AÑO 15 N.º 165 AGOSTO de 2014
editorial
contenido contenido
¿Cuál es el problema de fondo? A propósito de la Ley 30021, que promueve la alimentación saludable
5
La OMS critica la propuesta del Minsa
7
La nueva vida en el Gran Mercado Mayorista de Lima
12
Más subsidios para la agroexportación ¿Más conflictos por el agua?
14
Entrevista a Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café
Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales
Av. Salaverry 818, Jesús María, Lima 11/ Perú Telf. (511) 4336610 Email:
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2
E
l nombre de la Ley 30021 describe claramente su finalidad: «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes». En síntesis, pretende proteger a este sector de la población y regular la publicidad de los alimentos no saludables (ricos en grasas, azúcares y sodio), la llamada comida chatarra; quiere promover la educación nutricional en las escuelas, y prohíbe el expendio de ese tipo de comida en los quioscos escolares. ¿A qué se debe la oposición tan dura de la industria de los alimentos, que ha forzado al Ministerio de Salud a proponer un reglamento de la ley que subordina el cuidado de la salud pública a los intereses privados industriales? La ley no prohíbe por completo la venta de comida chatarra; solo lo hace en los quioscos escolares, y podemos presumir que estos no son realmente un mercado de gran importancia para la industria alimentaria. Tampoco prohíbe su publicidad, salvo en las horas en que los niños están más expuestos a los medios. En consecuencia, los perjuicios económicos que esta ley puede causar a la industria alimentaria serán —si los hubiere— francamente menores y puramente coyunturales. Por tanto, no son razones económicas las que llevan a la industria alimentaria a oponerse de manera tan tenaz a la mencionada ley, utilizando con ese fin todos los medios a su disposición para tergiversar su sentido, como queda claramente expuesto en la propuesta de reglamento del Ministerio de Salud. Esta terca oposición de la industria alimentaria se debe —al menos en el caso de sus sectores más influyentes— a su pretensión de ampliar el espacio del interés privado (léase, empresarial) a costa del estrechamiento del espacio del interés público (en este caso, la salud pública); es decir, intenta estirar al máximo los espacios en los que se puedan obtener ganancias, aun en perjuicio de la sociedad. Y cuando el Estado intenta cumplir su función y asumir la defensa del interés público, se le ridiculiza calificándolo de «paternalista». Esto lo expresa con claridad un representante de los intereses empresariales, al criticar a quienes exigen que el reglamento debe respetar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: «[...] algunos parecen creer que el Estado debe ser una nana y prohibirnos el consumo de grasas y azúcares y cualquier otra cosa que nos haga daño». Su recomendación es «permitir que las empresas compitan por revelar información positiva de sus productos, en lugar de obligarlas a revelar la información negativa» («Alimentación saludable “a mi manera”». Diario Gestión, 13 de agosto, p. 14). Es decir, la «información negativa» se debe ocultar. Es precisamente eso lo que ocurre hoy día. La razón de fondo, pues, es la misma que lleva, por ejemplo, a las corporaciones mineras a resistir las regulaciones ambientales o a las empresas constructoras a presionar por una disminución de regulaciones: la subordinación del interés público al interés privado. Fernando Eguren Director
LA REVISTA AGRARIA / 165
AGROdata Diversificación de ingresos en los hogares agropecuarios: ¿Sabe, amigo lector, cuántos peruanos estaban en situación de pobreza en 2008? En las áreas rural, urbana y nacional, el 68.8%, el 25.4% y el 37.3%, respectivamente, estaban en esa situación. Cinco años más tarde (2013), la pobreza rural cayó a 48%, la urbana a 16.1% y la nacional a 23.9%, según datos del INEI; en otras palabras, el área en que la pobreza se redujo a mayor velocidad fue la rural. Como en esta área predomina la actividad agropecuaria, puede pensarse que dicha reducción está asociada, sobre todo, a mayores ingresos percibidos a causa del agro. Sin embargo —como se explica en un artículo de LRA 1622—, en varios departamentos, ni los ingresos agropecuarios ni otros factores convencionales (mayor cobertura de programas sociales, inversión en infraestructura vial, etc.) tienen una relación directa con la reducción de la pobreza rural. Son, más bien, factores no visibles —como la influencia de las actividades no agropecuarias y de la economía ilegal— los que explican mejor esta reducción. El presente artículo se concentrará en el análisis del primer factor no visible.
Los hogares agropecuarios proveen empleo no solo al sector agropecuario La economía dentro de los hogares cuyos jefes de hogar realizan labores
Una tendencia en el Perú es que las mujeres de hogares agropecuarios se dedican, cada vez más, a actividades no agropecuarias, como minería, construcción y pesca.
agropecuarias no depende solo de los ingresos por esta actividad; por el contrario, las actividades no agropecuarias3 son, cada vez más, una importante fuente de sus ingresos, lo cual se corrobora cuando se examina la distribución de los ocupados4 según el tipo de hogar del cual provienen (cuadro
Cuadro 1. Evolución de los ocupados según tipo de hogar y rama de actividad, 20082013
2008 Rama de actividad
Miguel Ángel Pintado1
Foto radiolavozbaguagrande.blogspot.com
El agro perdió peso
2013
Hogares Hogares no Total Hogares Hogares no Total agropecuarios agropecuarios ocupados agropecuarios agropecuarios ocupados %
%
N.° personas
%
%
N.° personas
Agropecuario
88
12
3’885,861
85
15
3’759,261
Pesca
15
85
84,262
22
78
90,653
Minería
27
73
167,079
22
78
197,987
Manufactura
16
84
1’593,870
14
86
1’590,161
Construcción
15
85
665,171
15
85
974,661
Comercio
13
87
2’652,084
11
89
3’009,275
Transportes y Comunicaciones
11
89
1’156,773
9
91
1’205,080
Servicios
12
88
2’794,626
11
89
3’302,617
Otros servicios
8
92
1’459,460
8
92
1’553,921
Total
33
67
14’459,187
29
71
15’683,616
1). Definimos como hogares agropecuarios a aquellos donde los jefes de hogar poseen tierras y se dedican a la actividad agropecuaria; en cambio, en los hogares no agropecuarios, los jefes de hogar no se dedican a la actividad agropecuaria o se dedican a ella pero no tienen tierras. Es decir, el jefe de familia determina el tipo de hogar al que pertenecen sus miembros; en consecuencia, estos últimos pueden laborar indistintamente en cualquier rama de actividad, lo que finalmente determina la participación de los hogares agropecuarios o no agropecuarios en cualquiera de esas ramas. A partir del cuadro 1 se observa que los hogares agropecuarios participan en la provisión de mano de obra en todos los sectores de la economía, en algunos de los cuales dicha participación es, como mínimo, del 15% —pesca, minería, manufactura y construcción—; en otras palabras, en muchos de los hogares agropecuarios los miembros aportan al ingreso familiar desde el empleo en otros sec-
Fuente: Enaho 2008, 2013. Elaboración: Cepes.
AGOSTO de 2014
3
AGROdata tores. De 2008 a 2013, los rubros de pesca, minería y construcción, entre otros, ganan mayor importancia en cuanto a la cantidad de ocupados, mientras que el total de ocupados en el sector agropecuario se reduce en más de 126 mil (el sector manufactura también reduce su población ocupada, pero de manera moderada).
Menores ingresos agropecuarios, mayores los ingresos por otras actividades Parte de la mayor importancia adquirida por los sectores no agropecuarios, en relación con la cantidad de ocupados que comprenden, puede deberse a sus más altos ingresos en comparación con los de labores agropecuarias. Precisamente, el cuadro 2 refuerza esta hipótesis. Para empezar, tanto en 2008 como en 2013 —luego de comparar los nueve sectores de la economía—, la actividad agropecuaria es la que brinda los ingresos mensuales más bajos. El ingreso promedio mensual de los ocupados (provenientes de hogares agropecuarios) en el sector agropecuario pasó de S/.204, en 2008, a S/.285, en 2013. Así, parece ser más razonable que las otras actividades de mayores ingresos hayan contribuido a la eventual reducción de la pobreza rural.
Cuadro 2. Ingresos mensuales de los ocupados según tipo de hogar y rama de actividad, 2008-2013
2008 Hogares agrop.
Rama de actividad Agropecuario
2013
Hogares no agrop.
Hogares agrop.
S/.
S/.
S/.
%
%
384
285
574
40
49 10
Pesca
411
1,106
1,006
1,216
144
Minería
1,029
2,338
1,501
2,785
46
19
Manufactura
274
881
430
1,125
57
28
Construcción
608
1,052
819
1,521
35
45
Comercio
339
644
447
927
32
44
Transportes y Comunicaciones
514
920
714
1,140
39
24
Servicios
671
1,050
935
1,264
39
20
Otros servicios
386
830
681
1,154
76
39
Fuente: Enaho 2008, 2013. Elaboración: Cepes.
vidades no agropecuarias es un factor no visible muy importante en la reducción de la pobreza rural puede corroborarse en el cuadro 3: los ingresos de la actividad agropecuaria son más bajos —en algunos casos, exageradamente bajos— que los de cualquier otra actividad, tanto en la costa, la sierra y la selva, y tanto en ocupados varones o mujeres. Por último, en las tres regiones naturales, las mujeres ocupadas con mayores ingresos laboran en la minería, la construcción y la pesca, mientras que los varones ocupados con ingresos más altos se encuentran en la pesca y la minería.
tos sectores, ponen en evidencia que la importante reducción de la pobreza rural está muy vinculada a la diversificación de ingresos de los hogares agropecuarios. El desplazamiento de los ocupados provenientes de hogares agropecuarios hacia los otros sectores muestra las limitaciones de las políticas dirigidas al sector agrario en los últimos años; pero, al mismo tiempo, refleja que los gobiernos de turno han preferido priorizar políticas favorables hacia otros sectores a través de un énfasis en la infraestructura vial y las grandes inversiones privadas.
Notas Reflexión final El relativo estancamiento de los ingresos en el sector agropecuario, la mayor participación de los ocupados en los sectores no agropecuarios, así como los ingresos más elevados en es-
1 2
3
Cuadro 3. Ingresos mensuales de los ocupados provenientes de hogares agropecuarios según sexo, región natural y rama de actividad, 2013
Agropecuario
Sierra
Selva
Perú
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 612
260
309
83
526
96
407
99
1,276
n. d.
1,131
845
796
56
1,030
576
Minería
1,138
1,864
1,442
870
3,737
1,023
1,525
1,114
Manufactura
1,070
369
723
127
1,119
244
849
176
Construcción
936
2,224
809
731
791
827
820
800
Pesca
Comercio
649
400
652
307
833
455
684
357
Transportes y
812
666
743
594
600
412
724
574
1,174
768
1,117
677
1,281
740
1,154
709
865
640
823
528
1,168
626
881
578
Comunicaciones Servicios Otros servicios
Fuente: Enaho 2013. Elaboración: Cepes.
4
Hogares no agrop.
S/.
Ahora evaluamos cómo cambia el ingreso promedio mensual de cada sector según el género de los ocupados y la región natural donde se localizan. La hipótesis de que el ingreso de las acti-
Costa
Hogares agrop.
204
Ingresos diferenciados según género y región
Rama de actividad
Variación 2008-2013
Hogares no agrop.
4
Economista. Investigador del Cepes. El artículo se titula «Los factores no visibles de la reducción de la pobreza rural». Las actividades no agropecuarias son aquellas actividades llevadas a cabo en las ramas no agropecuarias (pesca, minería, manufactura, etc.). Según la Enaho 2013, las principales actividades no agropecuarias que concentran al mayor número de ocupados que provienen de hogares agropecuarios son: elaboración de productos alimenticios y fabricación de prendas de vestir (manufactura), construcción de edificios (construcción), comercio al por menor (comercio), transporte por vía terrestre y tuberías (transportes y comunicaciones), servicio de comidas, bebidas, administración pública y enseñanza (servicios) y actividades de personal doméstico (otros servicios). Los «ocupados» o la «población económicamente activa ocupada» son todas aquellas personas (de 14 años, como mínimo) que durante el periodo de referencia (la semana anterior a la encuesta, para el caso de la Enaho) se encontraban trabajando.
LA REVISTA AGRARIA / 165
Foto OMS
La posición de la OMS es radical sobre los ácidos grasos trans: deben ser eliminados, sin excepciones.
La Organización Mundial de la Salud critica la propuesta del Minsa
Fernando Eguren1
Recordarán los lectores que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes —Ley 30021, aprobada en mayo de 2013— estipulaba que los criterios para diferenciar los alimentos saludables de los no saludables debían ser propuestos por una comisión ad hoc del Ministerio de Salud (Minsa) y respetar los parámetros técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los niveles adecuados de consumo de azúcares, grasas y sodio de una dieta sana. Pero la propuesta de parámetros técnicos de la comisión, difundidos en abril pasado, no solo rebasó con amplitud los plazos establecidos por la ley, sino que los parámetros que contiene exceden largamente las recomendaciones de la OMS2. Las críticas de instituciones y especialistas han sido inmediatas. AGOSTO de 2014
Los cuestionamientos al proyecto de reglamento La propia OPS/OMS dio a conocer de manera oficial su crítica a la propuesta mediante una comunicación («opinión técnica») dirigida a la ministra de Salud, doctora Midori de Habich, el 17 de julio, en donde llama la atención sobre la preocupación manifestada por los más altos organismos internacionales especializados, respecto al aumento de la obesidad entre niños y jóvenes (debido a dietas malsanas) en un elevado número de países —entre ellos el Perú—, y señala que la malnutrición es un tema de salud pública. Además, enfatiza que una alimentación que excede los límites recomendados por este organismo especializado favorece la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas, y recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece que
los Estados deben controlar la comercialización de las sustancias mencionadas. La comunicación de la OPS/OMS ilustra con un ejemplo los efectos negativos que pueden tener los parámetros propuestos por la comisión del Minsa —los cuales multiplican varias veces la propuesta de la OPS/OMS— cuando un niño de trece años consume un snack, un queque y una gaseosa. Respecto a los ácidos grasos trans (AGT)3, la OPS/OMS es radical: deben ser eliminados y no es posible otorgar excepciones «invocando criterios tecnológicos o científicos». En contraste, la comisión del Minsa hace lo contrario: propone plazos largos para su reducción y establece varias excepciones.
Tema pendiente: la publicidad de la comida chatarra Además de los parámetros técnicos
5
Dos alternativas de ingesta Nutriente
Usando criterios propuestos por el reglamento del Minsa
Usando criterios de la recomendación OPS/OMS
Grasas saturadas
21.45 g/100 g
3.75 g/100 g
Azúcar
28.02 g/100 g
8.85 g/100 g
Sodio
1,330 mg/100 g
750 mg/100 g
Ácidos grasos trans (AGT)
No hay criterios.
Cero AGT en productos procesados.
tanto, no se está aplicando la norma, a pesar de que un tercio de los niños y adolescentes (una de las tasas más altas del mundo) tienen sobrepeso o están obesos. Esta grave situación ha sido motivo de numerosas críticas, recogidas por los principales diarios de ese país. En una encuesta realizada en las escuelas de la ciudad de México D. F., el 21% de los estudiantes manifestaron tener presión alta, presumiblemente, por el consumo excesivo y regular de comida chatarra. Por otro lado, el gobierno de Chile acaba de someter a debate público su propuesta de reglamento de etiquetado de alimentos. Según declaraciones del ministro de Salud, la propuesta «busca reducir componentes que afectan la salud de las personas, básica-
Foto Snackfood
internacionales sobre las sustancias indicadas, el reglamento de la Ley 30021 debería establecer cómo se va a regular la publicidad de la comida chatarra, disponer la implementación de la prohibición de venta de comida chatarra en los quioscos escolares e incluir la educación nutricional en la currícula escolar. Otros países que tienen una legislación más avanzada que la peruana encuentran dificultades para implementar sus propias leyes de fomento de la alimentación saludable, tanto por la oposición de la industria alimentaria como por la indiferencia o escasa capacidad del Estado. Es el caso de México y de Chile. En México, el periodo escolar se inicia a mediados de año y termina a mediados del año siguiente. El periodo 2014-2015 acaba de empezar y ha entrado en vigor la norma que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas. Pero, así como en el Perú, del dicho al hecho hay mucho trecho: las propias agencias gubernamentales mexicanas —las Secretarías de Educación y de Salud (equivalentes a nuestros ministerios)— todavía no han difundido los criterios que orienten a los colegios y a los padres de familia; por lo
mente los azúcares, contenido de energía, de sal y grasas saturadas». Uno de los elementos de la nueva propuesta es que se prohíbe la publicidad de los alimentos que contienen energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las que establece el propio reglamento. La propuesta precisa que «los alimentos o productos alimenticios que en su composición nutricional contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas en [...] este Reglamento, no podrán publicitarse en medios de comunicación o canales de expresión dirigidos a menores de 14 años, tales como afiches, materiales impresos, puntos de venta o textos escolares, como tampoco en programas de televisión, radio, internet, revistas, ni en las tandas o espacios publicitarios durante, entre o adyacentes a estos últimos, cuando capten una audiencia igual o mayor a un 20% de personas menores de 14 años». Con esta propuesta, el Ministerio de Salud del vecino país muestra su independencia de la industria alimentaria y la publicidad, en contraste con lo que parece ser el sometimiento de nuestro Minsa a los intereses privados de esas mismas industrias.
Notas 1
2
3
El reglamento de la Ley 30021 debería regular la publicidad de la comida chatarra y prohibir su venta en los quioscos escolares. Un gran tema aún pendiente.
6
Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del CEPES. Para mayores detalles, véase La Revista Agraria 164, de julio pasado. . Los AGT están presentes, principalmente, en la grasa de ganado vacuno y ovino y en los productos derivados de la carne y la leche de estos animales, y en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación.
LA REVISTA AGRARIA / 165
Los actuales retos del Mercado Mayorista en Santa Anita, eslabón importante en la cadena de comercialización agraria.
La nueva vida en el Gran Mercado Mayorista de Lima Ricardo Marapi / Gianmarco Cheng1
Han pasado casi dos años del inicio del proceso de clausura del exmercado mayorista de La Parada y del comienzo del largo —y a veces complicado— traslado de centenares de comerciantes hacia el nuevo Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) —ubicado en el distrito de Santa Anita, al este de la capital—, sin duda, uno de los principales actores del abastecimiento de alimentos a millones de habitantes de la ciudad. Sin embargo, aún quedan pendientes de respuesta varias preguntas acerca de este proceso y del funcionamiento del nuevo mercado. ¿Cuáles son los principales cambios que se han producido en la comercialización al por mayor de los productos agrícolas? ¿El nuevo mercado mayorista ha generado una nueva dinámica en el vínculo entre los diferentes actores de la cadena de comercialización? El modelo de un solo «mercado mayorista» para una gran ciudad como Lima, ¿sigue siendo un concepto moderno y pertinente?
La novedad de los muelles
Foto Ricardo Marapi
Sin duda, uno de los cambios más visibles está relacionado con la mejora de
la infraestructura del nuevo mercado. Diariamente, y desde las primeras horas de la madrugada, una muchedumbre de personas —entre comerciantes, transportistas, carretilleros, estibadores, etc.— transforman al GMML en una gran y aceitada maquinaria que funciona disciplinadamente. La implementación de un nuevo y moderno mercado mayorista significaba mejorar el transporte y llegada de los productos, especialmente a cada uno de los puestos de los comerciantes. En la actualidad, funcionan cuatro grandes pabellones2, donde la gran mayoría de puestos cuentan con un muelle de descarga para los camiones que traen las cosechas agrícolas desde diferentes partes del país. A pesar de que hoy existen varios puestos llamados «mediterráneos» — porque están en el medio de los pabellones y no tienen muelles de descarga—, los funcionarios de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) aseguran que, para los futuros y nuevos pabellones que están en proyección, todos los puestos contarán con su muelle particular.
La importancia del registro de los camiones A diferencia del inmenso caos que se producía en La Parada —donde no había orden y muchos camiones debían esperar horas para descargar—, ahora los camiones ingresan siguiendo un sistema establecido y registrándose todos los días. Uno de los beneficios de ese registro, que anteriormente no funcionaba o lo hacía mal, es que permite realizar un seguimiento oficial de la cantidad de productos que ingresan y se venden en el GMML. Según la estadística de EMMSA, durante este año el promedio diario de ingreso de alimentos al mercado ha sido de 3,240 toneladas, contándose con picos de más de 5,000 toneladas en los fines de semana3. Otro notorio cambio es que el actual mercado mayorista cuenta con pasillos mucho más amplios dentro de los pabellones, pavimentados y que facilitan el movimiento de cientos de trabajadores y miles de personas que visitan los diferentes puestos. Luego del momento de mayor afluencia de público —aproximadamente, al mediodía—, varios equipos de limpieza del mercado limpian los pasi-
Aparte de los pabellones, en el GMML existe la llamada «Plataforma» donde se realiza la venta directa desde el camión, principalmente de hortalizas. AGOSTO de 2014
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Fotos Ricardo Marapi
llos a fin de mantener los estándares de salubridad, una gran diferencia respecto a las condiciones deplorables que había en La Parada. En el GMML existe además el espacio denominado como «plataforma», para realizar la venta directa desde el camión. Son 114 puestos de plataforma, donde se comercializan hortalizas y hojas verdes al aire libre. En este espacio coexisten productores con capacidad mayorista y comerciantes mayoristas con espacios claramente marcados.
Las limitaciones de los puestos El precio del alquiler de un puesto de 32 m2 en el nuevo mercado mayorista es de S/.1,500 mensuales, frente a los S/.350 que se pagaban en La Parada —aunque en algunos casos el subalquiler, que era y sigue siendo ilegal, podía ser muchísimo mayor que el actual precio—. Un tema que preocupa a los comerciantes es que la capacidad de los actuales puestos es limitada, a pesar de que el tamaño de estos es muy similar al de los que había en La Parada. La diferencia está en que antes podían arrumar una torre de 45 sacos (de más de 100 kilos cada uno) a una altura de 10 metros, aprovechando que los puestos carecían de techo; eso les permitía contar con más productos para su venta a lo largo del día. Pero en Santa Anita solo pueden apilar un máximo de 30 sacos debido a los límites establecidos por el reglamento del mercado y a que los pabellones ahora sí cuentan con techo, con lo que ha disminuido la disponibilidad diaria de los productos y, por ende, el número de ventas. Este problema lleva a plantear la necesidad de que los comerciantes, sobre todo los paperos, cuenten con puestos más grandes o dispongan de almacenes dentro del mercado de Santa Anita con la finalidad de abastecerse de manera constante. Según anuncia EMMSA, en los nuevos pabellones —que están por construirse— los puestos serán mucho más amplios: de 78 metros cuadrados cada uno. El problema de la capacidad de los puestos también está relacionado con el tema de las mermas que sufren los productos agrícolas durante el proceso de comercialización y traslado desde el cam-
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po hasta los mercados. Apilar una gran cantidad de sacos provoca el deterioro de los productos que están debajo, debido al peso que tienen que soportar. Se ha estimado que un 11% del total de mermas en papa4, en el exmercado La Parada, se debió a golpes sufridos por el producto; una pérdida que, casi siempre, es transferida hacia el agricultor, pues los comerciantes y transportistas les pagan un menor precio por la cosecha.
La competencia de los nuevos mercados Carmen Parco Ramos es una comerciante de papa que, junto a su esposo, trabaja en este rubro desde hace más de
veinte años: primero lo hizo en La Parada; ahora, en Santa Anita. Ella trae y vende papa, tanto de la costa y de la sierra, durante todo el año: en agosto, por ejemplo, compra la que se cosecha en los valles de Ica, Nazca y Cañete; en unas semanas empezará a comprarla de los valles del norte chico de Lima. A pesar de las notorias mejoras en la infraestructura del nuevo mercado, Carmen reconoce que las ventas han bajado de manera ostensible: cada día vende entre 20 y 30 toneladas de papa, cantidad menor a las 40 o 50 toneladas que llegaba a alcanzar en La Parada, según afirma. Una de las razones es que sus principales clientes, y otros colegas suyos, LA REVISTA AGRARIA / 165
preocupados por lo alejado que está Santa Anita —kilómetro 3.5 de la Carretera Central—, a diferencia de la céntrica La Parada. Varios de ellos confían en que sus potenciales clientes —chefs, dueños de tiendas, mercadillos y restaurantes— vayan acostumbrándose, poco a poco, a visitar y comprar en el mercado de Santa Anita. Pero, según revelan, no solo los clientes, sino también algunos transportistas, prefieren ir a otros mercados, en la periferia norte o sur de la ciudad (como el mencionado Unicachi), y ya no van hasta el nuevo mercado.
Reto para el futuro: la formación e información de precios
plo, el de Unicachi, en el distrito de Villa El Salvador, que se ha convertido en un competidor directo del nuevo mercado mayorista. A esto se suma el hecho de que muchos vendedores mayoristas siguen comercializando en algunos locales de los alrededores de La Parada, en los llamados «corralones». La Municipalidad de Lima consiguió clausurar de manera definitiva la estructura física Carmen Parco, importante comerciante mayo- del mercado mayorista de La Parada, rista de papa en el mercado de Santa Anita. pero la red de comercio informal conprovienen de diversos distritos de la pe- tinúa operando alrededor de la zona, hariferia de Lima, que ya no van hasta San- ciendo competencia a los comerciantes ta Anita porque hay mercados más cer- ubicados en el GMML. (Ver gráfico 1) Muchos comerciantes también están canos que los abastecen, como, por ejemAGOSTO de 2014
Esta tendencia no es nueva en una gran ciudad de millones de habitantes, como Lima. En los últimos años han aparecido varios «mercados mayoristas» en diversos distritos de la capital, lo cual lleva a discutir la pertinencia de un modelo conceptual basado en un «único» mercado mayorista para toda una megaciudad. ¿Estos mercados se convertirán en una competencia directa del Mercado Mayorista de Santa Anita, o existe alguna alternativa para que funcionen de manera complementaria? A este tema pendiente se suma el de los precios de los productos agrícolas, que se forman precisamente en los mercados mayoristas. En la actualidad, se recoge oficialmente información sobre dichos precios y los volúmenes de los productos agrícolas. Pero ¿cómo llega esta información a los productores agropecuarios?, ¿existe un acceso adecuado? Más importante aún: ¿cómo pueden emplear los agricultores esa información en las negociaciones con los comerciantes? Este es, todavía, un tema pendiente. En una reciente investigación del Cepes5 se determinó que, para el rubro de la papa, solo un 1.6% de los productores (en tres regiones) conocían el sistema de abastecimiento y precios —SISAP del Minagri6—. De ese
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El impacto del nuevo mercado en la agricultura Manuel Velásquez Rangel es socio de Ventura International —empresa de comercialización mayorista de productos agrarios—, con un puesto en el GMML, donde vende cebolla de las variedades blanca y roja. Según afirma, sus principales clientes provienen de los mercados de Miraflores o de restaurantes de diversos distritos limeños. Una de las características de esta empresa es que cuenta con un socio estratégico en el campo, Agrícola Miranda, una de las mayores empresas productoras y exportadoras de cebolla, con hectáreas en Ica y Arequipa. «Mi abastecedor está contento de que la venta al mayorista se concentre en Santa Anita, donde todo es más fácil», cuenta el comerciante. «Una cosa es mandar cosecha a otros mercados, donde no hay garantías de que te paguen o, incluso, te pueden esta-
Gráfico 1. Registro de los volúmenes de papa que ingresaron a La Parada y Santa Anita (periodo 2012-2014) Toneladas/mes
50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00
m ar m 11 ay -1 ju 1 l-1 se 1 pno 11 v1 en 1 em 12 ar m 12 ay -1 ju 2 l-1 se 2 pno 12 ven 12 em 13 ar m -13 ay -1 ju 3 l-1 se 3 pno 13 ven 13 em 14 ar m -14 ay -1 ju 4 l-1 4
muy reducido número de productores, tan solo la mitad hacía uso de esta herramienta de información para negociar los precios. Si bien puede parecer lejano, las autoridades podrían pensar en contar, en el futuro, con sistemas de información lo suficientemente sofisticados como para no requerir de un espacio físico —como un gran mercado mayorista— para concentrar la producción agrícola. Existen ya algunos mercados de esta naturaleza en países asiáticos, en donde se tienen tan solo espacios de exhibición.
La Parada
Santa Anita
Fuente: Estadística EMMSA. El gráfico muestra la evolución de los ingresos mensuales de volúmenes de papa a ambos mercados mayoristas. La línea azul muestra los datos del ingreso de volúmenes mensuales de La Parada (hasta setiembre de 2012), mientras que la línea verde corresponde a los volúmenes mensuales de papa que ingresaron en Santa Anita (desde setiembre de 2012 hasta la actualidad). Se aprecia que los volúmenes en Santa Anita se recuperan recién en marzo de este año (punto rojo), lo cual coincide con la clausura definitiva del mercado de La Parada.
Manuel Velásquez, comerciante mayorista especializado en venta de cebolla blanca y roja.
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también, de producción de estos importantes cultivos agrícolas. Los comerciantes mayoristas estrechan, cada vez más, lazos y establecen sociedades estratégicas con productores en el campo, pero estos deben estar organizados y tener un fuerte componente empresarial para poder abastecer formalmente la demanda. Por otra parte, muchos comerciantes mayoristas empiezan a ingresar a la cadena de producción alquilando o comprando tierras para la siembra, lo cual, obviamente, tiene un impacto y un sesgo en la manera en que se forman los precios de los productos. Teniendo en cuenta que una de las principales funciones de un mercado mayorista es la de contribuir a la formación de los precios de los productos Fotos Ricardo Marapi
far. En Santa Anita hay más seguridad y formalidad. Si ocurre alguna irregularidad, se puede reportar el caso a EMMSA. Entonces, la Municipalidad de Lima es la autoridad que otorga esa garantía», argumenta Velásquez. Carmen Parco, la comerciante papera aludida líneas atrás, contrata el servicio de camiones y su esposo recorre diversas chacras, comprando la cosecha a los productores de papa. Pero ella —al igual que muchos mayoristas— también se dedica a la siembra del tubérculo, ya sea en terrenos propios o alquilados. Este año, según cuenta, ha sembrado más de 20 hectáreas de papa, de las variedades canchán, yungay y perricholi, en la zona de Tacama (Ica). Esta situación evidencia el dinamismo de la cadena de comercialización y,
agrícolas7, ¿cuál debería ser el papel del GMML ante la existencia de estos modelos de comercialización? Otra pregunta válida y aún no respondida —tras casi dos años de funcionamiento del mercado— es: ¿el traslado al nuevo mercado y las mejoras dentro de él han tenido un real impacto positivo en los productores? La información recibida por EMMSA, y algunas entrevistas realizadas a comerciantes y productores, no dan cuenta de una mejora inmediata para los pequeños agricultores, aunque sí hay testimonios de que medianas empresas de producción agrícola han recibido algunos beneficios, al igual que los propios comerciantes. Sin embargo, en el GMML coexisten otros diversos actores (por ejemplo, los carretilleros, los estibadores, los comerciantes minoristas, etc.), cuyas condiciones económicas y laborales también deben mejorar. Si bien se pueden saludar los grandes cambios que ha supuesto el renacimiento del principal mercado mayorista de Lima, aún existen varios retos conceptuales y estructurales sobre el comercio agrario, que deberían ser analizados y asumidos por las autoridades que dirigen las políticas agrarias del país.
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Ricardo Marapi, periodista. Editor de La Revista Agraria. / Gianmarco Cheng, investigador del Cepes. El GMML fue diseñado para albergar unos 1,288 puestos distribuidos en 16 pabellones. Actualmente se encuentran en reconstrucción los seis pabellones inconclusos de la gestión de Ricardo Belmont. Los funcionarios de EMMSA proyectan aumentar estas cifras hasta las 8,000 toneladas en el corto plazo. Brandes, et al. «Comercialización y mermas de la papa desde la perspectiva de los comerciantes del Mercado Mayorista No 1 de Lima Metropolitana». Tesis. Universidad Nacional Agraria La Molina, 1997. Cepes. «Estudio de metodología de márgenes de comercialización y su aplicación en 7 cadenas productivas». Lima, 2010. El Minagri recoge información de los reportes diarios de EMMSA. . Javier Escobal y Víctor Agreda. «Análisis de la competitividad y la eficiencia en el mercado mayorista de productos agropecuarios en Lima». GRADE, julio de 1997. .
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Foto internet
Anuncian nuevos proyectos de irrigación en Ica. Muchos pequeños agricultores están preocupados porque no serían los principales beneficiarios.
Más subsidios para la agroexportación
¿Más conflictos por el agua? R ecientemente,
el Gobierno central anunció una inversión de S/.650 millones para implementar cuatro proyectos de irrigación en Ica, con la participación de una empresa privada, bajo el modelo de una asociación público-privada: la represa del Tambo, el canal Ingahuasi (que recolectaría más agua de Huancavelica para llevarla a Ica), los excedentes del Villo Pisco y el canal de Lanchas. A primera vista, esta noticia parece positiva, pero ha generado protestas en Huancavelica y entre los pequeños agricultores del valle de Pisco (Ica), pues la inversión estaría destinada a «seguir sosteniendo el potencial agroexportador de Ica», según expresó
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el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benites. Eso suena bien, pero ¿los agricultores familiares y las comunidades campesinas, en Ica y Huancavelica, acaso no deberían ser la prioridad en la inversión estatal? La mayor preocupación para muchos iqueños es que no se conoce quiénes se beneficiarán en forma directa con la implementación de estos proyectos. Gustavo Echegaray —vicepresidente de la ONG Codehica (Comisión de Derechos Humanos de Ica)— advierte que los empresarios exportadores, principalmente de espárragos, serán los principales beneficiarios. «Solo en el valle de Ica, hay alrededor de 15 mil
Nelly Rivera1
pequeños agricultores que no se beneficiarán con el trasvase de agua», alertó el especialista. Los cuatro mil agricultores organizados en la junta de usuarios del distrito de riego de Pisco han advertido que no permitirán la ejecución de ningún proyecto que pretenda llevar agua del río Pisco hacia la zona de Lanchas y Villacurí, donde se concentran las tierras de los agroexprotadores. Los agricultores exigen que primero se ejecute el proyecto La Polvareda 2, porque aseguran que dicha obra permitirá el embalse de las aguas del río Pisco en época de avenida y garantizará el suministro a los pequeños agricultores en época de estiaje. LA REVISTA AGRARIA / 165
Más conflictos por el agua en el horizonte El anuncio de esta millonaria inversión en proyectos de irrigación en Ica, ha provocado también rechazo en Huancavelica. Silvano Guerrero —comunero de Carhuancho— advierte que «va a recrudecer el conflicto entre Ica y Huancavelica, porque en estas zonas hay poblaciones que están totalmente vinculadas y dependientes del recurso agua». El antiguo conflicto hídrico entre Ica y Huancavelica es el resultado de una larga tradición costeña que ignora a los habitantes de las zonas altas de las cuencas, en beneficio de los habitantes de los valles y desiertos de la costa peruana 3, y, por lo expuesto, ahora tampoco se presta atención a las necesidades de los pequeños agricultores costeños en estos proyectos. Es necesario que el Estado peruano rompa con esa injusta tradición y se instale una mesa de diálogo para llegar a acuerdos en lo que respecta a los proyectos hidráulicos anunciados. Se deben escuchar las propuestas no solo de los agroexportadores, sino también de las comunidades campesinas y pequeños agricultores de ambas regiones. De esta manera, se garantizará una distribución más equitativa de los beneficios de tales proyectos. La solución del problema hídrico de Ica pasa por una disminución de la demanda de agua subterránea, con uso eficiente en riego y cambio de cédulas de cultivo con menor consumo de agua, como se recomendaba originalmente en el plan de gestión del acuífero del valle de Ica y pampas de Villacurí y Lanchas.
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Periodista del Observatorio de Cambio Climático del Cepes. «Exigirán proyecto hídrico La Polvareda» (Correo Ica, 12 de agosto de 2014). Axel Dourojeanni. «Trasvases de agua en el Perú», en Debate Agrario 46. Lima: Cepes, 2014.
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Estrategia Nacional de Cambio Climático 2014: mucho que debatir Por Beatriz Salazar1
El mes pasado, el Ministerio del Ambiente (Minam) puso a consulta pública la versión actualizada de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), dando un plazo de veinte días útiles para recibir los aportes de la ciudadanía, el que luego fue ampliado por diez días más. Este plazo tan breve sorprende si se contrasta con los casi tres años que ha esperado la sociedad civil para conocer la nueva ENCC, que viene siendo anunciada desde 2011. El documento ha sido objeto de observaciones que merecerían un debate más amplio, serio y transparente, aunque tomase más tiempo que el previsto por el Minam. Una de las críticas más generalizadas es que la nueva ENCC no establece metas ni indicadores, ni responsabilidades ni mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores. El Minam argumenta que la ENCC pretende ser un instrumento orientador para que establezcan sus propias políticas sectoriales o regionales frente al cambio climático, y que en los planes de acción sectoriales y subnacionales será donde se fijarán las metas e indicadores. Pero este enfoque implica que existan capacidades establecidas y voluntad política a nivel subnacional y sectorial, las que en la actualidad son insuficientes. En estas circunstancias, lo mejor sería que la ENCC fijara claramente las responsabilidades a nivel nacional, subnacional y sectorial, así como los mecanismos de articulación entre los implicados. Además, debe establecer metas referidas al perfec1
cionamiento, monitoreo y revisión periódica de la propia ENCC y el desarrollo e implementación de las políticas, programas y planes sectoriales y subnacionales. Los mecanismos de financiamiento tampoco están claros: solo se da una lista de opciones de financiamiento (pública, privada, internacional), pero no se señala ningún instrumento económico especialmente diseñado para la gestión del cambio climático. Otro cuestionamiento a la nueva estrategia es que no determina grupos poblacionales, ecosistemas o sectores prioritarios en los cuales concentrar las medidas de adaptación y/o mitigación. Por ejemplo, la propuesta no prioriza ninguna línea de acción referida específicamente a la población rural y a los agricultores, pese a que en el diagnóstico se reconoce que «particularmente, debe tenerse en cuenta la alta vulnerabilidad de las poblaciones más pobres y los grupos en riesgo, como los pueblos indígenas y poblaciones rurales en general». Existen muchos otros puntos de la ENCC que merecen debatirse sin apresuramientos. Como mencionan el Grupo COP 20 y la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, en un pronunciamiento conjunto, es necesario asegurar que la ENCC responda a las necesidades reales de nuestro país, sobre todo de los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y la población en extrema pobreza, aunque el proceso tome más tiempo que el previsto por el Minam.
Coordinadora del Observatorio de Cambio Climático.
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Entrevista a Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café
«Nuestra preocupación es que el Provraem persista en la exclusión de las cooperativas». Carla Calderón-Urquizo1 Hace poco, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Especial del Vraem (Provraem), que plantea la reconversión de la producción agrícola en el valle del río Apurímac, Ene y Mantaro, con la finalidad de disminuir el precio de la hoja de coca y fomentar el desarrollo agrícola de los pobladores de la zona. Pero ¿qué tan realista puede ser el Provraem? ¿Se trabajará en coordinación directa con los agricultores? Lorenzo Castillo, gerente general de la Junta Nacional del Café (JNC), tiene varios cuestionamientos y plantea cambios al proyecto.
Foto internet
LRA: Hace unas semanas, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de crear el Provraem. ¿Cuál es la posición de la JNC respecto a este proyecto de las autoridades? Lorenzo Castillo: En la Junta Nacional del Café (JNC) hemos analizado el
Lorenzo Castillo, gerente general de la Junta Nacional del Café (JNC)
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proceso organizativo del Provraem y, al mismo tiempo, las preocupaciones de los productores de café y cacao en la zona. Saludamos la iniciativa del gobierno, pero también señalamos que se trata de una medida incompleta porque no se define claramente la forma de incorporar a los productores organizados durante el proceso de consulta e implementación del programa. Lamentamos que durante la preparación del proyecto, los funcionarios y la alta dirección del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) no hayan tomado en cuenta las experiencias, de más de treinta años, que han desarrollado las cooperativas agrarias cafetaleras, como Quinacho, Pangoa y Masamari, entre otras. Nuestra preocupación es que el Provraem persista en la exclusión de las cooperativas. ¿La JNC ha sostenido alguna reunión con funcionarios del Minagri para tratar de este proyecto que el Estado piensa desarrollar en el Vraem? El Minagri ha abandonado la práctica de concertación y consulta. Se ha planteado una propuesta vertical con un proyecto que no ha sido consultado de manera adecuada con las organizaciones de productores. En los ámbitos del Vraem tienen que existir escenarios de concertación entre los productores y las autoridades. Si el Estado no tiene la voluntad de escuchar las experiencias de los productores, para evitar errores pasados, está exponiéndose a que el proyecto fracase.
¿Cuáles son las principales preocupaciones respecto a la ejecución del proyecto? Una de sus grandes debilidades tiene que ver con el tejido social de los actores. Hasta el momento no está claro cómo se va a integrar a los productores en los planes de desarrollo alternativo, con un enfoque de sostenibilidad y continuidad. Para nosotros, el Provraem tendrá éxito en la medida en que se fomente la asociatividad empresarial de los pequeños productores, con una economía a escala para los servicios y acceso al mercado. Si no está claro este proceso —y se convierte a los productores solo en abastecedores de materia prima—, se consolidará un sistema de continuidad de pobreza en la zona y resultaría inviable lograr los objetivos de reducir la producción de hoja de coca. El proyecto promueve la creación de oficinas llamadas Centro Regional de Innovación Agroempresarial (CRIA), agencias promotoras y de servicios que facilitarán los trámites y necesidades de los agricultores. ¿Qué opina de esta idea? La creación de estos organismos tiene un enfoque vertical, donde van supuestos expertos a dar apoyo, pero sin conocer la realidad de la zona. Esto no asegura el éxito del proyecto. Esperemos que lo de los CRIA se pueda corregir y se incorporen espacios de concertación. Considero que el gobierno debió trabajar sobre las capacidades instaladas de los productores; es decir, fortalecerlas y luego aplicarlas. ¿Cuáles son las reacciones y dudas de los agricultores sobre el Provraem? Existe el temor de que los recursos del programa fortalezcan los sistemas productivos de la hoja de coca en la zona. No olvidemos que un reporte del UNODC/Devida2 señala que la productividad de la hoja de coca es de 3,500 kilos por hectárea, mientras que la del café alcanza entre 500 y 600 kilos. Y LA REVISTA AGRARIA / 165
los ingresos económicos de una hectárea de hoja de coca son de U$10 mil, mientras que en el caso del café no se llega a los mil dólares. Los productores del Vraem tienen la expectativa de recibir apoyo; sin embargo, ¡el tema es cómo será ese apoyo y en qué va a consistir! Por ello, resulta clave trabajar sobre la asociatividad y desarrollar capacidades y competencias en los grupos de productores organizados. Si en la actualidad el café es muchísimo menos rentable que la hoja de coca, ¿cómo se logrará cumplir el objetivo del gobierno con el Provraem? En esos ámbitos no hay cultivo rentable si no es el de la hoja de coca; lamentablemente, no hay otros produc-
tos que generen ingresos sostenibles. Por eso, se necesita contar con un enfoque diversificado y dar valor agregado a la producción agraria del café, el cacao, la madera, etc.; instalar programas en la zona que permitan formar recursos humanos y mejorar las capacidades; otorgar un capital de inversión a tasas de interés menores al 5% y crear instrumentos de financiamiento propios; y, finalmente, articular a los productores con el mercado a partir de una producción de calidad. En años anteriores, los diferentes gobiernos de turno han elaborado programas similares al Provraem, pero fracasaron o quedaron olvidados. ¿Por qué razón no funcionaron dichos proyectos en el Vraem?
Son más de veinte de años de diversas iniciativas para el desarrollo alternativo. Gran parte del fracaso se debe a que fueron verticales y no tomaron en cuenta a los actores. Por otro lado, fueron iniciativas temporales y focalizadas. No se empoderó empresarial ni técnicamente a los productores. Ese desfase originó que no se logren resultados y se hayan desperdiciado los fondos de la cooperación internacional y del Estado.
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Periodista de La Revista Agraria y del Cepes. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)/ Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Perú. Monitoreo de cultivos de coca. Junio de 2014.
publicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacion Mitigación de la contaminación local y cambio climático en América Latina y el Caribe: costos y sinergias . Clerc, Jaques y Manuel Díaz. Lima: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014. Los desafíos del cambio climático se han traducido en compromisos de mitigación por parte de las naciones. Cada país examina qué tipo de acciones realizará con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo del estudio es analizar las sinergias de las iniciativas de mitigación ambiental en la práctica, y destacar que los principales beneficios locales que pueden obtenerse de la aplicación de medidas de mitigación son efectos en la salud y la agricultura. El texto puede descargarse de . Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política . Salcedo, Salomón y Lya Guzmán. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2014. AGOSTO de 2014
El libro sistematiza experiencias y lecciones para contribuir al diálogo y formulación de políticas públicas orientadas a los retos que enfrentan los agricultores familiares, rescatando las experiencias y proyectos de fortalecimiento de la gestión de sus organizaciones, la intensificación sostenible de su producción, el acceso a los mercados, así como la institucionalidad y las políticas. La publicación invita a los lectores a profundizar en la realidad de los agricultores familiares y la forma en que los productores ganaderos, agrícolas, silvícolas, acuícolas y de pesca artesanal se relacionan con la seguridad alimentaria de la región. Texto descargable desde .
Cambio climático, políticas ambientales y regímenes de protección social. Visiones para América Latina. Lo Vuolo, Rubén. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2014. El trabajo ofrece algunas reflexiones sobre la articulación entre cambio climático, crecimiento económico y política social. Existen sobradas evidencias para probar que los actuales regímenes de crecimiento económico generan, cada vez más, mayores costos ambientales, con emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos de los temas abordados en la publicación son los efectos de la transición hacia una economía más verde, los efectos distributivos del cambio climático y la necesidad de una «integración» de las políticas que aborden en conjunto las decisiones ambientales, económicas y sociales. El texto puede descargarse de .
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