ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO ARMADO REGISTRADO EN NORTE DE SANTANDER∗ (Texto resumen) FUNDACIÓN CULTURA DEMOCRÁTICA - FUNDACIÓN PROGRESAR – CÚCUTA Con el apoyo de CONSEJERÍA EN PROYECTOS

Investigadores: Álvaro Villarraga, Wilfredo Cañizares y Magaly Ramos Elaboración de texto y resumen: Álvaro Villarraga CONTENIDO 1.

ELEMENTOS DE CONTEXTO 1.1

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE NORTE DE SANTANDER

1.2

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2. ANTECEDENTES EN MATERIA DE VIOLACIONES EN DDHH Y DIH. 2.1

DESAPARICIÓNES FORZADAS.

2.2

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA OPOSITORES.

2.3

ATENTADOS CONTRA AMNISTIADOS.

2.4

VIOLACIONES DE LA BRIGADA MÓVIL No.2 Y DEL GRUPO MECANIZADO No.5 MAZA DEL EJÉRCITO.

2.5

EL CASO DE TIRSO VÉLEZ, ALCALDE DE TIBÚ.

2.6

ATAQUES CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES Y DEFENSORES DEL DERECHO.

2.7

LAS LUCHAS REPRESIÓN.

2.8

ATAQUES DE LA FUERZA PÚBLICA VENEZOLANA CONTRA CAMPESINOS EN LA FRONTERA.

2.9

OFENSIVA PARAMILITAR CONTRA LA POBLACIÓN DE EL CATATUMBO.

SOCIALES

INTEFERIDAS

POR

LA

VIOLENCIA

Y

LA

2.10 IMPUNIDAD Y MARGINALES ACTUACIONES DEL ESTADO. 2.11 OFENSIVA PARAMILITAR Y DESTITUCION DE MANDOS DE LA FUERZA PÚBLICA. 2.12

INCURSIÓN PARAMILITAR EN CÚCUTA.

2.13 EL ASESINATO DEL EX ALCALDE PAUSELINO CAMARGO. 2.14 ACTUACIÓNES DE LA INSURGENCIA CONTRARIAS A LAS NORMAS HUMANITARIAS

1

3.

DIAGNOSTICO EN DDHH Y DIH EN SAN JOSE DE CUCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA, I semestre 2001 – I semestre 2003. 3. 1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4.

4.3

5.3 5.4

6.3 6.4 6.5

7.3 7.4 7.5

ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER RESEÑA DE LAS RELACIONES BILATERALES EN TORNO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO O REFUGIO EXTENSIÓN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE RECLUTAMIENTO DE NIÑOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA

ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER RESEÑA DE LAS RELACIONES BILATERALES EN TORNO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO O REFUGIO EXTENSIÓN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE RECLUTAMIENTO DE NIÑOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA

JUSTICIA Y CRISIS HUMANITARIA EN NORTE DE SANTANDER 8.1

9.

ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EL AUGE DE LOS CULTIVOS ILEGALES Y LA DISPUTA DE LOS GRUPOS ARMADOS IRREGULARES LA GRAVEDAD DEL IMPACTO SOCIAL Y LA PERVIVENCIA DEL NARCOTRÁFICO LA POLÍTICA ANTIDROGAS Y LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO

SITUACIÓN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA 7.1 7.2

8

DEL

SITUACIÓN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA 6.1 6.2

7.

PANORAMA GENERAL LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, MANIFESTACIONES CONFLICTO ARMADO EN CÚCUTA GRAVES DAÑOS CAUSADOS A LA POBLACIÓN CIVIL

NARCOTRÁFICO 5.1 5.2

6.

EL

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: VIOLACIÓNES DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DDHH Y DIH 4.1 4.2

5.

HOMICIDIOS MASIVOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE CÚCUTA. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO HOMICIDIOS MASIVOS DE POBLACION VULNERABLE EN CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. PROHIBICIÓN DE DETENCIONES ARBITRARIAS. INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. LA ACTUACION DE LAS GUERRILLAS CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANITARIO

OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA JUSTICIA

POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA 9.1 9.2

FORMULACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA DERECHOS HUMANOS LA POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA

Y

2

ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA, EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO ARMADO REGISTRADO EN NORTE DE SANTANDER1

1. ELEMENTOS DE CONTEXTO 1.1

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE NORTE DE SANTANDER

Norte de Santander está conformado por 40 Municipios, tiene una superficie de 22.637 kilómetros cuadrados, su población se estimó en el año 2002 por el DANE en 1’435.237 personas, de las cuales el 55% habita su capital Cúcuta. El departamento presenta seis subregiones claramente diferenciadas ante todo por su importancia geoestratégica y comercial debido a su condición de frontera, la cual determina las posibilidades de desarrollo. Merece destacarse la subregión oriental que comprende los municipios del área Metropolitana de Cúcuta, que se ha consolidado como una de las ciudades intermedias más importantes del país. Algunas de estas subregiones carecen de vías de comunicación, de desarrollo industrial y de infraestructura, y en la administración pública históricamente pesan la corrupción y el clientelismo. También se registran altos niveles de atraso, de pobreza y de marcadas carencias en materia social, tanto en áreas agraria s como en espacios urbanos. 1.1.1 Importancia geoestratégica. Además una excepcional ubicación geoestratégica el departamento posee importantes reservas naturales, gran biodiversidad, inmensa riqueza forestal con gran variedad maderera y una rica hidrografía con los ríos Tarra, Zulia y Catatumbo, pertenecientes a la vertiente del lago de Maracaibo, así como un terreno mayoritariamente montañoso que colinda con las llanuras de la Costa Atlántica. Cuenta además con la selva de El Catatumbo, de la cual hace parte el Parque Natural Catatumbo-Barí, con una extensión de 158.125 hectáreas y, al sur, con el Parque Natural Tamá, con cerca de 48.000 hectáreas, compartido con la República Bolivariana de Venezuela, y limítrofe con Arauca. También posee yacimientos de petróleo e importantes minas de carbón, cuyas reservas se estiman en 68 millones de toneladas, calificadas como de excelente calidad y cuyas exportaciones anuales son de 800.000 toneladas. 1.1.2 Escaso aprovechamiento de la condición fronteriza. Al departamento le corresponden 421 kilómetros de los 2.219 de la extensa frontera con Venezuela, pero son los de mayor relación comercial e integración. El punto máximo del intercambio comercial fue 1997, con 2.500 millones de dólares, lo cual llevó a catalogar a Cúcuta como el principal puerto terrestre de Suramérica. La Cámara de Comercio de Cúcuta en el 2003 estableció que por la autopista internacional San José de Cúcuta - San Antonio del Táchira, transitó un promedio de 21.000 vehículos diarios, a pesar de la ineficiente interconexión y la limitación por la falta de pasos fronterizos. El 80% del comercio colombo-venezolano y del sub-regional andino, se desplaza por esta frontera terrestre. Ante esta prosperidad, hubo acciones de aprovechamiento económico, pero en 1

Se autoriza la reproducción parcial de documento citando la fuente.

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contraste con Venezuela, los proyectos viales del departamento como la vía Cúcuta – El Escorial – Bucaramanga, la de esta capital a Tibú, Convención y Ocaña y la vía Ocaña – Cúcuta, se paralizaron2 . Es notable la ausencia de políticas estratégicas y de proyectos de desarrollo que puedan derivar en inversión, aunado al inmediatismo, la corrupción y el impacto de la violencia, aspectos que lesionan las posibilidades del desarrollo y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. 1.1.3 Efectos del debilitamiento de la producción petrolera. La disminución de la producción y la pérdida de importancia del sector petrolero en la región, conllevó la disminución de las regalías a los municipios, el desempleo, la pérdida de recursos para el desarrollo y, por consiguiente, el incremento de conflictos sociales. Además, en aras de la protección de las instalaciones petroleras se produce la militarización de ECOPETROL y de las empresas petroleras, lo cual deriva en compromisos directos con dispositivos militares que incluyen compromisos con personal militar de los Estados Unidos, especialmente a partir del Plan Colombia. 1.1.4 Extensión de los cultivos de coca de uso ilegal. Estudios registran entre 8.000 y 12.000 las hectáreas con cultivos de uso ilegal de hoja de coca, articulados a una forma de economía ilegal que resulta determinante en otra serie de actividades económicas. Se calculan en por lo menos 20.000 los cultivadores, jornaleros raspadores de hoja de coca, procesadores de pasta de coca y transportadores, a la vez que se conectan con la extensa red de comerciantes de insumos, proveedores de todo tipo de mercancías y con quienes, de manera directa o indirecta ofrecen distintos servicios. Los narcotraficantes han adquirido propiedades con el interés de lavar dinero en conjunción con actores armados; a la vez la ofensiva paramilitar de los últimos años produjo la expulsión violenta de numerosos campesinos con el consiguiente despojo o la compra a precios irrisorios de sus predios. Los químicos utilizados dejan la tierra estéril por 8 o 10 años, lo cual no permite la sustitución rápida de cultivos. Además, los cultivos se hacen en áreas protegidas y parques naturales, de alta biodiversidad o de importante rol en el mantenimiento de funciones productivas, sobre todo en relación con el ciclo hidrológico. 1. 1.5 Crisis social y deterioro de la calidad de vida. En lo relativo a la crisis social es bien indicativo encontrar que en el 2001 el departamento registró un índice de pobreza del 50.24%3 y la cobertura de la electricidad en el sector rural no alcanzó al 70%, mientras el agua potable llegó al 41.3%, el alcantarillado al 11.1% y el teléfono 0.14%. 4 Igual que otras zonas de colonización reciente y de fronteras permanecen al margen de las políticas de desarrollo 5 . Así, se conjuga el menor desarrollo de municipios de frontera, con índices de calidad de vida e indicadores sociales y económicos en retroceso respecto de otros del interior del país. Las cifras de bienestar y calidad conllevan a la vez en el departamento claras diferenciaciones, pues las estadísticas favorecen a San José de Cúcuta como centro urbano, polo de desarrollo político y económico, que concentra recursos e infraestructura, con contrastes notorios de inequidad social en la misma Cúcuta y 2

Monografía Ilustrada del Norte de Santander, tomo III, Periódico La Opinión, página 474, 2001 Ibid. 4 Plan de Desarrollo de Norte de Santander, 2001-2003. 5 Documento Conpes 3155, Enero 28 de 2002, pág 4. 3

4

con referencia a las provincias y los demás municipios. Norte de Santander, según Planeación Nacional, se encuentra en la categoría 3 en el índice de desarrollo, con una calificación de 55,67 un poco por encima del promedio nacional de desarrollo, que es del 47,75. 1.1.6 Crisis fiscal y vulnerabilidad de los municipios. Al analizar los indicadores de desempeño fiscal por municipios, para los años 2000, 2001 y 2002, publicados por el Departamento Nacional de Planeación, encontramos que, por ejemplo, la magnitud del endeudamiento en promedio se mantiene en el 9%, con presupuestos de gastos e inversión también bajos. Para el 2000 sólo 10 municipios mostraban cierta capacidad de ahorro. En el 2001 subieron levemente a 12 y para el 2002 el número se disparó a 32, con porcentajes de ahorro promedio del 22%, ante exigencias del Gobierno central. En el 2002 sólo Cúcuta se ubicó en los 100 primeros (puesto 92) y Pamplona casi en el último (puesto 996). El resto se encuentra entre el puesto 600 y el 950, bastante lejos de promedios alentadores. No es fácil, por tanto, esperar resultados satisfactorios de las administraciones cuando tales circunstancias se retroalimentan con el despilfarro de recursos, la politiquería y la corrupción. Al lado de la crisis fiscal y administrativa municipal, según el Departamento Nacional de Planeación, para el año 2000 el 53% de la población de Norte de Santander estaba bajo la línea de pobreza y el 20,2% en la indigencia. Los municipios tienen dificultades para captar recursos propios y financiar el gasto social, la inversión y la deuda; problemas de infraestructura, vías, carencia y deficiencias en servicios públicos; problemáticas de conflictos sociales, expresiones de violencia, etc. Es así como el 64% de ellos no alcanza a tener, en promedio, las condiciones mínimas para ser pobres 6 . Por su parte, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 7 ubica al 45% de los municipios en calidad de vulnerables y entre los diez peor ubicados aparece Teorama, en el rango de municipio con grado de vulnerabilidad extremo. 1.1.7 Retroceso productivo y afectación del sector rural. Las provincias cubrían la demanda regional y, ante circunstancias de abundancia y bajos precios, se promovía intercambio con la Costa Atlántica y el interior. Sin embargo, la situación cambió notoriamente. Los cultivos transitorios para el 2000 bajaron en un 21% en comparación con el año de 1999 8 . Han disminuido las hectáreas cultivadas de arroz en el Distrito de Riego del Río Zulia. De 17.500 en 1996 en el 2001 sólo alcanzaron a 11.180. Ligado todo ello a los problemas propios del sector, como la liberación de importaciones y el contrabando, los cultivadores de arroz han sufrido la arremetida violenta de la insurgencia y de las autodefensas, no solamente en el pago obligatorio de cuotas por seguridad, de acuerdo con las hectáreas cultivadas, sino ante las amenazas, los secuestros, el destierro y el asesinato. En el mismo lapso decrecieron otros productos: el fríjol pasó de 5.197 a 2.083 hectáreas cultivadas; el maíz, de 11.096 a 4.052; la papa, de 3.062 a 1.264; el

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SARMIENTO, Alfredo y RAMIREZ Clara. Índice de Condiciones de Vida: Una Propuesta para la Distribución, Misión Social. 1998. 7 El Conflicto, Callejón con Salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Entender para Cambiar las Raíces Locales del Conflicto. Colombia, Bogotá, D.C., 2003. 8 Ibid.

5

cacao, de 14.014 a 11.433 y la caña panelera, de 14.027 a 11.140; productos de gran impacto social tanto en el área rural como en los centros urbanos. 9 Los rendimientos son críticos y disminuye la producción. Además de las causas estructurales se agregan falta de planeación, deficiente asistencia técnica, altos costos de producción y precios demasiado bajos para los productores. Los ingresos no compensan ni estimulan la actividad productiva condicionada con frecuencia a producir para el consumo más que para la comercialización. 10 Esta situación refleja las difíciles condiciones de trabajo y el deterioro social que afecta a los agricultores nortesantandereanos, en un contexto donde se conjugan el modelo económico aperturista que llevó a la crisis al sector agrícola a nivel nacional, las dificultades económicas que sobrevinieron en el país, el negativo efecto económico de la penetración de la coca en relación con los cultivos tradicionales y el impacto de la violencia y se agregan las dificultades recientes de la economía venezolana. 1.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 1.2.1 Deterioro comercial y manufacturero e impacto del narcotráfico. Cúcuta consiguió posicionamiento comercial y, en cierto grado, turístico y manufacturero, pero ha carecido de políticas y de programas de fomento, además los sectores comercial y manufacturero decrecieron en exportaciones hacia Venezuela: en 1998 registraron un poco más de 65 millones de dólares y en 2001 apenas un poco más de 41 millones. Entre sus causas aparece el detrimento de renglones de la economía formal, la liberación de importaciones y el efecto de la violencia. Según el DANE Cúcuta mantiene para el 2002 tasas de desempleo del 17% y de subempleo del 33.7%, aunque existen versiones de que el fenómeno es mayor y podría registrar rangos del 25 y hasta del 30%. En los datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el año 2001 se registran cerca de 10.000 empresas en los sectores del comercio, la manufactura y las finanzas, pero la inversión se focaliza en la intermediación financiera, la cual aumentó entre 1994 y 2001 al orden de 686.520 mil millones 11 . Para nadie es un secreto que las sucursales bancarias de Cúcuta registran grandes movimientos de capital con promedios por encima de otras ciudades capitales, en contraste con la profunda crisis económica y social, de manera que el comercio y la manufactura presentan un notorio detrimento patrimonial con respecto al sector financiero. De fondo se evidencia el impacto del narcotráfico en la economía local y la capacidad de adaptación de quienes manejan sus recursos, lo cual conlleva a concluir que la rentabilidad financiera se nutre del narcotráfico, a la vez relacionado con el tráfico de insumos químicos, armas y contrabando en la frontera. 12 1.2.2 Crisis social, violencia y trasgresión de derechos fundamentales.

9

Indicadores Económicos Cámara de Comercio de Cúcuta, 2002. Documento de la Gobernación de Norte de Santander “Concertación y eficiencia” 2001-2003. 11 Indicadores Económicos 2002, Cámara de Comercio de Cúcuta. 12 Según el senador Hugo Serrano Gómez el contrabando diario de gasolina es de 25.000 barriles, correspondiendo al 20%. 10

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En materia social y con referencia a los derechos sociales, según el informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 13 para el 2003 en la zona metropolitana y en Cúcuta, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) evidencia que el 67,8% de la población tiene al menos una NBI, pero el 40,9% vive en condición de miseria. Estas cifras, comparadas con el nivel nacional de 37% y 14,9%, respectivamente y con el nivel departamental (41,8% y 18,9%) colocan en evidencia el rezago social de la región respecto del ámbito nacional e incluso, en ciertos aspectos, también del departamental. Según cifras de la Red de Solidaridad Social, se registraron en calidad de desplazados forzosos 22.804 personas hasta agosto de 2003, y 2.764 personas tuvieron que dejar la ciudad de manera forzosa en el mismo período. Así mismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Cúcuta reportó 6.360 personas asistidas humanitariamente, el primer semestre de ese año. La Defensoría del Pueblo Regional de Norte de Santander, en un cotejo realizado entre las personas asesinadas y el registro de la Red de Solidaridad Social, encontró que la gran mayoría de las personas desplazadas afirma que la persecución de los grupos armados llega hasta la ciudad. Esta sería una posible explicación frente al alto número de homicidios registrados en las comunas 6, 7 y 8, caracterizadas por ser zonas de invasión a terrenos baldíos, ocupados fundamentalmente por desplazados forzados y campesinos pobres. Para el año 2002 se calculó una tasa de homicidios de 115 muertes por cada 100.000 habitantes 14 , superior a la de cualquier ciudad capital latinoamericana, las cuales en promedio tienen tasas de 30/100.000 habitantes. Se presentan casos masivos de violencia crónica y de permanente violación a los derechos más elementales de los ciudadanos. Las organizaciones armadas de la insurgencia y de las autodefensas mantienen comportamientos de trasgresión de las normas humanitarias. Como lo señala el padre Francisco Bourtinon, párroco de Nuestra Señora de la Natividad, de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta: “se ha venido ejerciendo todo tipo de violencia en contra de las comunidades, la de los grupos armados, la institucional, la social y la intrafamiliar “15 . 2. ANTECEDENTES EN MATERIA DE VIOLACIONES EN DDHH Y DIH. 2.1

DESAPARICIÓNES FORZADAS.

Desde 1987 se registraron en Ocaña desapariciones forzadas, con presunta responsabilidad de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del Estado, asociadas al asesinato de líderes sociales, el ataque a los promotores del Paro Regional del Nororiente, el ataque a otro tipo de personas discriminadas o marginadas y a las amenazas a los familiares que emprendieron acciones de denuncia y búsqueda. Con frecuencia las acciones se presentaron a nombre de “La Mano Negra”, pero en varios casos se evidenció la participación directa de agentes oficiales. 13

Informe de la situación en DDHH y DIH en Norte de Santander, Observatorio, Vicepresidencia de la República, antes citado. 14 Resolución Defensorial Regional No004, Bogotá Agosto 29/03, Defensoría del Pueblo. 15 Entrevista realizada por Wilfredo Cañizares, del equipo de investigación de la Fundación Progresar – Cúcuta, noviembre de 2003.

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Entre las víctimas se encuentran: El 23 de abril de 1987, el estilista Pedro Julio Rivera Granados; el 10 de octubre de 1988, el conductor Moisés Navarro Pacheco; el 14 de marzo de 1989, el conductor Germán Noguera Cano; el 1 de mayo de 1991, el agricultor Yanni Antonio Ortiz Torrado y el 28 de enero de 1996, los campesinos Luis José Guerrero y José Sossa. El 31 de marzo de 1997 fueron amenazados en Ocaña los familiares de personas desaparecidas. Asociados en Asfaddes, se vieron obligados a cerrar la oficina seccional de esta organización.16

En años recientes se registraron nuevos casos de desaparición forzada en mayor número, combinados con secuestros, tomas de rehenes, torturas y homicidios, como parte de la grave problemática humanitaria también en Ocaña pero en otros lugares del departamento, comprometiendo por lo regular de manera abierta a los grupos paramilitares. Un caso diciente fue el del 11 de octubre de 2000 en Ocaña cuando Luis Alberto Guerrero, Miguel Ángel Torrado, Zenith Vera Vergel y Reinaldo Salcedo Gómez fueron secuestrados por paramilitares de las AUC y en el mismo hecho desaparecieron John Jairo Ortega Pérez y John Jesús Botello.17

2.2

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA OPOSITORES.

El 21 de agosto de 1983 el F2 registró la captura en Tibú de Ramón Gilberto Barbosa y Danuil Guerrero quienes fueron desaparecidos, asesinados e incinerados según testimonios por miembros del Ejército. El primero era un reconocido dirigente campesino y el segundo un joven estudiante, ambos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista; sus familiares buscaron esclarecer el caso, pero fueron objeto de nuevos ataques: El 21 de marzo de 1987, en Teorama, el Ejército allanó ilegalmente y produjo destrozos en la finca La Suiza de propiedad de la familia de Ramón Gilberto Barbosa, el 9 de agosto de 1987 en Ocaña, detuvieron a Jesús Evelio Barbosa Zambrano, hermano de la primera víctima, lo desaparecieron y luego el Batallón Santander informó que había sido dado de baja en un enfrentamiento con el Ejército. En el Paro Cívico Regional del 10 de junio de 1987 el dirigente de la Coordinadora Departamental del Frente Popular en Norte de Santander, Héctor Andino, fue víctima de un intento de secuestro y de un atentado a bala. En 1991, luego de varias amenazas al parecer por personas vinculadas con los organismos de seguridad del Estado, el abogado y dirigente del Frente Popular Carlos Meneses, quien había participado como candidato a la Asamblea Departamental, salió de Cúcuta en calidad de refugiado al exterior. El 16 de agosto de 1990 en La Gabarra, Tibú, fue detenido por el Ejército, sin formula de juicio, Joaquín Hernández, miembro de la Unión Patriótica y corregidor de El Sesenta. El 5 de marzo de 1992 la Unión Patriótica denunció ante el Ministro de Gobierno Humberto De La Calle la ausencia de garantías políticas. En particular se refirió en Norte de Santander a las amenazas de muerte contra el candidato a la alcaldía de El Zulia por la UP, Hugo Antonio Parada, quien debió renunciar y desplazarse junto con su familia, luego se creó en ese municipio el movimiento Unidad por el Desarrollo de El Zulia conformado por la UP, el Partido Comunista, el Nuevo Liberalismo, la Unión Cristiana y el Conservatismo Independiente, con respaldo del campesinado, para proclamar la candidatura a la alcaldía del dirigente conservador Edgar Santana, quien también fue amenazado, tuvo que renunciar y desplazarse con su familia. Al realizarse la V Conferencia Regional del Partido Comunista en Norte de Santander, en octubre de 1995, los militares detuvieron a varios delegados y les decomisaron documentos y detuvieron al joven Gabriel Becerra, en un retén del Batallón Héroes de Saraguro, Tibú, el 28 de septiembre de ese año. El 15 de noviembre siguiente, este mismo movimiento político denunció que la dirección del DAS del Norte de Santander en Cúcuta solicitó al Partido Comunista y a la Unión Patriótica suministrar la lista de os integrantes de sus respectivas juntas directivas en el departamento, en un procedimiento inusual y en un contexto de graves violaciones con responsabilidad estatal. En Cúcuta fue detenido durante cuatro años de José Gregorio Ortiz, en razón de su militancia comunista. Así mismo, el 27 de enero de 1996 fue detenido el 16

Asfaddes. Lista de detenidos – desaparecidos, 1979 – 2002, Asfaddes, en Veinte Años de Historia y Lucha, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogotá, 2003. 17 Panorama de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia, Informe de Avance, octubre de 2000 – marzo de 2001, Comisión Colombiana de Juristas, que a la vez retoma otras fuentes y en especial los registros del Banco de Datos de Cinep – Justicia y Paz. Pg. 49.

8

dirigente del Partido Comunista Luis Humberto Rolón, sindicado injustamente de rebelión. El 3 de febrero de 1996 fueron detenidos 30 habitantes del Barrio Antonia Santos, acusados de subversión.18

2.3

ATENTADOS CONTRA AMNISTIADOS.19

El 8 de Marzo de 1991 fueron asesinados en San Cayetano Rosa Rodríguez Velásquez y Elías Guerrero Pabón, amnistiados del EPL. El 2 de junio en Cúcuta, fue asesinado al parecer por la disidencia del mismo EPL Omar Augusto Márquez, amnistiado del EPL, actor, dramaturgo y poeta. El 30 de abril de 1992, fue asesinado en zona rural de Sardinata Andrés Evelino Torres Durán, amnistiado del EPL20 . El 21 de junio de 1992 fue asesinado en San Cayetano Uriel Antonio Toro Villegas quien había sido comandante del Frente Libardo Mora Toro del EPL y se desempeñaba como miembro de la Comisión de Reinserción del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Según varias versiones, los homicidas fueron integrantes de la disidencia del mismo EPL, que se mantuvo en armas, y la acción fue cometida como represalia por suscribir el pacto de paz con el Gobierno.

En 1992 en informe el Defensor del Pueblo registró 5 asesinatos de desmovilizados del EPL: uno en Cúcuta, uno en Convención, uno en Ocaña, uno en Tibú y dos en Puerto Santander y a la vez estableció que se habían producido en el departamento 13 homicidios y una desaparición forzada.21 Las conclusiones relativas a los amnistiados e indultados en el departamento afirman que son casi inexistentes los procesos; que hay temor ante las represalias de los grupos armados y que se nota indiferencia de las autoridades a distinto nivel. Entrega además una serie de recomendaciones sobre el impulso de investigaciones administrativas y penales, el proceso de paz, la protección de minorías y la necesidad de implementar estrategias que comprometan los distintos sectores. En abril de 1993 en el contexto de varias violaciones cometidas por la Brigada Móvil No.2 del Ejército22 en Teorema, se produjo el fusilamiento del concejal Freddy Buitrago, amnistiado del EPL y miembro del Partido Esperanza, Paz y Libertad, la detención de una menor de edad y de un campesino, a quienes posteriormente también torturaron y fusilaron. Las víctimas fueron reportadas como caídas en combate con la UC ELN. De igual manera, Elida Angarita, promotora de salud, fue objeto de tortura y heridas y se le sindicó de ser guerrillera. Los habitantes de la región afirmaron en sus declaraciones que ninguna de las víctimas pertenecía a la guerrilla. El 10 de enero de 1994, fue asesinado en La Playa Wilson Sanjuán Criado, indultado del EPL de lo cual se sindica al grupo paramilitar Los Tunebos, responsable a la vez de varias muertes durante ese año, aunque otras versiones sindicaron a la disidencia del EPL. El 2 de abril de 1995, se presentó con responsabilidad de un grupo paramilitar, en La Esperanza una masacre, precedida de torturas, que arrojó como víctimas fatales a Alcibio Garnica García, Víctor Manuel Garnica García, hermano del anterior, Gabriel de Jesús Salcedo Angarita, director del Programa de Acción Comunal de San Alberto y militante de la AD-M1923 , un N.N. de sexo masculino y de 65 años de edad aproximadamente, Carlos Julio Sánchez López, empleado del acueducto de San Alberto y militante de la AD M 19 y Carmelina Maldonado Ropero, esposa del anterior.

18

Ver informes y reportes de derechos humanos de la Comisión Colombiana de Juristas, del Comité Permanente de Derechos Humanos, de Cinep – Justicia y Paz y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 19 Todos los casos de este aparte están registrados en la Base de Datos de la Fundación Cultura Democrática, la información hace parte del Informe de la Investigación “Los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario en los Procesos de Paz, 1990-2000”, realizada y parcialmente publicada por esta entidad en cooperación con la Dirección General para la Reinserción. Bogotá, 2000. 20 Se logró demostrar que el uniforme militar que portaba en el momento del levantamiento era de una talla mayor y que los agujeros de los disparos en el uniforme no coincidían con los del cuerpo. 21 Informe del Defensor del Pueblo, Jaime Córdoba Triviño, para el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación. Estudio de casos de homicidios de miembros de la Unión Patriótica y de Esperanza, Paz y Libertad, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1992. 22 Difundida por el Comité Departamental de Derechos Humanos de Norte de Santander en Cúcuta el 22 de abril de 1993. 23 En el movimiento político Alianza Democrática M 19 se integraron los amnistiados del M19, del EPL y del PRT. En esta región había presencia del EPL y en San Alberto, Cesar, también del M19, por lo cual resultaron víctimas de las acciones de represión de los grupos paramilitares.

9

El 24 de mayo de 1996, fue asesinado en Cúcuta, el concejal Luis David Flórez Celis, amnistiado y vocero regional de la CRS, quien desarrollaba una labor política muy amplia a favor de la paz, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades de los barrios populares. El hecho según versiones se adjudicó a milicianos del ELN. El 24 de noviembre de 1996, los paramilitares ejecutaron en Cúcuta a ocho personas, cuatro de ellas indultados del EPL, en hechos cometidos en la Ciudadela Juan Atalaya, lugar donde residían todas las víctimas. El 8 de marzo de 1997, se presentó en Cúcuta un atentado contra Iván Libreros, principal vocero político de Esperanza, Paz y Libertad y ex dirigente del EPL, quien fue vocero en la negociación de paz y se desempeñaba como coordinador departamental del Programa para la Reinserción. Los hechos se atribuyen al ELN. El 25 de abril de 1997, fue secuestrado en El Carmen el representante a la Cámara Adolfo Bula Ramírez, dirigente de la CRS y uno de los principales voceros nacionales de este movimiento, el hecho fue responsabilidad de la disidencia del EPL. El 10 de diciembre de 1999, fue amenazado en Cúcuta y salió desplazado de la ciudad y de la región con su familia Luis Emil Sanabria, indultado del EPL quien se desempeñaba como subsecretario para los derechos humanos a instancias de la Comisión Departamental del Paz. Así mismo entre 1999, 2000 y 2001, fueron asesinados, presuntamente por las AUC, José Nemesio Quintero, Misael Flores, María Josefa Rodríguez y Evelio Guerrero, en un confuso operativo, según el informe militar, durante al cobro de una extorsión.

2.4

VIOLACIONES DE LA BRIGADA MÓVIL MECANIZADO No.5 MAZA DEL EJÉRCITO.

No.2

Y

DEL

GRUPO

En agosto de 1990 activistas políticos y dirigentes sociales de Tibú denunciaron que el Ejército exigía a los propietarios de las canoas que los transportaran gratuitamente y los obligaban a tramitar y pagar un carné para poder transitar. Además denunciaron retenciones arbitrarias con maltratos. El 7 de febrero de 1991 Gerardo González, dirigente agrario de la CUT, denunció la existencia de desplazamientos forzados en varias regiones del país, entre ellas El Catatumbo, afirmando que obedecían a la presión arbitraria del Ejército contra la población campesina. El 12 de enero de 1993, en San José del Tarra, corregimiento de Hacarí, llegaron efectivos de la Brigada Móvil N. 2 del Ejército con un listado de líderes comunales y de campesinos, allanaron violentamente las viviendas, atropellaron y produjeron desplazamientos forzados de campesinos, a la vez que impusieron fuertes controles a la movilización e impidieron el suministro de alimentos. En Hacarí fueron detenidas y desaparecidas once personas, presuntamente por individuos vinculados con los organismos de seguridad del Estado. Entre las víctimas estaban los campesinos dedicados a las labores agrícolas Luis Ernesto Ascanio, Ramón Emilio Quintero, Luis Honorio Quintero, Nahun Elías Sánchez, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Antonio Villegas, Luis Alfonso Ascanio, los sindicalistas Gustavo Coronel y Wilson Quintero y otras dos personas de la localidad sin identificar.24 El 18 de febrero de 1993, Carlos Bernal, secretario general del Partido Comunista en Norte de Santander, denunció en el Consejo Departamental de Paz la existencia de atropellos cometidos por parte de la Brigada Móvil N. 2 y por el Grupo Mecanizado Maza N.5 del Ejército Nacional, en los que campesinos los responsabilizaban de sembrar el terror con el pretexto de perseguir a los guerrilleros. Ese mes campesinos de El Catatumbo denunciaron ante el Procurador y el Defensor del Pueblo homicidios y desapariciones de habitantes ajenos a las guerrillas y señalaron que algunos fueron reportados oficialmente como “guerrilleros muertos en combate”. El 22 de noviembre de 1992, en Teorama, un encapuchado disparó contra un grupo de jóvenes que jugaban y departían. Uno de los heridos, que tenía un revolver, reaccionó y dio muerte al asesino quien resultó ser miembro de la Policía y luego llegó la misma Policía y ocasionó una masacre con saldo de siete personas muertas y dos heridas. El municipio fue militarizado y los hechos fueron anunciados por el Ejército como “un intento de toma guerrillera”.

24

Lista de detenidos – desaparecidos, 1979 – 2002, Asfaddes, en Veinte Años de Historia y Lucha, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogotá, 2003.

10

El 25 de marzo de 1993 los campesinos Aureliano Estupiñán y Nely Leal denunciaron que su hija, menor de 15 años, había sido violada el 28 de febrero en la Vereda Playa Cotiza, corregimiento de Filo Gringo, El Tarra, por el soldado profesional Victoriano Botía, en compañía de otro soldado profesional, adscritos ambos a la Brigada Móvil N.2, Cuando la tropa pasó por su finca ingresó violentamente en la vivienda, según se informó, se trataba de un operativo contra el ELN.

Reiterados casos de detenciones y desapariciones, con presunta responsabilidad de agentes estatales, se presentaron en distintas partes del departamento. Entre los casos denunciados se encuentran las siguientes víctimas: el 7 de abril de 1993, el comerciante Reinaldo Amorocho, en La Esperanza; el 22 de noviembre de 1993, el agricultor Crispín Pardo Benítez, en Tibú; el 13 de junio de 1994, el agricultor Luis Alirio Rodríguez, en Teorama; el 30 de junio de 1995, el sindicalista Edie Ramón Perozo Ramírez, en Cúcuta; el 3 de septiembre de 2000, el activista político Carlos Camargo Rojas, en La Gabarra, Tibú.25 En 1993 un coronel envió un oficio al mayor comandante de la Fuerza de Tarea Conquista de Ocaña, en la cual señala a un ciudadano como militante del ELN y lo acusa de actividades subversivas. El afectado, ajeno a esas circunstancias, solicitó protección de la Defensoría del Pueblo en defensa de sus derechos a la vida y a la honra y demandó la actuación de las autoridades competentes. Ante el director regional de la Fiscalía se confirmó la ausencia de investigación en su contra, ni hechos que ameritaran tales imputaciones.26 El 24 de febrero de 1993 el Partido Comunista en Norte de Santander denunció abusos de la Brigada Móvil No.2 en Ocaña; el ataque en San Calixto contra el personero municipal, un dirigente del Partido Comunista y un corresponsal del periódico Voz, por parte de tropas pertenecientes al Batallón Cimarrones No. 18, de la misma Brigada y el fusilamiento, en presencia de sus familiares, de varios militantes del Partido Comunista en la región. El 9 de noviembre de 1993 se realizó en Cúcuta el Foro por la Paz y los Derechos Humanos,27 en el cual se presentaron públicamente acusaciones contra la actuación de la Brigada Móvil No.2 del Ejército. Se denunció que la muerte de los campesinos Jesús Rodríguez, Jorge Carrascal y Manuel León asesinados con responsabilidad estatal, fue presentada por el coronel Eligio Vergara como resultado de un enfrentamiento con guerrilleros del EPL. Se demandó protección estatal ante la persecución desatada contra los directivos y los militantes de la UP y el PC. También se presentaron acusaciones contra un miembro de la SIJIN, Rubén Darío Ceballos, por declaraciones en la que vinculaba sin fundamento a dirigentes políticos, concejales, un alcalde, dirigentes sociales y otras personas, con la guerrilla. Luz Marina Navarro acusó al teniente Cesar Maldonado, comandante de los Grupos Especiales del Grupo Mecanizado Maza, No.5, de asesinar a su esposo Gerardo Liévano, luego de infligirle graves torturas. Y se reiteraron otras denuncias, como el proceso arbitrario contra el alcalde Tirso Vélez y la persecución contra la UP, otros sectores de oposición política y las organizaciones sociales. El 13 de marzo de 1995, un soldado hizo explotar una granada que ocasionó la muerte a dos señores, en un bus de la ruta Ocaña-Cúcuta, que transportaba más de 20 pasajeros. Posteriormente, la entidad de derechos humanos Minga puso la queja en la Defensoría. Se iniciaron los procesos disciplinario y administrativo por mala conducta y el penal por homicidio, asumido por la justicia ordinaria en Sardinata. El 24 de agosto de 1996 una patrulla del Ejército, adscrita al Grupo Mecanizado No. 5 Maza en La Gabarra disparó de manera indiscriminada contra pobladores civiles, ocasionando heridas a Juan Carlos Dova, indígena de la comunidad motilón barí, de 15 años; a Verónica Suescún, de 50 años y a Edgar Pérez, de 18 años. Y el 25 de octubre de 1998 en El Zulia miembros del Batallón Héroes del Saraguro ejecutaron de un disparo de fusil en la cabeza a una mujer en momentos en que se movilizaba en un vehículo. 25

Todos los casos aparecen referidos en los registros de casos de Asfaddes. Lista de detenidos – desaparecidos, 1979 – 2002, Asfaddes, en Veinte Años de Historia y Lucha, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Bogotá, 2003. 26 Tercer informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1996, Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo, Serie Documentos No. 10, Bogotá, 1997, No de radicación Q 9500300, Pg. 152. 27 Convocado por el Gobernador Alvaro Salgar Villamizar, con participación del Defensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño; del viceministro de Gobierno, Jorge García; del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux; del Consejero Presidencial para la Seguridad, Roberto Ibáñez; de la Consejería de Paz con la delegación de Tomás Concha; con el CICR; del Procurador Departamental Nelson Durán; del comandante de la Policía coronel Raúl Suárez, los miembros del Tribunal Superior, la Asamblea Departamental y de los partidos políticos y las organizaciones sociales.

11

2.5

EL CASO DE TIRSO VÉLEZ, ALCALDE DE TIBÚ.

El 29 de abril de 1993 el alcalde Tirso Vélez denunció asedio de las Fuerzas Militares con hechos como la falsificación por el Ejército de mensajes a nombre de las guerrillas para que asistiera a supuestas reuniones, seguimientos, señalamientos a él y a sus funcionarios l de colaborar con la guerrilla, amenazas de muerte y un intento de asesinato en Cúcuta. El 13 de septiembre de 1993 fue detenido, por orden de la Fiscalía en Cúcuta, el alcalde de Tibú, Tirso Vélez; el 14 de abril de 1994, luego de 7 meses en la cárcel, fue dejado en libertad y reintegrado a la Alcaldía de Tibú, al resultar infundados los cargos que se le imputaban.

2.6

ATAQUES CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES Y DEFENSORES DEL DERECHO.

El 16 de junio de 1995, fue asesinado en Cúcuta el abogado defensor de derechos humanos Javier Alberto Barriga Vergel, quien estuvo vinculado al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuyos integrantes venían siendo objeto de amenazas de manera colectiva. El 3 de agosto de 1995, tres miembros de la Asociación Minga fueron detenidos por el Ejército en Aguachica; sus actividades habían sido objeto de seguimiento en la Provincia de Ocaña. Así mismo, en la ciudad de Ocaña se presentaron hechos de persecución contra el Comité de Derechos Humanos de esta ciudad. El 20 de enero de 2000, en Pamplonita, fue asesinado por hombres armados Daniel Jordán Peñaranda, abogado y Notario Primero de Pamplona.28 El 24 de febrero de 2000, Carlos González Quintero, abogado y ex fiscal regional de Ocaña, fue desaparecido por un grupo armado en Aguachica, a donde se había desplazado por el riesgo que sufría en Norte de Santander. El ex funcionario fue secuestrado por el ELN y recobró su libertad cuando su familia pagó el rescate. El 23 de julio de 2000, en Lourdes, Néstor Fernando Garza Cárdenas, personero municipal, fue secuestrado por guerrilleros del EPL y liberado al día siguiente. El 25 de julio de 2000, en Chitagá, Balbina Villamizar, personera municipal, fue amenazada de muerte por los paramilitares. El 7 de agosto de 2000, en San Calixto, Rafael Hernando Navarro Carrasco, personero municipal, recibió amenazas de muerte por parte de las AUC, en represalia por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos presentadas por él. El 26 de abril de 2000, la abogada Norma Benavides Orjuela, fue desaparecida por un grupo armado que la interceptó en el trayecto de Ocaña, Norte de Santander, a González, Cesar. El 25 de agosto de 2000, en El Carmen, Rosalía Contreras de Castro, secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal, fue asesinada, cuando se trasladaba hacia Ocaña. El 29 de agosto de 2000, en Cúcuta tras recibir amenazas, Moisés Sanjuan López, abogado y director ejecutivo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, (Comfonorte) fue asesinado por un grupo armado.

2.7 LAS LUCHAS SOCIALES INTEFERIDAS POR LA VIOLENCIA Y LA REPRESIÓN. 2.7.1 Protesta de campesinos cultivadores y raspachines: En 1996 se manifestó una problemática social referida a la situación del campesinado dedicado a los cultivos de coca y el cuestionamiento a la política oficial implementada al respecto. A la par de las grandes movilizaciones de campesinos provenientes de regiones cocaleras que se expresaron en Guaviare, Putumayo y Caquetá y que sufrieron un tratamiento militar represivo y arbitrario con víctimas fatales, en Tibú marcharon hacia Cúcuta más de 20.000 campesinos provenientes de 57 veredas del corregimiento de La Gabarra y de los municipios de Teorama, El Carmen y Convención. Esta marcha 28

Los casos que a continuación se refieren se encuentran mencionados en un informe de la Comisión Colombiana de Juristas sobre persecución a profesionales del derecho y funcionarios de la justicia, mediante el cotejo de varias fuentes a nivel nacional. Panorama de derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia. Informe de Avance: abril a septiembre de 2000. Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, mayo de 2001.

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campesina sufrió la represión del Ejército el 24 de agosto de ese año en exigencia del cumplimiento de los pactos convenidos con las autoridades seccionales y nacionales y propusieron la realización de un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para El Catatumbo.29 Posteriormente, el 14 de octubre de 1998, una nutrida marcha campesina proveniente de El Catatumbo de nuevo intentó llegar a Cúcuta, pero fue interceptada por la Fuerza Pública en El Zulia. Su propósito era presentar ante las autoridades un pliego de exigencias sobre salud, seguridad, garantías para las organizaciones sociales y la problemática que en la región involucra a los colonos y jornaleros dedicados al cultivo de coca para uso ilegal. Contaron con colaboración directa del Defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caycedo. Llegaron a un acuerdo con las autoridades, suscribieron un acta y retornaron a sus veredas el 24 de noviembre.

2.7.2 Violencia contra las organizaciones sociales y sus dirigentes: Sectores afectados por violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, de manera particular han sido las organizaciones sindicales y sociales como la ANUC, la USO, ANTHOC y ASINORT. Entre los años 1995 y 2000, en Norte de Santander, se registraron, sólo contra los trabajadores del área de la salud, (ANTHOC), 14 amenazas y 14 asesinatos. El 6 de agosto de 1996 fue asesinada Elba Hernández, trabajadora del Instituto de Seguros Sociales, presidenta de Utranorte e integrante de la junta directiva del Sena, quien sobresalió por su compromiso con las actividades a favor de la paz y de los derechos humanos. El crimen sucedió cuando ingresaba a la sede de su organización sindical. Según la versión del homicida, Ramiro Leal Parada, ex mensajero del mismo sindicato, quien se entregó a la Policía, se trató de una represalia por el despido que le produjo la víctima, luego de varios roces ocasionados por diferencias laborales. El 30 de junio de 1999 la Fiscalía Regional ordenó la excarcelación de 14 trabajadores de ECOPETROL, miembros activos de la Unión Sindical Obrera (USO), seccional de Tibú, quienes hacían parte del grupo de 20 trabajadores y contratistas de esa empresa acusados de participar en los atentados de voladura de tramos del oleoducto Caño Limón – Coveñas desde 1986. Tras la respectiva investigación, el fiscal no encontró méritos para procesarlos por los delitos que se les imputaban, es decir, rebelión, concierto para delinquir y terrorismo. Habían sido detenidos en el segundo semestre de 1996 y fueron llamados a juicio en noviembre de 1997. Tiempo después, entre el 20 y el 28 de junio de 1999, el Coordinador de Fiscalías de Norte de Santander, Carlos Éder Bautista, quien produjo la sentencia absolutoria a favor de los trabajadores de ECOPETROL, fue secuestrado por un grupo armado.

2.7.3. El caso del pueblo indígena UWA: De otra parte, el 11 de febrero de 2000 se realizó en Toledo una manifestación de los indígenas del pueblo UWA, contra la empresa petrolera OXI, como parte del movimiento que tuvo un impacto local y regional en los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, e internacional (con importantes expresiones de solidaridad, especialmente en los Estados Unidos) emprendido en defensa de sus tierras y la preservación del ambiente así como en oposición a las exploraciones y explotaciones petroleras, que no pensaban atender a los procesos de participación y de concertación exigidos. La manifestación fue reprimida de forma arbitraria por agentes de la Fuerza Pública, producto de lo cual resultó muerta una niña indígena de seis meses. Con referencia a la población indígena, es necesario mencionar la grave afectación que por motivo del conflicto armado han tenido los indígenas Motilón Barí asentados principalmente Bobalí,

29

La propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo incluía proposiciones en materia de vías, agua potable, electrificación, salud, recreación, cultura, deporte, atención a comunidades indígenas, centros de acopio y comercialización de los productos agrícolas del Catatumbo, región considerada la despensa agrícola de Norte de Santander.

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municipio de Convención, lo que ha ocasionado víctimas y un caso grave de desplazamiento forzado.

2.8

ATAQUES DE LA FUERZA PÚBLICA CAMPESINOS EN LA FRONTERA.

VENEZOLANA

CONTRA

En 1996 se presentaron incursiones de la Guardia Nacional de Venezuela, sobre todo en Tibú, las cuales implicaron, además de la violación de la soberanía nacional, actuaciones arbitrarias contra los campesinos: atropellos, capturas ilegales y detención en territorio venezolano. Se registró, entre otros casos, la detención de un menor que fue llevado a San Cristóbal y respecto del cual se presentaron negativas para devolverlo a su familia. Fue entonces notoria la inconsecuencia de las autoridades colombianas, en lo relativo a la defensa de la soberanía y de los derechos humanos.

2.9

OFENSIVA PARAMILITAR CATATUMBO.

CONTRA

LA

POBLACIÓN

DE

EL

Entre el 23 y el 29 de mayo de 1999 seis camiones con 150 paramilitares incursionaron por la vía Tibú – La Gabarra. El saldo fatal fue de 15 víctimas de un bus de servicio público interceptado y luego una serie de pobladores del lugar muertos que alcanzó la cifra de 27. Como consecuencia de los hechos referidos se produjo un éxodo campesino, en parte hacia Cúcuta. Ante la imposibilidad de transitar con riesgo mortal, otros fueron a territorio venezolano en donde se concentraron 3000 refugiados procedentes de La Gabarra que recibieron atención humanitaria. Fueron visitados por varios ministros y por el Gobernador del Estado de Zulia, pero contrariando el principio de no devolución, pronto fue presionada su repatriación. Durante los días de las masacres el Ejército declaró en los medios de prensa que no eran ciertas las noticias ni las versiones de que ello estaba ocurriendo. Por el contrario, los testimonios de los campesinos de la zona y en particular las víctimas, afirmaron que las tropas oficiales permitieron y en varios casos colaboraron con la incursión paramilitar. El defensor regional, Iván Villamizar Lucciani, denunció en Cúcuta el nivel de violencia inusitada que se desató con la incursión de las AUC contra la población de El Catatumbo. Aclaró que en sólo seis semanas se produjeron 6 masacres con 38 asesinatos de campesinos, numerosos heridos y la llegada de 4000 desplazados a Cúcuta, que fueron albergados provisionalmente en las instalaciones del Coliseo Eustorgio Comenares y en la sede de Caminos Vecinales. En consecuencia con la gravedad de la situación, demandó la inmediata asistencia del Presidente de la República a Cúcuta para tratar con carácter urgente los infortunados sucesos.

2.10 I MPUNIDAD Y MARGINALES ACTUACIONES DEL ESTADO. El 27 de septiembre de 1995, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos informó sobre la sanción de destitución proferida por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, Martha Inés Palacio Jaramillo, contra el mayor Cesar Emilio Camargo Cuchía, el capitán Eduardo Guzmán López y los agentes Roberto Rosero y Henry Sánchez. Los encontró responsables de la muerte violenta de los esposos Oscar Iván Andrade y Faride Herrera y de las heridas causadas a sus hijos menores, en hechos acaecidos en Ocaña el 13 de abril de 1992. Las víctimas fueron atacadas con disparos de fusil y granadas cuando realizaban un paseo familiar durante la semana santa de ese año. Los oficiales informaron que se trató de “un combate con guerrilleros del EPL”, lo cual fue divulgado en tales términos por el Distrito Militar de Ocaña. En consecuencia, el Ministerio Público ordenó la inmediata destitución del personal militar responsable antes referido. Ya habían sido juzgados en dos Consejos Verbales de Guerra y en ambos casos recibieron sentencia absolutoria.

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2.11 OFENSIVA PARAMILITAR Y DESTITUCION DE MANDOS DE LA FUERZA PÚBLICA. A mediados de julio de 1999 dada la gravedad de las violaciones se conformó una Comisión de Verificación integrada por la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Diócesis de Tibú, la cual asistió para constatar y tal situación. En su labor informó que había aumentado el número de personas asesinadas, en por lo menos 80, debido a la arremetida de las ACCU y las AUC en El Catatumbo, en hechos anunciados y dirigidos directamente por Carlos Castaño con el concurso del mando operativo “Camilo”. Constató 8 masacres y la existencia de decenas de heridos, y desaparecidos, así como centenares de desplazados y de refugiados; los campesinos manifestaron que existía complicidad y colaboración de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares. Ante las gestiones de la Comisión de Verificación, el comandante de la Base Militar que se instaló en La Gabarra manifestó: “no tengo la orden de combatir las autodefensas que se encuentran en la zona rural de La Gabarra”. En el área, sin embargo, estaban presentes tropas oficiales adscritas al Grupo Mecanizado Maza No.5, al Batallón de Contraguerrilla Héroes de Saraguro y al Batallón No. 50, Batalla de Palonegro. Con posterioridad, la Defensoría del Pueblo confirmaría que durante 1999 en El Catatumbo, área rural de Tibú, se produjeron 14 masacres, 130 homicidios, 8000 personas desplazadas y 2000 refugiados en Venezuela.30 En relación con los refugiados, se firmó un Pacto de Repatriación Colombo Venezolano. Como lo advertimos, el hermano país, contrariando los términos de los convenios sobre refugiados, no reconoció como tal las características de esta población e irrespetó el principio de no devolución consagrado como norma imperativa. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo constató que durante 1999 en el conjunto del departamento se produjo la escalofriante cifra de 31 masacres asociadas a 198 homicidios, registro sólo superado por Antioquia. Al mismo tiempo, Norte de Santander superó al Valle del Cauca, que tuvo el tercer puesto según el número de víctimas. Por supuesto, los tres departamentos expresan los estragos de una profunda crisis humanitaria, cuyo factor principal es la ofensiva de expansión territorial de los grupos paramilitares.

NORTE DE SANTANDER

CASOS

VÍCTIMAS

Ábrego

1

3

Cúcuta

8

36

El Zulia

3

10

La Playa

1

6

Salazar de las Palmas

1

4

Santiago

1

6

Sardinata

1

3

Tibú

14

127

Villa del Rosario

1

3

31

198

TOTAL Fuente

31

No obstante las denuncias entre el 20 y el 22 de agosto de 2000 las AUC realizaron nuevas masacres contra de la población civil en Tibú, con saldo de 40 muertos entre el casco urbano de La Gabarra, Caño Lapa y Campo 2. En el casco urbano de La Gabarra mataron a más de 30 personas, sin que reaccionara el Batallón 30

Información oficialmente divulgada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, en la Audiencia Defensorial realizada en Cúcuta, 24 de abril de 2003. 31 Luz para la Vida, masacres ocurridas en Colombia 1999. Sistema de Alertas Tempranas. Subsistema de Información. Naciones Unidas, Alto Comisionado para los Refugiados. Defensoría del Pueblo. Bogotá, febrero de 2000. Pg. 29.

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Contraguerrilla No.46 presente en la base militar allí instalada. Este hecho se contrastó con las declaraciones de fuentes militares sobre la realización de operativos en el área en los que no constataron la presencia de irregulares. La entidad de derechos humanos Minga había comunicado con anticipación al brigadier general Alberto Bravo, comandante de la V Brigada del Ejército Nacional, la posibilidad de que este tipo de hecho sucediera, y este expresó que era imposible tal ocurrencia. Sin embargo, la situación resultó de extrema gravedad dado que, precisamente en días previos, el 19 de agosto, se había realizado en Cúcuta un Consejo de Seguridad con asistencia del Presidente de la República, Andrés Pastrana. En él, las autoridades militares y de policía aseguraron que no habría motivo de preocupación, puesto que la región estaba controlada por sus efectivos. En consecuencia, el brigadier general Alberto Bravo, comandante de la V Brigada del Ejército, el coronel Roque Sánchez Holguín, director de la Policía Nacional en Norte de Santander y Aimer Muñoz, director seccional del DAS, fueron trasladados de sus cargos. Posteriormente, el general Bravo fue dado de baja ante la negativa a recibir la notificación de su traslado.

2.12

INCURSIÓN PARAMILITAR EN CÚCUTA.

En 1999 se extendieron a Cúcuta los crímenes de los paramilitares. Circularon listas de amenazados en las que se encontraban destacados dirigentes sociales de la región y se registraron ocho masacres, con especial impacto en los barrios populares de la Ciudadela Juan Atalaya. A continuación reseñamos los sucesos. 32 El 14 de marzo, en el sitio Pico del Chulo, fueron encontrados cinco cadáveres de personas retenidas días antes por un grupo armado no identificado. El 19 de junio, las Autodefensas asesinaron a cinco personas en la ciudadela Juan Atalaya, en un kiosko del paradero principal del barrio, mediante disparos indiscriminados. Pintaron grafitis alusivas a las ACCU. Entre el 27 y el 30 de junio, las AUC mataron a cuatro personas, señalándolas de ser colaboradoras de la guerrilla, lo que configuró una circunstancia de masacre dispersa. El 30 de junio, también las AUC asesinaron a cinco personas en el barrio Doña Ceci, ciudadela Juan Atalaya, a la vez que intimidaron a otras 10 personas que, junto con las víctimas fatales, soportaron el ataque dirigido de manera indiscriminada contra el grupo. El 10 de julio, seis personas fueron asesinadas mediante masacre dispersa otra vez por las AUC; tres en el parque del corregimiento Agua Clara, una en la vereda de Puerto Lleras, otra en La Floresta y la última en Puerto Nuevo. El 6 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas por 60 paramilitares de las AUC en el barrio Belisario. Estos procedieron con lista en mano. Atemorizaron a la comunidad con disparos indiscriminados, pintaron consignas contra la guerrilla y lanzaron una granada contra una vivienda, la cual ocasionó heridas a un menor. En las calles ejecutaron a dos jóvenes y luego, lista en mano, asesinaron al propietario de un sitio de billares y una cancha de tejo, así como a otra persona. Entre el 10 y el 15 de agosto se produjo, al parecer por parte de las AUC, el asesinato de 3 personas, estigmatizadas supuestamente por haber sido auxiliadores de la guerrilla. El 3 de noviembre, hombres armados no identificados asesinaron a cuatro personas.

2.13 EL ASESINATO DEL EX ALCALDE PAUSELINO CAMARGO. El 2 de febrero de 2000, en un céntrico lugar de Cúcuta fue muerto por sicarios que se movilizaban en una moto, el ex sacerdote y ex alcalde popular Pauselino Camargo. Había ejercido la alcaldía de esta ciudad entre 1995 y 1997, a partir de una candidatura independiente que consiguió derrotar a los candidatos de los partidos tradicionales y que recibió un amplio respaldo de sectores populares e independientes. Había recibido amenazas de los paramilitares.

32

La principal fuente además de información de prensa fue el texto Luz para la Vida, masacres ocurridas en Colombia, 1999, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Subsistema de Información, Bogotá, 2000, Pgs. 117-124.

16

2.14

ACTUACIÓNES DE LA INSURGENCIA CONTRARIAS A LAS NORMAS HUMANITARIAS

Desde el comienzo de la presencia guerrillera en la región su actuación, además del adelanto de acciones de guerra, especialmente en lo relativo a los ataques contra la fuerza pública, se caracterizó por la realización de acciones contrarias a las normas humanitarias. Entre ellas, los ataques contra civiles, los llamados “ajusticiamientos”, los ataques a bienes civiles; la toma de rehenes, los secuestros y los atentados contra la producción petrolera cuyas instalaciones contienen fuerzas peligrosas, como también ol s homicidios fuera de combate de personal de la Fuerza Pública y de organismos de seguridad del Estado. 2.14.1 Homicidios fuera de combate: Según el DAS Freddy Zamora Sánchez fue retenido y asesinado por militantes de la CGSB el 7 de marzo de 1992 cuando viajaba en un bus intermunicipal en Norte de Santander. Según los informes de prensa, la guerrilla impidió que las autoridades tuviesen acceso al cadáver durante tres días. La autopsia demostró que había sido atado y apuñalado antes de ser asesinado con disparos.33 El Frente Juan Fernando Porras del ELN, en un retén que estableció entre Salazar y Cúcuta, asesinó fuera de combate a un agente auxiliar de la Policía y a un cabo segundo del Ejército. Ambos viajaban en buses intermunicipales. El 24 de enero de 1996 en Salazar dos agentes, un auxiliar de la Policía Nacional y un cabo segundo del Ejército fueron asesinados en la vía que conduce a Cúcuta, por guerrilleros del Frente Fernando Porras del ELN.34 El 9 de abril de 2000 en Toledo fue asesinada la enfermera Gloria Sandra Cote Villamizar por miembros del ELN, hecho relacionado con la participación de la víctima en la jornada cívico militar organizada por el Batallón García Rovira del Ejército Nacional el 19 de marzo. El 28 de octubre de 2000 en Teorama José Aquiles Rodríguez, periodista y administrador público, fue asesinado por guerrilleros del EPL luego de ser secuestrado el 21 de agosto de 2000, cuando el grupo guerrillero anunció que lo sometería a un ‘juicio revolucionario’, fue alcalde del municipio de San Calixto en el período 1990 – 1992, senador de la República en 1997 y alcalde y secretario del municipio de Ocaña en el período 1998 – 2000.35

2.14.2 Tomas de rehenes y secuestros: En 1996 se registraron en Norte de Santander 34 secuestros atribuidos a la guerrilla y 29 de actor no identificado, para un total de 63. 36 “En algunas oportunidades los secuestros terminan con la muerte del secuestrado. Pedro Nolasco y Ramiro Muñoz Orrego, por ejemplo, fueron hallados muertos el 29 de diciembre de 1992, después de haber permanecido cinco meses secuestrados en Toledo, Norte de Santander”37 . El 4 de abril de 2000, en Ocaña, fue secuestrada Zuleima Torrado, por el Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL. La víctima era esposa de un comerciante que fue liberado bajo la modalidad de canje de un secuestrado por otro familiar.38 El 6 de agosto de 2000, en Ocaña, fue interceptado un vehículo de servicio público y secuestradas por el ELN la educadora Nubia Teresa Villegas y su hija Rosa Mercedes Romero Villegas, una menor de 8 años. Fueron liberadas el 14 de septiembre en Río de Oro, Cesar. 33

Americas Watch, Estado de guerra: violencia política y contrainsurgencia en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo 1994. p 137 34 Colombia, derechos humanos y derecho internacional humanitario: 1996. Comisión Colombiana de Juristas, serie informes anuales, Bogotá, 1997. p 75-76. 35 Panorama de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia, Informe de Avance, octubre de 2000 – marzo de 2001, Comisión Colombiana de Juristas, que a la vez retoma otras fuentes y en especial los registros del Banco de Datos de Cinep – Justicia y Paz. Pg.27. 36 Comisión Colombiana de Juristas, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario, 1996, Serie Informes Anuales, Bogotá, 1997, Cuadro 15, Pg. 43 37 Ibid. p 144 38 Este caso y los posteriores aparecen registrados en el Banco de Datos de Cinep y Justicia y Paz.

17

“El 28 de noviembre de 2000, en Tibú (Norte de Santander), Karen Pomba y Liliana Armenta Solosana, esposa e hija de un agente de la Policía, fueron secuestradas por guerrilleros del Frente 33 de las FARC. Las víctimas fueron liberadas el 3 de diciembre de 2000, portando un mensaje de los guerrilleros en el que amenazaban a las familias de los agentes que se encuentran en la zona del Catatumbo”.39

2.14.3 Toma de rehenes y no prestación de la atención médica requerida a los capturados: El 26 de enero de 2000, insurgentes del ELN retuvieron a un médico del Centro de Salud de San Pablo y a un sacerdote, en el municipio de Teorama. Los llevaron a determinado lugar en el campo, en donde el Frente Armando Cacua Guerrero les entregó el cadáver de un suboficial que habían capturado en un combate el 14 de septiembre de 1998. Según información del Ministerio de Defensa, a pesar de la insistencia de los familiares de la víctima a través de entes humanitarios, no se consiguió en su momento la debida atención médica. “Ante la negativa de asistencia médica por parte del ELN, a pesar de la solicitud de familiares y organismos humanitarios, este grupo ilegal desconoció su deber ineludible de asistencia a las personas que tenían detenidas, con lo cual se infringió flagrantemente el DIH. Con el agravante de que en este caso, esta falta de atención médica culminó con la muerte del suboficial”.40

2.14.4 Ataque a bienes civiles: “La ganadería, antigua fuente de ingresos de la región, casi ha desaparecido, afectada por la extorsión y el boleteo de la guerrilla, lo cual ha llevado a la migración de los grandes propietarios y al aumento de ofertas de ventas de tierra al INCORA.”41

2.14.5 Ataque a instalaci ones que contienen fuerzas peligrosas: Entre 1986 y 1996 se produjeron 432 atentados contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas42 , siendo los más altos 1988 (50) y 1991 (60). En 1998 se registró un notable aumento de los atentados. Sucedieron 196, siendo Norte de Santander el departamento más afectado. Los directivos de ECOPETROL reconocen en sus informes que el sector petrolero está relacionado con el conflicto armado, tanto como “financiador forzoso” del Estado como en calidad de víctima ante los reiterados ataques de la insurgencia.

El mayor número de atentados ha sido cometido por el ELN; un porcentaje menor corresponde a las FARC. La mayoría del tiempo los ataques son principalmente en Norte de Santander, aunque en algunos casos lo supera Arauca. Tamb ién tienen registros importantes Santander y Antioquia. El impacto en el río Catatumbo es de carácter binacional y ha obligado al país a reconocer una indemnización a Venezuela. En reiteradas ocasiones, sectores sociales y de opinión han demandado del ELN y de las guerrillas en general el cese de este tipo de atentados, poniendo de presente el carácter de ataque a bienes civiles que ocasiona el tipo de efectos indiscriminados comentados. 2.14.6 Ataque con armas de efectos indiscriminados FARC: “El 8 de diciembre de 2000, en Tibú (Norte de Santander), murieron Luis Eduardo Acero Torres y Javier Gómez Celis, militares del Batallón Comuneros 36 del Ejército, al activar un campo minado instalado por guerrilleros de las FARC. Resultaron heridos tres militares más”. 43 39

Ibid. Pg. 50 Informe anual Derechos Humanos y DIH 2000. República de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Bogotá, enero de 2001. Pg. 131. 41 Pacificar la Paz. Lo que no se ha negociado en los Acuerdos de paz. Comisión de la Superación de la violencia. Alejandro Reyes Posada (Director). Bogotá, marzo de 1992. Pg. 57. 42 ECOPETROL. Reportes de la Dirección Corporativa de Seguridad y de la Gerencia del Oleoducto, Bogotá, 1996. 43 Ibid. Pg.56 40

18

“El 16 de diciembre de 2000, en Arboledas (Norte de Santander), murió Jorge Ortiz Rojas, soldado del Batallón Contraguerrilla El Guanes, al pisar una mina antipersonal instalada por guerrilleros de las FARC”. 44

3.

DIAGNOSTICO EN DDHH Y DIH EN SAN JOSE DE CUCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA, I semestre 2001 – I semestre 2003. 3. 1 HOMICIDIOS MASIVOS SUCEDIDOS EN LA CIUDAD DE CÚCUTA. TASA DE HOMICIDIOS (POR 100.000 Hbtes) EN CIUDADES COLOMBIANAS 268

Ne iva

Bo go tá DC

Pa sto

Iba gu é

M art a

Sa nta

Vil av ice nc io

Qu bd ó

99 89 84 84 80 74 72 68 58 53 51 45 41 38 28 18

Rio ac ha

Po pa yá n

Pe rei ra

130128125125 107 118

Be llo

159 155

Ap ar tad ó Ri on eg ro

Ba rbo sa

214 186185

Fuente: Instituto de Medicina Legal, 2001.

En los últimos años la tasa de homicidios por cien mil habitantes en Cúcuta, figuraba como una de las más elevadas entre las ciudades de Colombia con poblaciones similares, con una tasa de 128 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2001, superada sólo por algunas ciudades intermedias de Antioquia, Santander y de los Llanos Orientales, cuyos espacios son reconocidos entre los más violentos y afectados por el conflicto armado en el ámbito nacional. A la vez, otras ciudades con poblaciones muy superiores a Cúcuta presentan unas tasas sustancialmente inferiores como son dicientes los casos de Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá,D.C. TASAS DE HOMICIDIO POR 100.000 HBTES EN CIUDADES DE LAS AMERICAS

62

56

38

28

28

27

24

20

9

5

2

Bu Miam en i os Air s Sa nti ag o

70

Cu riti va

95

L C. de ima M é Po xico rto Ale gre

118

Ri od Ca eJ li an eir o Ca rac as W as hin gto n Sa oP au lo Br as ilia Bo go tá

158 158 150

M ed ell ín Re cif e Cú Sa cu n Sa ta lva do r

185

Fuente: Observatorio de violencia, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002 /Medicina Legal.

En el ámbito internacional y atendiendo el incremento de las cifras en el año 2002, Cúcuta aparece como la tercera ciudad con mayor tasa de homicidios superada sólo por Medellín e 44

Ibid. Pg. 57.

19

igualada a Recife y estando por encima de ciudades capitales que la superan ampliamente en población, aunque ninguno de esos países atraviesa por una situación de violencia generalizada, en la cual converge una multiplicidad de factores capaces de propiciar tasas de homicidio sin par en el contexto internacional, como sucede en Colombia. Llama la atención que precisamente las ciudades colombianas con mayores tasas de homicidio se entreveren con otras de Brasil y con la capital de El Salvador, países donde en el primer caso existe un complejo problema de violencia social urbana con fuertes ingredientes del narcotráfico y el entorno delincuencial y en el segundo una secuela de posguerra que significó la prolongación de un alto nivel delincuencial. Cúcuta frente a otras ciudades de Norte de Santander con problemática urbana TIPO DE MUERTE PRIMER SEMESTRE 2002 600 400 200 0

Fuente: Medicina Legal HOMICIDIOS

SUICIDIOS

Fuente: Instituto de Medicina Legal 2002 PAMPLONA CUCUTA

ACCIDENTE TRANSITO OCAÑA

Los comparativos de problemáticas urbanas entre ciudades son en extremo contrastantes, Ocaña y Pamplona presentaron unas cifras sustancialmente bajas con respecto a Cúcuta, no obstante contar con factores de riesgo y vulnerabilidades similares (actores armados ilegales 45 , población desplazada, barrios marginales), aunque a la vez Ocaña registra niveles significativamente superiores a Pamplona. Comparativo Cúcuta: muertes violentas por año (2000-2003/primer semestre)46 . MUERTES VIOLENTAS DISCRIMINADAS EN EL AREA METROPOLITANA Semestre 1 DE CUCUTA de 2000 375 Homicidios 73 Otros

363 Homicidios 73 otros

Semestre 1 de 2001 Semestre 1 de 2002

648 Homicidios 111 Otros

385 Homicidios 114 Otros

Semestre 1 de 2003

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal

En la categoría de homicidios, se observa que la cúspide de hechos violentos se reportó en el primer semestre de 2002, con un incremento del 57,44 % respecto del año 2000. 45 46

Por ejemplo en Ocaña tienen presencia las Autodefensas Unidas del Sur del Cesar desde el año de 1.994. Fuente: Base de Datos de seguimiento a la violencia regional, Fundación Progresar-Cúcuta, 2003.

20

En su orden se registraron porcentajes significativos en los años 2001, 2003 y 2000 respectivamente. Ahora, al considerar propiamente el municipio de Cúcuta y en particular el impacto en sus comunas, sin considerar el conjunto del área metropolitana, se produjeron en el año 2000 759 homicidios. En 2001 hubo un leve descenso a 721; en el 2002 un notorio aumento hasta 1076 y en el 2003 descendió a 640. Por tanto, es clara la permanencia de un considerable volumen de homicidios, con porcentajes altos de los cometidos armas de fuego. Sobresale el marcado incremento en el año 2002, único que supera la cifra de los mil homicidios sólo en Cúcuta. El descenso en el año 2003 si bien denota un volumen menor de homicidios, no puede aún considerarse como un índice de superación de márgenes tan altos de violencia urbana. Cuadro de homicidios por comunas entre enero y junio de 2002: 47 COMUNA HOMICIDIOS 1

46

2

16

3

18

4

15

5

13

6

148

7

62

8

95

9

58

10

28

Sin datos

67

TOTAL

566

A finales de agosto de 2002 el Instituto de Medicina Legal en Norte de Santander declaró que no daba abasto en su trabajo, puesto que se presentaba hacinamiento en la morgue de Cúcuta y el personal médico resultaba insuficiente para realizar las necropsias. Se habían registrado para ese momento 1124 48 , lo cual superaba en un 25% las cifras ya bastante altas de 2001.

47

Informe del Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Cúcuta, enero a junio de 2002. Informe de Medicina Legal de Norte de Santander, Cúcuta, Gonzalo Vega Cárdenas, médico patólogo director, Cúcuta, 29 de agosto de 2002. 48

21

En año más afectado, el 2002, se presentaron en Cúcuta 1076 homicidios, en Los Patios 111 y en Villa del Rosario 92, para un total de 1236 homicidios en el área metropolitana. Las comunas más afectadas fueron la 6 con 266 y la 8 con 124 49 . En abril de 2003, en un nuevo informe del Instituto de Medicina Legal, se reportó el descenso de las muertes violentas en Cúcuta y en el área metropolitana, hasta del 24%, si se comparaban los primeros trimestres de 2002 y de 2003. Sin embargo, como advertimos, siguió siendo muy alto el número de casos y se presentó la mayor afectación de nuevo en la Comuna 6. Las causas del descenso se atribuyeron a los operativos especiales de la Policía en el área metropolitana y al aumento del pie de fuerza. Aunque no aparecían resultados de la unidad especializada para derechos humanos de la Fiscalía. En julio de 2003 también el Instituto de Medicina Legal reportó un nuevo descenso en los crímenes, considerando ahora el primer semestre de ese año. De acuerdo con sus estadísticas, mientras en el primer semestre de 2002 hubo 558 homicidios, en el primer semestre de 2003 se registraron 381, lo cual significó un descenso equivalente al 31.72%. En la discriminación por comunas la 6 siguió siendo la más afectada, con 98 homicidios, número inferior a los 149 del año anterior. Por su parte la comuna 8 pasó de 95 a 59 homicidios. A propósito de la persistencia de la problemática en términos de la violación del derecho fundamental a la vida, el director de la Seccional de Norte de Santander del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Gonzalo Vega Cárdenas, propuso a las autoridades un plan de desarme de la población civil para contener la oleada de homicidios en Cúcuta y en el área metropolitana. Cuadro de homicidios por comunas entre enero y junio de 200350 COMUNA HOMICIDIOS

49 50

1

48

2

10

3

21

4

16

5

18

6

98

7

25

8

59

9

51

10

15

Sin datos

20

Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Cúcuta, reporte sobre homicidios en el 2002, enero de 2003. Instituto de Medicina Legal, Norte de Santander, Cúcuta, reporte de homicidios enero a junio de 2003.

22

TOTAL

381

Elementos que sobresalen en los homicidios masivos en Cúcuta durante los últimos años tienen que ver con el predominio absoluto de las armas de fuego, el alto porcentaje de los cometidos en la vía pública, el también alto porcentaje en horas diurnas, con distintos rangos de edades de las víctimas pero con predominio de los jóvenes y adultos hasta los 34 años y la ausencia gran ineficacia de la actuación del Estado. 51 En el año 2000, de los 759 homicidios ocurridos en Cúcuta, el 76.5% tuvo lugar en vía pública; los asesinos utilizaron como mecanismo de ataque en el 95% de los casos el arma de fuego, y en el 90% las autoridades no tuvieron información de los hechos, incluida lo relativo a la presunta responsabilidad. En el año 2001 la situación tendió a agravarse. A pesar de disminuir levemente el número de víctimas en Cúcuta, según datos del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Norte de Santander tuvo el período de mayor intensidad, a la vez que resultaron elevados los contactos entre la Fuerza Pública y las guerrillas, numerosas sus acciones e incrementadas otras acciones ilegales como la piratería. Ese año ocurrieron 640 homicidios en Cúcuta, el 57% en la vía pública; se utilizó arma de fuego en el 85,3% y no se tenía información en el 85,3%. En el año 2002 las tendencias de violencia se elevaron a porcentajes alarmantes. Ocurrieron 1.079 homicidios en Cúcuta, de los cuales el 78% tuvo lugar en la vía pública; en el 95% se utilizó arma de fuego y en el 88% no se tenía ninguna información respecto de los agresores. En el año 2003, de 721 homicidios ocurridos en Cúcuta, en el 92,5% de los hechos se utilizó el arma de fuego; el 53% fue entre las 6 am y las 6 pm y en el 63% de los casos el rango de edad oscilo entre 5 y 34 años de edad. El anterior escenario muestra que los grupos armados autores de estos crímenes aprovecharon un gran margen de impunidad, la cual empezó en el momento de la asistencia de funcionarios judiciales a la escena del crimen, pues en la mayoría de los casos no se contó en la necesaria información. Impresiona constatar que fueron las empresas privadas de servicios funerarios las recogieron los cadáveres. No se trató de situaciones excepcionales sino que las irregularidades en estos procedimientos se presentaron aún en los realizados en la vía pública, y en horas diurnas y en contraste con la movilización logística, las comunicaciones y la actuación abierta de los grupos homicidas. Además, dado el grado de intimidación que se ha impuso sobre los habitantes, en los barrios altamente afectados, como aparece en los reportes de prensa, “los vecinos manifestaron no haber visto nada”, “entre los habitantes reinó la ley del silencio”, aunque se alcanzó a saber que por lo regular los homicidas eran jóvenes con vestimenta ligera o sudadera. Algunos con aspecto de menores que con tranquilidad pasmosa llegaban y se retiran, a pesar de que “los uniformados posteriormente se movilizaron en la búsqueda de los asesinos, pero no dieron con su paradero”. 51

Los porcentajes que a continuación se anotan fueron procesados por la Fundación Progresar, seccional Cúcuta, con apoyo básicamente en los informes periódicos del Instituto de Medicina Legal y con un nivel de seguimiento de la problemática presentada durante los últimos años.

23

Cuadro de homicidios por comunas 2000-2003 COMUNAS 2000 2001

2002

2003

1

75

70

105

86

2

39

18

28

14

3

21

28

36

30

4

16

30

41

42

5

18

34

42

27

6

98

108

267

169

7

25

61

101

86

8

59

108

178

119

9

51

87

175

90

10

15

51

54

35

rural

20

4

-

-

Sin datos

101

17

102

35

otros

-

24

-

-

TOTALES

759

640

1079

721

Fuente: boletines Medicina Legal

3.2

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

3.2.1 Violación del derecho a la vida. Revisamos todos los casos y se seleccionaron los correspondientes a las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario registradas en el municipio de San José de Cúcuta, en el período definido entre el primer semestre de 2001 y el primer semestre de 2003, es decir durante cinco semestres consecutivos, con los siguientes resultados.

24

VIOLACIONES FRECUENTES I semestre 2001 - I semestre 2003 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Homicidio Heridos Desaparecido Amenaza Torturas

1 semestre 2001

2 semestre 2001

1 semestre 2002

2 semestre 2002

1 semestre 2003

VIOLACIONES FRECUENTES A LOS DERECHOS HUMANOS I semestre 2001 - I semestre 2003 1% 1% 1% 17% Homicidio Heridos Desaparecido Amenaza Torturas 80%

25

Violaciones frecuentes a los derechos humanos

Semestre

Homicidio

Heridos

1 semestre 2001

157

46

2 semestre 2001

89

19

1 semestre 2002

114

19

2 semestre 2002

90

19

1 semestre 2003 TOTALES

94 544

5 108

Fuente: Banco de Datos de derechos humanos y violencia política. Cinep y Justicia y Paz .

Como puede apreciarse, la frecuencia de las violaciones a los derechos humanos muestra el mayor impacto durante el primer semestre de 2001, con 157 registros, a partir básicamente de la fase de llegada e incursión violenta inicial de las AUC en la ciudad de Cúcuta, resultado del proceso escalonado de ofensiva y posicionamiento estratégico con alto saldo de violaciones iniciado en Tibú en 1990 y que durante los dos años siguientes se extendió a otros municipios del departamento, con especial impacto en la ciudad de Cúcuta en el año 2001. El segundo semestre de 2001 muestra una segunda fase de continuidad en los ataques o violaciones pero manteniendo un volumen grave de comisión de homicidios asociados a violaciones, pero marcando un descenso apreciable a 89 registros. A la vez, en el primer semestre de 2002 se encuentra un incremento muy apreciable de violaciones que conjuga la continuación de los homicidios y de otro tipo de violaciones a los derechos humanos cometidas en la ciudad, en gran medida como continuidad de la ofensiva de posicionamiento y castigo a sectores de la población por parte de las AUC, pero conjugada a la vez con la extensión de estos hechos hacia los sectores delincuenc iales, indigentes y otros asociados a su concepción de “limpieza social”. El segundo semestre de 2002 de nuevo se presenta un descenso en los registros, a 89 que coinciden con el segundo semestre del año anterior, con base principalmente en dos circunstancias, las distintas reacciones suscitadas ante la ofensiva criminal y el inicio de mayores acciones de control por parte de la Fuerza Pública en correspondencia a la reformulación de la política de seguridad con el nuevo Gobierno nacional de Álvaro Uribe Vélez. Y durante el segundo semestre de 2003 encontramos un incremento no muy notorio, pero que denota que si bien en cierto grado se contrarrestó y cesó la expresión más alta del fenómeno violatorio a los derechos humanos que tuvo su pico más alto a inicios de 2002, continúa persistiendo una situación grave, ahora con 94 registros. Otras violaciones como los heridos, en contraste, muestran registro no desestimables por supuesto puesto que son ingredientes importantes de la grave afectación general, pero comparativamente bajos respecto al volumen de homicidios, además la mayoría de los casos de heridos resultan ser un subproducto de los homicidios cometidos y afectan a 26

personas que acompañaban a las víctimas fatales. Más aún, progresivamente el componente de los heridos respecto a los homicidios por semestre tiende a disminuir; así, durante el primer semestre de 2001 constituyen el 33.75%, el primer semestre de 2002 el 15.83% y el primer semestre de 2003 el 5.32%. Sobre los casos de desapariciones según los reportes del CTI propiamente como violaciones a los derechos humanos se presentan registros bajos, 10 durante el período estudiado, pero sin desconocer que pueda darse subregistro notorio. Con relación a las amenazas es evidente que hay subregistro puesto que por lo regular no se destaca este tipo de violación puesto que en la problemática real con frecuencia se asocian las distintas formas de amenazas directas e indirectas, pero el centro de la atención se centra más en las otras violaciones que se desencadenan asociadas a ellas como son los homicidios, heridas, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otras. Adicionalmente, es preciso considerar que al establecer la comparación entre los altos márgenes de homicidios sucedidos y la porción de violaciones a los derechos humanos especificadas resulta que una porción menor pero sin duda significativa de los homicidios que a la vez son considerados como violación a los derechos humanos. Así, encontramos que para el primer semestre de 2002, como fue indicado de especial gravedad, se encuentra que de 556 homicidios en Cúcuta 120 constituyen violaciones a los derechos humanos, es decir el 21.58%; a la vez que en el último semestre estudiado que proporciona el dato más actual, es decir el primer semestre de 2003, de los 381 homicidios cometidos el 89 se caracterizan también como violaciones, constituyendo el 23.35%. Sin embargo, es preciso advertir que existe un porcentaje alto e incluso mayoritario de autores no identificado, por lo cual de hecho estos porcentajes son indicativos, puesto que el volumen real es mayor, a pesar de que también coexista un margen de expresión homicida delincuencial que no necesariamente involucra a actores estatales ni a grupos irregulares en contienda militar sino a típicos elementos de violencia social o delincuencial común.

3.3

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Homicidios en personas protegidas: La escenificación urbana del conflicto operó y se reprodujo bajo lógicas propias de los espacios urbanos, en este caso los barrios periféricos y semi-periféricos de Cúcuta donde opera el control territorial de las AUC y del frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, y que, ante la no ocurrencia en general de enfrentamientos directos entre los grupos, se desplegó entonces una red de sicarios donde la víctima era ubicada y asesinada, producto de lo que se supone eran labores de rastreo e inteligencia sistemáticos; la guerrilla adicionó a este accionar los actos terroristas con artefactos explosivos a blancos definidos.

27

INFRACCIONES FRECUENTES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO I semestre 2001 - I semestre Homicidio 2003 3% 4%

Herido en persona protegida

6%

Tortura

7%

Amenazas colectivas

4%

Ataques bienes civiles

5%

Armas de efectos indiscrimandos

52%

Ataque a estructuras que contienen fuerzas peligrosas Detenciones arbitrarias

19%

Violaciones a los DD.HH e infracciones al D.I.H y presuntos responsables PRESUNTO RESPONSABLE

INPEC Fuerza Pública Paramilitares Grupos de "limpieza social" FARC EP ELN Guerrilla N.I TOTAL

INFRACCIO NES

VIOLACIONES

Homicidi o 7 2 67 121

347 544

Herid Homicidi o os 2 3 12 51

Ataque a Herido instalaciones Uso de en que Ataque armas con persona efectos contienen a protegid bienes indiscrimin sustancias a civiles ados peligrosas

10

30

61 108

1 11 1

3

64

13

2

2 2

5

2

4

5

Si bien las estadísticas como se expresa en la gráfica tienen una porción notablemente mayoritaria de casos sin identificar, 347 del total 544, lo que corresponde al 63.78%, del restante 36.22% encontramos una distribución de presuntas responsabilidades en el siguiente orden: las llamadas por algunos sectores como acciones de limpieza social, pero en cuyo modus operandi se revela en gran medida la incidencia de las AUC , cuenta con el porcentaje mayoritario de 22.24 % correspondiente a 121 de los casos ; en segundo término aparecen las violaciones directamente atribuidas a los paramilitares con un porcentaje de 12.32%, correspondiente a 67 de los casos; en tercer término aparece la guerrilla del ELN con un porcentaje de 2.02%, correspondiente a 11 casos; en cuarto término aparecen organismos de seguridad del Estado y la Fuerza Pública que asociados consiguen un porcentaje de 1.65, correspondiente a 9 casos y en último término, aparece la guerrilla de 28

las FARC que como lo establece el estudio tiene una presencia y una actuación menor que las FARC. En los análisis posteriores se amplían tanto consideraciones al respecto como la ilustración enumerada de buena parte de los distintos casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario aquí registradas y además establecidas a partir de cotejar información con otras fuentes como la prensa, informes oficiales e informes de entidades de derechos humanos de distinto carácter, las cuales adelante también se especifican. 3.4

HOMICIDIOS MASIVOS DE POBLACION VULNERABLE EN CÚCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA

3.4.1 Principales sectores afectados. En gran medida, los homicidios de Cúcuta y su área metropolitana se concentraron en los barrios marginales, especialmente de invasión, habitados por población con grandes carencias y altos índices de pobreza. En menor volumen también hubo ocurrencia de homicidios en el centro de la ciudad, en la zona rural y en los municipios contiguos. Y en ellos, también en los barrios populares o así como en las carreteras o vías de acceso. La gran mayoría de las víctimas fueron hombres, muchos de ellos jóvenes, incluso menores, pero también mujeres, sobre todo en sus casas o cerca de ellas. Algunas eran vendedoras nocturnas y otras estaban vinculadas a los sectores sociales más afectados y a las actividades ilegales. Entre los sectores sociales particularmente atacados aparecen principalmente a los siguientes: •

Celadores, vigilantes

•

Zapateros, ayudantes

•

Vendedores ambulantes, vendedoras de chance

•

Comerciantes

•

Albañiles, obreros, ornamentadotes y ayudantes

•

Conductores de busetas y taxis, chequeadotes de rutas y ayudantes

•

Prestamistas, joyeros y cambistas

•

Pimpineros (vendedores minoristas de gasolina de contrabando)

•

Trabajadores de empresas, obreros de empresas formales, dependientes, ayudantes y coteros de zonas comerciales y plazas de mercado

•

Trabajadores de establecimientos públicos como bares, restaurantes, billares, talleres y salas de belleza

•

Raspachines en tránsito, por lo regular tienen familia y residencia en Cúcuta y trabajan como jornaleros recolectores de coca en El Catatumbo

•

Recicladores

•

Prostitutas y travestis 29

•

Desempleados

De otra parte, fueron mayoritariamente afectadas personas dedicadas a actividades ilegales como los siguientes: •

Expendedores de drogas alucinógenas

•

Consumidores de drogas alucinógenas, adictos o viciosos

•

Ladrones, atracadores y miembros de bandas delincuenciales

Y, aunque por su volumen no aparecen como los mayoritarios, revisten especial importancia e impacto los correspondientes a: •

Funcionarios judiciales

•

Autoridades civiles

•

Líderes cívicos, dirigentes sociales y comunales

•

Profesionales, abogados, educadores, médicos, enfermeras

•

Defensores de derechos humanos, tanto de entes estatales como de organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales

•

Dirigentes políticos de izquierda y algunos de otros partidos

•

Sindicalistas, miembros de asociaciones, de organizaciones sociales y de organizaciones no gubernamentales

•

Desplazados, tanto los reconocidos y organizados en cuanto tales como quienes discretamente llegan sin reivindicar tal condición.

Los celadores implicaron una situación especial, puesto que hubo versiones de la vinculación de algunos de ellos a la estrategia de control y de acción de las AUC. Otros se dijo que colaboraban o eran complacientes con las guerrillas en los barrios y muchos fueron atacados, la mayoría de este tipo de de trabajadores, aparece ajeno a la vinculación a los grupos armados ilegales. 52 En resumen y como elemento de análisis podemos expresar: • • • •

Primero, el hecho de que ocurrieran miles de asesinatos de por sí demuestra la falta de eficacia en la prevención y en la protección por parte de los organismos de seguridad y policiales. Segundo, quedaron expuestas claras falencias en la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la sanción en materia de justicia. Tercero, fue evidente por el volumen, la forma de actuación y los resultados, que debió existir una planeación y una conducción operativa, las cuales resultaron eficaces para los propósitos criminales de los grupos armados comprometidos. Cuarto, la fuerza pública continúo utilizando la estrategia de retenes y planes “candado” en la ciudad, reforzó y consiguió implementar algunos controles en el

52

Una de las situaciones típicas se presentó con la Empresa Asociativa de Trabajo Amores del norte, de la cual resultaron varios casos de trabajadores ajenos al conflicto armado que resultaron víctimas, pero a la vez, existe información de prensa que compromete por lo menos a uno de sus miembros en una actuación homicida.

30

•

último período, pero ello no significó la superación estratégica e integral de la grave problemática en materia criminal existente. Quinto, la reiterada queja de las autoridades sobre la supuesta falta de colaboración ciudadana para denunciar, muestra que el trasfondo no es otro que la crisis institucional, la pérdida de legitimidad, el imperio de situaciones de hecho y de violencia por parte de agentes privados sobre la población y la necesidad en consecuencia, de reemprender una solución de mayor alcance que las formulaciones y medidas inadecuadas o ineficaces que reiteran determinadas autoridades.

3.4.2 Los homicidios y los grupos armados en los barrios de Cúcuta y el área metropolitana En varias comunas, especialmente en la 6 de El Salado, las 7 y 8 que conforman la ciudadela Juan Atalaya y la 9 de Loma de Bolívar, existía influencia del ELN. En particular tenían presencia en algunos de sus barrios, como también patrullaban en ciertas áreas marginales e incidían directamente en la vida social de los pobladores. Entre ellos podemos referirnos al Antonia Santos, Los Alpes, Los Motilones, Aeropuerto, El Salado y Carlos Toledo Plata. En este último como en Caño Limón, dada su proximidad con la zona rural, la guerrilla tenía un corredor para el desplazamiento. Además del copamiento militar de ciertas áreas y del control social que ejercían, la presencia y la movilidad de la guerrilla se relacionaban con la consolidación de espacios de apoyo y de zonas de retaguardia para las acciones guerrilleras urbanas así como para el tránsito en función de acciones de combate, de sabotaje y de la realización de secuestros en coordinación con su actuación rural. En ese contexto, la presencia de la guerrilla en algunas áreas de ciertos barrio s, llevó a que sectores de comerciantes, transportadores y conductores, celadores, tenderos y, en general, los pobladores por fuerza de los hechos tuvieran que ver con ellos, aunque no los apoyaran así algunos lo hicieran. En general, no necesariamente las relaciones significaban una actitud complaciente o de participación en la subversión. Además, sus formas de incidencia, el control militar autoritario y las violaciones a las normas humanitarias conllevaron determinada diferenciación con ellos. Más adelante, la penetración de las AUC implicó acciones de castigo generalizado contra pobladores que consideraba comprometidos con la insurgencia, Así como la implementación de una red de inteligencia con informantes, para lo cual se apoyaron en celadores y en desertores de la guerrilla. Los efectos sobre el tejido social fueron rápida y especialmente negativos; los paramilitares atacaron juntas de acción comunal, organizaciones sociales, líderes naturales y numerosas personas que tenían vínculos familiares o que, por determinadas circunstancias, podían haber tenido relaciones con la guerrilla. Las AUC impusieron un sistema de control y de cobro obligatorio de cuotas casa por casa, pero en el ataque a las personas vinculadas a los sectores mencionados encontraron resistencia social, como fue el caso de organizaciones comunales que se mantuvieron autónomas, o los celadores de los cuales no todos entraron en su circuito. Al igual que en las anteriores circunstancias de presencia guerrillera, el hecho de que los pobladores por la

31

fuerza de los hechos tuvieran que relacionarse con ellos no significó que los apoyaran ni que participaran en su proyecto contrainsurgente profundamente autoritario. Pronto sobrevino una campaña de exterminio, la cual se extendió a un amp lio sector que incluyó a los considerados delincuentes y a quienes no aceptaran sus reglas de imposición social. En estas circunstancias se produjo el desplazamiento de algunos habitantes de los barrios más afectados, aunque la mayoría se mantuvo en una forzada aceptación, dada la imposibilidad de rechazarlos o increparlos y debido a razones defensivas y de supervivencia. No obstante, la guerrilla y en particular el ELN, de mayor presencia histórica tanto en Cúcuta como en Norte de Santander, no ha sido totalmente desalojado sino que se ha replegado. Ha sido golpeado tanto por las AUC como por la Fuerza Pública en los dos últimos años, pero, aunque debilitado en su presencia efectiva y con actuación más clandestina y esporádica, se mantiene en la zona urbana, asentado en áreas de determinados barrios marginales. Sin embargo, en un ambiente más tenso, en medio de la disputa territorial, se ha dado el caso de que la comunidad les solicite que salgan del área para evitar represalias contra ellos. Barrios de reconocida presencia del ELN, según reportes del Ejército y que se han hecho públicos, han sido Los Alpes, Antonia Santos, Nuevo Horizonte, Belén y Divina Pastora. Según versiones oficiales y de otros sectores, la insurgencia mantiene cierta presencia en algunos lugares de la ciudadela Juan Atalaya y en otras zonas de la ciudad, aunque con mayor discreción y sólo con apariciones notorias muy esporádicas. Aunque es una presencia más discreta, en ocasiones ingresan a los barrios más distantes y realizan homicidios en acciones esporádicas contra reales o supuestos agentes del paramilitarismo. La presencia de las FARC es menor y concomitante con la del ELN en algunos sectores; también subsisten algunas expresiones pequeñas del EPL. La presencia de las AUC según reportes de su actuación y por versiones de los pobladores. Sería importante en Cerro de la Cruz, donde queda la llamada Cancha del Chulo, lugar de asesinato de muchas personas; en El Trigal del Norte; en Carora, donde reclutaron a la Banda de Azurca, un mafioso que antes tenía control y sobornaba a la Fuerza Pública pero que fue capturado en un operativo programado desde Bogotá; en la vía de Los Patios a Bucaramanga; en Chapinero; en El Zulia, en el barrio El Llano y en Villa del Rosario, en el corregimiento Juan Frío, lugar habría un campamento con tropa uniformada, vehículos y logística importante. Adicionalmente, se afirma que tienen un corredor en la frontera, por Puerto Santander, donde habría otro campamento de interés estratégico, especialmente útil para la circulación al exterior, el apoyo logístico y la exportación ilegal de la producción de coca que controlan. De otra parte, barrios críticos en materia de pandillas delincuenciales se consideran Belén, Pescadero, Magdalena, Panamericano, Los Motilones, Doña Ceci y Santo Domingo. Durante un tiempo circuló la información de que en Magdalena existía una escuela de sicarios, en la cual se ofrecían los homicidas por catálogo. Y es reconocido lugar de concentración de indigentes, de delincuentes y de tráfico y consumo de alucinógenos el Canal Bogotá, especialmente en la zona del llamado Barrio Chino, en donde han actuado bandas reconocidas como las de El Pulpo y La Zurca. Esta es la parte baja de las comunas

32

9 y 10, en las cuales han existido sectores no controlados por la Fuerza Pública con impacto en los barrios Santo Domingo, Galán, Camilo Torres y Loma de Bolívar. Los homicidios en el centro guardan relación especialmente con dos factores; el entorno de delincuencia común organizada existente y el montaje de una red de financiación de las AUC que involucra comerciantes obligados a pagar cuotas por “la limpieza hecha y el control establecido”, como también por su relación con negocios de lavado e inversiones del narcotráfico, allí y en otros sectores de la ciudad y de la región. Con la acción homicida en amplia escala a través de la mal llamada “limpieza social”, implementada como una de las facetas en la actuación de los paramilitares, se produjo un ataque a fondo a sectores de la delincuencia organizada. Ello significó su debilitamiento así como el de la presencia de las bandas en los barrios y, por consiguiente, incidió de manera determinante en la disminución de los delitos comunes diferentes al homicidio, como el secuestro, el hurto y otros. Una situación que llamó la atención fueron los ataques en Cúcuta con granadas o explosivos, dirigidos directamente contra personas, residencias y establecimientos públicos. Así, en octubre del año 2001 se presentó un atentado con granada contra los dirigentes de la Fundación Progresar y el Programa de Reinserción. En el año 2002 se produjeron cuatro ataques con granadas; dos en junio en la ciudadela Juan Atalaya, contra casas de pobladores; uno en agosto, en el centro comercial La Sexta que dejó 3 muertos, incluyendo a un menor de 4 años, y 10 heridos, y otro en el barrio Quinta Oriental, contra la casa de un abogado. En octubre hubo otro en el llamado barrio Chino, Canal Bogotá, contra indigentes y atracadores, con saldo de un muerto y 6 heridos. En noviembre, otro más en el barrio Niña Ceci, contra el establecimiento público La Rumbera. Y en el 2003 ocurrieron dos atentados; uno en febrero, con explosivos, contra una casa y otro en marzo, con una granada y en una avenida central, al parecer por accidente. El artefacto saltó de una moto de particulares, por lo cual se presume que era de un grupo armado ilegal.

Según el documento presentado por la Fundación Progresar el 18 de Octubre del 2002, en la Audiencia Regional Defensorial por la Vida, realizada en Cúcuta, se habían cometido 37 masacres en contra de civiles, que arrojaban 137 personas asesinadas. En este mismo año, de enero a diciembre fueron asesinados 154 personas en 42 masacres, en cada una fueron asesinadas entre 3 y 8 personas. Desde la primera que ocurrió el 7 de Enero del 2002, cuando un grupo de hombres armados llegaron al barrio Motilones y asesinaron a 4 habitantes, hasta el 30 de diciembre del mismo año que llegaron hombres armados al barrio Nuevo Horizonte y asesinaron a tres personas y destaca que con frecuencia se utilizan lugares para arrojar los cadáveres como los antiguos botaderos de basura como Urimaco y sitios como el Anillo vial, y las vías de salida al El Zulia y Puerto Santander y los alrededores de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios. 3.4.3 Características de los homicidios en los barrios de cúcuta y el área metropolitana, el modus operandi de la acción de exterminio. Los homicidios no fueron espontáneos, casuales, ni constituyeron respuesta a conflictos o circunstancias inmediatas y eventuales, sino que respondieron a una actuación con propósitos deliberados. Se seleccionó previamente a las víctimas, hubo labor de inteligencia

33

y se cometieron los delitos conociendo el nombre, los rasgos, la vivienda y la rutina de los asesinados. Para tener certeza de la identificación, los homicidas recurrieron con frecuencia a corroborar su identidad; preguntaron por ellos o los llamaron por el nombre para actuar de inmediato. En algunas ocasiones, al requerir a la víctima y encontrarse esta en el interior de su casa, penetraron con el engaño de ser miembros de los organismos de seguridad del Estado. O fingieron proceder a un arresto, para desaparecerla o matarlas. Sin embargo, en la mayoría de los casos acribillaron a sus víctimas en la calle, en lugares públicos, frente a sus casas, o en sitios donde departían con familiares, amigos y vecinos del barrio. Cuando los homicidas sacaron de sus casas por la fuerza a las víctimas, las hicieron desplazar a lugares contiguos o cercanos, calles con menos tránsito o potreros. A la vez, mediante amenazas e incluso ataque, evitaron cualquier reacción de auxilio de los familiares, allegados o vecinos. Se presentaron algunos eventos en los cuales al no encontrar a la víctima, procedieron a asesinar a alguno o algunos de sus familiares directos; aunque previamente procuraron agotar la posibilidad de encontrarla escondida, para lo cual utilizaron la violencia, produciendo daños. En ocasiones persiguieron la información, como en el caso del estudiante universitario a quien antes de desaparecerlo le robaron el computador y trataron de encontrar documentos que ocasionalmente pudiera tener. Los homicidas fueron hombres, por lo regular jóvenes. Denotaron previo adiestramiento y procedieron con seguridad y frialdad, al punto de repetir sin dificultar los mismos parámetros de actuación. La llegada y la retirada del lugar del crimen, fue ordenada y precisa. Actuaron con agilidad, casi siempre con pasmosa tranquilidad y sin improvisar. Por eso, en los reportes de prensa fue invariable la expresión de que el homicida “salió tranquilo y abordó la moto que lo esperaba”. La acción fue sorpresiva y contundente. Redujo a la víctima y permitió el ataque en estado de total indefensión. Pero de acuerdo con las circunstancias de lugar y tiempo. Se combinaron dos formas de asesinato: en una procedieron en el acto, por lo regular cuando se trataba de un lugar céntrico, horas tempranas, sitios concurridos, dentro de la casa, ante la presencia de varias personas que acompañaban a la víctima; en otra la trasladaron a un lugar de menos riesgo para los homicidas, llevándola con las manos amarradas a la espalda hasta cierta distancia, a un lugar más discreto que les permitiera asesinarla con mayor libertad y actuar incluso con sevicia. Los atacantes emplearon pistolas, armas automáticas o semiautomáticas. Siempre que se informa al respecto, se dice que aparecieron vainillas de calibre 9 mm; o que se emplearon pistolas también calibre 9 mm, de distintas marcas. En algunos operativos, como los que realizaron grupos de asalto grandes frente a varias víctimas, o ante una víctima especial, según algunas versiones, también fueron utilizadas subametralladoras Uzi, miniuzi, MP 5 y armas automáticas o semiautomáticas, así como frecuente el uso de varios proveedores. Por tanto, la descarga resultó de varios o de muchos impactos, dirigidos ante todo a la cabeza, pero también al tórax y a otras partes vitales. La aproximación al sitio se realizó en vehículos, Casi siempre motos de modelos recientes y en buen estado. En una moto llegaron a la víctima y cuando eran varias, en dos motos simultáneas o sucesivas en carro, de vidrios opacos o polarizados. Luego de cierto tiempo, 34

optaron por carros tipo taxi, pero también con vidrios polarizados. Para facilitar el encubrimiento. En circunstancias especiales, como en el asesinato de personajes y funcionarios importantes, emplearon mayor logística operativa: combinaron carros y motos, para los ataques en que la víctima que se desplazaba en un vehículo. Por lo regular, no utilizaron mayor encubrimiento personal, lo cual evidencia desfachatez ante el margen de impunidad casi total que se registra. Es prácticamente imposible considerar la supervivencia de la víctima que los pueda identificar, e impera un alto nivel de intimidación con sus allegados. Por tanto, es muy ocasional el uso de mascaras o de otro tipo de encubrimiento o camuflaje. En ciertos casos, los homicidas o uno de ellos se encubrió con pasamontañas o capucha. Sobre todo para identificar a la víctima, puesto que podría ser alguien allegado o conocido por el afectado, lo cual es bastante usual en la actuación de los grupos paramilitares. En caso de certeza de la muerte de la víctima, la acción fue dirigida y ágil; pero en otros, los acompañantes también fueron atacados, especialmente cuando se trataba de un número apreciable o cuando ofrecieron resistencia, así fuera pacífica. Se asociaron víctimas ocasionales, tanto de acompañantes y familiares como de amigos. Con frecuencia también se dispararon contra las personas que observaban, por ser quizá potenciales enemigos, o contra quienes reaccionaron de manera espontánea con interés de enterarse, auxiliar o acompañar a los atacados. Se evitó que las masacres colectivas se hicieran evidentes, mediante el mecanismo de producir, ante todo, en cada acción, un homicidio, pero se combinaron dos actuaciones que entrañaron un claro propósito de exterminio colectivo: en primer lugar, una especie de rondas de muerte en las cuales sobrevinieron homicidios consecutivos en varios barrios y, en segundo lugar, las incursiones sistemáticas focalizadas en determinados barrios y comunidades entre las cuales se produjeron verdaderas masacres colectivas, aunque aparezcan disgregadas en el tiempo. 3.4.4 La ofensiva paramilitar configuró una acción de exterminio masivo. Con el modo de actuación antes descrito, el cual predomina y compromete a la gran mayoría de los homicidios sucedidos en Cúcuta y en área metropolitana durante el período estudiado, queda claramente establecido que no se trata de acciones de la delincuencia común, ni de choques entre bandas delincuenciales, ni de enfrentamientos directos claramente establecidos entre grupos armados en contienda. En Cúcuta se registra ese tipo de fenómenos, con los asesinatos masivos, sistemáticos y de realización progresiva pero permanente, que ocupan el mayor volumen de los hechos de violencia y asumen las características descritas, al parecer porque se creo un plan de exterminio con características propias, el cual significó una forma de ataque generalizado por parte de un actor armado ilegal, contra determinados sectores vulnerables de la población, en el contexto de barrios pobres y marginales. Más aún, este fenómeno produjo cambios e impactó de mane ra significativa en los demás actores de la violencia. La delincuencia común fue aniquilada por el actor ilegal comprometido con la estrategia homicida descrita, los índices de los delitos comunes por consiguiente descendieron de manera drástica, y parte de las bandas o de sus miembros, fue reclutada.

35

Ante el ataque mortal producido contra sectores de la población que le eran afectos y de la persecución directa contra sus colaboradores y militantes, la guerrilla no estuvo en condiciones de enfrentar la ofensiva y se vio obligada a replegarse. Abandono el patrullaje y el control permanente de áreas en ciertos barrios, y su acción se tornó más clandestina y esporádica. Desarrolló ataques sorpresivos contra instalaciones y personal de la fuerza pública, especialmente de la Policía; realizó sabotajes esporádicos contra la energía, el transporte y determinadas empresas; explotó carro-bombas en lugares céntricos y comerciales de la ciudad, sobre todo contra objetivos no militares, ocasionando efectos indiscriminados, así como también uso el terrorismo y perpetro golpes de mano o ataques contra personas, propiedades y establecimientos de los paramilitares o de quienes consideró que eran sus directos colaboradores. En la ciudad de Cúcuta se disparó el nivel de los homicidios de forma inusual, en correspondencia con el modus operandi descrito. Fue a todas luces una acción planificada y organizada, con características de genocidio de cierta dimensión y sin antecedentes en la ciudad. Su impacto fue directo en el área metropolitana, con expresiones similares, aunque no de la misma importancia, en las zonas contiguas, incluyendo la frontera y varias poblaciones venezolanas. 53 Tampoco es claro que se trate de una típica disputa territorial entre los grupos paramilitares y guerrilleros. Si bien hay expresiones de tal pelea en los barrios marginales de Cúcuta y si bien se produjo, la incursión y el posicionamiento de los paramilitares en detrimento de la guerrilla, tuvo mayor relevancia el fenómeno del castigo colectivo y a gran escala contra la población. Esto, por cuanto el propósito no era sólo el de conseguir una ventaja militar, ni el de desalojar a otro actor armado, o a los sectores de la población que se le asociaran, sino el de aniquilar a todos los vinculados junto a otra serie de grupos sociales considerados indeseables. Además, aunque la disputa territorial es importante en el conflicto armado, ella cobra mayor importancia en el ámbito rural y tiene expresiones menos significativas en lo urbano. En Cúcuta se evidenció que las organizaciones paramilitares o de autodefensas contaron con un margen muy amplio de actuación y presencia, sin necesidad de copar y patrullar áreas de manera permanente, a pesar de que en algunos lugares muy específicos lo hicieron. Tuvieron a su favor un contexto de casi total impunidad para actuar, de manera que su presencia fue abierta en numerosas acciones, sin riesgos aparentes. En contraste, se registró el debilitamiento de la presencia territorial de la guerrilla, antes comentado. Por supuesto, estas consideraciones chocan críticamente con políticas asumidas por las autoridades para tratar la situación de violencia. Reiteradamente encontramos afirmaciones en los siguientes términos: “las autoridades se abstuvieron de responsabilizar a cua lquier organización al margen de la ley”, “las autoridades declaran que se trata de ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales”, “los ajustes de cuentas son entre las personas relacionadas con los grupos armados”, “se trata de acciones de la llamada limpieza social” y “las autoridades atribuyen los asesinatos a cruentos enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y de autodefensas”.

53

Especialmente en el Estado de Táchira, con saldo de víctimas tanto colombianas como venezolanas, aspecto que detallaremos adelante.

36

El común denominador es la consideración de que son enfrentamientos entre grupos ilegales, que afectan en su disputa a la población, pero tal punto de vista consideración soslaya la manifestación más grave del problema e ignora el carácter y la real dimensión de su efecto. Existiendo claros indicios, más aún reivindicación abierta de muchas actuaciones por parte de las AUC, se omite mencionarlas y se reduce la responsabilidad a la alusión genérica y ambigua de una disputa territorial que traslada mecánicamente los enfrentamientos en El Catatumbo, los cuales guardan una dinámica del conflicto armado en área rural de lo sucedido en la ciudad. 3.4.5 Casos ilustrativos donde se reconoce la autoría de las AUC: 1. 2.

El 9 de enero de 2001, 15 hombres Produjeron cuatro homicidios en dos establecimientos públicos. El 22 de enero de 2001, un grupo de hombres en motocicletas, con brazaletes de las AUC, perpetro un ataque con saldo de dos muertos y varios heridos graves. 3. El 15 de marzo de 2001 grupos paramilitares, produjeron una masacre de jóvenes, la mayoría menores de edad, relacionados con la “Banda la 17”. 4. El 25 de marzo de 2001 fueron asesinados 3 indigentes En una acción de “limpieza social” anunciada por un grupo armado irregular, presuntamente paramilitar. 5. En El Zulia, el Frente Fronteras de las AUC, según versiones que trascendieron a la prensa, estaba conformado por 275 integrantes, al mando del comandante Pedro, afirmó tener el control de la parte rural del municipio. En esta declaración los paramilitares afirmaron que el problema era con la guerrilla, pero expresamente también declararon objetivo militar a “viciosos o degenerados”. 6. El 5 de mayo de 2001 tres hombres que departían fueron masacrados por un grupo armado. 7. El 18 de marzo de 2002 las AUC intimidaron y amenazaron a los habitantes de los barrios Carora y El Callejón. Asesinaron a una persona y pintaron en las paredes las consignas: “rodarán cabezas”, “fuera viciosos”, “muerte a ratas” y “fuera zorras”. Por temor, nadie avisó a las autoridades. 8. El 16 de abril de 2002 llegaron a la ciudadela Juan Atalaya, 20 hombres armados con lista en mano, fueron a las casas y reunieron en una escuela a 70 personas, produjeron 4 asesinatos. 9. El 17 de septiembre de 2002 se produjo en el barrio Toledo Plata de Cúcuta una masacre de 4 jóvenes, tres de ellos eran menores. 10. En enero de 2003 los paramilitares declararon “objetivo militar” a las mujeres que usaran pantalones descaderados y blusas ombligueras, así como a los hombres que usaran aretes y pulseras. 11. El 6 de marzo explotó una bomba en el Centro Comercial Alejandría que afectó parte de sus 300 locales. Los hechos se adjudicaron a las AUC y se relacionan con negocios de cambio de dinero y lavado de activos. 12. El 4 de junio de 2003 fue asesinado en Cúcuta Tirso Vélez, quien fuera concejal y alcalde de Tibú y diputado de Norte que Santander se proyectaba como el candidato más opcionado a la gobernación de este departamento. Fue evidente que se trató de un asesinato con carácter político, perpetrado, según varios indicios, por el paramilitarismo de una forma que responde al modus operandi implementado en esta ciudad.

3.4.6 El asesinato de importantes funcionarios de la justicia y los organismos de control.

54

1.

El 13 de febrero de 2001 fue asesinado en Cúcuta Iván Villamizar. Había sido Defensor del Pueblo en Bogotá, Defensor del Pueblo en Norte de Santander, Secretario de Hacienda de Norte de Santander y ejercía el cargo de rector de la Universidad Libre en Cúcuta. Fue atacado en la urbanización Ceiba II por aproximadamente 10 miembros de las AUC.

2.

El 29 de julio de 2001 en Cúcuta fue asesinada María del Rosario Silva Ríos, fiscal especializada54 . Se atribuye el hecho de adelantar investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Delegada para la Policía Nacional y el DAS.

37

3.

El 20 de septiembre de 2001 fue asesinado Jesús David Corzo Mendoza, jefe de la Unidad de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Según varias versiones, el hecho fue cometido por los paramilitares.

4.

El 20 de noviembre de 2001 fue asesinado, el fiscal Carlos Alberto Pinto Bohórquez, Fiscal Delegado de los Jueces Penales del Circuito Especializado ante el DAS y la SIJIN. Tenía a su cargo procesos por narcotráfico y paramilitarismo.

5. El 13 de agosto de 2003 en Cúcuta fue asesinado el veedor Pedro Durán Franco, que había denunciado presuntas irregularidades administrativas en la administración municipal de esa ciudad y quien promovía la pérdida de investidura del alcalde Manuel Guillermo Mora Jaramillo, por contratación ilegal de maestros.

3.4.7. Ataque a educadores, estudiantes y contra la UFPS 55 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

14.

El 2 de julio de ante el trámite en 2001 en Cúcuta fue asesinado el educador Luis Miguel Rubio, director de la Escuela La Gruta. Como acto de represalia frente a protestas del magisterio y de la comunidad educativa. El 11 de septiembre de 2002 fue asesinado el estudiante de arquitectura vinculado a la Universidad Francisco de Paula Santander, Edgar Eduardo González Ramírez. El 23 de septiembre de 2002 fue asesinado, también en Cúcuta, el estudiante de ingeniería de a la Universidad Francisco de Paula Santander Jhon Carlos Soto Gómez. El 15 de febrero de 2003 fue asesinado Serguei Alexander Corredor, (joven de 22 años, estudiante de ingeniería de la UDES y músico), por grupo armado irregular y sin móviles aparentes. El 21 de febrero de 2003 fue asesinado el estudiante Héctor Enrique Sánchez, vinculado al Colegio Clásico Ciudad de Cúcuta. Lo retuvieron, desaparecieron en un automóvil, torturaron y balearon. En abril de 2003 las AUC prohibieron a los estudiantes de la UFPS usar el pelo largo, realizar actividades lúdicas y frecuentar los bares cercanos a la Universidad. Estos hechos motivaron el desplazamiento de un grupo de estudiantes hacia Bogotá. El 23 de abril de 2003, el docente y abogado defensor de derechos humanos Jaime Alberto Gómez, fue intimidado por paramilitares . El 25 de abril de 2003 la Defensoría del Pueblo condenó la violencia contra los estudiantes y los profesores de la UFPS en Cúcuta y solicitó a la Fiscalía Seccional activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente. El 30 de noviembre de 2003, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, relacionados con el Frente Social y Político, fue detenido de manera arbitraria y llevado a la SIJIN, sin justificación alguna. El 3 de abril de 2003 fue desaparecido en Cúcuta el estudiante de la UFPS Gerson Gallardo Niño, estudiante de biología y química, cuentero, tras la aparición de panfletos de las AUC. El 13 de abril de 2003 el estudiante de filosofía y letras de la Universidad de Pamplona Edwin Ariel López, fue desaparecido en la ciudadela Juan Atalaya. El 7 de junio de 2003 fueron hallados los cadáveres de tres personas en el kilómetro 18 de Tibú a La Gabarra, luego de más de un mes de su desaparición. Los muertos eran Gerson Gallardo Niño, estudiante de biología y química de la UFPS, Edwin Ariel López Granados, profesor de danzas de la UFPS, y, Carlos Celis Suescún, odontólogo. El 9 de junio de 2003 fue asesinado el profesor del INEM, Instituto de Educación Media Diversificada, licenciado Jorge Eliécer Suárez Sierra. El 17 de junio de 2003 fue asesinado Luis Eduardo Rodríguez, menor de edad, alumno del Colegio Grancolombiano, en el contexto de varios asesinatos de jóvenes producidos en Cúcuta.

3.4.8 Ataque a dirigentes y organizaciones sociales y comunitarias. 1.

55

El 20 de agosto de 2001 fue asesinado José Armando Durán, dirigente cívico y locutor de especial estima y liderazgo social, cuando animaba un bazar en el barrio Carora.

Universidad Francisco de Paula Santander.

38

2.

En el año 2001 fue asesinado el líder comunal José Vicente Jijón, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien gozaba de gran reconocimiento por su labor social, en la ciudadela La Libertad 3. El 17 de enero de 2002 fue asesinada la dirigente sindical Sor María Ropero Albernia, que había sido presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Norte de Santander. 4. El 4 de septiembre de 2002 se presentó una masacre en El Zulia, contra miembros de una ONG de Villa del Rosario denominada “Asociación de Mujeres Urbanas y Rurales de Villa del Rosario”. Se presume responsabilidad de los paramilitares. 5. El 5 de noviembre de 2002 fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal William Casarrubio Araque. 6. El 11 de enero de 2003 fueron asesinados María Rubiela Poveda Sánchez, dirigente cívica del barrio La Hermita quien estaba embarazada y su hijo. 7. El 11 de febrero de 2003 fue asesinado Anteportan Galvis Carrascal, fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos, líder social muy reconocido. 8. El 26 de marzo de 2003 fue asesinado por hombres armados José Israel Sánchez Ortega, presidente de una Junta de Acción Comunal en Ocaña. 9. El 16 de julio de 2003 fue asesinado en el barrio Ciudad Jardín, el dirigente de la USO Marco Tulio Díaz Fernández, quien se había desempeñado como dirigente en Tibú entre 1994 y 1997. 10. El 6 de agosto de 2003 fue asesinada Orfelina Ascanio, secretaria de la Junta de Acción Comunal del barrio Caño Limón. 11. El 7 de agosto de 2003 fue asesinado, Pedro Vicente Muñoz, dirigente del Partido Alternativa de Avance Social, ALAS56 . Había sido concejal y era presidente de la Junta de Acción Comunal de El Llanito. 12. El 25 de agosto de 2003 fue asesinado Juan de Jesús Orduz Sánchez, dirigente comunal reconocido, Edil de la Comuna Seis, ex presidente de la Asociación de Ediles de Cúcuta.

3.5

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL.

Entre las víctimas se encuentran personas de los sectores sociales anteriormente referidos, pero también transeúntes, presidiarios o condenados con beneficio extramuros, miembros de una misma familia, soldados o policía en licencia o fuera de servicio y con frecuencia acompañantes de los occisos, entre otros. En algunos de los cadáveres se encontraron signos de tortura. A continuación se refieren algunos de los hechos mencionados: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

56 57

El 6 de enero de 2001, dos personas fueron heridas, las víctimas cumplían condenas en la Penitenciaria Nacional de Cúcuta y se encontraban con el beneficio extramuros57 . El 22 de febrero de 2001, Grupos de limpieza social dieron muerte a siete (7) personas, dos personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos fueron heridas. El 2 de marzo de 2001, doce (12) personas resultaron heridas al explotar una granada de fragmentación lanzada contra el establecimiento público. El 18 de mayo de 2001 fue hallado un cadáver en una celda del patio 6 de la Cárcel Penitenciaria Nacional de Cúcuta. El 19 de junio de 2001, dos reclusos fueron ejecutados y once (11) resultaron heridos luego de un amotinamiento. El 19 de septiembre de 2001, se halló un cadáver en el sector del anillo vial. El cadáver presentaba signos de tortura, fue encontrado totalmente desnudo y con deterioro en varias partes del cuerpo por las aves de rapiña. El 5 de enero de 2002, dos personas fueron muertas y dos más heridas en el sector del mercado.

Aspirante al Concejo Municipal. Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 19 de 2001.

39

8.

9. 10. 11. 12. 13.

El 18 de noviembre de 2002, miembros de un grupo armado torturaron y asesinaron a un hombre. El cadáver fue encontrado en calzoncillos, medias y las manos atadas a la espalda con un lazo de plástico58 . El 23 de diciembre de 2002, un artefacto de regular poder fue activado al interior de un Hotel. La acción dejó una persona herida59 . El 26 de diciembre de 2002, una niña de 11 años y una señora resultaron heridas luego que fuera detonado un artefacto explosivo, en un almacén de Cúcuta.60 El 16 de agosto de 2002, dos personas muertas entre ellas un menor de edad y diez personas más heridas fue el resultado de la explosión de una granada en el sector del mercado61 . El 24 de marzo de 2003, miembros de un grupo armado torturaron y asesinaron a dos personas de varios impactos de bala en la cabeza, uno de los occisos se había desempeñado como vigilante 62 . El 15 de mayo de 2003, tres integrantes de una familia fueron atacados por miembros de un grupo armado, resultando muertas dos personas y herida una mujer.63 .

3.5.1 Heridas en personas protegidas. En el periodo comprendido entre 2001 y 2003 se registraron en la ciudad de Cúcuta ataques directos a la población civil ocasionándose lesiones a veinte (20) personas en hechos como la explosión de armas con efectos indiscriminados, atentados en los que perdieron la vida otras personas que eran objeto de la acción delictiva, o un combate entre Guerrilleros del ELN y miembros del Gaula de la Policía 64 . Se destacan los hechos registrados el 13 de Noviembre de 2002, el Diciembre 20 de 2002 y el 29 de junio de 2002 en los que resultaron heridas 14 personas por la activación de dos carro-bombas y una granada en sitios públicos.65 . E igualmente los hechos ocurridos el 12 de Febrero de 2001 y el 4 de Junio de 2003 en los que resultaron heridas cinco personas que acompañaban al Rector de la Universidad Libre y al dirigente político Tirso Vélez.

3.5.2 Prohibición de infringir tortura. En el periodo comprendido entre 2001 y 2003 se registraron en la ciudad de Cúcuta, varios casos de tortura, presuntamente ocasionados por miembros de grupos paramilitares, entre los que se destacan los siguientes: 1. 2. 3.

4.

El 20 de febrero de 2003, Paramilitares sacaron a la fuerza un joven de su Plantel Educativo. Su cuerpo fue hallado con varios impactos de bala en cabeza y cuerpo.66 El 17 de marzo de 2003, Paramilitares que se movilizaban en una camioneta y un automóvil con vidrios negros, torturaron con arma blanca a dos personas, en la Ciudadela Juan Atalaya. 67 El 8 de abril de 2003, fue torturada una persona y ejecutada de varios impactos de arma de fuego, por paramilitares.68 El 3 de junio de 2003, Paramilitares torturaron y ejecutaron a dos personas69 .

58

Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla Nª 26 de 2002. Ibídem. 60 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 26 de 2002. 61 Ibidem, Revista Noche y Niebla N° 25 de 2002. 62 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla Nª 27 de 2003. 63 Ibídem. Revista Noche y Niebla N° 27 de 2003. 64 El 27 de Febrero de 2001 65 El último caso relacionado. 66 Ibidem. Revista Noche y Niebla N° 27 de 2003. 67 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 27 de 2003. 68 Ibidem.Revista Noche y Niebla N° 27 de 2003 69 Ibidem.Revista Noche y Niebla N° 27 de 2003 59

40

3.5.3 Prohibición de desapariciones forzadas. PRESUNTOS AUTORES DE LAS DESAPARICIONES FORZOSAS 2 11

Guerrilla AUC Sin identificar

52

DENUNCIAS DESAPARECIDOS mayo 1990 - marzo 2003

Encontrados vivos

Encontrados muertos

No encontrados

DENUNCIAS DESAPARECIDOS MAYO 1990-MARZO 638 2003 Encontrados vivos 259 Encontrados muertos 316 No encontrados 63

41

DESAPARECIDOS FORZOSOS 1997- 2003 25

20

15

10

5

0 1997

1998

DESAPARECIDOS FORZOSOS 1999 2000 2001

2002

2003

Al tomar como referencia las denuncias realizadas y registradas en el CTI de la ciudad de Cúcuta 70 , podemos afirmar que en la Oficina Seccional durante los últimos siete años, se han recibido 638 denuncias de personas desaparecidas 71 , de las cuales aproximadamente el sesenta por ciento (60%) corresponde a personas que no han sido encontradas o que aparecieron muertas, hecho que pone de manifiesto la intencionalidad de los victimarios no sólo de privar de la libertad a las víctimas sino de cercenar su derecho a la vida y a su vez, la debilidad del Estado para garantizar dicho derecho a las personas privadas de su libertad en forma arbitraria. En cuanto a las desapariciones forzosas, se tiene un reporte de 65 denuncias contra grupos armados con presencia en la región. En el año 2002 fueron radicadas 16 denuncias. Según el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, para el mismo año Norte de Santander registró el más alto número de desapariciones en el país con 95 víctimas. El mayor volumen de desaparecidos forzosos se presentó en el año 2000, registrándose 20 casos, seguido por el año 2001 con 18 y el año 2002 con 17 casos, en contraste con la situación presentada en el año 2003 que sólo registra un caso. A continuación se refieren algunos de los casos presentados en el periodo 2001-2003: 1. 2.

El 28 de febrero de 2001, miembros de un grupo armado desaparecieron un comerciante en cercanías de Puerto Santander. En la zona hay presencia de la Guerrilla y las Autodefensas72 . El 18 de julio de 2001, hombres armados desaparecieron a un ingeniero y su acompañante.73

70

Dada la dificultad por la ausencia de información suficiente para poder disgregar la información recabada y con el ánimo de ilustrar los hechos presentados, incluimos gráficos que corresponden a un periodo mayor al que comprende la presente investigación. 71 A partir de la denuncia realizada el 19 de diciembre de 1996 a raíz de la desaparición de Esau Asacanio Ropero, de 34 años de edad, desaparecido en la ciudad de Cúcuta, hasta la presentada el 17 de marzo de 2003 por la desaparición de Miller Albeiro Salas, de 30 años, desaparecido en la misma ciudad, los casos están sin esclarecer y aún continúan las víctimas desaparecidas. 72 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 19 de 2001. 73 Ibídem. Revista Noche y Niebla N° 21 de 2001.

42

3.

El 9 de noviembre de 2002, una persona fue muerta de varios impactos de bala y tres desaparecidas.74

3.5.4 Prohibición de realizar amenazas colectivas o individuales Los grupos armados ilegales han establecido prohibiciones en los barrios periféricos, por supuesto acompañadas expresa o tácitamente de graves amenazas, con relación a situaciones como permanecer en la calle durante las horas de la noche; prohibición de tener cabello largo, aretes, tatuajes en los hombres, y blusas ombligueras y pantalones descaderados en las mujeres; prohibición de tránsito con vehículos, motos o a pie en los barrios a determinadas horas del día y de la noche; de realizar reuniones con grupos de personas; la obligación de cancelar la celaduría a casa de familia y a negocios de cualquier tipo, con una cuota semanal; la prohibición acompañada de la declaración de objetivo militar a delincuentes, viciosos y auxiliadores; la prohibición para hablar de temas referidos a la paz, los derechos humanos, las reivindicaciones sociales o la oposición al gobierno actual; hechos acompañados de distintas formas de intimidación y de amenazas como la de pintar las casas de las potenciales víctimas con letreros de muerte o acusaciones. En Cúcuta se vive un ambiente intimidatorio por parte de los diferentes grupos armados que operan en la región, tanto la Guerrilla del ELN como grupos de Autodefensa han hecho presa a la población civil del terror y las amenazas, tal y como se refiere a continuación: 1.

2.

El 13 de febrero de 2001, Guerrilleros del ELN interceptaron un vehículo, procediendo a incinerarlo y hurtarle el radio de comunicaciones. Según la fuente “los agresores manifestaron que se trataba de un retaliación por el incumplimiento en el pago de la exigencia económica impuesta”75 17 marzo de 2002, en el lugar en el que fue ejecutado un hombre aparecieron varias viviendas con grafitis de las AUC en los que se leía: “Rodarán cabezas”, “Fuera viciosos”, “Muerte a viciosos”, “Muerte a ratas”, “Fuera zorras”.

3.6 PROHIBICIÓN DE DETENCIONES ARBITRARIAS. El 30 de octubre de 2002, Miembros del Ejército, Policía Nacional, CTI y DAS, detuvieron arbitrariamente a seis personas, a quienes señalaban como presuntos milicianos del ELN. Las seis (6) personas fueron liberadas posteriormente 76 . 3.7

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

Consolidado de infracciones al Derecho Internacional Humanitario Como puede observarse la principal infracción al derecho internacional humanitaria por parte de grupos armados ilegales corresponde a ataques directos contra la población civil, materializada en homicidios, atentados contra la integridad física 77 , amenazas colectivas, detenciones arbitrarias de personas protegidas. En menor escala se produjeron ataque a bienes civiles, utilización de armas con efectos indiscriminados, ataque a instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Se presentan ataques contra personas propietarias de negocios comerciales, así mismo a edificios de apartamentos, a emisoras de radio

74

Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 26 de 2001. Ibidem. Revista Noche y Niebla N° 19 de 2001. 76 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 26 de 2001. 77 Heridas y torturas. 75

43

nacionales, periódico local, a estaciones de policía en barrios del sector urbano de la ciudad, entre otros. INFRACCIONES FRECUENTES I semestre 2001 - I semestre 2003 Detenciones arbitrarias

12

Heridos

10 Tortura

8 Amenazas colectivas

6 4

Ataque a bienes civiles

2

Armas con efectos indiscrimandos

0 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2001 2001 2002 2002 2003

Ataque a estructuras que contienen fuerzas peligrosas

Fuente: Banco de datos de derechos humanos y violencia política. Cinep y Justicia y Paz .

3.7.1 Ataques directos a personas civiles y noción de ataque indiscriminado. Se considera como ataque indiscriminado el ametrallamiento aéreo sobre las casas de un poblado en zona de conflicto 78 y el bombardeo que termina por afectar directa y únicamente a la población civil obligándola a desplazarse forzosamente. 79 Ataques indiscriminados: Los principales hechos registrados en la ciudad de Cúcuta en los cuales se registraron infracciones al principio de distinción, corresponden a: 3.7.2 Ataques contra bienes civiles. En Cúcuta podemos registrar las siguientes infracciones a bienes civiles: 1. 2.

3.

El 21 de octubre de 2001, Guerrilleros del ELN quemaron dos tractomulas sobre el puente de la Quebrada La Honda80 . EL 24 agosto de 2001 un vehículo fue abandonado con una carga explosiva, en inmediaciones de la Gobernación departamental, por guerrilleros del ELN.81 El 9 de diciembre de 2002, Guerrilleros de las FARC-EP dinamitaron en horas de la noche la antena de Caracol Radio.

3.7.3 Ataque a instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. En Cúcuta podemos registrar los siguientes hechos que constituyen una infracción al DIH: 1. 2.

El 9 de febrero de 2001, Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo de Oleoducto Caño LimónCoveñas que rodea la pista del aeropuerto Camilo Daza82 El 21 de febrero de 2001, Guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo de Oleoducto Caño LimónCoveñas83 .

78

Defensoría del Pueblo. Informe Caso Miraflores, pág 7 parrafo 4 y pág 15 parrafo 3. Defensoría del Pueblo. Cuarto Informe anual año 1997, pág 43 párrafo 2. 80 Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 22 de 2001. 81 Banco de Datos de CINEP-Justicia y Paz. Revista Noche y Niebla No. 21 de 2001. 82 Ibidem. Revista Noche y Niebla N° 19 de 2001. 79

44

3.

El 12 de julio de 2001, Guerrilleros detonaron una carga explosiva contra una torre de conducción de energía eléctrica en el occidente de la ciudad84 .

3.7.4 prohibición del empleo de armas con efectos indiscriminados. Los principales hechos registrados en la ciudad de Cúcuta en los que los actores armados incurrieron en infracción de este precepto humanitario, corresponden a: 1. El 1° de febrero de 2002, Guerrilleros del ELN activaron un carrobomba frente a las instalaciones de una ferretería en la ciudadela Juan Atalaya. La onda explosiva además de destruir el local comercial, afecto cuatro vehículos y varias viviendas más85 . 2. El 13 de noviembre de 2002, tres personas resultaron heridas luego que guerrilleros del ELN activaran un carro bomba frente a las instalaciones de R.C.N.86 . 3. El 20 de diciembre de 2002, Guerrilleros del ELN activaron un artefacto explosivo, adherido a un vehículo, causando la muerte a dos civiles y dos agentes de policía, así como, heridas a diez personas más87 .

3.7.5 Actos constitutivos de terrorismo. Pueden destacarse en la ciudad de Cúcuta los siguientes hechos que se pueden catalogar como terroristas: 1.

2.

3.8

El 29 de junio de 2002, una mujer que tenía cinco meses de embarazo resultó muerta y tres personas fueron heridas luego de que un paramilitar conocido con el Alias de “Toro Lindo” lanzara una granada de fragmentación M 26 la cual hizo explosión en un Salón de Billares88 . El 26 de Diciembre de 2002, un hombre murió y su compañera quedo herida luego que hombres armados, lanzaran contra su vivienda una granada a las 11 P.M – dichos hombres se presentaron como miembros de un Organismo de Seguridad del Estado-.89

LA ACTUACION DE LAS GUERRILLAS CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANITARIO

3.8.1 Ataques indi scriminados, ataques a bienes civiles y uso de terrorismo. Según información de la Dijin, los atentados de la guerrilla aumentaron en un 49% entre julio del 2001 y julio del 2002. Los principales ataques fueron dirigidos contra la infraestructura eléctrica, como parte de una estrategia nacional que arrojó 1625 torres derribadas. A la vez, en Cúcuta se registraron ataques contra instalaciones militares, policiales, de autoridades seccionales y locales; medios de comunicación, centros comerciales, empresas privadas; negocios, casas particulares y lugares de tránsito público. Excepto los ataques dirigidos contra la fuerza pública, que cuenta con capacidad militar y está en obligación de prevenirlos, enfrentarlos y reprimirlos, o contra grupos armados ilegales que contienden, los demás constituyen claras violaciones a las normas humanitarias. Durante el año 2001 se presentó una serie de atentados con armamento explosivo en varios departamentos, principalmente en Antioquia, Arauca, Santander y Norte de Santander. En la mayoría de los casos fueron reconocidos o adjudicados al ELN. Por lo regular, se 83

Ibidem. Banco de Datos de Violencia Política, CINEP & Justicia y Paz, Revista Noche y Niebla N° 21 de 2001. 85 Ibidem. Revista Noche y Niebla N° 23 de 2002. 86 Ibidem. 87 Ibidem. 88 Ibidem. Revista Noche y Niebla N° 24 de 2002. 89 Ibidem. Revista Noche y Niebla N°26 de 2002. 84

45

asociaron a ataques indiscriminados con efecto contra la población y los bienes civiles, lo cual configuró actos de terrorismo, de manera que la Defensoría del Pueblo los calificó como infracciones al derecho internacional humanitario y por tanto apremió a este movimiento y al conjunto de los actores del conflicto armado, para que respetaran la vida y la integridad de la población civil y los instó a que acataran las normas humanitarias. 90 Los atentados de las guerrillas contra los oleoductos constituyen ataques contra instalaciones estatales de carácter civil, las cuales contienen fuerzas peligrosas e implican a daños indiscriminados y en ocasiones incontrolables contra personas y bienes civiles, a la vez que lesionan gravemente el medio ambiente. Por ello son un tipo de infracción reconocida por el derecho internacional humanitario. En tal sentido, tanto la Defensoría del Pueblo 91 como los organismos de derechos humanos e intergubernamentales se han pronunciado en varias oportunidades. De otra parte, durante los dos últimos años, fueron instalados carro-bombas sobre las diferentes vías del departamento, que causaron graves traumatismos en el transporte y la economía interdepartamental, así como también pusieron en riesgo a la población civil. Sobre todo en las vías que de Cúcuta conducen a Ocaña, de Cúcuta a Tibú, de Tibú a El Tarra, Ocaña a Convención y de Gramalote a Salazar de las Palmas, entre otras. 3.8.2

Casos sucedidos en Cúcuta y el área metropolitana.

1. El 1 de febrero de 2002 fue explotado, al parecer por el ELN, un carro-bomba en la ciudadela Juan Atalaya, frente al Almacén El Palustre, distribuidor de materiales de construcción. Según versiones y declaración posterior de este movimiento guerrillero, actuaron en represalia por la colaboración y por la vinculación de miembros de las AUC. Con anterioridad, los dueños habían sido extorsionados por la guerrilla, situación que usualmente lleva a los afectados a buscar liberarse de tal imposición, bien sea patrocinando la recuperación del control territorial por parte del Estado o colaborando con otro grupo armado irregular para que esta desplace la incidencia guerrillera. 2. El 13 de febrero de 2001 el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, que actúa en Cúcuta, se atribuyó en un comunicado la quema de dos camiones de Coca Cola, lo cual es un ataque prohibido a bienes civiles protegidos en la guerra, independiente del tipo de empresa o de las connotaciones políticas y económicas que tienen en este caso por tratarse de una multinacional norteamericana. 3. El 14 de mayo de 2001 el ELN dinamitó el peaje Cúcuta – Pamplona, el cual había sido volado en 1998 y sufrido tres atentados más. En el ataque resultaron afectadas diez viviendas aledañas. 4. El 24 de agosto de 2001 fue explotado un carrobomba en Cúcuta, frente a la Gobernación; supuestamente por el ELN. Los estragos producidos implicaron principalmente los locales comerciales de la zona. 5. El ELN también reconoció la autoría de dos simulacros de carros-bomba parapetados en Cúcuta en octubre de 2001, lo cual constituye una acción con efectos de terrorismo hacia la población civil, también claramente prohibidos. 6. El mismo frente urbano del ELN, en enero de 2002 emboscó una patrulla de la Policía, atacó al Grupo Mecanizado Maza del Ejército y estalló carro-bombas frente al Banco de la República y el negocio El Palustre, sitio señalado como “cuartel paramilitar”. Expresó en un comunicado que se trataba de una respuesta a la “arremetida criminal estatal contra la población de la zona de El Catatumbo y los barrios pobres de Cúcuta”. Respecto de lo cual es preciso señalar que el derecho humanitario no admite actos de reciprocidad y, además, que parte de estos ataques conllevan efectos prohibidos contra la población y los bienes civiles. 7. El 12 de enero de 2002 el ELN lanzó una granada contra el puesto de Policía de El Escobal, ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, pero no explotó. Después estalló una bomba en la ferretería y almacén de 90 91

Resolución Defensorial Humanitaria No. 3, 11 de septiembre de 2001. Resolución Defensorial Humanitaria, No.7, 27 de noviembre de 2001.

46

8.

9.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

18. 19.

20.

21. 22.

materiales El Escobal. Versiones afirmaron que este negocio era un apoyo importante de la incursión paramilitar en la zona. El 27 de enero de 2002, en un hecho que fue atribuido al ELN, hizo explosión un carro-bomba en el centro de Cúcuta, frente al Hotel Casino Internacional. Varios almacenes, el Banco de la República y un edificio de apartamentos, quedaron afectados con notorios destrozos. Versiones indicaron que se trató de un atentado contra un jefe paramilitar que habitaba en el piso alto de uno de los edificios afectados. El 15 de febrero de 2002 el candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez no asistió a Cúcuta por temor a un ataque guerrillero en contra suya. Ese mismo día fue lanzado un cilindro-explosivo, al parecer por la guerrilla, contra las instalaciones de Postobón. El hecho no produjo una masacre debido a que no estallo el artefacto pero pudo ser, puesto que cayó en medio de los trabajadores. El 12 de marzo de 2002 guerrilleros atacaron y dejaron una bomba en un CAI del barrio Cundinamarca de Cúcuta El 15 de marzo de 2002 fue encontrada una volqueta-bomba en la salida de Cúcuta a Bucaramanga. El 1 de abril de 2002 fue colocado, contra la casa de un comerciante de arroz un carro-bomba en el barrio Lleras de Cúcuta. El 16 de agosto de 2002, también en Cúcuta, explotó una granada en el sector de La Sexta, la cual produjo tres muertos, incluyendo un niño de 4 años así como diez heridos. Según los medios de prensa, la lanzaron para que explotara debajo de una tanqueta de antimotines de la Policía, que recorre frecuentemente el lugar para controlar el espacio público ante posibles invasiones de vendedores ambulantes, pero el artefacto pasó de largo y detonó entre comerciantes y personas que frecuentaban el lugar. El 18 de septiembre de 2002 la guerrilla incineró una buseta de transporte urbano en Cúcuta, en la vía que conduce a El Zulia. El 6 de octubre de 2002 hubo un atentado dinamitero, al parecer de la guerrilla, contra el Puente García Herreros en el Anillo Vial. El 31 de octubre de 2002 fue colocada una bomba en el Centro Administrativo Municipal de Atalaya, (CAMA), por un grupo armado que las versiones señalan como de la guerrilla. También dispararon desde un carro contra el celador del lugar. El 13 de noviembre de 2002 explotó un carro-bomba frente a las instalaciones de RCN, que causó graves destrozos tanto en sus instalaciones como en la Emisora La Misericordia de la Diócesis de Cúcuta. Quedaron heridos un celador de la emisora y un policía y se ocasionaron daños en las casas en un radio de 200 metros. Simultáneamente se intentó activar un otro atentado con carro-bomba contra la casa fiscal del comandante de la Policía. En ambos casos, que fueron atribuidos al ELN, los atacantes utilizaron dos taxis robados. El 9 de diciembre de 2002 se produjo un atentado con bomba contra Caracol, el cual destruyó el transmisor de la empresa de comunicaciones. El hecho fue tribuido a las FARC. El 20 de diciembre de 2002 se produjo un ataque con carro-bomba y otros dos vehículos, en horas del día, contra la Sub Estación de Policía del barrio Belén, en Cúcuta lo realizó el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar, con saldo de dos patrulleros y de tres agentes heridos. Los guerrilleros también dispararon contra los uniformados y en el intercambio se informó que hubo un guerrillero muerto y otro herido. El impacto produjo en la población civil dos muertos, once personas heridas, entre ellas un niño, así como 60 viviendas afectadas en las inmediaciones. En Belén había una notoria presencia de las AUC, hasta los celadores estaban controlados por los paramilitares. Sin duda, la escogencia del barrio como objetivo por la guerrilla revestía un sentido de confrontación tanto contra la Fuerza Pública como contra la influencia y las imposiciones de las autodefensas en el sector. Sin embargo, ello no obsta para señalar que los ataques militares requieren ser proporcionales y, en el caso, fue clara la desproporción que afectó personas y bienes civiles. Este atentado cambió la dinámica social de un sector comercial y de establecimientos nocturnas, que se tornó tenso y deshabitado. Las esquinas contiguas a la Subestación de Policía quedaron destruidas y sus habitantes buscaron refugio en otros sitios. El 25 de diciembre de 2002 se produjo una bomba contra el Hotel Casablanca de Cúcuta. El 27 de diciembre del 2002 fueron atacadas con cilindros las casa fiscales del grupo mecanizado No. 5 Maza en Cúcuta. Aunque se trate de una instalación militar, los ataques deben ser proporcionales según las normas humanitarias, las cuales se violaron por ser casas de vivienda de familias de oficiales militares.

47

23. El 25 de febrero de 2003 se produjo un simulacro de bomba en las oficinas de Telecom de Cúcuta así como llamadas telefónicas para crear zozobra al respecto. Sobre la autoría de los hechos se sospechó de las guerrillas. 24. El 21 de marzo de 2003, según información oficial el DAS, frustró un atentado con explosivos contra el Centro Comercial Oití, por parte del ELN. Ello produjo intercambios de disparos con los irregulares. Versiones señalaron que en el centro comercial se movían intereses de los grupos paramilitares.

4.

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: VIOLACIÓNES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DDHH Y DIH

4.1

PANORAMA GENERAL

DE

En el año 2001 en el Departamento de Norte de Santander se calculaban 6193 personas desplazadas, 3.35% del total nacional, del cual correspondía a Tibú 3293, el 53.17% y a El Tarra 546, en Filo Gringo con 300 y La Unión con 207. A mediados de marzo de 2001 por combates sucedidos en El Catatumbo, salieron 5000 personas en éxodo hacia El Tarra. Por distintos medios circuló la información de que 10 campesinos fueron muertos en los enfrentamientos en cinco veredas entre paramilitares y guerrillas. El CICR entrevistó y asistió a los desplazados en su arribo a las ciudades. Campesinos provenientes del corregimiento Filogringo declararon que luego de que las AUC les incendiaron sus casas, “tomaron a varios pobladores como escudos humanos en los enfrentamientos con la guerrilla”. 92 En julio de 2001 la OIM y la Defensoría del Pueblo lanzaron una campaña de sensibilización para unificar y optimizar esfuerzos en la atención de desplazados, con miras a superar imágenes y actitudes erradas respecto de este tipo de víctimas así como a proporcionar informació n sobre los organismos públicos de protección y sus procedimientos. Fueron considerados 24 municipios con alto índice de recepción en Norte de Santander. 93 Durante el segundo semestre de 2001 se produjeron desplazamientos en Convención, El Tarra, Teorama, San Calixto y El Carmen, en el contexto de los ataques producidos por unos 600 miembros de las AUC que cometieron asesinatos selectivos de más de 40 personas. Los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares afectaron a los pobladores de Tibú, en La Gabarra y en El Medio Catatumbo. Y el último trimestre de ese año se intensificó el conflicto armado, lo cual acentúo progresivamente el desplazamiento. Cúcuta se convirtió en el principal foco de recepción, al igual que Ocaña y Bucaramanga. Sin embargo, la dinámica del conflicto llevó el desplazamiento no sólo a los centros urbanos sino que bloqueó a unos 10000 campesinos e indígenas en las partes altas de la cordillera, ante el temor por la instalación de retenes permanentes de las AUC en los puntos de salida, hecho notorio en Convención, y que afectó a la comunidad Motilón Barí. El flujo permanente de desplazados rurales continuó llegando a las ciudades de Cúcuta, Ocaña y Villa del Rosario, tras los enfrentamientos armados, los ataques directos contra el campesinado y las fumigaciones. Así, un éxodo salió de El Catatumbo hacia El Tarra, Ocaña y Convención. A finales de 2001 se registró una grave situación humanitaria entre 92 93

Declaraciones de pobladores desplazados en Cúcuta, periódico La Opinión, 15 de marzo de 2001. También se desarrolló este proyecto en Putumayo, Santander, Nariño, Valle y Caquetá.

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las comunidades víctimas: los indígenas Motilón Barí, los campesinos y los jornaleros de la coca conocidos como “raspachines”. Algunos de los desplazados se dirigieron a otros departamentos y hacia Venezuela. Se estimaba en el 2001 que había 12000 personas “bloqueadas”, “encajonadas” o “confinadas” en la región. 94 En enero de 2002 de nuevo se registraron desplazamientos en Tibú y en El Tarra. 95 El 24 de enero la Red de Solidaridad Social reportó al Sistema de Alertas Tempranas el desplazamiento en El Tarra de 218 personas, en Convención de 552 y en Ocaña de 490, para un total de 1260, tras incursiones de las AUC. En tal contexto, en los inicios de 2002 los paramilitares atacaron el casco urbano de El Tarra y varias veredas de Teorama, por lo cual los campesinos de estas zonas se desplazaron temerosos de convertirse en víctimas de las masacres. “La crisis humanitaria es gravísima: continúan llegando familias enteras a El Tarra y San Pablo desplazándose a otros poblados y veredas. También a Ocaña e incluso a Cúcuta. Ni en las veredas ni en estos pueblos existen condiciones económicas, ni medios para responder ante esta grave situación”.96

El 10 de enero de 2002 la Cruz Roja prestó ayuda humanitaria de emergencia a 254 desplazados en El Tarra, a 50 en Convención, que se albergaron en la Casa Campesina, y que informaron que había casos de campesinos muertos y desaparecidos. Las denuncias señalaron que los paramilitares en El Catatumbo cometían atropellos contra las personas, las viviendas y las pertenencias del campesinado. Habían sido particularmente afectadas las veredas Buenos Aires, San Martín y La Esperanza. “… luego, hombres fuertemente armados regresaron, atropellaron las viviendas de los campesinos, destruyeron candados y cerraduras, sacaron la ropa y los colchones y los quemaron... Las vasijas en las cuales preparan sus alimentos, las agarraron a plomo y luego las destruyeron con los pies, también acabaron con las cercas, se robaron algunos electrodomésticos como plantas, televisores, VHS y equipos de sonido. Saquearon las pequeñas tiendas de las veredas Buenos Aires, San Marín y Puerto Catatumbo”. 97

Ese mismo mes se reportó la llegada de desplazados a Ocaña, pero la personera municipal declaró que muchos no se registraban por temor, aunque el Comité Local de Emergencia y la Pastoral Social de la Iglesia Católica buscaron prestarles atención. El CICR y la Red de Solidaridad Social les ofrecieron apoyo de emergencia. En el estadio Hermides Padilla se concentraron 400 desplazados, muchos provenientes de Convención y El Tarra. También, durante ese año, algunas comunidades retornaron. Para el efecto se creó una Comisión Interinstitucional que visitó áreas rurales en Convención y que luego lo hizo a inicios de 2003 a El Carmen. El objeto fue verificar las condiciones de seguridad y las posibilidades de sostenibilidad económica como referente para el regreso tanto de quienes estaban refugiados en las ciudades como los que lo hacían en el campo. La comisión, que tuvo participación de la Defensoría del Pueblo, encontró que había grupos armados irregulares pero, a la vez, cierta distensión. El 8 de febrero de 2002 se informó de los primeros retornos desde Ocaña; desafortunadamente a mediados de ese mes permanecían en la ciudad 790 familias desplazadas y el 4 de abril se incrementaron a 1415 sin que se pudiera aplicar el plan referido, dada la situación de falta de garantías en El Catatumbo en la medida en que se 94

Según fuentes de OIM, ACNUR y la OACNUDH. Información del periódico La Opinión, Cúcuta, 10 de enero de 2002. 96 “Alerta sobre arremetida paramilitar en El Catatumbo”. En: La Opinión, 3 de enero de 2002. 97 “Tensión en El Catatumbo”, declaración de un campesino desplazado. En: La Opinión, 10 de enero de 2002. 95

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seguían presentando denuncias en Convención y Teorama sobre asesinatos, desapariciones, retenciones y, precisamente, desplazamientos forzados. 98 El 15 de febrero de 2002 se hicieron presentes en Ocaña representantes del Consejo Noruego para Refugiados, Médicos Sin Fronteras y Cencooser, en visita a la comunidad de desplazados albergados en el estadio Ermides Padilla. El 26 de abril siguiente el alcalde de Ocaña, Francisco Antonio Coronel, denunció lo que llamó la desidia del gobernador Juan Alcides Santaella, en relación con los más de 4000 desplazados en Ocaña y su periferia. Muchos no querían regresar por la inexistencia de garantías. El alcalde presentó un informe sobre el tema en el cual consideró que no había compromiso ni presencia del gobernador. 99 A finales de marzo de 2002, a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército y las guerrillas en la zona fronteriza de Tibú, llegaron grupos de desplazados al casco urbano de ese municipio. Primero 87 y luego 107, a quienes un grupo armado les quitó los documentos de identidad. Otros 70 quedaron paralizados a mitad de camino, en veredas de La Gabarra, por temor y por falta de recursos. La Alcaldía, la Red de Solidaridad Social y la Cruz Roja los atendieron y la mayoría se alojó en la Casa Campesina. El 1 de mayo de ese año el gobernador Juan Alcides Santaella declaró que tras reunirse con el ministro de gobierno, Armando Estrada Villa, el Gobierno nacional garantizaría recursos para atender a los desplazados. Por su parte, el general Carreño manifestó que el Ejército daría seguridad para el retorno de los desplazados. Ese mes, la Gobernación de Norte de Santander entregó un informe sobre el desplazamiento forzado en el departamento 100 en el cual se reconoció la presencia de 12000 desplazados, de los cuales 7949 están oficialmente censados. Se estimó que a Cúcuta ingresaban diariamente 50 de ellos aunque la Red de Solidaridad Social consideró que era necesario revisar los afectados, puesto que también se aprovechaban de la situación los “avivatos”. Por su parte, los desplazados de Convención y de Ocaña insistieron en una comisión de verificación de las garantías, y propusieron diálogos con los grupos armados para que se comprometieran a respetar a la población civil. De nuevo solicitaron el acompañamiento de la comunidad internacional y la protección de la Fuerza Pública pero con base en que éstas cumplieran honestamente con su misión de protección de los civiles y dieron respaldo a la reanudación de la producción agrícola. La personera de Convención, Corina Mora Martínez, informó el 13 de mayo de 2002 sobre 4583 desplazados en su municipio; también aclaró que en el sur de Bobalí estaban 4896 personas bloqueadas y sin ayuda y se reportaban casos recientes de 7 personas desaparecidas. No obstante las dificultades, en la región hacían presencia varias entidades de cooperación y humanitarias como el CICR, Médicos Sin Fronteras, PCS, la ONU y algunas ONG´s. Precisamente, el 15 de mayo siguiente, se realizó una reunión con representantes de las 98

La personera de Ocaña Marta Patricia Álvarez Echeverri, corroboró esta situación y planteó en esas circunstancias que se esperaba la intervención de los organismos internacionales. 99 En el informe se estimaba una ubicación de 2232 desplazados en Ocaña, más de 4000 en Convención y más de 3000 en otros municipios de la región. 100 Informe presentado por José Jacinto Silva, director de la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Norte de Santander, Cúcuta, 10 de mayo de 2002.

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embajadas de Suiza y de Noruega y de varias autoridades locales, civiles y militares, para coordinar esfuerzos en el tratamiento a los desplazados y en la promoción de planes para programas productivos. 101 Con el concurso de las autoridades se definieron apoyos para los desplazados, cuyo monto e impacto real resultaron precarios: la vinculación al régimen subsidiado de salud y algunas contribuciones para una granja de animales domésticos, 20 millones para un centro de salud y sesenta millones por parte de ECOPETROL para el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña. Por parte del Ejército se brindó acompañamiento con una unidad médica y directamente de la Gobernación proporcionó ayuda para atención sicosocial y nutricional en cuantía de 50 millones y para letrinas, 100 millones. Además, se conformó el Comité Departamental para la Atención de la Población Desplazada, que pretendió responder con un plan que alcanzara una cobertura de atención parcial de 2249 familias. La Secretaría del Interior de la Gobernación de Norte de Santander a mediados de junio planteó que preparaba condiciones para el retorno. El 17 de octubre de 2002 se conoció la llegada de 300 desplazados en Hacarí procedentes de la zona rural, que se alojaron en la Casa Campesina. El 26 de febrero de 2003 la personera de Ocaña Martha Patricia Álvarez Echeverri, declaró que no existían garantías para el retorno de los desplazados, puesto que continuaban los enfrentamientos armados en la región y se presentaban bombardeos de la FAC. En las fincas había letreros de campos minados, los animales y los cultivos desaparecían, las casas estaban abandonadas y las propiedades estaban tomadas por los grupos armados ilegales. Se acordó conformar una Comisión Humanitaria con la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Secretaría del Interior de la Gobernación, la Red de Solidaridad Social, la Cruz Roja y otros funcionarios, con el objeto de valorar la situación y presentar un informe. A la fecha, en Ocaña y sectores periféricos se mantenían más de 4000 desplazados. Los programas de ayuda estaban estancados, muchos buscaban participar en actividades de rebusque y la directora local de la Red de Solidaridad Social fue declarada insubsistente. En el 2003, hacia finales de marzo, de nuevo la incursión de los paramilitares produjo asesinatos y nuevos desplazamientos en El Catatumbo Medio, El Tarra y San Calixto 102 . A la vez, en el Bajo Catatumbo, en La Gabarra, Tibú, los enfrentamientos armados provocaron nuevos desplazamientos, sin que pudiera ingresar a esta región la comisión interinstitucional existente. A inicios de ese año se presentaron en Ocaña desplazados del sur Bolívar, del sur del Cesar y de El Catatumbo, que manifiestan no tener condiciones para el retorno. Recibían apoyo del CICR, de algunas ONG´s internacionales y conformaron la asociación ASODEPO. En la Provincia de Ocaña el CICR mantenía atención humanitaria de emergencia a desplazados en El Carmen, Convención, Ocaña y San Pablo. El programa Acompañamiento Preventivo a Desplazados realizado por la Defensoría del Pueblo a través de los Defensores Comunitarios, fue implementado desde junio de 2002 en Nariño, Valle, Bojayá y Medio Atrato, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación y en febrero de 101

Estuvieron presentes en Ocaña alcaldes y personeros de esa Provincia, la ONU y ACNUR; la Embajada Suiza y Consejería en Proyectos, la Embajada Noruega y el Consejo Noruego para Refugiados; la Defensoría del Pueblo; la Red de Solidaridad Social y mandos militares. 102 Según informe de la Defensoría del Pueblo se calcularon 500 en El Tarra y más de 500 en San Calixto, básicamente refugiados en áreas rurales.

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2003 se amplió a El Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, Tierralta y Noroccidente de Antioquia. Se llegó a considerar que la situación real en el departamento era mucho mayor de lo que las fuentes oficiales registraban, en el orden de 19.000 personas, puesto que algunos consideraron que se podría tener el doble o el triple, en atención a que muchos casos no se identificaban; y la opción del retorno no era viable en muchas situaciones. De otra parte, el 20 de agosto de 2002 los desplazados en Cúcuta denunciaron que los estaban amenazando y que habían asesinado a varios de sus compañeros. Expresan que deseaban conseguir garantías y apoyo para regresar a sus tierras, pues se sentían extraños y no estaban capacitados ni conseguían acceso a los trabajos de la ciudad. A pesar de las gestiones con la Gobernación y con el Incora en preparación de proyectos, los desplazados denunciaron incumplimientos. En diciembre de 2002 se informó sobre la presencia en varios lugares de esta ciudad de 10000 desplazados, es decir unas 2000 familias. “Nosotros tenemos tierra, para qué más tierra. Tenemos derecho a lo nuestro, a lo que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, y lo que con sacrificio, desde niños, hemos cultivado... este es nuestro trabajo y es lo que sabemos hacer... Aquí en la ciudad no sabemos hacer nada. Las mujeres estamos enseñadas a ‘boliar rula’ igual con el hombre, a criar los hijos y a cocinar. Aquí somos extraños porque no sabemos el tipo de trabajo de la ciudad”. 103

El 25 de enero se realizó una reunión de los desplazados de Cúcuta 104 a partir de los congregados por el Centro Diocesano de Migraciones y Solidaridad. Algunos que venían de la Casa Campesina de Convención, del Centro de Migraciones y de casas arrendadas por la Red de Solidaridad Social; plantearon que deseban el retorno, pero con seguridad, así como garantías y condiciones de dignidad. Por lo regular, ante el desarraigo y la falta de capacitación para oficios urbanos, no conseguían empleos, y con frecuencia carecían de los papeles exigidos. El gobernador y el alcalde se habían comprometido a asistir, pero sólo se hizo presente el secretario de gobierno municipal. Asistieron delegados de MINGA, de la OIM, la Defensoría del Pueblo y el obispo de Cúcuta, además se contó con la especial colaboración del religioso Francesco Bortignon. En los inicios de febrero de 2003 había población desplazada principalmente en Cúcuta, Ocaña y Convención. La Defensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad Social y otras entidades, mantenían seguimiento y el Gobierno nacional promovía el retorno, aunque se discutía que debía ser sobre la base del diseño de planes, el estudio de las condiciones y los preparativos adecuados para el efecto. En marzo de 2003 la OIM donó en Cúcuta 200 casas para familias que habitaban en condiciones de alto riesgo y para familias desplazadas. Este mismo mes se produjeron nuevos desplazamientos en el área rural de Sardinata, según la información de prensa, resultado de enfrentamientos armados, entre los paramilitares y las guerrillas. En abril de 2003 los desplazados seguían llegando a Ocaña por efectos del conflicto armado y de las fumigaciones. En mayo de 2003 la Red de Solidaridad Social informó que en Cúcuta había 21.453 desplazados, de ellos unas 3.500 familias en la Ciudadela Juan 103

“Desplazados por la violencia siguen llegando a Cúcuta: Aquí somos extraños”. Entrevista a María Lucía Riaño. Periódico La Opinión, 21 de agosto de 2002. 104 La reunión concentró en el Centro Diocesano Cristo Rey, barrio Buenos Aires de la comuna Juan Atalaya, a 160 adultos, que respondían por 250 menores y procedían de Convención, El Tarra y Tibú.

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Atalaya, pero estimaba que el volumen real de desplazados era mayor. La ejecución de esta entidad, al momento, era del orden de $1.437´000.000, de los cuales invirtió en Cúcuta $995´800.000, destinados a la entrega de 304 lotes con servicios, en cuyo respaldo concurrieron aportes del Fondo de Inversiones para la Paz por $257´100.000 y la Corporación Minuto de Dios, por $200´700.000. Se promovió entonces el proyecto Ciudadela El Rodeo, con 200 soluciones habitacionales de las cuales la mitad se destinó a desplazados y las otras a población vulnerable, por un monto de sólo $334´300.000, mayoritariamente aportados por la Red de Solidaridad Social. En el área rural de Cúcuta se comprometieron dos pequeños proyectos de vivienda: el de La Cochinilla, con aporte principal de 45.7 millones de la RSS para 45 beneficiarios de 8 familias; y el de El Suspiro, también con aporte principal de la RSS por 25.7 millones, para 18 beneficiarios de 8 familias105 . Y con escaso presupuesto de inversión también hubo proyectos de la RSS con desplazados en El Zulia, Lourdes y Puerto Santander. La política del Gobierno nacional fue la de promover el retorno. Al respecto, se organizó un plan el 19 de mayo de 2003 de 123 familias, con 600 personas, y de ellas 400 menores, para retornar a El Catatumbo luego de más de un año de permanencia en Cúcuta, Ocaña y Convención. El acta de compromiso la definieron la RSS, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. Cada entidad asumió determinada responsabilidad, dentro de las que se destacaron las condiciones de seguridad y las garantías en asuntos básicos de educación, salud y actividades agrícolas. En todo caso, una gran dificultad estribaba en pretender el retorno en medio del conflicto armado todavía presente en la región. Debido a ello, los campesinos insistieron en demandar garantías a todos los actores armados. “…pues si debemos regresar aún en el conflicto, les pedimos a los actores armados que miren que somos una población muy afectada por todo lo que ha pasado y que entiendan que queremos trabajar”.106

El 29 de mayo de 2003 los desplazados se tomaron el parque principal de Ocaña para presionar soluciones. Ciento veinte personas pertenecientes a cincuenta familias pidieron la adjudicación de terrenos para viviendas. Las autoridades acondicionaron el Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero para el albergue y se concertó el retorno a barrios periféricos. La mayoría había recibido atención de emergencia, pero no se habían resuelto otras opciones de reubicación o de retorno. El ICBF respondió por los almuerzos de los menores. El 18 de septiembre, siguiente 170 familias desplazadas en Cúcuta invadieron un terreno en el barrio periférico La Divina Pastora y crearon el barrio Carlos Eduardo Caicedo, en honor a un líder comunal desaparecido. En junio de 2003, la RSS informó que en Norte de Santander había más de 25000 desplazados y planteó que el asunto primordial para considerar el retorno era el tema de la seguridad. Los desplazados aclaraban: “si nos garantizan seguridad, el resto lo conseguimos nosotros, porque sabemos trabajar el campo”. El 26 de junio de 2003 el CICR informó sobre la atención de desplazados en El Carmen y Convención: 1034 105

Son dicientes los bajísimos montos de otros aportes. Así, en Ciudadela El Rodeo, 38.5 millones del FIP y 59.4 millones de Metrovivienda. En la parte rural en La Cochinilla, 6.4 millones de Metrovivienda. Y en El Suspiro, 3.7 millones de la OIM y 3.1 millones de Metrovivienda. Debieron completar directamente los beneficiarios con determinados aportes. 106 “600 labriegos regresan a casa: Somos desplazados no mendigos”. En La Opinión, 20 de mayo de 2003.

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personas recibieron consultas médicas, odontológicas, acceso a un programa de educación y prevención y la presencia de este ente humanitario, que mantiene contacto con todas las partes en conflicto, para demandarles el respeto al DIH, la protección a la población civil y facilitar el acceso a la salud. El 16 de julio de 2003, en Ocaña, el Comité para la Atención de la Población Desplazada le solicitó a la Gobernación y a la oficina de la RSS, un Plan de Contingencia, pues en el curso del año continuaron llegando, poco a poco, numerosos desplazados. En ese momento los principales municipios receptores eran Ocaña, Convención y Cúcuta. El CICR, la Cruz Roja Colombiana y la Red de Solidaridad Social, acompañaron entonces el retorno a Teorama, de donde habían salido alrededor de 4000 personas. Acompañaron este proceso la Gobernación de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo. El alcalde de Teorama, Eulalio Camargo, expresó con optimismo que “hoy Teorama es tierra de paz”. Durante los primeros días de agosto de 2003, ante la incursión de las FARC en La Gabarra y los enfrentamientos con las AUC, se produjo un nuevo desplazamiento a la zona urbana, compuesto por 58 hombres, 42 mujeres y 67 menores. 4.2

LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO, MANIFESTACIONES DEL CONFLICTO ARMADO EN CÚCUTA

Los grupos armados adoptaron como estrategia de guerra el convertir los civiles en objetivos militares y los territorios en escenario de disputa. La principal y más grave consecuencia de este método perverso fue la salida forzosa e involuntaria de personas que tuvieron que buscar opciones de protección en otros lugares, dentro y fuera del territorio nacional. Las personas que no participaron en las hostilidades fueron las principales víctimas de la confrontación armada que se mantiene, se expande y se agrava en el Norte de Santander. La vida comunitaria cambió a partir de mayo de 1999, fecha en que se dieron las principales desplazamientos de carácter masivo. Empezaron las amenazas, el bloqueo económico, los asesinatos, las desapariciones, la quema de casas, el robo de ganado y de animales, el saqueo de viviendas, etc 107 . La población desplazada no sólo ha sufrido los efectos del desplazamiento, también ha sido víctima de múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Entre ellos se destacan bloqueos de alimentos, ataques indiscriminados, masacres; hurto de bienes, ataque a fuentes de alimentos, retención; lesiones por minas antipersonales, reclutamiento forzado de menores, amenazas y desaparición de personas, entre otros 108 . “La población civil es amenazada por ajuste de cuentas por parte de uno de los actores, al considerarlos informantes o porque presuntamente han sido cooptados por el contradictor”109 .

La población civil es declarada objetivo militar por los grupos armados y, como consecuencia de ello, ha padecido combates en la zona, quema de enseres y casas, saqueo de pequeñas tiendas, pérdida de seres queridos. El siguiente objetivo de los grupos armados consistió en desvertebrar la organización social de las comunidades ubicadas en el 107

Documento de la Comunidad Desplazada del Catatumbo, asentada provisionalmente en el Centro de Migraciones de Cúcuta. 108 Entrevista a miembros de ASOFUNOR, realizada en Bogotà, D.C, el 6 de febrero del 2004. 109 Informe de estado región santandereana, sistema de alertas tempranas, Defensoría del Pueblo, agosto 2003.

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territorio en disputa. En tal sentido, se referencia la situación de diferentes organizaciones sociales: “(...) Desde el año 98 y 99 juntas de acción comunal afiliadas a la federación FEDECOMUNAL han desaparecido desde la base; hubo asesinatos selectivos, se desplazaron miembros de las Juntas, se acabaron las Brigadas Comunales, murieron lìderes cívicos. (..) a muchos les da miedo asistir a las reuniones, no salen de noche (..) les da miedo recibir capacitación110 (...) asesinaron líderes de reconocida trayectoria, dirigentes comunales y de veedurías. (..) En el 2003 han sido asesinados en el Departamento 33 líderes comunales (...) El presidente de la junta está desplazado y no cuenta con recursos para convocar a reuniones, se necesita rescatar el espacio comunitario, se necesita capacitar a la nueva dirigencia y recuperar el sentido de pertenencia colectivo”111 “(..) La acción sindical, por ejemplo, se convirtió en actividad de alto riesgo. Las distintas organizaciones sociales y sus líderes fueron objeto de violentas presiones por parte de los distintos actores armados y terminaron por quedar atrapados en medio de la guerra, bien por los efectos de la polarización, o bien por la superposición de los escenarios de la guerra y del conflicto social”.112 .

Según la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, “Desde el año 1982 hasta octubre de 2003 se registran 26 docentes asesinad@s, existen más de 300 docentes perseguid@s. En el año 2002 fueron sacados de su sitio de trabajo 47 docentes (...) en el 2003, 61 maestros han sido amenazados, de los cuales a 52 se les ha reconocido el estatus de amenazado. (...) desde el año 1994 se han expedido más de 470 estatus de amenazado, algunos han tenido que abandonar el Departamento y otros el país”113 . En la investigación se documentó la existencia de amenazas proferidas a los profesores, que generaron desplazamientos de aquellos, desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos y de algunos municipios hacia Cúcuta. Igualmente asesinatos de miembros de la Asociación Sindical del Norte, de miembros de sindicatos de la salud; amenazas contra párrocos, ataque a miembros de organizaciones no gubernamentales del departamento; asesinatos de miembros de ONG y de mujeres campesinas en el Municipio de Villa del Rosario. Es importante resaltar que producto del terror y el miedo, así como el desplazamiento forzado, organizaciones como la Unión Sindical Obrera subdirectiva de Tibú y la ANUC directiva departamental, han tenido dificultades para conformar sus órganos directivos, en virtud a que muy pocos trabajadores desean hacer parte de estos organismos gremiales, las vacantes dejadas por trabajadores petroleros o campesinos en la mayoría de los casos no han sido reemplazadas. 4.2.1 Disputa territorial, principal causa del desplazamiento. El periodo examinado (2000-2003) ha sido excepcionalmente grave y difícil para la población que vive en las zonas de conflicto armado en Norte de Santander. En primer lugar, porque los actores del conflicto armado, particularmente los grupos paramilitares y la guerrilla, con el propósito de mantener y establecer un control territorial militar de vastas zonas rurales, han hecho de la población civil un objetivo militar; y en segundo lugar, 110

Por miedo a la estigmatización de la Organizaciones que dictan la capacitación. Entrevista realizada a Martha Maldonado, Miembro de Fedecomunal, el dìa 16 de octubre de 2003 en Cúcuta. 112 “Los desplazamientos de la protesta social” de Ricardo Peñaranda, publicado en el libro Síntesis 2001 anuario Social, Político y Económico de Colombia, publicado por el IEPRI, de la Univesidad Nacional de Colombia, en abril del 2001, pág. 43. 113 Entrevista a William Henry Velandia de ASINORT. 111

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porque ante las masacres, desapariciones forzadas y las amenazas de muerte, miles de pobladores han tenido que salir con su grupo familiar, o de manera masiva, de sus lugares de residencia y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas subnormales de la capital del departamento. En su gran mayoría, los desplazados abandonaron sus lugares de origen por causa de amenazas, enfrentamientos y asesinatos. Los responsables fueron, en su orden, las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas. Los principales lugares de expulsión corresponden a Tibú, El Tarra, Teorama, Sardinata y Ocaña 114 . Según la Defensoría del Pueblo, en el Departamento de Norte de Santander se presentó un incremento en las acciones del conflicto, principalmente en la región de El Catatumbo, desde finales del 2001 y con mayor fuerza durante el primer trimestre del año 2002. “(...) las acciones de las AUC en la provincia de Ocaña, al parecer, se encuentran relacionadas con la posibilidad de establecer conexión entre el Magdalena Medio, el sur del Cesar y el resto del departamento de Norte de Santander. El bloqueo de este corredor significa, en la lógica del conflicto, la posibilidad del aislamiento y la dispersión de fuerzas, por un lado, y el control de una retaguardia segura para los movimientos de expansión hacia los frentes norte y oriental, por el otro”115 .

De otra parte, una de las principales causas de la disputa territorial es el control sobre el cultivo y la comercialización de la hoja de coca, el cual se intensificó en la región y propició el desplazamiento de población116 . 4.2.2 Cúcuta y su área metropolitana, los mayores receptores. En el periodo examinado llegaron a Cúcuta 81.581 personas 117 , la mayoría de las cuales se encuentra en condiciones infrahumanas, hacinada en zonas marginadas. Su llegada ha influido decididamente en el deterioro de las condiciones generales de vida de la comunidad allí asentada en cuanto a alojamiento, salubridad, abastecimiento de alimentos y agua potable, entre otras. La población rural ha sufrido graves procesos de desarraigo al pasar de una cultura rural a una urbana, en la que se le considera extraña y, en el peor de los casos, invasora. El asentamiento de una población que no puede ser vinculada a un comercio en crisis ni a una débil industria regional, genera agudos conflictos urbanos relacionados con la expansión social y económica, el crecimiento de la violencia, la inseguridad y la delincuencia 118 . La inseguridad de la población desplazada es una de las situaciones más preocupantes. En los barrios subnormales a los que llegan están expuestos a los mismos grupos que ocasionaron su desplazamiento y, además, a las bandas delincuenciales que operan en la ciudad. 119 Según el índice de NBI (en el departamento), el 100% de la población tiene cuando menos una necesidad básica insatisfecha, el 19% está catalogado como pobre (una necesidad 114

CODHES. Informe defensorial sobre el desplazamiento forzado por la violencia de Colombia. Defensoría del Pueblo. 2002, p.24 116 Ibidem. 117 Fuente CODHES. 118 Lógicas y Dinámicas del Conflicto armado en el Nororiente Colombiano. El caso de Arauca y Norte de Santander. 1990-2000. Defensoría del Pueblo. 119 Documento de la Coordinación Departamental de Desplazados, del Comité Operativo. 115

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básica insatisfecha), el 26% como indigente (dos necesidades básicas insatisfechas) y el 55% como extremadamente pobre (tres o más necesidades básicas insatisfechas). Más familias de PDV en Norte de Santander viven en extrema pobreza que en ningún otro departamento, con excepción de Caquetá 120 . Según información suministrada por el Padre Francisco Bortigno, de la Parroquia Natividad de Nuestra Señora de Cúcuta, el desplazamiento sumado al desempleo ha convertido los asentamientos en núcleos de población desesperada, con necesidades insatisfechas en empleo, salud, educación, vivienda y en general en condiciones muy precarias. Manifiesta que la situación se hace crítica porque confluyen factores estructurales que hacen difícil la recuperación de la vida “en condiciones dignas” en los centros urbanos. Citó, por ejemplo, un proyecto de autoconstrucción implementado para 100 familias en situación de desplazamiento, en el que las personas, con muchísimas limitaciones, lograron terminar la construcción de sus viviendas. Al finalizar el proyecto, las familias no pudieron disfrutar su nueva residencia porque, no obstante contar con tubería, no les llega el servicio de agua potable 121 por razón del problema de estado del acueducto en el municipio. Tienen electricidad pero carecen de los medios económicos para pagar el servicio de energía. Reciben cursos de capacitación y/o formación, pero no acceden a un trabajo por los altos índices de desempleo de la ciudad. Tampoco cuentan con alterna tivas de comercio, por la crisis fronteriza; “las personas se encuentran muy mal, muriéndose de enfermedades como la IRA o simplemente de hambre”, comentó el entrevistado. El mayor volumen de desplazamiento se registró en el año 2002, con 136. Seguido de 82 eventos en el 2001, 70 en el 2000, 69 en el 2003 y 27 en 1999 122 . Como puede observarse, la crisis humanitaria se visibilizó al iniciarse la disputa territorial entre los actores del conflicto por el dominio de zonas de importancia geoestratégica en el año 1999, adquiriendo su máxima expresión en el año 2002 e iniciando una fase de decrecimiento en el 2003, fecha en la que se consolidó un mayor control territorial por uno de los actores del conflicto armado. 4.3

GRAVES DAÑOS CAUSADOS A LA POBLACIÓN CIVIL

El desplazamiento en Norte de Santander ha acarreado a la población desplazada pérdidas cuantiosas no sólo en el campo material sino también moral. En el ámbito psicosocial: "A toda víctima de la violencia se le rompen tres componentes que constituyen al SER con mayúscula: la identidad, la cotidianeidad y la interrelación"123 . "(…) A nivel individual en las personas se produce una ruptura biográfica y el temor atenta contra la posibilidad de memoria crítica. En el nivel familiar y colectivo la intimidación y la desconfianza generalizada producen fragmentación de los vínculos familiares y sociales, la perdida de referentes sociales y culturales, y las posibilidades de organización (…)"124 .

El desplazamiento forzado implica pérdida de seres queridos, rupturas y destrucción del tejido social, lo cual se manifiesta en los cambios de las estructuras familiares, la recomposición poblacional de inmensas regiones, y la perversión de los poderes políticos y 120

Boletín RUT Informa No. 12, sobre Desplazamiento Forzado en Colombia. En un clima de 37 grados centígrados en la sombra. 122 Fuente CODHES. 123 Ofelia Restrepo, experta en Salud Mental. Proyecto CRS-REDEPAZ. Noviembre de 2003. 124 Intervención de Nesdy Espitia de la Corporación AVRE, en el Seminario Taller Internacional "Superación de la impunidad, reparación, reconstrucción y reconciliación". Octubre 4-6 de 1999. 121

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económicos. Además, a nivel comunitario, se destruyen procesos de organización, producción y participación propios de las comunidades rurales, a través de los cuales se han buscado soluciones a sus necesidades básicas. Los daños materiales causados a la PDV en Norte de Santander aún no se han cuantificado. Van desde la destrucción o pérdida de bienes hasta los ingresos dejados de percibir por la labor agropecuaria o el pequeño comercio; lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de las PDV contaba con una finca o parcela con casa 125 antes de que se dieran los hechos que acarrearon el desplazamiento y generaban su “modus vivendi” a partir de su trabajo o lo producido en su parcela. 4.3.1 Debilidad en política gubernamental. La investigación no tuvo conocimiento acerca de la implementación de una política integral a favor de la PDV, en la totalidad de las áreas de atención previstas en la normativa humanitaria. Una funcionaria de la Red de Solidaridad Social manifestó que sólo se presta asistencia humanitaria de emergencia e, igualmente, que no se atiende el 100% de la población desplazada en razón de que los recursos son insuficientes (...) 126 . El departamento de Norte de Santander muestra el porcentaje más alto de familias que aducen no haber recibido asistencia (69%). Diez por ciento de ellas dice haber recibido asistencia de la Cruz Roja, seguida de la RSS (9%), Minuto de Dios (6%), la Iglesia (4%), organizaciones internacionales (1%) y otros (9%). La asistencia recibida es principalmente para asistencia alimentaria (66%), seguida de servicios de salud (14%), vivienda (9%), educación (9%) y otros (2%) 127 . Se tuvo información acerca de la conformación del Comité Departamental de Atención a la PDV y de que fue aprobado un plan de contingencia para la atención a la PDV. Para la Coordinación Departamental de Desplazados, “las entidades gubernamentales han respondido en forma negligente”128 . La política pública estuvo focalizada en la asistencia humanitaria de emergencia y en el retorno de la PDV a sus lugares de origen. Sin embargo, el esquema de retornos como eje fundamental de la política -en medio de uno de los momentos de mayor agudización y degradación de la guerra- ofrece serios interrogantes respecto de su viabilidad y pertinencia. Así lo corroboran los informes de la comunidad desplazada del Catatumbo y la relatoría de organizaciones que trabajan en la zona: “Una comisión de entidades gubernamentales se trasladó al Catatumbo para verificar las condiciones de seguridad. No están dadas las condiciones debido a bombardeos de la fuerza aérea sobre los campamentos. Los retornos que viene impulsando el gobierno de Uribe, ponen en riesgo lo único que le queda a la PDV, la vida”129 .

125

Tipo de bienes abandonados. Finca o parcela con casa: 204; casas o apartamentos: 77; finca o parcela sin casa: 13. Fuente CODHES. 126 Entrevista a Patricia Rodríguez, Directora de la Red de Solidaridad Social, Dpto de Norte de Santander. 127 Boletín RUT INFORMA No. 12 sobre Desplazamiento Forzado en Colombia. 128 Documento de la Coordinación Departamental de Desplazados, del Comité Operativo. 129 Documento de la Comunidad Desplazada del Catatumbo, asentada provisionalmente en el Centro de Migraciones de Cúcuta.

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"Los retornos no han tenido ningún tipo de garantías de sostenibilidad y restablecimiento digno, lo que ha propiciado el retorno a riesgo, con la renuncia a exigir las garantías por parte del Estado. Los espacios de concertación que han posibilitado misiones de evaluación para el retorno plantean recomendaciones que no se tienen en cuenta y se producen regresos a zonas minadas y con presencia de grupos armados130 .”

5.

NARCOTRÁFICO

5.1

ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO

A mediados de 1980 comenzó la presencia en Norte de Santander de los cultivos de coca de uso ilícito, localizados inicialmente en la parte baja y media de El Catatumbo. La misma dinámica del negocio, así como la estratégica posición sobre el río Catatumbo, desarrolló como epicentro de las actividades de comercialización al corregimiento de La Gabarra, en el Municipio de Tibú; miles de personas fueron atraídas inicialmente por la bonanza petrolera; llegaron buscando vinculación laboral con las multinacionales o con las instituciones del Estado. Posteriormente, ante el descenso y el desmonte de esta industria, muchos no tuvieron más opción que trasladarse selva adentro, tras la posibilidad de establecer una finca para aprovechar la explotación maderera o desarrollar distintas labores agrícolas. Los primeros cultivos de hoja de coca fueron plantados por las FARC, que en ese tiempo daba sus primeros pasos en la estructuración del Frente 33 en el departamento. Las condiciones no sólo climáticas sino socioeconómicas y geográficas eran óptimas. Se produjo entonces con los años un negocio ilícito que trajo fuertes repercusiones: retroalimentó la violencia y contribuyó a generar la grave y profunda crisis humanitaria existente, a la vez que impactó negativamente en las estructuras sociales, políticas y económicas del departamento. Esta guerrilla implementó castigos a los campesinos que no participaran de actividades como la quema de semilleros o la erradicación de las plántulas. Así mismo, el EPL, que también existía en la región, tomó la decisión de trasladar su fuerza militar más importante, ubicada en el Catatumbo y en la Provincia de Ocaña, hacia el Sur del Cesar. 131 A pesar de la oposición armada del ELN, la propagación de la siembra se dio de manera irreversible, en razón de que confluyeron condiciones como la rentabilidad del negocio, la pobreza, las escasas oportunidades de los cultivos de “pan coger” y la posibilidad percibida por los sectores campesinos de alcanzar de forma “rápida” el mejoramiento del nivel de vida. Adicionalmente, los químicos, herbicidas y plaguicidas y algunos precursores, dejan la tierra estéril por espacio de 8 a 10 años, lo que no permite la sustitución rápida por cultivos lícitos. La situación se hace más grave por cuanto la ubicación de los cultivos ocurre con

130

Relataría de la reunión realizada el 10 de junio del 2003 para analizar la situación de crisis humanitaria en Norte de Santander, asistentes Minga, PCS, CINEP, Progresar, Comisión Colombiana de Juristas, OACNUDH, Corporación AVRE, CUT, FCSPP, Asamblea Permanente, OXFAM G.B, CARE Canada, Terredes Homes-Italia, WRC/PCS, Defensoría del Pueblo –SAT-, USO, Asesor de Gustavo Petro. 131 El EPL por consideraciones estratégicas de orden político y militar, en los años ochenta desplazó sus frentes en distintas regiones del país, de zonas selváticas o marginales hacia otras de mayor desarrollo económico, que fueran cercanas a municipios y ciudades de importancia. El propósito era conseguir influencia y operatividad también en zonas suburbanas y urbanas. En Norte de Santander se dirigió hacia lugares cercanos a Cúcuta, Ocaña y Tibú. Al respecto: “Para Reconstruir los Sueños, una Historia del EPL”, de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas, Colcultura, Progresar, Cultura Democrática, Bogotá, 1994 ..

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frecuencia en áreas protegidas y en parques naturales, en razón de su alta biodiversidad y de su gran importancia en relación con el ciclo hidrológico. 132 Los efectos internacionales y nacionales de la lucha contra las drogas, asociados con los cultivos ilícitos, se agudizaron particularmente entre 1995 y 1999, cuando la superficie sembrada creció de manera alarmante, debido al desplazamiento de los cultivos desde Perú y Bolivia hacia Colombia. Como resultado, los cultivos de coca de uso ilícito se propagaron a 19 departamentos y 245 municipios. 5.2

EL AUGE DE LOS CULTIVOS ILEGALES Y LA DISPUTA DE LOS GRUPOS ARMADOS IRREGULARES

En El Catatumbo, los productos legales e ilegales que llegaban a la zona, en especial los requeridos para el procesamiento de la coca, tenían una especie de impuesto que, como lo advertimos, no sólo eran cobrados por la insurgencia sino también por la Fuerza Pública en sus puestos de control, estables o móviles. Se imponía un cobro a productos básicos de la canasta familiar y fue gravado el transporte de personas. Finalmente, se estableció la prohibición de poseer y vender pasta de coca en el casco urbano de La Gabarra; la bonanza se hizo más visible y los controles más arbitrarios. Por ejemplo, las FARC comenzaron a exigir ya no un impuesto de gramaje a los compradores, sino la participación con en 50% de la producción de coca. En el trayecto de la única vía carreteable a la zona de cultivos, era común encontrar retenes de todos los grupos. En algunas oportunidades, ocurrieron hechos graves como el dinamitar el principal puente sobre el río Sardinata, que comunica a Cúcuta con Tibú. Tenían el objeto de alterar el comercio ilegal y crear condiciones más difíciles de transporte de insumos y de droga, así como generar pánico, para elevar los precios e interferir en las actividades de cosecha, procesamiento y comercialización. La situación tendió a agravarse desde 1997, cuando las tropas del Ejército Nacional y los efectivos de la Policía Nacional fueron retirados de la zona a raíz de los hostigamientos constantes y el estado de aislamiento en que se encontraban. El control de la insurgencia se hizo más notorio, no sólo a nivel militar sino territorial, de forma que implementó un sistema de control social intenso, al punto de elaborar su propio censo poblacional. Pero el escenario cambió de manera radical a finales del mes de mayo de 1999, con la llegada a la zona, por vía terrestre desde el Sur del Cesar, de contingentes de las AUC que se desplazaron sin ningún obstáculo en una caravana de camiones que atravesó durante ocho horas los Municipios de Ocaña, Convención, El Tarra y Tibú. Se calcula que unos 1.500 hombres desembarcaron en la vereda de Vetas, en el Municipio de Tibú, y el primer contacto armado con los insurgentes lo tuvieron con tropas irregulares en acción coordinada de las FARC, el ELN y el EPL. No obstante, bajo la permisividad de la Fuerza Pública las AUC consolidaron sus posiciones en el corregimiento de La Gabarra. Luego de tomar posesión de gran cantidad de fincas con cultivos de hoja de coca, unas abandonadas luego del asesinato de sus propietarios o familiares, otras producto del ambiente de terror que se venía creando, se produjo el anuncio de Carlos Castaño, en 132

Revista del Ministerio de Defensa, El Narcotráfico una Amenaza para la Seguridad Nacional, Bogotá, 2.000, Pg. 33.

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entrevista a medios de prensa escrita y televisada, de que “guindaría su hamaca en El Catatumbo”. Además del interés militar y político en la región, las AUC comenzaron un proceso de establecimiento de nuevas reglas para la siembra, recolección, transporte y comercialización de la hoja y de la pasta de coca. Al tiempo que se apropiaban de estas tierras, prohibieron sacar de la región hasta un gramo de pasta de coca. Quienes se atrevieran a incumplir esta orden, serían declarados objetivo militar y asesinados. Así mismo, le colocaron un precio fijo por kilo a la venta y compradores fijos y obligatorios a la adquisición. A diferencia de las FARC, que tenían instalados unos puestos de compra, con libertad de precios. Al parecer, la insurgencia ha logrado, según comunicados difundidos, golpear en varias ocasiones las estructuras de las AUC y recuperar territorios de los que fue desplazada, pero las AUC desarrollan incursiones en territorios controlados por la guerrilla. Para el caso de las AUC, al lograr el repliegue de la insurgencia y arrebatar una importante zona cocalera, inició una campaña otras regiones con el objeto de consolidar sus corredores estratégicos, hacia el Cesar, el centro del departamento y Venezuela. Las FARC, por su parte reforzaron un corredor hacia Arauca y recuperaron presencia en la Provincia de Ocaña. La Fuerza Pública si bien recuperó el control institucional, no consiguió infligir derrotas significativas a los grupos irregulares. 5.3

LA GRAVEDAD DEL IMPACTO SOCIAL Y LA PERVIVENCIA DEL NARCOTRÁFICO

Según denuncias de pobladores, en varias incursiones las AUC quemaron veredas y caseríos enteros, como San Martín, Santa Isabel y el corregimiento de Filogringo. Las FARC, por su parte, incursionaron en la Reserva, Las Gaviotas, y en el Puerto Chucho Pardo y se llevaron todo el ganado de los campesinos. Ambos grupos han aplicado el cerco y el bloqueo alimentario a comunidades enteras, supuestamente dirigido a golpear al enemigo. Esto ocurrió en La Trinidad y San Pablo en el municipio de Convención por parte de las AUC y últimamente en Luis Vero, por las FARC, en el municipio de Sardinata. Cada bando posee grupos de pobladores especializados en el raspado de hoja de coca, que al ser detectados en áreas del bando contrario son aprehendidos y asesinados. Esta modalidad especial de secuestro y persecución se ha extendido hasta las principales ciudades, como Cúcuta. Dichas personas, de origen humilde, son detectadas en su nuevo lugar de asentamiento y posteriormente asesinadas, situación que ha contribuido a elevar el número de homicidios en los centros urbanos. Según testimonios de habitantes de la región entregados a esta investigación, se ha presentado el caso, de que las AUC retengan durante dos o tres semanas hasta doscientas personas. Les decomisan los documentos de identidad, las ubican en fincas abandonadas con cultivos de hoja de coca y las obligan a trabajar hasta que terminan las labores de raspado de hoja de coca. 133 Los roles y patrones socioculturales de los pobladores en ciudades como Cúcuta y Ocaña han sido alterados, producto de “la adquisición de dinero fácil”. Son notorios el 133

Nos basamos en entrevistas sostenidas con campesinos provenientes de la región afectada, quienes por motivos de seguridad recomendaron mantener en reserva esta fuente.

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enriquecimiento de algunos sectores ligados al negocio, su vertiginoso ascenso social y el poder que le otorga el respaldo de grupos armados ilegales. Las consecuencias se han plasmado en mayores tasas de homicidios, violencia intrafamiliar, consumo de drogas alucinógenas, aumento de detenciones en las cárceles y pérdida de valores éticos y culturales De otra parte, a pesar de los negativos efectos sociales y como expresión del fracaso de la política de represión de los cultivos, los cultivos de hoja de coca se han extendido a nuevas áreas en los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, Ocaña, Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama, Abrego, Hacarí, La Playa y Arboledas. Como centros de procesamiento de la pasta de coca se destacan en la actualidad, el área metropolitana de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Los Patios, El Zulia y el municipio de Chinácota. 134 Pero este negocio ilegal de nefastas consecuencias aún pervive. Se han configurado dos importante rutas de salida de la droga en el departamento. Una, utilizada en menor escala, que atraviesa El Tarra, Convención y Ocaña, hacia la costa caribe colombiana, en la cual se involucran pequeños comerciantes. Y la otra, más importante, con incursión directa en mercados internacionales, a través de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Allí se han concentrado comerciantes mayores de la droga y carteles reconocidos, que la sacan por toneladas a través del hermano país con destino a Estados Unidos y Europa; por supuesto, con medios de transporte más sofisticados. Las AUC utilizan diferentes sistemas de transporte: aeronaves, vehículos que se movilizan por trochas y carreteras, bestias y, en algunas zonas de la provincia de Ocaña, acarreo en lomo de mula. 5.4

LA POLÍTICA ANTIDROGAS Y LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO

El 16 de enero de 2001 los gobernadores de Nariño, Huila, Santander, Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Caquetá, solicitaron al Gobierno nacional conversaciones con los grupos armados, criticaron el Plan Colombia por incentivar el escalamiento militar del conflicto y plantearon no implementar la actuación represiva y de aspersión aérea de glifosato sino concertar con las comunidades la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito. “la sustitución pacífica de los cultivos de uso ilícito… y la urgencia de trabajar por soluciones de erradicación manual y de sustitución gradual y voluntaria; de desarrollo alternativo y sostenible y de propuestas que ofrezcan alternativas reales al campesinado…” 135

A la vez, abogaron por estrategias pacíficas, sociales y regionales y propusieron, con relación al tema de la sustitución de cultivos, el nombramiento de una comisión internacional que evaluara e hiciera un seguimiento a la problemática. Por su parte, la Cámara de Representantes conformó la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de las Políticas Gubernamentales de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Desarrollo Alternativo y Medio Ambiente, como acción incorporada al Plan Colombia, a instancias de la cual se pronunció en respaldo a la denuncia y la propuesta de suspender las fumigaciones presentada por el Defensor del Pueblo, en la cual se estableció el grave impacto del glifosato contra los seres humanos y el medio ambiente. 134

Operativos de la Fuerza Pública especialmente los que consiguen incautaciones, informes de las autoridades locales, informaciones de prensa y la versión de personas provenientes de esas regiones así lo revelan. 135 Reporte periodístico de Colprensa, Bogotá, enero 16 de 2001.

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“(Solicitamos ) al Gobierno Nacional suspender de forma inmediata las fumigaciones de cultivos ilícitos que se realizan en los departamentos de Putumayo, en el sur de Bolívar y las previstas para el Norte de Santander (Catatumbo) y los antiguos Territorios Nacionales, mientras no se atienda las recomendaciones y exhortaciones hechas por el Defensor del Pueblo, sobre los enormes daños ecológicos y perjuicios sociales, económicos y de salubridad que se vienen causando a las poblaciones ubicadas en las zonas de aspersión química”.136

A la vez, una Comisión de la Cámara de Representantes, el 29 de mayo de 2001, advirtió al director de la Policía Antinarcóticos, Gustavo Socha Salamanca, que sin un Plan de Manejo Ambiental y sin previa concertación con las autoridades locales de Tibú, El Tarra y Sardinata, no se podían adelantar operaciones de fumigación en El Catatumbo, posición que apoyaban las comunidades de la región, la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría Regional del Pueblo, los personeros, el Procurador Regional y Corponor. Entonces, ante la eventualidad del inicio de las nuevas fumigaciones programadas, se produjo una nueva marcha de protesta de más de cuatro mil campesinos cultivadores y raspachines recolectores, procedentes de El Catatumbo, la cual se concentró en el casco urbano de Tibú y pretendió continuar hasta Cúcuta; sin embargo, la situación se complicó puesto que además de que había más de 250 marchistas enfermos se produjeron serios disturbios con la fuerza pública que arrojaron un saldo de un muerto, 80 heridos, zaqueos y destrucción de instalaciones de Telecom, Postobón, locales comerciales, el aeropuerto, las bombas de combustible y el Liceo Francisco José de Caldas En estas circunstancias, la marcha se afectó y los participantes regresaron a sus lugares de origen, sin conseguir interlocución ni acuerdos con las autoridades a diferencia de experiencias anteriores, pues se recuerda que las marchas del 97 y 98 consiguieron negociar con el Gobierno nacional en materia de inversión social. La Policía declaró que las anteriores marchas por igual motivo habían sido promovidas por las FARC y que esta nueva movilización había sido organizada por las AUC. Pero a pesar de las opiniones en contra y la protesta, a finales de junio de 2001 la Policía Antinarcóticos, por orden de la Presidencia de la República, reinició las fumigaciones, sin concertar el plan ambiental demandado. En consecuencia, el 6 de marzo de 2001 entraron a El Catatumbo helicópteros y aviones de la Policía Antinarcóticos y el general Gustavo Socha Salamanca, director de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, declaró que en la región había más de 7000 hectáreas de cultivos de coca que debían ser erradicados. 137 Por su parte, el general Martín Orlando Carreño al mando de la V Brigada del Ejército, en un reportaje reconoció que el principal sustento económico de las AUC era su vinculación con el narcotráfico 138 . Apreciación que coincidió con la aseveración de las Naciones Unidas sobre la grave problemática de derechos humanos en la región y la participación en la mayoría de los casos de violaciones de las AUC, a partir de que su sustento económico provenía principalmente del

136

En Comisión de Cámara de Representantes: parlamentarios respaldan solicitud de suspensión temporal de fumigaciones. Comunicado de prensa # 578 de la Defensoría del Pueblo, Bogotá D.C., 28 de febrero de 2001. 137 La información oficial de la Policía Antinarcóticos indicó que en el Catatumbo en el año 2000 fueron destruidas 1308 hectáreas de coca y 87laboratorios de procesamiento y en el año 2001 1500 hectáreas y 140 laboratorios. 138 Reportaje con el general Martín Orlando Carreño Sandoval, Clara Isabel Vélez Rincón, El Colombiano – Colprensa, 31 de marzo de 2002.

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narcotráfico, como incluso lo reconoció públicamente su dirigente Carlos Castaño en varias entrevistas de prensa 139 . El 4 de junio de 2002 la Policía Antinarcóticos reinició las fumigaciones con asesoría de personal norteamericano y con la aspiración de destruir 8000 hectáreas; de nuevo no informó previamente a la gobernación ni a las autoridades locales. En El Catatumbo los campesinos denunciaron que el glifosato empleado era más fuerte que el de anteriores fumigaciones y la ANUC discutió que se estaban afectando las fuentes de agua, otros cultivos lícitos y el medio ambiente. De nuevo con las fumigaciones se produjo la imposibilidad de los campesinos de trabajar posteriormente las tierras y se generaron nuevos desplazamientos. 23 comunidades indígenas Barí resultaron afectadas y salieron numerosos campesinos cultivadores y un número mayor de raspachines. 140 El 20 de junio de 2002 en Ocaña la Fuerza Pública destruyó un laboratorio de coca de las AUC, el cual tenía instalado un campo de defensa con minas antipersonal y consiguió rescatar al dirigente político Ronulfo Bayona García quien estaba secuestrado en el lugar. En los primeros días de octubre de ese año el DAS capturó a 19 personas en desarrollo de la Operación Tornado vinculadas al narcotráfico en El Catatumbo, vinculadas según su reporte a “la Banda de Memo”. El 11 de noviembre siguiente el Ejército informó sobre el golpe producido contra los coqueros en Sardinata, en una acción que conllevó la destrucción de 10 laboratorios de procesamiento. En enero de 2003 la Policía Antinarcóticos preparó una nueva fase de fumigaciones, al momento se calculaban en 30000 las hectáreas cultivadas con coca en El Catatumbo y se sabía que a partir de los cultivos erradicados en La Gabarra se habían extendido nuevos cultivos hacia El Tarra y Convención. Las autoridades de policía consideraron que con la fumigación de glifosato se podían destruir 7000 hectáreas ubicadas entre La Gabarra, Convención y El Tarra. Los operativos contaban ahora con asesoría directa de la Embajada de Estados Unidos y acompañamiento de la Procuraduría y la Fiscalía. El 28 de enero fue impactada una avioneta de la Policía Antinarcóticos en El Catatumbo, por un grupo armado ilegal. El 9 de febrero de 2003 campesinos denunciaron y solicitaron una comisión que verificara los daños ocasionados por las fumigaciones con aspersión de glifosato en Tibú, puesto que resultaron afectados cultivos de yuca, maíz, plátano, cacao, árboles frutales y maderables, pastos y rastrojeras, así como el entorno natural quedó seco, en Las Rocas y Miralindo, vereda Bertrania, a 5 kilómetros de Tibú. Otras denuncias surgieron de la vereda Caño Raya, Tibú, por la quema de cultivos de yuca y de plátano141 .

En consecuencia, presentaron quejas en la Defensoría del Pueblo, con la esperanza de que cesaran las fumigaciones, de conseguir indemnización por los daños causados y de poder seguir trabajando la tierra. En igual sentido, en Sardinata, campesinos denunciaron daños también en cultivos de alimentos. Informaron que el 11 de febrero de 2003 se fumigó indiscriminadamente; así, representantes de las comunidades, en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal Felix Moreno, el presidente del Concejo Municipal Miguel Blanco y el alcalde Jesús Emel Espinel, se dirigieron ante la Gobernación 139

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, 2001, Bogotá, 2002, Pg.45. 140 A la fecha se calculaba la población de raspachines en la región de unos 40.000, a partir de los cultivos de coca desde 1982, pero que en los últimos años arrojaba progresivamente población cesante. 141 “Denuncian daños por fumigación”, declaraciones de campesinos en periódico La Opinión, Cúcuta, 9 de febrero de 2003.

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departamental y señalaron el daño en varios cultivos lícitos en la región. Por su parte, los mismos habitantes enviaron una carta directamente a la Policía Antinarcóticos registrando los daños en cultivos de cacao, plátano y papaya. Sin embargo, el gobernador desmintió las denuncias ante los medios de comunicación, por lo cual el alcalde de Sardinata, el jefe de planeación municipal Roberto Castellanos y otros funcionarios y dirigentes cívicos de este municipio, fueron a Cúcuta y ratificaron las denuncias sobre afectación de más de 200 familias campesinas y solicitaron la rectificación del gobernador. Aclararon a la vez, que las comunidades que siembran coca en este municipio solicitaban apoyo del Plan Colombia para asumir la sustitución de cultivos142 .

El 3 de julio de 2003 continuaron las fumigaciones en El Catatumbo, con autorización directa del presidente, a pesar del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de las críticas hechas por la Defensoría del Pueblo y por la Iglesia Católica al respecto. Así, el 21 de agosto de 2003, sin que se hiciera una revisión de la política antidrogas que considerara la opción de suspender las fumigaciones, propuesta desde instancias del Estado, gobiernos seccionales y las comunidades campesinas, se extendieron en El Catatumbo los operativos militares que acompañan las fumigaciones. Informaciones de la Policía revelaron que en el año 2002 se constató que operaban unos 40 grupos de narcotraficantes en El Catatumbo que envían la droga a través de Venezuela, con apoyo en bandas de ese país y de colombianos, e incluso de italianos, que actúan en el vecino país. Además, se estableció que se retroalimentan los negocios ilegales del narcotráfico con los secuestros, el contrabando, el tráfico de armas y el robo de vehículos. 143 La Policía informaba sobre el incremento de las fumigaciones, pero los reportes registraban a la vez el incremento de las áreas de cultivos ilegales de coca. Sin embargo, se presentaba el desplazamiento de las áreas empleadas, así, se comenta que La Gabarra quedó desolada y que ya no había coca, pero los cultivos se extendían a otras regiones. Entre las iniciativas institucionales aparece el programa promovido por Fonade en materia agroforestal en El Catatumbo mediante el cual se preveía la siembra de 110.000 hectáreas con especies de madera fina, el cual considera también investigación genética, prevención de cultivos de uso ilícito y apoyo a los programas de sustitución previstos para la siembra de productos como maíz, fríjol y otros. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez sustituyó el Plante por el Programa de Familias Guardabosques, pero no se ha realizado un balance serio y los gobiernos persisten en una política que no arroja frutos. En El Catatumbo se reiteraba la persistencia de las 30.000 hectáreas. 6.

SITUACIÓN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA

6.1 ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER La frontera colombo-venezolana ha estado caracterizada por una activa relación comercial144 que llegó a su punto máximo en 1997 con 2.500 millones de dólares, Cúcuta es catalogada como el principal puerto terrestre de Suramérica, y cuenta con unos lazos de 142

“Sí están fumigando”, declaraciones de Miguel Blanco Sánchez y de pobladores de las veredas Las Mercedes, Luis Vero y San Marín de Loba, municipio de Sardinata, en periódico La Opinión, Cúcuta, 11 de febrero de 2003. 143 Crecen delitos en la Frontera, Informe, revista Criminalidad, Policía Nacional, Bogotá, 2003. 144 Legal e ilegal

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integración económicos y socioculturales históricos, sin precedentes en este lado del continente. El comercio binacional dinamizó la economía regional hasta que se presentó la decadencia de la economía venezolana manifestada en la devaluación del Bolívar. Ese hecho desestimuló la demanda de productos colombianos y determinó el inicio de un proceso de deterioro económico regional en la década del 80 145 . En la actualidad, algunos municipios de Norte de Santander conforman una zona de integración fronteriza creada con el objetivo de contribuir a diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos entre los dos países146 . Más allá de la estrechísima relación comercial, existen vínculos históricos y culturales imposibles de desconocer. La frontera alberga regiones en las que es difícil trazar la línea divisoria en lo cultural y social. Tanto la Constitución Nacional como su desarrollo legal establecieron que la acción del Estado en las zonas de frontera debería orientarse a la protección de los derechos humanos, hacia el fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación con los países vecinos; la creación de condiciones para su desarrollo, la preservación y uso sostenible de los recursos, el mejoramiento de la calidad de la educación, el fortalecimiento de las entidades territoriales y la cooperación judicial con los países vecinos. A pesar de ello, no hay una política estatal fronteriza que permita la protección de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, ni se ha dado el desarrollo económico y social de las zonas de frontera del país. En Colombia, estas zonas están relegadas y alejadas de los principales núcleos de actividad nacional. Los departamentos fronterizos se encuentran en condiciones de precariedad económica, social y de marcado atraso en relación con el resto de departamentos. La agudización del conflicto armado interno, el decrecimiento generalizado de los países en desarrollo y la carente posición internacional, han colocado a Colombia en desventaja frente a sus homólogos fronterizos 147 . Desde la década de los ochenta en Norte de Santander la batalla por el control territorial está asociada con la ubicación estratégica como frontera con Venezuela; con su riqueza petrolera, las siembras de coca y los corredores que comunican el oriente con el norte del país 148 . La confrontación armada en la zona ha generado migración de colombianos hacia la frontera, en busca de proteger su vida y su integridad personal. En la mayoría de los casos lo hacen de manera temporal, en espera de que se restablezcan las condiciones de “normalidad”. Dicha migración se presenta en medio de dificultades de regularización de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano y de la frecuente deportación de los mismos 149 . Hasta agosto de 2003, se presentaron 1.261 deportaciones150 . Los primeros 145

Lógicas y dinámicas del conflicto armado en el nororiente colombiano. El caso de Arauca y Norte de Santander. 19902000. Defensoría del Pueblo. 146 Según la Ley 191 de 1995146 en las zonas de integración fronteriza, se adelantarán las acciones que convengan para promover su desarrollo y fortalecer el intercambio bilateral e internacional. 147 Colombia y sus Fronteras, Políticas de Frontera, Caracterización Regional Socioeconómica comparada por países y departamentos fronterizos. Documentos para el Desarrollo Territorial No. 42 de la Dirección Nacional de Planeación, pág. 84. 148 De Fronteras y otros olvidos, Desplazamiento, Refugio y Conflicto Armado en los territorios fronterizos colombianos, CODHES, ACNUR, UNION EUROPEA, Bogotá, 2003. 149 Se presentan casos de deportaciones masivas de colombianos de manera recurrente en la frontera, provocando la ruptura familiar y los compromisos y derechos laborales.

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hechos de desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela ocurrieron a partir del 2 de junio de 1999 a raíz de la crisis humanitaria generada por los enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla en la zona fronteriza colombiana. 6.2

RESEÑA DE LAS RELACIONES BILATERALES EN TORNO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO O REFUGIO

En 1999 se presentaron las primeras solicitudes masivas de refugio al vecino país. La situación sorprendió al Estado y la sociedad venezolanos. En dicho momento no se contaba allí con herramientas normativas que permitieran el manejo de una situación de dicha naturaleza. Según el estudio comparativo respecto de legislación sobre asilo, desplazamiento y refugio, presentado en el seminario “Legislación y refugio en los países vecinos”151 , en la actuación del año 1999, con la llegada masiva de colombianos, el Estado venezolano evidenció: “cuatro grandes deficiencias: a) Los funcionarios civiles y militares conocían muy poco todo lo referente a la normatividad existente en materia de asilo y refugio (...) b) El ingreso masivo de personas fue analizado y asumido más como un problema de seguridad nacional que como un asunto humanitario (...) c) Los funcionarios públicos a distintos niveles y de distintos poderes públicos demostraron poca voluntad para coordinar sus acciones y medidas. d) La ausencia de una normativa jurídica más concreta que hubiese desarrollado las normas de los convenios internacionales dificultó la actuación de los poderes públicos y produjo inseguridad jurídica para los solicitantes de refugio”.

De acuerdo con el mencionado estudio, los desplazamientos ocurridos con posterioridad se han caracterizado por la asunción de los hechos, por parte de algunas autoridades venezolanas 152 , como asuntos de seguridad nacional y no como situaciones de orden humanitario. Se ha adoptado la tesis gubernamental según la cual el desplazado se encuentra de tránsito en territorio venezolano y por lo tanto no existe la obligación de realizar gestiones para brindar protección especial o reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, se insta a la población a devolverse al territorio colombiano. En la mayoría de los casos existe disociación entre el discurso humanitario presidencial de ayudar a las personas y la práctica oficial de dejarlas en condiciones de desamparo e irresolución a nivel jurídico. El Estado venezolano no ha concretado políticas para hacer efectiva la asistencia social a quienes se encuentran en su territorio, esperando el reconocimiento de la condición de refugiados. Igualmente, ha dilatado la adopción de decisiones definitivas para formalizar la estadía de las personas en condiciones de refugio. Venezuela cuenta con una amplia normativa sobre el derecho de refugio y asilo. Ha suscrito varios convenios internacionales 153 y ha promulgado una ley sobre la materia, la cual es de avanzada y resuelve, en el plano jurídico, numerosos vacíos que dificultaban atender el problema, generaba inseguridad jurídica a los refugiados y facilitaba al Estado excusarse del cumplimiento de obligaciones. No obstante los avances en el campo normativo y 150

Actas de la XXXII Reunión de las Comisiones presidenciales de integración y asuntos fronterizos (COPIAF). Bogotá. Julio 31 y 1 de agosto del 2003. 151 El 29 y 30 de noviembre de 2002. 152 Especialmente militares. 153 Venezuela adhirió, y suscribió en forma definitiva los siguientes instrumentos: Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965), Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (1966), Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), Convenio sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), Convenio sobre derechos del niño (1989).

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gubernativo, tales como la reglamentación de la Ley de Refugiados el 4 de julio de 2003 y haberse juramentado la Comisión Nacional para Refugiados 154 , en el Memorando de Entendimiento firmado por los dos gobiernos en la reunión de Puerto Ordaz, no se menciona el tema de asilo. Dejando de lado los compromisos en el tema humanitario, se sigue actuando sobre la línea gris entre refugiado e indocumentado susceptible de deportación, así como también se continúan desconociendo los derechos consignados en los pactos internacionales sobre temas de refugio al introducir la connotación de temporalidad del mismo. Los hallazgos más significativos en materia de violación a los derechos humanos o infracciones al DIH de los grupos de población que pasan la frontera los podemos sintetizar como sigue. 6.3 EXTENSIÓN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA Se han registrado casos de combates entre militares o AUC y grupos de guerrilla en la zona de frontera; el tránsito de uno de los actores armados ilegales en busca de protección en territorio venezolano; las incursiones de grupos armados que realizan secuestros contra población del vecino país, así como persecuciones a colombianos155 que huyen en búsqueda de refugio. Estos hechos constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario, toda vez que infringen principios que garantizan el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil contra los efectos de las hostilidades156 ; en especial, los principios de inmunidad y distinción, ejes centrales del derecho humanitario consagrado a favor de la población no combatiente. De otro lado, involucra la territorialidad de otra nación en un conflicto de naturaleza interna, lo que puede acarrear graves consecuencias en el campo del derecho internacional frente al tema de la responsabilidad por daños causados u ocasionar consecuencias negativas en las relaciones binacionales, corriéndose el riesgo de extender a un ámbito supranacional el conflicto armado colombiano. Para ilustrar lo anterior, citaremos hechos reseñados en un diario local157 el día 22 de marzo del 2002, según el cual, a raíz de enfrentamientos armados entre el Ejército y la coalición de las FARC y el ELN en la zona de frontera, miembros de la guerrilla colombiana ingresaron a territorio venezolano con el fin de instalarse en un campamento que tenían acondicionado a un kilómetro de la línea divisoria entre los dos países. Según la Defensoría del Pueblo 158 entre 1990 y 2000 se han presentado quince (15) casos de incidente fronterizo en el territorio colombiano y otras tantas incursiones de actores armados sobre posiciones de las Fuerzas Armadas en el territorio venezolano (...) Esa tensió n configurada alrededor de los actores armados facilita alianzas y omisiones tácitas que permiten la incursión (…) desde Venezuela.

154

Informe de Fronteras sobre Colombia, del Project Counselling Service del 16 de agosto del 2003. Por part e de grupos armados colombianos. 156 Título IV, Protocolo I. 157 La Opinión, de Cúcuta. 158 Lógicas y Dinámicas del Conflicto Armado en el Nororiente Colombiano. El caso de Arauca y Norte de Santander.1990-2000. Defensoría del Pueblo. 155

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Se registraron situaciones de complicidad de sectores sociales venezolanos con grupos armados ilegales colombianos. En unos casos, a favor de las AUC y en otros a favor de la guerrilla, hecho que extiende el clima de polarización colombiano al territorio venezolano, lo que genera un ambiente de desconfianza y desprotección alrededor de la población migrante. 6.4 VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Pese a que el Estado venezolano cuenta con un marco normativo frente a las solicitudes de asilo y refugio, no tiene una política clara y coherente al respecto. Los funcionarios de mayor jerarquía del Estado descargan en funcionarios intermedios la definición de las políticas concretas, sin ejercer un control sobre las mismas, o someten las solicitudes a términos indefinidos, causando estados de irresolución jurídica que afectan la estadía de los colombianos en dicho territorio. “Existe una clara contradicción por parte del gobierno del Presidente Chávez entre el discurso favorable al tema del derecho del refugio (…) y la práctica frente a los refugiados. El gobierno incumple las normas nacionales e internacionales sobre la materia. Tolera la permanencia de refugiados en su territorio, pero no aplica los procedimientos legales establecidos y tal situación genera un problema social que tiende cada día a agudizarse”159 .

Se documentó el caso del desalojo (por parte del Ejército venezolano) 160 de 17 familias que se habían ubicado en el área rural de Ureña. Tuvo lugar mediante hechos violentos como la destrucción y quema de las viviendas de las familias colombianas en situación de desplazamiento. Igualmente, la detención de 34 Colombianos en Palotal (Venezuela)161 , que luego resultaron investigados por autoridades judiciales colombianas por rebelión y participación en actos terroristas en Cúcuta, sin que se explicara la forma como operó el tránsito de los detenidos entre autoridades venezolanas y colombianas. Es común también la estigmatización de la población, el incremento en el maltrato, la persecución judicial y la sobreexplotación de la mano de obra de la población desplazada que permanece en territorio venezolano 162 . 6.5

RECLUTAMIENTO DE NIÑOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA La investigación encontró una de las infracciones más sensibles al DIH perpetradas por actores armados irregulares: El reclutamiento de menores de 18 años refugiados en territorio venezolano, “A mediados del año 2002 el ACNUR manifestó su preocupación por niñ@s refugiados que son reclutad@s para combatir en Colombia. Esto, debido al reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos armados en fronteras de Venezuela, Panamá y Perú”163 . 7.

SITUACIÓN FRONTERIZA Y CRISIS HUMANITARIA

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Memorias del Seminario “Legislación y Refugio en los Países Vecinos”. Documento. Estudio Comparativo Legislación sobre Asilo, Desplazamiento y Refugio. Noviembre 29 y 30 del 2002. Bogotá. Project Counselling Service y Stichting Vluchteling. 160 Periódico La Opinión, julio 3 del 2002. 161 Ibid. julio 16 del 2002. 162 Mientras adelantan los trámites de reconocimiento del status de refugiados ante las Autoridades Venezolanas. 163 Informe del Observatorio de Minas Antipersonal No. 7 de Norte de Santander, Mayo del 2003.

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7.1 ZONA FRONTERIZA DEL NORTE DE SANTANDER La frontera colombo- venezolana se caracteriza por una activa relación comercial164 que llegó a su punto máximo en 1997 con 2.500 millones de dólares, Cúcuta es catalogada como el principal puerto terrestre de Suramérica, y cuenta con unos lazos de integración económicos y socioculturales históricos, sin precedentes en este lado del continente. El comercio binacional dinamizó la economía regional hasta que se presentó la decadencia de la economía venezolana manifestada en la devaluación del Bolívar. Ese hecho desestimuló la demanda de productos colombianos y determinó el inicio de un proceso de deterioro económico regional en la década del 80 165 . En la actualidad, algunos municipios de Norte de Santander conforman una zona de integración fronteriza creada con el objetivo de contribuir a diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos entre los dos países 166 . Desde la década de los ochenta en Norte de Santander la batalla por el control territorial está asociada con la ubicación estratégica como frontera con Venezuela; con su riqueza petrolera, las siembras de coca y los corredores que comunican el oriente con el norte del país 167 . La confrontación armada en la zona ha generado migración de colombianos hacia la frontera, en busca de proteger su vida y su integridad personal. En la mayoría de los casos lo hacen de manera temporal, en espera de que se restablezcan las condiciones de “normalidad”. Dicha migración se presenta en medio de dificultades de regularización de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano y de la frecuente deportación de los mismos 168 . Hasta agosto de 2003, se presentaron 1.261 deportaciones 169 . Los primeros hechos de desplazamiento masivo de colombianos hacia Venezuela ocurrieron a partir del 2 de junio de 1999 a raíz de la crisis humanitaria generada por los enfrentamientos entre los paramilitares y la guerrilla en la zona fronteriza colombiana. 7.2 EXTENSIÓN DEL CONFLICTO EN LA ZONA FRONTERIZA Se han registrado casos de combates entre militares o AUC y grupos de guerrilla en la zona de frontera; el tránsito de uno de los actores armados ilegales en busca de protección en territorio venezolano; las incursiones de grupos armados que realizan secuestros contra población del vecino país, así como persecuciones a colombianos170 que huyen en búsqueda de refugio. Estos hechos constituyen una grave infracción al derecho internacional humanitario, toda vez que infringen principios que garantizan el respeto y la protección de la población civil y 164

Legal e ilegal Lógicas y dinámicas del conflicto armado en el nororiente colombiano. El caso de Arauca y Norte de Santander. 19902000. Defensoría del Pueblo. 166 Según la Ley 191 de 1995166 en las zonas de integración fronteriza, se adelantarán las acciones que convengan para promover su desarrollo y fortalecer el intercambio bilateral e internacional. 167 De Fronteras y otros olvidos, Desplazamiento, Refugio y Conflicto Armado en los territorios fronterizos colombianos, CODHES, ACNUR, UNION EUROPEA, Bogotá, 2003. 168 Se presentan casos de deportaciones masivas de colombianos de manera recurrente en la frontera, provocando la ruptura familiar y los compromisos y derechos laborales. 169 Actas de la XXXII Reunión de las Comisiones presidenciales de integración y asuntos fronterizos (COPIAF). Bogotá. Julio 31 y 1 de agosto del 2003. 170 Por parte de grupos armados colombianos. 165

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de los bienes de carácter civil contra los efectos de las hostilidades 171 ; en especial, los principios de inmunidad y distinción, ejes centrales del derecho humanitario consagrado a favor de la población no combatiente. De otro lado, involucra la territorialidad de otra nación en un conflicto de naturaleza interna, lo que puede acarrear graves consecuencias frente al tema de la responsabilidad por daños causados u ocasionar consecuencias negativas en las relaciones binacionales. Según la Defensoría del Pueblo 172 entre 1990 y 2000 se han presentado quince (15) casos de incidente fronterizo en el territorio colombiano y otras tantas incursiones de actores armados sobre posiciones de las Fuerzas Armadas en el territorio venezolano (...) Esa tensión configurada alrededor de los actores armados facilita alianzas y omisiones tácitas que permiten la incursión (…) desde Venezuela. Se registraron situaciones de complicidad de sectores sociales venezolanos con grupos armados ilegales colombianos. En unos casos, a favor de las AUC y en otros a favor de la guerrilla, hecho que extiende el clima de polarización colombiano al territorio venezolano, lo que genera un ambiente de desconfianza y desprotección alrededor de la población migrante. 7.3 VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE Pese a que el Estado venezolano cuenta con un marco normativo frente a las solicitudes de asilo y refugio, no tiene una política clara y coherente al respecto. Los funcionarios de mayor jerarquía del Estado descargan en funcionarios intermedios la definición de las políticas concretas, sin ejercer un control sobre las mismas, o someten las solicitudes a términos indefinidos, causando estados de irresolución jurídica que afectan la estadía de los colombianos en dicho territorio 173 . Se documentó el caso del desalojo (por parte del Ejército venezolano) 174 de 17 familias que se habían ubicado en el área rural de Ureña. Tuvo lugar mediante hechos violentos como la destrucción y quema de las viviendas de las familias colombianas en situación de desplazamiento. Igualmente, la detención de 34 Colombianos en Palotal (Venezuela)175 , que luego resultaron investigados por autoridades judiciales colombianas por rebelión y participación en actos terroristas en Cúcuta, sin que se explicara la forma como operó el tránsito de los detenidos entre autoridades venezolanas y colombianas. 7.4

RECLUTAMIENTO DE NIÑOS REFUGIADOS PARA COMBATIR EN COLOMBIA La investigación encontró una de las infracciones más sensibles al DIH perpetradas por actores armados irregulares: El reclutamiento de menores de 18 años refugiados en territorio venezolano, “A mediados del año 2002 el ACNUR manifestó su preocupación por niñ@s refugiados que son reclutad@s para combatir en Colombia. Esto, debido al

171

Título IV, Protocolo I. Lógicas y Dinámicas del Conflicto Armado en el Nororiente Colombiano. El caso de Arauca y Norte de Santander.1990-2000. Defensoría del Pueblo. 173 Para ampliar podemos remitirnos a las Memorias del Seminario “Legislación y Refugio en los Países Vecinos”. Documento. Estudio Comparativo Legislación sobre Asilo, Desplazamiento y Refugio. Noviembre 29 y 30 del 2002. Bogotá. Project Counselling Service y Stichting Vluchteling. 174 Periódico La Opinión, julio 3 del 2002. 175 Ibid. julio 16 del 2002. 172

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reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos armados en fronteras de Venezuela, Panamá y Perú”176 . 8. JUSTICIA Y CRISIS HUMANITARIA EN NORTE DE SANTANDER 8.1

OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA JUSTICIA

Se arroja como uno de los principales hallazgos debilidades en el campo de la administración de justicia, que acarrean márgenes amplios de impunidad frente a hechos constitutivos de violaciones a DDHH e infracciones al DIH. Entre los más relevantes encontramos los siguientes: 8.1.1 La política estatal desde la Fiscalía General de la Nación. La adopción de una serie de directrices e instrucciones por la Dirección de uno de los más importantes órganos encargados de la administración de justicia, conducen a sostener que no existe una política judicial que coadyuve la imparcialidad de la justicia. La anterior aseveración se desprende del informe de Human Rights Watch sobre esta entidad, publicado en noviembre de 2002, luego de una misión de dos semanas a Colombia, así como de la realización de entrevistas con 16 ex fiscales y fiscales en servicio activo, investigadores del CTI y altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército, además del propio Fiscal General177 . En actividades de seguimiento y control realizadas 178 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en la Fiscalía Seccional de Cúcuta, detectó ausencia de impulso oficial en procesos que se adelantan por hechos constitutivos de infracciones al DIH e ineficacia de acciones para combatir el elevado índice de criminalidad que reporta la ciudad 179 . 8.1.2 Autoridades judiciales no consiguen resultados significativos. Las autoridades judiciales han desplegado una serie de actividades encaminadas a combatir la delincuencia y de ello dan fe una serie de mecanismos y dispositivos adoptados en la seccional de Cúcuta, así: La Fiscalía realizó el registro y allanamiento, investigaciones prejudiciales, labores de inteligencia, interceptaciones telefónicas, capturas, inspecciones judiciales, toma de patrones de armas, análisis de vainillas y proyectiles 180 . Se creó una comisión de apoyo por cuatro meses, en Fiscalía, para investigaciones por homicidios ocurridos en Cúcuta, integrada por la Policía Nacional, DAS, CTI, Fiscalía, SIJIN y grupo interinstitucional para la realización de operativos conjuntos, la cual ha participado en operativos a nivel interinstitucional en el área metropolitana. 176

Informe del Observatorio de Minas Antipersonal No. 7 de Norte de Santander, Mayo del 2003. Citado por el Representante a la Cámara Gustavo Petro, en escrito dirigido al Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 7190-01. 178 En septiembre del 2002 179 Documento de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, del 3 de septiembre del 2002. 180 Resolución Defensorial No. 004 del 29 de agosto de 2002 pág 12. 177

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Se ha logrado neutralizar diversas acciones terroristas; se ha capturado a importantes miembros de la red de milicias de la subversión; se obtuvo la incautación de material explosivo y municiones. Se han desarticulado redes dedicadas a la comercialización y transporte de sustancias alucinógenas hacia Venezuela 181 . No obstante, las acciones realizadas no apuntan a resolver de fondo los requerimientos de justicia o son insuficientes para garantizar la eficacia de la misma. Se citan a continuación apartes del documento de la Procuraduría, referente al delito de homicidio: “Al realizar las visitas a las diferentes entidades, tales como, Comando del Departamento de Policía y SIJIN, D.A.S., Cuerpo Técnico de Investigación y Ejército Nacional, se nos presentó un considerable número de documentos que contienen órdenes e informes de actividades realizadas para contrarrestar las muertes violentas en esa ciudad, las que en la práctica no reflejan eficacia para combatir ese delito182 .

En el ámbito de las investigaciones disciplinarias adelantadas por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH por parte de las autoridades públicas en Cúcuta, encontramos que el número de procesos en curso es muy limitado en comparación con el volumen de hechos registrados, y que en la mayoría de los casos no se han proferido fallos de fondo: El Ministerio Público 183 ha recibido quejas en las que los declarantes manifiestan ser víctimas de torturas, amenazas, hostigamiento, asesinatos, desapariciones y destrucción de bienes 184 . En la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, cursan once (11) indagaciones preliminares contra miembros del Ejército Nacional y Policía Nacional por presuntas torturas, homicidios, connivencia con grupos de autodefensa, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, omisiones en el ejercicio de sus cargos, detenciones arbitrarias, violación de derechos humanos de pobladores de El Tarra. E igualmente se adelantan siete (7) investigaciones disciplinarias contra Miembros del Ejército y Policía Nacional por presuntas detenciones arbitrarias, homicidios, connivencia con Paramilitares, desaparición forzada, retención de personas. En el campo de la responsabilidad penal por los daños causados a las víctimas, si examinamos el número de fallos proferidos, la lentitud en la conducción de los procesos y la naturaleza de las sanciones penales impuestas por hechos que constituyen graves infracciones al DIH o violaciones a los DDHH 185 , debemos concluir que la respuesta estatal es débil, con bajo impacto y de poca efectividad frente a la magnitud de crisis humanitaria registrada en el Departamento:

181

Entrevista a Jorge Enrique Díaz, Director del Departamento Administrativo de Seguridad. Documento de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, del 3 de septiembre del 2002. 183 Oficio No. 3879 del 11 de septiembre del 2003, de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. 184 La Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander reportó en el mes de agosto de 2003: 332 quejas; alusivas a conductas vulneratorias al D.I.H., salud, servicios públicos y debido proceso. 185 A miembros de uno de los actores con mayor responsabilidad frente a los hechos criminales ocurridos en la Jurisdicción. 182

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Según informe rendido por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación186 en la actualidad se adelantan diez y seis (16) investigaciones penales 187 por hechos ocurridos en Cúcuta, correspondientes a graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, imputables a los actores del conflicto. Estos comprenden doce (12) homicidios, una (1) conformación de grupos al margen de la ley, concierto para delinquir y fuga de presos, dos (2) incursiones armadas y una (1) tortura. De los anteriores hechos, diez (10) acaecieron entre 1993 y 1998 y seis (6) en el periodo comprendido entre 2000 y 2003. Del total de las investigaciones, doce (12) se encuentran en actuación previa y cuatro (4) en etapa de sumario. Ninguna ha concluido con fallo definitivo. Según el reporte de la Dirección Nacional de Fiscalías, en la actualidad cursan veintinueve (29) investigaciones penales contra presuntos miembros de grupos de Autodefensa en la ciudad de Cúcuta, por diferentes hechos, a saber: pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia -A.U.C-, cobro de cuotas de celaduría a nombre de las AUC, ajusticimiento de personas y hurto de bienes, porte de material bélico, homicidios, constreñimiento ilegal y amenazas de muerte, porte de documentos de las AUC, realización de retén ilegal. En las anteriores investigaciones, se han proferido seis (6) cierres de investigación, de las cuales cinco (5) concluyeron con medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir y en una (1) se dejó en libertad a los investigados. 8.1.3 Homicidio de funcionarios judiciales responsables de investigaciones penales. En el periodo examinado se reportaron casos de homicidio de funcionarios judiciales encargados de adelantar investigaciones penales contra miembros de grupos armados ilegales, en especial paramilitares y narcotraficantes. Las personas que suministran información para el esclarecimiento de los hechos también corren el riesgo de perder su vida, como en efecto ocurrió con un funcionario del CTI 188 que informó acerca de un atentado en el que fallecieron una Fiscal y un técnico del DAS en Cúcuta a manos de Paramilitares, hecho que le acarreó la muerte. En entrevista realizada al Fiscal General de la Nación, manifestó: “La Fiscalía en Cúcuta ha tenido una alta cuota de sacrificio. Durante el año y medio que llevo en el cargo han sido asesinados dos fiscales y un servidor del CTI”189 , “Los paramilitares asesinaron a la Fiscal (...) y (...) y luego a los investigadores que detectaron complicidades de funcionarios del Estado en dichas muertes (...) y (...) ambos investigadores del CTI. Es decir, los paramilitares asesinaron a todos los funcionarios de la Fiscalía Seccional que los estaban investigando”190 .

186

Oficio No. 203 del 27 de febrero de 2004, suscrito por Elba Beatriz Silva Vargas, Jefe de la Unidad de Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. 187 Adelantadas por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, así como, la Unidad de Apoyo de Cúcuta Norte de Santander. 188 Informe del 13 de febrero de 2001 rendido a la Jefe Unidad de Policía Judicial del CTI por parte los investigadores judiciales Josue Castro Diosaba y Omar Gelves Delgado. 189 Entrevista publicada en la revista Cambio, Marzo de 2003. 190 Declaración del Representante a la Cámara Gustavo Petro, el 6 de marzo de 2003.

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La unidad de DDHH de la Fiscalía, condenó el crimen de los fiscales e informó que en los últimos tres meses (noviembre de 2001) cuatro funcionarios habían sido víctimas de la violencia. Se presume que los funcionarios judiciales fueron asesinados por estar a cargo de investigaciones sobre posibles delitos cometidos por las Autodefensas y la subversión191 . 8.1.4 Presencia de paramilitares en el área y sus consecuencias sobre la imagen de las fuerzas militares. Un informe 2002 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Colombia registra las investigaciones en curso por parte de los órganos competentes sobre la presunta participación de miembros de la Fuerza Pública en graves violaciones a los derechos humanos: “Se siguió una investigación al Coronel del Ejército Víctor Matamoros y al Capitán del Ejército Juan Carlos Fernández, debido a acusaciones por su colaboración con grupos paramilitares entre 1997 y 1999 en el departamento de Norte de Santander. Matamoros y Fernández fueron Comandante y Jefe de Inteligencia del Batallón del Ejército ubicado en la capital del departamento, Cúcuta. Durante un período de 5 meses en 1999, ocurrieron 15 masacres paramilitares cerca de las poblaciones de La Gabarra y el Tibú”192 .

En sus relatos (Personas en su situación de desplazamiento) informaron que en algunos sitios donde se presentaron estas anomalías, cerca del lugar había presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes al parecer permitían el accionar de los grupos de autodefensas193 . “(...) Estamos en desconfianza en la parte de la Autoridad, porque vimos que están ellos mismos, trabajando con la parte de ultraderecha. Inclusive, en algunos casos en los barrios estas personas de la AUC andan, como cualquier policía, uniformados y armados. Y se van ellos y al ratico aparece la policía, o vemos muchas veces que en las noches en los recorridos que hacen los carros policiales allí van también esos señores, y se prestan inclusive para llegar y asesinar, o buscar a las personas, sacarlos de las casas y luego aparecen muertos. Eso para nosotros verdaderamente no es seguridad”194 .

8.1.5 Presunta infiltración de grupos al margen de la ley en la Fiscalía. Miembros del alto Gobierno sostienen que existe infiltración de grupos al margen de la ley en la Fiscalía General de la Nación y en especial en la Fiscalía Seccional de Cúcuta. No obstante, existen posiciones contrapuestas: la Presidencia arguye que se trata de la guerrilla y el Representante a la Cámara, Gustavo Petro, asevera que se trata de grupos de Autodefensa, narcotraficantes y contrabandistas. Hasta la fecha, no se ha esclarecido ante la opinión pública cual de las dos versiones correspond e a la realidad: En marzo de 2003, el Presidente de la República, en una de sus declaraciones expresó: “Tenemos informes de que en algunos estamentos oficiales hay seria presencia del terrorismo. Estamos advertidos, y hay que sacarlos. La Policía está adelantando la investigación interna y hará toda la depuración que se requiera en Norte de Santander. El Fiscal también está haciendo lo propio”195 . 191

La Opinión. Noviembre 2 de 2001. Colombia Annual Report Department of State 2002, http://www.state.gov. Tomado del Observatorio de Minas Antipersonal No. 7 de mayo del 2003, sobre Norte de Santander de la Vicepresidencia de la República. ”.(traducción no oficial) 193 Documento de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, del 3 de septiembre del 2002. 194 Entrevista realizada a miembros de la Asociación de Familias Unidas de Norte de Santander ASOFUNOR, febrero 16 de 2004. 195 Declaración del Presidente de la República del 5 de marzo del 2003. 192

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El Presidente se basa en un informe secreto que identifica 39 funcionarios de Norte de Santander. No sólo se les acusa de cesar expedientes contra más de 23 guerrilleros capturados y de diluir las evidencias contra otros 50, sino de recibir haciendas y dinero de manos de guerrilleros y alertar a la guerrilla sobre cuerpos de militantes muertos 196 . Según el Representante a la Cámara Gustavo Petro: “Es cierto que ha habido una repartición politiquera de los cargos en la Fiscalía General de la Nación. Los casos de (...) Norte de Santander así lo demuestran. Es cierto que gracias a esa repartición politiquera los grupos al margen de la Ley han infiltrado la Fiscalía. Pero el orden de esa infiltración, a diferencia de lo que dice Uribe es: en primer lugar, los paramilitares, en segundo lugar, los narcotraficantes y en tercer término, los contrabandistas”197 Según el mismo ex funcionario, “en el Ejército, la Policía, el DAS, y en la Cámara de Representantes detectó teléfonos protegidos que, según su informe, se enlazaban con personas al margen de la Ley” 198 .

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario temen efectuar denuncias ante las autoridades públicas, porque existe el temor generalizado de que exista connivencia entre dichas autoridades y los actores del conflicto. 8.1.6 Presunta complicidad de funcionarios judiciales con narcotraficantes, paramilitares y guerrilla. Se reportaron hechos que hacen presumir complicidad entre funcionarios judiciales con grupos al margen de la ley, lo cual atenta flagrantemente contra el principio de imparcialidad inherente a la administración de Justicia. “Un caso concreto que ha puesto a pensar a mucha gente, es lo relacionado con unas labores de inteligencia desarrolladas este año 2002 por el CTI de Bucaramanga con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la 5ª Brigada (...), quienes en esta ciudad estaban realizando pesquisas en aras de dar captura a un comandante de las AUC que opera en El Catatumbo, estos señores funcionarios pudieron observar con asombro como la señora fiscal (...) se encontraba de visita en la casa donde residía el supuesto comandante de las AUC(..) de esto pueden dar crédito esas autoridades ya que existe un vídeo que lo certifica”199 .

Igualmente se comenta el caso de una investigadora de la Fiscalía, quien “frecuenta un establecimiento de telefonía celular frente a un CAI (..) donde se le observa departiendo con sujetos que hacen parte de las AUC”200 “A un director de la Fiscalía(....) se le ha visto departiendo (..) con reconocidos narcotraficantes y lavadores de activos de esta ciudad, reuniéndose en el Club Tennis y asistiendo a compromisos de tipo social, fiestas privadas, etc, organizadas por Narcos”201 . Otro “Funcionario del CTI (...) es un colaborador de grupos de delincuencia dedicados al narcotráfico por que los mantiene informados”202 .

196

Documento publicado en el Periódico EL TIEMPO, marzo del 2002. Pronunciamiento del Representante a la Cámara, Gustavo Petro, del 6 de marzo del 2003. 198 Ibidem 199 Documento anónimo, producido en el año 2002, al parecer por funcionarios de la Fiscalía. Seccional y CTI de Cúcuta, dirigido al Defensor del Pueblo, Procurador Gral. de la Nación y Representante a la Cámara Gustavo Petro. 200 Ibidem. 201 Ibidem. 202 Ibidem. 197

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9.

POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA

9.1 Formulaciones en materia de seguridad, convivencia y derechos humanos. En consonancia con las orientaciones de la administración municipal de San José de Cúcuta, el Plan de Desarrollo para el Departamento Norte de Santander 2001-2003, a través del eje estratégico de Mejoramiento del Talento Humano, estableció programas orientados a favorecer la convivencia pacifica y el desestímulo de los factores de violencia, como la cultura de la paz, la atención a población en situación de desplazamiento; la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo y la paz para El Catatumbo, la lucha contra la droga, y la seguridad ciudadana. No obstante, dicho eje sólo contempló una asignación presupuestal del trece por ciento (13%) del total del presupuesto. El restante ochenta y siete (87%) corresponde a iniciativas económicas, ambientales, de saneamiento fiscal o modernización de la gestión pública. Sin embargo, de conjunto sólo en el sexto objetivo intersectorial trata en forma muy genérica aspectos relacionados con la convivencia y los derechos humanos, bajo el enunciado de “recuperar y afianzar el sentido de pertenencia, amor por la ciudad y la convivencia armónica”. En el primer programa, “la generación de riqueza y reducción del desempleo”, se enuncia el problema del desplazamiento forzado. Sin embargo, no se establece en las estrategias una alternativa de solución. En el segundo programa, “garantizar el acceso a los servicios sociales y el fomento de los modos de vida saludable”, no se establece la relación con la población afectada por la violencia. No aparece la aplicación de las normas en materia de salud, educación y vivienda para el desplazamiento o para otro tipo de población afectada por la problemática humanitaria. Y en lo relativo a la educación aparece de forma demasiado marginal y sin ningún comentario la estrategia de adecuación de los PEI para la adopción de la cátedra de cultura ciudadana. Y en el sexto programa, en particular, se trata la situación de seguridad y el tema de la recuperación de manera muy breve en los siguientes términos: “El municipio tanto en su zona urbana como rural presenta elevados índices de inseguridad ocasionados por la falta de oportunidades de empleo, el conflicto armado que afecta el país (guerrilla, paramilitarismo), actividades ilícitas como el narcotráfico y la delincuencia organizada. En el año 2000 se registraron 214 hurtos a entidades comerciales, 1041 hurtos calificados. 8 secuestros extorsivos, 664 homicidios, 687 lesiones personales. Además, la violencia intrafamiliar se incrementó de 203 casos de amenazas en 1999 a 320 en el año 2000, las lesiones personales subieron de 1721 a 1807 casos, y el maltrato físico aumento de 309 casos en 1999 a 502 casos en el 2000. Aunque no se cuenta con datos oficiales, la presencia de milicias urbanas y bandas organizadas de jaladores de automotores es notable.”203

A partir de allí, se plantean las siguientes estrategias de tratamiento: • Estimular la creación de cooperativas de vigilancia privada. • Aumentar el pie de fuerza y realizar convenios interinstitucionales con la policía, DAS y fiscalía. • Gestionar recursos para la ejecución de programas encaminados a la reducción de la violencia intrafamiliar. • Gestionar políticas del plan retorno, dar incentivos y garantías a desplazados. • Gestionar programas de reinserción, de educación y de trabajo. 203

Idem, Pg. 42.

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La meta señalada consiste en reducir los actos delictivos y los índices de violencia en todos los aspectos mencionados. De otra parte, el plan no presenta la proyección de la distribución de la inversión. Ello demanda realizar una evaluación de la inversión realizada, puesto que podría, junto a la evolución de la implementación de políticas, programas y acciones, evaluar el impacto real de lo realizado por la administración local; en este caso, en materia de convivencia y derechos humanos. La convivencia pacifica, la paz, la sustitución de cultivos o el restablecimiento de derechos de la población vulnerable, no configuran un núcleo vital de la política gubernamental local, ni aparecen reseñados en el diagnóstico. No obstante, ostenta el carácter de crisis humanitaria de gran envergadura, pero no se refleja en la apropiación presupuestal requerida para atender dichos eventos. Pareciera inexistente, ante la mirada de las autoridades públicas responsables de implementar las políticas públicas de la región. 9.2

LA POLÍTICA PÚBLICA FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA

9.2.1 Implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional. En el Departamento de Norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta, las estrategias diseñadas para atender la grave crisis humanitaria han estado circunscritas al ejercicio de operaciones militares y de policía, acordes con la política gubernamental de la Seguridad y Defensa Nacional. Los planes y programas ejecutados por las autoridades locales han sido consecuentes con las directrices del gobierno central en dicha materia. En el orden nacional, como respuesta al desafío de la insurgencia, el Gobierno desarrolló su estrategia de “Seguridad Democrática”, con la cual busca eliminar las organizaciones armadas ilegales del territorio nacional. Para el efecto, se plantearon varios programas con sus respectivos proyectos. Se incrementó el número de miembros de las Fuerzas Militares. Se implantaron zonas de rehabilitación en los departamentos de Arauca, Sucre y Bolívar. Se fortalecieron las redes de cooperantes y de informantes, los frentes locales de seguridad, así como las redes de vigilantes en carreteras y campos. Se adoptaron mecanismos para proteger la infraestructura económica del país 204 y se adoptó la estrategia de soldados campesinos. En Norte de Santander, la política gubernamental de la Seguridad y Defensa Nacional, sirve de marco de operaciones a las autoridades civiles locales y a las fuerzas militares. La seguridad en la zona fronteriza se constituyó en una prioridad nacional. El gobierno nacional convocó en varias oportunidades reuniones del Consejo Nacional de seguridad205 , cumbres en el Palacio de Nariño 206 y reuniones con gremios 207 , con el fin de tratar la situación de orden público en Norte de Santander. Por su parte las medidas policivas adoptadas por las autoridades gubernamentales corresponden a la expedición de los decretos 092, 051, 031 y 022 de Cúcuta, Villa del Rosario, Patios y El Zulia, que incluyen acciones de carácter restrictivo, como reducción de 204

Se contó con la cooperación de los EE.UU (por lo menos en cuanto al oleoducto Caño Limón- Coveñas). Integrado por Administración Mpal y Dptal, Fiscal de la Nación, Director de la Policía, Comandante de la V Brigada del Ejército, DAS. 206 Periódico La Opinión, enero 23 de 2003. 207 Periódico La Opinión, marzo 9 de 2003. 205

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horarios en el cierre de establecimientos públicos, prohibición de barrilleros en las motocicletas, venta de bebidas embriagantes; incautación de armas, transporte de cilindros de gas propano y oxígeno, plan desarme durante los fines de semana, así como limitaciones al transporte de vehículos de carga y colectivos de pasajeros. De conformidad con el informe de gestión rendido por el alcalde saliente de la ciudad de Cúcuta 208 , durante el periodo de su administración (2001-2003) se obtuvieron los siguientes logros en el área de seguridad: “Se estableció un escuadrón de Policía Militar PM, responsable de fortalecer la vigilancia ciudadana. Se prestó apoyo logístico a todas las instituciones que velan por la seguridad ciudadana, con motos, chalecos, recuperación del parque automotor, equipos de radiocomunicación, con una inversión que supera los $1.000 millones. Se incrementó el pie de fuerza para el área metropolitana de Cúcuta, en 284 efectivos, 154 del Ejército Nacional y 130 de la Policía. En coordinación con el Ejército, la Policía Nacional, el DAS y el CTI, se ejecutaron los siguientes planes: Plan Candado, con 10 Estaciones de Policía, 10 CAI, aproximadamente 400 hombres de la SIJIN, para atender eventuales casos de secuestro, hurtos, extorsiones. Plan Relámpago, mediante estrategias de aparecer y desaparecer, se logró la ubicación de un carro bomba y dos casas bomba. Plan Fantasma mediante la realización diaria de órdenes de captura, allanamientos, registros, se realizaron durante el último año (2003) 150 allanamientos y 104 capturas.”209

En lo que respecta a las acciones de la Fuerza Pública, tenemos el siguiente reporte: La Policía Nacional210 desplegó una serie de estrategias orientadas a neutralizar o contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico. Para tal efecto, se construyeron nuevas estaciones de policía, se conformó un grupo especializado integrado por POLICIA, DAS, CTI, grupos de investigación antiterrorista GRIAN, y para atender casos de ley 30, una Brigada Interinstitucional de Homicidios BRIHNO211 . Se realizaron operativos conjuntos a nivel interinstitucional, con el CTI, la SIGIN y el Departamento Administrativo de Seguridad. Se creó el Bloque de Búsqueda Metropolitano conformado por el DAS, CTI, Fiscalía, Ejército y Policía. Se habilitó un Centro Automático de Despacho, se desarrollaron procedimientos de vigilancia y control212 . A nivel de operativos militares, se aumentó el pie de fuerza, se crearon unidades especiales antiterroristas, anti-secuestro y frentes de seguridad ciudadana 213 , y se instalaron Brigadas Militares214 y Comandos Rurales en la zona fronteriza. 9.2.2 Incongruencias de la Política de Seguridad frente a la Seguridad de la Población Civil. Como puede observarse, la estrategia de intervención en Norte de Santander ha estado orientada por la política de la Seguridad y Defensa Nacional. En tal sentido, las estrategias y líneas de acción corresponden a un plan diseñado y ejecutado por las autoridades nacionales y locales. No obstante, si se contrastan los operativos implementados y el 208

Dr. Manuel Guillermo Mora. Informe de gestión del Alcalde del Municipio de Cúcuta “Somos más una Ciudad” 2003. 210 Periódico La Opinión enero 12 de 2002. 211 Dirigida por el Fiscal, Coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata “URI” y con el apoyo de la unidad de análisis de homicidios. 212 Entrevista a Fabio René Carrillo, Asesor de la Secretaría de Gobierno Municipal. 213 Periódico La Opinión marzo 13 de 2002 214 Periódico La Opinión febrero 2 de 2002. 209

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despliegue de fuerza dispuesto, con los resultados encontrados en términos de violación de derechos e infracción al derecho internacional humanitario, la primera conclusión que obtenemos es que la política adoptada no consigue resultados positivos de mayor significación en términos de la superación de la grave crisis humanitaria. La política de seguridad y defensa nacional ha favorecido la obtención de logros en términos militares, pero su ejecución no consigue la recuperación de la convivencia, la superación de los actores paraestatales presentes con fuerza y evidencia en el ámbito urbano y lesionan algunas garantía ciudadanas, con casos palpables como las detenciones arbitrarias, a la vez que se involucra a la población civil en estrategias militares. La política de la Seguridad Democrática toma como uno de sus lineamientos la afirmación según la cual el conflicto armado no existe y toda la población se enfrenta a grupos de terroristas. Partiendo de dicha premisa, ha negado explícitamente el principio de distinción y afirma que ciudadanos puestos en sospecha son potencialmente ‘combatientes’ 215 . Una verdadera política de seguridad debería estar diseñada para hacer frente a todos los factores de inseguridad, y no solamente dirigidos con cierta eficacia frente a uno o unos de los factores. Permitir o fomentar la actuación de unos actores violentos para atacar la de otros es propiciar la reproducción de la inseguridad que supuestamente se intenta combatir. Las facultades otorgadas a autoridades policivas y militares no pueden dar lugar en todo caso a actuaciones de agentes del Estado que generen mayor inseguridad frente a la ciudadanía.

215

Por ejemplo, la ejecución de programas como la red de cooperantes o la autorización del porte de armas a la población civil, los cuales han generado un mayor involucramiento de la población en el conflicto.

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