Abriendo la “caja negra” de la justicia transicional Andrés Casas-Casas1, Nathalie Méndez2 y Ana María Ramírez3 Esta ponencia presenta el capítulo que será publicado en el libro: Transiciones diferenciadas: Aproximaciones empíricas a la justicia transicional. Angelika Rettberg y Carlos Alberto Mejía (Editores).

Dados los retos que se pueden presentar en un eventual posconflicto en Colombia, la ponencia tiene como objetivo problematizar algunas de las tensiones y desafíos que se reformulan en este nuevo intento por profundizar la construcción de paz en Colombia. Usando evidencia de diferentes aproximaciones a los mecanismos microsociales que subyacen a los procesos de justicia transicional (JT) y de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) en el país, se presentará un marco analítico que permita: analizar el diálogo y la tensión entre justicia transicional y DDR; identificar mecanismos clave en el nivel comunitario y su relación con los diseños macro; para finalmente evidenciar los retos que en el nivel comunitario enfrenta el éxito de las estrategias recientes, presentes y futuras dirigidas a facilitar y asegurar el posconflicto en Colombia. Para cumplir con el objetivo se hace uso de un diseño metodológico mixto a través de la evidencia que proveen encuestas, juegos experimentales y datos relativos al desempeño de los programas de JT y DDR en Colombia.

Palabras clave: Justicia Transicional, DDR, reparaciones, postconflicto, construcción de paz, micro-fundamentos del tránsito de la guerra a la paz.

Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015

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Investigador Principal World Values Survey Colombia. Departamento de Gobierno y Ciencia Política Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Contacto: [email protected]

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Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, Colombia. Contacto: [email protected]

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Equipo de la Estrategia Nación - Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, Colombia.  

 

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Introducción Al centrarse en aspectos normativos y jurídicos, las aproximaciones a los procesos y mecanismos que las sociedades desarrollan para realizar el paso de la guerra a la paz (justicia transicional) hacen énfasis en elementos formales (mecanismos macropolíticos), descuidando la importancia de las dinámicas informales (meso y micropolíticas) que moldean los resultados finales de dichos procesos expresados en mecanismos de desmovilización, reintegración, verdad, justicia, reparación, perdón y reconciliación (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014; Rettberg, 2014; Casas y Herrera, 2008, p. 199; Rettberg, 2008; Fletcher et Al., 2007, p. 210). La experiencia muestra que para garantizar el paso de la guerra a la paz, estos mecanismos -cuya cara más visible yace en diseños institucionales formales, arreglos políticos y procesos judiciales (Elster, 2004, 2006a y 2006b)- implican ante todo la distribución o redistribución de valores, recursos y cargas, con el fin de establecer equilibrios sostenibles desde el punto de vista de todos los actores involucrados: víctimas directas o indirectas, excombatientes desmovilizados, simpatizantes no combatientes y de los ciudadanos no afectados. Por su naturaleza distributiva, estos procesos plantean diversas tensiones y paradojas que retan aspectos fundamentales para el éxito de la construcción de paz en el nivel microsocial. Un aspecto central tiene que ver con que este tipo de transiciones requiere de la reasignación de recursos -a veces públicos, a veces privados- tanto para proteger, apoyar o reparar a grupos particulares que hayan sido víctimas; así como para incentivar y dar garantías a quienes hicieron parte de las organizaciones que perpetraron daños. Lo anterior con el fin de minimizar el riesgo de su retorno a las estructuras o a las actividades violentas, así como de facilitar su reintegración a la vida civil (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). De manera reciente la literatura viene ofreciendo evidencia de caso y comparada sobre las íntimas relaciones entre los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), los mecanismos de justicia transicional, y los esfuerzos de construcción de paz (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014; Rettberg, 2012; Nussio, 2012; Casas-Casas y Guzmán, 2010; Duthie, 2009a; Theidon, 2007; Humphreys y Weinstein, 2007; International Peace Academy, 2003; y ONU, 2000). Si se tiene en cuenta que desde un punto de vista empírico, un proceso de justicia transicional implica la selección de alternativas de transformación para generar una ruptura con el pasado (Casas-Casas y Herrera, 2008, p. 201); hay que resaltar que la distribución, como una alternativa para desarrollar la transición, también es una actividad que depende ante todo de la toma de decisiones. Estas decisiones tienen bases cognitivas, incluso neuronales, además de estar mediadas por el complejo interjuego de aspectos contextuales que en materia personal, económica, política y cultural moldean las preferencias de los involucrados (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). Adicionalmente dichas preferencias tienen un importante papel en el tránsito hacia la paz, pues determinan la percepción que las personas involucradas tienen acerca del grado de justicia e inclusión, y por ende de la

 

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legitimidad, alcance y expectativa de efectividad de las políticas y los programas a través de los cuáles se despliega cualquier proceso de justicia transicional (Rettberg, 2014, 2010, 2008; CNMH; 2012; Nalepa, 2012; Ramji-Nogales, 2010; Fletcher et. Al, 2007; Lutz, 2006; van Zyl, 2005)4. Por otro lado, aun existe dentro de la literatura escasa evidencia sobre el impacto y los efectos de las políticas de justicia transicional (Van der Mewe, Baxter y Chapman, 2009; Backer, 2009; Thoms, 2010; Cuevas y Rojas, 2009). En Colombia, este es un esfuerzo reciente pero que va cobrando fuerza (Sikkink et. Al, 2014; Portilla, et. Al, 2015; Rettberg, 2012; CNMH, 2012). En particular, se ha estudiado muy poco sobre los efectos que a nivel informal tienen las percepciones y las preferencias individuales, las normas sociales, y la distancia (o cercanía) de éstas con las políticas públicas de transición. Tampoco se ha prestado mucha atención a la manera en que las motivaciones y los comportamientos de los involucrados a su vez interactúan con las reglas y las moldean en los procesos de apropiación de las mismas. Al no ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones, y por quienes implementan y evalúan las políticas relativas a los procesos de justicia transicional, se corre el riesgo de que estos aspectos disminuyan el impacto positivo de las medidas; y puedan sumarse a un conjunto de factores locales que a su vez incrementan las posibilidades de reactivación de las dinámicas de violencia (Thoms, 2010; Cuevas y Rojas, 2009). La preferencias individuales y sociales importan, ya que en el peor de los casos éstas pueden llegar a erosionar o por el contrario incrementar el respaldo público a los programas de transición (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). Si se piensa en esto, vale la pena prestar atención a estos temas dados los importantes esfuerzos e inversiones presupuestales, y sobre todo las grandes expectativas sociales abiertas cuando se habla de un conjunto de recetas para alcanzar la paz. Sería una pena que los encargados del diseño e implementación de las medidas de transición no observen que en ellas se está jugando la confianza institucional, la legitimidad del sistema político y su capacidad para cumplir promesas para hacer sostenible la vida individual y colectiva. Dado lo anterior, nuestro supuesto desde un punto de vista micropolítico, consiste en que la paz después de un conflicto armado persistente es el producto de un delicado equilibrio entre la satisfacción de las preferencias de los actores involucrados, y los arreglos que desde el diseño institucional se puedan realizar para: balancear la tensión entre justicia y paz, prevenir la no discriminación de los actores en transición y velar por la legitimidad de las distribuciones que tengan lugar. Lo anterior como mecanismo artificial (diseño de reglas, incentivos y condiciones) para prevenir el riesgo de exclusión de actores clave, el retorno a la violencia, la repetición de hechos y la consecuente revictimización. Al partir desde un enfoque de los microfundamentos del comportamiento individual y social, se                                                                                                                 4  En

sus conocidos estudios comparados sobre el tema, Elster (2006 y 2003) ha ofrecido un muy completo análisis del rol que han jugado las motivaciones y la formación de preferencias en procesos de justicia transicional en la historia. Petersen por su parte (2009, 2007 y 2006) ha estudiado el rol de las emociones en las transiciones, sus efectos sobre la construcción de paz y la reconciliación. Estos autores lograron desarrollar miradas complejas que dan cuenta de estos interjuegos iniciando una tradición analítica que ha venido creciendo y ha complementado las miradas normativas que siguen dominando el abordaje del tema.  

 

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evidencia cómo los procesos de justicia transicional muestran que en su aspecto distributivo, está es como una moneda cuyas caras opuestas plantean una tensión entre las pretensiones de hacer justicia, de resarcir los daños y restituir los derechos de las víctimas por un lado; y la necesidad de ofrecer condiciones a los desmovilizados para que se mantengan dentro del equilibrio que permite la construcción y estabilización de la paz, por el otro. Con el fin contribuir a profundizar el análisis empírico de aspectos clave relativos a los procesos de justicia transicional, este capítulo busca explorar algunos de los microfundamentos que subyacen algunos aspectos centrales de la transición hacia la paz. Esta tarea cobra sentido en un momento en el que la atención pública se centra en la búsqueda de alternativas para superar el “legado de atrocidades masivas y satisfacer al máximo los derechos de las víctimas, en períodos complejos de salida de la guerra […]” (Uprimny, 2015). Desde diferentes orillas se vienen alzando voces que avanzan propuestas relativas a cómo aprovechar la ventana de oportunidad de las conversaciones de paz. Pese a la variedad y heterogeneidad de propuestas que han ocupado la atención de la opinión pública, llama la atención de que en su mayoría éstas siguen siendo marcadas por perspectivas que privilegian una mirada del tipo “caja negra”, replicando el legado de la tradición intelectual que concibe los diseños institucionales, las reformas de los mismos, y las iniciativas de cambio social como fenómenos cuasi-automáticos de insumos (in-puts) y resultados (out-puts)5. El disonante concierto de voces propositivas no parecen prestar prestar atención a los mecanismos microsociales que subyacen las estrategias para facilitar el tránsito hacia la paz. A pesar de su origen, ninguna de las propuestas parece ser sensible al problema de los territorios físicos y cognitivos, que constituyen el escenario crucial para sembrar las semillas de una paz viable, legítima y sostenible al menos en el corto y mediano plazo. Este trabajo busca contribuir al debate sobre las alternativas que se abren para escoger caminos hacia la paz. Revisamos desde una perspectiva empírica algunos de los aspectos clave que pueden ayudar a establecer principios para el diseño de políticas de transición hacia la paz, haciendo énfasis en la importancia de abrir la “caja negra” de la justicia transicional como requisito para prever los efectos y alcances de las decisiones macropolíticas en la vida cotidiana de las organizaciones y de los actores involucrados. Esto con el fin de contribuir al respeto de las expectativas sociales, la responsabilidad en torno a la inversión de presupuestos públicos, y sobre todo al logro efectivo de las metas que pueden determinar el éxito o el fracaso de las promesas de una vida mejor para todas y todos los colombianos. Nuestros argumentos se desarrollan a través de tres secciones. En la primera, se exploran los microfundamentos de las distribuciones en este tipo de procesos. En la segunda, se presentan algunos resultados del trabajo que por varios años hemos venido adelantado sobre diferentes aspectos relativos a la justicia transicional en Colombia.                                                                                                                 El problema con el manejo de los temas de coyuntura en el país, aparentemente tiene que ver con el poco eco que tiene en los tomadores de decisión, en la prensa y en la agenda pública el gran importante trabajo adelantado por los académicos locales en alianza con importante figuras y centro internacionales, así como por las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de víctimas, y de desmovilizados en el país; y sobre todo, por los aprendizajes de los equipos técnicos y operativos del sector público colombiano en el desarrollo e implementación de las medidas desarrolladas en Colombia en las dos últimas décadas.

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En la tercera, se reflexiona acerca de algunas implicaciones de las miradas microsociales para las políticas publicas de transición hacia la paz. 1. Un mirada de los microfundamentos de los procesos de justicia transicional En esta sección proponemos una mirada a los microfundamentos de la justicia transicional que centrándose en la importancia de la toma de decisiones: i) vaya más allá de los aspectos formales y de los macroprocesos en los que tradicionalmente ha hecho énfasis la literatura y las opiniones sobre el tema; ii) incorpore una mirada del nivel microsocial prestando atención a la importancia de las variables que a nivel individual y grupal determinan el desempeño de los procesos y mecanismos implementados para lograr el tránsito de la guerra a la paz; y iii) al subrayar su esencia distributiva, ofrezca una mejor comprensión de la manera en que las personas y las comunidades adoptan las políticas de transición, y enfrentan los dilemas sociales que deben ser resueltos para alcanzar una paz estable y sostenible. En economía, el término microfundamentos se refiere al anaálisis microeconómico del comportamiento de agentes. Como lo ha porpuesto Janssen (2006), el studio de los microfundamentos es un esfuerzo orientado a entender fenómenos económicos agregados en términos del comportamiento de entidades individuales y sus interacciones. Las interacciones estudiadas a veces ocurren dentro de los mercados y otras veces por fuera de los mismos. Este e sun interés que surge en las décadas de 1959 y 1960, y se sustenta en los supuestos del individualismo metodológico. Una estructuración de las miardas basadas en microfundamentos se encuentra en los trabajo de autores como Schelling (1978) y Weintraub (1979). En el contexto de este trabajo, por microfundamentos nos referimos a los mecanismos comportamentales subyacentes a la deción y a la acción individual y colectiva, que resultan involucrados en contextos en los que se busca implementar estrategias de justicia transicional. Aspectos tales como las preferencias altruistas, la justicia en las distribuciones, la aversión a la inequidad, la envidia, o la discriminación, son todos fuentelas actitudes de las preferencias sociales que moldean, los valores y las decisiones que pueden afectar el éxito y el fracaso de la implementación de medidas de transición. Como se advirtió al inicio de este trabajo, un enfoque basado en los microfundamentos6 supone que al depender de la toma de decisiones, los procesos y mecanismos asociados con la justicia transicional, están íntimamente conectados con los atributos intrapersonales e interpersonales de las poblaciones; además de estar mediados por el complejo interjuego de aspectos contextuales que en materia económica, política y cultural moldean las preferencias de los involucrados. Dichas preferencias importan ya que juegan un rol crucial en el tránsito hacia la paz, determinan la percepción que las personas involucradas tienen acerca de su grado de justicia, inclusión, y legitimidad y por ende inciden en el respaldo, cumplimiento, alcance y efectividad de las políticas y los programas del proceso de justicia transicional.                                                                                                                 6

 

Para una revisión de profunda del concepto de microfundamentos ver Cárdenas et. Al, 2014;

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Gráfico 1. Dimensiones de los mecanismos asociados al equilibrio de la paz

Adaptación de la figura propuesta por Kjell-ake Nordquist, 2007. Desde esta perspectiva, lo que ocurre en el nivel microsocial afecta en un proceso de abajo hacia arriba (Bottom-up) a las demás dimensiones involucradas en la transición. Así, que lejos de ser un fenómeno unidireccional de arriba hacia abajo (Top-down) y unidimensional (eminentemente macropolítico), el estudio de la justicia transicional requiere aproximaciones que conciban la interdependencia de variables en un complejo interjuego multidimensional. 1.1. La justicia transicional y la construcción de paz La Organización de Naciones Unidas define la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, y las medidas sirvan a la justicia y ayuden a lograr la reconciliación (ONU, 2004). Este concepto enmarca los principios, las características, los pasos y los mecanismos que se han usado y que hoy son prescritos para llevar a cabo en situaciones de transición de un estado de cosas determinado, llámese régimen autoritario, conflicto armado interno, guerra internacional; a un estado de cosas deseado, llámese paz, régimen democrático, o estabilidad internacional. Siguiendo a Elster, “la justicia transicional se refiere al proceso de romper con el pasado” (Elster, 2006, p. 193); y hace referencia a los procesos a través de los cuales “se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz” (Uprimny, 2006, p. 13). De esta forma, se puede afirmar que la justicia transicional es un proceso de ruptura con una situación dada con el fin de alcanzar un estado de cosas colectivamente deseado, que implica la selección entre diferentes alternativas de cambio. En él, están en juego los intereses y expectativas de quienes toman decisiones de impacto colectivo y de quienes se ven afectados por ellas. Los resultados de este proceso tienen un efecto determinante en la vida individual y colectiva de las personas, así como en la configuración del presente, del futuro, y de la manera en que se reelaborará el pasado y se reconfigurará la vida en un  

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sistema político, económico y social dado. Ha sido ampliamente discutido el hecho de que, al constituir un medio para alcanzar la paz y romper con el pasado, la justicia transicional se define por una paradoja: por un lado, estos procesos se dirigen a garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que sufrieron delitos de lesa humanidad y violaciones a sus derechos (De Greiff, 2006p. 451-477); Y por el otro -cuando son el resultado de negociaciones-, deben garantizar el mantenimiento a largo plazo de los acuerdos, así como las condiciones e incentivos para que los antiguos miembros de las organizaciones armadas realicen el tránsito de combatientes a ciudadanos y alcancen la reintegración. En este punto radica la importancia de pensar la interrelación entre los mecanismos de la justicia transicional y los procesos de DDR. En este sentido, aparte de los mecanismos políticos y judiciales que incluyen juicios individuales, reparaciones, la búsqueda de la verdad, reformas institucionales, y la restitución de los derechos, (entre otros aspectos); los procesos de justicia transicional involucran también una gran variedad de diseños institucionales, transformaciones organizacionales, decisiones políticas, y la implementación de planes y programas orientados a materializar los objetivos en materia de justicia y paz. Como ya hemos mencionado, implican ante todo la distribución o redistribución de valores, recursos y cargas, con el fin de establecer equilibrios sostenibles desde el punto de vista de todos los actores involucrados: víctimas directas o indirectas, excombatientes desmovilizados, simpatizantes no combatientes, y de los ciudadanos no afectados. Sin embargo, continua el debate fundamental sobre si las estrategias de justicia transicional plantean un dilema entre justicia y paz. Para algunos autores, mientras que los juicios a los victimarios promueven la justicia, generan divisiones, afectan negativamente las condiciones y las posibilidades reales para el logro de la paz; otros autores piensan que las comisiones de verdad, favorecen la paz y la reconciliación a expensas de la justicia retributiva7. Así la opinión está dividida entre lo más optimistas quienes consideran que la justicia transicional incluye soluciones complementarias para la construcción de paz; mientras que los más escépticos subrayan lo inevitable del dilema, que en caso de contextos negociados sin victoria militar de uno de los bandos, obliga a priorizar la paz sobre la justicia. Adoptar la propuesta que desde la economía del comportamiento han hecho Jolls, Sunstein, & Thaler (1998) puede resultar útil para desarrollar un enfoque que trascienda la hegemonía de las aproximaciones jurídicas y económicas tradicionales. En esto sentido, y apropiando esta propuesta, se puede pensar en tres funciones que contribuyen a desarrollar la mirada microfundamentada de la justicia transicional y de la construcción de paz. En su aspecto positivo, una mirada de este tipo acerca de la justicia transicional se preocupa por cómo los actores involucrados se comportan en respuesta a las reglas definidas e implementadas y la manera en cómo dichas reglas son moldeadas en procesos de retroalimentación entre su apropiación cotidiana y la evolución de las prácticas sociales                                                                                                                 7

 

http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/justice/transitional-justice

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subsecuentes. En su aspecto prescriptivo, la aproximación microsocial de la justicia transicional estudia qué tipo de reglas se deben desarrollar para alcanzar fines específicos. Por último, en su aspecto normativo, una interpretación micro de la justicia transicional analiza de manera más amplia cuáles son los fines de los diseños, mecanismos, medidas y apropiaciones sociales de las reglas relativas a los procesos orientados a facilitar la transición hacia la paz. En suma, intuimos que una mirada como esta contribuye a una mejor comprensión de los procesos macropolíticos, de las reglas formales, y de las políticas publicas que se producen; así como del conjunto de predicciones que pueden ser adecuadamente inferidas a partir de sus efectos. 1.2. El equilibro de la paz y la justicia transicional Como se advirtió arriba, existe un vacío en torno a la evidencia empírica que evalúe el impacto que ha tenido la justicia transicional en sociedades marcadas por los conflictos armados (Thoms, 2010). Sin embargo, los tomadores de decisiones han favorecido los mecanismos de la justicia transicional como el mejor medio para transitar de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia. Es urgente que se tenga en cuenta que para alcanzar sus objetivos, estos procesos plantean la necesidad de generar un contexto institucional que incentive y garantice, por un lado el tránsito de las víctimas a ciudadanos con derechos plenamente restituidos; por el otro, el tránsito de los excombatientes a civiles con garantías e incentivos que eviten el riesgo (o la tentación) de volver a la violencia. Un aspecto menos explorado tiene que ver con que los ciudadanos no afectados apoyen las medidas definidas, la distribución de beneficios y cargas, y acepten las medidas excepcionales de la transición. Como mencionamos al inicio de este capítulo, la paz después de un conflicto armado persistente es el producto de un delicado equilibrio entre la satisfacción de las preferencias de los actores involucrados, y los arreglos que desde el diseño institucional se puedan realizar para: balancear la tensión entre justicia y paz, prevenir la no discriminación de los actores en transición y velar por la legitimidad de las distribuciones que tengan lugar. Por esto la paz depende del diseño de reglas, incentivos y condiciones que mitiguen el riesgo de exclusión de actores clave, el retorno a la violencia, la repetición de hechos y la consecuente revictimización. Lo anterior para prevenir el riesgo de exclusión de actores clave, la revictimización, o el retorno al ejercicio de la violencia. Es en este punto en donde surge un dilema adicional al existente entre justicia y paz. No se puede olvidar que los procesos de DDR se ven amenazados por la tensión denominada como el “Dilema de Seguridad” (Walter, 1997; Roe ,1999; citados por Humphreys y Weinstein, 2007) que caracteriza la disolución de las organizaciones armadas en contextos de debilidad institucional, dada la incertidumbre y la desconfianza sobre la disposición de la contraparte (el estado o el garante de la transición) a cumplir sus promesas. El equilibrio de la paz implica la generación de confianza, legitimidad y cooperación. Para todos los actores debe ser creíble el cumplimiento de los compromisos, la transparencia en las intenciones y de las promesas hechas para hacer posible la transición. En el caso de las víctimas, es crucial por ejemplo la cooperación de los victimarios en el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los cuerpos de familiares, o la disposición efectiva para reparar a las víctimas. Para los excombatientes, resulta importante el cumplimiento de los

 

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incentivos materiales prometidos para la desmovilización, un tratamiento diferenciado en caso de responsabilidad judicial, la mitigación de los riesgos de retaliación o venganza, y sobre todo la no discriminación social o administrativa. Para los no afectados, el apoyo al proceso de transición depende de que los excombatientes se desvinculen totalmente de los grupos a los que pertenecían, desarrollen maneras legítimas para continuar sus proyectos de vida, se arrepientan, y se comprometan con la reparación a las víctimas; así como que se minimicen los incentivos para el oportunismo y para los comportamientos extractivos (free riding) por parte de las víctimas. 1.3. Multidimensionalidad y microfundamentos de la justicia transicional Como ya dijimos, la justicia transicional lejos de ser un fenómenos unidimensional y unidireccional, es un fenómeno multidimensional y que en diferentes direcciones afecta simultáneamente cuatro niveles de la experiencia humana: a) Una dimensión intrapersonal, en la que se moldean las motivaciones que subyacen las preferencias, y sobre todo la posibilidad de transformación de las creencias por lo que resultan fundamentales las percepciones acerca de los procesos de justicia transicional. En este sentido, resulta útil prestar atención a la importancia a los procesos de aprendizaje, educación y de transmisión de capacidades para prepararse para la paz en el nivel local. La redescripción y reinterpretación del pasado, y el desplazamiento cognitivo (cognitive shifting) son factores cruciales para las transiciones en el nivel micro. b) Una dimensión de interacción interpersonal, en los que la selección de estrategias depende del interjuego entre los modelos mentales (formas compartidas de resolución de problemas) y las situaciones de coordinación, cooperación o conflicto. En este sentido se pone en juego la posibilidad para superar situaciones que demandan de los sujetos interacciones estratégicas que den paso a resultados colectivamente indeseados. En esta dimensión cobran importancia las formas de comunicación y las maneras en que los grupos enfrentan y resuelven dilemas sociales. Por esto es crucial la comprensión del interjuego entre las convenciones, las reglas morales y las normas sociales de un grupo, pues definen aspectos clave como la legitimidad, la lealtad, la apropiación y el uso de las reglas propuestas para la transición la vida cotidiana. c) Una dimensión Institucional, en la que se redefinen los principios que inspiran las reglas que pautan la vida colectiva a nivel formal e informal. En este sentido se busca explorar las espirales de retroalimentación que generen un equilibrio y una coherencia entre los marcos de acción constituidos por las nuevas reglas que introducen las políticas de transición. Su éxito depende de los mecanismos de refuerzo de las mismas. Estas reglas estructuran los macroprocesos que dan paso a las reglas de juego que a nivel político, administrativo y judicial permiten el paso de la guerra a la paz a través de la distribución de valores en la sociedad. d) Por último, existe una dimensión dinámica y estratégica constituida por el tipo de actores y su influencia en los procesos de interjuego propios de la toma de decisiones de política pública (policy game). En este sentido, es importante subrayar ante todo que las

 

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transiciones se dan gracias a procesos políticos, y que en estos es fundamental el empoderamiento, la expresión de la voz y la influencia de las organizaciones de los actores involucrados a través de la participación activa, la agregación de preferencias y de recursos, y la construcción de coaliciones para generar situaciones en las que se logre influir la agenda. Al pensar en su dimensión microsocial, la noción de justicia en la justicia transicional, no solo comprende las distribuciones que hace el Estado desde la política pública sino que abarca también las asignaciones que los ciudadanos realizan directa (por ejemplo cuando son funcionarios públicos) o indirectamente (cuando castigan o premian ciertas políticas). Desde esta mirada, estas preferencias parten de las motivaciones, deseos y creencias personales de los participantes, y pueden también ser explicadas por la fluctuación de las interacciones humanas y posteriormente por la retroalimentación en los procesos de decisión y en la definición de políticas públicas (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). En el caso de la justicia transicional estos procesos comienzan con las mismas bases neuronales de la justicia y la comprensión de las motivaciones personales que tienen los individuos. Aunque la colaboración entre las ciencias neurológicas y las ciencias sociales siguen siendo bastante incipientes, los primeros resultados ofrecen perspectivas interesantes sobre el papel que juegan los diferentes sistemas decisores en los humanos. En el famoso juego del Ultimatum, por ejemplo, se entrega una cantidad determinada a dos personas que no se conocen. El primero de ellos debe decidir como dividir ese monto y el segundo debe decidir si rechaza o acepta la oferta de repartición. Si acepta, recibe su parte de acuerdo a la propuesta del primero, y si rechaza, se pierde el dinero y nadie gana nada. Este experimento se ha realizado miles de veces en diferentes culturas alrededor del mundo8, dando paso a patrones de comportamiento muy llamativos. En primer lugar, en muy pocas ocasiones las personas que deben decidir como repartir el dinero ofrecen una mínima cantidad y se quedan con la mayoría del mismo. En segundo lugar, la tasa de rechazo por parte de los segundos se dispara sustancialmente cuando las ofertas propuestas se acercan a un 30% y de allí hacia abajo. Estos dos patrones confluyen en un resultado socialmente eficiente y más igualitario que consiste en que los primeros jugadores hacen ofertas justas y los segundos las aceptan (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). En esa dimensión intrapersonal de análisis, la neurociencia ha generado interesantes hallazgos como los que se encuentran en el estudio de Sanfey et. al. (2003)9 en el que observaron la actividad neuronal de individuos participando en este juego del Ultimatum. Al evaluar el flujo de oxígeno en las regiones del cerebro asociadas a diferentes funciones, usando imágenes de resonancia magnética funcional, encontraron que las ofertas injustas activaban a la vez las regiones asociadas a las emociones (la ínsula anterior) y las regiones asociadas a tareas cognitivas (la corteza prefrontal dorsolateral). Esta última región del cerebro es la que ayuda a resolver tareas complejas de cálculo y planeación, así como de anticipación de situaciones futuras. La primera región, la de las emociones fuertes, es la que compartimos con muchos otros homínidos y otros animales, y es la que nos permite actuar                                                                                                                

Ver algunos ejemplos en: http://www2.psych.ubc.ca/~henrich/Website/Papers/Science/Henrichetal2006Science.pdf 9 Ver http://www.sciencemag.org/content/300/5626/1755.abstract   8

 

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rápidamente ante riesgos, amenazas, y es allí donde se manifiestan el dolor y el asco entre otras emociones fuertes. Este primer punto sugiere que la capacidad para decidir sobre lo justo y lo injusto al momento de compensar a las víctimas o asignar recursos para la reincorporación a la vida civil de excombatientes pasa por un proceso de decisión mediado por las emociones y el cálculo racional. (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). Un segundo punto del estudio de Sanfey y sus colegas, que se relaciona también con la perspectiva interpersonal de análisis, indica que cuando el experimento se realizaba entre dos seres humanos, la activación de estas zonas en conflicto (la emocional y la calculativa) era mucho mas alta que cuando se enfrentaba al individuo a un computador que tomaba las decisiones del otro jugador. Mas aún, los participantes del experimento estuvieron más dispuestos a aceptar ofertas injustas del computador que si la oferta viniera de otro ser humano (Cárdenas, Casas y Méndez, Ibíd). Este carácter relacional de las preferencias será también parte de la ecuación al momento de evaluar y debatir sobre las acciones de reparación y redistribución hacia víctimas y victimarios. Estas interacciones potencian la configuración de reglas de comportamiento que se traducen en la generación y consolidación de instituciones con rasgos de estabilidad a lo largo del tiempo. Como se afirmo arriba, el tránsito de la guerra a la paz implica la distribución o redistribución de valores, recursos y cargas, con el fin de establecer equilibrios sostenibles desde el punto de vista de todos los actores involucrados. Para esto se requiere de la reasignación de recursos, a veces públicos, a veces privados, para proteger, apoyar o reparar a grupos particulares que hayan sido víctimas; así como a quienes hicieron parte de las organizaciones de victimarios para prevenir el riesgo de su retorno a las estructuras o a las actividades violentas, y así facilitar su reintegración a la vida civil (Cárdenas, Casas y Méndez, Ibíd). En este sentido como lo identifican Cárdenas et. Al (Ibíd.), por su naturaleza distributiva, estos procesos plantean diversas tensiones y paradojas que retan aspectos fundamentales para el éxito de la construcción de paz en el nivel microsocial. Desde hace cientos de miles de años los seres humanos hemos desarrollado un umbral, y un conjunto de habilidades cognitivas y emocionales para percibir las injusticias. En el nivel colectivo, un aspecto central tiene que ver con las nociones de justicia social que tienen los grupos. En este tipo de procesos de distribución (y de redistribución) el aspecto punitivo de las conductas altruistas y el tipo de reciprocidad social (débil o fuerte) orientada a castigar a quienes cometieron abusos, cobran una importancia central dentro del funcionamiento de los grupos sociales. En situaciones de este tipo el refuerzo de las normas sociales se vuelve imperativo, y se castiga no por lo que el transgresor hizo, sino por lo que le hizo a otro (Hall, 2010; 160) 10 . En este orden de ideas, cuando pensamos en la relación entre justicia, discriminación, distribución y construcción de paz, a partir del enfoque de los microfundamentos del comportamiento individual y social, se evidencia cómo los procesos de justicia transicional muestran que en su componente de justicia distributiva, está corre el riesgo de presentarse como una moneda cuyas caras plantean una tensión entre las                                                                                                                

Llama la atención que en el ejercicio del castigo altruista, se activa en el cerebro la misma área que se activa cuando cooperamos (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014).

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pretensiones de resarcir los daños y restituir los derechos de las víctimas; y la necesidad de ofrecer condiciones a los desmovilizados para que se mantengan dentro del equilibrio que permite la construcción y estabilización de la paz (Cárdenas, Casas y Méndez, 2014). Hay que tener en cuenta cómo las motivaciones y preferencias afectan otros aspectos además de la justicia en las transiciones. Como veremos más adelante, los niveles intra e interpersonales inciden de manera radical sobre la toma de decisiones en los procesos de negociación de las condiciones para la desmovilización, la reintegración y la reparación. Permiten comprender las posibilidades de éxito o fracaso de los procesos de acción colectiva que llevan adelante las organizaciones de víctimas, de desmovilizados, de veteranos para avanzar la atención a sus demandas o la defensa de las prerrogativas alcanzadas dentro de los procesos. Así mismo, contribuyen a establecer cursos de acción para formar y alcanzar coaliciones que ayuden a monitorear y garantizar el cumplimiento de los acuerdos en el tiempo. Y sin duda, son fundamentales para pensar los mecanismos, tiempos y alcances de la búsqueda de perdón y reconciliación. 1.4. El aprendizaje social, la superación del pasado y las claves para el cambio social El aprendizaje cobra un lugar central en los procesos de transición. Como lo hemos mencionado ante todo implica un mecanismo de ruptura con el pasado y por ende se relaciona profundamente con el cambio social. Desde un punto de vista microsocial los mecansimos para el tránsito de la guerra a paz, como la justicia transicional, los procesos de DDR y las iniciativas de construcción de paz implican la compleja modificación de los modelos mentales (Mantzavinos, North y Shariq, 2004, p. 75). Si esto no ocurre las sociedades corren el peligro de no superar los legados de la guerra al caer en “trampas de la violencia” que no logran ser modificadas por los diseños que se orientan a facilitar la transición. Al pensar que la justicia transicional implica a su vez procesos de diseño, reforma y ajuste institucional, no se puede olvidar como lo ha planteado North (2005) que las instituciones están ancladas en las mentes de las personas. Las mentes son el correlato de los sistemas normativos, y por ende las trasformación de reglas necesaria para alcanzar la paz debe prestar atención a los territorios cognitivos de los involucrados en el proceso. El aprendizaje humano goza de una característica única, pues la modificación de modelos mentales va de la mano de la redescripción representacional y se basa en la observada plasticidad de la mente humana. Como lo supondrá el lector, este proceso cobra un carácter colectivo cuando se trata de modelos mentales compartidos. Siguiendo a North, Mantzavinos y Shariq (2004, p. 82), el aprendizaje es la transición de la ausencia de comportamiento efectivo (para la resolución de problemas) a una situación en la que emergen conductas eficientes. Implica la transición de la novedad (problemas sin solución) a la rutinización de conductas efectivas en la resolución de problemas dados. En este caso el problema yace en cómo transitar hacia la paz. Antes de continuar recordemos los supuestos que están a la base de esta idea, y que se nutren del trabajo de Mantzavinos (2011, 2001) y Mantzavinos, North y Shariq (2004). Desde esta mirada, se destaca que el cerebro humano está informado por una poderosa  

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capacidad de aprendizaje que se mantiene por prolongados periodos de tiempo. A diferencia del comportamiento instintivo, el comportamiento de los organismos que poseen estas características, está definido por el cambio. El juego entre lo estructurado y lo variable es uno de los aspectos más sobresalientes, no sólo de nuestra especie, sino de la vida en general. Los organismos vivos encuentran situaciones para las cuales no se han desarrollado respuestas establecidas (del tipo ready-made). A través de la exposición repetida a situaciones similares en el tiempo, emergen estrategias apropiadas de respuesta. En el caso de los seres humanos, la cualidad diferencial que otorga esa compleja estructura de interpretación, es la posibilidad de clasificación y de la información proveniente del entorno físico, sociocultural y lingüístico, así como la selección intencional de respuestas frente a problemas dados. Este es un proceso de interjuego que involucra la estructura genética, la posibilidad del lenguaje, las características del cambiante entorno humano y las condiciones culturales resultantes del marco institucional deliberadamente creado por los seres humanos para ordenar su entorno (Casas, 2008). El mecanismo humano de resolución de problemas se puede definir como modelo mental. Los modelos mentales son estructuras cognitivas flexibles, que cambian en el tiempo, y son formadas por las respuestas que los organismos desarrollan para responder a una situación, así como para explicar e interpretar su entorno (Casas, 2008). La formación y la persistencia de los modelos mentales es un proceso de verificación permanente. Esto ocurre a través de la retroalimentación en interacción con el entorno, y de la estabilización o modificación consiguiente de dicha prueba. En la medida que el entorno confirma la efectividad del modelo mental, este se va estabilizando, y va dando paso a la formación de creencias, estas últimas definidas como la estimación de probabilidad de ocurrencia de un efecto, vinculada causalmente al uso de un medio específico (Mantzavinos et. Al, 2004). El uso de la información disponible y la comunicación entre personas dan paso a modelos mentales compartidos como mecanismos aceptados socialmente para resolver problemas. Por el tipo y el grado de institucionalización, estos pueden resolver problemas de cooperación (reglas formales) o surgir espontáneamente para resolver problemas de coordinación (reglas informales). La condición humana por definición es la imperfección y el cambio. Por esta razón, el ensayo y error sigue siendo el proceso inacabado que opera en nosotros, y que usamos como herencia de los procesos de selección natural y de elección social, lo cual puede resultar útil al pensar en las bases microsociales de los procesos de transición de la guerra a la paz (Casas, 2008). Siguiendo a Ostrom (2007) una propuesta como la planteada se puede ilustrar de la siguiente manera:

 

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Gráfico 2. Modelos Mentales

Fuente: Figura tomada del esquema “Animating institutional analysis” de Elinor Ostrom (2007, p. 150)

Como se muestra arriba los participantes en una situación la interpretan de acuerdo con las creencias que poseen sobre como resolverla. Estas creencias son el resultado de la experiencia. Los individuos y los grupos enfrentan los problemas planteados por la contingencia a partir de las soluciones que han puesto a prueba y que han resultado exitosas, desde su propia percepción. Los seres humanos no somos tabulas rasas, organizamos nuestras respuestas a partir de las compleja diversidad de relaciones naturales y artificiales que estructuran nuestra conducta, por lo cual cobra radical importancia el tipo de información disponible. En ese sentido cuando creemos no tener una respuesta cuya eficacia conozcamos, probamos alguna que en general obedezca a nuestros deseos y nuestras creencias, incluso si estas tienen un origen inconsciente o si a los ojos de otro sean erróneas. Las acciones posibles, se toman de acuerdo a los resultados esperados. Los resultados de las acciones elegidas nos permiten evaluar la eficiencia de las mismas en cuanto si permitieron solucionar el problema o no. Esta información acerca de los resultados de acciones previas, permite revisar los modelos mentales o estrategias por medio de las cuales enfrentamos las situaciones de acción. La interpretación de una situación de acción depende del modelo mental que conocemos y seguimos. Su mantenimiento o cambio depende del sentido que este tenga en términos de su efectividad para resolver un problema. Como otros animales acumulamos y transmitimos respuestas a otros como nosotros por vía interactiva, por mimesis, o por enseñanza. Sin embargo, y gracias al lenguaje enunciativo

 

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logramos acumular un rico y diverso conjunto de respuestas compartidas con otros, que sobreviven a nuestra propia existencia, y que constituyen el agregado de lo que gracias a la experiencia y el contexto definimos como lo que se debe y lo que no se debe hacer. A ese producto artificial que se va desprendiendo de la experiencia individual y cobra un carácter colectivo que define el concepto de modelos mentales compartidos. Estos sirven para dar cuenta de la complejidad y la incertidumbre que plantea la vida social. Los modelos mentales son mecanismos que reducen la incertidumbre frente a las interacciones expresadas en situaciones de acción, facilitan la acción individual y la acción colectiva. A este conjunto lo denominamos instituciones, sean estas formales o informales, de acuerdo al tipo de problemas que resuelvan y al mecanismo de refuerzo usado. El mecanismo de aprendizaje pese a complejizarse mantiene la esencia del ensayo y el error. Al pensar en procesos de transición, no solo se enfrentan los retos de los mecanismos para transitar hacia la paz y la democracia estable y sostenible desde lo macro. La transformación de creencias y por ende de los modelos mentales que orientan a los agentes que las refuerzan, resulta imperante para alcanzar la paz. Sin embargo, dada la duración del conflicto y la persistencia de sus efectos sobre las personas y los grupos afectados ¿cómo podemos lograr superar los legados de décadas de atrocidades y los aprendizajes de la guerra? Un aspecto fundamental, tiene que ver con la superación de la dependencia de los senderos recorridos en el pasado (path dependance) en tres niveles: cognitivo, institucional y económico. Para entender esto es importante comprender el proceso de cambio social que es resumido por Mantzavinos et. Al (2004) de la siguiente forma: “realidad” > creencias > instituciones > políticas específicas > resultados (y, en consecuencia, “realidad” alterada) Desde la mirada del institucionalismo cognitivo estos autores llaman la atención sobre mecanismo de retroalimentación que va desde los resultados a la realidad, y corre a través de la mente humana. Debido a que la mente interpreta activamente la realidad, tenemos un muy limitado conocimiento de la manera en que los resultados de los diseños y mecanismos para la transición serán percibidos o interpretados por los agentes. “Después de un periodo t1 (eso es, después de que se ha completado el aprendizaje a través de las instituciones, los mercados y los resultados), la mente interpreta la realidad en el periodo t2 (esto es, los resultados) a la base de los modelos mentales ya existentes en el periodo t1. Obviamente, esto es cierto para cada uno de los individuos en la sociedad, por lo que el aprendizaje compartido en el t2 debe estar basado por lo que lo antecedió en el t1. En otras palabras, los modelos mentales compartidos en el t2 se han formado con base en los modelos mentales compartidos en el t1”(Mantzavinos, et. Al, 2004). Para pensar analíticamente en los procesos de justicia transicional es útil tener en cuenta que los casos en que el contenido del aprendizaje colectivo es el mismo o es similar a través de un número de periodos (un pasado marcado por la guerra y las atrocidades), los modelos mentales se van volviendo relativamente inflexibles y los sistemas compartidos de creencias son moldeados. Estos son a su vez la fuente de la senderodependencia cognitiva, ya que en la medida en que los modelos mentales son más inflexibles, se hace más difícil su  

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modificación y su revisión (Mantzavinos, et. Al, 2004). Debido a esta senderodependencia cognitiva, el andamiaje del paisaje humano (la formación de instituciones) también ocurre de manera sendero dependiente. Una vez todos los jugadores han formado los mismos modelos mentales, la mezcla institucional puede comenzar a resolver una variedad de problemas sociales de manera particular. Se puede hablar así, de “retornos crecientes de un marco institucional” en el sentido en que una vez las soluciones a los problemas han sido aprendidas por los agentes, estas son aplicadas inconscientemente cada vez que surgen problemas similares. Esta senderodependencia institucional puede estructurar el juego económico de una manera estandarizada a través del tiempo y puede conducir a las sociedades a jugar un juego que resulte en consecuencias indeseables (Mantzavinos, et. Al, 2004). Para Mantzavinos, North y Shariq, en la medida en que el marco institucional y de incentivos se mantenga constante, la interacción en el mercado será canalizada en una cierta dirección y la generación de cierto tipo de tecnologías podrá ser fomentada. En este sentido, la senderodependencia cognitiva e institucional podrán en últimas dar paso a la senderodependencia económica. Al afirmar intuitivamente que la “historia importa” se indica la importancia del fenómeno de pauta de dependencia comenzando en el nivel cognitivo, pasando por el nivel institucional, y culminando con el nivel económico (Mantzavinos, 2001). Pensar en el camino para superar los legados del pasado, implica analizar las posibilidades y límites transformadores de los mecanismos de transición. En este sentido, la mirada microsocial de los procesos de transición hacia la paz pone en el centro de la discusión la transformación de creencias que subyacen la persistencia de las lógicas aprendidas y adoptadas durante el conflicto. Este es un reto que atraviesa las agendas del cambio social. Adicionalmente, ¿cómo generar confianza en el proceso y ofrecer incentivos para la construcción de valores que movilicen el apoyo ciudadano hacia la superación de la desconfianza, el rencor, los deseos de venganza y castigo?. Si tenemos en cuenta que la barbarie colombiana a través del tiempo y los territorios, se ha soportado en narrativas justicieras, en mitos fundacionales que justifican las vías de hecho, tenemos una gran tarea en frente: pasar del statu quo de la guerra al escenario de la paz dentro e los territorios cognitivos. Esto implica la transformación de modelos mentales compartidos persistentes, a través de medidas pedagógicas que impacten una cultura política proclive a actitudes y valores autoritarios en el nivel local. La paz es entonces una posibilidad alcanzable si se tiene en cuenta que se debe trascender la mesa de negociación, y su éxito depende de la apropiación efectiva a través de los territorios cognitivos y físicos en los que se reproduce la vida de los actores involucrados. 2. Explorando los microfundamentos de la justicia transicional en Colombia A continuación presentamos un conjunto de evidencias relativas al estudio de los microfundamentos de la transición hacia la paz. En coherencia con el marco analítico propuesto exploramos cinco aspectos relativos a la justicia transicional y la construcción de paz que pueden contribuir a la comprensión de los retos microsociales que subyacen las  

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transiciones. Presentamos evidencia que atraviesa las diferentes dimensiones involucradas en estos procesos. En su aspecto macro, es importante comprender los juegos políticos que anteceden y determinan los alcances de los diseños y las medidas de transición. En el nivel mesopolítico importa el tránsito de los modelos mentales de la guerra, y el peso que tiene para las personas el tránsito entre universos institucionales que implica el paso de la guerra a la paz. En el nivel micro, los aspectos interpersonales e intrapersonales son cruciales. El tipo de reglas informales que surgen en las transiciones puede llegar a socavar el equilibrio de la paz, por lo cual aspectos como el capital social, la discriminación, o las percepciones sobre las políticas de transición y sus resultados juegan un papel crucial para su éxito o el fracaso. 2.1. El juego político de las reparaciones Si se entiende que los procesos de justicia transicional están definidos por su realidad multidimensiona cuyo punto de partida tiende a ser en procesos de abajo hacia arriba. Un aspecto fundamental tiene que ver con que son el resultado de arreglos políticos que permiten el tránsito de la guerra a las paz o de la dictadura a la democracia. En un intento por abordar el tema de justicia transicional desde un marco analítico micropolítico, Casas y Herrera (2008), siguiendo a Elster, señalan que existen tres dimensiones fundamentales dentro de estos procesos: una dimensión de justicia, una administrativa y otra política que resultan cruciales para abrir la caja negra del fenómeno. Para los autores, uno de los temas cruciales tiene que ver con las reparaciones como vehículos esenciales para el tránsito y la distribución de cargas que facilita dicho movimiento. Las reparaciones a víctimas de actos propiciados por regímenes dictatoriales o durante conflictos entre dos o más organizaciones políticas (sean o no Estados) se remonta hasta la antigüedad, especialmente en los casos dónde se presentaban transiciones de regímenes autoritarios a regímenes “democráticos” y dónde una de las preocupaciones principales se refería a “qué hacer con los victimarios y cómo retribuir a las víctimas por sus sufrimientos” 11. El aprendizaje producto de las transiciones ha permitido comprender que las reparaciones a su vez pueden constituir mecanismos de atadura cuyo potencial transformador debe ser estudiado, analizado y desplegado con atención debido a los efectos que puede generar. A partir de la revisión de casos internacionales y con una estrategia de formalización mediante la teoría de juegos, Casas y Herrera (2008) proponen el juego político de las reparaciones como una mirada estratégica que busca dar cuenta de cómo las micromotivaciones de los actores involucrados en las negociaciones previas a los procesos de paz moldean de manera radical los límites de la justicia, los incentivos para estabilizar la paz, y estructuran restricciones a las demandas de justicia por parte de las víctimas en el futuro. A partir del estudio y análisis de 10 casos internacionales distintos Casas y Herrera establecen algunas regularidades acerca de la dinámica de los programas y políticas de reparaciones en el mundo. Casi todos los procesos estudiados se desviaron de sus metas                                                                                                                 Para consultar los distintos casos de procesos de transición en la historia desde la antigua Grecia hasta la actualidad véase Elster (2006b).

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iniciales y muchos de ellos no lograron sus cometidos; En la mayoría de los casos se crearon organizaciones formales (comisiones de verdad, de reconciliación, etc.) para dirigir el proceso de justicia transicional, cuyo diseño se caracterizó por el no otorgamiento de poder vinculante a sus decisiones, razón por la cual las mismas adquirieron fundamentalmente la forma de recomendaciones que para materializarse debían ser acogidas por una organización política distinta (eg. El Congreso, Asamblea Constituyente, entre otros); Aún cuando en la mayoría de los casos estas comisiones de verdad fueron las encargadas de diseñar inicialmente los programas, políticas y estrategias para reparar a las víctimas, sus recomendaciones no se tradujeron de manera fidedigna en las políticas y leyes que buscaron implementarlas, lo que a su vez fue visto por las víctimas como una muestra clara del desinterés por parte de los tomadores de decisión frente a sus sufrimientos, a excepción, claro está, del caso marroquí. En la gran mayoría de los casos, las víctimas y las organizaciones que las representaron no tuvieron gran capacidad de influencia frente a los procesos de toma de decisiones que llevaron a las políticas de reparación finalmente implementadas, debido fundamentalmente a las restricciones previas impuestas al proceso por las negociaciones iniciales que les dieron vida, en la mayoría de las cuales las víctimas tampoco fueron tenidas en cuenta. Se puede afirmar que, en su mayoría, las víctimas expresaron altos niveles de insatisfacción y desconfianza frente a las medidas de reparación finalmente implementadas. Como se evidencia de estas conclusiones, los resultados de los distintos procesos de justicia transicional estudiados, y de manera específica de las medidas de reparación implementadas, dejaron mucho que desear desde el punto de vista de las víctimas y sus familiares. Muchas voces sostienen que estas conclusiones no deben sorprender debido al carácter imperfecto de las reparaciones. Dichas imperfecciones se asocian con dos causas: las restricciones materiales y el predominio del peso de la paz sobre la justicia. Sin embargo, los más optimistas sospechan que esto no es necesariamente cierto, pues se han demostrado la viabilidad de las reparaciones si existe la voluntad de reasignación presupuestal y el interés de las agencias de cooperación internacional. Entonces, el argumento material es importante pero no definitivo para condenar los procesos de reparación a la imperfección, tal vez existen otras variables que intervienen en la situación. Tal vez la variable clave tiene que ver con un aspecto eminentemente político, por lo cual los autores desarrollan un marco analítico que se fundamenta en las tres dimensiones mencionadas.

 

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Tabla 1. Marco Analítico de las Reparaciones DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS • Resarcir el daño (material y no material) causado Justicia • Justicia legal vs. Justicia política • Materializada por victimarios, Estado o ambos • Formas que adquieren las reparaciones y como son materializadas • Tipología de acuerdo a la forma en que son diseñadas: 1) amplias vs. restringidas; 2) judiciales vs. Administrativa administrativas • Tipología de acuerdo a la forma en que son materializadas: 1) “en especie vs. monetarias”; 2) programas autónomos vs. insertas en políticas públicas • Política: “el arte de atar a otros” (Elster) • Procesos de reparaciones entendidos como escenarios estratégicos de selección de alternativas • ¿Quién ata a quien? Estado y victimarios atan a Política víctimas • Juego (interacción estratégica) entre dos actores fundamentalmente: Estado y victimarios • Víctimas son vistas básicamente como sujetos pasivos Fuente: Casas y Herrera (2008)

Como se puede observar la dimensión política de las reparaciones implica una serie de estrategias en donde los actores tienen diferentes tipos de recursos pero que en últimas supone que “atar a los demás” es clave para blindar la transición hacia la paz cuando esta es producto de una negociación. El juego de las reparaciones se modela a partir de la evidencia de los casos comparados y se enmarca en contextos, donde existen los actores (Estado y victimarios) deben “ponerse de acuerdo” acerca de: ¿a quién reparar? ¿cómo se va a reparar? y ¿qué tanto se va a reparar?. Gráfico 3. Juego de las Reparaciones entre Estado y Victimarios

 

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Fuente: Casas y Herrera (2008) A través del método de razonamiento hacia atrás (backward induction) se obtiene que el equilibrio de Nash, es decir aquella situación de juego en la que ningún jugador puede mejorar su posición unilateralmente, corresponde a las estrategias (B,B), en donde ambos jugadores escogen la alternativa de comprometer recursos para llevar a cabo reparaciones “restringidas” o mínimas. Esta propuesta revela que la justicia transicional no puede ser vista como una categoría neutral, la historia muestra que implica un proceso contingente, lleno de obstáculos en los que los actores tienen profundos intereses y adaptan sus estrategias a los incentivos propios del contexto. En este sentido, y con escasas excepciones, los casos estudiados muestran como un concepto de paz negativa prima sobre la justicia, y por ende la decisiones que permiten cristalizar la confianza en los acuerdos alcanzados, generan como subproducto dilemas sociales que pueden obstaculizar el logro de reparaciones amplias y masivas en el mediano y largo plazo. Desde un punto de vista microsocial las motivaciones de los tomadores de decisión están mediadas por las restricciones económicas y fiscales del Estado, y al interés por lograr la paz incluso a costa de la justicia para las víctimas. Por el lado de los victimarios existe un interés de que la reparación sea lo menos costosa posible, desde un punto de vista económico, político, judicial e incluso en términos de percepción y reputación personal. Dado que los mecanismos de política para atender a las víctimas pueden ser revictimizantes si se opta por una estrategia mínima y excluyente Casas y Herrera (Ibíd) sugieren que “superar las ataduras” de este juego implica diferentes tipos de salida: Una relacionada con reformular el juego, buscando que las víctimas realicen una verdadera incidencia a tiempo en los escenarios de discusión; y otra, asociada a una solución de tipo “herestético” donde las víctimas y otros actores sean capaces de manejar, manipular y maniobrar en contextos determinados de restricciones para lograr resultados distintos vía creación de situaciones gracias a la creación de coaliciones políticas. En últimas, este artículo llama la atención sobre los costos, ataduras y alternativas que supone la justicia transicional desde una visión política que desde la aproximación microsocial, que se ha venido desarrollando, afecta directamente la configuración de políticas, programas e intervenciones en el nivel de diseño de políticas (policy game), y que pone de manifiesto la imperfecta naturaleza de estos procesos a través de la historia. 2.2.

Significados y retos de la desmovilización

¿Qué significa dejar atrás? ¿Qué implica el paso de combatiente a ciudadano? ¿Cómo desmontar la estructura mental de la guerra que caracterizaba nuestro mundo cuando la incertidumbre sigue siendo la regla en el nuevo puerto? ¿Es posible en Colombia el paso de la guerra a la paz sin el tránsito de formas no democráticas de relación social a la vigencia de una democracia real? ¿Qué implica la democracia como un modelo mental alternativo al de la guerra? ¿Los procesos de reintegración actual inciden positivamente en la producción de la democracia en el nivel micro y macro en Colombia? Con el fin de iniciar un debate de los aspectos mesopolíticos, Casas y Guzmán (2010) indagan por la relación entre transición hacia la paz, dilemas sociales y cultura política democrática.

 

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Prestando especial énfasis a los retos de la desmovilización y la reintegración, los autores parten del supuesto de que cambiar las acciones y patrones de la guerra supone aprender nuevas formas de resolución de problemas y en últimas buscar propiciar una transformación de los modelos mentales por vías no violentas. Para esto interpretan la reintegración como un proceso incremental hacia el abandono de la preferencia por los atajos de la violencia y la ilegalidad, intentando promover incentivos favorezcan la preservación del bien público, definido por la convivencia pacífica y la prevalencia de actitudes democráticas entre la población. En la transición hacia la paz ese desafío no solo se encuentra inserto en las mentes de las personas desmovilizadas, sino que debe redundar en la preocupación por la construcción y promoción de nuevos universos institucionales desde el Estado en diálogo con la población. Así mismo, las comunidades receptoras deben ser conscientes de que aprender a vivir juntos implica superar la desconfianza y establecer nuevas relaciones con la población desmovilizada, algo fácil de decir pero difícil de practicar como muestra la evidencia del estudio de caso en zonas de recepción de estas poblaciones en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá. Desde una perspectiva analítica de la reintegración implica tres supuestos: • •

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Primero, una transición entre universos institucionales, que ocurre dentro del marco de reglas de los mecanismos de transición. Segundo, la reintegración es una situación que plantea un dilema social cuyos reusltados suóptimos están relaiconados con “el efecto del eterno ayer” que lleve a los desmovilizados a volver al usod e la violencia, a las comunidades receptoras a la discriminación o la venganza, y a los ciudadanos no afectados a la indiferencia frente a las coindiciones materiales e inmateriales que grantizan el equilibrio que pemrite el tránsito de combatientes a ciudadanos. Tercero, la reintegración es un fenómeno multidimensional, que incide en las dimensiones intrapersonal, interpersonal e institucional de la experiencia humana; y su variación es susceptible de medición y comprensión a través de la cultura política.

Casas y Guzmán (2010), argumentan que tanto la desmovilización como la reintegración constituyen pasos que implican dejar atrás las formas de acción e interacción propias de la guerra; en particular, suponen aprender nuevas formas de resolución de problemas (modelos mentales) por medio de mecanismos no violentos. Sin embargo, en ese tránsito los actores parecen llevar con ellos actitudes, valores, y preferencias aprendidas en la guerra que muchas veces pueden reactivadas y desplegadas en los territorios escenarios de la reintegración. Desde esta perspectiva, las transiciones hacia la paz, en contextos en procesos de democratización como el colombiano, plantean un reto adicional. La democracia no puede consolidarse en ausencia de una cultura política democrática que asegure el soporte emocional y cognitivo para adherirse a procedimientos democráticos (Linz. J, Stephan. A. 1997:15). La existencia de escenarios democráticos está relacionada con la reproducción efectiva de las actitudes, valores, creencias, deseos y emociones que orientan el comportamiento de los ciudadanos; y de vuelta la reproducción del sistema depende a su vez de la presencia y práctica de los mismos. Desafortunadamente, la debilidad de la democracia colombiana es percibida por los ciudadanos en parte por la notoria persistencia de diversas formas de solución de conflictos a través de mecanismos no democráticos, informales y violentos (Casas y Guzmán, Ibíd).

 

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Dentro de la literatura acerca de los programas de DDR el componente de la reintegración ha sido abordado en sus dimensiones económicas, sociales y psicológicas. Sin embargo, se encuentran pocas referencias acerca de la reintegración de los excombatientes en un sentido político. Para los autores, desafortunadamente el DDR ha sido visto y valorado en su aspecto militar. No es coincidencia que en la mesa de la Habana los delegados del gobierno para la subcomisión de la finalizaicón del conflicto sean 6 militares. Enfoques tradicionales se han centrado casi exclusivamente en los objetivos militares y de seguridad a corto plazo. Por ello estos programas se han desarrollado aisladamente del campo de la justicia transicional y sus preocupaciones por la clarificación histórica, la justicia, la reparación y la reconciliación (Casas y Guzmán, Ibid.). Los autores citan a Theidon (2007: 89). Para argumentar que reducir los programas de DDR al desmantelamiento de la maquinaria de guerra es elevar las probabilidades de que fracasen al no considerar adecuadamente cómo desmovilizar combatientes para facilitar la reconstrucción social y la coexistencia. Razón por la que este enfoque no es suficiente para garantizar la reintegración en la sociedad civil, pues ha fallado por no dar suficiente consideración a la comunidad receptora, ni considerar culturas locales o concepciones de género que constituyen la rehabilitación y resocialización de excombatientes En tal sentido, no se trata únicamente de un proceso de rehabilitación por medio del cual los excombatientes interioricen reglas y destrezas que les permitan vivir en sociedad como “reinsertados” (Acosta et al. 2007: 35). Hay que concebirlo como un proceso de transformación simultánea de las víctimas y excombatientes y del contexto social, para así posibilitar una eventual “reintegración” de la sociedad como tal (Acosta et al. 2007). Para Theidon (2007), “la mayoría de los antiguos combatientes indican estar buscando alguna vía para dejar la guerra atrás, y ahora viven ese deseo en medio de opciones económicas limitadas y un conflicto armado. Desafortunadamente el país continúa altamente militarizado por lo que hombres y mujeres son constantemente reciclados en la guerra. ¿La ironía? Muchos de estos combatientes son sujetos de una transición pero el contexto social no” (Theidon 2007: 77). El DDR debe estar acompañado entonces de programas con visión a largo plazo, de vínculos apropiados entre los programas de DDR y las iniciativas de justicia transicional. Ubicando directamente el DDR dentro de un marco de justicia transicional, quienes hacen las políticas y quienes las practican pueden ayudar a fortalecer la fase de la reintegración de excombatientes a la vida civil, que ha sido el eslabón débil de la cadena del DDR (Theidon 2007: 67). La evidencia muestra que los peligros del dilema de seguridad descrito al inicio de este capítulo. Estos resultados se traducen en el supuesto de que a los actores les resulta menos costoso optar por estrategias violentas que son perversas pero efectivas en el corto plazo. En contraposición la fase de reintegración, es un proceso incremental de largo alcance difícl de blindar al descuento temporal, las emociones negativas asociadas a la discriminación y marginación vivida en las comunidades receptoras; el efecto de los prejuicios y de las heurísticas que como resago ayudan a las personas a resolver problemsa nuevos con los repertorios comportamentales del pasado. Casas y Guzmán, observan que el éxito de la desmovilización depende de que los actores involucrados (excombatientes, víctimas y ciudadanos no afectados) perciban el problema como uno de acción colectiva del tipo juego del seguro, en el que se requiere de la cooperación de los actores.  

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En “Prosperidad y violencia” Robert Bates (2001) utiliza el concepto de “eterno ayer” (Eternal yesterday) para referirse al peso del pasado en el desarrollo de las sociedades., fenómeno que arriba hemos denominado como sendero dependencia. La problemática que pone sobre la mesa esta perspectiva radica en determinar si el marco institucional adoptado para la transición, en sus aspectos informales relativos a la promoción de competencias ciudadanas propias de la democracia ha logrado permear la cultura política de los desmovilizados de tal manera que se favorezca la calidad de la democracia en Colombia; o si por el contrario los dos universos institucionales (el de la guerra y el del Estado) conviven paralelamente en la mente de los desmovilizados, en detrimento de la construcción de escenarios democráticos. En entornos institucionales débiles, con legados de conflictos armados peristentes, la presencia de economías ilegales o procesos en donde el orden social no está resuelto, se da paso a realidades institucionales que se definen por la co-existencia perversa de universos institucionales contradictorios. 2.3. La cara oculta de la justicia A través del análisis multivariado de la evidencia experimental ofrecida por Cárdenas et. al (2008), Cárdenas, Casas y Méndez (2014) exploraron los microfundamentos que subyacen a las diferencias entre las asignaciones (castigos y compensaciones) a víctimas y excombatientes. Esto resulta ser fundamental para identificar cómo la justicia transicional implica tensiones en torno a la redistribución y cómo las preferencias sociales de los individuos pueden precisamente afectar la asignación de justicia o beneficios de los programas sociales del Estado para víctimas y desmovilizados. Para esto se realizó una minería de datos y se construyeron modelos de regresión multivariados de tipo probit ordenado que consideraban una variable dependiente correspondiente a los montos de distribución en juegos experimentales, específicamente en el juego del dictador con castigo, el tipo de población (víctimas y excombatientes) y variables de control (sexo, edad, estrato, empleo, estado civil, entre otras). La siguiente tabla muestra los resultados del modelo que indican que una persona desplazada recibe más cantidad de dinero por parte del jugador 1 en el juego (9.5%) que un excombatiente (este ve reducida la oferta en 4%). Adicionalmente ser mujer incrementa significativamente la cantidad transferida así como el número de años. Tabla No. 2. Resultados Modelo de Regresión

 

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Fuente: Cárdenas, Casas y Méndez (2014) Estos hallazgos se traducen en que la variación de las percepciones de los ciudadanos al momento de distribuir favorece a las víctimas y castiga a los excombatientes. La función social de castigo hacia los perpetradores es lo que en este trabajo se denomina como “la cara oculta de la justicia” porque puede derivar en incentivos negativos para los excombatientes que afecten el logro de la reintegración y el mantenimiento de la paz. Desde una perspectiva microsocial el aporte de este estudio es resaltar el papel de las motivaciones de los ciudadanos frente a dilemas de distribución y las formas en que estas actitudes y predisposiciones pueden llegar a generar un sistema de castigos (hacia desmovilizados) y compensaciones (hacia víctimas) que no solo podrían impactar el reparto de beneficios materiales sino establecer mensajes simbólicos de exclusión hacia cierto tipo de actores involucrados en procesos de transición. Adicionalmente, la evidencia señala que existen condicionantes sociales (como el sexo o la edad) que influyen en las distribuciones de beneficios a víctimas y excombatientes en los juegos analizados. 2.4. Capital social y tejido social después de la violencia Para los procesos de justicia transicional resulta relevante identificar no solo cuáles son las disposiciones individuales de los ciudadanos, sino también cómo se generan escenarios de reconstrucción del tejido social y se configuran relaciones sociales que en lo colectivo potencien el reconocimiento, la confianza y la reconciliación. La propuesta metodológica de medición de capital social en víctimas del conflicto armado realizada por Méndez (2014) busca una aproximación a este tema partiendo de que el capital social (entendido como confianza y disposiciones a la acción colectiva) son recursos necesarios para la sociedad y para el bienestar de cada persona (Ostrom, Ahn & Olivares, 2003). En el marco de dinámicas de transición y específicamente para el caso de las víctimas del conflicto, la evidencia indica que el capital social puede verse fragmentado o puede fortalecerse luego de los hechos violentos. Precisamente el estudio hace una propuesta de medición a través de una metodología mixta que contempla tanto instrumentos cuantitativos (encuestas y juegos experimentales), como instrumentos cualitativos (historias de vida y grupos focales), y que deriva en últimas en una batería de instrumentos e indicadores específicos para la medición de capital social en población víctima, y la construcción de un índice agregado y desagregado en dimensiones micro, meso y macro de análisis. El pilotaje de las herramientas se realizó en la comunidad de víctimas de El Salado (Bolívar, Colombia) y que han sido intervenidas, y víctimas que habitan la vereda La Emperatriz, cercana a este corregimiento pero que no han sido beneficiarias de programas. Adicional a la confiabilidad y validez del diseño metodológico el trabajo señaló de manera indicativa que si existen diferencias en el capital social en los siguientes niveles: i) entre las víctimas que han sido objeto de intervención y las que no lo han sido; ii) entre las variables de confianza y acción colectiva y iii) al interior de las mismas variables entre los niveles micro, meso y macro. Por ejemplo, el nivel de confianza micro es mucho mayor que el de  

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confianza meso y macro, lo cual quiere decir que en promedio los participantes confían más en las personas de sus círculos de relación próximos (como la familia, vecinos y comunidad) que en individuos desconocidos e instituciones del Estado como se observa en la siguiente tabla. Tabla No. 3. Resultados de indicadores de confianza. Confianza (Cronbach Alpha: 0.8459) Mínimo Máximo Micro

1

4

Meso

1

4

Macro

1

4

1

4

Total

Media 2,92 (64%) 1,96 (32%) 2,5 (50%)

El Salado 3,05 (68%) 2,03 (34%) 2,63 (54%)

La Emperatriz 2,79 (60%) 1,88 (29%) 2,38 (46%)

2,48 (49%)

2,6 (53%)

2,36 (45%)

Número de observaciones: 40

Fuente: Méndez (2014) En general uno de los hallazgos más relevantes es que se han presentado episodios de recomposición del proceso organizacional en El Salado, pero que en el caso de la confianza, el ritmo de reconstrucción ha sido mucho más lento. A pesar de la activa influencia de las organizaciones en procesos políticos y sociales del municipio y la región, la evidencia demuestra que persisten entre los habitantes sentimientos y patrones de desconfianza que pueden obstaculizar futuros procesos de perdón y reconciliación. En este sentido, el documento recomienda que intervenir este tipo de comunidades asoladas por la violencia implica entender “los micro fundamentos detrás de la recomposición directa o indirecta del tejido social, lo cual se traduce en que además de fortalecer la acción colectiva, debe buscarse una mayor reflexión y comprensión del sustrato básico de las relaciones humanas: la confianza” (Méndez, 2014, p. 46). Sin duda esto es un aporte para evidenciar que el nivel meso de interacción interpersonal es crucial para la sostenibilidad de iniciativas de reconstrucción de paz. 2.5. Actitudes hacia la paz y el posconflicto en Colombia, Antioquia y Medellín Como se mencionó en el ejemplo anterior, las relaciones sociales en dimensiones meso y micro de análisis son importantes a la hora de evaluar retos y mecanismos de estabilización de las sociedades en transición. Por esta razón, también es posible hallar datos relacionados con factores del entramado social que pueden promover u obstaculizar la tolerancia por el otro, la solidaridad y la reconciliación. Estas actitudes serán analizadas a través de un caso nacional, uno regional y otro local usando datos cuantitativos que provienen de encuestas de percepción. En el ámbito nacional se usa evidencia representativa de la Encuesta Mundial de Valores 2012 (EMV, 2015), y la Encuesta Nacional sobre Justicia y Paz (2012) del Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de USAID, la Unidad de Víctimas y la Universidad de los Andes; a nivel regional se tomará como referente el estudio “Valores, Representaciones y Capital Social en Antioquia” y a nivel local la “Encuesta de Seguridad y Convivencia” (2014) de la  

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ciudad de Medellín, ambos realizados por la Universidad EAFIT para la Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín respectivamente. En relación con la visión microsocial que se está desarrollando en este capítulo, en términos generales Colombia es un país con bajos niveles de confianza en el otro. En la EMV del año 2012 el 95% de los encuestados consideró que se debe ser muy cuidadoso al tratar a la gente, mientras el 4% declara que se puede confiar en la mayoría de las personas. Un patrón similar se encuentra en la ciudad de Medellín donde solo el 6% dice que se puede confiar en la mayoría de personas (CAP-EAFIT, 2014), mientras que el departamento de Antioquia muestra niveles mucho mayores de confianza que ascienden al 11% (Giraldo, et. Al, 2013). Este panorama es consistente durante las últimas décadas pero al indagar desagregadamente en ciertos grupos de personas se vislumbran ciertas diferencias no tanto entre el nivel nacional, departamental y local sino sobre todo en cuanto al tipo de grupo analizado. En todos es coincidente por ejemplo los altos niveles de confianza en la familia que en el país ascienden al 94% (EMV, 2012) y en el departamento y la ciudad llegan al 91% y 92% respectivamente (Giraldo et. Al, Ibíd; CAP-EAFIT, Ibíd). Los vecinos cuentan en el nivel nacional con una confianza del 50%, en Antioquia del 58% y en Medellín del 59% lo cual señala que la confianza en el entorno próximo, y no el más cercano como en el caso de la familia, no es tan alta y se mueve hacia un poco más del 50% aproximadamente. Otro conjunto de datos que amerita atención está relacionado con la confianza en la gente que se conoce la primera vez que resulta ser muy baja para todos los casos (12% para Colombia, 18% para Antioquia y 5% para Medellín). Adicional al hecho que la sociedad en general no confía en el otro y eso puede afectar el reconocimiento y la promoción de valores de solidaridad y cooperación, los estudios también señalan que la confianza hacia los desmovilizados e incluso hacia las víctimas no es la más propicia para lo que demandarán escenarios de encuentro y reintegración en el futuro. Por ejemplo en la ciudad de Medellín solo el 15% confía en los desplazados y el 5% en los desmovilizados (CAP-EAFIT, Ibíd). Sumado a esto, las distintas encuestas preguntaron a sus encuestados por las personas que no quisieran tener de vecinos, y en la mayoría de las votaciones los grupos con más rechazo son los drogadictos, alcohólicos, desmovilizados de los grupos armados y víctimas del conflicto armado. La gráfica siguiente muestra los datos comparados entre el país en general, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín respecto a la población desmovilizada y víctima. Gráfico 4. Comparación entre porcentajes de encuestados que no quisieran tener de vecinos a desmovilizados y víctimas del conflicto armado

 

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Desmovilizados

Víctimas

47% 40% 34% 23%

23%

5% Colombia

Antioquia

Medellín

Fuente: Elaboración propia con base en EMV (2012), Giraldo, et. Al (2013) y CAP-EAFIT (2014). El gráfico señala que los niveles de exclusión hacia los desmovilizados son mayores que hacia las víctimas, sobre todo a nivel nacional. La discriminación hacia las víctimas es igual entre el país y el departamento y mucho menor a nivel local en la ciudad de Medellín. Sin duda estos datos imponen retos para los procesos de reintegración y de atención y reparación a víctimas del conflicto en el marco de las políticas relacionadas con la justicia transicional. Además de las percepciones frente a grupos específicos también existen resultados en torno a políticas en general y aspectos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación. En la Encuesta Nacional sobre la Ley de Justicia y Paz (2012) se indica por ejemplo que el 44% de la población considera que se ha avanzado “algo” en la reparación a las víctimas, con promedios similares entre víctimas (41%) y no afectados (45%) y en términos del derecho a la verdad el 35% considera que no se conoce todavía nada, el 45% algo y el 20% que se conoce totalmente lo que ha ocurrido en Colombia. Así mismo, y en relación a las garantías de no repetición, el 32% de la población cree que es la guerrilla la que ha tenido más responsabilidad de la violencia en Colombia, seguida por “todos nosotros los colombianos” con el 28% y el Gobierno con el 16%, lo cual no enmarca el análisis de responsabilidades solo a los grupos armados sino a la sociedad en general. Finalmente dentro del orden de prioridades sobre acciones para contribuir o ayudar a la reconciliación la gran mayoría piensa que es el “reparar a las víctimas” con el 71%, seguido por “el proceso de justicia y paz” con 64%, “someter a juicio a miembros de grupos armados y del Estado” con el 55% y conocer la verdad con el 52%. Estos hallazgos en torno a las actitudes ciudadanas frente a la paz y el posconflicto amplían el espectro de interpretación sobre las predisposiciones que existen en las víctimas, los excombatientes y en las políticas de Estado que desde una mirada microsocial están intrínsecamente interconectados. 3. Implicaciones de las miradas microsociales para las política publicas de transición

 

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Si bien la evidencia presentada anteriormente contribuye a entender la importancia de las preferencias individuales y sociales en un ámbito ante todo académico, en esta sección se introducirán algunos elementos de análisis para comprender las implicaciones de lo microsocial en las políticas públicas. Para esto se abordarán factores que van desde lo macro en términos del diseño institucional como a lo meso y micro en torno a los retos transversales para que las intervenciones sean efectivas en la práctica. Los elementos aquí considerados parten de que un eventual proceso de transición hacia la paz en Colombia no solo se reduce a la terminación del conflicto sino a toda una serie de acciones en vía de la reparación a víctimas, la desmovilización masiva de combatientes y la redefinición de políticas nacionales (como la relacionada con el desarrollo rural), que como se ha mencionado involucran aspectos materiales y simbólicos como el juego político y las mismas disposiciones de los ciudadanos a aceptar la diferencia y reconocer la integración de víctimas y excombatientes. Como conclusión del marco teórico y hallazgos empíricos presentados anteriormente consideramos que la sostenibilidad del cese de las hostilidades y la implementación efectiva de programas en el posconflicto, deben tener en cuenta mecanismos que identifiquen los efectos individuales e interpersonales de las intervenciones en perspectiva de un doble propósito: que sean legítimos ante los ciudadanos respondiendo a las necesidades generales y específicas de los territorios del país, y adicionalmente, que logren generar cambios cognitivos que movilicen a los ciudadanos en torno a una cultura de la construcción de paz. Para lograr esto, Colombia tiene diferentes tipos de retos que se ven incrementados por factores contextuales como la magnitud de víctimas y daños que se reportan en los sistemas oficiales y no oficiales de información; el número significativo de desmovilizados y potenciales personas que dejarán las armas en los próximos años; la prolongada duración del conflicto en el país y la variedad de afectaciones que en lo territorial también invitan a pensar en soluciones diferenciadas o al menos contextualmente adaptables a los daños regionales. Para tener una idea de estos desafíos, según los datos oficiales a la fecha en Colombia se atendieron en 2014 un total de 27.451 personas en proceso de reintegración y, en una proporción indiscutiblemente mayor, existen 7.201.034 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (con corte al 1 de marzo de 2015). Dando cuenta de la prolongación de la guerra en el país por varias décadas, los ciclos de victimización señalan que el punto más alto de número de víctimas se dio entre el año 2000 y 2002 y desde ese momento ha venido descendiendo. Adicional a la magnitud de víctimas, cabe decir que la naturaleza de las afectaciones que se dan en el marco del conflicto armado además de versar en daños económicos, tiene profundas implicaciones sobre el capital humano y el capital social de las regiones del país. Estas han sido amplias, masivas y sistemáticas a lo largo del tiempo, y han sido devastadoras tanto para las víctimas, sus familias y comunidades, así como para las organizaciones, instituciones y el conjunto de la sociedad en general. Es por esto que los impactos han sido complejos y de diferente magnitud (CNMH, 2013, p. 259).

 

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Estos daños pueden categorizarse en daños morales, daños políticos, daños socioculturales y daños emocionales y psicológicos. Los daños morales hacen referencia al “resultado del menoscabo de valores significativos para las personas y las comunidades, pues muchos de los actos violentos buscan, en efecto, degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar los valores más íntimos que sustentan la identidad colectiva” (CNMH, Ibíd, p. 270). Los daños socioculturales por su parte se relacionan con “las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales (…) la vulneración de creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades” (Ibíd, p. 272). Así mismo los daños políticos son causados por actores armados en complicidad de élites regionales para “impedir, silenciar o exterminar prácticas, mecanismos, organizaciones, movimientos, partidos, liderazgos e idearios políticos calificados como opuestos y percibidos como peligrosos” (Ibíd, p. 281). Lo microsocial se expresa entonces no solo en afectaciones psicosociales sino en una serie de condiciones de carencias simbólicas pero también materiales para las víctimas, sus familias y sus comunidades próximas. Por ejemplo el desplazamiento forzado como uno de los principales hechos victimizantes causa una caída en los activos, el ingreso y el consumo de las víctimas, lo cual repercute además en condiciones negativas para el municipio receptor; esto se traduce en que en general, los indicadores sociales y económicos de la población desplazada son peores que los de la población pobre en el área urbana (Ibañez & Velásquez, 2008, p. 61). Desde una perspectiva macroeconómica el conflicto ha generado la salida del mercado de empresas manufactureras en el país (Camacho y Rodríguez, en Ibañez, et. al. 2014), una producción rural menor y otros impactos en diferentes sectores económicos. Recientemente se realizó una estimación de los costos del conflicto y se concluyó que la cesación del conflicto podría equivaler a un aumento en 4,4 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento anual de las economías departamentales. Esto supone que para que se duplique el PIB departamental en condiciones de conflicto se necesitarían 18,5 años mientras que en ausencia de él serían requeridos 8,5 años (Villa, Restrepo y Moscoso, en Ibañez, Ibíd). Con esta realidad a la base a continuación se presentarán elementos de reflexión sobre factores prescriptivos útiles para el diseño y la implementación de las medidas de justicia transicional en el país. 3.1. Arquitecturas Institucionales y mecanismos informales para la transición La inclusión de una mirada microsocial para el análisis de los mecanismos de justicia transicional en el país pasa en primer lugar por reflexionar sobre si el diseño institucional fue concebido en respuesta a las necesidades de las víctimas, los excombatientes y los ciudadanos desde lo microsocial. Sumado a la complejidad que de entrada tiene un diseño institucional para el tránsito de la guerra a la paz, en Colombia este reto se ve incrementado por la magnitud de población que se debe atender como se ejemplifico anteriormente. Así las cosas, los diseños institucionales deben dar cuenta de la variedad de facetas y dimensiones que los daños han tenido sobre individuos, comunidades y la sociedad en  

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general. A la fecha el país aún sigue en el proceso de construcción y ajuste de diseños institucionales apropiados para hacer frente a las atrocidades masivas dado que es siempre "un trabajo en curso" (Kritz, 2002, p. 87). En este sentido, la experiencia ha demostrado que “no existe una fórmula única, sino la necesidad de aplicar soluciones individuales y específicas de acuerdo con el país” (Stahn, 2006, p. 1). En Colombia, el Gobierno Nacional ha impulsado disposiciones jurídicas y administrativas que, supeditadas de manera estricta a la Constitución, buscan marcos de transición de la guerra a la paz, así como propenden por garantizar y reparar los derechos afectados a las víctimas. Entre estos esfuerzos se incluyen la Ley 418 de 1997 (modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, expedida para resolver las consecuencias y procesos en el caso de los delitos políticos), y la Ley 975 de 2005 que es una herramienta para la búsqueda de beneficios administrativos y jurídicos destinados a quienes se desarmen y reintegren a la vida civil. El más importante avance para la justicia transicional en el país hasta ahora es la ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual ley tiene por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas (…) que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales” (artículo 1 de la ley 1448 de 2011). Si bien la ley ha avanzado en el reconocimiento de la víctima incluso desde su misma definición12 y en programas que, como el psicosocial, aceptan las afectaciones que la guerra ha tenido en los individuos y su entorno de acuerdo al territorio geográfico, esta ley o cualquier reglamento o disposición jurídica o administrativa debe tener presentes las múltiples restricciones y complejidades de una tarea tan grande como reparar víctimas en medio del conflicto y allanar el terreno para la paz. Así las cosas, de ninguna forma las leyes son puntos de llegada, sino puntos de partida para la generación de otras herramientas de política pública más puntuales, específicas y de alcance limitado. Si bien muchos coinciden en que el inicio de la atención y reparación a víctimas es la propia víctima y los procesos psicológicos y sociales que se derivan del trauma causado por las violaciones a sus Derechos Humanos, se debe prestar también atención a los propios procesos políticos que ocurren en el ámbito de las instituciones. Una mirada consciente de que es posible diseñar instituciones como un tipo de ingeniería o arquitectura social debe ser sensible a un reto, en esencia microsocial, y es la necesidad de conjugar procesos de construcción de paz de abajo hacia arriba desde la visión de las comunidades, las expectativas concretas de las víctimas, y la inclusión de enfoques diferenciales en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas en el tema.                                                                                                                 La definición de víctima en la ley 1448 de 2011 es más amplia en tanto no restringe el reconocimiento de la víctima a un perpetrador determinado y además incluye todas las “graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (artículo 3, Ibíd).

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3.2. Participación efectiva Muchas de las experiencias internacionales de transición muestran una gran deuda en cuanto a la participación de las víctimas en el proceso de transformación y, a su vez, el fracaso de muchas de estas experiencias en buena parte se explica por esa misma falta de participación (Guzman y Uprimny, 2010a, p. 12). Un camino para garantizar esta participación es lograr el reconocimiento de las víctimas a través de una participación efectiva en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de las medidas de justicia transicional 13 ratificando el rol de las víctimas como sujetos de derechos y restableciendo su dignidad (De Greiff, 2008, p. 423). Frente a la participación de las víctimas, en el modelo de justicia transicional que actualmente se implementa en Colombia existen posiciones distintas sobre los avances y retrocesos del proceso. Por una parte se afirma que la Unidad para las Víctimas “ha hecho esfuerzos significativos por dotar de sentido a la reparación, reforzando un mensaje de dignidad y de reconocimiento de las víctimas. La instalación de Mesas de Participación puede también ser una oportunidad para mejorar la capacidad para escuchar y reconocer a las víctimas, y responder a sus necesidades.” (ICTJ, 2014, p. 102). Sin embargo, es necesario mencionar que no basta con la creación formal de espacios de participación, sino que ésta debe ser efectiva. Además de la naturaleza meramente formal de los escenarios de participación, estos se constituyen en una ventana de oportunidad para la presión política e inclusión de nuevos sectores en los procesos y espacios de decisión y discusión política. De esta manera, “un proceso de transición democrática que no integre las expectativas y necesidades de las víctimas tiene pocas posibilidades de alcanzar el grado de inclusión social que necesita y que permita contrarrestar las polarizaciones del pasado” (Guzmán – Rodríguez, D. & Uprimny, R, 2010b). Según lo anterior y considerando que un proceso de transición a la democracia es un momento de ruptura con el pasado, es posible afirmar que éste se convierte en un esfuerzo colectivo por promover procesos de reconciliación y democratización efectiva. Para este propósito la inclusión de actores, antes excluidos, demuestra voluntad de cambio y promueve la confianza de parte de las víctimas hacia la institucionalidad. Por estas razones, se deben encaminar estrategias hacia el fortalecimiento organizacional de las víctimas, la consolidación de los procesos deliberativos y consultivos y acciones acreditadoras que refuercen que la participación tiene injerencia en espacios de toma de decisión. Lo anterior permite que las víctimas, como titulares de derechos y no como receptores pasivos, puedan incidir sobre escenarios reales de toma de decisión en la arena política, y hace que los diseños institucionales equilibren los esfuerzos centralizados con una mirada microsocial desde las víctimas en su dimensión individual y sus formas de participación en lo comunitario desde lo local.                                                                                                                 13Se

entenderá la participación efectiva de las víctimas en los procesos de formulación y ejecución de las medidas de justicia transicional desde una dimensión interpersonal ya que ésta tiene que ver con la selección de estrategias y el interjuego de sujetos en situaciones de conflicto y cooperación (Casas, 2008).

 

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3.3. Necesidades, intereses y realidades del nivel territorial El conflicto armado en Colombia surgió a partir de una lógica regional y ha sido heterogéneo tanto a lo largo del tiempo como en la extensión del territorio (CNMH, 2013, p. 111). Un ejemplo de estos desiguales impactos de la guerra es que en 139 municipios en Colombia se acumulan más del 74% del total de población desplazada, sobre todo en municipios de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Chocó, Meta, Vichada, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, entre otros. Al cruzar otros hechos victimizantes con las afectaciones territoriales, se identifica que si bien cubren gran parte del territorio nacional, son algunos municipios y departamentos los que concentran la gran mayoría de los casos. Es así como el conflicto no es el mismo en todo el país y por consecuencia, los repertorios de violencia, los intereses de los actores armados y los daños varían dependiendo del lugar que se analice. Una aproximación microsocial a dicha problemática supone que el modelo de justicia transicional debe tener en cuenta las particularidades del territorio 14 , las necesidades y expectativas particulares de las víctimas y las formas en que se desenvuelve la política pública local dado que también es un hecho que “el conflicto ha deteriorado el funcionamiento de la descentralización al empeorar la efectividad de los gobiernos subnacionales para proveer servicios” (Barrig, 2010, p. 35). Teniendo en cuenta dicha premisa, se concluye que es necesario consolidar estrategias de fortalecimiento a las autoridades e instituciones territoriales, considerando que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es de formulación nacional, pero de implementación en lo local. Para esto se deben diagnosticar adecuadamente las necesidades de las regiones en el país y promover una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio (Jaramillo, 2014). De esta manera, el enfoque microsocial en su dimensión institucional se materializa a partir del reconocimiento de que el conflicto armado afecta e incide diferencialmente el territorio por lo cual trasladar la política del nivel central al local no solo se atraviesa por mecanismos de coordinación sino por toda una reflexión sobre el modelo de descentralización que no solo se constituya en lo jurídico sino trascienda a la transferencia y construcción conjunta de capacidades en las regiones. Para esto también es necesario comprender y promover las iniciativas locales y comunitarias de construcción de paz y reconciliación (Lundy y McGovern, 2008) que vienen dándose hace muchos años, e implementar mecanismos deliberativos que permitan flexibilizar la asistencia y la oferta del nivel central según las especificidades territoriales. 3.4. Atención para la transformación de modelos mentales Como se afirmó en la primera sección de este capítulo, el cambio social implica considerar que las relaciones que el individuo teje con su entorno (que nunca es estático), generan                                                                                                                

Se entenderá la consideración de las necesidades, intereses y realidades del nivel territorial desde una dimensión institucional, debido a la consolidación de reglas de juego con respecto a la relación entre la Nación y las entidades territoriales para la formulación e implementación de política pública en el marco de un modelo de justicia transicional (Casas, 2008).  

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procesos de aprendizaje y promueven la construcción de modelos mentales compartidos (Mantzavinos, North y Shariq, 2004). La intervención de la oferta institucional en estas interacciones microsociales mediante el reconocimiento de las víctimas y su condición, garantizaría la concreción de medidas óptimas y deseables en tiempos de transición. En este sentido y en la línea de que el diseño institucional sensible a los contextos y realidades puede potenciar positivamente las intervenciones en procesos de transición, se debe también considerar que deben delinearse y ponerse en marcha estrategias que garanticen seguridad y bienestar a los ciudadanos, en términos de salud e integridad física y psicológica. Específicamente, frente a la aproximación microsocial, es posible afirmar que la rehabilitación psicosocial contribuye a la transformación de modelos mentales y patrones culturales que probablemente reproducen la violencia o evitan que la víctima construya un proyecto de vida que esté orientado a restablecer su dignidad (Oré, González, 2011, p. 162). Para este propósito, la oferta institucional debe considerar de manera diferenciada la población más vulnerable, considerando que frente al impacto psicosocial que surge como consecuencia de una situación de violencia no se deben entender los síntomas como patológicos, sino como “reacciones normales frente a situaciones anormales” (Reátegui, 2011, p. 107). Desde un abordaje microsocial15, este tipo de daños emocionales y psicológicos como el miedo y la ansiedad que se generan tras un hecho victimizante logran inhibir de cierta forma las acciones de denuncia, búsqueda de justicia, organización social y participación política (CNMH, 2013, p. 263), por lo cual la rehabilitación (entendida como la asistencia física, psicológica y moral a las víctimas del conflicto armado) se convierte en un componente fundamental para la recuperación del individuo, desde lo intrapersonal. Sin embargo, el componente de atención psicosocial y rehabilitación a las víctimas es incluido apenas recientemente, como un elemento de política pública y mediante la creación del PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las víctimas) que a cargo del Ministerio de Salud busca generar estrategias para la rehabilitación física, mental y psicológica de las víctimas, desde una dimensión individual, colectiva y comunitaria. Con este punto de referencia las instituciones del Estado deben brindar una respuesta integral, articulada, diferencial y de amplia cobertura a las víctimas del conflicto armado, pues las víctimas están esperando que la atención en salud incorpore programas de rehabilitación orientados a la “superación de los daños que han deteriorado sus condiciones de vida y que han generado, por ejemplo, ansiedad o desesperación” (ICTJ, 2014, p. 53). Una de las grandes ganancias de la ley desde el punto de vista microsocial es haber reconocido la importancia de lo psicosocial y la rehabilitación como parte constitutiva de la reparación integral. Es así como la recuperación individual de todos los afectados por la violencia no solo es requisito para que estas personas puedan retomar su proyecto de vida sino que es condición para la reconstrucción de lazos comunitarios en su entorno.                                                                                                                

Se entenderá la atención psicosocial desde una dimensión intrapersonal considerando que ésta se asocia a la motivación personal para la acción. Además del manejo de emociones y la re significación de creencias (Casas, 2008).

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A pesar de esto no se puede reducir la transformación en el nivel intrapersonal a acciones de atención a víctimas, sino también se deben promover ejercicios educativos, culturales y políticos que permitan que los ciudadanos hagan consciencia de la magnitud de las atrocidades ocurridas en el país, condenen lo ocurrido y contribuyan a la garantía de los Derechos Humanos como garantía de no repetición. Como se mencionó antes esto supone medidas pedagógicas que promuevan cambios en la cultura política y en los territorios cognitivos que para el caso colombiano suponen ciertos rasgos de autoritarismo e intolerancia hacia la diferencia. 3.5. Capacidad transformadora de la transición Finalmente, además de los elementos mencionados a lo largo del capítulo cabe advertir que la búsqueda de diseños institucionales apropiados para Colombia se encuentra todavía en evolución y por tanto, el país no está exento de procesos de ensayo y error. El aporte que el capítulo hace de manera puntual al proceso de justicia transicional es en resignificar y valorar las medidas que promuevan la transformación desde una mirada microsocial que se traduce en valores, habilidades y conductas en los niveles intrapersonal, interpersonal e institucional mediante: i) la atención psicosocial dirigida a las víctimas del conflicto armado; ii) la participación efectiva de las víctimas en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de las medidas de justicia transicional y iii) la consideración de las necesidades, intereses y realidades del nivel territorial para la implementación de los procesos de transición. Lo anterior enmarcado en el objetivo fundamental de la justicia transicional de restablecer la dignidad y garantizar el reconocimiento efectivo de las víctimas del conflicto armado (de Greiff, 2008, p. 423) y sobre todo comprender las condiciones para hacer posible el cumplimiento de sus preferencias y expectativas (Arias, Ibáñez y Querubín, 2014; Moya, 2014) . No obstante, se debe tener claro que la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales en un escenario de paz pasa porque las intervenciones tengan un efecto reparador en las víctimas, se generen incentivos para la desmovilización y reinserción y los programas tengan un horizonte de legitimidad basada en la percepción de eficacia que tengan para el ciudadano (Prieto, 2012). Es importante prestar atención a los trabajos realizados recientemente por Kaplan y Nussio (2013a y 2013b) y Nussio (2012 ), Palou y Méndez (2012) y la Fundación Ideas para la Paz (2014) sobre factores que inciden el éxito de la desmovilización. Así mismo, es importante prepararse para la paz y prever la construcción de competencias ciudadanas y de sensibilización de la población vía procesos educativos (Chaúx, 2014). Estos trabajos ofrecen importante evidencia susceptible de ser incorporada en un modelo microsocial de justicia transicional. Un elemento crucial es comprender la capacidad transformadora de la transición en tanto es un proceso de ruptura con el pasado, significa un esfuerzo colectivo por promover procesos de reconciliación y democratización y sobre todo, invita a la reflexión sobre las causas de la violencia política y los variados efectos que esto ha traído para la población y en sus modelos mentales compartidos. Es por esto que dado el contexto, la firma de un acuerdo es solo el comienzo de una serie de esfuerzos que enfrenta el Estado y la sociedad en su conjunto para superar un legado de atrocidades, pero también de marginalidad y exclusión

 

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social, que solo serán efectivos si se comprende la necesidad de que se orienten a establecer un diálogo con los territorios físicos y cognitivos de los y las colombianas. La mirada microsocial y el análisis por dimensiones micro, meso y macro que atravesó de manera transversal la elaboración teórica y práctica de este capítulo, tiene un valor agregado. Identificar empíricamente los aspectos comportamentales, prescriptivos y normativos de la justicia transicional, es un poderoso punto de partida para incorporarlos de manera diferenciada en las deliberaciones, diseños y procesos de implementación, seguimiento y evaluación. Las grandes apuestas nacionales que se vienen cocinando pueden aumentar su probabilidad de éxito si prestan atención al pasado, a los resultados de los estudios comparativos y de caso disponibles, las experiencias exitosas de los equipos de funcionarios, las organizaciones sociales, y de las comunidades; y a los mecanismos básicos de transformación que ante todo dependen del ingrediente secreto: afectar los procesos de aprendizaje colectivo con el fin de no defraudar la expectativa colectiva de superar los tercos legados del pasado. Bibliografía Arias, M.A, Ibáñez, A.M. Querubín, P. (2014) The Desire to Return during Civil War: Evidence for Internally Displaced Populations in Colombia. En Journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy. Volume 20, Especia Issue 1: Conflict, Crime and Violence in Colombia (Enero 2014). Acosta et al. (2007) “Experiencias de jóvenes excombatientes en proceso de reintegración a la vida civil en Bogotá D.C.” Alcaldía Mayor de Bogotá. Backer, D. (2009). “Cross-National Comparative Analysis”, in H. van der Merwe, V. Baxter and A. R. Chapman, eds.Assessing the Impact of Transitional Justice: Challenges for Empirical Research. Washington: United States Institute of Peace, DC, pp. 23-89. Barrig, M. (2010) Las mujeres, los gobiernos locales y la cooperación española en Colombia. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Casas-Casas, A. & Guzman, J. (2010). “The Eternal Yesterday? The Colombian reintegration process as Social Dilemma”. Revista Papel Político. Vol. 15 # 1 Enero-Junio 2010. Pp 47-85. Casas-Casas, A. & Herrera, G. (2008). “El juego político de las reparaciones: un marco analítico de las reparaciones en procesos de justicia transicional” En Revista Papel Político. Vol 13 # 1 Enero-Junio. Pp 181-205. Casas-Casas, A (2008) “¿Cambiando mentes? La educación para la paz en perspectiva analítica” en Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina, Universidad de Deusto, Bilbao Cárdenas, J.C., Cásas, A., y Méndez, N. (2014). The Hidden Face of Justice: Fairness, Discrimination and Distribution in Transitional Justice Processes. En Journal Peace  

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