JUEVES 30 DE JUNIO DE 2016

NÚMERO 190

Número 190

Jueves 30 de junio de 2016

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Convocatoria del Grupo de Amistad México-Sudáfrica Invitación de la Comisión de Puntos Constitucionales Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación. Diputado Omar Ortega Álvarez Proposición con puntos de acuerdo por para exhortar a la Secretaria de la Función Pública  que realice una investigación sobre la legalidad de la relación  jurídica y  status de los contratos firmados entre la SCT y diversas  empresas privadas propiedad de familiares del exprocurador Jesús Murillo Karam y por el que exhorta también a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos en relación con estos hechos. Diputado Omar Ortega Álvarez Proposición con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que rinda informe con relación a los créditos vía descuento de nómina a altas tasas de interés para trabajadores agremiados al SNTE, contratados con instituciones financieras y empresas privadas, y el programa de refinanciamiento de dichos créditos operado por BANSEFI. Diputado Guadalupe Acosta Naranjo Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Semarnat, así como como al gobierno del estado de Quintana Roo, para que en términos delo dispuesto por el artículo 34, párrafo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lleve a cabo reuniones públicas de información con la población que se verá afectada por el proyecto “terminal marítima banco playa. Diputada Isaura Ivanova Pool Pech y diputado Omar Ortega Álvarez

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Proposición con puntos de acuerdos para exhortar a la SSA para que en el ámbito de su competencia implemente y promueva programas, que comprenda actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, a los grupos de personas adultas mayores. Diputados Felipe Reyes Álvarez y Omar Ortega Álvarez

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Proposición con puntos de acuerdos para solicitar al titular del IMJUVE haga del conocimiento público cuáles son las acciones que está coordinando y realizando ante los un millón 209 mil 868.92 jóvenes desempleados y el aumento de jóvenes que “ni trabajan, ni estudian”. Conjunta

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Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Semarnat haga del conocimiento público a través de la página de internet oficial del Servicio Meteorológico Nacional el avance general del proyecto “Modernización del Servicio Meteorológico Nacional” que dio inicio desde hace 6 años, ya que a más de la mitad de su ejecución aún no se cuenta con datos oficiales que demuestren el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. Conjunta

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Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social haga del conocimiento público las acciones que está emprendiendo para cumplir los objetivos de la reforma laboral y cómo está atendiendo lo observado por la Auditoría Superior de la Federación: falta de transparencia y rendición de cuentas, poco o nulo apoyo a los beneficiarios e incumplimiento de los programas presupuestarios. Conjunta

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Proposición con puntos de acuerdo relativos al destino de recursos del fondo metropolitano para beneficio de zonas urbanas  y metropolitanas. Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

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Proposición con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, para que no se ejerza el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada. Diputado Elio Bocanegra Ruíz

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Proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa para realizar las ministraciones correspondientes a su ramo del PEC a la brevedad, con la finalidad de detonar la economía del sector primario. Diputado Felipe Reyes Álvarez

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Proposiciones de la diputada María Cristina Teresa García Bravo

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• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que diseñe y aplique protocolos, encaminados a cumplir adecuadamente los procesos de reclusión de mujeres, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras, con el objeto de que se garantice la seguridad y el irrestricto respeto a los derechos humanos de las internas

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• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarias de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, para que observen la inclusión de presupuesto etiquetado para garantizar a las hijas e hijos de las mujeres recluidas en los centros de readaptación social del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y educación en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017 Proposiciones de la diputada Maricela Contreras Julián

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• Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas para prevenir el acoso callejero

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• Proposición con puntos de acuerdo respecto al asesinato del activista José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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Convocatoria A

la reunión de instalación del Grupo de Amistad MéxicoSudáfrica, que se llevará a cabo el jueves 7 de julio, en el salón de protocolo del edificio A. Hora de inicio por definir. Diputado Carlos Hernández Mirón Presidente (Rúbrica)

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la formulación de escenarios de comportamiento político, estrategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios de alta competitividad y con patrones de conflictividad política y jurisdiccional.

Invitación

Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales invita al

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

diplomado Análisis político y campañas electorales , que con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 1 de agosto al 9 de diciembre, de 8:00 a 10:00 horas. Informes e inscripciones del miércoles 1 de junio al viernes 22 de julio, de 10:00 a 15:00 horas, en los teléfonos 50360000 (extensión 58127), 0445529212480 y 0445514226478, en el e-mail: [email protected], en http:// diplomadocamara.com así como en la oficina de la convocante, tercer piso del edificio D. Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales, antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización, liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y en general, el comportamiento cultural, tendencias y estudios en materia política, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la gestión del cambio político. Objetivo general Proveer los conceptos fundamentales, elementos de análisis, interpretación, prognosis, estrategia y formación de habilidades teóricas y prácticas para

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Evaluación 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo. Módulos, temario y fechas Ceremonia inaugural: 1 de agosto Módulo I Constitucionalismo y sistema político • La Constitución a 100 años • Los derechos políticos • Los derechos individuales • Los derechos económicos • Los derechos sociales • El sistema republicano democrático • El régimen presidencial contemporáneo • Prospectiva política Fechas: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17,19 de agosto.

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ÁGORA Módulo II Reforma del Estado, cambio político y sistema de partidos • Ciencias sociales y ciencia política • Conceptos fundamentales del Estado y del sistema político • Cambio político mundial • Transiciones democráticas en América, Europa, Asia y África • La democracia en América latina • Crisis político y cambio • El gobierno de coalición • La reelección en cargos de elección popular • Análisis de perspectiva en candidaturas ciudadanas, segunda vuelta, reelección y comportamiento partidista • Características de las campañas y el voto en los sistemas de mayoría y en los de representación popular • El Instituto Nacional de Elecciones: funciones y reglas • La reforma política y electoral en México • La nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales • La Ley General de Partidos Políticos Fechas: 22, 24, 26, 29, 31 de agosto, 2, 5, 7, 9 de septiembre. Módulo III Campañas: Etapa preelectoral. Organización electoral, el equipo de campaña, estrategias de promoción del voto, diseño del financiamiento • Análisis para la estrategia: • Tipos de electorados • El conteo de los votos • Procedimientos de votación • Elementos de planeación electoral • Las reformas electorales en México, 19962007 y sus repercusiones más relevantes en la preparación de campañas • Estadística sociodemográfica y económica • Formulación y análisis de las plataformas electorales

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• Estructura regional y distritación electoral • Factores clave de la preparación de campañas • Legislación y desarrollo de las precampañas • Derechos, deberes y obligaciones en campaña • Las prerrogativas y las franquicias • Estrategias para la obtención de recursos • Diseño y operatividad del cuartel de campaña • Administración de recursos humanos y materiales adecuados para la campaña • Diseño, estandarización y manejo de la imagen del candidato, el comité y el equipo de campaña • Conceptualización y gestión de los sistemas de medición de la intención de voto y de resultados preliminares en la jornada electoral Fechas: 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30 de septiembre, 3 de octubre. Módulo IV Campañas: Etapa electoral Las precampañas, factores clave: • Preparación de la precampaña • Consideraciones legales • Recursos financieros • Transparencia y ética • Movilización y propaganda • El voto en el extranjero • Reclutamiento de voluntarios • El presupuesto electoral. Formulación y estructura Opinión pública: • Investigación de opinión pública y estrategia war room • Formación de la percepción y de la opinión pública • Las encuestas de opinión pública en las campañas: grupos de enfoque, cuestionarios, muestreos, análisis e interpretación • La propaganda electoral Estrategias para la imagen pública: • Marketing • Gestión de imagen • Persuasión y opinión pública • Los debates electorales • Técnicas para el manejo de crisis y la comunicación estratégica

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ÁGORA • Registro de candidatos • Etapas y elementos de la jornada electoral (casillas, consejos distritales, representantes, documentación electoral, etcétera). La observación electoral Fechas: 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24 de octubre Módulo V Campañas: Etapa postelectoral • Valoración del desempeño institucional y político del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales • Valoración del desempeño institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales estatales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales • Los resultados electorales y la nueva conformación del mapa político-electoral • La LXIII Legislatura. Agendas potenciales y la ruta hacia 2018. • El sistema de medios de impugnación en materia electoral • El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación • Elementos clave de la litis electoral, la judicialización electoral como factor clave para la legitimidad de los candidatos y las campañas Fechas: 26, 28, 31 de octubre; 4, 7, 9, 11, 14, 16 de noviembre.

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• Investigación de opinión pública y estrategia (war room ) • Diseño de cuestionario • Introducción al diseño de cuestionario • Principales sesgos y efectos que deben evitarse • Tipos de encuestas y sus límites • Orden de las preguntas y su influencia entre ellas • Preguntas abiertas y cerradas Introducción al muestreo: • Diseño y análisis de encuestas por muestreo • Muestreo aleatorio simple • Muestreo aleatorio estratificado • Muestreo por conglomerados • Muestreo sistemático Encuestas: • Encuesta panel • Trackings • Encuesta de salida • La logística • Planificación de exit polls Imagen: • Comunicación, marketing e imagen institucional • Imagen deseada y gestión de imagen • Construcción de la imagen pública • Mensajes clave • Persuasión y opinión pública Fechas: 18, 23, 25, 28, 30 de noviembre; 2, 5, 7 y 9 de diciembre. (Programación sujeta a cambios)

Módulo VI Taller de estrategias de debate, marketing y comunicación política en las campañas

Diputado Daniel Ordóñez Hernández Presidente (Rúbrica)

• Conceptualización de la opinión pública • El esquema general de una campaña

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Diputado Omar Ortega Álvarez

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación Con fundamento en lo dispuesto en los artículos

71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa al tenor del siguiente: Planteamiento del problema El desarrollo y el destino de cualquier país esta intrínsecamente ligado con el nivel de su educación. Lamentablemente, la educación de nuestro país atraviesa por una de sus más profundas crisis y con ello está condenando el presente y el futuro de miles de niños que pese a que tienen el derecho constitucional de recibir educación de calidad, son rehenes de un conflicto nacional del cual son totalmente ajenos. Sin duda alguna, la educación de nuestro país requiere de un sistema de evaluación que logre profesionalizar y modernizar el sistema

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educativo nacional, sin embargo dicha evaluación debe hacerse con mucho cuidado, alejada de prácticas autoritarias e impositivas que vulneran los derechos laborales de los maestros. Nos encontramos en un punto en el que hay una reforma constitucional aprobada por mayoría calificada en el Congreso y por la mayor parte de los congresos locales que integran el  constituyente permanente, así como por tres leyes secundarias cuya implementación está teniendo un impacto inesperado en las vidas de los profesores, de la sociedad en general pero sobre todo, en la vida de los niños que cada día pierden una oportunidad de desarrollarse y de forjarse un presente y un futuro. Ha llegado el momento de abrir una mesa de dialogo entre las partes para comenzar un proceso de construcción de acuerdos hacia una reforma educativa de calidad en un entorno de paz. Argumentos Una de las primeras acciones que llevó a cabo el Ejecutivo federal al inicio de su sexenio, fue presentar ante el Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Dicha propuesta de reforma planteaba establecer lineamientos generales para instituir a nivel nacional un Servicio Profesional Docente con una serie de mecanismos para instrumentar concursos de oposición para el ingreso de los docentes al sistema educativo nacional, así como los criterios para la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior a cargo del Estado. La propuesta del Ejecutivo también contemplaba la creación del Instituto Nacional

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para la Evaluación de la Educación, diseñado para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional desde la educación preescolar, hasta la educación media superior, para lo cual se previó que este instituto contara con amplias facultades para emitir lineamientos que debían cumplir las autoridades educativas a nivel federal y local. Adicionalmente, a este instituto se le otorgó el estatus de órgano constitucional autónomo, con una Junta de Gobierno como órgano de dirección, la cual estaría compuesta por cinco integrantes nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Cámara de Senadores para cumplir periodos de siete años con posibilidad de ratificación. En esa propuesta de reforma constitucional, se incluyó la obligación de expedir una Ley secundaria que fijara los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional. También se incorporó la obligación de expedir una ley que estableciera las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del congreso y logró obtener el voto aprobatorio de 23 congresos locales del país y finalmente fue promulgada el 23 de febrero de 2013. Más tarde, en agosto del 2013, el Ejecutivo presentó un paquete de iniciativas en materia de reforma educativa que planteaba expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, así como diversas reformas a la Ley General de Educación, las iniciativas fueron procesadas por las cámaras del Congreso en un periodo extraordinario que se vivió en un clima inmerso por una gran turbulencia social que incluso obligó al Congreso a sesionar en una sede alterna.

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Finalmente, en septiembre de 2013, fueron expedidas las nuevas leyes y se promulgaron  las nuevas reformas a la Ley General de Educación. Sin embargo, el magisterio ha mostrado constantemente su rechazo a la reforma educativa argumentando que con las nuevas disposiciones se conculcan derechos laborales adquiridos desde hace mucho tiempo y han expresado reiteradamente que la reforma vulnera su estabilidad laboral. La aplicación de las nuevas medidas de evaluación y el rechazo de los maestros a la reforma educativa, han hecho escalar este conflicto a niveles inconmensurables, la situación ha llegado a niveles de violencia extrema que han dejado saldos trágicos como el de Nochixtlán, en donde perdieron la vida ocho personas y otras más quedaron heridas. Está claro que las leyes que se crearon con motivo de la reforma educativa para elevar el nivel de la educación en el país y para favorecer la profesionalización de los docentes, tiene aspectos que por su rigidez están generando muchos problemas y debido a que realmente nunca hubo un espacio de diálogo con las distintas organizaciones de maestros para discutir seriamente el futuro del modelo educativo, es necesario que seamos sensibles ante la realidad y que tengamos la capacidad de establecer un diálogo que permita no solo escuchar a las partes, sino avanzar en una redacción conjunta para un nuevo Sistema Educativo Nacional de calidad y sin violencia. La reforma educativa aprobada por el congreso en la legislatura pasada, es legal porque en su momento contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores, sin embargo, a la luz del tiempo es claro que esa legalidad no ha sido suficiente porque esta reforma no cuenta con el respaldo social y por lo tanto no tiene la legitimidad que una propuesta de esta envergadura requiere y ello

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ÁGORA hace necesario abrir un espacio para el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan resolver el conflicto en el que nos encontramos. Mientras más nos tardemos en adoptar un mecanismo como el que se propone, más abonaremos en la tensión social y política, más se profundizarán las diferencias y más se provocarán enfrentamientos estériles que comprometen la seguridad de población civil ajena al conflicto, y lo que es más importante, más se lastima la posibilidad de la formación escolar de nuestros niños y jóvenes, quienes son los más afectados con esta crisis que está instalada en nuestro país. Por otra parte, no se debe ignorar que en todos los sectores de la sociedad Mexicana se demanda un dialogo productivo que dé solución definitiva a la confrontación existente entre un importante sector de los maestros y el gobierno federal, conflicto que si bien no tiene solo su origen en la actual administración, si corresponde a quienes actualmente ejercemos el poder público su resolución. Consideramos que el problema de la educación es un tema de vital importancia para la sociedad mexicana, por ello, en esta iniciativa, proponemos crear una comisión que otorga un espacio de discusión legal entre las partes involucradas, y sobre todo, se faculta a esa comisión a generar un debate democrático amplio, capaz de generar un gran acuerdo nacional en materia educativa y establecer las bases del nuevo sistema educativo. Hago un llamado a todos y todas quienes tenemos la posibilidad y la responsabilidad de ayudar a solucionar este conflicto, a que nos pongamos de acuerdo por el bien del país, de la gente y sobre todo insisto, de las niñas, niños y jóvenes. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con:

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Proyecto de decreto Único. Se expide la ley para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos para la Educación, para quedar como sigue: Ley para el Diálogo y Construcción de Acuerdos para la Educación Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1. Esta ley tiene por objeto establecer las bases jurídicas que propicien el diálogo y la construcción de acuerdos para alcanzar, a través de un acuerdo nacional, la reforma del sistema educativo nacional y la solución del conflicto magisterial. Artículo 2.Para los efectos de la presente ley se entenderá por: Acuerdo: Acuerdo Nacional por la Educación Comisión: Comisión para la Construcción de Acuerdos por la Educación CNTE: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Capitulo II Del Acuerdo Nacional por la Educación Artículo 3. Será objeto del Acuerdo Nacional por la Educación, el análisis y la construcción de acuerdos entre las partes, en lo relativo al sistema educativo nacional y de forma enunciativa y no limitativa las siguientes leyes:

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I. Ley General de Educación II. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación III. Ley General del Servicio Profesional Docente Artículo 4.Se crea la Comisión para la Construcción de Acuerdos por la Educación, integrada por cinco representantes de la Cámara de Senadores, cinco de la Cámara de Diputados, cinco del Poder Ejecutivo Federal, cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cinco representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La Comisión deberá organizar diferentes mecanismos de participación que permitan la reflexión democrática y deliberativa de la sociedad mexicana con el objeto de lograr una propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional. La propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional contendrá las conclusiones generales de los trabajos de la Comisión y de los mecanismos de participación que realice, será redactada y presentada por la Comisión ante las cámaras del Congreso en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 5. En la construcción del Acuerdo Nacional por la Educación, se buscará conciliar las demandas e intereses legítimos del magisterio con la profesionalización y evaluación de los docentes, que garantice la máxima calidad de la educación. Capitulo III Disposiciones finales Artículo 6. Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación, a partir de la fecha

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en que entre en vigor el presente decreto, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes de la CNTE que se encuentren sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual forma se suspenden los procedimientos y sanciones administrativas o laborales derivados de las leyes señaladas en el artículo dos de esta ley. Las suspensiones mencionadas en este artículo se mantendrán hasta la aprobación de las iniciativas de reforma de la educación por el poder legislativo. Artículo 7. Los calendarios, agenda y, en general, las bases para el diálogo y construcción del Acuerdo Nacional por la Educación previsto en este ordenamiento, serán acordados por la Comisión.

Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, junio de 2016

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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la SFP  a que realice una investigación sobre la legalidad de la relación  jurídica y  status de los contratos firmados entre la SCT y diversas  empresas privadas propiedad de familiares del exprocurador Jesús Murillo Karam y por el que exhorta también a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos en relación con estos hechos El

que suscribe, diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: Consideraciones De acuerdo a una investigación publicada recientemente por la asociación civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, tres empresas de familiares del exprocurador Jesús

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Murillo Karam, ganaron contratos hasta por 4625 millones de pesos multiplicando en 714 por ciento sus contratos de obra pública durante los años en los que aquél se desempeñó como Procurador General de la República. La asociación civil, obtuvo copia de 43 contratos asignados en 17 estados de la República a las empresas Alvarga, Kuoro e Itrio que están manejadas o relacionadas con los hijos, un cuñado, un sobrino y un yerno del exprocurador. En dicha investigación aparecen los nombres de, Jesús Murillo Ortega, hijo de Jesús Murillo Karam,  quién es el director de la firma Kouro Desarrollo S.A. de C.V., así el de los accionistas mayoritarios, Sandra Georgette Murillo Ortega, su hermana, y el esposo de ésta, Gerardo Saade Kuri. Uno de los socios fundadores de la empresa, Carlos Castañeda Murillo, es sobrino de Jesús Murillo Karam, que es el actual director de Tecnología de la Secretaría de Gobernación. También, Gerardo Roqueñí Murillo y Patricia González Murillo, son sobrinos del ex procurador, y son socios fundadores de Itrio Arquitectos S.A. de C.V,  y por si fuera poco, Edmundo González González, cuñado de Karam, es otro accionista. De igual forma, resalta que uno de los directores de la firma fuera Alejandro González Murillo, actual diputado federal y Coordinador del Partido Encuentro Social y también sobrino de Murillo Karam. Alvarga Construcciones es una empresa asociada a Kouro, tanto que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó un contrato por 130 millones de pesos a Kouro, el domicilio marcado de esta firma era: calle Veta Arras 111, Pachuca; la misma dirección de Alvarga, empresa que en 2015 recibió por la SCT la asignación de la construcción Vía Bicentenario de León por un monto de 85.5 millones de pesos. A través de los contratos obtenidos, la asociación civil encontró “aumentos injustificados

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en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras entregadas a destiempo, un fraude probado, e incluso un caso, en el estado de Campeche, en el que se usaron productos piratas en la construcción de un rompeolas.” [*] Aunado a esto, gracias a la exposición de los contratos se demostró que las tres firmas compartieron no sólo domicilios, sino representantes legales, teléfonos, contratos, socios y empleados. Entre las irregularidades de las empresas destacan domicilios que resultaron ser una casa de interés social o una bodega. Además, el domicilio de Itrio se encuentra en la calle Ignacio Mejía, Pachuca, lo que resultó ser una casa sede también de la Constructora e Inmobiliaria Argos. Estos domicilios, describe el texto, resultan extraños para empresas que “aumentaron sus ganancias en contratos en más de 700 por ciento superando los cálculos de la Cámara de la Industria de la Construcción cuyos estudios reflejaron que, ese mismo periodo, el mayor crecimiento a nivel nacional nunca alcanzó el 5 por ciento.” [*] Para el momento en el que Murillo Karam salió de la Procuraduría General de la República (PGR), la firma Kouro había facturado 1,437, 351 pesos, alrededor de 80 millones de dólares, lo que significó para la empresa un crecimiento acumulado en tres años de 537 por ciento. “Entre 2010 y 2012, al final del gobierno de Felipe Calderón, las tres constructoras, recibieron en conjunto contratos de obra con fondos federales por 634 millones de pesos. Mientras que en los primeros tres años del sexenio, las adjudicaciones superaron los 4 mil 400 millones de pesos.” [*] Además del presunto conflicto de intereses señalado, fue denunciado que Kouro Desarrollos “construyó el puente vehicular Antonio Madrazo y lo entregó con fallas; mientras que la segunda etapa del Distribuidor Vial Benito Juárez fue

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abandonada a la mitad, sobre el Bulevar Morelos, de León, Guanajuato.” [*] Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación reveló que hubo violaciones al marco legal por asignar directamente a la firma Kouro obras adicionales, en lugar de someterlas a licitación. Entre 2011 y 2015, Alvarga amplió sus ingresos por contratos en 2,134 por ciento e Itrio en 387 por ciento, señaló la investigación. “El 61 por ciento del monto de los contratos (2 mil 837 millones de pesos) los otorgó la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, en obras carreteras y portuarias.” [*] La investigación apunta que Gerardo Ruiz Dosal, hijo de Ruiz Esparza, titular de la SCT, era secretario particular de Murillo Karam en la PGR. Aunado a lo señalado, Gerardo Roqueñí Murillo -hijo de Georgette Murillo Karam, sobrino del ex procurador-, fue señalado como el fundador de Itrio, y actualmente es socio de Grupo Roqueñí S.A. de C.V. y Soluciones Globales G&G, ambas constructoras que han obtenido durante este sexenio 80 millones de pesos en contratos supuestamente sin licitar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la misma SCT. [*] A partir de que Murillo Karam fue removido de la PGR a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la investigación señala que los contratos de esas tres firmas disminuyeron drásticamente. Los actos de corrupción, encubrimiento, y conflictodeinteresessondetalladosenlainvestigación presentada; sin embargo, resulta lamentable que sean las personas que ejercen el periodismo las que se han encargado de hacer el trabajo de investigación que la Secretaría de la Función Pública o cualquier otra dependencia, como la PGR, se han negado a hacer. Desafortunadamente, con los candados impuestos por el PRI en las discusiones de las leyes

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ÁGORA anticorrupción, la corrupción seguirá siendo un serio problema en el sistema institucional mexicano. El  grupo parlamentario del PRD  considera de la más alta prioridad nacional, el combate a la corrupción y la impunidad ya  que vulneran las instituciones públicas de nuestro país, esta es una enfermedad terminal del sistema político, que se multiplica y se reproduce en todos los ámbitos de la vida cotidiana, es por ello, que estamos comprometidos en impulsar a fondo el rediseño de nuestro marco  institucional en materia de rendición de cuentas, fiscalización, transparencia y combate a la corrupción, casos como éste, deben ser investigados a  fondo por las autoridades competentes, por ello es que presentamos la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:           Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de sus facultades, investigue la legalidad  de la relación jurídica y el status de los contratos firmados por las empresas Kouro Desarrollo, Alvarga Construcciones e Itrio Arquitectos con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes así como el presunto conflicto de intereses en que pudieran haber incurrido  su Titular y otros servidores públicos. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar la posible comisión de delitos relacionados con el otorgamiento  de contratos de la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes y otras entidades públicas a las empresas Kouro Desarrollo, Alvarga Construcciones e Itrio Arquitectos.

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Grupo Parlamentario del PRD

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que haga del conocimiento de esta Soberanía los contratos que haya firmado con las empresas Kouro Desarrollo, Alvarga Construcciones e Itrio Arquitectos.

Notas: [*]Indaga, Durán, B. y Raúl Olmos. “Empresas de la familia del exprocurador Murillo Karam, beneficiadas con contratos millonarios”. Consultado en línea el 24 de junio de 2016, en http://www.animalpolitico. com/2016/06/los-43-contratos-que-ponen-contrala-pared-a-murillo/ [*] Ibídem [*] Aristegui Noticias. “Familiares de Murillo Karam multiplicaron sus contratos en este sexenio”. Consultado en línea el 24 de junio de 2016 en: http://aristeguinoticias.com/2306/mexico/familiaresde-murillo-karam-multiplicaron-sus-contratos-eneste-sexenio/ [*] Ibídem [*] Ibídem [*] Ibidem

Sede de la Comisión Permanente, junio de 2016

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Diputado Guadalupe Acosta Naranjo

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que rinda informe con relación a los créditos vía descuento de nómina a altas tasas de interés para trabajadores agremiados al SNTE, contratados con instituciones financieras y empresas privadas, y el programa de refinanciamiento de dichos créditos operado por BANSEFI El que suscribe, diputado de la LXIII Legislatura

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: Consideraciones Después de un largo proceso legislativo, el Congreso de la Unión aprobó el pasado periodo extraordinario el marco jurídico secundario para el

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combate a la corrupción en México, que deriva del mandato del decreto de reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2015. La aprobación del marco jurídico constitucional y legal para el combate a la corrupción ha sido el resultado quizá como ninguna otra reforma de gran calado en los últimos años, de la demanda, clamor y consenso de los sectores más amplios de la sociedad mexicana que exigen poner fin a la corrupción, al tráfico de influencias, la opacidad, la discrecionalidad y la impunidad como prácticas cotidianas en el ejercicio de gobierno y el gasto público, en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno y, en prácticamente todas las actividades y procesos en los que se involucran recursos públicos. Precisamente en el marco de este debate, varios hechos han vuelto a poner al descubierto un asunto que paso prácticamente inadvertido para la sociedad y en las cámaras del Congreso de la Unión. Un asunto de no menor importancia que podría configurar una de tantas prácticas de corrupción, opacidad, discrecionalidad e impunidad, como el programa de rescate financiero gubernamental de empresas e instituciones financieras privadas que, en un franco abuso patrimonial, defraudaron con créditos usureros a miles de trabajadores de la educación y a otros empleados públicos. A fines de 2013, por acuerdo entre el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) representada por el Presidente de su Consejo General Sindical, profesor Juan Díaz de la Torre, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se autorizó la creación del “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE”.

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ÁGORA Mediante este programa, en operación a partir de su firma el 21 de noviembre de 2013, el gobierno federal autorizó el uso de activos del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (en adelante BANSEFI) para, sin mediar investigación y deslindar responsabilidades correspondientes, comprar la cartera a empresas e instituciones financieras privadas–varias de ellas constituidas como sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM reguladas y no reguladas)- derivada de créditos de nómina ofrecidos por intermediación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a cientos de miles de trabajadores de la educación, contratados a tasas de interés más que desproporcionadas que los hicieron prácticamente impagables. De acuerdo con la información disponible en la página electrónica de BANSEFI, los créditos fueron contratados a tasas de interés anual de 30, 40, 50, 60, 70 y 80 por ciento. Con el programa de refinanciamiento, el trabajador de la educación podrá pagar sus créditos de nómina a través de un crédito de BANSEFI, que también será descontado de tu nómina, pero con mejores términos y condiciones: • Tasa de interés anual de 18 por ciento más IVA • Plazos de 12 a 60 meses • Sin garantías adicionales • Sin comisiones ni letras chiquitas • Costo Anual Total (CAT) 19.64 por ciento*  Este rescate financiero a empresas usureras conocido popularmente como Profepoa, como señalábamos, ha vuelto a cobrar notoriedad por hechos recientes que se vinculan, directa o indirectamente, al tema de fondo que plantea este programa gubernamental; es decir, el rescate con recursos públicos de empresas e instituciones financieras privadas a través de la compra de

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deuda de trabajadores de la educación contraída con dichas empresas para la adquisición de bienes y servicios financieros. Por una parte, un diario norteamericano publicó en abril de este año una investigación que reveló la compra de propiedades en Miami por el diputado federal José Bernardo Quezada Salas del Partido Nueva Alianza y su familia que, a su vez, es propietaria de una de las empresas involucradas en el negocio de créditos para trabajadores de la educación y servidores públicos de otras dependencias como el ISSSTE. Por otra, la aprehensión y encarcelamiento el 14 de abril pasado del profesor Rubén Núñez Ginez, Secretario General de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca, a quien de acuerdo con indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) le encontraron, junto con el Secretario de Finanzas de la misma Sección XXII, profesor Aciel Sibaja Mendoza,“…elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la celebración de diversos convenios ilícitos con algunas empresas.” Cabe aclarar que los Grupos Parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, condenamos la aprehensión y encarcelamiento de los líderes magisteriales de la Sección XXII por el evidente uso político y selectivo de la procuración de justicia del gobierno del Presidente Peña Nieto. En cuanto al primer hecho, el viernes 15 de abril de este año, el diario Miami Herald, en su sección Bienes Raíces, publicó un artículo de investigación de Nicholas Nehamas y Tim Johnson, sobre la compra y posesión de propiedades de lujo en Miami, Florida, por el diputado de Nueva Alianza José Bernardo Quezada Salas y su familia, por un valor de 8.2 millones de dólares. De acuerdo con la investigación, en 2004 la esposa de legislador federal, Jessica Peredo Rincón, adquirió un

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departamento de lujo en el edificio Setai (101 20th St., Miami, Beach) por un valor de 1.1 millones de dólares; en junio de 2005, en un solo día, el diputado y su familia gastaron 6.3 millones de dólares en la compra en operación de contado de once departamentos de lujo en el condominio BrickellArch (1395 Brickell Ave., Miami)y, en 2008, la pareja Quezada-Peredo adquirió otro departamento en el condominio Jade Beach (17001 Collins Ave., Sunny Isles Beach) por 848 mil dólares. Estas inversiones en Miami, podrían haber pasado inadvertidas como una transacción inmobiliaria más de las que se realizan a diario en territorio norteamericano, pero ello no fue así, como lo documentó la investigación-reportaje del  Miami Herald. Lo anterior, porque dichas inversiones involucran por lado, al diputado plurinominal José Bernardo Quezada Salasquien, durante tres décadas desde el año de 1986 a la fecha, ha desempeñado cargos relevantes a nivel nacional en el SNTE, como la cartera de créditos y vivienda y, por otro, porque la empresa Etesa, S.A. de C.V., propiedad de su familia política y en la que él mismo tiene participación, es una de las involucradas en la prestación de servicios de crédito para trabajadores de la educación agremiados al SNTE. No solo ello, esta empresa se encuentra entre las beneficiadas por el Programa de Reestructuración de Créditos de Nómina de BANSEFI. La investigación periodística de Nehamas y Johnson desató en nuestro país un caudal de informaciones periodísticas cuestionado primero, el origen de los recursos para la adquisición de las propiedades en la que habría participado el diputado de Nueva Alianza; segundo, que el diputado Quezada Salas a través de las empresas de su familia y desde el SNTE, habría orquestado una operación millonaria de usura al otorgar créditos a sus afiliados a altas tasas de interés y largos plazas y, tercero, que el SNTE y sus secciones sindicales en todo el país participaran

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en este tipo de operaciones con la “colaboración” de directivos de la SEP y de organismos homólogos de educación en las entidades federativas, quienes facilitaron los descuentos o deducciones vía nomina para el pago de los créditos proporcionados a trabajadores de la educación contratados a altas tasas de interés. El mismo SNTE que ante los altos niveles de endeudamiento alcanzados por sus agremiados por el tipo de interés con que fueron contratados los créditos, solicitó en 2013 a través del presidente del Consejo General Sindical, profesor Juan Díaz de la Torre, “la cooperación y asistencia” del gobierno federal de Enrique Peña Nieto para la implementación del programa de refinanciamiento de los adeudos derivados de los créditos de nómina de trabajadores sindicalizados con empresas financieras y SOFOM reguladas y no reguladas. En respuesta a las informaciones periodísticas que involucraban al diputado Quezada Salas y al propio SNTE, el diputado Luis Alfredo Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza del sindicato magisterial, en conferencia de prensa del pasado 19 de abril, ofreció que su partido solicitaría a las autoridades financieras y a la PGR una investigación exhaustiva y se informaría a la sociedad los resultados de esta indagatoria. Ofrecimiento que al día de hoy desconocemos si quedo en promesa. Por cuanto a otro hecho que se vincula al caso del profesor Rubén Núñez Ginez, dirigente de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca, la PRG en su comunicado de prensa 825/16 informó que el mandamiento judicial librado contra el líder sindical resultó de lo siguiente (cita textual): “… al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal.

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ÁGORA Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: • Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o  La conducta imputada al referido líder sindical consiste en la adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia ilícita, y posteriormente su utilización por el ahora imputado. En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos. La investigación realizada permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5 por ciento, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a los cuales, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los

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depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los convenios calificados de ilícitos. Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciante, con ánimo o fines de lucro. Ley Federal del Trabajo Artículo 378. Queda prohibido a los sindicatos: • Intervenir en asuntos religiosos; y • Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional Artículo 79. Queda prohibido a los sindicatos: • Hacer propaganda de carácter religioso; • Ejercer la función de comerciantes, con fines de lucro • a V.…” Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por lo tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se trasgredió.

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Es pertinente destacar que, respecto de los mismos hechos hace alguna semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma organización sindical (…).” Precisamente entre una de las empresas que aparece en la indagatoria de la PGR contra el líder magisterial, está Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. (Etesa), propiedad Héctor Peredo Vázquez, suegro del diputado plurinominal Bernardo Quezada y que, como señalamos anteriormente, ha estado involucrada en el otorgamiento de créditos a agremiados del SNTE y ha sido beneficiada, entre otras empresas, precisamente por el denominado Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE. Asimismo, el periódico Reforma al dar seguimiento a la investigación del diario norteamericano  Miami Herald que involucra a diputado federal Quezada Salas, miembro destacado del SNTE, así como a los delitos que le imputa la PGR al Secretario General de la Sección XXII de Oaxaca, ha documentado, por una parte, que la dirigencia del SNTE y de sus secciones en todo el país también han celebrado convenios con empresas e instituciones financieras para el otorgamiento de créditos usureros a sus agremiados –tal como, en última instancia, lo acredita el Programa de Refinanciamiento que solicitó la dirigencia del SNTE al gobierno federaly, por otra parte, que la empresa Etesa, S.A. de C.V. no solo habría celebrado convenios con la Sección XXII, sino que también ha sido una de las empresas favorecidas por la dirigencia nacional del SNTE y sus secciones sindicales para otorgar créditos a sus agremiados a altas tasas de interés. Todo anterior demanda que gobierno federal transparente la información que llevó a la puesta en marcha con recursos públicos, a través de activos de BANSEFI, del “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE”; las empresas

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privadas beneficiadas, y los montos liquidados por la compra de cartera de adeudos a la fecha. Conocer las investigaciones que soportan este programa y, en su caso, las multas, sanciones y, en su caso, consignaciones ante la autoridad competente por probables conductas ilícitas de participantes en la operación de créditos y descuentos de nómina a los trabajadores agremiados al SNTE. Dentro de dichas informaciones, es fundamental que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, informe las acciones que llevó a cabo para protección y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores al servicio del Estado, entre ellos de la educación, como usuarios de servicios financieros prestados por empresas morales privadas y SOFOM, mediante créditos de nómina que derivaron en un programa de refinanciamiento o rescate por parte del gobierno federal a fines del año 2013. Asimismo, las acciones de supervisión de la Condusef a las empresas que participaron en el otorgamiento de créditos y, en su caso, las reclamaciones y resoluciones atendidas derivadas de dichos créditos para trabajadores de la educación y otros trabajadores al servicio del Estado. Esta última información constituye también una exigencia para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en cuanto responsable de la supervisión de las instituciones financieras privadas reguladas, como podrían ser las SOFOM que participantes en la provisión de créditos a maestros agremiados al SNTE. Por otra parte, si dentro de las conductas que se le imputan a la dirigencia de la Sección XXII, están la “operación o administración y uso de recursos económicos de procedencia ilícita, que fueron adquiridos como derivación de la celebración de “contratos ilícitos”, es obligación del gobierno federal, a través de las autoridades competentes, informar y trasparentar si la dirigencia nacional del

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ÁGORA SNTE y de las secciones sindicales han incurrido o incurrieron en este tipo de actos con fines de lucro en virtud de la celebración de contratos con distintas empresas privadas y SOFOM reguladas y no reguladas para el otorgamiento de créditos para sus agremiados. Igualmente en aras de la máxima transparencia, es una condición que esta Soberanía, los interesados y la sociedad en su conjunto, conozcan, en su caso, las investigaciones y/o consignaciones presentadas o por presentar ante el Ministerio Público de integrantes de la dirigencia nacional y seccional del SNTE, por el delito previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal, y por las conductas enmarcadas en los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciante, con ánimo o fines de lucro. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informóen el marco de la detención y encarcelamiento políticoselectivo de los dirigentes magisteriales de la Sección XXII, “…que se realizan auditorías a las nóminas educativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán,  y aseguró que se procederá legalmente y habrá firmeza en la aplicación de las leyes si se detecta algún desvío.” La dedicatoria de estas auditorías por parte del secretario Nuño, están claramente dirigidas a las entidades federativas en donde participan secciones sindicales de trabajadores de la educación que se oponen a la llamada Reforma Educativa. No obstante, claramente la medida debería generalizarse al conjunto de nóminas estatales, ya que la SEP y los organismos homólogos en el resto de las entidades federativas, participaron en el descuento quincenal de los pagos derivados de créditos de nómina para la adquisición de bienes y servicios financieros otorgados a miles de trabajadores agremiados al

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SNTE por personas morales privadas y SOFOM reguladas y no reguladas. El otorgamiento de este tipo de créditos a miles de trabajadores de la educación, supone, a su vez, que debieron mediar “convenios” entre el SNTE y sus secciones con las autoridades educativas, para que éstas últimas llevaran a cabo los descuentos de nómina por pagos que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no están previstos dentro de las retenciones, descuentos o deducciones permitidas del salario de los trabajadores. Artículo 38. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados; II. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad; III. De los descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores; IV. De los descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que fueren exigidos al trabajador, y V. De cubrir obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideras como baratas, siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en institución nacional de crédito autorizada al efecto. VI. Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación

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o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20 por ciento del salario. El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del importe del salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo. Finalmente, la puesta en operación del “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE” a finales de 2013, en sí mismo supone la existencia de empresas privadas y SOFOM que otorgaron créditos a trabajadores de la educación del SNTE; que dichos créditos debieron estar amparados en contratos entre el SNTE y sus secciones con empresas privadas y SOFOM; que los créditos fueron otorgados a altas tasas de interés o fuera de parámetros de mercado que llegaron a representar cargas excesivas y un abuso al patrimonio de los trabajadores; que las autoridades educativas participaron en forma directa o indirecta en esta operación crediticia, al autorizar los descuentos de los créditos de la nómina de los trabajadores de la educación agremiados al SNTE y, por último, la ineficiente o nula participación de la Condusef en la protección y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores de la educación en cuanto usuarios de servicios financieros, y de la CNBV en cuanto a la supervisión de las instituciones financieras participantes. A pesar de todo ello, como señalamos al inicio, este “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE” entró en operación sin investigación judicial de por medio, ni mucho menos multas, sanciones, y/o consignaciones por la probable comisión de delitos de quienes habrían participado, directa o indirectamente, en la celebración de contratos y convenios que

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derivaron en los crediticios usureros en contra del patrimonio de los maestros. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con: Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a esta Comisión el diagnóstico e investigaciones que sustentaron la implementación por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo), del “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE”, derivado del acuerdo entre y el gobierno de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el mes de noviembre de 2013. Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su Unidad de Inteligencia Financiera, para que rinda informe sobre la o las investigaciones sobre las sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOM reguladas y no reguladas, y/o personas morales privadas que participaron en el otorgamiento de productos o servicios financieros (créditos) para trabajadores agremiados al SNTE; los contratos celebrados por el SNTE para el otorgamiento de dichos créditos a sus agremiados; las condiciones de los créditos otorgados (tasas de interés y plazos);en su caso, las comisiones sobre la cobranza entregadas por empresas y SOFOM al SNTE y/o personas físicas o morales vinculadas directa o indirectamente a este sindicato, por los pagos descontados de nómina por los créditos otorgados; la participación de la Secretaría de Educación Pública y los

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ÁGORA organismos análogos en las entidades federativas vía descuentos de nómina resultantes de los créditos, y demás información relacionada con dichos créditos, participantes, multas, sanciones y/o consignaciones ante el Ministerio Público por la probable comisión de actos ilícitos de los participantes aludidos. Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(Condusef) para que, en el marco de sus atribuciones y competencias, rinda informe sobre las acciones de promoción, asesoraría, protección y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores sindicalizados miembros del SNTE y de otras organizaciones sindicales con registro, en su calidad de usuarios de SOFOM con las que contrataron créditos para la adquisición de bienes o servicios financieros (créditos) y cuya fuente de pago fue el descuento de nómina. Asimismo, informe sobre las reclamaciones recibidas y resoluciones derivadas de la contratación de dichos créditos, las acciones de supervisión a las SOFOM participantes y, en su caso, las sanciones, multas y/o denuncias presentadas ante el Ministerio Público en relación a los servicios financieros prestados por dichas sociedades financieras a los trabajadores agremiados en el SNTE y otras organizaciones con registro. Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y BANSEFI, para que rinda informe detallado sobre el estado que guarda la operación del “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE”, entre dicha información: las SOFOM y/o personas morales beneficiadas; los activos erogados a la fecha por BANSEFI por la compra de cartera crediticia; trabajadores beneficiarios y condiciones de reestructuración de sus créditos (tasas de interés

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y plazos), así como los convenios suscritos con organismos responsables de la educación pública en las entidades federativas para dar cumplimiento al esquema de refinanciamiento de créditos con descuento vía nómina para trabajadores de la educación. Notas: BANSEFI. Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Disponible en:http://www.bansefi.gob.mx/ProductosServicios/ Otros/Pages/RefSNTE.aspx Procuraduría General de la República. PGR ejecuta orden de aprehensión contra Secretario General de la Sección XXII del SNTE en el Estado de Oaxaca. Comunicado 825/16, 12 de junio de 2016, México. Disponible en:  http://www.gob.mx/pgr/prensa/pgr-ejecuta-ordende-aprehension-contra-secretario-general-de-laseccion-xxii-del-snte-en-el-estado-de-oaxacacomunicado-825-16?idiom=es Nehams, Nicholas; Johnson, Tim (15 de abril de 2016). Condo Confidencial. A Mexican bureaucrat and his family´s $8.2 millon Miami condo spending spree. Miami Herald. Disponible en: http://www. miamiherald.com/news/business/real-estate-news/ article72068697.html PGR. Comunicado 825/16. Idem. SEP. Comunicado 278. Anuncia Nuño Mayer auditorías a nóminas educativas de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas; advierte que habrá firmeza en la aplicación de la ley. Disponible en: http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado278?idiom=es

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Diputada Isaura Ivanova Pool Pech Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat así como como al gobierno del estado de Quintana Roo, para que en términos delo dispuesto por el artículo 34, párrafo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lleve a cabo reuniones públicas de información con la población que se verá afectada por el proyecto “terminal marítima banco playa” que promueve la Administración Portuaria Integral del Estado Los suscritos, diputada y diputado, integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: Consideraciones 1. La isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, tiene una extensión de 45 kilómetros y sus ingresos provienen principalmente de la actividad turística. Es el segundo puerto de arribo de

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cruceros en el mundo, recibiendo 3.4 millones de visitantes por esta vía al año. Sin embargo, por su condición de aislamiento, su sistema ambiental es muy vulnerable. Originalmente era una villa de agricultores que se convirtió en destino turístico por excelencia para los amantes del buceo, debido a que es parte de la segunda barrera coralina más grande del mundo, el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el cual abarca desde Quintana Roo, México hasta Honduras. El SAM comprende 60 áreas naturales protegidas (ANP) que proveen hábitats críticos para la alimentación, anidación, crianza, desove y reproducción de un elevado número de especies de flora y fauna de importancia comercial, amenazadas o en peligro de extinción. Es uno de los ecosistemas con mayor riqueza en biodiversidad, con más de tres mil especies marinas reportadas. Adicionalmente, constituye una barrera fundamental contra huracanes y tiene una gran importancia por la actividad económica y comercial que detona, por el patrimonio cultural submarino que alberga y por su valor para la investigación. El sistema de arrecifes de coral de la zona ha requerido de miles de años para formarse y, en caso de sufrir daños, podría no regenerarse. Entre las principales amenazas para este frágil ecosistema figura el daño físico por encallamiento a causa del incremento en la intensidad del tráfico marítimo como resultado del traslado de mercancías y pasajeros. 2. Por ello, el objeto de la proposición con punto de acuerdo es adherirnos a las diversas solicitudes de la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil, mismas que recientemente han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lleve a cabo reuniones públicas de información con la población que se verá afectada con el proyecto “Terminal marítima banco playa” que promueve la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo.

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3. Lo anterior con la finalidad de conocer de manera expedita, más elementos sobre dicho proyecto, los detalles sobre su construcción, los estudios realizados en la zona, los impactos previstos, así como las medidas para mitigarlos. 4. Es imprescindible que se entere a la población sobre las razones por las cuales se autorizan más obras de este tipo, a pesar de que se trata de un destino saturado y la nueva infraestructura afecta de forma grave las playas, los arrecifes, los ecosistemas, la calidad de vida de los habitantes de la región, así como el destino turístico. 5. La API de Quintana Roo anunció la licitación de un cuarto muelle para cruceros para cuatro posiciones al norte en la explanada del Puerto de Abrigo conocida como Banco Playa, con una inversión estimada de 40 millones de dólares. En virtud de que estas obras pueden generar desequilibrios ecológicos graves, así como daños a los ecosistemas, se debe llevar a cabo esta reunión púbica de información, de conformidad con lo establecido por el artículo 34, párrafo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que a la letra señala:

determinar el efecto que tendría en las corrientes la barrera física que crearía el nuevo muelle y el tránsito de cruceros en esa zona al norponiente de la isla, debido a que ahí se desarrollan las larvas de caracol rosado (Strombus gigas), símbolo del Estado y al mismo tiempo peligra la zona de reproducción cada invierno de las Rayas Aguila (Aetobatusnarinari). Del mismo modo corre peligro el depósito de arena ya que las playas de Quintana Roo son abiertas y hay un gran movimiento de sedimentos, como lo ha demostrado la pérdida de playas que ha afectado a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, al punto de que el gobierno federal ha tenido que implementar un programa de restauración de playas. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como como al gobierno del estado de Quintana Roo, deben garantizar que se privilegie la conservación de uno de los ecosistemas más valiosos de México. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

“Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública”…

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como como al gobierno del estado de Quintana Roo, lleven a cabo reuniones públicas de información con la población que se verá afectada con el proyecto “Terminal marítima banco playa” que promueve la Administración Portuaria Integral (API) de Quintana Roo; en términos de lo dispuesto por el artículo 34, párrafo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Consecuentemente se requiere la presentación de un estudio técnico-científico detallado para

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Punto de acuerdo

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Diputados Felipe Reyes Álvarez Diputado Omar Ortega Álvarez

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el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Así como la Ley General de Salud en su artículo 1o. Bis que a la letra reza;

Proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la SSA, para que en el ámbito de su competencia implemente y promueva programas, que comprenda actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, a los grupos de personas adultas mayores Los

suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración el siguiente punto de acuerdo: Consideraciones La salud es un derecho del que se debe gozar y garantizar, establecido legalmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señala; Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para

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1º. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), tiene entre sus responsabilidades, como establece el artículo 37, fracción ll, del Reglamento de la Ley General de Población , analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar proyecciones de población y, de acuerdo a las estadísticas presentadas, México seguirá manteniendo un creciendo potencial conforme los próximos años en sus distintas edades . Que según la Secretaria de Salud (SSA), actualmente, son más de 10 millones los adultos mayores que viven en México; el fenómeno de envejecimiento demográfico que experimenta el país es irreversible. Nuestro país experimenta un intenso proceso de vejez  pasando de ser una población joven a una población más envejecida, en el año en curso las entidades con mayor aumento de adultos se encuentran en la región central del país, en el panorama actual todas las entidades federativas experimentarán el envejecimiento de su población en las próximas décadas, este proceso se presentara con ritmos muy diferentes entre 10 por ciento y 13.4 por ciento habitantes acumulando una mayor proporción de entidad en edad adulta y avanzada.

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ÁGORA Un indicador que relaciona los extremos de la población dando cuenta del balance entre generaciones es el índice de envejecimiento, el cual se define como el número de personas envejecidas de 60 años y más por cada cien menores de 15 años. Según las proyecciones, en 2015, en México, hay 24.7 adultos mayores por cada cien niños, sin embargo, este índice se incrementará paulatinamente en los siguientes años hasta alcanzar cifras por encima de cien . El Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán señala que existe un rápido envejecimiento de la población, que sumado al cambio epidemiológico creciente significa que prevalecerán las enfermedades crónico de generativas, lo que se traducirá en un cambio sustancial del perfil de la demanda de servicios de salud. Todo esto en un futuro no muy lejano. Que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1970 los mexicanos vivían en promedio 61 años; en el 2000, 73, y en 2014 la esperanza de vida es de casi 75; asimismo, para 2030 se espera sea de 77 años. “La población tiende a ser más longeva en condiciones de precariedad y vulnerabilidad” . Las proyecciones anteriores obligan a generar políticas acordes a las necesidades cíclicas de la población como, fondos económicos necesarios para contar con ingresos en la vejez, seguridad social que permita el acceso a los servicios de salud, etc. El instituto arriba enunciado también señala que el aumento de la esperanza de vida no significa necesariamente una mejoría en las condiciones de salud o en la calidad de vida de la gente si no, al contrario, el envejecer es un fenómeno que aumenta las probabilidades de enfermar, de tener alguna discapacidad y de morir. Que el Banco Mundial (BM), ha sugerido la necesidad de dar certeza y seguridad financiera

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para los adultos mayores incluyendo el objetivo de reducir la pobreza en este extracto de la población. El mismo BM puntea que los retos para los gobiernos se encuentran agrupados en cuatro áreas: las pensiones, la edad de retiro, los servicios para los adultos mayores y revisión de políticas públicas. El envejecimiento de la población va a ser un desafío demográfico para las entidades federativas por lo que es necesario anticipar los posibles conflictos en torno a los sistemas socioeconómicos, como los sistemas de pensiones y la atención en salud. La importancia principal radica en la necesidad de implementar servicios que en un futuro se requerirán por parte de los adultos mayores dado que habrá una demanda creciente de atención por enfermedades, sin dejar de lado la atención a los otros grupos de edad. El envejecimiento poblacional puede tener serios impactos económicos, pues cada vez veremos más personas de 65 y más años de edad pasar a la inactividad económica. La coordinación institucional entre los programas de acción, así como la interinstitucional permitirán priorizar los riesgos asociados y padecimientos que afectan a los adultos y adultos mayores, para considerarlos en el Sistema Nacional de Salud en México. El aumento de población de adultos mayores necesitará del desarrollo de programas y estrategias que estén orientados a incrementar la cobertura al acceso a servicios de salud, derecho del cual se debe garantizar a todo ser humano. Por último cabe subrayar que por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, la prevención y el diagnóstico oportuno de los problemas de salud de los adultos mayores, así como aprender y planificar estrategias para modular la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad de ellos debe ser la meta principal.

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Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente el presente: Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud (SSA), y a las autoridades encargadas del sector salud de cada entidad federativa para que en el ámbito de sus competencias adopten las medidas correspondientes para atender el crecimiento futuro de los deciles poblacionales de las edades adultas a fin de garantizar, proteger y preservar su derecho a la salud. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud (SSA), para que en coordinación con la Secretaria de Salud de cada estado, promueva programas preventivos de priorización de atención a padecimientos que afectan a la población adulta de distintas entidades, con la finalidad de emitir lineamientos de prevención de la salud en las personas adultas mayores. Notas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos www.diputados.gob.mx Ley General de Población Documento metodológico Proyecciones de la población de México 2010-2050 http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/ noticias/diplomado_alzheimer_linea.html Negrete, María Eugenia (2001), “Distribución geográfica ca de la población mayor”, www.innsz.mx/ www.jornada.unam.mx/ www.innsz.mx/

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Conjunta

Proposición con puntos de acuerdo por el que la se solicita al titular del Imjuve haga del conocimiento público cuáles son las acciones que está coordinando y realizando ante los un millón 209 mil 868.92 jóvenes desempleados y el aumento de jóvenes que “ni trabajan, ni estudian” Conjunta

Los

suscritos, diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable pleno de la comisión permanente, puntos de acuerdo con base en las siguientes: Antecedentes Jóvenes que “ni trabajan, ni estudia” OCDE El informe “Ninis en América Latina: 20 millones

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ÁGORA de jóvenes en busca de oportunidades”, revela que los jóvenes que poseen un nivel educativo bajo no poseen habilidades para asegurar un empleo en el sector formal, lo que provoca que desarrolle sus actividades dentro del sector informal, y en nuestro país el problema se agrava debido a la presencia generalizada del crimen organizado. También revela que el número de jóvenes que ni trabajan ni estudian, creció a más de 20 millones en el continente americano; los investigadores indican que el 60 por ciento de los “ninis” de la región provienen de los hogares más pobres o vulnerables. En 2014, la media para los países de la OCDE de jóvenes que ni estudian ni trabajan, fue de 13.2 por ciento para los hombres lo cual coloca a México por debajo con 9.4, sin embargo, la media para las mujeres es de 17.9 ubicando a México por encima de la media con 35.1 por ciento. La realidad de los Jóvenes, empleo y desempleo en México • En México viven 37.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales el 50.5 por ciento  está compuesta por mujeres, y los restantes 49.5 por ciento por hombres. • Por grupo de edad según cifras del INEGI, para 2015 la población desocupada de 14 a 19 años de edad representa el 15 por ciento de la población, mientras que para el grupo de 20 a 29 años representa el 38 por ciento. Un análisis por edad muestra que los jóvenes de 15 a 29 años de edad tienen el mayor nivel de desocupación. A nivel nacional la tasa de desocupación fue de 4.4 por ciento respecto a la población económicamente activa durante diciembre de 2015,porcentaje que superó lo registrado en el mes anterior (4.2 por ciento).De lo anterior destaca que la población desocupada sin

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instrucción escolar representa el 10 por ciento, a nivel primaria 19 por ciento , a nivel secundaria 37 por ciento , medio superior 18 por ciento y superior 24 por ciento; de ahí la afirmación que uno de los mayores retos que enfrenta la población joven, es la transición de la vida escolar a la vida laboral. • Para el primer trimestre de 2016 la Secretaria de Trabajo y Previsión Social reporta una tasa de desocupación de jóvenes del 7.2 por ciento, siendo las mujeres las que mayor representatividad tienen en el grupo con 8 por ciento, 1.2 por ciento más que los hombres (6.8 por ciento) . En comparación con el mismo trimestre del año anterior (2015), la tasa de desocupación de los jóvenes disminuyó en apenas .2 puntos porcentuales; casi el doble de la tasa de desocupación a nivel nacional, la cual se ubicó para el primer trimestre de 2016 en 4.0 por ciento  . Este comportamiento es consecuencia de la insuficiente generación de empleos para satisfacer la demanda de los jóvenes. En este contexto, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes dentro del sector formal combinado con el incremento del mercado ilegal, generan un aumento en la demanda de sus trabajadores debido a la expansión del sector, incorporando en las filas de la delincuencia a un mayor número de jóvenes. • El 7.1 por ciento de la población joven esta subocupada, lo que significa que está en la disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le permite; el 61.1 por ciento de los jóvenes tiene un empleo informal lo cual se explica por su bajo nivel de escolaridad.

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Consecuencia y acciones • Lo arriba enunciado es la realidad, por lo que, es necesario implementar acciones orientadas a la juventud, y que rompan el circulo vicioso.  Los jóvenes que abandonan la escuela dejan de acumular capital humano lo que ocasionará que en un futuro obtengan salarios bajos, pero además obstaculiza el crecimiento económico y la reducción de la pobreza debido a una menor productividad laboral (Hanushek y Woessmann, 2008). El enfoque empírico de los autores del Informe “Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades”, es idóneo para calcular los efectos a largo plazo en el mercado laboral de ser “nini” durante la adolescencia; verificaron si en las generaciones con proporciones de “ninis” más altas o bajas se registran condiciones diferentes del mercado laboral durante la edad óptima para trabajar, y los resultados muestran que la presencia de “ninis” tiene efectos negativos a largo plazo en la productividad, reduciendo los salarios y las oportunidades de empleo a lo largo del ciclo de vida de las personas, obstaculizando el crecimiento económico en general. 6. El pasado 03 de junio la Secretaria de Trabajo y Previsión Social firmó un convenio con la empresa de comida rápida McDonald´s para “emplear de manera formal a mil jóvenes al mes”, lo que sería algo así como 10 mil jóvenes de entre 16 y 22  al año, que de conformidad con la declaración del titular de esta dependencia, gozaran  de salaros dignos, prestaciones de seguridad social, capacitación continua y experiencia aboral; sin embargo diversas investigaciones realizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y un investigador dela Universidad de Guanajuato, revelaron que los trabajadores de

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esta cadena de alimentos prestan sus servicios a cabio de bajos salarios, pocas prestaciones, desalentador futuro laboral, fuertes cargas de trabajo, trabajos descalificados y estrés. Además revelan que a estos jóvenes les pagan entre 15 a 16 pesos la hora trabajada, un promedio de 1,60 pesos a la quincena, y son subcontratados como empelados generales por lo que no tienen actividades fijas remuneradas. No cuentan con un sindicato formal, sino con varios de protección, en los que los obligan a firmar hojas en blanco y un documento para deslindar a la empresa de cualquier responsabilidad laboral para con el trabajador. Lo anterior considerando que los empleos son temporales, que no se forja antigüedad ni contratos permanentes. Consideraciones • Las bases para el funcionamiento del Imjuve están sentadas en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, su objetivo principal es promover y fomentar las condiciones de desarrollo integral de la población joven. Para el cumplimiento de su objetivo tendrá la obligación de elaborar el Programa Nacional de Juventud cuyo objeto es orientar la política nacional en materia de juventud, y deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con los programas sectoriales, institucionales y especiales a los que se refiere la Ley de Planeación. Artículo 22. El plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo. Artículos 26. Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país

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ÁGORA fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

• Indicadores que no indican resultados del desempeño 1. En este sentido el Programa Nacional de Juventud 2014-2018 establece la ruta de trabajo trazada para atender a los jóvenes de conformidad con los siguientes objetivos: • Objetivo 1. Incrementar las oportunidades de las y los jóvenes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda. • Objetivo 2. Promover condiciones para que las y los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas de salud, convivencia y seguridad. • Objetivo 3. Fortalecer la participación juvenil en los espacios de decisión públicos, sociales y comunitarios. • Objetivo 4. Fortalecer la plena inclusión y no discriminación de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo social y económico. 2. Los indicadores para medir el desempeño de las acciones de gobierno respecto al cumplimiento del objetivo 1 son los siguientes: • Índice de Desarrollo Juvenil cuyo valor va de 0 a 1, donde 0 indica la nula posibilidad del

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desarrollo del sector juvenil en el país, y 1 la completa posibilidad de desarrollo. Línea base 2013      0.74 Nivel Medio de Desarrollo Meta 2018                >0.75 Nivel Alto de Desarrollo • Tasa de Desempleo en la Población Joven Línea Base 2013      8.9 por ciento Trimestre) Meta 2018                7.1 por ciento

(3er.

• Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia Línea base 2012       31 por ciento Meta 2018                 39 por ciento Sin embargo, en el Informe “Projuventud 2014”, puntualizaron que para enero del 2015 solo existía información para dos de los ocho indicadores, entre ellos la Tasa de Desempleo en población joven (indicador correspondiente a Objetivo 1) cuyo valor de 8.9 por ciento permaneció constante respecto al año anterior (2013). Para el reciente Informe de Resultados 2015 se esapecifica que, de los 8 indicadores hasta el cierre de 2015, tres de ellos muestran un comportamiento positivo, tres negativos y dos no cuentan con información disponible para poder actualizarlos desde el 2013.

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Aunque el valor para el Índice de Desarrollo Juvenil es un valor estimado, debido a que su actualización depende de un Organismo Internacional (Commonwealth YouthProgramme), por lo que el crecimiento de 0.01 es solo una estimación; respecto a la Tasa de Desempleo, éste disminuyó tan solo en el 0.9 por ciento mostrando un ligero avance, cabe señalar que es el único periodo en el cual ha mostrado una variación positiva. En relación con la Proporción de jóvenes jefes del hogar que cuentan con vivienda propia aunque en el Informe 2014 se reportó como no disponible, para el Informe 2015 como no aplica, lo cierto es que este valor alcanzó para 2014 el valor de 32.5 por ciento, lo que solo implica un avance apenas del 1.5 por ciento entre el año base y el 2014, lo que claramente resulta muy distante de la meta 2018. 3. Durante 2014 de las 70 líneas de acción (100 por ciento), doce (17 por ciento) quedaron sin ser reportadas por ninguna dependencia; para 2015 se articularon las mismas 70 líneas de acción de las cuales se registró un reporte del 83 por ciento de cobertura, es decir que el mismo 17 por ciento se quedó sin ser reportados o sin contribuir a las metas. • De conformidad con el Programa Nacional de Juventud 2013-2018:

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El Sistema Integral Nacional de Información sobre Juventud, es un sistema de seguimiento y monitoreo para medir el nivel de cumplimiento, alcances e impacto real de las políticas públicas en esta materia. Dentro del Sistema opera el Comité de Seguimiento Projuventud 2014-2018, el cual será presidido por el Imjuve y coordinará los mecanismos de monitoreo a las acciones y propuestas del Projuventud. Si bien el sistema es señalado, como un mecanismo de seguimiento y monitoreo, no especifica si es un sistema de consulta pública, o si se puede acceder a él, ya que en la página oficial del Imjuve no existe información al respecto, y al tratar de acceder al sistema a través de cualquier motor de búsqueda de internet no existe enlace  para poder acceder a éste. 1. Entre las principales actividades del Comité esta: • Llevar a cabo reuniones de trabajo. • Elaborar un manual para operar los indicadores. • Elaborar informes y recomendaciones a los órganos e instancias correspondientes, para impulsar los procesos de mejora continua que permitan una mayor eficiencia, eficacia e cobertura e impacto de los programas.

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ÁGORA • Promoción de la rendición de cuentas. • Seguimiento puntual de los indicadores, a fin de generar anualmente un reporte que permita el seguimiento y evaluación de las políticas, los programas y las acciones que promueve el gobierno federal en materia de jóvenes. 2. Resultados 2014, destaca lo siguiente: • “Por lo que se refiere al empleo decente para la población joven, diversas instituciones aportan acciones relevantes, principalmente en materia de emprendimiento. El Instituto Nacional del Emprendedor apoyó 698 proyectos de jóvenes mediante diversas convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor. La Secretaría de Desarrollo Social también llevó a cabo distintas acciones al respecto. Por ejemplo, beneficio a 36,132 jóvenes que desarrollan trabajos en lugares afectados por situaciones de emergencia.” • “Apoyo a artesanos mediante la compra de artesanías, apoyos para la asistencia a ferias y para la compra de materia prima con un valor de $212, 048,66.00, incluye entre su población objetivo a jóvenes.” • La tasa de desocupación juvenil 2014 (15 a 29 años de edad) se ubicó en 8.9 por ciento, al igual que el año anterior (2013), por encima del 2012 cuyo porcentaje se ubicó en 8.7 por ciento. Cabe señalar que al respecto no se hace interpretación alguna del resultado obtenido, salvo justificar el cambio de metodología para medir el índice de tasa de empleo en población joven, debido a la modificación Constitucional del 17 de junio de 2014 en la cual se modifica la edad para trabajar, con lo cual se tuvo que cambiar la población de medición de un rango de 14 a 29

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años de edad, a 15 a 29 años. Este cambio de población de medición ajustó la meta para 2018 de 7.1 a 7.4 por ciento. • “Apoyo a artesanos mediante la compra de artesanías, apoyos para la asistencia a ferias y para la compra de materia prima con un valor de $212, 048,66.00 , incluye entre su población objetivo a jóvenes.” 3. Para el 2015, los principales resultados son: • Por parte de la Sedesol, durante el ejercicio fiscal 2015 se beneficiaron a 21,272 infantes, hijos de jornaleros agrícolas mediante la entrega de estímulos para la asistencia y permanencia escolar. • De septiembre 2014 a junio 2015 el Servicio Nacional de Empleo atendió a 2.3 millones de jóvenes (de 16 a 30 años) de los que 372,038 obtuvieron empleo.  • Como parte de las medidas de apoyo a la economía familiar que implementa el gobierno federal, la SHCP y Nacional Financiera participan en el nuevo Programa Crédito Joven que tiene como objetivo respaldar a emprendedores cuyas edades fluctúen entre los 18 y 30 años con montos que van desde los 50 mil hasta los 150 mil pesos. Es importante destacar que estos son solo algunos de los resultados presentados dentro de los logros, sin embargo son retomados porque su reporte contiene deficiencias en la información, por ejemplo, respecto a los logros 2015 no especifica si los estímulos entregados a hijos de jornaleros son de carácter continuo o son apoyos no regularizables, que de ser así estos no garantizan la continuidad de los estudios; respecto a los 372,083 de jóvenes que obtuvieron

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empleo, no especifica si éstos fueron empleos formales; respecto al nuevo Programa de Crédito Joven no especifican cuantos créditos fueron entregados, de ellos que porcentaje ya puso en marcha su proyecto, es decir en general carece de información que respalde las acciones que se han implementado para apoyar a la población joven. Aún y cuando se dan cifras positivas, sin duda resulta insuficiente dado que en México viven un millón 209 mil 868.92 jóvenes que se encuentran desempleados , de conformidad con las siguientes: Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado los siguientes: Puntos de acuerdo Primero.  Al presidente de la República mexicana, haga del conocimiento público cuáles son las acciones que el gobierno federal está realizando para generar más oportunidades de empleo formal y efectivo para los jóvenes, ante el contexto económico en el que se encuentra el país. Segundo. A los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de Nacional Financiera, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan del conocimiento público cuántas solicitudes de apoyo han recibido y cuántas han sido beneficiadas por los apoyos del “Programa Crédito Joven”, y cuántos de los beneficiados ya han puesto en marcha sus proyectos. Tercero. Al titular del Imjuve a que haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:  • Toda la Información relativa al Sistema Integral Nacional de Información Sobre la

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Juventud, así como, cuál es el avance y meta de la implementación del Sistema. Cuarto. Al Coordinador General del Servicio Nacional de Empleo hacer del conocimiento público qué porcentaje de los 372 mil 38 empleos obtenidos por jóvenes del periodo septiembre 2014 a junio 2015 reportados en el Informe de “Logros 2015” son empleos formales. Quinto. Al titular de la Sedesol haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, de conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

• En qué consistieron los trabajos en lugares afectados por situaciones de emergencia, cuál fue la ubicación geográfica de los lugares en los que se llevó a cabo las actividades, la duración de los trabajos, cuántos jóvenes fueron beneficiarios, y cuánto fue la retribución económica de las actividades. • Qué artesanías se compraron y para que se compraron, a quién se las compraron, quien las compró, cuál fue la partida presupuestal utilizada para hacer la erogación, y qué porcentaje real del monto total comprado correspondió al sector joven. • Cuál es el porcentaje correspondiente a jóvenes para: el apoyo de artesanos mediante la compra de materia prima, apoyo para la asistencia a ferias, y apoyo en la compra de artesanías, del total erogado por 212millones 48 mil 66 pesos. • Sí los apoyos que se entregaron en 2015 a 21 mil 272 infantes hijos de jornaleros agrícolas son apoyos de carácter no regularizables, o mantienen continuidad; ello con la finalidad de

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conocer si existe continuidad en los apoyos para que éstos puedan concluir sus estudios. Sexto. A las Comisiones de Deporte y de Trabajo y Previsión Social, realicen una reunión de trabajo con el titular del Imjuve, con la finalidad de que expongan la situación actual que viven 37.9 millones de jóvenes del país en materia de empleo, acciones y pendientes, riesgos y proyecciones en la materia.

Suscriben: diputados Julio Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano, Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández.

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Conjunta

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Semarnat haga del conocimiento público a través de la página de internet oficial del Servicio Meteorológico Nacional el avance general del proyecto “Modernización del Servicio Meteorológico Nacional” que dio inicio desde hace 6 años, ya que a más de la mitad de su ejecución aún no se cuenta con datos oficiales que demuestren el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto Los

suscritos, diputados y diputada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable pleno de la comisión permanente, punto de acuerdo con base en las siguientes:

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Antecedentes 1. En el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (Premia) y del programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización. 2. Con base en ello, la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional para las Américas, realizó una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para participar en una misión para desarrollar un proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM), dependiente de la Comisión Nacional del Agua. 3. El 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la Conagua y a la Coordinación General del SMNM un avance preliminar y resumido de los resultados más relevantes obtenidos (diagnóstico de la situación actual del SMNM y algunas sugerencias de acciones inmediatas y a medio plazo). 4. En enero de 2010 inició el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, con una duración de 10 años, el cual consta de cuatro líneas estratégicas: fortalecimiento institucional y planeación estratégica y operativa, creación del Consejo Técnico Asesor del SMNM, consolidación y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de infraestructura para estudios de clima y cambio climático.

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Consideraciones A) Los fenómenos meteorológicos y climáticos tienen una notable incidencia en toda la población y en todos los sectores de la sociedad afectando profundamente a la estructura de los asentamientos humanos, a las actividades rutinarias de la vida cotidiana, la salud, la calidad del medio natural y a la economía nacional. En este sentido el objetivo básico del SMNM es satisfacer las necesidades y demandas de información meteorológica y climatológica de los ciudadanos, entidades e instituciones públicas y/o privadas a través de productos y servicios con altos niveles de calidad a efecto de prevenir riesgos. C) La Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial (BM) otorgó el 21 de diciembre de 2012 un préstamo por 105 millones de dólares para el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMNM) para que pueda responder mejor a la creciente demanda de información climática fiable que permita un mejor manejo de los recursos hídricos y de los riesgos generados por desastres naturales en el contexto del cambio climático. D) Recursos destinados al programa presupuestario K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación desde el 2013 al 2016:

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E) El objetivo del incremento de presupuesto es la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura que permita estar en condiciones de monitorear los eventos meteorológicos. F) Los efectos del cambio climático en la forma de fenómenos meteorológicos extremos impactan la economía y las finanzas públicas debido a su potencial para disminuir o debilitar la capacidad productiva, principalmente mediante la afectación de los activos, ya sean materiales o humanos. Tras los diversos eventos naturales que se han presentado en nuestro país como: los meteoros Manuel e Ingrid ocurridos en septiembre del 2013, o el huracán “Odile” en septiembre del 2014, o el tornado de Coahuila en junio de 2015, que han dejado daños incalculables resulta imprescindible contar con un sistema sólido para la medición de los fenómenos meteorológicos. G) Un investigador de la UNAM a través del boletín UNAM-DGCS-616 alertó que una nueva temporada de súper huracanes inició en el Océano Pacífico desde 2014 y es posible que continúe hasta 2018. El científico del Instituto de Geofísica de la UNAM, Víctor Manuel Velasco Herrera, indicó que se requieren políticas de desarrollo y de planificación adecuadas para responder ante los fenómenos climáticos. Además, puntualizó lo indispensable que es el modernizar el actual Sistema de Alerta Temprana (SAT) de huracanes y que sea compatible con la Red NexRAD de Estados Unidos. Un SAT basado en la variabilidad natural de los ciclones tropicales es esencial para diseñar una estrategia efectiva encaminada a la reducción de desastres. Lo que concuerda con lo que en algún momento declaró el titular de Protección Civil tras los fenómenos de “Ingrid” y “Manuel” respecto a que actualmente México depende de Estados Unidos en la medición de los fenómenos meteorológicos, debido a la falta de inversión y equipos de

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prevención lo que ha causado que México no cuente con un sistema de alerta temprana de huracanes y tormentas propia, y deba depender de Estados Unidos, ni tenga un atlas de riesgo. H) En enero de 2010 inicio el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, cuya duración es de 10 años; entre sus líneas estratégicas esta la consolidación y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, así como el desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de infraestructura para estudios de clima y cambio climático. Los costos estimados dentro del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, para los 10 años de duración del proyecto son: I) En la página del Servicio Meteorológico está destinado un espacio para el tema de “Documentos de Modernización”, cuyo contenido es:  Documento: Memorándum de entendimiento entre el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de la República de Guatemala, en materia de cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades. Memorándum de entendimiento entre el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM) y la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) para apoyar la implementación del Proyecto de Modernización del SMNM Modernización de la Red de Radares del Servicio Meteorológico Nacional Proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional 2010-2019

Sin informar a la ciudadanía, cual es el avance de la modernización del Servicio Meteorológico, a seis años del arranque del proyecto. Cabe destacar que en la página oficial del Banco Mundial si se encuentran documentos relativos al proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, cuyo contenido está en

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inglés, con fechas que datan desde el 11 de julio de 2011 hasta 16 de noviembre de 2015. Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:                                                    Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público a través de la página de internet oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el avance general del proyecto “Modernización del Servicio Meteorológico Nacional”, que dio inicio desde hace 6 años, ya que a más de la mitad de su ejecución aún no se cuenta con datos oficiales que demuestren el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto. Como mínimo deberá presentar el avance general del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional que dio inicio en 2010, correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica (inversión presupuestaria e inversión financiada). Metas que se fijaron al inicio del proyecto y el porcentaje de éstas que hasta el momento se han cumplido, con un desglose por año de ejecución y línea estratégica. Suscriben: diputados Juan Fernando Rubio Quiroz, Julio Saldaña Morán, Rafael Hernández Soriano, Omar Ortega Álvarez y diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández. Notas: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_ content&view=article&layout=edit&id=269 http://www.bancomundial.org/projects/P126487/ modernizing-national-meteorological-serviceaddress-variability-climate-change-water-serctormexico-momet?lang=es

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Conjunta

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la STPS haga del conocimiento público las acciones que está emprendiendo para cumplir los objetivos de la reforma laboral y cómo está atendiendo lo observado por la Auditoría Superior de la Federación: falta de transparencia y rendición de cuentas poco o nulo apoyo a los beneficiarios e incumplimiento de los programas presupuestarios Los

suscritos, diputados y diputada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable pleno de la comisión permanente, punto de acuerdo con base en las siguientes:

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Antecedentes Presupuesto ejercido en materia de política laboral 1. En 2015 se aprobaron recursos por 5,134.57 mdp para la Secretaria de Trabajo y previsión Social, sin embargo, se realizaron modificaciones presupuestarias, por lo que se redujo a 4,981.29, de los cuales al final del ejercicio se ejerció el 100 por ciento.

2. Los principales programas que integraron la política laboral en 2015 fueron:

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ÁGORA De los 10 programas presupuestarios la mitad tuvieron incrementos respecto a los recursos ejercidos y los aprobados dentro del Presupuesto de Egresos; el que tuvo un mayor sobreejercicio fue el programa de “Apoyo para la Productividad” ya que incremento fue del 29.38 por ciento respecto a lo aprobado, seguido del programa de “Impartición de Justicia” el cual ejerció de más 18.05 por ciento respecto a lo aprobado; “Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos” con 11.19 por ciento; “Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral” con 4.14 por ciento y “Procuración de justicia” con 3.31 por ciento. 3. Al primer trimestre de 2016 hay una población total de 121, 803,321 habitantes, de los cuales 89, 372,445 están en edad de trabajar (73.37 por ciento). De la población de 15 años y más que están en edad de trabajar 52, 918,649 se considera población económicamente activa (59.2 por ciento) [*]. Del total de la PEA el 96 por ciento se encuentran ocupados, por lo que la tasa de desocupación nacional se encuentra en 4 por ciento, cifra mayor a la reportada al cierre de 2015 (diciembre 3.67 por ciento [*]) El nivel de desocupación de los jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentra en 7.2 por ciento, siendo las mujeres las que poseen la tasa más alta de desocupación con 8 por ciento (hombres 6.8 por ciento). Es importante destacar que la tasa de informalidad laboral se encuentra en 57.4 por ciento[*]. De la reforma laboral 1.La recién política laboral establecida en el artículo 133 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo; derivada de la reforma que 2012 se llevó a cabo, y en la que se establecieron nuevas prácticas laborales en materia de contratación. 2. También esta política laboral tiene como

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objetivo además de regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los patrones, busca supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, solucionar los conflictos entre trabajadores y patrones, establecer los salaros mínimos, y promover la capacitación, así como contribuir al objetivo de la política económica relativo al acceso de empleo formal para disminuir el desempleo y la informalidad. 3. Sin embargo, aun y cuando sus objetivos son claros, lo cierto es que en la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación (ASF)revisó la continuidad del impacto que la Reforma Laboral de 2012 trajo consigo, entre los principales resultados destaca que: • La justificación de la reforma laboral 2012 fue la existencia del desempleo y la informalidad, particularmente en la población joven y las mujeres, sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como en el Plan Sectorial no mencionan esta problemática, ni hacen mención de los nuevos esquemas de contratación aprobados con la reforma.  • El diseño programático y presupuestal no es acorde con la reforma laboral de 2012, debido a que se identificaron deficiencias en términos de no incluir objetivos, estrategias y acciones vinculadas con los nuevos esquemas de la contratación, y los programas presupuestarios de apoyo al empleo continuaron operando de la misma manera en 2013 y 2014.  • Existen carencias respecto a la transparencia y rendición de cuentas, ya que existe duplicidad entre los programas de capacitación y apoyo a la productividad; además la política laboral opera con programas en donde los posibles beneficiarios tienen que buscar el apoyo o los servicios, y no existe un verdadero

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esquema de direccionamiento de estas acciones que le permita priorizar y orientar la entrega de apoyos para promover el empleo y la capacitación, principalmente. Por otro lado, los operadores no informaron sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la política pública ni del avance en la atención del problema público, aunado a que los sistemas de información no son confiables debido a que no reportan información completa o existen inconsistencias. Y en general, los programas carecen de indicadores para evaluar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y finalidades de la política pública.  

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4. La política laboral se ha desarrollado de manera opaca y sin cumplimiento de objetivos en los años 2014 y 2015, y ocurrirá lo mismo en 2016. Si bien, la revisión realizada por la ASF tuvo como marco de referencia los programas que integraron la política laboral en 2014, durante 2015 y 2016 son los mismos programas excepto por el de Programa de Apoyo para la Productividad, el cual fue fusionado:

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ÁGORA Consideraciones a. El ente responsable de la política laboral es la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y le apoyan la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; los cuales vigilan la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.  b. De conformidad con las disposiciones anteriores, la política laboral se resume en 4 tareas principales:  • Supervisión del cumplimiento de la normativa para garantizar las condiciones adecuadas en el trabajo,  • Resolución de conflictos laborales por medio del otorgamiento de los servicios de asesoría, conciliación y defensa legal,  • Fijación de los salaros mínimos,  • Promoción de la capacitación a trabajadores que aumente la productividad laboral, y  • Promover el acceso al empleo  La población objetivo de esta política pública es la población económicamente activa (PEA); la cual se integra por las personas que tienen un trabajo para satisfacer sus necesidades, es decir la población ocupada, o bien están en espera o buscando un empleo, es decir, la población desocupada. c. Debido a la naturaleza de esta política, está vinculada estrechamente con la política económica en materia de empleo debido a que la Secretaria de Trabajado y Previsión Social cuenta con atribuciones para promover el mercado laboral, a

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fin de que las personas desocupadas accedan a un empleo formal y así contribuir a la disminución del desempleo y combatir la ocupación en el sector informal de la economía.  Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos lo siguiente:    Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaria de Trabajo y previsión Social, haga del conocimiento público: • Las acciones que ha implementado para mejorar el esquema de trasparencia y rendición de cuentas de los programas presupuestarios que integran la política laboral a cargo de la dependencia.  • Las razones por las que no se adecuo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como el Plan Sectorial correspondiente, a las nuevas necesidades derivadas de la Reforma Laboral de 2012.  • Adecuaciones realizadas al “Programa de Apoyo al Empleo”, ya que de conformidad con el ejercicio 2013 a 2015 operó bajo el nombre de “Programa de Apoyo al Empleo Temporal”.  • Grado de cumplimiento de los objetivos de la política pública laboral, así como el avance en la atención de la problemática. 

Asimismo, adecue el diseño programático y presupuestal de la política laboral que actualmente se está empleando de conformidad de las necesidades actuales y con los nuevos esquemas de contratación.

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Suscriben: diputados Julio Saldaña Morán, Omar Ortega Álvarez, Juan Fernando Rubio Quiroz y diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández.

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Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

Notas: [*]PEA. [*] http://www.inegi.org.mx/sistemas/ bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro. aspx?s=est&nc=621&c=25447 [*] http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/ perfiles/perfil por ciento20nacional.pdf [*]Para el ejercicio 2016 el Programa de apoyo para la productividad con el de  Capacitación a Trabajadores, para crear un solo programa denominado Capacitación para incrementar la productividad.

Sede de la Comisión Permanente, junio de 2016

Proposición con puntos de acuerdo relativos al destino de recursos del fondo metropolitano para beneficio de zonas urbanas  y metropolitanas La suscrita, diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente: Exposición de motivos “La globalización y los avances científicos y tecnológicos han transformado y hecho más eficientes los procesos productivos, los transportes y las comunicaciones, alterando los patrones de movilidad y distribución territorial de la población. Uno de los aspectos de mayor relevancia es la formación de grandes ciudades cuyas dimensiones demográficas, geográficas y funcionales desbordan los límites político-administrativos del territorio sobre el que se expanden, dando lugar así a la formación de zonas metropolitanas”.

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ÁGORA En 2004, la Secretaría de Desarrollo Social(Sedesol), el Consejo Nacional de Población(Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicaron el libro “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México”, donde se establecieron 55 Zonas Metropolitanas, en el cual se combinan criterios estadísticos y geográficos relacionados con el tamaño de la población, la conurbación física, la distancia, la integración funcional y el carácter urbano de los municipios, y se toman también criterios de planeación y política urbana que dan cuenta de las declaratorias y programas de ordenación de zonas conurbadas y zonas metropolitanas vigentes, con el fin de contar con una delimitación exhaustiva y sistemática de las metrópolis del país que sea de utilidad para múltiples propósitos y susceptible de actualizarse cada vez que se cuente con un nuevo censo o conteo de población y vivienda. Posteriormente en el año 2010, con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 se realizó una actualización, la cual arroja un total de 59 zonas metropolitanas, en las que residen 63.8 millones de habitantes, esto es, 56.8 por ciento del total nacional, en un total de 367 delegaciones y municipios metropolitanos. El fenómeno metropolitano se ha intensificado y dispersado en las últimas décadas, tal y como se observa en los resultados de las investigaciones, las cuales reconocen un número creciente de zonas metropolitanas y de municipios que las conforman. Derivado de esto, las zonas metropolitanas se erigen como una prioridad de las acciones y políticas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, no sólo por la persistencia de rezagos en materia de equipamientos, infraestructura y servicios urbanos básicos, sino

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por las oportunidades que en ellas se presentan de empleo e ingreso para la población que las habita o para la que migra del campo o de otras ciudades. En ese sentido, la delimitación de las zonas metropolitanas contribuye a establecer un marco de referencia común que tiene como objetivo fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo metropolitano. Asimismo, busca contar con una base conceptual y metodológica que dé cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas, y proporcione criterios claros para su actualización y su caracterización comparativa a lo largo de los distintos ejercicios de delimitación. El Fondo Metropolitano, surge como una necesidad para dar solución a los problemas que son producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concentran gran parte de la infraestructura económica y social. Los conflictos más comunes son la viabilidad y la comunicación, de abastecimiento de agua potable y de contaminación ambiental, entre otros, como ha sido el caso de la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2016, publicadas el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, este instrumento presupuestario tiene por objeto que se destinen prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.

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Dichos estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser viables y sustentables, orientados a promover: a) La adecuada planeación del desarrollo regional, metropolitano y urbano; el transporte público y la movilidad no motorizada; así como del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica; b) La sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; así como coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; o c) La consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. El Fondo Metropolitano fue incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación desde el año 2006 con una asignación de mil millones de pesos y ha incrementado año con año, alcanzando los diez mil cuatrocientos millones, doscientos ochenta y cuatro mil setecientos quince pesosen el Presupuesto 2016 en beneficio de 47 Zonas Metropolitanas del país.

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Desde su creación se incluyó únicamente la Zona Metropolitana del Valle de México, para el año 2008 había un total de siete Zonas Metropolitanas, para el año 2009 se incluían un total de dieciséis Zonas Metropolitanas, en 2010 se incrementó a treinta y dos Zonas Metropolitanas, en 2011 a cuarenta y seis Zonas Metropolitanas y del 2012 a la fecha (2016) se ha mantenido con cuarenta y siete Zonas Metropolitanas. De acuerdo con el informe “Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010”, editado por Sedesol, Conapo e INEGI, una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión. Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas a todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América. El mismo informe reporta cuáles son las 59 zonas metropolitanas:

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Una vez expuesto lo anterior y tomando en cuenta los estudios realizados por el INEGI, llama la atención que desde el 2010 ya existían 59 Zonas Metropolitanas declaradas oficialmente, y a la fecha no han sido incluidas ni beneficiadas en su totalidad con recursos del Fondo Metropolitano, por lo que resulta de suma importancia que sean incluidas dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.

A la fecha, únicamente 47 de las 59 Zonas Metropolitanas declaradas por el INEGI, son beneficiarias del Fondo Metropolitano por lo que atendiendo al principio de igualdad y en cumplimiento a los criterios de delimitación, es menester incluir como beneficiarias a las siguiente Zonas Metropolitanas: Por otra parte, tenemos el caso de Tapachula -

Chiapas, San Cristóbal de las Casas - Chiapas, Palenque – Chiapas y San Juan Bautista Tuxtepec – Oaxaca, los cuales son municipios centrales, que cumplen con los requisitos de una Zona Metropolitana; a falta de actualización del INEGI, no han sido declaradas como tal, pero demandan una mayor asignación de recursos a fin de cumplir con las demandas de su población, que año con año incrementa, siendo insuficientes los recursos que les son asignados para cubrir las necesidades propias de las características de una zona metropolitana.

Asimismo, cada una de las zonas mencionadas tienen un alto grado de integración socioeconómica, ya que mantienen el carácter de ciudades estratégicas dentro de la región sursureste, toda vez que revisten la característica de ser centros económicos de suma importancia para el desarrollo de la zona sur- sureste de nuestro país, por lo que resulta necesario allegarlas de los recursos económicos suficientes para cumplir con el cometido de ser punta de lanza de la economía sureña. Todas las zonas metropolitanas son importantes

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y tienen la necesidad de contar con servicios suficientes y adecuados a las necesidades de estas ciudades, aunado al hecho de que derivado de la ubicación geográfica en que se encuentran, justifica la necesidad de incrementar los recursos para afrontar contingencias por desastres naturales, así como contar con los medios de prevención para salvaguardar la integridad tanto física como patrimonial de sus habitantes. Por ello revisten una característica especial, que las hace diferentes de las zonas metropolitanas del resto del país. Atendiendo a este último señalamiento, reitero que no debemos perder de vista que el sur-sureste de México, ha sido la región más devastada por fenómenos naturales de los cuales ninguna de las ciudades mencionadas ha quedado excluida, de ahí la importancia de que las mismas sean incluidas en el Fondo Metropolitano. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, los siguientes: Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a actualizar sus criterios sobre la delimitación de centros urbanos que reúnan las características necesarias para ser considerados como nuevas zonas metropolitanas. Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a integrarlas zonas de Tehuantepec, Oaxaca;

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San Francisco del Rincón, Guanajuato; Celaya, Guanajuato; Tianguistenco, México; ZamoraJacona, Michoacán; Teziutlán, Puebla; Guaymas, Sonora; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Tampico, Tamaulipas; Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Veracruz, y Córdoba, Veracruz, declaradas por el INEGI como zonas metropolitanas; así como las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec - Oaxaca, Tapachula - Chiapas, Palenque - Chiapasy San Cristóbal de las Casas - Chiapaspara ser beneficiarias del Fondo Metropolitano considerado  en el proyecto de  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar la ampliación de recursos del Fondo Metropolitano en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a fin de beneficiar a las zonas metropolitanas así consideradas. Nota: Sedesol, Conapo, INEGI. “Delimitación de las Zonas Metropolitanas 2010”.

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Diputado Elio Bocanegra Ruíz

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía, para que no se ejerza el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos El pasado 8 de junio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, procedente de países con los que México no tiene firmados tratados  comerciales, lo cual sin duda alguna afectará gravemente a la ganadería

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nacional, ya muy lastimada por la falta de mercado y por los bajos precios de venta de la leche. En la opinión de diversas asociaciones ganaderas del país, ello traerá como consecuencia inmediata la caída del precio del ganado mexicano hasta en un 20 por ciento de su precio actual, lo que implica entrar de nuevo en el ciclo de despoblamiento del hato ganadero, de descapitalización y crisis de la ganadería nacional. El argumento principal bajo el cual se fundamenta el citado decreto por la Secretaría de Economía es: “Que los Estados Unidos de América constituye el principal mercado al que se exporta el ganado mexicano y debido al incremento de precios que han registrado dichas mercancías en los últimos años, se incentiva su exportación al mismo, limitando la oferta nacional y generando incrementos de precios que han afectado el poder adquisitivo de los consumidores, principalmente los de menores ingresos; Que en los últimos cinco años, la producción nacional de carne de bovino registró una tasa media de crecimiento anual de 1.2 por ciento, las exportaciones crecieron casi 15 por ciento y las importaciones disminuyeron 10.2 por ciento, lo que ha afectado la disponibilidad de este producto en el país, reflejándose además en incrementos en los precios y en una caída promedio del consumo nacional del 0.7 por ciento; Que conforme al panorama señalado, existe la posibilidad de que se agudice el problema de abasto nacional de ganado bovino, por lo que resulta urgente y necesario contar con medidas que contribuyan a estabilizar el mercado nacional en beneficio de los consumidores; Que por lo anterior, es necesario y urgente establecer un arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada” [*]

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Sin embargo, es  opinión general de los ganaderos que estas apreciaciones de la Secretaría de Economía no son acertadas, pues actualmente no se tiene desabasto de carne en el país; el hato ganadero nacional, de acuerdo con datos del SIAP de la Sagarpa,  se ha incrementado en casi dos millones de cabezas en los últimos 10 años; el volumen de producción de carne se mantiene en cerca de  los 2 millones de toneladas anuales; el consumo nacional se mantiene estable  y el sector viene participando con el 7 por ciento del valor total  de la balanza comercial  agropecuaria. La postura del Grupo Parlamentario del PRD por supuesto que es la de proteger la economía y la alimentación de la población mexicana; especialmente de los sectores  de menores ingresos, por lo que nos parece correcta la preocupación de la Secretaría de Economía de cuidar los factores del mercado para evitar riesgos de desbasto en cualquier producto de consumo popular. Sin embargo,  en este caso, tenemos la preocupación legítima de que el decreto en mención por el que se establece el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino, más que la pretensión de proteger a los consumidores nacionales, termine protegiendo intereses minoritarios de comerciantes importadores de estos y otros productos agropecuarios, así como también distorsionando los precios del mercado nacional en perjuicio de los productores, como ha ocurrido con decretos similares anteriores. Nos parecería más grave aún, que esta medida esté relacionada con los compromisos adquiridos  por México en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en Inglés) de eliminar los aranceles a los productos agropecuarios importados por México originarios de Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Brunéi y Vietnam; pues se trata de un acuerdo comercial que, si bien ya firmado por México, aún no está en vigor, en la medida en que no ha sido

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ratificado por el Senado mexicano ni analizado y discutido por los mexicanos. Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable comisión la siguiente proposición con: Puntos de acuerdo Primero.   La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de  la Secretaría de Economía, para que no se ejerza el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada. Segundo.  La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de  la Secretaría de Economía, para que en su momento se deje sin efecto o se modifique restableciendo los aranceles pertinentes, el decreto por el que se establece el arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada,  procedente de países con los que México no tiene firmados tratados  comerciales Notas: [*]DOF: 08/06/2016 Decreto por el que se establece el arancel-cupo a la importación de las mercancías que se indican.

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Diputado Felipe Reyes Álvarez

Grupo Parlamentario del PRD

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución.

Así mismo la Fracción XX del artículo 27 de la Carta Magna dice;

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Sagarpa para realizar las ministraciones correspondientes a su ramo del PEC a la brevedad, con la finalidad de detonar la economía del sector primario El

presente, diputado, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con forme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: Consideraciones Que el artículo 25 de nuestra Constitución a la letra señala; Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento

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XX. El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que según el Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año de  1980 el número de localidades rurales era de 123 mil 169, en las que habitaban alrededor de 22 millones de personas. Que para el 2010 el número de localidades rurales se incrementó en 65 mil 427, para pasar a  188,596 de estas localidades, con un incrementó de cerca de 4 millones de personas para ubicarse en un total de 26 millones. Que en 1980 la población rural representaba cercanamente el 34 por ciento del total del país, 20 años después este criterio a pesar de existir un incrementó en la población rural proporcionalmente con el total nacional disminuyo y, representaba un 11 por ciento menos pues se ubicó en un 23 por ciento en 2010. Que el marco anterior es el preámbulo para el análisis de los índices de desarrollo humano existente en el campo, en donde cerca del 80 por ciento de quienes producen en él poseen predios menores a 5 hectáreas, y que se encuentran  limitados en gran medida en su productividad y

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competitividad. Que ese amplio porcentaje de productores rurales al carecer de accesos al financiamiento, créditos e inversión no logran producir de manera competitiva y además de enfrentarse a los altos costos de producción e insumos como semillas, agroquímicos, maquinaria y equipo, combustibles, etc. Que según la Sagarpa en su Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero, en nuestro país existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 3.9 millones se caracterizan por ser de subsistencia presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos. Que con la finalidad de atender la problemática anterior, se promovió dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la aplicación y materia del Programa Especial Concurrente (PEC), que según la misma Ley es presentado por el ejecutivo 6 meses posteriores a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Que el Programa Especial Concurrente es el mecanismo en que el gobierno expone el conjunto de las políticas públicas de manera transversal en materia de desarrollo rural, este anexo técnico del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla los programas y presupuesto de cada dependencia de manera integrada y desagregada. Sin embargo una dificultad que se manifiesta de manera concurrida es la disposición final de los recursos etiquetados para las entidades federativas a través de ese ramo generándose constantes subejercicios. Ejemplo de lo anterior esta lo sucedido en 2015 en el cual al cierre del primer semestre en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) se erogaron 162 mil 991.2 millones de pesos, monto inferior a lo programado para el periodo de 171 mil 020.4 millones de pesos, lo que significa un proceso de estancamiento en proyectos de inversión y

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desarrollo. Que de un total anual aprobado para el PEC de 353 mil 007.3 millones de pesos, al cierre de junio se reportó un avance financiero de 46.2 por ciento. Que la importancia de lo anterior radica en que los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios representan la fuente principal de ingresos y son inminentemente necesarios para poder ejecutar sus programas de desarrollo. Que el presupuesto en concurrencia es relevante para las finanzas estatales y municipales; pues para los gobiernos de los estados significan en promedio el 90 por ciento de sus ingresos totales y para los municipios alrededor del 65 por ciento, aunque en los que son rurales y marginados supera el 90 por ciento. Que los subejercicios no dejan de ser preocupantes puesto que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados reveló que entre 2007 y 2016 los recursos aprobados para el Programa Especial Concurrente (PEC) han crecido a una tasa media anual de 3.9 por ciento, superior en 1.9 promedio al del Producto Interno Bruto (PIB), que es de 2 por ciento, lo que en suma preocupa pues año con año se buscan mejorar las condiciones del campo sin embargo la ociosidad de la ministración de recursos atenta contra el proceso de detonación de este sector a través del PEC. Que según la gráfica anterior se puede ver que en ninguno de los rubros de las vertientes del PEC de 2015 se había cumplido con lo programado para el primer semestre, lo que no solo significa retraso en las ministraciones, sino un estancamiento en la detonación del desarrollo y crecimiento del sector primario, si Que principalmente  la vertiente social y de infraestructura primordiales detonadores para minimizar el impacto negativo del sector rural

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ÁGORA observaron retrasos en la ejecución, lo que se contrapone y está en total desarmonía de lo establecido en la Constitución y en la Ley de Desarrollo Rural. Que en la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2016 las Diputadas y Diputados, como lo faculta la legislación, aprobamos un Presupuesto digno, consensuado con los actores involucrados, contrastante con lo proyectado y en vísperas de atender al campo continuando con la inercia de crecimiento de este sector. Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente los presentes: Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que haga de conocimiento público el avance del presupuesto ejercido durante el primer semestre de 2016 en relación con el Programa Especial Concurrente (PEC). Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente  a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que a la brevedad realice las ministraciones comprometidas con las entidades federativas. Notas: www.diputados.gob.mx Ibídem. www.cefp.gob.mx

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Diputada María Cristina Teresa García Bravo

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del SNSP para que diseñe y aplique protocolos, encaminados a cumplir adecuadamente los procesos de reclusión de mujeres, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras, con el objeto de que se garantice la seguridad y el irrestricto respeto a los derechos humanos de las internas La

suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del  Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

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Consideraciones Como es del conocimiento público, en México y el mundo siguen existiendo grandes brechas de desigualdad entre los géneros, lo que se manifiesta de manera palpable en los diversos espacios donde las mujeres se encuentran presentes, y por ende, en ellos es donde enfrentan diversos obstáculos y actos discriminatorios. Una de las partes donde puede percibirse lo anterior, es en el funcionamiento del Sistema Penitenciario, y su accionar se relaciona con las mujeres, que por lo general, dentro del proceso, su desarrollo e inserción en los espacios de reclusión va a manifestarse la reproducción de desigualdades basadas en el género, la clase social y el estatus como internas. Manifestándose en todo momento como un sistema insensible a las necesidades de las mujeres internas, quienes en su mayoría desde antes de llegar a la centro penitenciario han padecido múltiples carencias y opresión, y una vez situadas al interior del sistema como internas, no reciben de él los elementos básicos que serían fundamentales para -al cumplimiento de su penaretornar a la vida en libertad con posibilidades reales de insertarse en la sociedad de manera exitosa. Las mujeres que se ven enfrentadas con el sistema de impartición de justicia, son en su mayoría integrantes de grupos con bajo nivel educativo, empleos mal remunerados y escasas oportunidades que les permitan ascender en la escala social. Es decir, no sólo se encuentran carentes de capital económico sino también de capital cultural y social, y con pocas o nulas posibilidades de movilidad y perspectivas futuras.

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Contrario a lo anterior y como resultado de toda cultura patriarcal, estas mujeres en prisión serán las que llevan la carga de sostener a sus hijas e hijos a los que deben cuidar, alimentar y proteger, muchas de las veces al interior del centro penitenciario. También son las principales víctimas de la violencia en cualquiera de sus múltiples expresiones, la explotación y el abandono, lo cual las coloca en una posición de completa vulnerabilidad ante el mundo y sus propias necesidades. Esta vulnerabilidad se ve acentuada en aquellas mujeres que pertenecen a las clases sociales más bajas. De aquí, se desprende una parte de la marcada diferenciación que existe cuando se requiere sancionar las conductas infractoras de las mujeres y los hombres, y con ello el trato desigual y muchas veces discriminatorio que reciben las mujeres en los centros penitenciarios, lo que resulta en la violación de sus derechos humanos. En México, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de febrero de 2015, la población carcelaria en toda la República Mexicana es de: “…más de 257 mil 291 internos; 49 mil 412 reos son del fuero federal y 207 mil 879 del fuero común. De los 207 mil 879 internos del fuero común, 83,761 enfrentan proceso y 124,118 fueron sentenciados. Asimismo, de los 49 mil 412 internos del fuero federal, 25,325 están siendo procesados y 24,087 ya fueron sentenciados”.

La población antes señalada, se concentra en 419 centros penitenciarios en total. El 95 por ciento hombres y 5 por ciento mujeres. Mientras que la población de varones se incrementó 40 por

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ÁGORA ciento durante la última década, la de mujeres se duplicó.  Los porcentajes alcanzados para esta población son los siguientes; fuero común: 81 por ciento, fuero federal: 19 por ciento, procesados: 44 por ciento, sentenciados: 51 por ciento, mujeres: 5 por ciento, indígenas: 3.4 por ciento. La mayor parte de las que se encuentran actualmente reclusas en México, lo está por delitos contra la salud; le siguen los delitos de robo, secuestro y extorsión. Con anterioridad, ellas eran juzgadas y sentenciadas por delitos como; prostitución, abortos, homicidios calificados como pasionales y adulterio. En la actualidad, pueden y cada vez es mayor su detención por crímenes perpetrados en asociación con otros y en contra de personas ajenas a su círculo cercano o familiar.   Cuando una mujer es privada de su libertad en un centro penitenciario, se encuentra en un espacio inadecuado, abandonado y lleno de carencias, lo cual hace que, la supuesta readaptación –en la que se espera se inserte y modifique su conducta-, sea una meta imposible. En los sistemas de justicia de manera general, se juzga y se da un trato desigual a las mujeres más duramente que a los hombres, pues la falta en las que incurren siempre es doble; ya que se ha desafiado las normas sociales adscritas al género. Importa sus condiciones como supeditadas a las conductas socialmente aceptadas, pero no sus historias personales y necesidades como seres humanos. La prisión es un espacio construido por hombres y para hombres, tomando en cuenta que sólo existen protocolos para ellos.  Consideramos que los espacios de reclusión no son ni serán la solución al problema de la criminalidad, sino que una vez adentro las internas están expuestas a nuevos aprendizajes que pueden aumentar su nivel de peligrosidad y desencanto social, lo que hace que las prisiones,

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en vez de erradicar las conductas criminales, las diversifiquen y agudicen. Ya que además del aprendizaje criminal que en ellas se dan, en su interior, la calidad de vida es tan mínima que termina por corroer el equilibrio emocional de quienes se encuentran ahí, de manera que, cuando regresan a la sociedad, vuelven en condiciones mucho más deplorables de lo que estaban antes de entrar. Por ello, la inexistencia de personal técnico y de seguridad, falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros, insuficiencia de los servicios, falta de atención médica, prohibición de estancia para los hijos e hijas y el incremento de la violencia hace necesario que se elaboren protocolos aplicables al proceso jurídico de estancia de las mujeres en reclusión, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras. Además los protocolos tendrán que resolver las causas estructurales de la violencia contra la mujer y fortalecer los esfuerzos de prevención de las prácticas discriminatorias y las normas sociales, así como establecer los lineamientos y criterios de intervención en el ingreso y clasificación, alojamiento, infraestructura, salud, alimentación, el respeto a los derechos humanos, deportes, trabajo, educación y capacitación para el trabajo. Asimismo, el mantenimiento de lazos familiares, cuidado de niñas y niños acompañantes, asistencia jurídica y seguridad penitenciaria de las mujeres. Por lo que para esta población urge tomar las medidas necesarias para contar con protocolos que prevean y garanticen una estancia exitosa de las mujeres reclusas. Tomando en cuenta la situación de desventaja desde la cual las mujeres cometen los delitos que las condenan a pasar largas temporadas o el resto de su vida en prisión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con:

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Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que diseñe y aplique protocolos encaminados a cumplir adecuadamente los procesos de reclusión de mujeres, madres con hijos menores, jóvenes, indígenas, entre otras, con el objeto de que se garantice la seguridad y el irrestricto respeto a los derechos humanos de las internas.  

Notas: Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, febrero de 2015. Azaola, Elena; Situación de las prisiones en América Latina, Ciesas, México, 2015. Salinas Boldo, Claudia. Cárceles espacios para la opresión, México, Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año IX, No. 117. Enero-Junio de 2014.

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Diputada María Cristina Teresa García Bravo

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretarias de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social y Hacienda y Crédito Público, para que observen la inclusión de presupuesto etiquetado para garantizar a las hijas e hijos de las mujeres recluidas en los centros de readaptación social del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y educación en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017 La

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suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

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ÁGORA Consideraciones La problemática de las cárceles ha sido un reto importante para el Estado mexicano, así como para el sistema de justicia penal porque incumple con su objetivo primordial: la reinserción social de las y los sentenciados. Al cierre de 2015 la población penitenciaria de los 419 centros penitenciarios del país, estaba compuesta por: “Más de 257 mil 291 internos; 49 mil 412 reos del fuero federal y 207 mil 879 del fuero común. Los delitos del fuero común representan el 81 por ciento, los del fuero federal el 19 por ciento.” Las mujeres y los indígenas en general, representan el 5 por ciento y 3.4 por ciento , respectivamente. Y de ese total, 44 por ciento habían sido procesados y un 51 por ciento sentenciados; lo cual significa que128 mil 645 personas no tienen una sentencia condenatoria, y al no tenerla son “inocentes” ante la ley. Producto de la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, los abusos de poder, entre otros problemas, —ahora que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, en teoría la situación cambia—, destaca la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno delincuencial, lo que equivale al 25 por ciento de la capacidad instalada; es decir, delos 206 mil 379 internos considerados tope máximo, existen 257 mil 291 presos. Tan sólo en 12 centros penitenciarios del fuero común existe una sobrepoblación superior al 300 por ciento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) califica que una cárcel con un 40 por ciento o más de sobrepoblación se considera de “urgencia”, con un riesgo de “nivel crítico”. Lo define en los siguientes términos: “Cuando la densidad poblacional dentro de una prisión alcanza niveles en los que se pone en riesgo la satisfacción de necesidades mínimas como el abasto de agua

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para beber, un espacio para dormir o para cubrir necesidades fisiológicas básicas, debe ser considerada como sobrepoblación crítica, como condición de urgencia a atender, en virtud de la falta de gobernabilidad a que suele exponerse y a la violación de derechos humanos, así como de vida digna y segura en la prisión”. Dicha falta de gobernabilidad deriva en el control interno. Por ejemplo, para 2014 en el 58 por ciento de los centros penitenciarios del país los internos realizan o participan en acciones propias de la autoridad; es decir, el llamado autogobierno. Porque los centros penitenciarios carecen de condiciones dignas para la reclusión de las personas y de personal suficiente para vigilarlos, puesto que a cada custodio capacitado le corresponden 10 internos. La propia CNDH, con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, dio a conocer problemas como: “falla en la clasificación de los reclusos”, que dificulta la reinserción social efectiva porque aleja al interno de su entorno familiar; en el 88 por ciento de los centros de reclusión estatales “no existe separación entre procesados y sentenciados” —lo mismo en el 45 por ciento de los centros federales. Situaciones ajenas a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, que a letra dice: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” Una de las poblaciones con la que nuestro país mantiene grandes deudas es sin duda el grupo integrado por las mujeres, en particular de las

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mujeres madres con hijas e hijos en situación de reclusión, ya que más allá del impacto diferencial del encierro en la población penitenciaria femenina, la situación de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos merece un tratamiento especial. Un dato importante es que dentro de los centros de reclusión, hasta diciembre de 2012 existían 377 menores de edad viviendo con sus madres y 48 mujeres embarazadas. Mujeres en edad reproductiva embarazadas, mujeres bajo la comisión o presunción de algún delito detenidas que tienen hijos, o mujeres que son embarazadas durante su retención por sus parejas. Cabe decir que para ellas el sistema penitenciario es todavía peor, porque el Centro de Reinserción Social no es ni será el lugar más adecuado para que los menores de edad pasen sus primeros años de vida. A ello se suma que el encierro de la madre en prisión, generalmente obliga a que sus hijos e hijas mayores de seis años deban mudarse con parientes, amistades y vecinos, que en muchos de los casos presentan situaciones de riesgo de abuso físico y sexual. Ello sin contar con el número elevado de niñas y niños que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados en los Centros de Asistencia Social públicos y privados. Las necesidades especiales de las mujeres madres, con hijas e hijos en situación de reclusión, se observan en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados vigente, que en su artículo tercero contempla: el derecho de las madres reclusas a mantener a sus hijos e hijas con ellas hasta que cumplan los seis años, quienes dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. Debe señalarse, que estos niños y niñas

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conviven en prisión con sus madres en una etapa de la vida, en la que se perfila el desarrollo de su personalidad e inteligencia. Sin embargo, en muchos casos esto es incumplido, violentando con ello lo que la ley determina. Asimismo, el artículo 11, párrafo tercero de este mismo ordenamiento establece que: “Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años”. La privacidad de la libertad de la mujer con hijas e hijos no sólo la impacta a ella sino que se hace extensiva a los mismos, sobre todo a los mejores de edad (63.2 por ciento). “La convivencia de las y los niños con sus madres en la prisión es un derecho contemplado en las Reglas Mínimas del Delincuente de la ONU, documento en el que se estipula, capítulo inicial, la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para la atención de las hijas e hijos que nazcan durante la reclusión de la madre, y para las y los que vivan con ellas en los centros de reclusión”. Y por el control de convencionalidad que exige al Estado mexicano el cumplimiento de las normativas internacionales a la par que los preceptos constitucionales, al ratificar nuestro país en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez, “adquirió el compromiso de velar porque las instituciones públicas y privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, educación y justicia, al momento de tomar decisiones que conciernan a niñas y niños, garanticen el reconocimiento y el respeto a sus derechos”. De ahí que las niñas y niños deben enfrentar las mismas dificultades que sus madres, en cuanto al aseguramiento de sus derechos humanos en materia de educación, alimentación y salud. Un escenario especialmente difícil se da cuando las niñas o niños cumplen la edad límite para la

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ÁGORA permanencia en el establecimiento penitenciario, pues en ese momento deben afrontar la separación de su progenitora y la inserción en ámbitos desconocidos. Por ello, para dar respuesta a esta problemática es importante que los titulares de la secretarias de salud, educación pública, desarrollo social y hacienda y crédito público, observen la inclusión de presupuesto etiquetado para garantizar a las hijas e hijos de las mujeres recluidas en los centros de readaptación social del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y educación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con: Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de la secretarias de salud, educación pública, desarrollo social y hacienda y crédito público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, observen la inclusión de presupuesto

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etiquetado para garantizar a las hijas e hijos de las mujeres recluidas en los centros de readaptación social del país, una salud integral, el derecho a la alimentación y educación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de dar cumplimiento de los derechos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, donde el Estado mexicano es parte.

Notas: Datos de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a febrero de 2015. Azaola, Elena; Situación de las prisiones en América Latina, Ciesas, México, 2015. CNDH,  La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República mexicana. Análisis y pronunciamiento, México, 2015, p. 5. De la Peña, Angélica, “Garantizar derechos a mujeres presas y a sus hijos en reclusión”. 06/11/2015. Consulta electrónica:http://www. cimacnoticias.com.mx/node/71114. Ibídem.

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Diputada Maricela Contreras Julián

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas para prevenir el acoso callejero La

suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la comisión permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: Considerandos 1. En el Día Internacional de la Mujer, la periodista independiente Andrea Noel a plena luz del día sufrió un ataque sexual en la colonia Condesa de la Ciudad de México, luego de que ella misma diera a conocer el vídeo en donde un hombre le levanta la falda para bajarle su ropa interior, miles de usuarios compartieron comentarios de apoyo en sus redes sociales; sin embargo también recibió ataques y amenazas por esa vía, lo que dejó al descubierto lo interiorizada y arraigada

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que se encuentra la violencia hacia las mujeres en nuestra sociedad. 2. En nuestro país se culpa a las mujeres por el acoso que sufren, ya que en el imaginario colectivo se ha enquistado la idea de que son violadas o acosadas por la manera en la que se visten, por andar solas en la calle, o por hacerlo a altas horas de la noche. 3. Un alto número de mujeres que vive en la Ciudad de México denuncia haber sufrido algún tipo de violencia sexual, un 72por ciento, según las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), este tipo de violencia es más que la media nacional y supera a los Estados más violentos del país, como Guerrero o Chihuahua; y para las mujeres jóvenes aún es peor, ya que la cifra de abusos aumenta hasta 78 de cada 100 mujeres entre 20 y 29 años. 4. Otra joven en la Colonia Roma fue a denunciar la semana pasada que un hombre le había estado tomando fotos a su trasero mientras caminaba por las calles de esa colonia, en la Agencia del Ministerio Público, ante su denuncia de víctima casi pasa a victimaria, pues relató para un periódico que no le quisieron tomar la denuncia en un principio, que la amenazaron con que si estaba dando falso testimonio le podían dar de 2 a 6 años de cárcel, señaló que dos mujeres en la Agencia se solidarizaron con ella y que le recomendaron mostrarse vulnerable, que de nada servía parecer segura y valiente. Así no les interesa. “tienes que mostrar miedo, le dijeron”. 5. Las altos números de violencia sexual se explican por esa normalización de la violencia que hemos asumido; de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en México las mujeres víctimas de violación sexual suman más de 14 mil al año –más de la mitad niñas y adolescentes–, que viven sin acceso a la justicia y sin atención específica a su salud para evitar embarazos no deseados e infecciones de

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ÁGORA transmisión sexual; no existe una atención integral a las víctimas porque no se da seguimiento efectivo a los casos, además hay una cifra negra de estos delitos que no son denunciados por las mujeres por miedo o vergüenza, y por la discriminación y maltrato que sufren en las agencias del Ministerio Público. A esto, hay que agregar que en los casos en que denuncian, las mujeres terminan desistiéndose por ser juzgadas, culpabilizadas por la falta de atención adecuada. 6. Uno de los lugares donde se hace más evidente que las mujeres han aprendido a convivir con la violencia de género es en el transporte público. El Metro de la Ciudad de México mantiene la separación de hombres y mujeres en horas pico para evitar “tocamientos”, lo mismo sucede con el metrobús y algunos autobuses, además de esta medida de separación física de hombres y mujeres no hay ninguna otra medida preventiva ni Programa gubernamental para prevenir y evitar la violencia de género. 7. Como podemos observar aún existen grandes brechas al respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, por lo que es tarea del Estado mexicano impulsar la protección de los derechos de las mujeres desde los principios de universalidad, integralidad y progresividad. La violencia contra las mujeres, es una de las peores trabas que impide el goce pleno de sus de derechos y de la igualdad que legalmente si se tiene garantizada, es una problemática que se generaliza en el ámbito mundial y que enfrentan todas las mujeres, no distingue nivel de educación, condición social, etnia, opción política o sexual. 8. Según la Convención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres se manifiesta como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado; esta definición nos permite visibilizar las diversas formas de agresiones que

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afrontan las mujeres a diario. Desde ese punto de partida podemos establecer que el acoso callejero es un fenómeno cotidiano en la vida de las mujeres y que, al igual que las otras, vulnera una larga lista de derechos. El acoso callejero, representa el conjunto de prácticas, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbación pública, exhibicionismo, persecuciones (a pie o en auto), entre otras, con un manifiesto de carácter sexual. Estas prácticas revelan relaciones de poder entre géneros, pues son realizadas sobre todo por hombres y recaen fundamentalmente sobre mujeres. Las realizan hombres solos o en grupo, no se trata de una relación consentida, sino de la imposición de los deseos de las personas que los cometen contra quienes quieren someter, se realizan en la vía pública, en el transporte público o privado, de manera rápida e intempestiva. 9. Pese a tener impactos en la libertad sexual y el derecho al libre tránsito, estas prácticas han sido normalizadas y hasta justificadas en nuestra sociedad, a pesar de que se presenta en el espacio público y afecta a muchas personas, mujeres en mayoría, se esconde en la cotidianeidad y en el encubrimiento de la sociedad por lo que suele pasar desapercibido. A pesar del avance de las mujeres en los niveles, educativos, ingreso al mercado laboral y participación política, el tema de la violencia está presente en ámbitos, como la familia, la escuela, el trabajo y por supuesto en las calles.  10. El acoso sexual es una práctica cotidiana y naturalizada de hombres hacia mujeres, que se normaliza por ambos, al punto que existen mujeres que temen recorrer algunas calles; desde ese punto de vista los hombres son los privilegiados en el espacio público, mientras las mujeres siguen siendo ajenas, lo que resulta en su vida cotidiana en un impedimento de tránsito libre por las calles, por lo tanto no existe un disfrute pleno del espacio público. Lo anterior ha obligado a que las mujeres

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desarrollen estrategias individuales o colectivas que les permiten superar los obstáculos para transitar por las calles y participar de la vida social y laboral.  11. La invasión del espacio personal, se da cuando el hombre invade, mediante una acción física o verbal, el espacio personal de las mujeres, lo que la lleva a sentirse víctima y no necesariamente a manifestar su inconformidad. Por ello, resulta indispensable que en nuestro país se inicie con una campaña de difusión en contra del acoso callejero, ya que es un terrible problema poco explorado y poco abordado con políticas públicas para erradicarlo, pues como hemos visto en el caso de la periodista, es un problema que se minimiza; sin embargo la violencia siempre va en escala y es una obligación del Estado realizar acciones para prevenir que continúe manifestándose. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente: Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas públicas en contra del acoso callejero, las cuales incluyan campañas de difusión para prevenirlo y contribuya a la transformación de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, basadas en el respeto de sus derechos humanos. Sede de la Comisión Permanente, junio de 2016.

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Diputada Maricela Contreras Julián

Proposición con punto de acuerdo respecto al asesinato del activista José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas La

suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: Considerandos 1. El pasado 22 de junio, José Jesús Jiménez Gaona y su esposa Francisca Vázquez Mendoza, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas fueron interceptados y agredidos por un grupo armado, quienes dispararon en su contra, provocando la muerte del señor José y dejando gravemente herida a su esposa Francisca, quien se encuentra internada en terapia intensiva. José Jesús y Francisca son los padres de Jenny Isabel Jiménez Vázquez,

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ÁGORA quien fue desaparecida el 25 de mayo del 2011 en Poza Rica, Veracruz. 2. José Jesús y Francisca, junto con otras familias, formaron un grupo de familiares de personas desaparecidas de esa región para la búsqueda de sus familiares y exigir a las autoridades una actuación diligente en estos casos, pues a la fecha, según denuncia la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, muchos de ellos siguen en el olvido sin una respuesta concreta por parte del gobierno estatal. 3. José Jesús y Francisca participaron por primera vez el pasado 15 de junio de 2016 como representantes de su colectivo en una reunión de diferentes colectivos de familias con funcionarios federales y estatales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del estado de Veracruz, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, entre otras, como parte de diferentes reuniones que se han sostenido a petición de cientos de familias de Veracruz que exigen una estrategia de atención ante el número de casos de desaparición y secuestro que registra tal entidad, que están en absoluta impunidad. 4. En esa reunión José Jesús Jiménez fue designado como observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica, por lo que se presume la labor activa que realizaba como el principal móvil de su homicidio. 5. La desaparición forzada se trata de un delito que, por la dimensión social que ha adquirido y el grado de violación a  derechos humanos que implica, se ha solicitado por parte del Comité de

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las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas una legislación específica que atienda, prevenga y sancione esta conducta ilícita. En esa consonancia, el pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se faculta al Congreso de la Unión, entre otras, a expedir leyes generales sobre desaparición forzada de personas. Esta legislación debió estar a más tardar en 180 días después de publicada la reforma por lo que se hace indispensable un trabajo urgente de armonización, consulta y sobre todo, de sensibilidad legislativa para atender esta encomienda constitucional. 6. En cuanto a la problemática en nuestro país, diversos organismos y organizaciones tanto nacionales como internacionales han estado alertando sobre la situación que se vive en este tema; por ejemplo, Amnistía Internacional, informó que en 2014 en tres ocasiones diferentes representantes del gobierno federal hicieron declaraciones públicas en las que hacían referencia a diferentes cifras de personas “no localizadas” cuyo paradero se desconocía, esas cifras fueron 8 mil (mayo), 16 mil (junio) y 22 mil 322 (agosto). Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2013 informó de que había 15 mil 921 cadáveres no identificados en las morgues de todo el país, y se habían recibido denuncias sobre más de 24 mil personas desaparecidas, además se estaban investigando 2 mil 443 casos de desaparición forzada, en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado. 7. La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), publicó en octubre de 2014, que oficialmente había 22 mil 610 personas desaparecidas desde el 1 de diciembre de 2006, y hasta la publicación del documento, seguían en

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paradero desconocido. Casi 50 por ciento de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno actual. Acerca de estas cifras, el posicionamiento de organismos internacionales ha sido concreto, no hay claridad en los datos oficiales que expliquen cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos, además que tampoco se ha publicado información metodológica por lo que a las organizaciones de la sociedad civil les resulta imposible analizar las cifras. 8. Recientemente, en 2016 Amnistía Internacional México lanzó la campaña La Desaparición de Personas #noesnormal, que conforma una petición dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto para tomar medidas ante la crisis en materia de Derechos Humanos por la que México está atravesando. Entre muchos hechos, la petición destaca La desaparición de más de 27 mil personas en México, las ejecuciones de Tlataya, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, los 7 feminicidios al día, así como los secuestros y violaciones a las personas migrantes en su paso por el país, que durante décadas han proliferado en a la sombra de la impunidad. 9. En el caso particular de Veracruz. en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo El Solecito de Veracruz, documentaron 20 hechos de desaparición forzada ocurridos entre 2010 y 2013; además la Procuraduría General de la República, mediante el oficio SJA/DGAJ/12404/2014 señalo que entre el 2010 y noviembre del 2014, inició 189 averiguaciones por casos de apariciones forzadas en el país, de las cuales 51 se situaban en el Estado de Veracruz.

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10. Ante esos lamentables hechos, es necesario que se detenga la epidemia de desapariciones forzadas en Veracruz como el caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca y no queden en la impunidad los asesinatos en contra de defensores de derechos humanos que, como Jesús Jiménez Gaona, actúan ante la incapacidad de las autoridades para dar respuestas.  Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la Comisión Permanente lo siguiente: Puntos de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condena el asesinato de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y exhorta a la Fiscalía General de estado de Veracruz realice una investigación inmediata, diligente e imparcial, tendiente a esclarecer debidamente dicho delito. Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz garantice la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en esa entidad, instruya la adopción de medidas cautelaras a favor de Francisca Vázquez Mendoza, sobreviviente del atentado en el que resultó asesinado Jesús Jiménez Gaona, integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de prontos resultados en el caso de la desaparición forzada de Jenny Isabel Jiménez Vázquez.

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ÁGORA

Grupo Parlamentario del PRD

Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Mesa Directiva: José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente; Francisco Martínez Neri, coordinador; Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador; Fidel Calderón Torreblanca, coordinador de Administración Interior; Omar Ortega Álvarez, coordinador de Proceso Legislativo; Francisco Xavier Nava Palacios, coordinador de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de Vigilancia de Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales; Candelario Pérez Alvarado, coordinador de Finanzas Públicas; Alberto Martínez Urincho, coordinador de Desarrollo Económico, Política Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior de Seguridad; Héctor Javier García Chávez, coordinador de Política Exterior; Juan Fernando Rubio Quiroz, Coordinador de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social. Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz. Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º Nivel. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714 y 1704. Correo electrónico: [email protected], twitter: @prdleg

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jueves 30 de junio de 2016