El trabajo en Argentina

condiciones y perspectivas

CENDA

Informe trimestral

Centro de estudios para el desarrollo argentino

03 Primavera 2004

Editorial & Staff Panorama general El debate reciente sobre el estancamiento económico. Empleo y desocupación. Impacto del aumento del salario mínimo.

Normativa laboral Cambios en la regulación de los riesgos del trabajo.

Textuales Mitos y realidades Argentina en el mundo El sector agropecuario en el producto y el empleo.

Informe sectorial El trabajo en el agro argentino.

Entrevista Gerónimo Venegas, Secretario General de UATRE.

Este nuevo número de El trabajo en Argentina es contemporáneo a la aparición de ciertas señales de alarma sobre el futuro de la economía y del empleo. Recogiendo algunos de los argumentos esgrimidos públicamente, en la sección Panorama general se analizan las posibilidades efectivas de que, próximamente, sobrevenga un estancamiento económico. Asimismo, se describen los cambios más recientes en el mercado laboral, incluyendo algunas hipótesis que intentan explicar las razones del reciente aumento de la desocupación.

Staff

La sección Normativa laboral realiza una revisión crítica del actual sistema de regulación de los riesgos del trabajo, surgido a la luz de la Ley 24.557. Específicamente, presenta los cambios recientes sufridos por la normativa luego de

PAG.01

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarase inconstitucionales dos de las normas de ese sistema. El reciente incremento en el salario mínimo, vital y móvil otorga contenido a las secciones Textuales y Mitos y realidades. Ambas se centran en la discusión respecto de las bondades -o perjuicios- de la intervención del gobierno e instituciones como el Consejo del Salario en la fijación de pisos salariales. Finalmente, la sección Argentina en el mundo y el Informe sectorial se refieren al sector agropecuario. Es por ello que se ha optado por entrevistar a Gerónimo Venegas, Secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, para la sección Entrevista.

Editorial

Indice

¿El aumento del salario por decreto provoca ineficiencias?

01 02 02 02 04 06 06 08 08 08 10 10 11 11 14 14

El Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) es un centro de estudios y generación de propuestas de política económica y social constituido por un grupo de jóvenes investigadores con formación en economía política. El CENDA se propone contribuir al desarrollo de la sociedad argentina a través de la producción académica crítica e independiente, integrando la discusión teórica con el análisis de coyuntura y la elaboración de propuestas de cambio. Correo electrónico: [email protected] Equipo de redacción: Mariana González (editora responsable) Nicolás Arceo, Nicolás Bonofiglio, Augusto Costa, Axel Kicillof, Lautaro Lafleur, Carolina Nahón, Cecilia Nahón, Mariano Recalde, Javier Rodríguez y Eleonora Tubio. El trabajo en Argentina: condiciones y perspectivas | Informe trimestral 03 | Primavera 2004 | CENDA

El debate reciente sobre el estancamiento económico.

Desde esta perspectiva, los principales responsables del eventual amesetamiento serían la crisis energética y la llamada aspiradora fiscal -es decir, el escaso gasto público en relación con los recursos disponibles-. Se mencionaron además el escaso dinamismo de la inversión y de las exportaciones, los cuellos de botella provocados por el pleno uso de la capacidad instalada en la industria y el deterioro de los precios de los bienes que la Argentina exporta. En virtud de las repercusiones que tendría sobre las condiciones de vida de la población un eventual estancamiento de la economía, merece la pena analizar los argumentos precedentes con el fin de determinar si las voces de alarma tienen -o no- suficientes fundamentos. En primer lugar, resulta útil tener presente que la economía en su conjunto, así como la actividad industrial, se recuperaron luego de la caída del mes de abril y continúan, desde entonces, en constante crecimiento. El Estimador Mensual Industrial (EMI) se incrementó en septiembre un 0,7% (desestacionalizado), situándose 4,6 puntos por encima del valor de abril. El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en el segundo trimestre del año un 0,5% (desestacionalizado) con respecto al trimestre anterior. Por su parte, durante el mes de septiembre, la utilización de la capacidad instalada para el conjunto de las industrias fue, en promedio, del 72,0%. Si bien este porcentaje ha ido creciendo en los últimos meses, sólo en dos sectores se

aproximó al 90%. Se trata, exclusivamente, de las industrias metálicas básicas y de refinación del petróleo. De esta forma, el argumento de que se está llegando al tope de la utilización de la capacidad instalada sería válido únicamente para estos sectores. Respecto de la inversión bruta interna fija, vale la pena tener presente que ésta comenzó a recuperarse en el año 2002 y que ha mantenido una tendencia de aumento sostenida hasta la fecha. Actualmente, representa un 17,5% del PIB, valor similar al promedio de 1993-1999 (18,9%). No se trataría, por lo tanto, de valores particularmente deprimidos. Por último -y más allá de oscilaciones en el corto plazo- no hay razón para pensar que los precios internacionales de las exportaciones argentinas vayan a desplomarse; menos aún en un contexto de demanda mundial de alimentos en continua expansión. Lo ocurrido en el mes de abril carece aún de explicaciones satisfactorias. Pese a esto, lo cierto es que la economía argentina continúa creciendo. Se espera que el ritmo de crecimiento disminuya a medida que se vaya disipando el efecto de salida del pozo, pero esto no implica que resulte apropiado hablar de amesetamiento, estancamiento o, menos aún, de un nuevo colapso. La situación es diferente examinada a la luz de los cambios ocurridos en el mercado de trabajo. Los últimos datos confirman que, luego de la caída sufrida en el primer trimestre, la creación de empleo se ha recuperado a un ritmo inferior al que venía exhibiendo el año pasado. Esto repercutirá negativamente en la reducción de la desocupación debido a que, en las condiciones actuales, se requerirán aumentos del producto mucho mayores para elevar el desempleo a niveles medianamente aceptables1.

Empleo y desocupación. El crecimiento que ha registrado la economía desde mediados de 2002 ha permitido un aumento importante del empleo y una mejoría en las críticas condiciones en que se encontraba buena parte de la población luego de la salida de la convertibilidad. Sin embargo, el ritmo del crecimiento económico y de creación de empleo están resultando menores durante este año, lo cual impone restricciones a subsecuentes reducciones de la pobreza, la indigencia y la precariedad laboral que -se sabe- continúan en niveles escalofriantes. Según se desprende del Cuadro N°1, durante el segundo trimestre de 2004, el 14,8% de la pobla-

ción económicamente activa estuvo desocupada2. Esto no sólo implica un aumento en la tasa de desocupación sino que, paralelamente, marca una ruptura de la tendencia a la baja que esta tasa venía evidenciando en los últimos dos años. Dicho aumento se debe, básicamente, al pequeño incremento de la tasa de actividad por encima de la tasa de empleo. En efecto, si bien tras la caída sufrida en el primer trimestre de 2004 la tasa de empleo volvió a aumentar -continuando con la tendencia ascendente que ha mostrado desde mediados de 2002los nuevos puestos laborales no llegaron a compensar el aumento de la oferta de fuerza de trabajo.

1 En El trabajo en Argentina Nº2 se presentaron proyecciones a futuro sobre la tasa de desempleo, considerando distintos escenarios posibles. 2 De no existir el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y considerando que todos los actuales beneficiarios del plan, en ese caso, buscarían activamente empleo la tasa de desocupación subiría al 19,5%. En cambio, si se considera que en ausencia de la prestación sólo buscaría activamente trabajo una parte de los actuales beneficiarios -los que ya lo hacen actualmente-, la población desocupada sería del 17,4% (EPH-INDEC). PAG.02

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Panorama General

En los últimos tiempos se ha difundido públicamente una conjetura que sostiene la presencia de cierto amesetamiento en la evolución de la economía, que podría eventualmente conducir al estancamiento. La alarma comenzó a sonar cuando en el mes de abril se registró una caída en el nivel general de actividad económica, en particular en la industrial.

Cuadro N°1. Tasa de actividad, empleo y desocupación (en %), 2003 y 2004. Total de aglomerados Encuesta Permanente de Hogares EPH.

TASAS

I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004

Variación Variación II 2004 / II 2003 II 2004 / I 2004

ACTIVIDAD

45,6

45,6

45,7

45,7

45,4

46,2

1,3

1,8

EMPLEO

36,3

37,4

38,2

39,1

38,9

39,4

5,3

1,3

DESOCUPACIÓN

20,4

17,8

16,3

14,5

14,4

14,8

-16,9

2,8

SUBOCUPACIÓN

17,7

17,8

16,6

16,3

15,7

15,2

-14,6

-3,2

Fuente: EPH-INDEC.

El Cuadro Nº2 confiere algunos indicios respecto de las razones que podrían impulsar este aumento de la tasa de actividad. Por un lado, la suba de la tasa de actividad se corrobora exclusivamente en el Gran Buenos Aires. Del mismo modo, el incremento de la desocupación puede explicarse a partir de lo sucedido en este aglomerado, ya que en el resto de las regiones el desempleo no se incrementó. Por otro lado, la tasa de empleo disminuyó entre los jefes de hogar y entre los varones. Ello podría explicar la suba de la tasa de actividad que se observa en las mujeres y entre los no jefes. Si bien

las variaciones en las tasas son muy pequeñas y dos trimestres no es un lapso de tiempo suficiente para afirmar que se trata de una tendencia sostenible en el tiempo, estos datos advierten sobre la necesidad de proceder con cautela al momento de interpretar la suba de la tasa de actividad -y, por consiguiente, la de la tasa de desempleo-. Esto es especialmente válido hoy en día cuando -al igual que a inicios de la década del noventa- es fácil ceder a la tentación de explicar este cambio como producto de la incorporación de personas inactivas a un mercado de trabajo con mejores perspectivas de conseguir un empleo.

Cuadro Nº2. Variación de las tasas de actividad, empleo y desocupación (en %) entre el primer y segundo trimestre de 2004, según sexo, edad, relación de parentesco, nivel educativo y región.

SEXO

EDAD

RELACIÓN DE PARENTESCO

NIVEL EDUCATIVO

REGIÓN

Variación tasa de actividad

Variación tasa de empleo

Variación tasa de desocupación

Varón

1,6%

-0,2%

12,9%

Mujer

2,2%

3,7%

-6,5%

Hasta 24

0,0%

-0,4%

1,0%

25 a 59 años

0,8%

0,1%

6,3%

60 años y más

1,3%

1,7%

-2,9%

Jefe/a

0,9%

-0,3%

15,4%

No jefes

1,8%

2,1%

-1,3%

Hasta secundario incompleto

0,7%

-1,0%

10,0%

Secundario completo o más

1,4%

2,2%

-4,8%

Gran Buenos Aires

3,4%

1,8%

8,6%

Resto

-0,3%

0,7%

-5,7%

1,8%

1,3%

2,8%

TOTAL

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH-INDEC. PAG.03

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Panorama General

Total de aglomerados EPH.

En cuanto a la tasa de subocupación, en el segundo trimestre del año se aprecia una continuidad en la trayectoria descendente iniciada en 2002, alcanzando al 15,2% de la población económicamente activa. Esta reducción permite, una vez más, un incremento de la ocupación plena hasta situarla en el 32,4% de la población de los aglomerados urbanos. Una cuestión adicional que merece ser destacada es la precariedad de los nuevos puestos de trabajo. El 78% de los ocupados que tienen hasta tres meses de antigüedad está bajo relación de dependencia, pero sólo un 13,7% de ellos está registrado. Esta situación conduce a que continúe elevándose el nivel de precariedad laboral: el 48,3% del total de asalariados no está registrado, es decir, está en negro. El Índice General de las Condiciones del Trabajo (IGCT), presentado en números anteriores de El trabajo en Argentina, brinda una perspectiva de conjunto de la situación de los trabajadores3. Según consta en el Gráfico N°1, este índice muestra un

nuevo aumento en lo que va del año 2004, que obedece principalmente al incremento en el nivel de empleo y, en segundo término, a la mejora de su calidad y del monto del salario. Si bien estos avances son importantes, el nivel del IGCT está aún por debajo del de octubre de 2001 -momento de plena crisis del régimen de convertibilidad- y la magnitud de su incremento fue inferior a la que venía registrándose desde 2003. Dado el deterioro general de la situación de los trabajadores es necesario que las mejoras prosigan en todos los aspectos y que se sucedan con un ritmo suficientemente elevado. En las condiciones actuales no basta con que la desocupación no aumente, sino que es absolutamente necesario que se reduzca en forma acelerada. Asimismo, es importante lograr una mejora en la calidad de las ocupaciones y una recuperación de los salarios reales, que -se sabe- se han erosionado sensiblemente con la devaluación. Luego de tres décadas de retroceso en términos de las condiciones generales del trabajo, es mucho camino el que queda por recuperar.

Gráfico Nº1. Evolución del Índice General de las Condiciones del Trabajo, 1995-2004. Total aglomerados EPH.

110 104,5

105

103,1

102,1

103,6 100,0

95,0

95

91,1

90

92,7

85 83,9

80

Oct-95

Oct-96

Oct-97

Oct-98

Oct-99

Oct-00

Oct-01

Oct-02 IV trim-03 II trim-04

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH-INDEC.

Impacto del aumento del salario mínimo. Ha habido mucha discusión pública respecto de los recientes aumentos salariales fijados, primero, mediante decretos gubernamentales (1273/02, 2641/02, 905/03 y 1347/03) y, luego, por la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)

que estableció un nuevo mínimo en $4504 . Parte de esa polémica busca dilucidar cuál será la incidencia real de estos aumentos sobre los salarios efectivamente cobrados por los trabajadores. Para ello, resulta sumamente útil una lectura atenta del Cuadro N°3.

3 La construcción del IGCT combina tres componentes: un índice del nivel de empleo (cantidad), un índice de calidad del empleo y un indicador del poder adquisitivo del salario. 4 Existe una controversia respecto de si al nuevo salario mínimo definido por el Consejo del SMVM se le debe añadir la suma de $50 no remunerativos -que rige desde enero de este año para todos los trabajadores del sector privado bajo convenio colectivo- o si, en su lugar, esta suma ya está incluida en el nuevo mínimo. En los cálculos que se presentan en el Cuadro Nº3 se ha optado por la segunda de estas opciones; es decir que se toma el valor de $450. De este modo, se evita el riesgo de sobreestimar el número de trabajadores con haberes por debajo del nuevo SMVM. Son, así, estimaciones de mínima. PAG.04

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Panorama General

100

100,4

Cuadro Nº3. Trabajadores asalariados de tiempo completo del sector privado que perciben salarios brutos inferiores a $450 (en %). Segundo trimestre de 2004. Total aglomerados EPH.

% ASALARIADOS QUE GANAN MENOS QUE $450

REGIÓN SEXO NIVEL EDUCATIVO

EDAD

RAMA DE ACTIVIDAD

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO

registrados

no registrados

total

Gran Buenos Aires

12,9

53,3

27,7

Resto de los aglomerados

19,9

73,0

41,5

Varón

12,4

59,0

30,8

Mujer

21,5

66,6

37,5

Hasta secundario incompleto

16,1

66,8

39,2

Secundario completo o más

15,0

54,0

27,2

Hasta 24 años

27,4

76,5

56,1

25 a 59 años

13,1

53,8

26,4

60 años y más

21,0

60,8

35,6

Industria manufacturera

14,2

54,9

29,6

Electricidad, gas y agua

10,2

28,6

11,9

Construcción

22,1

70,3

56,1

Comercio, restaurantes y hoteles

17,5

67,8

39,2

Transporte y comunicaciones

8,3

49,0

24,5

Otros servicios

16,6

54,5

26,0

Hasta 10 trabajadores

19,2

65,5

47,6

11 trabajadores o más

12,2

42,9

17,0

15,4

61,2

32,9

TOTAL

ACLARACION: se excluyen los trabajadores del servicio doméstico y del sector público (los mismos no están cubiertos por el SMVM). Se estimaron los salarios en términos brutos para los asalariados registrados, a fin de poder realizar la comparación con el salario mínimo. Para ello se tomó en consideración el salario de bolsillo de la ocupación principal, se restó un promedio de asignaciones familiares y se sumó el aporte personal a la seguridad social.

En primer lugar, vale la pena observar que en el segundo trimestre de 2004 un 32,9% de los asalariados de tiempo completo ganaba menos que el salario mínimo que comenzaría a regir en septiembre. Este porcentaje se eleva al 61,2% entre los asalariados no registrados. Sin lugar a dudas, son estos últimos quienes tienen más dificultades para hacer efectivo el incremento, dada su condición de trabajadores en negro. No existe ningún canal que les garantice que puedan percibir, al menos, el salario que la normativa considera como el de nivel mínimo. En segundo lugar, el Cuadro Nº3 permite observar que existen ciertos grupos de trabajadores entre los que es más habitual encontrar salaPAG.05

rios inferiores al mínimo: los de bajo nivel educativo, los jóvenes y los mayores de 60 años, los que trabajan en las ramas de Construcción, de Comercio, restaurantes y hoteles y en los establecimientos de menor tamaño. En suma, se trata de los trabajadores menos calificados y los que se desempeñan en los sectores con mayor grado de informalidad. Para concluir, es importante tener presente la capacidad adquisitiva de este SMVM que el 33% de los trabajadores no llega a percibir. Según datos de EPH, una familia tipo (pareja y dos niños en edad escolar) necesita $750 para no caer por debajo de la línea de pobreza. El nuevo salario mínimo representa un 60% de este valor.

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Panorama General

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH-INDEC.

Cambios en la regulación de los riesgos del trabajo.

Sin embargo -y más allá de la relevancia de los cambios que se derivan del pronunciamiento de la Corte Suprema- entendemos que aún existe la necesidad de efectuar nuevas y profundas modificaciones al régimen de prevención y reparación de los infortunios laborales. Esto es así, puesto que resulta cada vez más evidente que el sistema de riesgos de trabajo vigente (Ley N° 24.557) no produjo ninguno de los efectos prometidos por sus propulsores. No sólo no ha fomentado la prevención de los riesgos del trabajo sino que ha establecido un sistema de reparación engorroso, plagado de obstáculos, falto de garantías para el trabajador y, peor aún, claramente insuficiente en términos del contenido de las prestaciones. A partir de su nueva integración el máximo tribunal ha retomado perspectivas ya señaladas por la gran mayoría de los jueces y doctrinarios: esta ley no sólo es inconveniente sino que, además, presenta numerosas contradicciones con nuestra Carta magna. En el fallo Aquino, de amplia repercusión periodística, la Corte Suprema resolvió que los trabajadores cuentan con la opción -que históricamente habían tenido- de reclamar la reparación integral, total, de los daños sufridos como consecuencia de accidentes o enfermedades del trabajo cuya responsabilidad sea atribuible al empleador. Para ello la Corte ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo que vedaba esa posibilidad al trabajador o sus familiares. Pero la sentencia tiene, en sus considerandos, un valor agregado: reafirma la vigencia de los principios de progresividad de los derechos sociales y de justicia social.

Estos principios, si bien se encuentran incorporados en nuestro sistema normativo y son reiteradamente invocados por la doctrina iuslaboralista, han sido pocas veces reflejados en los expedientes judiciales. En los términos del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), el principio de progresividad implica la obligación de los Estados contratantes de adoptar medidas progresivas en materia de derechos sociales. Se trata de un compromiso de implementación gradual pero con el deber mínimo de la no regresividad; de forma que implica la obligación de abstenerse de adoptar medidas que empeoren la situación de los derechos económicos sociales y culturales vigentes al momento de firmar el tratado internacional. En línea con las disposiciones del PIDESC, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó las características de la LRT y concluyó que la regresividad de sus normas resulta contradictoria con nuestra Carta magna. En este sentido, advirtió que “es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (v. Fallos: 123:379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9.688 de accidentes del trabajo, sancionada en 1915 (art. 17)”; y que “este retroceso legislativo en el marco de protección, puesto que así cuadra evaluar a la LRT según lo que ha venido siendo expresado, pone a ésta en grave conflicto con un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y del PIDESC en particular. En efecto, este último está plenamente informado por el principio de progresividad”. Además la Corte Suprema consideró que esta norma es contraria a la justicia social. Justicia que, según la Corte “cobra relevante aplicación en el ámbito del derecho laboral a poco que se advierta que fue inscripto, ya a principios del siglo pasado, en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, como un medio para establecer la paz universal, pero también como un fin propio”. Es por medio de la justicia que se tiende a alcanzar el bienestar, esto es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad” (ídem; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 3°).

Las reacciones frente al cambio. Sólo se ha esbozado un cambio (importante y sustancial, por cierto) en el sistema de la LRT y los conocidos de siempre ya han comenzado su frenético pregón tratando de impedir que la sentencia judicial se materialice y se extienda en la protección de todos los trabajadores. Para ello recurrieron a la diatriba y al gatopardismo. Hablar de la industria del juicio refiriéndose a los pleitos laborales y utilizar ese argumento para denostar a los abogados de PAG.06

los trabajadores es, realmente, ignorancia e ingenuidad o, si no somos tan gentiles, pura hipocresía. En nuestro país los industriales del juicio son los que violan la ley a raudales. Los que sojuzgan a los trabajadores no pagándoles lo que corresponde de acuerdo con la ley. Los que los tienen en negro convirtiéndolos en verdaderos desaparecidos sociales. Los que los hacen trabajar

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Normativa laboral

Desde su sanción en 1995, la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 ha sido objeto de innumerables críticas y de constantes reformas. A través de decretos -de necesidad y urgencia o no- y hasta de resoluciones se han incorporado importantes correcciones sobre la norma original sin avanzar, paralelamente, en la sanción de una nueva ley que ordene en forma integral la regulación de la cuestión. Recientemente, ha sido un fallo de nuestro más alto tribunal el que, al poner en cuestión la validez constitucional del propio sistema, ha incorporado una nueva modificación en el sistema vigente de riesgos del trabajo. Su criterio se ha materializado, por ahora, en la declaración de inconstitucionalidad de dos de las normas de este sistema.

doce horas diarias, sin siquiera pagarles las horas extra con el debido recargo. Los que usufructuaron complacidos la desaparición de derechos durante la dictadura militar y promovieron -o consintieron- la flexibilización laboral de los años noventa. Los que violaron los derechos humanos a la vida y a la integridad psicofísica de los asalariados, haciéndolos trabajar en ambientes de trabajo inseguros e insalubres. No menos de cinco muertes diarias de trabajadores por accidentes de trabajo. Miles y miles de obreros con incapacidad permanente porque los empresarios no invirtieron en seguridad. La mitad de los trabajadores en negro. El 70% de los pagos de sueldo que no se registran.

La evasión, el fraude laboral, las pasantías truchas, los pseudos-factureros, los trabajadores de agencias fraudulentas. En estas circunstancias se funda la única industria que debemos cerrar. La avidez da paso a la elusión, evasión y morosidad laboral, asistencial y previsional que son verdaderas industrias que destruyen las reglas de convivencia, nos hacen vivir en la anomia y restan sentido a la democracia. En todo caso son estas patologías las que deberían haber dado vida a la industria del juicio. Sin embargo, la cantidad de reclamos en relación con los incumplimientos patronales es alarmantemente escasa; lo que demuestra que la impunidad también se presenta en cantidades industriales.

De acuerdo con la experiencia acumulada, luego de casi diez años de vigencia de la Ley 24.557 y teniendo en cuenta los criterios expuestos precedentemente se vuelve imperiosa la adecuación, por ley del Congreso de la Nación, del sistema de riesgos del trabajo. Entre las reformas que se han sugerido, a fin de adaptar el sistema vigente a las directrices de nuestra Carta magna, de manera tal de establecer un sistema justo y capaz de otorgar seguridad jurídica a los actores involucrados, consideramos impostergable el tratamiento de los siguientes aspectos: 1)

2)

3)

4) 5)

6) 7)

Incorporación de modificaciones que contribuyan a fomentar la efectiva prevención de los infortunios laborales a través de un sistema de premios y castigos. Modificación del procedimiento para recibir las prestaciones, de manera tal que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deban otorgarlas aún en el supuesto de que cuestionen la naturaleza de la dolencia; invirtiendo la carga de la prueba para que sean ellas -y no el trabajador- quienes deban accionar para demostrar que no se trata de accidentes o enfermedades profesionales. Eliminación del plazo de diez días previsto por la ley a partir del cual las ART comienzan a abonar las prestaciones por incapacidad temporaria. Derogación de la disposición del artículo 39 que exime de responsabilidad civil al empleador. Modificación del cálculo del ingreso base del trabajador de modo tal que las prestaciones que reciba compensen efectivamente la pérdida de ingresos motivada por la enfermedad o el accidente de trabajo. E stablecimiento de un piso resarcitorio mínimo y garantizado. Elección por parte del trabajador entre las opciones de renta periódica o percepción de

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la indemnización en un pago. 8) Modificación de la constitución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación de manera tal que tenga una integración tripartita, con participación de los trabajadores en el control del cumplimiento de las obligaciones que impone el sistema. 9) Creación de comisiones médicas propias del sistema, que funcionen en todos los municipios en los que haya más de treinta mil habitantes y en cada capital de provincia. 10) Incorporación del derecho del trabajador a la asistencia sindical, legal y médica ante la comisión médica. 11) Modificación de la competencia en materia de recursos contra las decisiones de las comisiones médicas, estableciendo la competencia de los tribunales locales. 12) Establecimiento expreso de la responsabilidad solidaria entre el empleador y la aseguradora de riesgos del trabajo por la reparación de los infortunios laborales. 13) Derogación del decreto 590/97 y restitución del aporte patronal destinado al seguro de vida de los trabajadores. 14) Otorgamiento del carácter de título ejecutivo al certificado de deuda emitido por Obras Sociales y Hospitales Públicos contra ART por deudas originadas en la prestación de servicios médicos y asistenciales que debieron prestar las ART. 15) Protección especial al trabajador despedido como consecuencia de haber sufrido un accidente o enfermedad del trabajo. 16) Reconocimiento del carácter de “meramente enunciativo” al listado de enfermedades previsto por el artículo 6 de la ley. 17) Creación de un fondo de garantía solidario, a cargo de los empleadores y ART vencidos en juicio, con el objeto de obligar a los empleadores que ganen el juicio a que deban pagar los honorarios de los peritos. 18) Simplificación del sistema y unificación de las distintas y dispersas normas que se han dictado a lo largo del tiempo en una nueva LRT.

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Normativa laboral

Los cambios que hacen falta.

Textuales

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Alberto Álvarez Gaiani, presentó la fórmula para que los salarios (no) aumenten: “Los salarios van a ir aumentando en la medida en que el sector privado lo pueda hacer. El Estado no debe meterse” (La Nación, 18/08/04). “Los salarios no se pueden fijar independientemente de lo que se pueda pagar, porque, si no, hay problemas” afirmó el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Juan Luis Bour, mostrando su oposición a la intervención estatal (La Nación, 29/08/04). Jorge Colina, investigador jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino sostuvo que “Para aumentar los salarios de los que menos ganan es necesario crear un clima propicio para la inversión. [...] Esto no se logra imponiendo aumentos de salarios de manera centralizada sino, por el contrario, eliminando los factores institucionales que encarecen la contratación de trabajadores de bajos salarios” (La Nación, 29/08/04). Miguel Angel Broda sabe qué decir para ser un consultor exitoso: “El sector privado, que tendría que premiar a

sus empleados por el aumento de la productividad o para retener a su personal, no lo hace porque dice que después por decreto les imponen un aumento adicional”. (Infobae, 14/08/04). Otros representantes del sector empresarial estuvieron, en cambio, de acuerdo con los incrementos salariales. Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, afirmó: “La inmensa mayoría del sector empresario puede afrontar ese nivel de salario mínimo ($450)” (La Nación, 06/09/04). “Es necesario impulsar el mercado interno a partir de una política de redistribución del ingreso. Y el aumento de salarios es uno de los instrumentos para lograrlo” dijo en esta misma línea Carlos Héller, presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Infobae, 14/09/04). Entre los representantes de los trabajadores también existieron disensos. “Para nada estamos satisfechos con los $450, pero éste fue un primer paso” dijo el secretario de Prensa de la Confederación General del Trabajo, Juan Manuel Palacios; y agregó que “la CGT espera obtener en tiempo perentorio una mayor mejora salarial tanto para el sector público como el privado” (La Nación, 06/09/04). Por su parte, Claudio Lozano, diputado nacional y economista de la Central de Trabajadores Argentinos, se mostró en contra del camino elegido: “Hoy un aumento de salarios tiene un impacto bajo y no amplía demasiado el consumo y el mercado interno. […] Para resolver esto hay que cambiar el enfoque y avanzar hacia una estrategia que regule el mercado laboral fijándole un piso con medidas universales” (Página 12, 22/08/04).

¿El aumento del salario por decreto provoca ineficiencias? Los economistas que comulgan con la teoría ortodoxa ponen el grito en el cielo cada vez que el Estado se involucra en la determinación del salario. Es que, para el pensamiento neoclásico, sólo está garantizada la eficiencia del sistema cuando los precios se fijan mediante la acción completamente libre de la oferta y la demanda. Toda interferencia exterior sobre la actuación de las fuerzas del mercado no puede más que causar desgracias para todos los involucrados. Peor aún, llega incluso a denunciarse toda intervención del Estado como un auténtico atropello a la libertad. Para la escuela de pensamiento económico dominante, la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra. El precio de lo que se vende es el salario que perciben los trabajadores. El salario de equilibrio es el que iguala la cantidad ofrecida con la cantidad demandada de trabajo. Los mercados tienden al punto de equilibrio siempre y cuando todos aquellos que ofrecen y demanPAG.08

dan mercancías actúen en forma individual y contando con fuerza relativa equivalente. De este modo el funcionamiento automático del mercado aseguraría el pleno empleo. Esto tiene una implicancia fundamental: al nivel de salarios de equilibrio, es decir, al nivel de salarios vigente, todas las personas que desean trabajar pueden conseguir efectivamente empleo. La enseñanza neoclásica salta a la vista: en libertad, las fuerzas económicas del mercado se encargan de fabricar un mundo perfecto. Pero basta con entorpecer esta operación automática para que todo se eche a perder. Cuando el Estado interviene en la determinación del salario, en general, lo hace fijando un salario mayor al de equilibrio, de forma tal de delimitar un mínimo por debajo del cual -en adelante- ya no se podrá realizar contrato laboral alguno. Esto implica que una parte de los trabajadores se quede sin vender su fuerza de trabajo. La conclusión que se des-

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Mitos y realidades Textuales

Ante los distintos aumentos salariales establecidos por decreto y por vía del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se generó un intenso debate entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios acerca de las posibilidades de implementación y las bondades -o perjuicios- de este tipo de medidas; y, en general, de la intervención del Estado en la fijación de salarios. Se citan a continuación algunas de las posiciones más representativas, recogidas de los diarios y revistas de opinión de circulación nacional.

fuerza de trabajo es una condición necesaria para su subsistencia. De esta forma, en esta relación de aparente igualdad de compraventa de bienes en el mercado, el comprador tiene, finalmente, mayor poder que el vendedor. El resultado de su enfrentamiento libre se resuelve, entonces, siempre en el mismo sentido: el capitalista logra imponer sus condiciones mientras que el obrero debe resignarse a aceptarlas. Ahora bien, lo que es provechoso para el empresario individual, puede ser una desgracia para la sociedad en su conjunto. Esto sería así en el caso en que la fuerza de trabajo quede sometida a las condiciones más miserables de contratación, hasta el punto de volverse -en el extremo- inservible para la producción.

Revisemos el argumento precedente. Para comprender su verdadera naturaleza es necesario examinar los dos pilares sobre los que reposa la construcción argumental neoclásica -que, corroboraremos, se sostiene sobre falacias-. Ellos son: el carácter libre e igualitario de todo intercambio en el mercado -aún cuando se trate de la compraventa de fuerza de trabajo-, y la conceptualización de la acción del Estado como una intervención exterior al campo de las relaciones sociales.

Para que el obrero reciba un salario que le permita reproducir su fuerza de trabajo, no puede actuar aisladamente sino que debe asociarse con aquellos que se encuentran en su misma situación. Es por eso que desde la aparición del trabajo asalariado opera una tendencia permanente que empuja a los obreros a la mutua asociación y que desemboca en la constitución de sus organizaciones gremiales. De esta manera, el obrero no se enfrenta aisladamente a su patrón, sino que los obreros de cada empresa, rama o de la nación en su conjunto se enfrentan colectivamente a los capitalistas en vistas de la negociación conjunta de sus derechos y obligación laborales. A lo largo de la historia, se corrobora que cuando los obreros cuentan con organizaciones fuertes y consolidadas consiguen garantizarse mejores condiciones de trabajo. Y que, por el contrario, en aquellas etapas de debilidad para sus organizaciones, son fuertes los retrocesos en sus condiciones de vida.

En primer lugar, si bien en la sociedad capitalista la fuerza de trabajo se adquiere a través de un contrato de compraventa, no es cierto que sea equiparable a cualquier otra mercancía. Analicemos -en términos simplificados-, sus semejanzas y diferencias. Como ocurre con cualquier otro bien, la compraventa de fuerza de trabajo enfrenta al vendedor con el potencial comprador. Se trata de una verdadera contraposición, en tanto los intereses de ambas partes son inmediatamente opuestos: el vendedor quiere obtener por lo que vende lo más posible y el comprador ofrecer a cambio lo menos que pueda. Hasta aquí llega la analogía con cualquier otro bien. En cambio, aquello que distingue a la fuerza de trabajo es que en esta relación de compraventa el comprador (empresa) tiene siempre más poder relativo que el vendedor (obrero individual). Este desequilibrio de origen no escapaba al ojo agudo del padre fundador de la economía política, Adam Smith: “Los salarios del trabajo dependen generalmente, por doquier, del contrato concertado por lo común entre estas dos partes [el trabajador y el propietario], y cuyos intereses difícilmente coinciden. El operario desea sacar lo más posible, y los patronos dar lo menos que puedan. Los obreros están siempre dispuestos a concertarse para elevar los salarios, y los patronos, para rebajarlos. Sin embargo, no es difícil prever cuál de las dos partes saldrá gananciosa en la disputa, en la mayor parte de los casos, y podrá forzar a la otra a contentarse con sus términos [...]. A largo plazo, tanto el trabajador como el patrono se necesitan mutuamente; pero con distinta urgencia”. (Adam Smith, La Riqueza de las naciones, 1776:65). El empresario necesita al obrero porque es el trabajo de este último el que pone en marcha la producción. Pero el obrero necesita al capitalista por un motivo más apremiante: la venta de su PAG.09

En segundo lugar, para arribar a sus conclusiones, la economía ortodoxa considera a la intervención del Estado como una intromisión desde afuera. Esto es así, puesto que conceptualiza al Estado como un actor exterior a la sociedad misma; esto es, como un ente al margen de sus conflictos internos. Según esta visión caricaturesca, el Estado es una suerte de árbitro imparcial cuyo objetivo exclusivo es el bienestar general. La función del Estado es, en cambio, bien distinta. Las conquistas de derechos laborales que surgen de las negociaciones colectivas no pueden aplicarse sólo a un empresario individual, y no al resto, porque al cumplir con lo pactado éste perecería en la competencia. Esto es, si un capitalista solitario sube los salarios, necesariamente perderá con los demás empresarios que no lo hacen. De lo anterior se desprende que las condiciones laborales deben regir para todos por igual. He aquí el rol del Estado: reglamentar y hacer cumplir con carácter general los acuerdos que en material laboral se hayan alcanzado entre las partes. La aparente “eficiencia” que surge del enfrentamiento entre obreros y capitalistas individuales y aislados tendría como ganadores siempre a los empresarios, la parte más fuerte. La intervención del Estado en este campo no es una fuente de “ineficiencia” -tal como sostiene el pensamiento económico dominante-. Por el contrario, es una genuina expresión del avance del capitalismo, ya

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Mitos y realidades

prende es que el salario mínimo provoca desempleo. Además, al contratarse menos trabajadores cae la producción, situándose en un valor inferior a su máximo. Los economistas denominan ineficiencia a este aparente despilfarro de riqueza y trabajo, que se genera como efecto de la fijación de salarios mínimos. Ahora bien, esta censura no es exclusiva para con el Estado sino que, paralelamente, cuestiona la acción de los sindicatos, que son quienes -en última instancia- presionan al gobierno para lograr aumentos salariales. De esta forma, se involucra una crítica solapada a los trabajadores organizados en tanto que responsables -junto con el Estado- de trabar el libre funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda.

que vela por la reproducción de la fuerza de trabajo en su conjunto. La prédica contra la intervención del Estado se desnuda y convierte en lo que realmente es: una forma de defensa de la explotación sin límite alguno. Afortunadamente, a pesar de los lamentos, las recomendaciones y las amenazas de los economistas ortodoxos, desde los orígenes mismos de la sociedad capitalista, los obreros asalariados comenzaron a organizarse; al tiempo que el Estado se transformaba en la instancia en donde se zanjaban las disputas capital/trabajo. Los resultados de estas luchas se convertían

eventualmente en leyes y reglamentaciones. Estos “teóricos” liberales sueñan con retroceder el curso de la historia para volver a la etapa infantil del capitalismo, cuando la negociación salarial y las condiciones de trabajo se establecían exclusivamente a través de la negociación entre el obrero individual y el empresario individual. Pero es la realidad misma la que se encarga de echar por tierra sus quimeras. De manera que el mundo tal cual es no se adecua al modelo teórico y, como es costumbre, en lugar de intentar explicar la realidad, la economía neoclásica ofrece un sinnúmero de recetas para hacerla calzar nuevamente dentro de su modelo.

El sector agropecuario en el producto y el empleo. Cuadro Nº4. Participación el sector agropecuario en el PIB y el empleo y productividad relativa del trabajo agropecuario.

PAIS

Participación en el PIB (en %) Participación en el empleo (en %) (a) (b)

Productividad relativa del trabajo agropecuario (a/b)

ESTADOS UNIDOS

1,6

1,5

1,09

CHILE

8,8

9,4

0,94

AUSTRALIA

3,5

3,8

0,92

CANADÁ

2,6

2,9

0,89

URUGUAY

8,0

10,1

0,79

HUNGRÍA

5,7

7,2

0,79

ARGENTINA

6,0

8,2

0,73

FRANCIA

2,9

4,2

0,69

TADJIKISTÁN

31,8

46,0

0,69

FEDERACIÓN RUSA

7,4

11,8

0,62

BOLIVIA

15,7

28,6

0,55

ESPAÑA

3,7

6,8

0,54

BRASIL

9,4

17,9

0,52

HONDURAS

15,9

35,1

0,45

CHINA

18,6

47,5

0,39

VIETNAM

25,8

69,0

0,37

Fuente: elaboración propia sobre la base de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial 2003 y Censos Nacionales de Población. PAG.10

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Argentina en el mundo

Comparación internacional, 2003.

Tal como se muestra en el Cuadro Nº4, el 8,2% de la población ocupada argentina trabaja en el sector agropecuario, sector que genera un 6,0% del PIB. Ello implica que la productividad del trabajo está por debajo del promedio del resto de la economía argentina. Es decir que el sector agropecuario requiere, en promedio, más empleo para producir un uno por ciento del PBI que lo que necesita en promedio el conjunto del resto de los sectores. Este dato puede parecer contradictorio con la idea plenamente difundida de que el campo argentino contribuye en forma escasa con la generación de empleo. Lo que ocurre es que la información vertida en el Cuadro Nº4 esconde una gran diversidad regional: Las grandes explotaciones dedicadas a la producción de cereales y a la ganadería demandan muchos menos empleos que explotaciones de tamaño significativamente menor dedicadas a la produc-

ción de, por ejemplo, yerba mate o tabaco (veáse el Informe sectorial). El Cuadro Nº4 permite ubicar a la Argentina en perspectiva comparada con otros países. Por un lado, los países capitalistas desarrollados dedicados -como la Argentina- a la producción de cereales (Estados Unidos, Australia y Canadá) presentan las productividades relativas más altas. Por el otro, países menos desarrollados y con una gran proporción de población campesina -y, por lo tanto, con una importante parte de su producción de alimentos destinada al propio consumo de los productores- presentan las productividades relativas más bajas. En una situación intermedia, se ubican los países europeos como España y Francia, que protegen sus sectores agrarios de productividad relativamente baja mediante fuertes subsidios estatales.

El trabajo en el agro argentino. FICHA TECNICA

Ocupados en el sector (2002): Participación del sector en el empleo: Participación del Sector en el PBI:

Los Grobo, Estancias del Sur, Pilaga, Mycoyen Incluyendo productores y familiares Sólo no familiares

775.300 229.700 8,2% 6,0%

Lo que se conoce como el agro argentino presenta una diversidad tal que no resulta sencillo encontrar sus elementos comunes. A la región pampeana (productora de cereales, oleaginosas y bovinos) se le agregan otras zonas “extrapampeanas” con producciones locales particulares. Entre ellas, se destacan la caña de azúcar (noroeste), el tabaco, la yerba mate y el algodón (principalmente en el noreste), la vid (cuyo), la fruticultura (Alto Valle del Río Negro), la actividad lanar (patagonia) y la actividad hortícola (en las cercanías de los grandes centros urbanos).

temporario debido a la estacionalidad de las actividades. Ello da origen a una importante migración de mano de obra rural que en algunos casos es de unos pocos kilómetros pero en otros involucra recorridos entre varias provincias. Existe, incluso, aunque en una magnitud considerablemente menor y concentrada en regiones de frontera, cierta migración internacional para la realización de determinados trabajos agrícolas. Entre estas migraciones se han detectado, por ejemplo, diversos casos desde Brasil a Corrientes para la cosecha del arroz.

Esta diversidad de actividades en regiones geográficas disímiles y con características productivas diferentes constituye un único sector económico al que se denomina agro. La enorme diversidad que las distingue y la existencia de distintos tipos de trabajo dentro de la producción agraria genera una importante dificultad metodológica para su análisis.

La abundancia de trabajo transitorio trae aparejado el desarrollo de múltiples habilidades por parte de los trabajadores, quienes deben necesariamente adaptarse al carácter estacional de las actividades agrarias. Es el caso de los denominados trabajadores golondrina, quienes se van desplazando entre distintas zonas geográficas y desarrollando las tareas específicas de cada producción agraria. Existe también un importante número de trabajadores que, juntamente con su empleo en el agro, tienen un empleo o actividad

En efecto, en el agro -a diferencia de la industriase corrobora una fortísima presencia de trabajo PAG.11

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Informe Sectorial

Principales Empresas (considerando solamente aquellas exclusivas del sector):

más estable en algún centro urbano cercano. De esta manera es común observar situaciones de multiempleo en las que conviven trabajos urbanos y rurales.

que en muchos casos implica un importante deterioro de las mismas. Un ejemplo de estas formas de inserción laboral es el caso de los tambos, donde aparece con bastante incidencia la figura del tambero mediero. Si bien en ciertos casos las características de estos son más parecidas a las de un pequeño empresario, en otros se trata de una manera de contratar trabajo en forma tercerizada. Estas contrataciones además incluyen no sólo al trabajador sino a su familia, a quienes se les paga en proporción a las ventas obtenidas y no ya por medio de sumas fijas preacordadas.

La existencia de ciclos de necesidad de trabajo da lugar también a la aparición de contratistas. En muchos casos, los contratistas aportan maquinaria y tienen una cierta cantidad de trabajadores que dependen de ellos. Estas formas de trabajo -que tuvieron su auge en los noventa- dan lugar a la tercerización de la producción y, con ello, favorecen la flexibilización de las condiciones de trabajo, lo

La estructura del trabajo agrario. bajadores permanentes contratados por EAP, según provincia. Puede observarse allí que en las distintas provincias existe una tendencia a que la cantidad de empleados permanentes por EAP sea relativamente parecida. En efecto -excepto el caso de Tierra del Fuego en donde se contabiliza un promedio de 5,1 empleados permanentes por EAP-, la gran mayoría de las provincias presentan un promedio de entre 2 y 3 trabajadores permanentes por EAP.

En el Cuadro Nº5 se presenta la cantidad de traCuadro Nº5. El trabajo en el agro.

PAIS BUENOS AIRES CATAMARCA CHACO CHUBUT CÓRDOBA CORRIENTES ENTRE RÍOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUÉN RÍO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMÁN TOTAL DEL PAÍS

Características por provincia, 2002.

Cantidad total de trabajadores permanentes

Trabajadores por EAP

Tamaño medio de la EAP (en hec-táreas)

Cantidad de hectáreas por cada trabajador

119.112 20.452 37.526 7.942 63.489 42.798 43.687 21.632 27.469 15.981 13.893 65.369 68.859 11.581 17.789 28.901 15.776 8.877 2.384 60.682 55.048 455 25.594 775.296

2,3 2,2 2,2 2,1 2,4 2,8 2,0 2,2 3,1 2,1 1,7 2,1 2,5 2,1 2,4 2,8 1,9 2,1 2,5 2,2 2,6 5,1 2,6 2,3

505 237 230 1.309 780 1.920 294 576 316 1.638 525 227 76 976 2.092 766 95 1.278 21.064 401 498 13.019 119 588

217 78 157 2.418 193 160 145 239 47 797 221 98 30 185 827 148 48 607 8.341 185 98 2.575 44 225

Fuente: elaboración propia sobre la base de Censo Nacional Agropecuario 2002-INDEC. PAG.12

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Informe Sectorial

Las características históricas del agro argentino -específicamente, la existencia de grandes explotaciones agropeacuarias (EAP)- inciden en forma directa sobre el nivel de empleo que es capaz de generar el sector. Los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002 permiten realizar una observación sobre ciertas generalidades de la producción y el trabajo en el agro.

El análisis difiere cuando analizamos la relación entre la cantidad de hectáreas por EAP y la cantidad de trabajadores. Allí se evidencia una diversidad interprovincial muy grande. Desde el máximo de 8.341 hectáreas por trabajador, que se presenta en Santa Cruz, hasta el valor mínimo de 30 hectáreas en Misiones, existe un amplio abanico de circunstancias divergentes. Esta gran variabilidad se explica por el grado de concentración de la propiedad agropecua-

ria, que se expresa en el tamaño medio de las EAP, y no por la dispersión en la cantidad de trabajadores por EAP. Allí donde la propiedad de la tierra se encuentra ampliamente concentrada, la cantidad de trabajadores ocupados por hectárea es considerablemente menor. Esto implica que las explotaciones de mayor tamaño son menos intensivas en el empleo de mano de obra agropecuaria que las explotaciones de menor tamaño.

Los cambios recientes.

La sobrevaluación cambiaria de 1991-2001 facilitó -vía abaratamiento de las importaciones- la aplicación de nuevas técnicas productivas. De esta forma se incrementó en forma significativa el uso de agroquímicos y de maquinaria agrícola mayormente importados. Esto dio lugar a un incremento de las escalas mínimas de producción, facilitando a su vez la concentración productiva. El tipo de cambio sobrevaluado redujo, además, los precios de venta (en pesos) de las exportaciones. Esto generó que, aún con un importante crecimiento de la producción, numerosos productores (sobre todo pequeños) debieran abandonar la actividad. Esta disminución del número de explotaciones implicó una reducción en los puestos de trabajo del sector. Si bien la información estadística sobre los trabajadores agrarios es considerablemente escasa, puede señalarse que en 1988 había 1.032.000 trabajadores, mientras que en 2002 esa cifra era de 775.000, es decir, un 24,9% menor. Si consideramos solamente a los trabajadores permanentes que no guardan relación familiar con quien dirige la producción -a quienes podríamos asemejar a trabajadores asalariados- las cifras son más elocuentes: de 334.000 en 1988 se reducen a 229.000 en 2002, es decir, un 33% menos (CNA, 1988 y 2002). La caída intercensal no pudo ser compensada por el reciente auge (2002/2004), lo cual da una idea de la magnitud del desplome del empleo durante la década pasada. Además de la reducción del empleo, en la década del noventa se presentó un importante cambio PAG.13

en el tipo de puestos de trabajo. El incremento de la cantidad de tractores y maquinaria agrícola produjo un aumento en puestos de trabajo asociados al manejo de dicha maquinaria y una caída en los asociados a tareas menos tecnificadas. Asimismo, la utilización de abundantes agroquímicos generó diversos perjuicios para los trabajadores agrarios desde la perspectiva de su salud y condiciones de vida, ya que no se han tenido en cuenta los recaudos que el uso de agroquímicos requiere. En el caso de los tambos, por ejemplo, la mecanización ha cambiado las actividades diarias casi por completo. Un estudio de Solé (1987) señala que la mecanización ha modificado las tareas pero también ha intensificado el trabajo y la jornada laboral. La mecanización de los tambos implicó un doble ordeñe diario que, al multiplicar la labor, exigió la extensión de la jornada diaria. Esto se corroboró también en otros sectores, tales como el vitivinícola. El trabajo rural es mayoritariamente no registrado. Si bien resulta difícil hacer una estimación sobre la cantidad, se asume que sobre un total de 1.500.000 trabajadores solamente 350.000 se encuentran registrados. Es decir, que casi el 80% de los trabajadores rurales no está registrado. Los gremios responden en gran medida a la diferenciación de tareas que ya hemos señalado. Existen por tanto algunos gremios vinculados con las producciones regionales y un sindicato de cobertura nacional: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el principal gremio en cuanto a representación de los trabajadores rurales (ver sección Entrevista). Otros gremios del sector son la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) -que incluye trabajadores de los ingenios azucareros y también del surco-, la Federación Obrera Santiagueña de la Industria Forestal, el Sindicato Único de Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales, el Sindicato Obrero de la Fruta, etc.

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Informe Sectorial

En la década del noventa se disolvieron diversas entidades de regulación de la actividad agropecuaria: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y tantas otras. La eliminación de estos organismos se realizó a la par de la supresión de muchos de los mecanismos de acuerdos y fijación formal de precios entre los distintos productores del sistema agroalimentario.

Fuentes Aparicio, Susana y Benencia, Roberto (coords.) (2001), Antiguos y nuevos asalariados en el agro argentino, Editorial La Colmena, Buenos Aires. INDEC (2002), Censo Nacional Agropecuario. Teubal, Miguel y Rodríguez, Javier (2002), Agro y Alimentos en la Globalización. Una perspectiva

crítica, Editorial La Colmena, Buenos Aires. Solé, Miguel (1987), “Las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores rurales argentinos. Los ordeñadores.”, en Condiciones y medio ambiente de trabajo en Argentina. Aspectos teóricos y metodológicos, CEIL - Humanitas, Buenos Aires.

Gerónimo Venegas, Secretario General de UATRE.

CENDA: ¿Cuál es su visión sobre las condiciones laborales en el sector rural y sobre el papel de UATRE? GERÓNIMO VENEGAS: Yo estoy en el gremio desde hace trece años y creo que hay un antes y un después. Un antes caracterizado por un gremio apolítico, no representativo, que venía sufriendo intervención tras intervención. Cuando nosotros empezamos a trabajar las cosas comenzaron a cambiar. Somos trabajadores auténticos que logramos hacer una lista de unidad y empezamos de a poco a atacar todos los flancos: había que pagar deudas, sanear institucionalmente el gremio, pagar a los empleados. Después se pudo empezar a trabajar para hacer crecer este elefante blanco que ven hoy, que antes no existía. Estuvimos durante siete años trabajando por una ley para lograr una libreta de trabajo. Fueron siete años de lucha en la Cámara de Diputados y Senadores. Hace dos años fue puesto en ejecución el Registro Nacional de TrabajaPAG.14

dores Rurales y Empleadores (RENATRE). En esa mesa estamos nosotros y las cuatro entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria) y se ha logrado un diálogo fluido. Uno de los objetivos primordiales es registrar a todos los trabajadores rurales y estibadores. Es un proceso que marcha lento porque hay que cambiar una cultura de más de cien años en el sector agropecuario. Pero va bien, tenemos registrados más de 350.000 trabajadores agropecuarios (sobre casi un total de un millón y medio de trabajadores) y algo más de 60.000 empleadores. C: ¿Qué beneficios obtienen los trabajadores al registrarse? GV: En primer lugar, los beneficios de la seguridad social. Además, nosotros tenemos un salario mínimo garantizado de $550, lo que implica que estamos $100 por sobre el salario mínimo, vital y móvil. Por otra parte, logramos las 8 horas de trabajo (48 horas semanales) para algunas actividades que antes eran de sol a sol. Además tenemos una de las mejores obras sociales del país, con sedes en todo el territorio. Es la obra social con más captación de monotributistas, porque realmente estamos dando prestaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros trabajadores no usan la obra social como los trabajadores de la ciudad. Cuando tienen un dolor de muela no van al dentista, directamente se les cae la muela. Para revertir esta situación compramos cuarenta ambulancias equipadas con equipos odontológicos y oftalmológicos para que vayan a donde está el trabajador, al interior, a las escuelitas rurales, a los establecimientos, porque es mejor prevenir que curar. Otra de las cosas que creamos fue el fondo de desempleo. Los trabajadores rurales estábamos excluidos del fondo de desempleo nacional pese a

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Entrevista

Miércoles 22 de Septiembre de 2004. Nos reunimos con Gerónimo Venegas, Secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), uno de los gremios con más afiliados del país. Gerónimo Venegas cuenta con una amplia trayectoria de militancia dentro del Partido Justicialista y el movimiento obrero organizado argentino. Apoyó inicialmente al gobierno de Menem, al que ahora critica. Desde 1996 es Secretario de Interior de la CGT unificada y un activo colaborador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Venegas es, además, presidente de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). A continuación, transcribimos los fragmentos más importantes de la entrevista realizada.

que los empleadores aportaban al fondo. Al implementar la libreta de trabajo logramos que el aporte patronal vaya para el RENATRE. Y ahora creamos nuestro propio fondo de desempleo. También estamos trabajando en otros déficits del sector agropecuario, como la falta de alfabetización. En el campo muchos trabajadores no saben leer ni escribir, porque cuando eran chicos fueron trabajadores infantiles y no asistieron a la escuela. Hoy la libreta de trabajo va a terminar con el trabajo infantil porque el chico no va a tener edad para acceder a la libreta y va a tener que ir a la escuela. Con la libreta de trabajo también se resuelve el problema de los empleados temporales. Un trabajador que vaya a otro lugar tiene que llevar su libreta, que es un documento único, intransferible y se la tiene que presentar al patrón; en caso contrario no puede trabajar. Se termina el trabajo en negro para los trabajadores golondrina, para los trabajadores a destajo. Pero esto no es fácil. No es que se sale hoy y mañana se tiene a todo el mundo registrado. Nuestros trabajadores están campo adentro, no es fácil llegar a todos. C: ¿Cuántos afiliados tiene UATRE? GV: Actualmente contamos con alrededor de 300.000 afiliados. Pero vamos a crecer. Nosotros tenemos piso pero no tenemos techo. Los afiliados son todos trabajadores registrados. No se puede afiliar a los trabajadores en negro, porque el patrón actúa como agente de retención.

jamos para que ganara el peronismo, pero después nos dimos cuenta de que no había ganado el peronismo, sino que había ganado Menem. Y que él venía a gerenciar un modelo que no tenía nada que ver con lo que realmente esperaba el pueblo argentino. La política neoliberal era para entregar el país. Acá se entregó todo: trenes, barcos, aviones. ¿Qué es lo que no entregamos? Eso también es terrorismo. Porque hay dos tipos de terrorismo: el terrorismo más conocido en el mundo y el terrorismo encubierto, que consiste en succionar todo a los países y matarlos de hambre. Desde 1976 a la fecha se vinieron implantando estas políticas neoliberales. C: ¿Cómo afectó la devaluación al sector agropecuario? GV: Creo que Duhalde salvó al campo con la devaluación y después el campo salvó al país. Si Duhalde no hubiera salido de la convertibilidad el país se hubiera quebrado. Hoy tendríamos una bandera yanki flameando acá, porque definitivamente no éramos competitivos. Acá no se podía vender nada porque todo lo que vendíamos nosotros era más caro que lo que entraba de afuera. Inclusive se llevaban nuestra materia prima, la ponían en una latita y venía a la góndola al 60% de lo que nos salía a nosotros enlatarla. Antes venían los poolsY de siembra, arrend ƒ

C: ¿Cuál es la situación del millón de trabajadores no registrados? GV: Viven en condiciones infrahumanas. Hay actividades en que la mayoría, o todos los trabajadores, están en negro. Por ejemplo, en la producción de ajo en San Juan hay 10.000 trabajadores en negro. Yo soy un abanderado del trabajo en blanco. Va a llegar el momento en que el millón y medio de trabajadores tenga la libreta y el que no la tenga no va a poder trabajar. El peor negocio para los productores va a ser tener trabajadores en negro. C: ¿Quiénes son los principales evasores? GV: Los productores chicos evaden muchas veces porque no pueden llegar a la ciudad a hacer sus aportes o porque no tienen un contador que se los haga. Los grandes porque son negreros, lo hacen para mantener el salario más bajo. Al hacerlo generan una competencia desleal con quienes trabajan en regla y hacen todos los aportes. Seguramente el que maneja el precio de mercado es el negrero, que contrata trabajo en negro, compra y vende en negro. Y los que aportan y pagan impuestos no pueden competir con él. C: ¿Cómo evalúa al gobierno de Menem y las políticas de la década del noventa? GV: Esa fue la década infame. Nosotros traba-

El trabajo en Argentina: condiciones y perspectivas | Informe trimestral 03 | Primavera 2004 | CENDA

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y de un sinnúmero de cosas. C: Aunque hay que reconocer que los salarios han caído fuertemente con la devaluación… GV: Sí, han caído, pero se están recuperando. Nosotros sabemos positivamente que hace 30 años que el neoliberalismo está en el país y no lo vamos a cambiar en un año o año y medio. Seríamos ilusos si pensáramos eso. Estos $450 que nosotros aprobamos 6 ., que hubiéramos querido que fueran $730, igual son una mejora. Pero seguimos trabajando, ya sea en el proyecto de bajar el IVA para la canasta familiar o en el aumento de las asignaciones familiares para que los trabajadores tengan otras compensaciones. Si nosotros hubiéramos logrado como salario mínimo los $550 que tienen los trabajadores de UATRE sería imposible para las provincias pagarlo. No se puede cambiar una historia de treinta años en un Consejo del Salario. Este Consejo va a tener cuatro años de vigencia en los que tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores. Esto es lo que dice el Presidente de la Nación cuando se refiere a que la brecha entre ricos y pobres es abismal y que hay que lograr una mayor equidad. Seguramente vamos a llegar porque esto se ve acompañando por un proceso de mejora del país. Ha cambiado un 30%, faltará un 70% del cambio, pero vamos mejorando. C: ¿Cómo evalúa el panorama gremial en el país? GV: El cambio político del país impulsó a todos los gremios. La unidad de la CGT es otro de los pasos muy positivos, no solamente para los trabajadores sino también para el país. C: ¿Cómo es la relación del gremio con los trabajadores?

Al último congreso del gremio vinieron 575 trabajadores y en cuartos oscuros, adelante de veedores del Ministerio de Trabajo pertenecientes a la Alianza, me votaron los 575 trabajadores a mí. Yo tengo cuarto grado de la primaria y el que administra la obra social soy yo. Yo sé cómo hay que administrar los cuatro pesos que entran para llegar de mejor forma a la gente, con equidad. Y eso lo sé yo que me crié en patas, comiendo galletas duras y pasé todas las necesidades que pasan hoy mis trabajadores en el interior. C: ¿Y entonces, por qué los dirigentes gremiales tienen tan mala fama? GV: Será porque hay dirigentes gremiales distintos. No somos todos iguales. Hay algunos que tienen caballos de carrera, gastan guita en otras cosas. Pero allá ellos. Los que te tienen que cambiar son los trabajadores. Si vos estás afanando en un gremio, estás robando, te comprás campos, los trabajadores te tendrían que rajar y denunciarte por corrupto, ¿o no? Esto es difícil que suceda cuando hay una política de corrupción como hubo en los años de Menem, en que todo el mundo tenía un salvavidas. Hoy si se sabe que estás robando en un lado te mandan en cana.

Entrevista

GV: Espectacular. Nosotros tenemos claro que

todos los que estamos cobrando sueldo en UATRE cobramos por los trabajadores que están laburando en el surco. El patrón de todos los que estamos en el gremio son los trabajadores. La obra social son salarios diferidos. Por eso cuando los periodistas dicen que los dirigentes gremiales defienden la caja de los sindicatos me pregunto: ¿cómo no vamos a defender la caja si es el salario de nuestros laburantes? ¿Para qué me eligen a mí, si no?

6 N. de R.: se refiere al acuerdo alcanzado en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (al respecto, véase la sección Panorama general). PAG.16

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