conocía la ley y que la mutualista la estaba incumpliendo al postergarle tres semanas por falta de personal. Argumentó que durante ese tiempo impuesto ya había reflexionado demasiado y que si se atrasaban más, los iba a denunciar.

Lorena pasó otro par de días con dolores y fiebre y la ambulancia la llevó de vuelta al hospital: “Me dejaron horas tirada sin acompañamiento o explicaciones hasta que me hicieron un examen de sangre que confirmó que yo seguía embarazada y me internaron para una segunda intervención”. La ginecóloga número 11 que la atendió, le recetó antibióticos, le explicó todos los procedimientos posquirúrgicos e inclusive los métodos contraceptivos.

Acto seguido, tras la trabajadora social preguntarle los motivos de su intención de interrumpir el embarazo, le informó sobre programas sociales de asistencia y le preguntó si no había pensado en darlo en adopción: “Me dijo si yo sabía que hay gente que ofrece plata. Yo no podía creer”.

Al cabo de un mes Lorena pudo descansar. Sin embargo, aún se angustia: “Todo lo que pasé desde el principio, cuando la ecógrafa me preguntó si quería oír los latidos, la confusión de las informaciones mal dadas, los viajes para encontrar a la trabajadora social para que terminara diciéndome que hay gente que ofrece dinero por un bebé, las miradas de desaprobación, todo parecía estar montado a propósito para que yo no abortara”.

Un ginecólogo le recetó las pastillas al día siguiente y Lorena siguió las instrucciones. Al tercer día tuvo fiebre y mucho dolor. Llamó a la emergencia y fue una médica a la casa. “Le dije que había tomado misoprostol y me dijo que yo tenía que pedir otro ginecólogo y se fue”.

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El Ministerio de Salud está buscando mecanismos que faciliten la implementación de la ley más allá de talleres y capacitaciones. Mientras se va implementando el servicio, se van detectando detalles que necesitan ser cuidados. Entre ellos, el de mantener la confidencialidad de las usuarias al momento de la ecografía. “Nos hemos reunido con los equipos técnicos para integrarlos al proceso de una forma que las pacientes no se sientan expuestas, pero el personal debe saber que se trata de una IVE para no ofrecer fotitos del embrión o el audio de los latidos del corazón”, explica Rieppi. Al mismo tiempo, la sociedad civil está alerta. Cotidiano Mujer junto con CNS Mujeres, CLADEM, Mujer Ahora, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras y Proderechos trabaja en un proyecto de vigilancia ciudadana para asesorar a las mujeres que quieran acceder o hayan accedido a la IVE en Uruguay. El objetivo es difundir la ley y monitorear su implementación para detectar y enfrentar los problemas que puedan aparecer. En este sentido, también se está trabajando una vía de comunicación directa con el MSP para registrar quejas y buscar soluciones. Aunque hasta aquí se han señalado los obstáculos, también hay aspectos que funcionan. Historias como la de Julieta (ver recuadro), a veces, no son contadas por la prensa. Casos como el de tantas uruguayas que han podido (y van a seguir pudiendo) decidir sobre su cuerpo de forma legal y segura. Esas experiencias pueden contribuir a que, con los años, el mapamundi que colorea los países según su legislación sobre el aborto, muestre a toda la región pintada de verde.

El proceso con los fármacos • La mifepristona es un medicamento que inhibe la acción de la progesterona, hormona necesaria para la continuidad del embarazo. • El misoprostol es un fármaco que provoca contracciones del útero, ablanda y dilata el cuello, lo que posibilita la expulsión del embrión. • La mujer se lleva la receta para un paquete de cinco pastillas: una mifepristona y cuatro de misoprostol. La primera debe ser tragada. Pasadas 36 horas exactas, se deben colocar las otras cuatro directamente en la vagina, o debajo de la lengua y las mejillas para que se disuelvan (30 minutos antes de que sean tragadas). • De acuerdo con el MSP, esta combinación es eficaz en 98% de los casos y no genera complicaciones si se aplica correctamente. • El sangrado, cuyo volumen puede equivaler al doble de lo habitual en una menstruación, suele empezar una hora después de la administración del misoprostol y puede durar entre 5 y 8 días (incluso unos días más).

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La IVE en Maldonado

Escollos en la costa

León Ferrari

Beatriz Jaurena/ Pepi Gonçalvez

En la última misa de Nochebuena en la Catedral de Maldonado, además de las hostias, el obispo Rodolfo Wirz repartió a los fieles fetos de cerámica de unos seis centímetros como parte de la campaña contra la Ley 18.987. A pesar de la cruzada del prelado y sus correligionarios, los centros de salud hacía varios días que brindaban atención a las mujeres que solicitaran la interrupción de su embarazo y que estuvieran dentro del plazo de 12 semanas de gestación, con un procedimiento que garantiza la confidencialidad y emplea la vía medicamentosa en primera instancia. En esas fechas ya se contaba con la medicación y se habían resuelto carencias para cubrir el equipo técnico. En enero hubo una denuncia pública de maltrato en los centros de salud. Una usuaria difundió a través del matutino la diaria que había sido destratada por el equipo a cargo de la atención en el Hospital Dr. Héctor Fontes”, en Pan de Azúcar, y en el Hospital Elbio Rivero, en Maldonado. La noticia, que daba cuenta de agresiones verbales y acciones disuasivas para que la paciente no interrumpiera su embarazo, también fue

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tomada por otros medios, muchos de los cuales agregaron que se trataba del primer y único caso de aborto en Maldonado, algo absolutamente falso. A raíz de la denuncia, el director de Ginecotología del Hospital de Maldonado, Dr. Roberto Sergio dio una nota en Subrayado en la que admitió que su equipo había invitado a la usuaria a “escuchar los latidos” durante la ecografía. Frente a este escenario, en la reunión de las mujeres del Frente Amplio de Maldonado (que se realiza los 14 de cada mes) se plantearon acciones ante estos hechos que vulneran los derechos de las usuarias del sistema de salud. También se promovió una reunión de la Unidad Temática por

los Derechos de las Ciudadanas en Montevideo (del mismo partido) y se conversó con algunas autoridades del área de salud. En este diálogo, la directora Departamental de Salud, Dra. Beatriz Lageard, informó que en el departamento no se presentaron objeciones de conciencia y que el hecho difundido en los medios dio pie a una investigación por parte del Ministerio de Salud Pública. El número de intervenciones que han habido, señalan, no se difundirán hasta hacer una evaluación. Asimismo, en el transcurso de las entrevistas en el marco de la IVE, se han detectado casos de violencia sexual en las parejas estables, lo que ha permitido su derivación y atención especializada. Esta es una

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realidad encubierta en muchos ocasiones que ahora sale a la luz para registrarse en los datos de la Oficina de Políticas de Género de la Intendencia de Maldonado, que coordina servicios de atención por violencia doméstica. El día del aniversario del Frente Amplio, muchas mujeres de Maldonado se trasladaron en varios ómnibus y autos a Costa Azul para asistir al acto de su partido. Como orador de improviso participó Tabaré Vázquez. En ese instante se asomaron carteles en defensa de la nueva ley para que el expresidente, que impuso su veto, pudiera leerlos. En reclamo de la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir.

Cairo + 20

Dos décadas después Ana Cristina González Vélez1 A 20 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo, aunque el discurso público sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos tiene una presencia clara en la agenda de las políticas, persisten brechas y limitaciones en las leyes, los programas, el acceso a servicios, y en general, en la protección de los derechos en esta área. A su vez, el movimiento de mujeres, que 20 años atrás hizo una extraordinaria movilización y llevó a las Naciones Unidas una agenda feminista en el campo de la sexualidad y la reproducción, cuenta con menos recursos y mayor diversidad de sujetos políticos que demandan ser reconocidos, lo que algunas veces fragmenta los esfuerzos y dificulta la definición de prioridades. En la esfera política enfrentamos gobiernos que contravienen los

acuerdos internacionales (Nicaragua, Honduras) con la absoluta penalización del aborto o la prohibición de la anticoncepción de emergencia, y gobiernos progresistas cuyo avance resulta a menudo tímido (como en Uruguay, donde pese a que la mayoría de la población está a favor de la legalización del aborto, la ley votada sigue manteniendo algunas barreras para su acceso). Al mismo tiempo, hay un aumento de la importancia del marco internacional de derechos humanos para lograr conquistas relativas a la protección de los derechos sexuales y reproductivos y una marcada judicialización.

En este escenario, los rezagos y retos de la agenda se hallan, por un lado, en la situación de la salud, que enfrenta el incremento de la infección VIH en mujeres y del embarazo adolescente en casi toda América Latina, la persistencia de la mortalidad materna evitable, el aumen¿Una oportunidad para avanzar en la agenda de los derechos? to de la violencia de género y la impunidad, el cáncer de útero mayoritariamente en En el Programa de Acción de la Conferencia Internatergubernamental en el que los gobiernos del mundo mujeres pobres, los lentos cional sobre Población y Desarrollo del Cairo, en 1994, se reúnen para discutir y negociar la agenda en el ámavances de los derechos los países del mundo convinieron en torno a una serie bito global y regional. Aquí, América Latina tendrá un de temas como el crecimiento y estructura de la poblasexuales que apenas se espacio privilegiado para negociar en la I Conferencia ción, la urbanización y la migración interna, migración asoman al reconocimiento regional sobre población y desarrollo de la CEPAL, internacional y el desarrollo, la familia y la igualdad de de la población LGBTI y la que se celebrará este año. género, la equidad y empoderamiento de las mujeres; y escasa garantía del accelos derechos reproductivos y la salud reproductiva4 para En América Latina se ha conformado una articulación so al aborto legal en forma los que se acordaron objetivos y medidas concretas. de la sociedad civil paralelamente al proceso oficial, oportuna y segura. En 2011 Naciones Unidas decidió extender el mandato de este programa más allá de 2014 y realizar una revisión operativa para conocer el grado de implementación de esta agenda y determinar los retos y los asuntos emergentes en materia de población y desarrollo, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). Este proceso tiene dos grandes componentes. El primero consiste en una serie de acciones para determinar el grado de avance en los objetivos y las medidas contenidas en el Programa del Cairo: los perfiles por país5, la encuesta mundial, las consultas con expertos y organizaciones de la sociedad civil6 y las conferencias temáticas. El segundo se refiere a un proceso in-

integrada por 40 redes y organizaciones con el fin de coordinar acciones, acordar posiciones políticas colectivas y alcanzar un mayor impacto.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han comenzado a definir la nueva agenda de desarrollo para después de 2015 (Agenda Post 2015), cuando se cumplen 15 años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta iniciativa alberga más de 50 consultas nacionales y consultas temáticas, por ejemplo, sobre inequidades, salud y violencia contra las mujeres). En este contexto, se espera que a este proceso se incorporen las prioridades de Cairo+20 para lo que es fundamental una apuesta sólida y consistente sobre la agenda de la SDSR, así como de la igualdad y empoderamiento de las mujeres.

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A esto se suma que nuestros sistemas de cuidados no están preparados para hacer frente al envejecimiento, no hay estrategias claras para aprovechar el bono poblacional y persiste una división sexual del

trabajo tradicional que define al sexo femenino como el único responsable del mundo reproductivo, además de imponerle una carga sobre el mundo productivo. En el mismo sentido, a pesar de los logros, persisten enormes desigualdades entre los grupos según la edad, el sexo, la urbanización, el nivel de educación, la raza, la etnia y la orientación sexual. Inequidades que se expresan en el acceso a la información, los servicios, los resultados en salud y la protección de derechos. Los rezagos y retos también se encuentran en una sociedad civil activa en la que aparecen nuevos actores políticos que disputan por la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Sujetos con distintas identidades (trabajadoras sexuales, jóvenes, indígenas, afrodescendientes) trayectorias (activistas de los derechos humanos, de otros movimientos sociales, asociaciones profesionales) y/o condiciones sociales (migrantes, desplazadas, víctimas del conflicto). Esta multiplicidad necesita una lupa en las intersecciones y las inequidades, pero también una vigilancia y una incidencia política más aguda para exigir y proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR).

¿Cómo avanzar en la agenda? “El derecho a la salud ha sido uno de los derechos que de manera más significativa se ha ido ampliando en la evolución de los derechos humanos. Hoy es un derecho con amplios desarrollos conceptuales y en el que las necesidades específicas se han consolidado en el derecho a la salud de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. También se ha avanzado en el reconocimiento de la relación del derecho a la salud con otros derechos y en el reconocimiento de grupos de mujeres con necesidades especiales que requieren mayor protección o, por lo menos, una protección diferenciada y especial. En este marco, la igualdad, la equidad y la no discriminación resaltan el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos como un contenido diferenciado, que subraya sus necesidades especiales, y constituye un marco conceptual para avanzar la agenda”2. Uno de los principales obstáculos para que las mujeres alcancen el más alto nivel posible de salud es la desigualdad, no sólo entre ésta y el hombre, sino respecto de otras mujeres. Estas diferencias derivadas de su posición social generan inequidades en el acceso a servicios de salud y por ello la equidad demanda el

reconocimiento de las condiciones diferenciales que se generan entre los grupos de mujeres de acuerdo con estas características3. Al ser América Latina la región más desigual del mundo no es posible avanzar en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos si no se incorpora este enfoque de equidad de manera estructural en las políticas. Frente a esta realidad, lograr el aborto legal y seguro, prevenir y tratar el VIH con un enfoque de género, eliminar la violencia basada en género, defender los derechos de la población LGBTI e incorporar la salud sexual y reproductiva integral para adolescentes y jóvenes son algunos de los asuntos críticos que debería incluir la agenda de SDSR. Si se quiere garantizar que los procesos que se llevan a cabo en Naciones Unidas (particularmente el de Cairo+20 y la agenda Post 2015) sean una oportunidad, es fundamental afrontar algunos desafíos políticos, como que la sociedad civil participe de forma efectiva, que la información sobre la construcción de las nuevas agendas sea clara y permanente, que la agenda del Cairo se vincule con las otras agendas de Naciones Unidas, que se incorporen los compromisos de derechos humanos en los nuevos términos que definan el Programa de Acción de Cairo más allá de 2014 y la Agenda Post 2015, que se generen nuevos liderazgos sociales para avanzar a largo plazo en la agenda de SDSR y, por último, que se consoliden mecanismos para que los gobiernos estén obligados a rendir cuentas. 1 Consultora internacional en temas de salud, integrante de la Articulación Feminista Marcosur. 2 González Vélez, Ana C. “¿Cómo definir y recopilar buenas prácticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos? Goce efectivo de derechos: un marco de buenas prácticas”. CEPAL - Serie Mujer y desarrollo Nº 104. Reunión internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 3 González Vélez, A.C. “Causal salud: interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos”. Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, FLAASOG y ANDAR. Montevideo, 2008. 4 Para este recueadro se utilizó como referencia el folleto “El Futuro que el UNFPA quiere para todas las personas”, elaborado por el UNFPA/Colombia, enero de 2013. 5 http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles 6 En América Latina y el Caribe las consultas fueron realizadas en Uruguay y Jamaica en el año 2012. Compromiso de Montevideo: http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=295:rumbo-acairo20&catid=40:debates-feministas y Declaración de Ocho Ríos)

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Las Viejas, las Otras de las Otras1 Elena Fonseca “Hasta que no perdamos la vergüenza de sentirnos viejas, no habrá un pensamiento político de la Vejez”. Jean Franco

“El varón es el sujeto, el ser absoluto, la mujer, la Otra”, escribió Simone de Beauvoir en 1948 provocando un escándalo grande entre quienes –Revolución Francesa mediante– se creían iguales, o casi. La noción de otredad se refiere a la relación de amo y esclavo, el primero intentando justificar sus privilegios con “loables” intenciones, o recurriendo al inmutable “estado natural de las cosas”. La imagen de “Otro” frente al “Uno”, al verdadero, da la idea del negativo de algo, de lo falso, de una especie de colonización, de ser en relación a otro, es decir, de no ser. Durante siglos las mujeres ¿acataron? ese estatuto que las privaba de una parte de la vida porque no llenaban el formulario de admisión, tenían el cerebro más chico, el cuerpo más frío, falta de calor vital, menstruaban y eran sucias, tenían una defectuosidad natural, la carne femenina es porosa y húmeda, la hembra es frágil, tiene menos dientes, menos suturas craneanas… padece de una pasividad metafísica (Aristóteles, sic). Solo muy pocas mujeres pudieron sustraerse al poder de esta opinión de filósofos, clérigos que adaptaban las religiones a sus misoginias, monarcas que aprovechaban los vientres reproductivos para poblar sus huestes. Cristina de Pizán en el siglo XV rabió y despreció a estos pensadores pero fue silenciada durante cinco siglos; Olimpia de Gouges en el siglo XVIII proclamó que las mujeres eran tan ciudadanas como los hombres pero acabó en la guillotina. No hubo un movimiento colectivo hasta la mitad del siglo XX.

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¿Quién les devuelve a las mujeres lo que no han vivido, las peripecias intelectuales, los encuentros entre pares, las fiestas dionisíacas y las bacanales, las lupercales y saturnales, los libros que no escribieron, las universidades a las que no fueron, los amores que no tuvieron, el sol que no tocó sus cuerpos, el poder, la libertad, la identidad? Encerradas, tapadas, silenciadas, perdieron parte de sus vidas.

Es probable que para el próximo milenio la edad sea lo que la raza (y el género y la orientación sexual) han sido para la segunda mitad del siglo XX: un problema de alto perfil y muy divisorio para el cual será extremadamente difícil encontrar soluciones que funcionen. Puesto que no hay homogeneidad histórica sobre esta “edad” o sobre este tiempo de vida ya no la establece la menopausia, ni la jubilación, ni producir o reproducir, ser vieja es un concepto relativo, es decir, depende de cómo se lo mire, desde dónde, con o sin prejuicios, con o sin sentido de dependencia. La nube de negativismo que se cierne sobre las llamadas adultas mayores, o integrantes de la tercera edad, o abuelitas, es espesa y difícil de analizar por la multiplicidad de factores, objetivos y subjetivos que interfieren.

Con las viejas, con las mujeres viejas, se produce algo similar, solo que en este caso el sujeto que las convierte en otras es a menudo ella misma como cómplice cruel. Para la antropóloga Bárbara Myerhoff el “edadismo” (o edaísmo), los estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores, se caracteriza por tener los mismos procesos internos que alimentan al racismo en tanto ideología de superioridad, como el clasismo, el colonialismo, el machismo, la homofobia. La vejez es un fracaso, para los edadistas, y debe suscitar culpa estar vivos como crudamente lo dijo el ministro de Hacienda de Japón que pidió a los ancianos de su país que “se den prisa en morir” para que el Estado no tenga que pagar su atención médica. “Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por el Gobierno” (22/01/13) afirmó este ¿anciano? de 72 años, que finalmente decía en voz alta lo que muchos piensan. Y que ni siquiera se tomó el tiempo de proponer una dulce eutanasia.

Ser vieja es haber dejado de ser joven dice Pero Grullo, pero ¿por qué no hay un imaginario positivo de la vejez? Las otras edades de la vida tienen un momento preciso de iniciación, la niñez, la adolescencia, la adultez, ¿pero qué hecho determina que seamos viejas y que desechemos una franja de vida que por ser la última no tiene que ser una NO vida? ¿Podremos vernos como somos, no como creemos que nos ven? ¿Podremos aprender a vivir con el tiempo subjetivo y olvidarnos del cronológico que existe solo en los almanaques? La sensación de deterioro físico se convierte en un imperativo para muchas víctimas del “señora eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace”, deje ya de joder con la pelota que se inmolan en el altar del deber ser.

Para los neoliberales la vejez misma es una enfermedad. Sin vacuna por ahora. Y para muchos esa enfermedad incurable solo merece ser tratada como tal para alegría de galenos/as que prescriben pastillas a granel consumidas con devoción y por supuesto con enorme valor lucrativo. Pero ¿dónde está la calidad de vida? Para la Organización Mundial de la Salud es “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes y preocupaciones”. Solo que no hay calidad de vida si no hay bienestar subjetivo, que es hoy en día el principal indicador para medir la calidad de vida. Y si analizamos los contextos sociales que traducen e ilustran las vidas de las viejas, difícil llegar a una mínima autoestima. Y no se trata de seguir siendo eternamente joven, pero sí de seguir teniendo una vida válida, una que no suponga ser una paria. Debería ser posible tener un trabajo y contar con las ventajas de ser vieja, con más tiempo libre, más experiencia, más conocimientos.

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En la literatura y el cine la representación de las viejas trasmite una imagen que suma lo asqueroso y perverso a lo inútil. Las brujas en los cuentos infantiles son todas viejas, feas y malas. Celestina, la vieja por excelencia es tuerta, alcahueta, cerda, esposa del cerdo, cochina, sucia, arrugada, fea, loca, bruja, ministra del demonio… (sic). ¿Quién quiere ser esa vieja?

No vamos a encarar aquí el tema de las políticas públicas frente al envejecimiento de la población, la necesidad de un sistema nacional de cuidados y las enormes carencias que presenta en nuestro país. Tampoco el peso de la pobreza sobre las mujeres más vulnerables a través de otras desigualdades, etnia, discapacidad. No ahora.

En una encuesta telefónica reciente sobre la situación del país se le preguntó a una mujer por el barrio, por su profesión, etc., y al llegar a la pregunta sobre la edad la encuestadora dijo muy amablemente “perdone señora, pero con 81 años no entra en nuestros intereses”. ¿Quién quiere ser esa vieja?

No se trata tampoco de contar una historia ejemplar, ni de dar una clase de autoayuda para ser felices. Es una lucha política que las feministas damos para recuperar ese pedazo de vida que la sociedad patriarcal nos saca, aunque nos regale espejitos de colores, “casas de salud” cerradas a candado para proteger de los peligros de la ciudad, medicamentos para dormir que impiden posibles amenas vigilias. Y a veces halagos baratos. Placebos.

Y cuando aparece una visión positiva de la vejez, es la abuelita de la lata de Mazzawattee que refleja calma, serenidad, armonía con su nietita, pronta para recibir cuidados y cariños. Siempre que no moleste. Es una visión pasiva, negativa ¿Quién quiere ser esa viejita?

La cabeza de las viejas está habitada por miedos: a la soledad, al mundo exterior, a la carencia, a la dependencia (a veces cuidadosamente provocada), a romper los tácitos acuerdos familiares conservadores que obligan a seguir con los estereotipos. A la muerte. A una posible presencia de la sexualidad tan postergada.

Los medios masivos tienen un poder simbólico, construyen la imagen de las mujeres reales a través de la ausencia, borrándolas del mapa en primer lugar y luego, enfrentándolas a la híper representación de lo sensual, corporal de la mujer/tipo, blanca, rubia, joven, 90-60-90 y lo rematan con el lenguaje sexista no inclusivo. Las viejas no tienen otro espejo que ese que muestra el retrato de Dorian Grey, el cuadro. Y cuando se trata de posibles consumidoras los medios edulcoran las imágenes de viejas lindas si consumen las ofertas de remedios, residenciales, cremas anti arrugas, viejas geniales, alegres juveniles.

¿Cuándo se es vieja? ¿A los 60, los 70, a los 80, cuando la práctica de la sexualidad se enrarece? ¿Pero de qué sexualidad? ¿La nuestra o la que decreta el patriarcado? ¿La de la penetración obligatoria, castigo merecido para los varones de 50 que no diversificaron sus hábitos sexuales desde la adolescencia y que necesitan la masturbación de un pene en una vagina para sentirse machos?

Muchas mujeres no saben qué hacer con los 20 o 30 años de vida que les queda cuando se jubilan. O se quedan solas y los tiran a la bartola, los rellenan con símiles de vida, hacen como que viven en un mundo del que han borrado los conflictos, las pasiones, los deseos, las aventuras, con una relación con el cuerpo al que solo se le deja expresar dolores y que no existe más que para cuidarlo. Es una tajada de vida entregada a la pira del “terrorismo estético” reflejado por los jóvenes, hasta por niños, pero sobre todo por los adultos en la plenitud de la vida –esos que alguna vez fuimos –expresada en imágenes, silencios, sin pudor y con falsa piedad, pero acatados con sumisión por las titulares del genérico “abuela” de los hospitales y de los ómnibus.

Nos referimos al uso libre de la libido, a tener deseos, a vivir con erotismo todos los momentos posibles. Sin trabas, con fantasías, con irreverencia. Y también con un proyecto de muerte amable, sin terrores del más allá ni del más acá, sin futuros engaña pichanga, pero sin dolor. Es decir, con dignidad. A veces, en un grupo de viejas se oyen carcajadas, seguramente se ríen de sí mismas, demostrando que lo que se ha dado en llamar resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar la adversidad y salir fortalecida de la experiencia, es posible. A pesar de todo. ¡A la vejez, viruelas!

Se envejece según se ha vivido, es un proceso. Las mujeres que en sus vidas apuestan a una sola carta, un compañero/a, hijos, una carrera, al físico, etc., deben saber que al fallar uno de esos elementos, se “rompen”, el mundo se les viene abajo.

1 Taller realizado en el XII Encuentro Feminista en Bogotá, noviembre 2011.

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Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez

Los cuerpos que salen a la calle

Ir más allá de lo visible. Esta es la propuesta de una investigación teórica, que a partir de dos ejemplos oportunos, se propone reflexionar sobre el concepto de cuerpo en su dimensión performativa: como sujeto y como objeto de las demandas de los movimientos feministas y LGBTIQ1.

Lucía Pérez2 La problematización de la sexualidad como campo político ha sido una de las principales conquistas de los movimientos feministas y LGBTIQ. En este sentido, la perspectiva de la ciudadanía sexual coloca el debate sobre nuestros cuerpos y sexualidades en términos de derechos humanos, y propone nuevas formas de concebir al sujeto en su implicancia política. La construcción discursiva que los movimientos hacen del cuerpo, de sus usos y significaciones para lograr nuevos espacios de acción revela el trabajo identitario hecho por estos movimientos, no sólo en las protestas concretas, sino en la construcción discursiva del cuerpo como sujeto político. La materialidad del cuerpo y los discursos en torno a éste se han transformado en la alternativa propuesta por los colectivos para situar sus demandas en la esfera pública y exigir, en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, los derechos de los que han sido excluidos. A partir de dos protestas que tuvieron lugar en Montevideo en 2011, es posible exponer algunas de las interpretaciones sobre los cuerpos al ponerse en juego en estas manifestaciones.

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Uno de los ejemplos es la “chuponeada masiva” que se realizó el 16 de julio de 2011 en la puerta de un boliche de Montevideo que fue acusado de echar a una pareja de varones que se estaban besando. Los relatos de personas que presenciaron el hecho cuentan que la pareja se estaba besando en la pista de baile y que la seguridad del local les pidió que “cesaran con esa actitud inapropiada”3, sin afirmar que hubiera habido algún tipo de conducta discriminatoria en la solicitud. Como reacción inmediata frente a la denuncia de los jóvenes, el Colectivo Ovejas Negras difundió lo sucedido en los medios de comunicación, pidió que los dueños del local se retractaran públicamente con los jóvenes e inició una acusación legal y convocó a la puerta del boliche para realizar una “chuponeada masiva” en repudio a lo que había ocurrido. Así, asistieron más de 300 personas, homosexuales y heterosexuales, para protestar con besos por un acto de discriminación. En las manifestaciones no es casual la creatividad para colocar metafóricamente el reclamo. En este caso, se trata de un acto puntual de discriminación, un ejercicio de poder que se impregna en el cuerpo (de dos jóvenes homosexuales que se están besando) y esconde una profunda realidad discriminatoria (la homofobia) que se expande en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien la legislación uruguaya ha hecho algunos avances en esta materia, aún queda mucho camino por recorrer y este episodio es un ejemplo: el ser homosexual aún sigue siendo un estigma o, por lo menos, sigue siendo condenado si se hace público. En Estigma, Goffman señala que existe una serie de características que pueden ser susceptibles de etiquetar a los seres humanos. La sexualidad y las preferencias sexuales son potenciales rotuladores. “La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el cumplimiento de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de esas categorías”4.

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“La persona estigmatizada recurre a ocultarse para esconder cierta información sobre sí misma. Cuando decide escapar de este encubrimiento, recibe una agresión social como respuesta”. Aquí hay dos cuestiones en relación con la protesta. Por un lado, es una performance en el sentido de una actuación, una puesta en escena, una fachada social que debe prepararse y realizarse. Hay un trabajo de coordinación, una consigna llevada adelante y requiere de un desempeño puntual por parte de cada actor de la protesta: besarse con otra persona. Por otro, la protesta es un acto performativo en el sentido de Butler, es decir, como acto de repetición y reafirmación de un proceso de identificación de un colectivo que defiende otros modos de relacionarse afectivamente. La performatividad de Butler es más que una teatralización, implica un acto de repetición exhaustivo de las normas. Como en Goffman, también hay una producción ritual de las formas legitimadoras de lo sexual que imprime significados y estánda-

De ayer y hoy Las representaciones callejeras siempre han acompañado al feminismo. Entre las más recordadas, en 1989, tras el femicidio de Flor de Lys Rodríguez, Cotidiano Mujer junto con otras organizaciones se paró frente a la comisaría de la Mujer donde Flor había denunciado las amenazas de su exmarido. Llevamos carteles, pusimos parlantes con la voz de nuestra amiga asesinada contando las veces que había ido desesperada a esa seccional, y plantamos una margarita en la Plaza Libertad. En la misma plaza, siete años después, convocamos a la ciudadanía a participar del entierro de la violencia doméstica a través del anuncio publicado en las necrológicas de los diarios que decía: “R.I.P. Falleció, finalmente, la violencia doméstica”. Hubo acciones perfomativas que incluso se replicaron en varios países, como la que hicimos con la artista brasileña Beth Moysés en 2005: decenas de mujeres vestidas de novia caminaron por la Plaza Independencia y bordaron sus guantes blancos con hilo negro para simbolizar el cicatrizar de las heridas de las víctimas de violencia doméstica. C.M.

Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez

res socialmente aceptados. Sin embargo, esta performatividad es un acto político en sí mismo capaz de romper con los contextos lingüísticos anteriores y proponer alternativas nuevas. En este sentido, los actos performativos poseen capacidad de agencia en sí mismos, un ejercicio de contrapoder que no es intrínseco a los sujetos, sino que es una práctica que éstos pueden realizar a partir de la rearticulación y resignificación permanente de las modalidades del poder. La contingencia es el lugar donde habita el sujeto, pero es en la capacidad de agencia del acto performativo que puede trazar sus líneas reivindicativas no hegemónicas para resignificar su propia identidad.

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El segundo ejemplo que sirve para mirar lo que está detrás de lo explícito de las protestas fue la que organizó en 2011 el colectivo Mujeres de Negro el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en la que cientos de personas caminaron de luto hasta la Plaza Independencia exigiendo la imputabilidad de los crímenes por violencia doméstica en Uruguay. Cada 25 de noviembre, esta organización de mujeres realiza alguna actividad para conmemorar la fecha y en esta oportunidad la marcha estuvo repleta de mujeres vestidas de negro, de rostros cubiertos por velos y velas encendidas que simbolizaban un ritual de luto por todas las

Marcha Mujeres de Negro 2012, foto: Daniela Rodríguez

cionados: construyen su retórica desde la exigibilidad de derechos, afirmando que los discursos sobre nuestros cuerpos nos habilitan o nos limitan en diferentes ámbitos de la vida. Pensar las movilizaciones de estos colectivos en términos performativos permite visualizar la complejidad en la que se entretejen los discursos sobre el cuerpo; cuando es éste el sujeto de la acción política, hay una infinidad de conceptualizaciones y representaciones socialmente construidas que, muchas veces, dificultan el acceso a algunos derechos por una parte importante de la ciudadanía. Pero además, permite ubicar la materialidad de los cuerpos en la propia protesta como herramienta de lucha. Es esta doble dimensión de lo corporal que interesa resaltar de las protestas de calle.

La marcha es parte del repertorio clásico de acción de los movimientos sociales empleado por los más diversos colectivos en circunstancias también variadas. Sin embargo, una vez más, la originalidad de estos movimientos pone en juego al cuerpo. En este caso, el cuerpo de la mujer, el cuerpo violentado, o incluso sin vida, se convierte en campo de lucha, en espacio de protesta de otras mujeres que simulando una caravana funeraria transitan por las calles para colocar el tópico en la opinión pública. La vestimenta negra indicando el luto por todas esas mujeres que fueron y son víctimas de violencia envuelve la construcción

de la escena y la presentación de una fachada colectiva para ilustrar la pérdida, el duelo. Como proceso identitario, el hecho de salir a la calle, de incitar a denunciar cualquier hecho de violencia en el hogar, el ser un colectivo y el reconocer que más personas se encuentran en una misma situación, ayuda a concientizar en un lugar específico que puede ser compartido, una causa común vivida en y a través de los cuerpos que son violentados. Las protestas performativas tienen la doble implicancia de ser, por un lado, una actuación en términos artísticos y sociales, al existir una preparación de la representación que es combinada y ejecutada por el colectivo. Por otro, es un proceso identificatorio en el que el cuerpo es puesto como centro mismo de la protesta. Esto se encuentra directamente relacionado con los reclamos de los movimientos men-

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En segundo lugar, las protestas entendidas como acto performativo muestran no sólo una representación de las demandas, sino que instituyen dinámicas propias a los colectivos. Son una puesta en escena de los reclamos a través de los cuerpos que participan de las manifestaciones y al mismo tiempo permiten la reflexión y la construcción de un espacio identitario común.

Foto: Nairi Aharonian

víctimas de la violencia intrafamiliar. Las propias organizadoras del acto hablaron de una performance en sentido artístico por el aditivo de la escenificación de un luto.

En tercer lugar, las demandas que se plantean remiten a un plano de análisis que trasciende el momento concreto de la manifestación. Lo que se quiere reivindicar y cómo hacerlo responde a una estrategia política para posicionar la cuestión en un grado de abstracción mayor: el derecho. Lo que buscan incansablemente estos movimientos es obtener mayores ampliaciones del espacio democrático a través de la obtención de ciertos derechos que le son negados o existen sólo a título nominal. Es importante pensar en las movilizaciones de estos colectivos en su originalidad y creatividad en la puesta en escena, pero también concebirlas dentro de una práctica política crítica que cuestiona los recovecos de nuestro sistema democrático. Las movilizaciones sociales son un motor indispensable para la dinámica democrática, y son los actores colectivos los principales agentes de las transformaciones sociales.

Foto: Nairi Aharonian 1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queers 2 Lucía Pérez es socióloga, candidata a Magister en Sociología por el IESPUERJ. Trabaja como docente y es investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR. Aquí publicamos un extracto de un trabajo más amplio que corresponde a su tesis de maestría. 3 Extraído de la página web del portal 180 del día 14 de julio de 2011 (www.180.com.uy). 4 Goffman, Erving [1963] (2006) “Estigma: la identidad deteriorada”. Buenos Aires, Amorrortu, pág.11

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Cindy Sherman

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano

El polémico pinchazo En Uruguay a partir de abril todas las niñas de 12 años podrán solicitar la vacuna contra el VPH. Un producto farmacológico que hasta el momento carga con muchas incógnitas.

Inma Mora

Con una inversión de 1 millón 200 mil dólares, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciaba este verano que la vacuna contra Virus del Papiloma Humano (VPH) estará disponible de forma gratuita en Uruguay a partir de abril. No tendrá carácter obligatorio ni integrará el calendario de vacunación. La iniciativa, a su vez, estará acompañada de una campaña pública que hará hincapié en la importancia de la realización de un test de Papanicolau como método de prevención del cáncer de cuello uterino. A pesar de la disponibilidad de la vacuna (que hace tiempo lo está, solo que antes no era gratuita) sus ventajas aún son algo inciertas: existen dudas de cuánto dura su efectividad y hasta dentro de varias décadas no podrá conocerse su verdadero efecto. A esto se le suman los efectos secundarios graves que se reportaron en países como España y Estados Unidos.

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• El cáncer de cuello de útero pude ser causado por más de 100 tipos de VPH. La vacuna comercializada sólo previene dos de ellos. • Hasta dentro de varias décadas no se conocerá la verdadera efectividad de la vacuna. • En España se han registrado más de 700 casos de reacciones adversas, algunas de ellas muy graves. En septiembre de 2012, una joven de 13 años murió en Galicia tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el VPH.

El Virus del Papiloma Humano se transmite por contacto de la piel (no por los fluidos sexuales) durante las relaciones sexuales. “Algunos tipos de VPH tienen capacidad oncogénica, y provocan mitosis sin control, displasia, carcinoma in situ, y cáncer de cuello de útero. El virus es causa necesaria, pero no suficiente. La pobreza, el tabaquismo, y otros factores desconocidos son clave para el desarrollo de la enfermedad”, señala el doctor Juan Gérvas, médico de familia en varias localidades de España, en un artículo de la revista española MYS, y agrega: “En la mayoría de los casos la infección se elimina por medios naturales, espontáneamente. Importa la infección que se mantiene por más de dos décadas. La infección permanente es lenta, pues lleva hasta diez años para producir lesiones precancerosas, y otros diez años para producir carcinoma in situ”.

En un artículo publicado en La Jornada de México, la investigadora sueco mexicana Asa Cristina Laurell cuestionaba la comercialización de la vacuna a partir de un estudio de lo que se desconoce de la vacuna del VPH que protege contra cuatro de las más de 100 cepas del VPH. “El ensayo clínico hecho en 11.550 mujeres de 16 a 23 años demostró una importante protección contra lesiones precancerosas en un plazo de cuatro años, pero no se sabrá hasta dentro de 25 a 30 años si protege contra el cáncer de cuello uterino. Se desconoce el tiempo que dura la protección, particularmente en los casos de niñas de 9 a 13 años que son las que se vacunan de forma masiva”. Frente a estos hallazgos la médica se pregunta: “¿Qué pasará con la infección con otras cepas oncogénicas, ya que algunos estudios han mostrado un incremento en lesiones asociadas a ellas? ¿Cómo afectará la vacunación el control sistemático con el Papanicolau? A estas interrogantes hay que añadir los efectos adversos e incluso mortales en las niñas inmunizadas”.

De las más de100 cepas que hay de VPH, solo 12 pueden desarrollar un cáncer y menos del 1% de los casos de infección llega a convertirse en cáncer. Que una mujer se infecte con el virus no significa que vaya a tener cáncer de cuello uterino.

En un comunicado a los equipos de salud el MSP advierte de que hasta el momento, la información sobre el beneficio de esta vacuna “se basa en estimaciones de los resultados sobre las lesiones pre malignas y no sobre el cáncer en sí mismo”. En el mismo documento la cartera de salud explica que “es importante destacar que los países que han disminuido francamente el CCU [cáncer de cuello uterino], lo han hecho mediante la universalización de la prevención integral con mucha anterioridad a la incorporación de las vacunas contra el VPH”.

Por otro lado, en lo que respecta a la vacuna comercializada, no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos: sólo actúa contra el VPH-16 y el VPH-18 (que se vinculan mayormente con algunos tipos de cáncer uterino) y contra los serotipos HPV-6 y HPV-11 (que producen las verrugas genitales).

Por su parte, la ginecobstetra Giselle Tomasso, asesora técnica del MSP, en una entrevista con el programa de radio No Toquen Nada asegura que “el argumento a favor de la vacuna es que previene las lesiones y seguramente prevenga el cáncer, pero en medicina no todo se resuelve por propiedades transitivas. Decir hoy que la vacuna del VPH previene cáncer no es verdad. Puede ser probable, pero no es seguro. En otras intervenciones en salud hemos presumido esto, como pasó con los antiarrítmicos,

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que pensamos que prevenían las muertes por infarto. Los dimos y la gente se moría más. No siempre en medicina dos más dos es cuatro” y sostiene que si se toma en cuenta esto y la evidencia que hay sobre los efectos secundarios graves, “como muerte súbita, convulsiones, enfermedades neurológicas y trombosis, no es recomendable dar la vacuna”.

El caso de España La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se incluyó en el calendario oficial de vacunas de España en 2007. En aquel momento, el medicamento apareció en los medios de comunicación como el milagro ante el cáncer de cuello de útero1. Ya entonces, asociaciones y profesionales de la salud firmaron el manifiesto “Razones para una moratoria en la aplicación de la vacuna del VPH en España” alertando de sus posibles efectos adversos, de los costes que supondría para la sanidad pública y del escaso conocimiento sobre la efectividad de la vacuna. Según la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) y especialistas de la medicina como Carme Valls, las últimas investigaciones realizadas en España revelan que los serotipos 16 y 18 sólo producen alrededor del 30% de los casos de muerte por cáncer de cuello de útero . Por tanto, la efectividad de la vacuna en el contexto español es muy limitada.

En 2009, dos jóvenes valencianas fueron ingresadas de urgencia en el hospital tras recibir la segunda dosis de Gardasil, la marca de la vacuna contra el VPH. Estas adolescentes sufrieron crisis convulsivas severas y estuvieron hospitalizadas durante varios meses sin tener un diagnóstico claro. Aunque las instituciones sanitarias no han ofrecido mucha información al respecto, hasta enero de 2012, hay notificados 737 efectos adversos en España, algunos de ellos, muy graves. La AAVP trabaja para que se retire esta vacuna del sistema sanitario español y reclama al gobierno un fondo de compensación para las personas afectadas por ésta.

En septiembre de 2012, una niña de 13 años murió en Galicia por una crisis asmática tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el VPH. Como explica Teresa Forcades, médica y doctora en salud pública, “el riesgo de morir debido a la vacuna del papiloma es menor que el de morir por el cáncer de cuello de útero, pero hay una diferencia esencial: las que mueren o se quedan inválidas de por vida debido a la vacuna son chicas jóvenes y sanas que mueren por culpa de una inter-

farmacéuticas. ¿Estamos ante una cuestión de salud o ante un negocio?

vención de salud pública recomendada por las autoridades sanitarias. Las que mueren por el cáncer de cuello de útero son mujeres mayores que si tuvieran acceso al test de Papanicolau, seguramente no morirían“3.

sanitarias deben encargarse de ofrecer todo tipo de información y estar preparadas para los efectos adversos que pudieran producirse, aún siendo un porcentaje bajo.

Sea de un modo u otro, la decisión de vacunarse debe estar sometida a una información previa y al conocimeinto de padres, madres y adolescentes sobre la realidad de la enfermedad, las ventajas y posibles efectos adversos de la vacuna y otras alternativas menos agresivas y más económicas contra el cáncer. Por ello, las autoridades

El personal sanitario no conocía cuáles eran los posibles efectos adversos de una vacuna que se estaba (y aún se está) suministrando de forma generalizada a adolescentes españolas. “Sin embargo, tras investigar y ponernos en contacto con médicos que ya habían hablado de la inseguridad de esta vacuna, nos dimos cuenta de que todo lo que les estaba ocurriendo a nuestras hijas estaba dentro del cuadro de efectos secundarios de la vacuna recogidos en los Informes Vaers“2, afirma Alicia Capilla. ¿Por qué esta información no se conocía en España? ¿Por qué se sigue negando la relación entre la vacuna y los síntomas que sufren las adolescentes?

Cindy Sherman

Alicia Capilla, vicepresidenta de la AAVP y madre de una de las jóvenes afectadas, explica que lo más duro fue no saber qué le sucedía a su hija: “Si a una persona le ocurre un accidente o tiene una enfermedad grave, pero sabes qué es, puedes seguir un tratamiento y luchar contra ello. Pero el problema es que no sabían cómo tratar ni a la otra niña ni a mi hija y cada día nos decían una cosa distinta”.

Teresa Forcades apunta otro hecho relevante: Merk, la compañía farmacéutica que fabrica la vacuna Gardasil, ya fue condenada en Estados Unidos por haber escondido información sobre la seguridad del antiinflamatorio Vioxx, que causó la muerte de más de 3.000 personas. Todos estos datos hacen reflexionar sobre la medicalización excesiva y el negocio de las

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1 Esta información puede consultarse en la página web de la AAVP (http://www.aavp.es/) y del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (http://www. caps.cat). 2 VAERS: siglas en inglés del Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas. Se encarga de hacer seguimiento a la seguridad de las vacunas después de que éstas han sido autorizadas. 3 Teresa Forcades. “Una reflexión y una propuesta en relación a la vacuna del Virus del Papiloma Humano”. AMHB. Noviembre de 2012, Barcelona. En línea: [http://www.amhb.net/web/images/stories/ docs/teresa%20forcades%20cast.pdf.pdf]

Mujeres en Túnez

Con la revolución a flor de piel Ana Artigas La Primavera Árabe derribó los estereotipos occidentales sobre la mujer en esa región del planeta. Lejos de la sumisión, ellas mostraron ser piezas fundamentales en la lucha por la libertad de sus países. En la Revolución de los Jazmines las tunecinas salieron a la calle codo a codo con los varones para demandar sus derechos de libertad. Ahora, a más de dos años de la caída del dictador, están abocadas a la reconstrucción de un país en pie de igualdad. El Foro Social Mundial de Túnez es una oportunidad única para que las feministas latinoamericanas y las feministas del Magreb debatan y compartan experiencias sobre otro mundo posible. "La revolución avanza, el rostro de la mujer descubierto y la mujer también" o "Islam es mi religión, laico es mi país" fueron algunas de las consignas que se leyeron en las pancartas que cargaban las mujeres con viva voz que presidieron la caída del presidente Zine el Abidine Ben Ali, quien gobernó en Túnez desde que triunfara su Golpe de Estado en 1987. La Revolución de los Jazmines fue una bocanada de aire fresco para las tunecinas que hallaron la oportunidad de hacer valer sus derechos: "Consideramos que estamos reconstruyendo nuestro país y que durante un largo tiempo no hemos podido hacer escuchar la voz de la mujer para construir una sociedad igualitaria, ciudadana y democrática", manifestaba Jadiya Charif, una de las fundadoras de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD en sus

Elisabetta Farina

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siglas francesas), a AmecoPress en los momentos de las primeras revueltas. Túnez, en contraste con el resto de los países árabes, ha sido precursor en la lucha contra las discriminaciones hacia las mujeres. Después de la proclamación de la independencia de Francia en 1956, el primer presidente, Habib Bourguiba, implementó importantes reformas consagradas en leyes. Entre ellas, el código personal, que equipara a las mujeres con los hombres en el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, y que también prohíbe la poligamia (que sí autoriza el Islam). Las tunecinas han podido usar anticonceptivos a partir de 1962 y abortar desde 1965. Pero además, este país tuvo su primera jueza en 1968 (es más, un tercio de los magistrados son mujeres) y una ministra en 1983. Más del 80% de las adultas sabe leer y escribir, y la mitad de la población estudiantil es de sexo femenino. Tantos avances han tenido, siempre comparando con las naciones vecinas, que las mujeres de pelo suelto han convivido pacíficamente con las que llevan velo. Pero a dos años de las revueltas que terminaron con la dictadura de Ben Ali, la transición a la democracia parece frágil. El gobierno electo, una coalición liderada por los islamistas moderados del primer ministro Hamadi Yabali, está en fuertes aprietos tras el asesinato del líder opositor, Chokri Belaid, sumado a las dimisiones de tres ministros del partido secular Congreso por la República, que lidera el presidente tunecino, Moncef Marzouki. Esto en medio de una crisis económica que ha dejado al 19% de la población desempleada. Para las mujeres la situación no ha mejorado. En esta transición, si bien se había pues-

to como condición para la conformación de la Asamblea Constituyente que los partidos colocaran alternadamente a ambos sexos en las listas, pocos llevaron a las mujeres en la primera fila con lo cual, solo 49 mujeres fueron electas en un total de 217 asientos. Una realidad que ha dejado desconformes a muchas tunecinas que dieron la batalla para derrocar al régimen con la ilusión de que iban a alcanzar la participación política en cargos de toma de decisión. Una de las preocupaciones actuales de las feministas de ese país es que el Gobierno intente establecer una nueva dictadura de raíces islámicas. “En el caso de las mujeres, existen varias amenazas para nosotras en la región actualmente. Los gobiernos de Túnez o de Egipto son una amenaza para las mujeres porque son islamistas y quieren construir un Estado en el que se cumpla la ‘Sharia’ [leyes del Islam]. Quieren hacer lo mismo que habían hecho otros gobiernos pero estos son menos explícitos, lo cual es más peligroso. Antes les veías venir, ahora no sabes por dónde vienen, lo disfrazan de modernidad cuando quieren a las mujeres en el mismo lugar que antes”, señalaba Shams Abdi, una joven activista del Sindicato General Estudiantil de Túnez, a Píkara Magazine. Una idea similar también la comparte la ciberactivista Lina Ben Mehnni, muy conocida por su blog ‘Tunician Girl’, un espacio virtual que le sirvió para contar al mundo lo que ocurría en su país y con el que se llevó el premio a mejor bloguera en 2011. “Los verdaderos objetivos de la revolución fueron desplazados tras los elecciones que ganaron los islamistas”, señalaba al portal Nonada. En la misma entrevista la tunecina advertía del aumento de las agresiones y amenazas contra las mujeres: “Hay una presión creciente en las calles contra

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aquellas que no llevan velo, y muchas se ven obligadas a usarlo para no tener problemas”. El temor de estas jóvenes lleva razón si se toman en cuenta algunos hechos ocurridos en este último tiempo. En agosto del año pasado, el partido islamista mayoritario, Ennahda, intentó quitar derechos a las mujeres en la nueva Carta Magna que está elaborando el país magrebí. En este contexto, las feministas y socialistas del partido Ettakatol consiguieron frenar el intento de que la mujer fuera “complementaria al hombre”, con la redacción vaga de un artículo que las activistas temían, señala Al Jazera, fuera para allanar el camino para la erosión progresiva de los derechos de las mujeres. Este intento de los islamistas llevó a la calle a una protesta multitudinaria en la

capital lo que, finalmente, originó una nueva redacción de ese artículo en cuestión, aprobado finalmente por consenso, que estipula no solo la igualdad entre sexos, sino que hace énfasis en la “igualdad de oportunidades en función de la competencia”. Señala, además, que la violencia contra la mujer debe ser penalizada.

Una propuesta que seguro entusiasmará a muchas, como a la joven sindicalista Shams Abdi, que quiere que el feminismo llegue a las clases populares de su país: “Que la mujer esté representada en el sindicalismo y que los sindicatos luchen también por los derechos de las mujeres. Todo está relacionado. Túnez es una colonia indirecta de Estados Unidos y Europa, y no se pueden emancipar solo los hombres. A su vez, las mujeres también necesitamos esa descolonización para emanciparnos”, decía hace unos meses a Píkara Magazine y concluía: “No me importa quién esté en el Gobierno, me importa hacer feminismo y luchar por los derechos de las mujeres en la calle. En definitiva, vigilar a quién esté en el poder para defender los derechos de las mujeres”.

La fuerte pulseada entre islamistas y seculares tiene a los movimientos de mujeres en plena vigilia. En septiembre pasado, cientos de mujeres se plantaron frente a un juzgado en protesta por la medida del juez de instrucción que había citado a una joven de 27 años por haber presentado una denuncia por violación contra dos policías. Lo que quería el letrado era someter a la mujer a un careo con los agresores, una medida que como solapada intención tenía el avergonzarla en público para que retirara los cargos. Esto originó la organización de un grupo de apoyo a la joven y a una fuerte movilización en repudio a tales atropellos. Según el diario británico The Guardian varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado que desde la revolución, los casos de violencia sexual, verbal y física contra las mujeres se han multiplicado, en parte, por el crecimiento del salafismo. En este escenario, el encuentro en el Foro Social Mundial entre las feministas del mundo será muy enriquecedor para todas, para compartir experiencias y pensar objetivos conjuntos. La Articulación Feminista Marcosur (integrada, entre otras organizaciones, por Cotidiano Mujer) llevará a Túnez la campaña “Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos”, una iniciativa que quiere amplificar las voces de quienes se oponen a las prácticas, los discursos y las representaciones sociales discriminatorias. Peter Björkegren

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LAS POLÍTICAS DE COMBATE A LA POBREZA Y LA IGUALDAD Magdalena Gutiérrez En los últimos 15 años América Latina ha asistido al desarrollo sostenido de las políticas de combate a la pobreza. Si la década de los 90 estuvo signada por la reforma pro mercado que institucionalizó los programas de inversión social focalizados y las privatizaciones, el nuevo siglo y los gobiernos de izquierda han marcado un giro hacia la preocupación por integrar los programas de combate a la pobreza en la matriz de protección social que existe. Uruguay no es ajeno a este proceso. Ha reformulado el viejo esquema de prestaciones sociales e instaurado nuevos programas. Sin embargo, nuestro país sigue mostrando un saldo negativo en términos de igualdad. Su construcción requiere de políticas integrales que atiendan las múltiples dimensiones y la heterogeneidad de la pobreza y, hasta el mo-

mento, los esfuerzos han sido importantes pero insuficientes. Intentar combatir la pobreza sin tener en cuenta las tareas, los roles, los ámbitos de desempeño y la carga simbólica que implica ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad no es viable. Desde nuestra perspectiva, las políticas que busquen combatir la pobreza tienen inevitablemente que operar sobre la división sexual del trabajo. En primer lugar, porque la meta de la igualdad y el ejercicio pleno de derechos suponen garantizar la autonomía de las mujeres que en nuestra sociedad se ve limitada. Segundo, por una razón pragmática: incorporar el conjunto de riesgos específicos que afectan a las mujeres y que limitan su autonomía por el lugar que ocupan en la división sexual del trabajo hace a la eficiencia de la propia política. Robert Mallary

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La división sexual del trabajo históricamente va cambiando y pautando la relación de mujeres y hombres con su autonomía y la apropiación del tiempo. Judith Astelarra señala la importancia que tuvo la división sexual del trabajo y de los ámbitos público y privado de la sociedad moderna, que originaron un nuevo modelo de distribución del tiempo. “Todas las personas tienen un tiempo de vida, pero la utilización de éste entre el nacimiento y la muerte, y las actividades que realizan durante esos momentos es diferente. El tiempo está parcializado: en el tiempo de vida y en unidades (los años, los meses y los días). Su distribución la determina la división de las tareas sociales. De esta manera se puede establecer un vínculo entre los tiempos, los recursos materiales y la distribución de actividades”2. Esta relación configura desigualdades que hacen blanco en las personas según sean hombres o mujeres, pobres o no pobres. Adicionalmente, la división sexual del trabajo coexiste con otras desigualdades (origen étnico racial, edad, orientación sexual). Al pensar en las mujeres en situación de pobreza, el tiempo y el acceso y apropiación de éste conforman un nudo crítico a problematizar.

La autonomía y el tiempo Una parte importante del trabajo realizado por las mujeres no es remunerado y la contribución de estas actividades al bienestar social permanece invisible. Adicionalmente, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo no ha significado necesariamente una incorporación de los hombres a las actividades domésticas y de cuidado. Por esto, se requiere un análisis diferencial del uso del tiempo para medir el trabajo no remunerado, y una comprensión de las lógicas distintas que rigen el tiempo productivo y reproductivo. En palabras de Betania

Ávila, la vida cotidiana de las mujeres está signada por la contradicción entre el tiempo productivo y reproductivo3, que es difícilmente asequible. La autonomía de las mujeres, entendida como la posibilidad de participar en distintas actividades, generar ingresos propios y acceder al bienestar, se ve afectada. Por otro lado, como consecuencia de la propia dinámica de uso del tiempo dentro de las familias, tanto las realidades vinculadas al mercado de trabajo como las relacionadas con el ciclo familiar determinan que la pobreza cambie en el transcurso del tiempo de vida. La etapa de crianza temprana implica un esfuerzo adicional de horas de trabajo no remunerado para las mujeres que tiene efectos en las posibilidades de alcanzar su autonomía. La comprensión de la pobreza como un fenómeno que varía en el transcurso del tiempo vital es importante de cara al diseño de las políticas, tanto las específicamente pensadas y catalogadas como de combate a la pobreza como las de la red general de protección social. Hay otra dimensión del tiempo que vincula lo público y lo privado. El trabajo no remunerado, las tareas de cuidado y el concepto mismo de cuidado, relacionan la esfera de la intimidad, la casa y la familia con el Estado, los servicios públicos, los regímenes de bienestar y políticas sociales, y por último, con la ciudadanía. Desde la perspectiva de la igualdad, la ciudadanía implica derechos sociales como los servicios de cuidados y los derechos sexuales y reproductivos, que garanticen la autonomía en todas sus dimensiones (física, económica y política). El diseño de las políticas sociales en cada país impacta en el bienestar material de las mujeres así como en la definición de sus roles como ciudadanas, trabajadoras y

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cuidadoras. Desde este punto de vista, las políticas sociales deben ser revisadas con particular atención en los riesgos específicos que enfrentan las mujeres de caer en situación de pobreza y la capacidad de promoción de la igualdad. La carga de trabajo no remunerado y de cuidados que tienen las mujeres, los ciclos de vida familiar que suponen una sobrecarga adicional de trabajo para las mujeres en determinadas etapas de la vida y lo que implican estas dos realidades para adecuar los sistemas de protección social, hace necesaria una revisión de las políticas existentes.

¿Qué políticas tenemos? El primer punto a señalar vinculado a las políticas de promoción de igualdad es el Sistema Nacional de Cuidados. Si bien los años 2010 y 2011 estuvieron marcados por un debate nacional sobre éste, los pactos políticos para alcanzar el margen fiscal necesario todavía no han dado frutos concretos. Aún está en etapa de definición tanto la institucionalidad como el financiamiento que asumirá este sistema, pero sabemos hoy que su impacto será reducido a un primer plan piloto para mil hogares. En segundo lugar, la propia política del tiempo de los programas de asistencia está estructurada en torno al rol de las mujeres como cuidadoras. Si bien las condiciones no incrementan necesariamente el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos e hijas, sí consolida su rol cuidador. Este efecto, debe además entenderse dentro de un panorama mayor de la propia política del tiempo, que incluye los desplazamientos por el territorio (transporte), el tiempo de los trámites en el sector público, la conciliación de los tiempos de

los nuevos programas de apoyo escolar y liceal que operan sobre la base de una familia con una madre cuidadora que asiste a reuniones, inscribe en programas, verifica asistencia a centro educativo y realiza controles sanitarios de los hijos. Hay una suerte de tensión opaca entre una declarada vocación universalista y un diseño focalizado y centrado en la unidad familia. En tercer lugar, al revisar las preocupaciones que hoy recoge la agenda de políticas públicas, se aprecia un desplazamiento sostenido hacia el lenguaje del reconocimiento y las políticas del reconocimiento. La atención a la discriminación y subordinación de algunos grupos de acuerdo a modelos de valor cultural, representa una nueva configuración discursiva que corre el centro de gravedad del discurso desde lo distributivo hacia lo identitario, con la prevalencia de la idea de que hay que identificar y atender a ciertos grupos o colectivos que se encuentran desvalorizados con respecto a otros. Desde 2005 a la fecha hemos procesado cambios significativos distributivos con un impacto de género. Entre lo más destacado figura el ingreso de trabajado-

res no formalizados a la seguridad social, fundamentalmente el de las trabajadoras domésticas (sector en el que la población femenina es mayoría), la ley de trabajo doméstico, las asignaciones familiares no contributivas, el reconocimiento de un año de jubilación por hijo para las mujeres en trámite jubilatorio y el aumento diferencial de las jubilaciones y pensiones de menor valor. Sin embargo, el viraje a lo simbólico parece darse demasiado rápido cuando todavía no hemos procesado otros cambios de los factores que estructuralmente afectan a la distribución: la magra concreción del debate y agenda en torno a cuidados, las licencias parentales y familiares, la redefinición del alcance y el monto de las asignaciones familiares y los aspectos regulatorios del mercado laboral que incrementen la compatibilidad e incentiven la distribución entre sexos del trabajo remunerado y no remunerado, y las políticas de tiempo en un sentido más micro. Si no emprendemos estos desafíos, las mujeres seguirán sufriendo, por un lado, la pobreza de tiempo, y por otro, sus posibilidades de alcanzar la autonomía, sin la cual no hay salida de la pobreza.

1 Astelarra J. (coord.) Género y Cohesión social. Documento de trabajo 16. Fundación Carolina. Madrid 2007. 2 Avila, María Betania. “O tempo do trabalho das empregadas domesticas: tensoes entre Dominacao/Exploracao e Resistencia”. Editora Universitaria, Recife 2009

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Las mujeres migrantes en Uruguay

Límites territoriales y fronteras culturales Valeria España

La feminización de las migraciones1, al igual que en otros países de la región, es un fenómeno presente en Uruguay. Si bien no ha habido mayores avances en el desarrollo de políticas públicas específicas para la atención de mujeres migrantes, en los últimos años se han dado pasos importantes para la construcción de una política migratoria y la identificación de los factores que han incidido en el aumento de la migración regional. Frente a este escenario, desde 2011 Cotidiano Mujer dirige parte de sus esfuerzos a generar un espacio de contención y promoción de derechos de las mujeres migrantes que vinieron a Uruguay en los últimos años a trabajar en el sector doméstico remunerado. Este año logramos avanzar por el camino de la humanización de las cifras y acercarnos a lo que sucede en la ruta migratoria de más de 100 mujeres que tienen como destino Uruguay. En este trayecto de reconocimiento y aprendizaje pudimos hacer un recorrido simbólico desde Chiclayo2, Cochabamba, La Paz, Bagua, Cajamarca, la Habana, Hidalgo, Oruro, Lambayeque, Arequipa, Junín y Lima, hasta la Plaza Independencia, 18 de Julio, la Rambla, o las calles arboladas de Acapulco y Costa Rica, en Carrasco.

Una senda que ellas recorren con su riqueza y diversidad cultural a cuestas, para seguir enarbolando la historia de migrantes con la que ha sido construido nuestro país. En estas historias también se ven las huellas del patriarcado, y ese sí que no reconoce fronteras. Una marca que acompaña a muchas de estas mujeres que trabajan y envían remesas como jefas de familia para que sus hijos/as vivan mejor, porque la mayoría de ellos/as quedaron en el país de origen a cargo de otras mujeres; otras tantas vienen huyendo de distintas formas de violencia doméstica; otras llevan años recorriendo el mundo con sus “patrones”, los diplomáticos. También están las que para continuar con los quehaceres domésticos que les fueron impuestos desde niñas, decidieron venirse con el fin de mejorar sus condiciones de vida y aumentar sus grados de autonomía. Sin importar la razón, todas apuestan a un cambio, a un “estar mejor” cargado de renuncias y nuevos rumbos. Los encuentros en Cotidiano Mujer originaron la confianza suficiente para que algunas expresaran su satisfacción con vivir en Uruguay y el trato que han recibido por parte de las personas que las emplearon. Pero también para que otras contaran casos

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de destrato o discriminación por tener rasgos andinos o las duras negociaciones para ejercer plenamente sus derechos que, en ocasiones, se traducen en estar obligadas a “elegir” entre el aguinaldo y la inscripción al BPS, o en no poder salir a hacer trámites migratorios los días hábiles de la semana.

Aunque no todas las expresiones son de rechazo, en el caso de las trabajadoras domésticas migrantes, tal como sucede en las luchas por la inclusión de otros colectivos históricamente postergados, se necesita avanzar en el desarrollo de una conciencia colectiva para la inclusión, y una cultura que logre permear el espacio simbólico de lo políticamente correcto para consolidarse en un auténtico respeto a la diferencia. Algunas personas afirman que vivimos en una sociedad que no discrimina. Pero estas aseveraciones comienzan a flaquear cuando los tonos de un atuendo superan la gama de los de costumbre, cuando un “extranjero” decide reclamar que se le reconozcan sus derechos o cuando el acento y el color de piel no son considerados familiares. Estar dispuestos a compartir una tierra que por imposición o conveniencia tiene fronteras, límites, himno y bandera, obviamente desafía, impone sentidos comunes distintos y puede llegar a incomodar los horizontes de un pasado y un presente nacionalista. Ciertamente, las migrantes trabajadoras domésticas en Uruguay no sufren lo que las trabajadoras domésticas migrantes latinas y africanas en Estados Unidos, las nicaragüenses en Costa Rica o las indonesias, filipinas y tailandesas en los Estados del Golfo. Las realidades son otras, la legislación que tenemos es de las más avanzadas, con un catálogo de derechos mucho más amplio, y con una institucionalidad en crecimiento. Sin embargo, los límites que impone

Foto: Sol Infante

En estos caminos se observan también las complejidades del cruce cultural y el reconocimiento de derechos sin importar su origen nacional. Un ejemplo de ello es el hecho de que la aspiración de estas mujeres de satisfacer sus necesidades más básicas y desarrollar una vida digna todavía conduce a expresiones como: “Si no les gusta, que se vayan” o “¿Acá viene cualquiera y tiene los mismos derechos que el uruguayo? ¿No tiene que pagar derecho de piso?”3.

el reconocimiento de derechos a veces no son suficientes para respetar y garantizar su ejercicio.

Lo que hicimos en 2012 El año pasado dimos seguimiento a las reuniones mensuales de los domingos, organizadas desde el 2011 a partir de la muerte de Mercedes4. En los primeros meses compartimos un espacio para la promoción de derechos fundamentales, principalmente los consagrados en las leyes de migración (18.250) y trabajo doméstico

Festejar, disfrutar y aprender Entre algunas actividades que se llevaron adelante el año pasado, el 19 de agosto se celebró por cuarta vez el Día Nacional de la Trabajadora Doméstica. En esta ocasión el festejo fue organizado por el grupo de mujeres migrantes y Cotidiano Mujer. Fue un intercambio de colores y sabores en el que se compartió la gastronomía de los diferentes países de origen de las participantes como papas a la huancaína, ceviche, tostadas de tinga, pique macho y cazuelitas de lentejas. A su vez, a finales de año, con apoyo del BPS, se realizó un paseo a la Colonia de Vacaciones Martín O. Machiñena, en Raigón. La propuesta permitió olvidar las fronteras y consolidar aún más la integración del grupo para continuar dando la batalla por la reivindicación de los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes. En el marco de estas actividades también se desarrolló el primer curso de Tic “Creando redes para proteger nuestros derechos” con trabajadoras migrantes, una introducción a la computación que tiene como objetivo contribuir con la reducción de la brecha digital existente.

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(18.065). Posteriormente, los encuentros se convirtieron en un lugar de formación, capacitación y fortalecimiento del grupo. Además, en el marco de estas jornadas se logró generar un ámbito de solidaridad, confianza y referencia, pero también un espacio para informarse sobre la manera de regularizar la situación migratoria, y cómo acceder a los servicios de salud y a la seguridad social. Los lazos de ayuda mutua construidos entre las asistentes develaron en marzo de 2012 lo que pasaba en aquella mansión de Americo Ilaria, en Carrasco. La primera información llegó de una trabajadora que planteó el problema al grupo al reconocer que lo que estaban viviendo sus compañeras bolivianas violaba los derechos estipulados, precisamente, en las leyes 18.250 y 18.065. Esta primera alerta desencadenó la investigación que más tarde fue enriquecida por las mujeres que habían vivido en esa casa y que habían logrado permanecer en Uruguay tras su “despido”. La posterior denuncia y sus repercusiones tuvieron su punto álgido en agosto. Un momento decisivo, duro y desafiante que permitió mostrar un caso extremo de explotación, engaño y abuso de poder. Si bien realidades como ésta las viven miles de mujeres detrás de puertas señoriales en residencias y mansiones en todo el continente, la diferencia en este caso fue que pudo denunciarse y hacerse visible. Seis meses después, no hemos podido compartir más información sobre este hecho más allá de lo expresado en el “Informe de Derechos Humanos en el Uruguay 20125. Lamentablemente, no se ha avanzado en el ámbito penal como lo esperaban nuestras convicciones. Aunque existen otros caminos y vías de reparación, son varios los puntos suspensivos que están esperando ser borrados sobre el expediente que continúa en manos (o en el cajón) de la Justicia. Con respecto a las mujeres que estuvieron involucradas en este proceso, en el mismo mes de los hechos se les regularizó su situación migratoria y se reinsertaron laboralmente. Su vida en Uruguay inevitablemente estará marcada por esta difícil experiencia y porque permitió que otras mujeres en esa condiciones fueran conscientes y se fortalecieran para impedir que hechos como estos vuelvan a suceder. En este escenario, el interés de las personas que nos han contactado a través de las redes sociales y otros medios fue esperanzador al hacer tangible la movilización social que se generó. Continuar alertas es indispensable para la construcción de nuevos canales que contribuyan a la justicia.

No cabe duda de que las integrantes del grupo lograron generar mayor autonomía y construir un espacio propio. Sin embargo, han descubierto otras dificultades en la lucha por el ejercicio de sus derechos. Una muestra de ello es que tras la difusión del caso de Carrasco y de conocer el vínculo de algunas trabajadoras con nosotras, algunas/os empleadoras/es empezaron a restringirles la asistencia a las reuniones mensuales (tildando los encuentros de “subversivos” y espacios en los que se “lavan cerebros”) o prohibirles expresarse públicamente en diferentes medios sobre sus ideas o sus testimonios de vida. Este tipo de conflictos desnudan las dificultades del proceso de reivindicación de derechos, así como la naturaleza del trabajo doméstico remunerado que subyace en el universo cultural que protege el status quo de la división social, racial y sexual del trabajo. A pesar de ello, consideramos que estamos derrotando el aislamiento característico del trabajo doméstico al constatar que muchas de estas mujeres poco a poco se sienten menos solas y saben que en sus lugares de trabajo las están acompañando las voces de otras compañeras que comparten las mismas luchas. Con el deseo de que los aprendizajes y las encrucijadas del año pasado sirvan como piedra de toque para construir un camino más inclusivo en el que quepamos todas y todos, este año seguiremos llevando adelante las acciones que sean necesarias para que este grupo de mujeres se siga fortaleciendo.

1 Uno de los aspectos más importantes a considerar sobre este fenómeno es que no implica solamente el aumento de la proporción de mujeres dentro de los flujos migratorios, sino un cambio en la dinámica migratoria, en la que son más las mujeres que migran de forma autónoma, como proveedoras económicas de los familiares que se quedan en el país de origen. Este es un matiz a tener en cuenta para entender sus especificidades y comprender la importancia de incorporar la dimensión del género como categoría estructurante de los estudios migratorios. 2 Hasta el momento, la mayoría de las mujeres peruanas que hemos conocido provienen de esta ciudad del noroeste peruano. 3 Esas expresiones pueden leerse en una nota de un portal informativo a raíz del caso de la explotación laboral en una casa de Carrasco, http://www.montevideo. com.uy/notnoticias_182513_1.html 4 El 23 de agosto del 2011, Mercedes Alicia Abad Saavedra, trabajadora doméstica peruana fue embestida por un ómnibus. Su muerte motivó la realización de estas jornadas. 5 Ver España, Valeria, “Género y migración: el caso de las trabajadoras domésticas bolivianas”, en Informe SERPAJ 2012, disponible en www.cotidianomujer.org.uy.

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Cursos on line

Feminismos y acción política Cotidiano Mujer inaugura su plataforma virtual con un curso de formación que comienza en abril. Bajo el título Feminismos y acción política, la propuesta (que se enmarca en el proyecto FLOW - “Empoderamiento de las mujeres para luchar contra la desigualdad”) busca reflexionar sobre la teoría feminista y las acciones políticas que han orientado al movimiento y que han contribuido a la creación de nuevos imaginarios colectivos. A través del soporte on line, los chats y los foros, las personas que participen y el equipo docente intercambiarán ideas y debates bajo tres módulos que guiarán la propuesta que se impartirá durante tres meses. El primer módulo trata sobre las bases de las propuestas teóricas feministas y cuenta con la antropóloga Susana Rostagnol como docente. El programa recorre las discusiones y debates en torno al Feminismo de la Igualdad y el Feminismo de la Diferencia. El segundo módulo, a cargo de la feminista Lilián Celiberti, profundiza en el debate modernidad- colonialidad para mirar de cerca las tendencias actuales del pensamiento crítico (estudios poscoloniales, estudios subalternos y de frontera). El tercer y último módulo lo imparte la socióloga peruana Gina Vargas, quien repasa los debates actuales de los feminismos en América Latina con hincapié en las propuestas poscoloniales y los retos teóricos políticos de la diversidad. Por más información: [email protected] (+598) 29018782 o 29020393

Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay

Del 17 al 21 de junio de 2013 tendrá lugar la 2ª edición de Tenemos que ver en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. En tema abordado en esta oportunidad será la libertad, con la proyección de largometrajes y cortometrajes seleccionados entre 120 proyectos de 21 países. El festival contará con actividades paralelas de divulgación y formación relacionadas con el medio audiovisual y los derechos humanos y, al igual que en la primera edición, la propuesta continuará en setiembre y octubre con las salas itinerantes. En este momento hay dos convocatorias abiertas. Una dirigida a voluntarios para trabajar en el área comunicación y otra para participar en el taller de proyectos cinematográficos que se desarrollará en los días del festival en el mismo teatro. Se pueden consultar toda la información en la web y redes sociales del festival: www.tenemosquever.org.uy www.facebook.com/TenemosQueVer www.twitter.com/tenemosquever

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