Comentario Económico Internacional al Instante Nº 7 Julio de 2014 CEII 0719-2142
Argentina: Resolución Estadounidense de los “Bonos Buitres” y Posible Default de su Economía La situación argentina no es más que una consecuencia esperada del ritmo de gasto y definición de presupuesto que los trasandinos han llevado en los últimos años: al momento de fijar el presupuesto, los legisladores conocen qué proporción de él será autofinanciada y cuál deberá ser financiada a través de deuda. los US$ 120.000 millones que los gastaron en clientelismo, amiguismo y corrupción.
Argentina enfrenta actualmente una compleja situación económica, la que puede dejar al país en un eventual default. El juez estadounidense Thomas Griesa falló a favor del pago a los llamados “acreedores buitre” por parte de Argentina y rechazó la medida cautelar presentada por el país trasandino para frenar el cumplimiento de la sentencia. Los acreedores buitres, o “holdouts”, corresponden a los bonos cuyos tenedores decidieron no aceptar la propuesta del Estado argentino hecha en 2010 de pasar la deuda morosa a un valor nominal que reducía enormemente el pago que debía hacer el país, sino que optaron por mantener las condiciones originales del bono –es decir, no se adhirieron al canje de 2010-. De los poseedores de los bonos holdouts, que representan alrededor de un 7,6% de la deuda morosa argentina, una parte decidió recurrir a la justicia estadounidense para demandar el pago de sus bonos, la que -como se señaló anteriormente- acogió su petición y obliga a realizar el pago de la deuda, que corresponde a US$ 1.330 millones
Informe elaborado por el Centro de Economía Internacional de Libertad y Desarrollo Director Francisco Garcés:
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más intereses. Esa deuda externa Argentina tiene jurisdicción de ley norteamericana, que fue aceptada como única opción posible por Argentina, para endeudarse. El problema para el Estado argentino se agrava más si se considera que el pago de la deuda puede aumentar a US$ 15.000 millones si otros acreedores no incluidos en el juicio exigen igualdad de condiciones. O incluso desde el gobierno argentino se piensa que la deuda puede llegar a ser -de acuerdo a las estimaciones más conservadoras- de US$ 120.000 millones si quienes repactaron, el 92,4% de los bonistas, deciden también exigir el pago de su deuda. Esta situación llevaría a la economía argentina a un evidente default, ya que no cuentan con tal capacidad de pago. Las reservas internacionales de Argentina han caído a US$ 28 mil millones (hace dos años estaban cercanas a US$ 50 mil millones). Adicionalmente, la situación económica argentina se ha debilitado fuertemente: su actividad económica se contrajo el primer trimestre del año por segundo período consecutivo, por lo que el país entró en una recesión técnica. La contracción del PIB, de 0,8% en el último trimestre, se debe principalmente a una fuerte disminución de las exportaciones (-6,4%). Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, explica: “realmente estamos viendo los efectos negativos de la devaluación (devaluación de la divisa realizada por la Presidenta Cristina Fernández) ahora, lo que significa que el segundo trimestre probablemente será peor”. Además, los precios a los consumidores aumentaron en un 12,9% entre enero y mayo del presente año. El gobierno argentino ha llevado a la escena internacional la situación de los holdouts, para buscar apoyo, exponiendo la compleja situación en la cumbre G77 + China celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y también en la OEA en Washington. Los ministros argentinos de Relaciones Exteriores y Economía, Héctor Timerman y Axel Kicillof, pidieron solidaridad a la comunidad internacional: "hemos pedido una suspensión que razonablemente daría una posibilidad" para "encontrar un camino" hacia una solución, indicó el ministro de Economía, quien recalcó que "sin tiempo sería extraño que podamos resolver algo de esta complejidad". La ONU, a través de un ensayo realizado por la Agencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD, por sus siglas en inglés), advirtió que las consecuencias que puede acarrear esta situación pueden llegar a implicar una crisis del sistema financiero internacional, ya que el fallo de la justicia estadounidense podría generar precedentes para otros casos
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similares, no sólo para ese país, sino que también bajo la ley británica u otras leyes. El gobierno de Chile en diversas instancias ha dado apoyo a Argentina, incluso en las entrevistas de la Presidenta Bachelet en su visita a USA y en la OEA. Ante el difícil escenario judicial y económico de la nación trasandina, existen opiniones dispares en cuanto a qué se deberá hacer a continuación, cómo se solucionará el problema y a qué precio y de quién es la culpa. Por un lado, hay quienes aseveran que Argentina debe ser defendida de los tenedores de holdouts, ya que -independiente de quién haya cometido las acciones irresponsables que llevaron a la situación actual- el peso final del pago a estos acreedores caerá finalmente sobre todos los argentinos. Hay partes que llegan a calificar la acción judicial estadounidense como una extorsión, respaldada por el poder judicial de Estados Unidos. El principal argumento de quienes sostienen este punto de vista es que un acreedor que acepta recibir más dinero (intereses y comisiones) a cambio de un mayor riesgo de mora no puede darse por sorprendido ante un no pago o una situación de canje, ya que esas son condiciones que ellos conocían al momento de aceptar ser acreedores de la nación argentina. Sin embargo, hay quienes sostienen que la situación no es más que una consecuencia esperada del ritmo de excesivo gasto y definición de presupuesto que los trasandinos han llevado en los últimos años: al momento de fijar el presupuesto, rico en gasto público como es la tradición argentina, los legisladores conocen qué proporción de él será autofinanciada (con recaudación de impuestos, que representan el 36% del PIB) y cuál deberá ser financiada a través de deuda. De acuerdo al economista argentino José Luis Espert, hoy ya no queda nada de los US$ 120.000 millones que recaudaron, porque lo gastaron en clientelismo, amiguismo y corrupción. Sin un plan fiscal que presupueste dentro de las erogaciones de caja los US$ 15.000 millones de holdouts, nunca habrá recaudación suficiente para evitar un default porque la política seguirá gastando los recursos del Estado con la misma ineficiencia que lo hace hasta ahora. Esta línea argumentativa concluye, finalmente, en que no corresponde decir que los tenedores de holdouts y del resto de la deuda externa sean un instrumento civilizado y moderno de dominación mundial de la patria financiera internacional -como el gobierno argentino está diciendo- sino que simplemente, los tenedores de deuda están alegando
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para que se cumplan los contratos en los que no se cumplieron todas las condiciones iniciales. Argentina ha liberado durante 12 años una intensa batalla legal en las cortes de Estados Unidos, contra un grupo de Hedge Funds de Nueva York que son los “acreedores holdout”, liderados por NML Capital, que rehusaron o resistieron la idea de aceptar descuentos o writedowns en la restructuración de la deuda, que se efectuó o siguió al default de US$ 95 mil millones en 2001. Posteriormente, los “acuerdos holdout” han litigado con el objeto de obtener el repago total. Por su parte, las autoridades políticas y económicas de Argentina se han negado a cumplir con esas demandas, todo lo cual permitió ganar tiempo, pero ahora ese tiempo parece haberse agotado y esa estrategia se muestra debilitada. La semana pasada, el Juez Griesa determinó que el pago de Argentina a los tenedores de deuda argentina reestructurada era ilegal, porque no incluía pago total a los “acreedores holdout”. Las opciones de Argentina frente a la decisiva judicial anterior son: a) llegar a un acuerdo con los “acreedores holdout” y retomar los pagos de los bonos reestructurados, que entraron a fines de junio en un default técnico (con 30 días de gracia); b) continuar rehusando llegar a un acuerdo con los “acreedores holdout”, aún cuando eso signifique un default sobre toda su deuda externa, a fines de julio. Los costos de la segunda alternativa se estiman considerables para Argentina. Un default general, el segundo en 15 años, bloquearía el acceso de Argentina a los mercados financieros internacionales, por un extenso período de tiempo. Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía argentino, señala en una reciente entrevista: “creo que este año habrá una caída grande en la actividad económica. Aunque se normalizará el problema de la deuda, será inevitable, nos queda un medio año muy difícil. Si, finalmente, cayéramos en default abierto, sería un problema mayor”.
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Gráfico Nº 1
Deuda pública bruta (%PIB) 140 120 100 80 60 40 20 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p2015p Deuda pública bruta (%PIB)
Fuente: FMI
Gráfico Nº 2
Inversión total argentina (%PIB) 30 25
20 15 10 5 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p2015p Inversión Total (%PIB)
Fuente: FMI
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Gráfico Nº 3
Inversión Extranjera Directa en Argentina (Mill USD) 12000
10000 8000 6000 4000 2000 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inversión Extranjera Directa (Mill USD)
Fuente: Cepal
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